Catalina* es una joven de El Carmen de Atrato que hoy acompaña el proceso de reclamación de tierras de su familia. “Mi interés es tener la tierrita que mis abuelos tanto anhelaban y trabajarla. Queremos volver a sembrar cultivos de pancoger, tener ganadito y criar a nuestros hijos allí”, cuenta. Desde hace varios años adelantan el proceso de restitución, pero el caso sigue detenido en los despachos y la incertidumbre crece. La familia ya no sabe qué esperar: ignora en qué etapa está su solicitud o si algún día recuperarán la tierra. Lo único claro, dicen que les repiten los funcionarios, es que deben seguir esperando.

En repetidas ocasiones, las visitas de inspección a los predios se han aplazado por deslizamientos de tierra, presencia de actores armados o cierres en la vía que comunica Quibdó con Medellín. Estos mismos factores impiden que los reclamantes puedan asistir a citas y a consultas en la sede de la territorial Chocó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Por todo esto, los reclamantes han solicitado la presencia de un enlace territorial en el municipio que pueda apoyar de manera directa los procesos y asesorar a más víctimas que aún no inician los trámites por desconocimiento o temor.

“Necesitamos que la restitución avance, que se vean soluciones. Hay gente que se ha muerto esperando, con la esperanza de tener la tierra. El proceso es demasiado lento”, apunta Berenice*, otra víctima de despojo del municipio. 

Las familias de El Carmen de Atrato han enfrentado graves impactos por la violencia armada, particularmente desde 1996, tras la incursión paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas, que trajo consigo masacres, muertes y destrucción de viviendas. El terror que sembró el grupo ocasionó varios desplazamientos masivos e individuales de los campesinos y comunidades étnicas de El Carmen. 

Dentro del análisis de contexto del municipio, la Territorial Chocó de la Unidad de Restitución de Tierras documenta los estragos que dejaron los actores armados que tuvieron presencia en la zona entre 1992 y 2008. Según la entidad, comunidades como La Argelia, Habita, El 18, El 20 y La Trocha fueron escenario de hechos de violencia que provocaron el desplazamiento de un número considerable de pobladores hacia distintos lugares del país.

Las cifras reflejan la dimensión del impacto. Entre 1985 y 2026, la Unidad para las Víctimas registra 11.863 víctimas en el municipio, de las cuales 10.350 corresponden a desplazamiento forzado. Y aunque han pasado décadas desde los momentos más intensos del conflicto, la situación de seguridad sigue siendo frágil: en la región aún se reporta presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), cuyas incursiones continúan afectando a estas comunidades rurales.

A esta persistencia de la violencia armada —impulsada por la disputa de corredores estratégicos asociados a recursos naturales y economías ilegales en el departamento— se suman otras tensiones que enfrentan las familias reclamantes: conflictos con terceros ocupantes y una débil presencia estatal. Para Juan Pablo Guerrero, subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular, estos factores ayudan a explicar por qué muchas familias aún no han podido retornar ni recuperar sus tierras. “La restitución sigue siendo lenta y conflictiva, escenario perfecto para que la respuesta institucional de la Unidad de Restitución de Tierras sea insuficiente”, señala.

Es el caso de El Carmen de Atrato, donde a la fecha ninguna familia ha podido recuperar sus tierras. Según información entregada a Consonante por la URT, a la fecha no se ha emitido la primera sentencia de restitución para el municipio. 

En el municipio, las aulas campesinas han presentado 190 solicitudes de restitución relacionadas con 169 predios. De estas, 73 han sido negadas y 39 fueron inscritas ante la Unidad de Restitución de Tierras, lo que corresponde a 924 hectáreas.

Por su parte, las comunidades indígenas han radicado siete solicitudes —la mayoría aún en etapa de estudio—. De estas, la entidad ha presentado tres demandas que corresponden a tres territorios colectivos con una extensión aproximada de 20.623 hectáreas.

Para el caso de las solicitudes campesinas, el 77 por ciento de las solicitudes inscritas (30) están en etapa judicial, lo que involucra a 621 hectáreas, pero las familias cuestionan que las solicitudes presentan pocos avances. “Cuando se empezó a hablar de restitución de tierras no hubo mucha credibilidad y los avances son muy pocos, por no decir que casi nada en nuestro caso. Muchas reuniones, sí, nos han escuchado, pero poco avanza”, lamenta otra reclamante. 

La Trocha, el rastro del despojo

El despojo de tierras en El Carmen de Atrato es el resultado de una cadena de violencias que se ha prolongado durante décadas. En distintos momentos, al menos cinco actores armados han tenido presencia en el territorio: guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y frentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en los años ochenta; el surgimiento del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) en 1993 —una disidencia del Eln que se originó en las montañas del municipio—; y la expansión de estructuras paramilitares vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia durante la década de 1990, con vínculos con sectores de la Fuerza Pública, que terminaron por consolidarse en los años 2000.

Pero el accionar paramilitar fue el desencadenante del despojo. Como lo detalla el informe de la Comisión de la Verdad en su capítulo sobre la región Pacífico, a mediados de los 90 los paramilitares implantaron un “régimen de terror que se sustentaba en acusaciones a las comunidades locales de colaborar con el Eln y Erg”. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) ingresaron al departamento por la carretera que conecta Quibdó con Medellín, más conocida como La Trocha. El Carmen de Atrato es atravesado por esta vía y los paramilitares llegaron, según declaraciones de Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, para proteger intereses de mineros y grandes comerciantes de Chocó.

Precisamente quienes sufrieron con mayor fuerza los impactos de la violencia, específicamente por la pérdida y abandono de la tierra, fueron las familias organizadas alrededor de la carretera que conecta al Chocó con el centro del país. Allí, decenas de familias de El Carmen de Atrato “se vieron obligadas a salir de sus viviendas para salvar la vida ya que la consigna de los paramilitares fue ‘limpiar la carretera de los auxiliadores de la guerrilla’”, señala un informe de la Corporación Jurídica Libertad (CJL). 

Esos años los recuerda Katherin* como una herida abierta. Su familia llegó décadas atrás a la zona de carretera, pero lo perdieron todo cuando estalló la violencia a manos de las Auc. “A raíz del asesinato de mi esposo, tuve que salir del país, abandonar mi casa, mi familia, mi territorio. Estando afuera, solo soñaba con regresar. Aún hoy sueño con reconstruir mi casa, montar mi propio negocio y volver a ver a mi Trocha como era antes: llena de campesinos, de vida, de comida”, expresó. 

La URT realizó la primera visita de verificación y georreferenciación del predio de esta familia, pero advirtió un problema con la seguridad jurídica del predio. “Tenemos los documentos de propiedad, la escritura inscrita en instrumentos públicos, pero los abogados dicen que la escritura no estaba asentada y que se debía legalizar”. Hace unos años la familia retornó por su cuenta y encontró el predio abandonado.“Hemos tenido que trabajar con las uñas, sin ayuda de nadie, pero con la fortaleza de nuestros padres hemos logrado sostenernos”, agrega.

Una de las comunidades donde la violencia comenzó a intensificarse fue en El Siete, una vereda ubicada al borde de la carretera en El Carmen de Atrato. El 12 de junio de 1996, un grupo de paramilitares —en presunta alianza con militares— asesinó a Guillermo Barrera, Álvaro Vásquez y Javier Taborda, a quienes acusaban de ser colaboradores del Eln. Ese mismo año, la masacre vino acompañada de la destrucción de viviendas y de otros asesinatos en la zona de carretera, hechos que provocaron el desplazamiento de varias familias.

Entre 1997 y 1998 aumentó el número de familias desplazadas que llegaron al casco urbano del municipio o que salieron hacia otras zonas del país o el exterior. Según la Comisión de la Verdad, durante esos años, 657 personas se desplazaron para huir de las amenazas y torturas del Frente Minero de las Accu. En su mayoría, salieron de las comunidades indígenas de Sabaleta —perteneciente a la etnia embera Chamí— y La Puria —etnia embera Katío— y las comunidades campesinas de las veredas de La Argelia y Guaduas. 

Actualmente, existen conflictos interétnicos en la zona por la reclamación de la tierra que campesinos e indígenas perdieron. Las familias campesinas reclaman la propiedad con escrituras, pero las comunidades indígenas aseguran que algunos predios hacen parte de los resguardos. En medio de esas tensiones han surgido amenazas, robo de cultivos, daños de animales y lesiones. 

Andrea*, una mujer reclamante de la vereda Guaduas, explica que el desplazamiento de su comunidad inició a manos del Erg, cuando en mayo de 1998 asesinaron a Francisco Javier Restrepo y Euquerio Úsuga, presidente y tesorero de la Junta de Acción Comunal. “Tuvimos que abandonar la tierra y nuestros animales, aunque la mayoría ya habían sido asesinados”, recuerda. Los meses siguientes, continuaron los desplazamientos por las presiones del Erg contra las familias —a quienes señalaba de ser colaboradores del Ejército— a través de amenazas, extorsiones y reclutamiento forzado. 

Luego, en julio de ese año, hubo una incursión paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas —en la que la comunidad denunció el acompañamiento del Ejército— y ejecutaron una masacre. “Fueron cuatro personas que torturaron y luego asesinaron. Las casas fueron quemadas y Guaduas quedó desolada”, cuenta la reclamante. Ese año, el grupo paramilitar cometió otra masacre en la comunidad indígena de Sabaleta, causando el abandono masivo de predios.

La URT territorial Chocó ha destacado el caso de la vereda La Argelia, por ser otra de las zonas donde la mayoría de la población es sujeto de restitución a raíz de los desplazamientos familiares e individuales, la quema de la mayoría de las viviendas y los asesinatos que sufrieron. Años atrás, la Diócesis de Quibdó denunció el accionar del bloque Elmer Cárdenas de las Auc en este caso, cuando el grupo paramilitar irrumpió “en la Vereda Argelia, amenazando, torturando y finalmente asesinando a uno de sus miembros, estos hechos provocaron el desplazamiento masivo de sus pobladores hacia la cabecera municipal y luego de algún tiempo y pese al miedo, decidieron regresar”, recoge la Comisión Interétnica de la Verdad en un informe de 2021. 

En agosto de 2000, la comunidad sufrió una toma guerrillera, en la que cerca de 500 guerrilleros asediaron la cabecera municipal y usaron cilindros bomba para atacar el cuartel de Policía. En los hechos murieron miembros de la fuerza pública y civiles, y la crisis humanitaria se agudizó en el municipio. 

Pero incluso en estas veredas hay casos de despojo registrados antes de la incursión paramilitar. Es el caso de la familia de Berenice*, que fue desplazada hace 30 años de La Argelia, en El Carmen de Atrato, cuando hombres armados de un grupo guerrillero asesinaron a su padre y le advirtieron a su madre que debía irse y no regresar. Años después, la familia decidió retornar, pero encontró a un tercero ocupando la finca, quien asegura haberle comprado la tierra al abuelo de Berenice*.

“Ya llevo tres años haciendo vueltas en la Unidad de Restitución de Tierras y estamos esperando qué dice la jueza”, explica la reclamante. Sin embargo, ese proceso también la ha puesto en riesgo: ha recibido amenazas de muerte por insistir en recuperar la tierra.

Restitución lenta, un síntoma departamental

Desde la vigencia de la Ley de Víctimas, que da el marco jurídico para la restitución de tierras, se han inscrito más de 13,8 millones de hectáreas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. De esta cifra, el 57,5 por ciento (8,1 millones de hectáreas) se realizó en el gobierno Petro. Sin embargo, Giovani Yule Zape, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha advertido en varios espacios que los seis años de vigencia que le quedan a la entidad son insuficientes para cumplirle a las víctimas.

El funcionario ha hecho hincapié en que gran parte de los retrasos del proceso están asociados a la etapa judicial. Esperan que con la creación de la Jurisdicción Agraria —despachos especializados que resolverán los conflictos agrarios del país, entre estos, los casos de personas despojadas en el marco del conflicto— la respuesta judicial se acelere. 

El Chocó, según el director de la URT, es uno de los territorios priorizados por el gobierno nacional. Virgelina Moreno Rodríguez, directora territorial de la URT en Chocó, en varios espacios públicos ha reconocido que es un reto avanzar en la reparación de las víctimas, no solo por el contexto de conflicto armado que siguen afrontando las familias, sino porque a pesar de ser responsable de la etapa administrativa, el proceso judicial y el post fallo sale de sus manos. 

A cierre de 2025, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 4.062 solicitudes de restitución individual en Chocó. De estas, 1.165 han sido negadas y 552 fueron inscritas en el registro, lo que corresponde a más de 18.000 hectáreas. Hasta ahora, solo se han proferido 15 sentencias que abarcan 395 hectáreas, mientras que más de 400 casos continúan en etapa de demanda.

En cuanto a territorios étnicos, la entidad registra 164 solicitudes: 153 aún están en estudio y 126 demandas avanzan en etapa judicial, que en conjunto abarcan más de tres millones de hectáreas. Hasta el momento se han emitido 10 sentencias orientadas a restituir 175.234 hectáreas.

A pesar de que los jueces han reconocido el despojo y los daños territoriales, para Juan Pablo Guerrero, desde el Cinep, la deuda es enorme. “La restitución avanza con extrema lentitud: pocas sentencias, bajo cumplimiento de los fallos y una pobre articulación interinstitucional e intrainstitucional; siendo la reparación colectiva un claro ejemplo”, señala.

Las comunidades campesinas siguen la ruta de restitución individual de la entidad, pero de las 15 sentencias que expone la URT, todas se concentran en Ríosucio, al norte del departamento; sin embargo, solo ha hecho entrega de dos predios. Para el caso de comunidades indígenas, muestra resultados en regiones como el San Juan, en Tadó (2); y el Medio y Alto Atrato, en Bagadó (1) y Lloró (1). Para estas comunidades han entregado siete territorios.

“La restitución en el Chocó progresa en el papel, pero sigue en deuda con transformar la vida de las víctimas. La razón es sencilla: la política de restitución avanza donde hay menos obstáculos y evita los casos más complejos”, señala Guerrero. “A esto se suma que los jueces enfrentan un alto volumen de procesos y actúan con cautela, incluso con temor, lo que retrasa aún más la garantía efectiva de los derechos de las víctimas”, agrega el subdirector del Cinep.

En diversas subregiones del departamento existen tensiones y conflictos interétnicos entre comunidades indígenas o afro con comunidades campesinas, especialmente en torno a la propiedad de la tierra y el Carmen no es la excepción. Y estas tensiones no se solucionarán solo con diálogos que pretendan resolver controversias entre las comunidades. Según Guerrero, aún no hay claridad sobre cuál debe ser la oferta institucional que se les debe garantizar a los segundos ocupantes en territorios étnicos —campesinos que se asentaron en tierras colectivas tras el despojo o abandono forzado de los propietarios originales—.

“En el Chocó las comunidades indígenas y afrodescendientes predominan como sujetos de restitución, lo que refleja un enfoque que prioriza estos actores. Esta situación deberá revisarse y evaluarse a la luz de la reciente declaración del campesinado como sujeto colectivo de especial protección con el fin de ajustar prioridades y asegurar un acceso equitativo a la restitución territorial”.

Esperan que la URT llegue al municipio

El 23 de octubre de 2025, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) llevó a cabo el encuentro territorial en Quibdó, Chocó, bajo el lema "Tejiendo la Restitución". El evento reunió a más de 1.000 personas de comunidades étnicas —autoridades de 21 resguardos indígenas y 24 consejos comunitarios— y organizaciones campesinas. 

El encuentro estuvo orientado  a fortalecer la participación y la incidencia de las comunidades étnicas y campesinas en la política de restitución de tierras y en la implementación de la Ley de Víctimas, así como a recoger sugerencias y preocupaciones de las personas reclamantes. También buscó abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre la situación actual de la restitución en Chocó y en la región.

La expectativa de las más de 40 personas de El Carmen de Atrato que acudieron a la convocatoria estaba centrada en conocer los avances reales de sus procesos de restitución y, en algunos casos, comprender mejor la ruta institucional y los beneficios que contempla. Al encuentro asistieron familias de las veredas La Argelia y Guaduas, del corregimiento de La Mansa y del sector de la carretera, así como voceros de la Plataforma del Campesinado, la Asociación de Caficultores y liderazgos independientes en busca de respuestas.

Sin embargo, después de la presentación de chirimía, los bailes de comunidades Emberá y los cantos de mayores afro advirtieron un problema: poco se estaba hablando de los procesos de las familias campesinas de municipios como el suyo. 

Las organizaciones campesinas le solicitaron un espacio de diálogo a la directora territorial de la URT en Chocó para atender los asuntos campesinos. Allí las familias de El Carmen de Atrato expresaron el desconocimiento en la ruta de restitución individual y los avances en los procesos vigentes, por eso la URT se comprometió a realizar una asamblea en el municipio a más tardar en el mes de diciembre del año pasado. 

A la fecha no se ha desarrollado este espacio y en una respuesta escrita, la URT le reconoció a este medio que efectivamente habían convocado a una jornada de trabajo en el municipio, pero justificó que no pudo realizarla por la temporalidad de fuertes lluvias, los diferentes cierres de la vía por manifestaciones de los pobladores y el cierre administrativo de la entidad.

Aseguró que tiene pendiente ejecutar la actividad según los compromisos adquiridos, pero no indicó una fecha, pues la entidad sigue revisando la programación de trabajo de 2026. Espera darles respuesta de este espacio a los reclamantes del municipio “una vez se finalice el proceso de contratación y asignación de credenciales de los colaboradores de la Territorial Chocó de la URT”.

Pero el desgaste se siente entre los reclamantes del municipio. “Esta lentitud lo que hace es que los reclamantes cada día sean más apáticos con estos procesos”, señala una de ellas. “En nuestro territorio se ha dialogado mucho del tema de reclamar tierra para los campesinos que no la tienen y queremos que inicie este proceso, pero que realmente se vean los resultados a corto plazo”, agregó. 

*Nombres cambiados por seguridad.