Los habitantes de San Vicente del Caguán se están quedando sin tiempo para desenterrar a sus muertos. Desde el año pasado, la Alcaldía comunicó la necesidad de darle orden al cementerio municipal y, en ese sentido, manifestó la urgencia de realizar exhumaciones para aumentar la capacidad en un lugar que, desde hace años, se quedó sin espacio, a pesar de ser el único camposanto en el casco urbano del municipio.
El pasado 12 de febrero los sanvicentunos recibieron a través de redes sociales la noticia. La Secretaría de Gobierno, liderada por César Augusto Monje, emitió un acto administrativo que autoriza la exhumación en sepulturas que se encuentren en estado de abandono total y de cuerpos con una antigüedad superior a diez años. Esto con el fin de realizar recuperación urbanística y paisajística, en un cementerio sumido en el caos y que, como lo documentamos en marzo de 2025, solo le quedaba espacio para sepultar una decena de cuerpos.
El proceso comenzará el 1 de marzo y se llevará a cabo por bloques de forma escalonada. En un primer momento se intervendrán aproximadamente dos mil sepulturas previamente inventariadas que se encuentran en abandono y con más de 20 años. La administración municipal convocó a las familias para que hagan la exhumación de manera voluntaria; este trámite tiene un valor de $180.000 pesos. Estos restos deben pasar a los osarios, actualmente hay disponibles cerca de 200, cada uno con un valor de $400.000 pesos.
En los casos en que las familias no se acerquen a realizar esta solicitud, la Alcaldía procederá con exhumaciones colectivas. Aunque inicialmente se informó que los restos serían trasladados a una fosa común, la Secretaría de Gobierno aclaró que cada cuerpo será rotulado o enumerado y, cuando sea posible, identificado con su nombre. Los restos se depositarán en bolsas especiales para cadáveres y posteriormente serán ubicados en un osario o en una bóveda comunitaria dispuesta dentro del mismo cementerio.
“Tenemos una responsabilidad de custodiar lo que encontremos en este proceso, que sabemos que es muy sensible y hasta doloroso, por eso tenemos que hacerlo de forma muy juiciosa. Queremos que si a futuro un familiar viene a buscarlo, podamos tener la respuesta clara. Aunque la invitación es que esas familias nos acompañen”, afirma César Monje, secretario de Gobierno.
Esta decisión tiene sustento en el Acto Administrativo N.° 000599 del 16 de abril de 2021, que reglamenta el funcionamiento interno del cementerio municipal. Además, se complementa con la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social, que fija los requisitos sanitarios para inhumaciones (entierro) que define condiciones del cadáver antes del traslado, uso de contenedores adecuados, profundidad de las fosas, características de bóvedas y/o lotes, y de exhumación (extraer los cuerpos de personas fallecidas) con requisitos como: autorización del administrador del cementerio, registro del procedimiento, verificación del estado de los restos, condiciones sanitarias, desinfección y manejo adecuado de residuos, que aplica para todo el país.
Monje explica que, “aunque la normativa permite la exhumación y el traslado de restos a un osario después de siete años por vía administrativa, sin importar el estado de la tumba, hemos decidido aplicar este proceso a partir de los diez años”. Añade que el enfoque inicial se centrará en las tumbas que se encuentran en total abandono. “No vamos a afectar aquellas donde el ser querido aún viene a visitarla; uno se da cuenta de que hay un doliente, que hay alguien que mantiene ese vínculo. Esas se van a respetar”. También señala que se preservará el área marcada para la acción humanitaria de recuperación que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el camposanto.
La razón de esta acción es que el cementerio de San Vicente de Caguán no está cumpliendo con los parámetros y estándares establecidos por la Secretaría Departamental de Salud, entidad que vigila y responde a la normativa del Ministerio de Salud. Las visitas periódicas de esta entidad han confirmado la persistencia de este incumplimiento.
Este cementerio ha estado en funcionamiento durante más de cien años. Tiene un área aproximada de 1,5 hectáreas (15.000 metros cuadrados) y presenta un alto porcentaje de ocupación, alcanzando el 97,16 por ciento.
Esto indica una saturación de espacio para acoger más cuerpos. Adicionalmente, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2015-2027 formulado en 2015, el cementerio se encuentra situado en una zona de riesgo de deslizamiento y a una distancia de solo 6 metros de las viviendas que se encuentran a su alrededor.
Una de las preocupaciones de esta decisión es que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en este momento está realizando intervención forense en este cementerio, para recuperar cuerpos de personas asesinadas en el marco del conflicto armado y que fueron inhumadas en este lugar sin ser identificadas.
Yolima Isabel Jurado, coordinadora territorial de la seccional Caquetá, explica las precauciones que se están tomando en el marco de ambas acciones: "Hemos estado llevando a cabo todo este trabajo de intervención en colaboración con la administración municipal. Los sitios que identificamos como de interés forense están debidamente marcados en el plano del cementerio y la información es conocida. Estos lugares no serán intervenidos durante el proceso de exhumación administrativa".
“El cementerio enfrenta serias complejidades debido a la superpoblación de cuerpos, lo que ha llevado a que algunos se encuentren superpuestos. Esta situación dificulta el acceso y la recuperación de cuerpos de interés, ya que es probable que cuerpos que sean de nuestro interés estén por debajo de tumbas que tienen dolientes, que tienen familiares y, por supuesto, todos esos procesos dificultan nuestro acceso y recuperación", agrega Jurado.
Qué dice la gente
Más allá de los procedimientos, estas disposiciones impactan directamente a la comunidad en costos, los tiempos de entrega, las condiciones sanitarias, la disponibilidad de espacios y el trato digno en un momento que es de alta sensibilidad para las familias.
El acceso a un espacio en el cementerio municipal no ha sido igual para todos. Las condiciones han cambiado con el tiempo y hoy dependen no solo de la disponibilidad de espacios y terreno, sino de los costos, la información institucional y la capacidad económica de quienes atraviesan el duelo.
Robinson Martínez lleva toda su vida en este municipio, con 54 años de edad ha tenido que disponer de este camposanto en varias oportunidades, pero nunca ha sido igual. “Las formas de acceder a un espacio han sido variadas, desde un espacio en la parte más húmeda donde escurre agua porque no había más, hasta tener que abrir un hueco sobre otro difunto. Incluso, tengo un familiar que se perdió porque teníamos la idea del lugar pero nos demoramos en marcarla por los costos, y con el tiempo ya nadie nos pudo dar razón”, comenta.
A esto se suma la falta de información sobre el procedimiento que se debe realizar para disponer de un osario familiar. Aunque la familia de Martínez lo pensó en algún momento, en aquellos años no recibió respuesta. “A nosotros nos faltó una guía, sobre todo porque siempre fueron situaciones muy difíciles, dado que las muertes fueron lejos del casco urbano. En la más reciente, que fue mi padre, decidimos como familia buscar a mis hermanos, a un primo y hacer como una bóveda en la tierra, donde el sepulturero hizo unas planchas de ladrillos, para tenerlos todos ahí”, afirma Martínez.
La falta de espacio en el camposanto ya no es solo un problema técnico, es una preocupación que atraviesa la memoria de las familias sanvicentunas. Así lo expresa María Osorio, de 58 años, quien ha visto cómo el crecimiento del municipio alcanzó incluso el lugar donde reposan sus seres queridos.
“Desde mi punto de vista, como hija de este pueblo, lo mejor sería disponer de otro terreno y dejar estas memorias y recuerdos quietos”, dice. Su propuesta no se queda solo en la infraestructura, también habla de tarifas diferenciales según el tiempo de antigüedad, el estrato o el estado de las bóvedas, una preocupación que surge porque en un mismo lugar reposan sus padres, abuelos, hermanos y tíos.
Un elemento fundamental que ha provocado la situación que se vive en la actualidad es el cambio en la forma en que se ha administrado la muerte en el municipio. “Para esas épocas la Iglesia era quien manejaba el cementerio, uno pagaba y ya”, recuerda Osorio. En ese entonces, afirma, nadie hablaba de bóvedas familiares ni de la posibilidad de que el crecimiento urbano hiciera insuficiente el espacio.
Esto pone en evidencia un problema mayor: el cementerio fue pensado para un municipio más pequeño y hoy debe responder a una población en expansión, bajo normas sanitarias y administrativas más estrictas. La discusión ya no es solo sobre dónde enterrar a los muertos, sino sobre cómo garantizar el derecho a la memoria, el acceso equitativo a los servicios funerarios y la planificación de un equipamiento público esencial.
En Colombia, el manejo de los cuerpos y los cementerios no solo es un asunto administrativo y sanitario. La Ley 9 de 1979 establece que estos espacios son de interés en salud pública y deben garantizar condiciones dignas para la comunidad. Además de la Resolución 5194 de 2010, que da los lineamientos con los que la administración debe actuar.
Desde el enfoque de derechos humanos, la Corte Constitucional ha señalado que el respeto por los restos mortales hace parte del derecho a la dignidad humana y al duelo de las familias, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para el descanso final y la conservación de la memoria.
El acceso a un lugar digno para el descanso final no es solo un servicio público: es una expresión del derecho a la dignidad humana y al duelo.
Así como lo expresa Robinson Martínez: “Uno debería quedar en la tierra y que no lo saquen de ahí nunca, como se dice: ‘el derecho a morir en paz’. Pero aquí no hay espacio como tal”. Para el casco urbano de San Vicente del Caguán, el descanso final terminó dependiendo más de las posibilidades de cada familia y la información disponible en medio del duelo.
Lo que sigue
César Augusto Monje, secretario de Gobierno, manifiesta que San Vicente del Caguán tiene un promedio de 10 muertes al mes, por diferentes causas. Un número alto e importante para pensar la disposición de espacios del cementerio municipal. “Esta situación es compleja, ya que los cuerpos pueden llegar de otros municipios, ciudades y países —como sucedió recientemente—, y es el único sitio que tenemos disponible para ese fin. Hasta la fecha ya se han realizado 50 exhumaciones en compañía de familiares”, afirma.
La disponibilidad de espacios en el momento sigue siendo poca y es por esto que se piensa hacer la construcción de más osarios y cambios estructurales, como una batería sanitaria para los visitantes, lo que implica demoler tumbas. En ese proceso, plantea la Secretaría, se otorgarán permisos para que las familias puedan realizar entierros en el mismo espacio en el que estén los cuerpos de otros familiares.
Por otro lado, la población firmante de paz ha manifestado su intención de apoyar las jornadas de exhumación como una medida de reparación, poniendo al servicio su experiencia, mano de obra y conocimiento técnico en procesos realizados junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
