La empresa minera Best Coal Company (BCC) quiere llevar a cabo una mina para explotar carbón a cielo abierto por 10 años en el corregimiento de Cañaverales en San Juan del Cesar. El lunes, el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales anunció que se opone a la entrada de la minera al territorio.
El anuncio es importante porque el consejo comunitario hace parte de las nueve comunidades que se verán impactadas por el proyecto y la única con la que la empresa no tiene acuerdo. La decisión, tomada de forma unánime durante una asamblea el 13 de abril, sucede un mes después de que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) archivara la solicitud de licencia ambiental de BCC para el proyecto minero.
La medida sirvió de insumo al consejo comunitario para sustentar que la empresa no está llevando a cabo procesos de consulta previa ni tiene licencia ambiental, y por eso su presencia no es bienvenida en el territorio. En la comunidad es leída como una posición de resistencia ante una multinacional — BCC es filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding —.
Sin embargo, el archivo de la solicitud de licencia y la declaratoria no significan el impedimento del proyecto, ya que la empresa le dijo a Consonante que está reiniciando el proceso para solicitar la licencia de nuevo, y el comunicado puede quedarse en lo simbólico o en procesos internos de la comunidad si la autoridad ambiental o de consulta previa no lo tiene en cuenta.
Por ahora, la decisión de Corpoguajira y la declaración del consejo comunitario abre de nuevo la discusión sobre las tensiones que genera el proyecto con la comunidad. Más cuando BCC está a la espera de la aplicación del test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones del proyecto y que, de aprobarse, descartaría la posibilidad de preguntarle al consejo si quiere o no el proyecto minero.
Mientras eso pasa, Los Negros de Cañaverales se apoyan en una comisión del Congreso y en el Ministerio de Agricultura para insistir en la consulta previa, incentivar la vocación agrícola en lugar de la minera, proteger el manantial que los surte de agua y frenar la posibilidad de una mina en su territorio.
¿Qué dice la comunidad?
Para el consejo comunitario, oponerse a la presencia de la empresa es una respuesta a lo que consideran un actuar poco transparente por parte de BCC. “Siempre se meten a desarrollar actividades sin socializar ni consultar a los que habitamos el territorio”, contó Ifener Mendoza, miembro de la junta directiva del consejo comunitario.
También lo ven como una forma de mitigar lo que, para ellos, son los impactos de la minería. Este proceso ha dividido a la comunidad, entre los que apoyan o se oponen al proyecto, o vecinos y amigos que se chiflan e insultan en reuniones, también ha generado impactos en la salud mental de algunos habitantes. “Hay afectaciones sicológicas debido a que nuestros niños y nuestros ancianos principalmente, creían que la maquinaria que entró en su momento venía a destruir todo a su paso”, dice Mendoza.
“Sacamos el comunicado para que BCC no siga entrando. (La empresa) se está metiendo a ganar terreno y nosotros no queremos eso”, dice Dayelis Gamez, habitante de Cañaverales. También asegura que la empresa intenta dividirlos: "Sobre todo son actos de mala fe cometidos: solicitar licencia a Corpoguajira en el momento en que hacia la consulta previa sabiendo que eso no se puede hacer, dilatar la consulta, pedir aplicación del test de proporcionalidad".
En el corregimiento los ojos están puestos sobre toda la información relacionada con la mina. La esperanza es que las decisiones y opiniones de la comunidad sean tenidas en cuenta. “Si el juzgado dice que se retoma la consulta previa, ellos podrían venir; pero como no tienen ningún plan de trabajo ni obras, entonces no tienen nada que hacer aquí”, dice Orangel Moya del consejo comunitario.
"Como no tienen plan de trabajo ni obras, entonces no tienen nada que hacer aquí"
Orangel Moya, miembro del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales
Para la comunidad de Cañaverales, la declaratoria es más que un acto simbólico, es sentar un precedente sobre su posición y la defensa del territorio. Rosa Mateus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que ha acompañado el proceso en el corregimiento, dice que la declaratoria del consejo comunitario puede trascender el carácter simbólico que tiene hasta el momento. “Se espera que en el marco del procedimiento de licenciamiento ambiental, (esta declaratoria) sea tenida en cuenta en las valoraciones que hacen los funcionarios en el análisis del componente social que se evalúa en el proceso”, dice la abogada.
De la misma manera , Mateus asegura que más que consultarle a la comunidad si quieren o no el proyecto minero (consulta previa), lo que debe hacerse es un proceso de consentimiento. De esta forma, no se trataría sólo de preguntarles, sino de que la respuesta que obtengan sea vinculante al proceso que debe llevar la autoridad ambiental a cargo de dar el visto bueno o no a la mina.
Frente al archivo de la solicitud de licencia ambiental por parte de Corpoguajira, Mateus comentó que lo de hacer la solicitud a la entidad lo ven como una estrategia de la empresa. “Da cuenta de cómo ellos pretenden dividir el proyecto y decir que es pequeño, que no lo pueden comparar con el Cerrejón. El país no puede comerse el cuento de que se trata de una mina pequeña cuando al juntar los títulos nos damos cuenta que es un proyecto a gran escala”, afirma.
Mateus critica que BCC haya hecho la solicitud de licencia ambiental en Corpoguajira argumentando que sólo explotarán determinadas toneladas de carbón por año. Según explica Mateus, debe tenerse en cuenta la totalidad del impacto ambiental: “El fraccionamiento del proyecto imposibilita hacer una valoración real de impactos y daños teniendo en cuenta la magnitud del problema”, cuenta la abogada.
Para Mateus, la licencia debe tramitarse ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales por el impacto total de las toneladas. Pero para BCC, el trámite pasa por Corpoguajira.
¿Qué dice BCC?
Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que la solicitud se hizo por Corpoguajira porque es la entidad ambiental que se encarga de las licencias ambientales cuando los proyectos mineros de explotación de carbón en el departamento no superan las 800 mil toneladas al año. Ese es un punto que la misma entidad corrobora en el auto emitido en marzo.
Pero en ese mismo documento, la corporación toma como referencia una tabla con cálculos de 2021 que muestra que la mina proyectada superaría esas toneladas de explotación en el segundo año. Como sobrepasa las funciones de Corpoguajira, la entidad dice que la solicitud debe hacerse ante la Anla. Pero Bustos le dijo a Consonante que el proceso era con Corpoguajira porque en los últimos años han actualizado el proyecto y el volumen de explotación es menor al que muestra la tabla de 2021. “Antes, el promedio de explotación anual iba a ser de 1,4 millones de toneladas de carbón, ahora redujimos ese volumen a 800 mil”, asegura el gerente.
"El promedio de explotación anual iba a ser de 1,4 millones de toneladas de carbón, ahora redujimos ese volumen a 800 mil"
Gabriel Bustos, gerente ambiental de Best Coal Company (BCC)
Los cambios son reales. Según un informe de abril del año pasado del Global Energy Monitor, la empresa proyectó en su página web que la mina de Cañaverales produciría un promedio de 2,5 millones de toneladas al año. Esas cifras se redujeron casi a la mitad y quedaron en un aproximado de 1,1 a 1,4 millones de toneladas al año. Esto según el documento disponible en la página de la Agencia Nacional de Minería con fecha de septiembre de 2022 y en una respuesta de la empresa al consejo comunitario en agosto de 2023, pero en ninguno dice que explotará las 800 mil toneladas a las que se refiere la minera.
Bustos dijo que el archivo de la solicitud de licencia ambiental lo ven como un formalismo: “Nos falta un documento, el de arqueología, y lo presentamos de nuevo”. Se refiere al registro de un Programa de Arqueología Preventiva que entrega el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Pero según Corpoguajira, no es el único que falta por entregar.
La corporación dice que no presentaron el certificado del Ministerio de Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y un pronunciamiento de la Dirección Nacional de Consulta Previa (Dancp) sobre si procede o no este mecanismo de consulta. Este punto es clave porque BCC pidió que se aplique el test de proporcionalidad, argumentando que la consulta previa se ha dilatado, algo que niega el consejo comunitario.
Corpoguajira también dice que a la minera le faltaba la evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto; el plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto, este último debe incluir lo que harán si hay derrames, incendios u otras afectaciones por fuera de los límites permitidos.
Frente al comunicado en el que el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales declara la presencia de la empresa como no grata en el corregimiento de Cañaverales, Bustos dijo que no se pronunciaría sobre esto porque al momento de la entrevista no conocía el comunicado. También afirmó que esto no afecta el proyecto y que el proceso continúa con normalidad.
