Dairo* hunde la pala en el agua y, con un movimiento rápido, levanta un bloque de arena que lanza al cajón de la volqueta. La escena ocurre en el corregimiento de Los Pondores, en un paso del río Cesar conocido como Los Conjuelos. Desde la orilla, protegido por la sombra de un árbol, el conductor observa a Dairo y a otros tres hombres repetir la misma maniobra una y otra vez: extraer arena del cauce y arrojarla al camión. Trabajan por encargo. El material servirá para una obra de pavimentación. Casi cuarenta minutos después, la volqueta rebosa con ocho metros cúbicos de arena.
No es la primera volqueta que han llenado esa mañana. Antes despacharon una y una tercera ya espera su turno en la orilla. El sudor les empapa la ropa y la respiración entrecortada delata el esfuerzo, pero ninguno se detiene, ni siquiera bajo el sol que les quema la piel. Se nota que no es la primera vez que lo hacen; la agilidad con la que lanzan cada palazo demuestra que llevan muchos años practicando esta actividad y que son expertos.
“Este trabajo genera un desgaste físico y si no comemos bien antes de hacerlo nos podemos desmayar”, señala Dairo.
Este proceso lo repite casi todos los días, como una coreografía aprendida que va cambiando de escenario, pero con el mismo telón de fondo: el río Cesar. De su cauce, que arrastra piedras y arena, Dairo extrae el sustento de su hogar. También lo hacen cientos de pequeños mineros informales del municipio que dependen de estas aguas para sobrevivir.
Dedicarse a la extracción de material de arrastre no ha sido fácil. Paleros —quienes con palas extraen el material— y volqueteros —quienes lo transportan en volquetas— no cuentan con título o licencia ambiental para explotar el material y, en varias ocasiones, han estado en la mira de las autoridades locales, quienes sostienen que este ejercicio impacta en los afluentes del municipio, especialmente en la cuenca del río Cesar.
Sin embargo, no necesitan estos permisos. La normativa vigente sobre la “minería de subsistencia” protege esta labor tradicional y solo basta con que se inscriba ante la Alcaldía municipal donde se realiza la actividad. Pero la aplicación de la norma ha tomado más tiempo de lo esperado en varias zonas del departamento y San Juan no es la excepción.
El pasado mes de febrero, Elkin Munive, volquetero, más conocido en el municipio como ‘Papito’, fue capturado junto con tres paleros que extraían barro de un predio en el corregimiento de Zambrano.“Me llevaron a la Fiscalía, me hicieron el proceso de captura por medio de una ley que hay de minería ilegal. Yo no estaba sacando oro, ni carbón, únicamente estaba cargando barro”, dice y asegura que no se encontraban en las riberas del río. “El predio lo estaban nivelando porque esos son unos lotes que está vendiendo el dueño para casa de campo, y él me dijo que podía cargar el barro”, agrega.
Según Sebastián Gonzales Chávez, jefe del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía de La Guajira, fueron capturados por no cumplir con la documentación requerida para ejercer actividades mineras, que se resume en que existan zonas formalizadas para la extracción. Como resultado de este operativo, se logró la incautación de una volqueta, tres palas y una pica.
La captura de Munive desató temor y malestar entre sus colegas volqueteros, que el 10 de febrero se plantaron frente a la Alcaldía Municipal para protestar. Durante la manifestación insistieron en que su detención no afectaba solo a un trabajador, sino a todo el gremio. Aunque la movilización derivó en su liberación, el proceso judicial en su contra sigue abierto.
“Me quitaron la volqueta; está presa. No he podido rescatarla. Tengo todo en manos de abogados, pero no he podido seguir trabajando”, relata. “Estoy ahora viviendo del trabajo de mi mujer”. La situación lo ha llevado a pensar en salir del gremio. “La idea mía es que me entreguen el carro, para venderlo y buscar otra cosa que hacer”, dice, aunque no sabe muy bien qué podría ponerse a hacer a su edad.
Esta no ha sido la primera vez que Munive u otros pequeños mineros han sido capturados por ejercer su labor de transportador de material de arrastre. Asegura que él y sus compañeros han estado dispuestos a formalizar su ejercicio, sin embargo y pese a que desde hace más de dos años están registrados como mineros de subsistencia ante la Alcaldía, este proceso no ha avanzado.
“No estamos robando; simplemente estamos prestando un servicio, pero no nos dan los permisos que deben dar Corpoguajira y la Alcaldía. Tampoco se ha abierto una cantera donde nos indiquen que podemos cargar legalmente el material. Yo tengo más de 20 años de estar en esto y nunca me han dado permiso, siempre es el mismo problema”, explica.
Esta situación deja en evidencia un problema estructural. Un oficio del cual dependen decenas de familias, pero que sigue moviéndose en los márgenes de la legalidad, en medio de tensiones entre la subsistencia económica y la protección ambiental.
Entre la tradición y la subsistencia
El oficio de los paleros y volqueteros en San Juan no se enseña en las escuelas y mucho menos se encuentra en un manual: es una herencia, de padres a hijos. Una tradición que durante años se ha arraigado en los hogares de este municipio.
La minería de subsistencia se practica en San Juan, al menos, desde 1985. Se realiza a pequeña escala, sin título minero y sin maquinaria pesada. El procedimiento ha sido el mismo durante años: una volqueta se estaciona cerca del río y varios mineros artesanales, armados con picos, palas, baldes o azadones, forman pequeños charcos para extraer arena, gravilla y piedras que luego arrojan al camión. Según las autoridades ambientales, se han documentado excavaciones de hasta ocho metros de ancho y tres de profundidad. Cuando necesitan separar la arena de la gravilla, recurren a cernidores improvisados para clasificar el material.
“Ese es nuestro diario vivir, que viene de nuestros ancestros, pasa a nosotros, luego a nuestros hijos”, expresa Carlos Daza, otro volquetero. A sus 58 años de edad, Daza explica que creció en una familia en donde siempre había volquetas. Observaba cómo diariamente sus tíos iban a cargar material al río para luego venderlo en el municipio, así se sostenía toda su familia. Cuando creció y ante las pocas oportunidades que tenía, decidió continuar con el negocio familiar. “No pude estudiar, me dediqué a trabajar y lo que tenía era una volqueta y de eso es que vivo”.
Llevando a cuestas ahora un proceso judicial, Munive explica que su situación fue la misma. “Mi papá trabajaba en estas cuestiones de alfarería, de arena, ladrillo. Yo terminé de estudiar y no había cómo mandarme a estudiar otras cosas. Entonces me puse a ayudarlo. Empecé siendo cargador de arena, de ladrillo. Después adquirí mi carro y de ahí me fui como volquetero. Ya hace más de 20 años”, relata Munive.
Esta misma historia se repite entre los paleros. La familia de Dairo ha trabajado extrayendo arena durante décadas. Desde muy niño observaba cómo se hacía y en su mente iba grabando cada movimiento. A los 12 años tomó la pala y empezó a sacar arena. Solo alcanzó a terminar el bachillerato, y aunque ha aprendido de manera empírica algo de albañilería y electricidad, su mayor destreza la muestra llenando las volquetas con el material del río. Así lleva el sustento para su esposa y sus dos hijas, una de dos meses y la otra de casi dos años.
Pero el sustento de paleros y volqueteros depende de varios factores. El principal es la cantidad de viajes que consigan cada día. En una jornada buena pueden hacer entre cuatro y cinco recorridos; en otras, apenas uno o dos. A veces, ninguno.
“Esto aquí no es una mina que trabaja todos los días. Todo depende de que alguien nos pida un viaje de arena, dos viajes, o que toque llevar ladrillos, barro o piedra”, explica Daza.
El valor de cada servicio varía según la capacidad de carga de la volqueta. Un vehículo con cajón de cinco metros cobra entre 180.000 y 220.000 pesos por viaje, mientras que uno de entre nueve y diez metros puede cobrar entre 300.000 y 350.000 pesos. Pero ese dinero está lejos de convertirse en ganancia neta: después de descontar los gastos del vehículo, lo restante se reparte entre los paleros y el conductor, aunque la distribución dista de ser equitativa.
Según explicó un volquetero, se destinan 50.000 pesos para gasolina, 60.000 pesos para todos los volqueteros que trabajan en la recolección de esa carga y el resto del dinero queda en manos de los transportadores, quienes tienen que asumir los costos de mantenimiento o daños en el vehículo. Lo cierto es que los paleros son los más frágiles en la cadena.
En promedio, por cada volqueta que llenan están recibiendo unos 20.000 pesos. “Si vamos cuatro paleros, nos toca de a menos dinero. Con este oficio no se gana lo suficiente para cubrir mis necesidades y las de mi familia. En mi caso los pañales de mi bebé y las necesidades que ella tenga, y eso súmele la otra niña”, expresó.
El primer grano de arena para construir
Casas, vías, parques, restaurantes, plazas y el resto de infraestructura del municipio de San Juan del Cesar, se levantaron con arena y gravilla que en su mayoría fueron extraídas de la cuenca del río Cesar. Materiales que parecen invisibles una vez la obra está terminada, pero que hacen posible que el municipio crezca y se transforme. Como lo explica Elkin Munive: “todo el mundo necesita material. Y siempre necesitan arena, siempre necesitan ladrillo, gravilla”.
Ese recorrido, sin embargo, no se realiza solo. Lo que empieza en el río, en manos de los paleros, continúa sobre llantas. Son los volqueteros quienes llevan el material hasta los barrios, las obras y las ferreterías, conectando la extracción con la construcción.
Por eso, el ejercicio de los volqueteros y paleros no sólo sostiene su propio sustento, sino que activa toda la economía. Albañiles, maestros de obra, ferreterías y hasta contratistas públicos dependen, directa o indirectamente, de que esos viajes se realicen. Cada carga que sale del río representa una labor que se mueve en distintos puntos del municipio.
Según conoció Consonante, varias de esas volquetas cargadas de arena han sido empleadas en obras públicas de San Juan. Los contratistas que se quedan con las licitaciones públicas recurren a la compra de este material a cualquiera que lo oferte. No habría problema si los mineros estuvieran inscritos en los listados del Estado para reconocer su labor de subsistencia, pero lo cierto es que solo una parte ha avanzado con su proceso de formalización y la delimitación de zonas de extracción no se ha aterrizado, por lo que la compra del material no está garantizada bajo los parámetros sociales y ambientales que dicta la norma.
A la fecha, no hay ningún título otorgado para la explotación mecanizada de arena y materiales de construcción en el municipio. Aunque este sector está liderado por los pequeños mineros informales, en San Juan del Cesar terceros operan canteras ilegales que emplean maquinaria para comercializar arena, arcilla, barro y triturado. Una de estas está ubicada en Corral de Piedras y la otra en la salida vía al peaje nacional.
Desde 2017, en San Juan se han solicitado 12 títulos mineros para extraer arena y otros minerales. Ocho han sido archivadas. De las cuatro que han sido adjudicadas, solo dos están activas: una apenas en etapa de evaluación y otra en exploración.
La solicitud que está activa de exploración la presentó la empresa Constructora del Cambio S.A.S. El polígono del título que buscan explotar está sobre el río Cesar, desde que acaba el casco urbano de San Juan hacia el corregimiento de Zambrano. La solicitud que apenas está evaluando la Agencia Nacional Minera (ANM) la presentó Raúl Iván Bermúdez Calderón. La zona se encuentra hacia el occidente del casco urbano, sobre el río Santo Tomás junto a la comunidad de Lagunita.
El ansia por extraer arena es irrefutable, incluso para el Estado. Esta necesidad quedó retratada cuando la Alcaldía de San Juan estaba reparando la vía que del casco urbano conduce al centro poblado de Guamachal. Para llevar a cabo el proyecto, la autoridad municipal le solicitó a la ANM autorización temporal de explotación de cerca de 2.000 metros cúbicos de arena, gravilla y otros materiales de construcción. La cantera se instaló en el municipio y quedó en manos de la sociedad Marfig Ingeniería S.A.S. para explotar el material desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2020.
La huella de la extracción en el río
Esa necesidad, que diariamente permite que paleros y volqueteros salgan en busca de material de arrastre en el municipio, durante años ha golpeado a la fuente hídrica más importante de la zona: el río Cesar. Según información que le ha aportado la autoridad ambiental al Departamento de Policía de La Guajira, los puntos más afectados sobre este afluente son los pasos de Tobías, Los Conjuelos, La Loquera, Guamachal, el sector de Huapongo y los corregimientos de Zambrano y Los Pondores.
“La minería ha causado el deterioro de la capa vegetal que por lo general se busca conservar en la ribera de los ríos”, reconoce José Banquet, quien se encarga de los asuntos de minería de subsistencia de la Secretaría de Planeación municipal. “Eso a su vez afecta la regeneración: esos árboles que están allí en la ribera del río ayudan a conservar, disminuyen la temperatura y se evapora menos el agua que va en el cauce”, agrega.
En esto concuerda Juan Carlos Ortega, docente de Infotep, en una investigación que realizó en 2017 sobre los impactos ambientales ocasionados por la explotación artesanal de materiales de construcción sobre el río Cesar en este municipio. El investigador explica que décadas atrás el crecimiento del sector de la construcción en San Juan fue impulsado por las frustradas intenciones de abrir una mina de carbón en la región. Detrás de ese negocio aumentó la llegada de población y, con esta, una mayor demanda de materiales de construcción.
Corpoguajira ha señalado que estas prácticas generan impactos negativos tales como alteración del cauce, incremento de la turbidez del agua, procesos erosivos, inestabilidad de las riberas, pérdida de cobertura vegetal ribereña y afectaciones a la biodiversidad, así como riesgos de contaminación por disposición inadecuada de residuos. Todo esto puede traer “consecuencias negativas sobre las comunidades aledañas, ya que se supone un riesgo potencial de inundaciones o avalanchas, en casos extremos”, señala el investigador.
Sin embargo, la afectación al cauce del río no se puede cargar solo a esta labor. Ortega llama la atención sobre la captación ilegal por parte de finqueros para la cría de ganado o el riego de extensos cultivos de maíz y arroz, que en diferentes momentos ha disminuido el caudal del río a su paso por el municipio de San Juan del Cesar.
A pesar de estos impactos, varios investigadores han podido concluir que la mayoría de los ríos —durante y después de la extracción del material de construcción— se vuelven a regular por sí solos, siempre que el grado de extracción no supere la cantidad de reabastecimiento, particularmente en la época de lluvia. “Al momento que el río aumente su caudal, dichas excavaciones son llenadas naturalmente, producto de la sedimentación natural”, explica Ortega.
En San Juan del Cesar, estas actividades mineras se posan principalmente sobre la cuenca del río Cesar —que incluye al río San Francisco— y la del río Ranchería. El primero, nace de la Sierra Nevada de Santa Marta y además de San Juan del Cesar, recorre otros cuatro municipios.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2019, Colombia es uno de los países en los que se advierten desafíos de sostenibilidad para este sector. Advirtiendo problemas en este sistema de producción a nivel mundial, esta organización pide que se tomen acciones para lograr políticas de planificación, regulación y gestión eficaces.
“Por ser una minería a pequeña escala, hoy en día es objeto de estigmatización, por considerarla una actividad ilegal, depredadora y en algunas ocasiones criminal, lo que ha generado vulneraciones a los derechos humanos de quienes la llevan a cabo, así como diferentes tipos de conflictos con las autoridades civiles y ambientales”, señala Ortega en el texto.
Autoridades en deuda de regular la minería de subsistencia
Aunque se trata de una actividad artesanal, la ley establece unas condiciones mínimas para regularizar la minería de subsistencia. El artículo 327 de la Ley 1955 de 2019 señala que quienes la realizan deben inscribirse de manera personal y gratuita ante la alcaldía del municipio donde ejercen dicha actividad. Además, si la extracción se lleva a cabo en terrenos privados, es necesario contar con la autorización del propietario, trámite en el que la administración municipal puede intervenir como mediadora.
La norma también establece límites a la minería de subsistencia: se trata de una actividad de baja escala, desarrollada sin maquinaria pesada y orientada principalmente al sustento diario de quienes la ejercen. Es decir, no está concebida como una explotación industrial, sino como una práctica básica que permite generar ingresos inmediatos.
Sin embargo, aunque la norma plantea un proceso sencillo en el papel, en la práctica su cumplimiento no siempre resulta claro ni accesible para quienes dependen de este oficio. La falta de información, los trámites administrativos y las tensiones con las autoridades terminan ubicando a muchos trabajadores en un punto intermedio: reconocidos por la ley, pero al mismo tiempo señalados como informales o ilegales.
En San Juan, los mineros de subsistencia iniciaron hace dos años su proceso de formalización con acompañamiento de la Alcaldía, como lo contempla la ley, con el objetivo de que se les asigne una zona donde puedan extraer material de manera legal.
Hasta ahora, según le contó la administración municipal a Consonante, cerca de 20 mineros se han inscrito en Génesis —antes SI.Minero—, la plataforma de la Agencia Nacional de Minería. La cifra evidencia la magnitud del desafío: en la investigación realizada por Ortega se señala que, para 2017, la Asociación Minera Tradicional y Artesanal del Material de Arrastre del Municipio de San Juan del Cesar (Asomitasan) reunía a 139 afiliados.
“Hemos ido directamente con Inspección de Policía y Secretaría de Planeación a donde están ellos haciendo la extracción, a hacerles socialización de la importancia de que se vinculen en ese aplicativo porque eso es la base inicial para que nos puedan autorizar esos puntos específicos de extracción. Lo han venido haciendo, pero ha sido lento el entendimiento”, expresó Elizabeth Mendoza, secretaria de Gobierno de la Alcaldía.
Aunque los municipios son los responsables actualmente de tramitar el proceso de formalización, para establecer esa zona en la que paleros y volqueteros puedan extraer el material es necesario que la Alcaldía solicite a la autoridad ambiental —en este caso Corpoguajira— un estudio del área, que permita verificar si es viable la extracción. En San Juan asegura Banquet, que desde la administración municipal ya se han identificado algunas zonas en los corregimientos de Lagunita, Zambrano, Guamachal y Los Pondores para la extracción
“Uno es en el río San Francisco, ubicado en el centro poblado de Lagunita y Tocapalma. Allí nosotros hemos hecho varias inspecciones técnicas y se ha identificado que el nivel de arena es alto porque, entre otras cosas, las características de ese afluente es que el caudal no es permanente, solo hay caudal de agua en invierno”, explicó Banquet, y por eso desde la administración municipal sostiene que ven viable extraer de esos cuerpo de agua arena para evitar desbordamientos e inundaciones.
Sin embargo, Corpoguajira hizo un estudio sobre estas zonas presentadas por la administración municipal y determinó que no se podían realizar actividades de extracción. “No están definidas como áreas protegidas, pero sí están señaladas como área de interés ambiental por estar allí en el cauce de un río. En su respuesta también señalaba —Corpoguajira— que no había ningún tipo de autorización por parte de la Agencia Nacional de Minería como área para extracción de material”, explica Banquet.
Ante este panorama, desde la administración aseguran que han buscado alternativas para destrabar el proceso y avanzar en la autorización de estas actividades. “Ya hemos tenido el acercamiento con la Agencia Nacional de Minería para que nos ayuden a agilizar ese trámite. Nos dijeron que necesitaban que el equipo técnico especializado, que está en Bogotá, nos ayude a hacer el trámite. Ya solicitamos el acompañamiento, para que nos acompañen junto con Corpoguajira, que también debe dar su aval en lo ambiental”, explicó Banquet.
Otro obstáculo para avanzar en la formalización de los mineros de subsistencia ha sido la falta de continuidad administrativa. Según Banquet, cada cambio de gobierno ha interrumpido los procesos y fragmentado la información necesaria para darles seguimiento.
“Esos procesos se han cortado y la información no se ha conservado. Desde que llegamos nos ha tocado reconstruirla, porque no había trazabilidad. Los gobiernos pasan, los profesionales salen y muchas veces no existe la rigurosidad necesaria para hacer el empalme y transmitir lo avanzado”, agregó.
Con esto se evidencia una falla recurrente en la gestión pública local: los esfuerzos institucionales suelen reiniciarse con cada administración, retrasando soluciones que llevan años pendientes.
Como lo había advertido 10 años atrás el docente de Infotep, con el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio ya se encontraban identificados los sitios donde se ha venido extrayendo este tipo de materiales y cuáles podrían ser formalizados; desde entonces se estaba a la espera de un concepto final que debía ser emitido por Corpoguajira.
Según le precisó a Consonante Ana Cecilia Castillo Parodi, directora de la sede territorial de Corpoguajira en Fonseca, en febrero del año pasado, esta entidad concluyó el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) a través del cual se delimitan zonas de conservación, zonas de restauración y zonas de uso múltiple en donde se puede realizar actividades agropecuarias y mineras. Con esa información, la Alcaldía debe tomar decisiones sobre las zonas de extracción, pero esto no se ha aterrizado.
“Es nuestra responsabilidad cuidar si la extracción es en el río o en cualquier área de suelo, porque tenemos que cuidar la vocación que tenga ese suelo y sobre todo cruzarla con algo que nosotros llamamos las determinantes ambientales qué hay de varias jerarquías y dentro del área de San Juan, por ejemplo, si se trata de un área crítica para la explotación de material de arrastre y para los mineros de subsistencia”, manifestó Castillo.
Según aseguró esta funcionaria, el 8 de mayo de este año, Corpoguajira entregará el Pomca a la Alcaldía de San Juan del Cesar. Con ese instrumento se espera que se precisen los polígonos y coordenadas donde se podrá realizar la minería de subsistencia, pero aún así, la formalización podrá tardar meses, incluso años. Mientras las autoridades realizan los trámites para lograr la formalización de los mineros de subsistencia, ellos siguen trabajando por el sustento de sus hogares, con la esperanza de algún día poder trabajar sin problemas.
*Nombre cambiado por temor de la fuente a acciones judiciales.
