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Colegios en mal estado obligan a los alumnos de San Diego a volver a la virtualidad

Desde hace dos semanas, los estudiantes de 15 sedes educativas principalmente en el área rural y dos instituciones de la zona urbana de San Diego, Cesar, volvieron a estudiar en sus casas. El 24 de agosto, el Juzgado Promiscuo Municipal, ordenó el cierre de las instituciones al ver que no cumplían con las condiciones mínimas de bioseguridad y su infraestructura era deficiente para garantizar el regreso a clases en alternancia.

¿Por qué es importante? Uno de los motivos por los cuales se impuso la acción de tutela fue porque los colegios, en el estado en el que están, no pueden ofrecer una educación digna a sus estudiantes. La mayoría no cuenta con baterías sanitarias, ni depósitos de agua. Algunos tienen las redes eléctricas en mal estado y ni siquiera hay ventiladores. Otros tienen los techos dañados y les hacen falta pupitres.

Incluso, el colegio público más emblemático del municipio, el Manuel Rodríguez Torice, ubicado en la cabecera municipal, no cuenta con los transformadores necesarios para hacer funcionar los lavamanos portátiles que instaló el municipio. Aunque la administración indica que hizo una inversión de 150 millones de pesos en adecuaciones para todos los colegios, estas fallas evidenciarían que no hubo una identificación previa de las necesidades de las instituciones.

El estado de estos colegios en los corregimientos abre aún más la brecha de desigualdad entre las áreas rurales y las urbanas. En San Diego, la zona rural tiene un índice de pobreza multidimensional del 57%, mientras que la de la zona urbana llega al 27%. Estas brechas están representadas, justamente, por indicadores como el analfabetismo, el bajo logro educativo y el poco acceso a una fuente de agua potable. 

¿Qué ha pasado?

  • El 16 de julio se hizo una reunión con padres de familia, rectores, representantes estudiantiles y otros miembros de la comunidad educativa con la administración para manifestar su inconformidad con el regreso a clases, ya que los colegios no contaban con las condiciones sanitarias. A tres días del inicio de clases, “ni siquiera la Secretaría de Educación Departamental había enviado los elementos de bioseguridad”, dice Araújo. Esto, según la Directiva N.05 del 17 de Junio de 2021, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, era una condición necesaria para que los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa volvieran a la presencialidad. 
  • Luego de esta reunión, la personería municipal hizo un recorrido por todos los colegios rurales. "Hicimos un registro del estado de todas las escuelas y nos dimos cuenta que es muy precaria la situación de los estudiantes frente al tema de bioseguridad. No tienen las condiciones dignas para que un estudiante ejerza su derecho a la educación”, agrega el personero. 
  • Una vez se hizo el recorrido, se radicó ante el Juzgado Municipal una acción de tutela. Se usó este mecanismo, porque de acuerdo a la personería, se estarían vulnerando los derechos fundamentales a la vida, la salud y la educación. El 24 de agosto, el fallo salió a su favor, ordenando la suspensión de las clases en estas sedes: Escuela Urbana Mixta No. 2 “Chaverra”; Escuela Mixta 21 de Enero; Institución Educativa Nueva Flores; los centros educativos Los Brasiles, Kiko Mika, El Juncal, Los Tupes, Las Pitillas, Mano de Dios, Las Palomas, Arroyo de agua, Corral Negro, El Toco y finalmente la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe y la Escuela Rural Mixta “Concentración Escolar Centro” en el corregimiento de Media Luna.
  • El fallo indica que la administración tiene un plazo de 30 días para definir y ejecutar las adecuaciones pertinentes para cada uno de estos colegios. 

¿Qué dice la gente?

Según la Personería de San Diego, este fallo ha tenido una gran acogida por parte de los padres de familia y los maestros. Sin embargo, otros miembros de la comunidad educativa sí esperaban que se regresara a la presencialidad. El gremio de los transportadores, por ejemplo, está preocupado porque esta suspensión de las clases retrasa más el inicio de sus funciones.

  • “Para nadie es un secreto que el Estado tiene abandonadas muchas instituciones educativas sobre todo las del área rural. Sin embargo, nosotros realizábamos jornadas para que entre los alumnos y los profesores mejoráramos las condiciones de la institución y garantizáramos un ambiente agradable para los jóvenes. Sin la presencia del talento humano (profesores y estudiantes) en la institución, esta se deteriora. Esperamos que con estas nuevas acciones se mejoren las condiciones de la institución”, dice Yalexo Ayala, profesor de la I.E. Rafael Uribe Uribe en Media Luna. 
  • “Ningún padre de familia estaba de acuerdo con el regreso a clases de los niños de manera presencial, porque las instalaciones del colegio no daban para eso. Sin embargo, todos los niños sí deseaban volver. Al niño pequeño no lo quería mandar porque el estado de las instalaciones de primaria está en pésimas condiciones. No hay agua, ventilación ni el espacio suficiente para organizar a los niños en las aulas de clase”, cuenta Francisca Arenas, representante de padres de familia del Rafael Uribe Uribe.
  • “Nosotros ya estábamos listos. Nos reunimos con la administración para organizarnos, pero se metió la acción de tutela y no se ha podido arrancar. Me gasté una plata en la buseta, para ponerme al día con los documentos y dejarla en buenas condiciones. Estamos a la espera de que se renueve todo”, cuenta John Mendoza, transportador. Este gremio manejaba 16 rutas para todos los colegios rurales y, según Mendoza, desde marzo de 2020 no han podido trabajar. 

¿Qué sigue?

  • La personería está planeando hacer una mesa de trabajo con la administración para determinar todas las adecuaciones. "La tutela fue un poco más allá, porque no solo pide que se adecúe para el tema básico de saneamiento y bioseguridad, sino que exige que las adecuaciones tienen que brindarle una condición digna para que los estudiantes de las zonas rurales puedan ejercer su derecho a la educación de manera integral”, dice Rafael Araújo.
  • Por su parte, la administración impugnó la tutela para que les den más tiempo, poder buscar los recursos y hacer proyectos que permitan solucionar los problemas definitivamente. “Si nos vamos sede por sede, vemos que las necesidades son innumerables. El problema de la intermitencia y la potabilidad del agua, por ejemplo, está desde hace más de 10 años. Estamos esperando que después de la impugnación se determine el tiempo, para nosotros hacer las adecuaciones que indica la tutela”, dice José Gregorio Arzuaga, secretario de gobierno.

    La alcaldía está estimando una nueva inversión de 163 millones para estas adecuaciones, que vendrían de recursos propios y de gratuidad, que son asignados por la Gobernación del Cesar. 
  • Finalmente, los colegios volverán a sus modalidades virtuales. Durante la pandemia, se estaban entregando unas guías a los estudiantes que debían completar y enviar a sus maestros. “Esta es una zona donde la conectividad no es la mejor, en la zona solo existe una antena de Claro, que es 3G y hasta para bajar una fotografía se demora. La institución cuenta con más de 300 equipos portátiles que fueron repartidos a los estudiantes de noveno, décimo y undécimo para que desde sus casas puedan seguir trabajando”, comenta Augusto Montero, rector de la I.E Rafael Uribe Uribe de Media Luna.  
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