Hace más de un año, el alcalde Jaime Arturo Herrera y los once concejales electos de El Carmen de Atrato se posesionaron en sus cargos. Aunque los alcaldes suelen ser los funcionarios públicos más visibles en los municipios por ser las autoridades administrativas, los concejales también son fundamentales. Ambos, como representantes del poder ejecutivo (alcaldes) y el poder legislativo (concejales), requieren uno del otro.
Todo alcalde necesita que el Concejo le apruebe, al menos, el Plan de Desarrollo, que es el documento que contiene los planes y programas que plantea la administración para los cuatro años, es decir la hoja de ruta para su gobierno. También, el presupuesto municipal, que dice cómo se invertirán los recursos públicos.
El Concejo, además de representar a los ciudadanos y velar por el bienestar colectivo, es el encargado de hacerle control político al alcalde de turno. Además, deben debatir, modificar y aprobar los proyectos de acuerdo, que son las propuestas que hace ante al Concejo el alcalde, los mismos concejales o los miembros del gabinete para que sean normas en el municipio.
En el caso de El Carmen, el concejo inició conformado por cuatro liberales, dos conservadores, dos del partido de La U, una del partido Verde, uno de MAIS y una curul que era de Jorge Iván Bedoya del partido de La U, ASI y la Fuerza de la paz, quien aceptó el espacio que le correspondía por ser el segundo más votado a la alcaldía. Pero esa curul la perdió tras ser condenado a casa por cárcel en medio de la investigación por el desfalco del proyecto de aguacate Hass cuando él era alcalde. En su lugar llegó la concejal liberal Luz Dary Córdoba, por ser la siguiente con mayor votación.
De entrada, el alcalde Herrera tenía un Concejo a su favor. “Elegimos cuatro liberales (que con la llegada de Córdoba subió a cinco) y tenemos buena relación con los dos conservadores. Tenemos la mayoría, pero lo más importante es que llego a trabajar. Creo que cuando los concejales vean mi trabajo y vean que le estoy metiendo 24/7 a la comunidad, los proyectos van a salir por un tubo”, le dijo Herrera a Consonante en enero de 2024.
Esa relación con el Concejo era un arma de doble filo para el municipio, así como podía facilitar la aprobación de sus proyectos de acuerdo y que las propuestas se tramitaran con eficiencia, también deterioraba el control político porque la oposición quedaba sobre los hombros de una minoría, como ha pasado en El Carmen. Gloria Calle, concejala por el Partido Verde, le dijo a Consonante que este primer año en el Concejo le ayudó a revalidar su apatía por la política por “la forma en la que se ejerce”. Calle ha sido crítica del alcalde Herrera y dice que eso le ha pasado factura.
“El señor (Herrera) me tiene bloqueada y hasta dicen que no va estar tranquilo hasta sacarme de mi trabajo. (...) Él no sabe separar las cosas, el hecho de que no pensemos igual no nos hace enemigos, al contrario puedo ser yo quien de manera más directa y hasta responsable le diga sus fallas y le dé opciones para mejorar. Pero él sólo quiere marionetas”, dice la concejala, a manera personal, cuando se le pregunta por la relación con el alcalde.
Hacerle seguimiento a los concejales en municipios pequeños es complicado porque son menos visibles, poco mediáticos y lo que discuten casi siempre se queda en las sesiones del concejo — en el caso de El Carmen tampoco las transmiten por redes —. Por eso, Consonante le puso el ojo a la labor que hicieron en su primer año. Por medio de un derecho de petición accedimos a las 78 actas emitidas entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2024.
Asuntos internos e infraestructura vial: los principales temas del Concejo
Las actas son los documentos en los que constan los asistentes, las discusiones, los debates y la forma en la que se desarrolló toda la sesión del Concejo. Salvo cuando hay invitados o miembros del gabinete que hacen un balance de la gestión, la mayoría de las sesiones se concentran en el último punto del orden del día que es denominado ‘Proposiciones y asuntos varios’. Ese también suele ser el espacio en el que la mayoría de concejales participa y discute los temas que, casi siempre, terminan en un oficio dirigido a la secretaría o entidad a la que le corresponde el tema.
Los oficios son comunicados oficiales. Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia, explica que los oficios tienen el mismo rango de un derecho de petición. “Un funcionario público está en la obligación de responder todo lo que se le formule en un oficio. En caso de no hacerlo, tendrá las mismas implicaciones legales que negarse a responder un derecho de petición”, cuenta. Eso quiere decir que puede terminar en una tutela o hasta en una falta disciplinaria para el funcionario.
A pesar de las implicaciones que esto tiene, el envío de oficios también muestra la limitada capacidad que tiene el Concejo de hacer control político. “Es muy difícil que, en un municipio de sexta categoría, el Concejo pueda frenar a un alcalde. Eso está asociado a dos fenómenos: por un lado, las competencias de la municipalidad son muy pobres, y por el otro tienen poca capacidad presupuestal porque los ingresos propios del municipio son limitados y el dinero que les llega está muy controlado por la ley, casi que es el monto para el funcionamiento del municipio”, dice Zuluaga.
Los oficios, solicitudes y discusiones que se llevaron a cabo en el punto de ‘asuntos varios’ fueron clasificados de acuerdo a los temas que tocaban por sesión, más allá de las veces en las que los concejales participaban de la discusión. En total hay 19 categorías de temas en los que se clasificaron esas discusiones.
Según las actas revisadas, lo que más se discutió en el Concejo de El Carmen de Atrato fueron asuntos internos de la misma corporación. Es decir; logística de las sesiones, discusiones entre concejales, y aclaraciones o dudas sobre procesos internos, beneficios o aspectos que sólo implican a la corporación.
De las 179 discusiones que se dieron 50 fueron sobre asuntos internos, le siguen 24 sobre infraestructura vial (huecos, arreglos de vía, pavimentaciones, placas huellas) y 13 sobre servicios públicos (acueducto, alcantarillado, recolección de basuras). Lo que menos se discutió fue sobre tierras (una vez) y comunidades indígenas, seguridad, empleo y telecomunicaciones y conectividad (antenas para señal, conexión a internet).
Similar pasó con las proposiciones, que son propuestas que llevan los concejales ante la plenaria para tomar decisiones y deben votarse de forma inmediata. En ese punto, también fueron más proposiciones sobre asuntos internos (22), como cambio de fechas u hora para las sesiones, que sobre temas como seguridad (1), medio ambiente (1) y servicios públicos (1).
En 41 de las 78 sesiones del Concejo hubo invitados o asistentes. De esas, 12 fueron de funcionarios públicos para rendir cuentas de su labor. Por un lado estuvo el personero de El Carmen y, por el otro, miembros del gabinete de la Alcaldía que hablaron de su gestión durante el primer año (secretaria de Educación, de Hacienda, de Gobierno, entre otros).
En al menos 23 de esas 41 sesiones figuran como asistentes o invitados ‘la comunidad’ y representantes de la comunidad o de organizaciones sociales y civiles. Eso muestra, por ejemplo, que hubo interés de la comunidad por asistir a las sesiones, lo que podría indicar que trataban temas que los tocaban directamente. También muestra que fue un Concejo abierto a escuchar a los ciudadanos. Por el micrófono de la corporación pasaron representantes de la comunidad de la vereda La Argelia y de la Asociación de Mujeres Floreciendo (Asomuflor).
Un Concejo afín a la alcaldía
Hasta el 18 de noviembre, por la plenaria del Concejo pasaron y se votaron 13 proyectos de acuerdo. Todos fueron aprobados. Ocho por unanimidad, es decir, todos los asistentes votaron a favor. Sólo con dos proyectos de acuerdo hubo una mayor resistencia a aprobarlos.
Por un lado estuvo el acuerdo que autorizaba al alcalde a suscribir contratos y convenios entre el 1 de febrero y el 31 de mayo. El documento decía que era para “garantizar la buena marcha de la administración municipal, el programa de inversiones y presupuesto municipal y “la ejecución real y material” del plan de desarrollo, pero la fecha era el límite que tenía el Concejo para aprobar el plan que debía presentarse a más tardar el 31 de abril. Es decir, el alcalde contrataría para ejecutar lo de un plan que aún no era aprobado. En ese debate, cinco concejales votaron por el ‘No’.
La segunda mayor resistencia fue con el proyecto de acuerdo que autorizaba al alcalde a subdividir y/o lotear y titular terrenos baldíos urbanos y predios fiscales urbanos que fueran propiedad del municipio. En total tres concejales votaron por el ‘No’. De resto, los que se opusieron a algunos proyectos fueron uno o dos concejales. Casi todos eran facultades para el alcalde y uno, quizá el más importante, fue la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agropecuario, Medio Ambiente, Minero Energético y Turístico del municipio.
Además de los proyectos de acuerdo que pasaron por el Concejo también revisamos el tiempo invertido en las sesiones. En total, los concejales sesionaron 8696 minutos, o sea unas 145 horas. Eso quiere decir que en promedio cada sesión duró 1,8 horas. Sin embargo, así como hay sesiones que duran cuatro horas, hay otras que no alcanzan los 30 minutos. En total contabilizamos nueve sesiones que duran menos de media hora. La más corta fue de ocho minutos y consistió en aprobar el acta del día anterior.
Según Ricardo Zuluaga, las sesiones con tan poca duración suelen darse para justificar los honorarios de los concejales, ya que el sueldo mensual no es fijo y depende del número de veces que asistan a las sesiones. Edgar Polo, presidente de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon), explicó a Consonante que un concejal de un municipio de sexta categoría recibe un promedio de 183 mil pesos por asistir a cada sesión. Si sesionaran todos los días, podrían tener un salario de 5,5 millones de pesos, pero la ley no lo permite.
Los Concejos de los municipios de sexta categoría, como El Carmen de Atrato — que se caracterizan por tener menos de 10 mil habitantes y por tener ingresos anuales de libre destinaciones por debajo de los 19.500 millones de pesos —, sólo pueden hacer anualmente 70 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias (que van por fuera de los tiempos estipulados y solo pueden ser convocadas por el alcalde cuando requiere que se discutan otros proyectos). Si los concejales sesionaran los 90 días, contando que los alcaldes llamen a sesiones extraordinarias, ganarían anualmente 16,4 millones de pesos, que en promedio serían 1,3 millones por mes.
Pero de ahí aún deben descontar pagos. “Por ley logramos que las administraciones municipales se hicieran cargo del pago de salud y de la ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales). Pero tenemos prestaciones a medias porque la pensión la tiene que cubrir cada concejal”, explica Polo de Fenacon. Según cifras de la federación, de los más de 12 mil concejales que hay en el país, 11.200, es decir, más del 95 por ciento, trabajan en esas condiciones porque son de municipios de quinta y sexta categoría.
“En municipios pequeños como El Carmen de Atrato, el Concejo termina convirtiéndose en una pequeña fuente de empleo”, dice Zuluaga. Además, especifica que a diferencia de las grandes ciudades, los concejales en municipios de sexta categoría tienen un presupuesto que casi siempre se limita al funcionamiento de la corporación y que no les permite, por ejemplo, tener equipos de trabajo. “Como mucho tienen para pagarle a la secretaria del Concejo”, asegura.
En ocasiones, situaciones como los recursos limitados o el bajo para los concejales terminan siendo un incentivo perverso. “En muchos municipios, además de los honorarios, lo que logran los concejales es que personas cercanas a ellos tengan contratos con la administración bajo la premisa de que los concejales pueden frenar proyectos de acuerdo. Entonces los alcaldes empiezan a aceitarlos por esa vía”, explica Zuluaga.
Por ahora, la revisión de las actas muestra que los concejales discutieron más sobre asuntos propios de la corporación y en segundo lugar sobre la infraestructura vial del municipio, una problemática que es bien conocida y que fue noticia nacional hace un año con el derrumbe de la vía Quibdó - Medellín en el sector de El Siete.
Las actas también muestran que, en una gran parte del primer año, los cabildantes le han aprobado los proyectos a la alcaldía, algo que suele ser común en esa época porque los alcaldes apenas están despegando y están en una especie de “luna de miel” con los votantes que esperan ver el trabajo del mandatario.
