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Los y las estudiantes de Tadó completan una semana sin recibir las comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y, hasta la fecha, no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. El coordinador de educación de Tadó, Michael Córdoba, envió un oficio esta semana a los rectores de las Instituciones educativas del municipio, y dirigido a la secretaría de Integración social del Chocó, asegurando que desde el 13 de marzo se había cumplido los 30 días que cubría el primer acuerdo de transferencia del año para la contratación de la alimentación, y que a partir de esa fecha se suspendía el servicio de alimentación escolar.
“Mediante el presente informamos a ustedes que el Programa de Alimentación Escolar firmado mediante convenio suscrito por 30 días (...) llega hasta el día 13 de marzo de 2023, poniendo en conocimiento que los actores de derecho del municipio no recibirán dicha razón después de esa fecha”, dice el comunicado, en el que solicitan al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, hacer las gestiones necesarias para reanudar el servicio.
El gobierno departamental dice que todo debería estar funcionando
En los 30 municipios no certificados del Chocó es la Gobernación la que maneja el dinero de los servicios educativos complementarios (como el Programa de Alimentación Escolar). Después de que el dinero llega a la gobernación, la Secretaría de Integración Social transfiere los recursos a una bolsa común con las alcaldías. De esta forma son los alcaldes quienes deben contratar con esos recursos un operador especializado que preste el servicio de alimentación escolar.
Para la vigencia de 2023 la secretaría firmó un primer acuerdo de transferencia con las alcaldías, incluyendo la de Tadó, desde el 7 de diciembre del año pasado, esto cubría los primeros 30 días del calendario escolar. En Tadó el servicio de Alimentación Escolar inició el 27 de enero de 2023.
Para asegurar los siguientes 30 días, desde la Secretaría de Integración dicen que enviaron el segundo acuerdo el 7 de marzo y así prorrogar el servicio hasta el 28 de abril.
“Si en la municipalidades no realizan su contratación interna en el tiempo que se debe hacer pues tendríamos que entrar a revisar qué es lo que está sucediendo, pero no conozco ese oficio. Hoy en el departamento del Chocó ningún municipio que dependa del departamento en el PAE tiene excusa para decir que va a suspender el servicio de alimentación escolar”, le dijo Boris Peña a Consonante.
Peña aseguró que a la fecha de la entrevista (martes 14 de marzo) no había recibido ningún oficio por parte de la alcaldía del municipio notificando la interrupción del servicio.
Por su parte, Michael Córdoba, coordinador de Educación municipal, indicó que desde el 5 de marzo enviaron desde la Gobernación el convenio interadministrativo, firmado por el alcalde Cristian Copete. Según contó, Copete solicitó al Concejo Municipal las facultades para suscribir contratos y convenios con entidades gubernamentales, pero el Concejo no las ha aprobado.
“Es por eso que los recursos que fueron enviados desde la Gobernación departamental para el programa de alimentación no se les ha podido hacer la incorporación y adición”, dijo. Por lo anterior, el alcalde Copete solicitó a los concejales nuevamente las facultades.
La única opción es reducir la jornada escolar
En varias instituciones del municipio los rectores han disminuido las horas de clase. “No podemos tener estudiantes acá aguantando hambre a esas horas”, dice Yuselfi Ampudia, personera de la Institución Nuestra Señora de la Pobreza. Allí, por ejemplo, los estudiantes de todos los grados hasta noveno de bachillerato, salen a las doce del mediodía. Y los de décimo y once a la una de la tarde. Normalmente, cuando tienen alimentación, la jornada termina de dos y media a tres de la tarde.
La situación es más grave en los colegios que reciben estudiantes de las zonas rurales. A la Institución Educativa Instituto Técnico Agroambiental de Tadó llegan niños y niñas de El Tapón, Salero, La Ye, La Unión, Las Ánimas, entre otras veredas. “El bus los está recogiendo a las cinco de la mañana, son varios viajes, entonces ya no podemos trabajar en la jornada continua porque a las nueve de la mañana los niños ya tienen mucha hambre”, cuenta Luz Francisca Andrade, encargada del PAE en la institución.
Cuando el servicio se presta, los niños y niñas reciben un refrigerio a las 9:30 de la mañana, el almuerzo a las 12:30 y la jornada se acaba a las 2:40 de la tarde. Sin embargo, sin la comida, la opción que tienen es tener clases solo hasta las 12 del mediodía. “Muchos pelaos son muy pobres y vienen de la zona rural. Como no desayunan a las 9:30 de la mañana ya tienen hambre. Nosotros estamos lejos de Tadó, no tenemos tienda escolar ni nada de eso”, explica Luis Enrique Guido, coordinador de la institución.
Los padres de familia también están preocupados
La situación se vuelve más complicada para las comunidades indígenas. En Mumbú hay niños que deben desplazarse a instituciones más alejadas y no tienen cómo desayunar. “Tenemos indígenas que no tienen terrenos para cultivar y no tienen cómo sostenerse, entonces les hace falta la comida. Los niños que van desde acá a la institución de Playa de Oro tienen que irse a las 5 de la mañana y no todo el tiempo tienen plata o tienen la oportunidad de llevar comida al colegio”, dice Martha Eugenia, madre de familia.
“No se justifica todo el sacrificio que hacemos para mandar a nuestros hijos al plantel estudiantil y salgan con que recortan la jornada, el aprendizaje de los niños porque no hay restaurante escolar. Si lo más fundamental e importante es la alimentación de nuestros niños, no hay excusa alguna para que se les niegue ese derecho”, denuncia otra madre de familia que prefiere no ser identificada.
Lo que sigue
Hasta la fecha no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. Sin embargo, el secretario de Integración Social, Boris Peña, aseguró que de recibir el oficio, enviará la copia del acuerdo que ya se había enviado desde marzo, y sería responsabilidad de la administración municipal la reanudación de la alimentación. “Sí es así, yo les contestaré enviándole copia de cuándo se le envió el último acuerdo de transferencia en donde se le estaba garantizando la continuidad por otros 30 días más”, dice Peña.
Mientras tanto, los niños, niñas, padres y madres de familia hacen un llamado a la administración municipal para que el servicio pueda ser más continuo y sin tantos traumatismos. Además, piden aumentar la ración de comida que, según varias denuncias, es insuficiente.
Un mes después del inicio de clases en Fonseca y toda La Guajira, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dio a conocer la adjudicación presupuestal para las instituciones educativas oficiales del departamento, entre ellas las nueve del municipio. En total, este año los colegios recibirán 628,8 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones que serán desembolsados en los próximos quince días a cada institución.
Los recursos asignados por el MEN a cada colegio corresponden al número de estudiantes que asisten a cada institución. Por ejemplo, la I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Mientras que la Institución Etnoeducativa del resguardo indígena wayuú Mayabangloma, ubicado en la zona rural del municipio, recibió: 25 millones de pesos. Esta última tiene cerca de 375 estudiantes matriculados para este año.
Sin embargo, la asignación presupuestal no fue bien recibida por varios de los rectores y rectoras pues afirman que los recursos no son suficientes. “Los problemas que hay en las instituciones no son de bajo, ni medio presupuesto; son de un alto presupuesto y no nos alcanzaría ni aunque nos doblaran el presupuesto actual”, dice Esther Guerra, rectora de la I.E. Vicente Roig y Villalba.
¿Por qué no alcanza el dinero destinado a cada institución?
Yolima Araújo Uriana, rectora de la institución etnoeducativa del resguardo indígena Mayabangloma, cree que el Ministerio no está haciendo bien las cuentas. “Para decidir el presupuesto del año siguiente ellos (el Ministerio de Educación Nacional) miran el sistema de matrícula SIMAT, pero hacen el corte con el número de estudiantes matriculados en noviembre, no con los del inicio de año. Para ese momento (finales de año) algunos niños ya se han retirado”, explica. Araújo Uriana agrega que el número de estudiantes al comienzo de año suele ser mayor porque se matriculan migrantes que en el transcurso del año lectivo salen del territorio.
Además, varios rectores y docentes aseguran que el gobierno nacional tiene deudas históricas con la educación de la región y debería ponerse al día asignando presupuestos más elevados. Entre los pendientes, mencionan que hace falta cubrir arreglos a daños estructurales en casi todas las instituciones, nombrar nuevos docentes y mejorar la calidad educativa.
Antes de iniciar las clases los rectores y docentes alertaron sobre aulas en mal estado, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas, salones sin pintura y hasta hacinamiento.
Según cifras oficiales, a corte de febrero de 2023 la población estudiantil había crecido 13 por ciento en los últimos tres años. Sin embargo, el número de plazas disponibles para maestros en todo el departamento no ha aumentado desde 2019.
El presupuesto para algunas instituciones educativas se redujo
Los directivos entrevistados por Consonante cuestionan que, en varios casos, el presupuesto asignado haya sido menor al del año pasado. Por ejemplo, la institución etnoeducativa del resguardo indígena de Mayabangloma este año obtuvo 25,7 millones de pesos, mientras que en 2022, recibió 37 millones. Es decir, 12 millones menos.
El MEN le asignó este año a la Institución Agrícola de Fonseca 95 millones de pesos, un millón menos que el año pasado. Este valor deben utilizarlo para pagar los gastos de sus dos sedes, a las que asisten más de 400 estudiantes. “Manifiesto mi asombro ante la irrisoria cifra que nos corresponde como institución cuando sabemos que las necesidades cada vez son más. La institución agrícola es una institución antiquísima en su infraestructura, cada día presenta nuevos daños. La sede de Cardonal que es rural, tiene incluso muchas más necesidades”, asegura Solano.
La I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Aunque la rectora no dio el dato exacto, estima que fue por lo menos siete millones de pesos menos en comparación con lo recibido en 2022.
Las preocupaciones de los y las rectoras
Entre las prioridades de la rectora de la institución etnoeducativa de Mayabangloma está la construcción de salas de física, química, una sala administrativa, una biblioteca, una sala de audiovisuales y una sala de informática. Además, tenía proyectado comprar 10 computadores portátiles, pues actualmente solo tiene 10. Pero tendrá que dejarlo para otro momento. “Uno haciéndose ilusiones para poder trabajar y vivir sabroso pero con base a la misión, visión, objetivos como etnoeducativos necesitaríamos unos 100 millones de pesos para cubrir lo más apremiante y esto sería dejándole al Ministerio y a la Gobernación lo que tiene que ver con infraestructura”, dice Araújo.
En la práctica, Yolima Araújo tiene menos de 20 millones para invertir en lo que tiene proyectado. Con esto solo podrá comprar productos de higiene, papelería y hacer algunas actividades culturales. “Tengo que pagar los servicios de un contador que me cobra siete millones de pesos al año. Restando lo del contador, la póliza de seguro y los descuentos que realiza el banco nos vienen quedando aproximadamente 16 millones de pesos con los que hay que trabajar todo un año. Con esos recursos no se puede construir, solo alcanza para actividades culturales, para lo que siempre aparto un rubro y lo demás se va en suministros para las matrículas”, cuenta la rectora.
“Como rectora me ha tocado en ocasiones tomar dinero de mi salario para suplir algunas necesidades básicas, pero no es mi competencia hacerlo, le corresponde al ministerio o al departamento”
Yolima Araújo, rectora de la institución Etnoeducativa del resguardo indígena de Mayabangloma
Aunque para la Institución Agrícola de Fonseca el presupuesto es más alto, tampoco es suficiente. En la sede Mary Luz Álvarez han sido los docentes quienes han aportado de su propio salario para arreglar fallas de infraestructura que no dan espera. “Las necesidades básicas las cubrimos con aportes que hacen los docentes de su propio salario. Compraron la pintura, pagaron la mano de obra para que se le echara una manito de gato, y compramos tuercas y tornillos para arreglar los pupitres que se deterioraron”, cuenta Leonarda Solano, coordinadora de la sede.
Entre otras cosas, la Institución necesita un espacio para que los estudiantes hagan educación física y señalización para regular el tránsito de quienes recogen a los estudiantes.
Lo que sigue:
Las y los rectores esperan recibir, a medida que avance el año, inversiones del departamento o de la alcaldía para solventar la crisis económica que, aseguran, atraviesa el sector de la educación. Pero el alcalde Hamilton García dejó ver que no está en los planes de la administración invertir en cada uno de los colegios. Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca contó que a finales de enero les dijo a los rectores que “los 800 millones de pesos del presupuesto municipal no alcanzan para hacer una obra significativa en cada institución y que la solución sería la construcción de un megacolegio”.
El Carmen de Atrato está en la mitad de la Transversal Medellín - Quibdó, una vía que está en obras desde hace aproximadamente 15 años. El camino hacia el pueblo, ya sea desde Medellín o desde Quibdó, siempre es complicado. Hay varios “pare y siga” y puntos críticos en los que siempre se desliza tierra cuando llueve, o huecos en los que se ha quedado más de una llanta.
La intervención de la vía está a cargo de dos consorcios y un contratista, que han cambiado a lo largo de los años. El proyecto es en toda la ruta Quibdó – Medellín, y hasta el momento, según datos del Invías entregados a Consonante, se han ejecutado 39,1 kilómetros y todavía faltan 15,1 kilómetros más. En la jurisdicción de El Carmen de Atrato se interviene desde el Km 40 al Km 114 (75 km), de este total, se está ejecutando 12,8 km que estaban sin pavimentar. El último contratista en entrar al proyecto, en el 2022, fue el consorcio Conexión Antioquia, que ya empezó a tener problemas. A finales de febrero, una de las empresas que lo conforman -Explanan S.A.S- terminó el contrato a varios de sus trabajadores y abandonó las actividades por unos días. Esto, aseguran varias personas del municipio, alegando grandes pérdidas económicas por no poder trabajar ante los constantes paros y las peticiones de las comunidades indígenas.
Estas afirmaciones también las secunda el Invias, que le aseguró a Consonante que las demoras en las obras también se deben a “los diferentes bloqueos de las comunidades indígenas al proyecto”.
Está no es la primera vez que hay problemas con las empresas. Desde el inicio de la obra en 2009 ha habido toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y montones de obstáculos que han retrasado la entrega de la vía más importante del Chocó. Según el Invias, para el 2022 la obra llevaba un avance físico del 82 por ciento y la fecha estimada de terminación era diciembre de 2022, pero esto no pasó.
Decenas de paros: las consecuencias de acuerdos sin cumplir
En el municipio hay 28 comunidades indígenas, quienes en su mayoría viven en la vía Quibdó-Medellín, por lo que las empresas que están interviniendo han hecho acuerdos con cada una de ellas para resarcir los inconvenientes que podía causar la obra. Que sean compromisos individuales y no globales con todas las comunidades es uno de los factores que ha causado problemas, retrasos y varios paros.
“Ha habido competencias internas, porque la empresa se compromete con una comunidad a tal infraestructura y con otras no, a unos les dan más, a otros menos, eso causa disgustos e impacta organizativamente”, opina Julio César Queragama, representante de la mesa municipal de las comunidades indígenas del municipio. Cuenta además que después de tanto tiempo y con cada paro, se han creado acuerdos nuevos sobre los viejos, por lo que se ha dilatado el cumplimiento. Aseguran que falta voluntad.
“Como hay compromisos con tantas comunidades, con tantas familias, las empresas alegan que el recurso no alcanza para tanto, que hay que esperar. Por eso es que hay compromisos de dos, tres años atrás, los escriben en papel, hasta cinco seis ocho compromisos, hasta con el Ministerio y es la hora en que no se cumplen”, dice el líder.
Las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal Medellín - Quibdó, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del INVIAS de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020. El Alcalde ha tenido que convocar a una reunión a varias entidades locales y nacionales, la empresa y líderes indígenas para darle solución a las peticiones. Pero no ha sido fácil, aunque acuerdan unos compromisos, en varias ocasiones han dicho que las solicitudes de la población de Fieras no son asequibles ni para la administración, ni para el Invías.
Entre los acuerdos de Fieras está la construcción de una casa de paso en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero con el paso del tiempo aseguraron que el monto no era suficiente y estimaban que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos. La entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos, sin embargo, durante la reunión realizada en el Ministerio del Interior en Bogotá en noviembre de 2022, después de los paros que tuvieron bloqueado el Chocó por casi 20 días, se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.
Invías aseguró que los compromisos que actualmente están en ejecución con la comunidad Indígena El Fiera son la intervención de infraestructura educativa, la construcción de la casa comunal, una placa deportiva, una casa de paso en Quibdó y dos Casas de Paso en El Carmen de Atrato.
Entre los compromisos con la comunidad de Alto Bonito está el dinero para la construcción de una escuela, la construcción de una vía desde la transversal hasta la comunidad, la construcción de un polideportivo, darle dotación a la guardia indígena, ayudar a la construcción de un acueducto artesanal, entre otros. “Hasta el momento se cumplió lo de la guardia y la manguera del acueducto, pero falta cumplir lo más grande: la escuela y la cancha”, cuenta Belisario, gobernador de la comunidad.
Con la comunidad indígena de El Consuelo los compromisos son similares. También se acordó una escuela, un polideportivo y la limpieza de vías alternas, pero el avance ha sido poco. “No están cumpliendo con los compromisos, cada vez que nos dan una fecha salen con otras excusas y cada vez que llegamos a hacer reuniones, pasa lo mismo. Por eso hace más o menos unos 10 días la comunidad subió a bloquear la vía, porque no damos espera, es que ya fueron muchas reuniones, muchos compromisos, muchos acuerdos para el mismo proyecto”, denuncia Jorge Luis Queragama, integrante de la comunidad.
La preocupación de las comunidades indígenas es que finalmente ya están viendo el avance de las obras y muchos de los acuerdos siguen sin iniciar. “A nuestra manera de ver la obra está muy avanzada y muchos compromisos aún no se han cumplido, entonces ese es el miedo que tienen las comunidades, que los dejen sin nada, y por eso es que a cada rato salen a las vías de hecho”, cuenta Queragama.
Pero las comunidades indígenas no han sido las únicas que han protestado. El año pasado la comunidad campesina de la vereda Habita realizó un plantón en la vía para reclamar por la calidad de los materiales que estaba utilizando la empresa Latinco para la pavimentación. Los manifestantes aseguraban que los obreros estaban colocando asfalto y no cemento rígido que, según los pobladores, es mejor para el clima de la región. "Después del plantón si empezaron a poner el buen material. La gravilla para los filtros era la misma que sacaban del filtro viejo, pero luego sí trajeron material bueno. El detalle es que uno tiene que estar encima de ellos para poder que cumplan", asegura Mari Fontanera, líder de la vereda.
Las demoras han cobrado vidas
Aunque transportistas, habitantes y la misma comunidad indígena tiene la percepción de que en los últimos dos años las obras han avanzado a otro ritmo, los retrasos en la intervención han dejado varias consecuencias.
Según un especial del medio alternativo ‘La Cola de Rata’, el ingeniero chocoano experto en políticas públicas, Leyner Mosquera, calculó que más de cien personas murieron entre 2012 y 2018 tan sólo en un tramo de veinte kilómetros de la vía Medellín – Quibdó, esto por los constantes derrumbes, accidentes y deslizamientos por el mal estado de la carretera y del lento avance del proyecto. Asegura que, según datos de Medicina Legal, hay demandas de entre 5.000 mil y 8.000 millones de pesos a causa de estos hechos.
Otros de los afectados han sido los transportadores de carga pesada del Chocó que transitan constantemente por la vía. “Hemos tenido daños mecánicos, pérdidas económicas y hemos puesto en riesgo nuestra propia integridad física”, asegura Édgar Gómez, vocero de los camioneros. “Hay tramos dónde no han podido trabajar que están totalmente deteriorados, huecos impresionantes. Dañan llantas, dañan rines, hay que halar a los compañeros, es impresionante”, agrega. Denuncia también que pierden mucho tiempo en los recorridos porque dicen que cada noche puede cerrarse la vía. “Son lugares donde baja material frecuentemente, en el chocó el clima es húmedo, llueve todos los días, entonces a las 8 o 9 de la noche puede estar la vía cerrada”.
Además, los paros continuos generan toda clase de implicaciones. En noviembre de 2022, la entrada y salida al departamento estuvo bloqueada por casi 20 días. Entre las causas del paro estaban los incumplimientos de Invias en los acuerdos con las comunidades indígenas. En varios municipios del departamento hubo desabastecimiento total de supermercados y legumbrerias.
Problemas con los contratos
Los paros no han sido la única causa de los retrasos.Problemas con algunos de los consorcios han detenido tramos de la obra por varios meses. El proyecto inicial tenía 64 kilómetros en el departamento del Chocó (en el Carmen de Atrato) y 12 kilómetros en el departamento de Antioquia (Ciudad Bolívar). La Transversal Medellín-Quibdó se dividió en dos fases mediante los contratos de obra 851 de 2009 otorgado a Metrocorredores 8 para la fase I y el 544 de 2012 adjudicado al consorcio corredores LAX 051 para la fase II. Aunque las obras tenían que terminar en el 2018, esto no pasó.
En 2016 se otorgaron otros $80.735 millones más para la Fase II del tramo Quibdó – La Mansa – Medellín a la empresa SONACOL, de Carlos Solarte, salpicado en las investigaciones del caso Odebrecht. Y desde el 2017, con el paro cívico, se firmaron, por lo menos, tres contratos más grandes para el proyecto:
Lo que sigue:
El próximo 15 de marzo la empresa Explanan S.A.S. se reunirá con las comunidades indígenas para intentar llegar a acuerdos nuevamente. Mientras tanto, desde el lunes 6 de marzo estarán trabajando a media marcha con el personal que quedó. En el ambiente queda la duda de si la empresa dejará la obra o no, qué va a pasar con los compromisos y si, nuevamente, se retrasará la entrega de la carretera que llevan esperando por más de una década. Por ahora, el Invías aseguró que los diferentes contratos que están en ejecución en la zona tienen prevista su culminación para el segundo semestre del presente año.
El Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno Nacional el pasado seis de febrero incluye una de las propuestas que más ha sonado desde su posesión: incorporar a las Organizaciones de Acción Comunal en la contratación pública. Aunque esta propuesta no es nueva, pues desde el 2012 una ley autorizó a las gobernaciones y alcaldías contratar con las juntas, es la primera vez que se abandera de esta forma desde el gobierno.
El primer anuncio lo hizo a través de su cuenta de twitter el 12 de julio de 2022. “Las vías terciarias de Colombia, las que llevan a la vereda campesina serán contratadas con las Juntas de Acción Comunal campesinas”, publicó en su cuenta sin más detalles No fue sino hasta el 26 de febrero, durante los diálogos comunales en Duitama, que aseguró que el gobierno daría alrededor de dos billones de pesos para contratar con las Juntas de Acción Comunal del país en la construcción de vías terciarias, que representan el 69 por ciento del total de carreteras del país.
“Con el fin de avanzar en la construcción de obras, satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos de construcción de vías mediante la suscripción de convenios solidarios con las organizaciones de acción comunal. Estas obras mejorarán la conectividad de las personas, generarán empleo y servirán como una herramienta de fortalecimiento de las capacidades comunitarias ", resaltan las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
El segundo anuncio fue el 29 de octubre en Barranquilla, durante los Dialogos Regionales Vinculantes para la política contra el hambre. Allí propuso, a través de las Juntas de Acción Comunal, llevar comida a los barrios más pobres del Caribe. “No vamos a contratar pulpos empresariales, vamos a contratar directamente a las Juntas de Acción Comunal en los barrios pobres a quienes les entregaremos un dinero mensual para organizar a las mujeres del barrio y se pueda dar un desayuno, almuerzo y cena al día”, señaló el mandatario.
El tercer anuncio ha sido uno de los más polémicos. El 16 de febrero de 2023, en Cúcuta, Petro planteó que las Juntas de Acción Comunal sean las encargadas de llevar las redes de fibra óptica a las regiones y barrios para mejorar la conectividad. Sugirió organizar a las comunidades, e integrar a la juventud, en cada barrio donde no llegan operadores como Claro o Movistar, para que sean ellos quienes gestionen sus propias conexiones. Además propuso que sean los presidentes de las juntas quienes contraten energías limpias para reducir los costos de energía eléctrica, implementando elementos como los paneles solares.
Estas propuestas han calado en distintas comunidades de La Guajira que ven en el gobierno un discurso contra las desigualdades. En Consonante hablamos con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas La Unión, El Confuso, El Trigo, Pondores, el corregimiento de Sitio Nuevo y el barrio 12 de Octubre, de Fonseca, para saber qué opinan sobre estos anuncios y qué necesitarían para cumplir las nuevas funciones de contratación
Los beneficios
Los y las presidentas de las Juntas de Acción Comunal ven positivamente las propuestas. Aseguran que son ellos quienes conocen las necesidades de sus comunidades y por eso pueden responder más acorde: “Yo diría que es mejor porque ya tú conoces la problemática que tiene tu comunidad y ya tú sabes dónde puedes ir a gestionar directamente, no como ahora que le toca a uno es llegar a tocar puertas”, cuenta Noira Argote, presidenta de la JAC de El Trigo. Estos son los beneficios que resaltaron:
Los retos
En su discurso el presidente Petro aún no deja claro cuál será la ruta de acción para que las Juntas de Acción Comunal puedan ejecutar estas propuestas, ni el alcance que tendrían. Aunque tienen la disposición, los presidentes piden capacitaciones en contratación pública y apoyo de las diferentes entidades del Estado para agilizar su constitución legal.
Lo que sigue:
Mientras los presidentes esperan más claridad del gobierno, 40 líderes y lideresas de la zona urbana y rural del municipio se están capacitando desde el 10 de febrero a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El taller cuenta con 10 jornadas en el que los presidentes aprenderán los procesos de contratación de sus propias obras y elaboración de proyectos.
Los dueños de los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados de La Guajira tienen pocas opciones para seguir con su trabajo este nuevo año lectivo. Aunque los y las estudiantes iniciaron clases el 6 de febrero, y el contrato con el operador estaba “listo” desde diciembre de 2022, no han podido empezar a trabajar porque la mayoría de vehículos son “muy antiguos". Ante esto, es el Ministerio de Transporte en Bogotá quien tiene en sus manos la decisión final: prorrogar, o no, el plazo para que los dueños cambien sus vehículos por modelos más nuevos.
Sea cual sea la decisión del Ministerio, la inversión que tienen que hacer los transportadores es alta. Sí la resolución es prorrogada, para que la Unión Temporal Caribe los contrate deben tener todos los documentos al día, así como tener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas. Si no es ampliada, tienen que comprar un carro de modelo más actual, una opción que los líderes indígenas ven imposible. Estas son las cuentas:
Los gastos para obtener el contrato
Según la ley, una parte de los carros y busetas que transportan a los y las estudiantes, deben pertenecer a la población del área de influencia donde se prestará el servicio, esto para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local. Año tras año, en los resguardos indígenas, los dueños de las ‘copetrans’, deben invertir en varios documentos que son requisito para ser contratados como transportadores.
Víctor Fernando Epiayu Molero, gobernador de cabildo del resguardo indígena Trupio Gacho, en La Meseta, Barrancas, ofrece su vehículo para el transporte escolar desde el año pasado: una Toyota Copetran 4.5, full equipo, modelo 2004, de placa venezolana. Víctor transporta normalmente a 16 alumnos desde La Meseta a las Instituciones Educativas Eloy Hernández, Montea Albernia y Pablo VI. Cuatro kilómetros por recorrido, ocho kilómetros ida y vuelta.
Para que lo contraten el carro de Víctor tiene que pasar la revisión técnico mecánica, pagar el seguro y tener los impuestos al día, una cuenta que da, aproximadamente: 1’ 700 000 pesos.
Además de estos documentos, el carro de Víctor tiene que estar en perfectas condiciones mecánicas, por lo que aproximadamente cada tres meses debe hacer inversiones de mantenimiento que cuestan aproximadamente $750 000.
Y cada dos años debe realizar el cambio de llantas que puede costar en promedio $3’ 200 000. Adicionalmente, cuando el carro ya está transportando niños y niñas, debe pagar la gasolina, que según sus cuentas son $320 000 semanalmente, $1 100 000 al mes.
Como Víctor, muchos conductores hicieron esta inversión para estar listos para la contratación, antes de saber que posiblemente no podrían trabajar este año con su vehículo. Ángel Estelló, gobernador del cabildo de Rodeito El Pozo en Hatonuevo, cuenta que el año pasado el entonces director territorial del Ministerio de Transporte, Arcece González; y el secretario de Gobierno encargado del departamento, Javier Ripoll, les dijeron que habían aprobado una prórroga de la resolución 3018, por lo que tenían más tiempo para renovar sus vehículos. Sin embargo, apenas hace dos semanas la Secretaría de Educación expidió una circular en la que les notificaba que finalmente sus vehículos no podrían usarse para el servicio.
“A ellos (los dueños de los vehículos) los mandan a actualizar documentos, a comprar pólizas, hasta el Soat, tecnomecánica, generan un gasto y después de que se actualizan documentos vienen y dicen que esos vehículos no pueden ser porque tienen que ser mínimo del 2006”, asegura Estelló.
A 20 minutos de Barrancas, en Hatonuevo, José Carlos, alquila su Toyota Copetran modelo 2007, de placas colombianas, en el resguardo indígena de Lomamato. El carro de José Carlos cubre la ruta de Guaimarito-Guamachito desde hace tres años. Aunque los requisitos son los mismos, asegura que varios de sus gastos, por ser carro colombiano y otros factores, son más altos.
Gastos documentos
Gastos de mantenimiento:
Para combustible, según sus cuentas, gasta seis galones de gasolina al día, es decir $60 000. Al mes calcula $1 500 000. Además, un cambio de llantas, cada dos años, le puede costar $3’ 600 000.
El dinero para invertir no es fácil de conseguir, en muchos casos el contrato de transporte escolar es su único ingreso, y con tantos problemas en la contratación, difícilmente reciben pago en el primer trimestre del año. “La empresa debió habernos facilitado préstamos para la inversión, que lo descontaran después, porque si no hemos trabajado de dónde vamos a sacar el dinero”, explica José Carlos.
La plata no alcanza para comprar un nuevo vehículo
Si el Ministerio de Transporte no amplía el plazo de la resolución 3018, los dueños de los vehículos que sean de modelos más antigüos al 2006 y quieran seguir prestando el servicio de transporte escolar, tendrían que comprar un carro nuevo, una opción que no ven posible.
“En estos momentos no hay ningún Wayúu que pueda acceder a un carro de esos”
Víctor Fernando Epiayú Molero, Gobernador de cabildo
Según los transportadores, una ‘copetran’ modelo más nuevo cuesta entre 150 y 190 millones de pesos. Lo ideal sería comprar una de últimos modelos para que no tengan que renovar nuevamente en poco tiempo. “Un carro como el mío (modelo 2007) vale 110 millones de pesos, uno venezolano, que es más barato porque solo puede circular en el departamento de La Guajira, está valorado en 70 millones de pesos. Y ya un carro modelo 2012, o 2014 está saliendo entre 150 y 180 millones de pesos”, dice Jose Carlos.
La única opción para comprar un carro de este valor es pedir un préstamo, una posibilidad que no ven viable. “No estamos en condiciones nosotros como Wayuú de buscar unos préstamos al banco para comprar un vehículo de casi 200 millones de pesos”, confiesa Víctor. Además de la dificultad para que un banco les preste el dinero, el sueldo como transportadores no les alcanza para su sostenimiento y el pago del préstamo.
Por el alquiler de su vehículo, Víctor, José Carlos y cualquier transportista contratado en La Guajira recibe 220 000 el día trabajado. Si no hay festivos, o paros en las vías, trabajan en promedio 22 días al mes. Si no, en promedio 18 días. En el mejor de los casos, al mes reciben $4’ 840.000. A esto deben restarle la gasolina y los otros gastos de mantenimiento que mencionamos arriba. “El que se ponga a buscar un préstamo para pagarlo con este trabajo, eso no le va a alcanzar. Este trabajo no da para mucho”, comenta Jose Carlos.
Otra de las razones por las que prestar el dinero no es una opción, es que los transportadores consideran que el trabajo no es estable. Cada año lo inician con la incertidumbre de saber si serán contratados nuevamente. “Uno cómo va a buscar un préstamo si no está segura la contratación para el año siguiente”, agrega Jose Carlos. Además, el servicio no suele empezar con el inicio del año escolar, nunca hay una fecha definida que realmente se cumpla.
Lo que sigue
La semana pasada la secretaría territorial del Ministerio de Transporte, junto a los líderes indígenas, propusieron a todos los alcaldes del departamento firmar una carta para solicitar la prórroga de la ley 3018 y enviarla a Bogotá. A última hora, y después de varias negativas de algunos mandatarios que no quisieron dar respuesta, la mayoría firmaron la solicitud. Hasta la fecha el Ministerio no ha entregado una respuesta.
El viernes 24 de febrero varias comunidades indígenas convocaron al Secretario Departamental, la representante legal de la Unión Temporal Caribe y los secretarios de cada uno de los municipios a una reunión el resguardo Rodeito El Pozo para revisar un plan de respuesta ante la falta de respuesta del Ministerio.
Mientras tanto, 7968 estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira siguen sorteando toda clase de obstáculos para poder llegar al colegio. Hoy se cumplen 15 días del nuevo año escolar sin servicio de transporte.
Dalia Pacheco, de 52 años, lleva ocho años viviendo en la manzana número 15 de la urbanización Villa Hermosa, al oeste de Fonseca. Para tener agua en su casa, compra canecas de agua al menos tres veces a la semana en el centro de Fonseca. Se transporta en motocarro y en la diligencia se gasta al menos 16 mil pesos. Al mes, en promedio, se le van unos 240 mil pesos para tener agua para tomar, cocinar o hasta bañarse.
Si está de suerte, Dalia logra recibir agua del acueducto durante una hora cada día, pero poco puede hacer con ella. El agua suele ser salada, turbia o llegar con olor a alcantarilla. Solo la usa para los quehaceres de la casa: “Es para lo único que sirve”, asegura. Por este servicio, mensualmente paga 13 500 pesos.
En Villa Hermosa viven 718 familias, y la mayoría es víctima del conflicto armado. Las casas de interés social de la urbanización nunca han estado conectadas al acueducto municipal de Fonseca. El proyecto fue construido hace nueve años y tiene su propio sistema de acueducto de pozos subterráneos para llevar agua a sus 3 500 habitantes, un agua que según denuncian, es de mala calidad.
El acueducto del barrio es administrado por Veolia, actual operadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Fonseca. A pesar de las constantes quejas de los habitantes, desde la empresa aseguran que en los dos años que llevan administrando el servicio solamente han recibido una queja por el olor del agua. “Solo era una calle en la que se presentaba un rebose de una alcantarilla y presuntamente pudo haber un cruce de aguas, el cual fue atendido de forma inmediata, pero no es nada del otro mundo”, dice Luis Baloco, ingeniero de la compañía.
Pero varios líderes del barrio contradicen la versión de la empresa. "Llevamos años luchando para que se nos conecte el servicio de acueducto a las redes municipales ya que esta agua, que nos toca recibir media hora cada dos días, está contaminada y tiene olores fétidos. No sirve ni para preparar alimentos, ni mucho menos para el consumo humano", sostiene Avelino Solano Solano, presidente de Junta de Acción Comunal.
Además de la mala calidad del agua, la presión es baja, por lo que para poder recolectarla los habitantes deben usar turbinas, lo que aumenta el costo del servicio de luz. “Por ejemplo en mi manzana llega a las dos y media de la tarde y a las tres de la tarde se va. Media hora de agua y si no coloco la turbina no puedo recoger ni una gota”, cuenta Avelino. A esto se suma el costo de desplazamiento a otros barrios para comprar agua. La gente asegura que la plata no les alcanza.
Brotes en la piel y problemas estomacales
Dalia reconoce que no todas las personas de Villa Hermosa pueden comprar agua. Muchos tienen que usar la que viene de los pozos. Esto les ha causado brotes en la piel y hasta diarrea. “El agua no es apta para el uso en el hogar, ya no podemos seguir enfermándonos, no es justo que no podamos recibir el servicio del acueducto municipal”, asegura Enelis Vega, líder de la Urbanización.
“A mi nieto le salían sarpullidos cada vez que se bañaba con esa agua"
Enelis Vega, líder de la urbanización
Enelis cuenta que a su nieto le salieron hongos en la piel y tuvo que llevarlo a recibir atención médica. “Le salían sarpullidos cada vez que se bañaba con esa agua, tuve que ir a buscar a otros barrios para tener agua para el uso doméstico”.
Los constantes problemas de salud que han sufrido ha llevado a qua muchos desconfíen del sistema. “La alberca está a nivel del suelo y muchas veces se han encontrado toallas sanitarias y pañales desechables, porque está destapada. Si llenas un recipiente con esa agua a los cuatro días está baboso. A muchos les da erosión en la piel”, dice Delis Sardo, habitante del barrio.
"Por eso exigimos a la empresa Veolia que tome cartas en el asunto, porque no aguantamos vivir esta situación un día más, no conforme con eso es un servicio con tarifas muy altas razón por que la gente no quiere pagar esa plata", afirma Avelino.
Por la operación del acueducto, Veolia cobra una tarifa estimada: “Lastimosamente no hemos podido instalar un equipo de medición. Estimamos un consumo de acuerdo al que tienen otros usuarios en condiciones similares”, explica el ingeniero Baloco. Los precios varían, a Dalia la factura le llega normalmente por 13 500 pesos; a Omaira Villa, otra habitante del barrio, por 20 mil pesos; a Zeuris Barranco por 24 mil. En los últimos meses, confiesan, son pocas las personas que pagan la factura, aseguran que no son coherentes con el servicio.
Un acueducto insuficiente
En 2014, cuando el Ministerio de Vivienda entregó la obra, el acueducto era responsabilidad de la empresa Aguas de La Guajira S.A.S.E.S.P, que desde el 24 de marzo de 2021 cedió el contrato a Veolia. Aunque desde su construcción la urbanización no pudo abastecerse del sistema urbano, a Delia, por ejemplo, nunca le dijeron eso cuando le entregaron la casa.
La urbanización Villa Hermosa tiene un “sistema de pozo profundo que tiene un sistema de captación superficial”, explica el ingeniero Baloco. Es decir, una bomba superficial extrae el agua con una velocidad de tres litros por segundo. De allí el agua es distribuida a unos tanques en los que pasa por un proceso de desinfección, que aseguran “es lo único que necesita”. Luego, el personal de la empresa desinfecta el agua con hipoclorito de sodio o de calcio. Finalmente, el agua es bombeada nuevamente y se distribuye a las viviendas. Veolia asegura que el agua es potable y es apta para el consumo humano.
Frente a las quejas de la intermitencia del servicio, Veolia asegura que la comunidad desperdicia el agua y por eso no es posible prestar el servicio por más de una hora al día. “Es un pozo que tiene un caudal bajo y por eso funciona en las condiciones actuales de operación. Es decir, una hora al día, todos los días" cuenta el ingeniero. “La gente desperdicia mucho el agua por lo que la demanda que requiere la población es mucho mayor a la que teóricamente debe ser”, agrega.
Por su parte, el sistema de acueducto de Fonseca funciona por gravedad a presión, por lo que no cuenta con estaciones de bombeo de agua potable. El agua que llega al casco urbano viene de la planta ‘Metesusto’, una línea de alimentación que tiene varias fugas de agua, por lo que en el camino se pierde presión del líquido. Esto hace que en algunos barrios sea intermitente el servicio y que aunque a Villa Hermosa los conectaran, no llegaría el agua.
“Yo estuve en esa zona cuando se estaban instalando la redes para el agua y las tuberías quedaron muy profundas, si se conecta a las redes municipales no se va a solucionar el problema de fondo: la línea de alimentación de agua que abastece al municipio de Fonseca es muy obsoleta, hay muchas fugas y se pierde presión del líquido siendo esta la razón principal por lo que se agudiza el problema en muchos barrios como el 12 de Octubre, Cristo Rey, El Retiro Nueva Esperanza, Brisas del Ranchería y Villa Jardín”, explica Luis Fernando Peñaranda Palacio exconcejal, y quien por año fue operario del acueducto municipal.
Marla Zuñiga, secretaria de Planeación de Fonseca, reconoce los problemas de los habitantes, pero asegura que la Alcaldía nunca ha recibido una “solicitud formal” para conectar a Villa Hermosa al acueducto municipal. “De manera oficial no hemos recibido requerimiento por parte de la comunidad, cuando te digo oficial es escrito y formal”, dice para dar a entender por qué no han solucionado el problema.
Zuñiga asegura que en los próximos meses se iniciará en el municipio el proyecto de Guajira Azul, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se planteó optimizar la red de acueducto del casco urbano. El proyecto, por un valor de 50 mil millones de pesos, contempla también que Villa Hermosa quede dentro del acueducto del casco urbano. Con esto se pretenden solucionar también las deficiencias en los otros barrios.
La Secretaria no explicó cuánto tiempo podría tardar que esto suceda, pero a la comunidad le preocupa que este proyecto está planteado desde 2019, y aunque estaba planeado que las obras empezaran en junio del 2020, aún no se ha puesto la primera piedra.
La espera continúa
El 7 de febrero la junta de acción comunal de Villa Hermosa convocó una reunión con la empresa Veolia y representantes de la administración municipal para buscar una solución pronta al problema. Eder Hugues Peñaranda, secretario de Gobierno municipal,, le pidió a Veolia hacer el trámite correspondiente para la conexión de las redes al acueducto municipal. “El acuerdo fue que se iban a hacer unas pruebas con el acueducto de Fonseca, colocar el agua del acueducto y hacer unas pruebas a ver si el servicio llega”, dice Avelino Solano. Pero no es suficiente.
Hoy, poco más de una semana después, el agua del acueducto de Fonseca no ha podido llegar a muchos hogares como se tenía previsto, por lo que siguen bombeando agua de los pozos. Por ahora, los habitantes de Villa Hermosa no tienen muchas opciones.
“Mire: aquí se llevaron a mi sobrino, a estos jóvenes, ellos estaban pastoreando. Los convencieron de que se fueran y se fueron con ellos”. Esta frase se la han dicho más de una vez a Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada, en una especie de confesión que pocas veces alcanza a ser denuncia. Entre los vecinos se escuchan decenas de historias similares y aunque la institucionalidad no tiene registro, lo cierto es que en La Guajira, el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es cada vez más alto.
De enero a junio de 2022 la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) registró 42 eventos que afectaron por lo menos a 85 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Si bien para ese año no se pudieron comprobar casos de reclutamiento para el caso específico de La Guajira, varias organizaciones sociales han lanzado alertas sobre este delito ante el movimiento y expansión de los grupos armados en el departamento.
“En el 2021 pudimos verificar en La Guajira un evento relacionado a reclutamiento. Para 2022 no se logró identificar eventos, pero la información que nos llegaba era ‘hay riesgo de reclutamiento, a los chicos y se los están llevando, les están pagando para que se vayan’. Se les ofrecía entre un millón y un millón doscientos para que hicieran parte de las Agc pero esa información no fue verificable”, cuenta Julia Castellanos Medina, integrante de la secretaría Técnica de Coalico.
"Hay riesgo de reclutamiento, a los chicos y se los están llevando, les están pagando para que se vayan. Se les ofrecía entre un millón y un millón doscientos para que hicieran parte de las Agc pero esa información no fue verificable"
Julia Castellanos Medina, integrante de la secretaría Técnica de Coalico.
En Maicao, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana desde el 2019 por reclutamiento forzado y/o uso o utilización de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de economías ilegales como el contrabando de gasolina, el tráfico de armas, narcotráfico y microtráfico. Los responsables serían el Eln y los grupos de delincuencia organizada transnacional como los ‘Pranes’ de Venezuela.
“El Eln, como estrategia para el reclutamiento forzado de adolescentes, indígenas y venezolanos se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población, por lo que ofrece dinero para quienes hagan parte de sus filas o actúen como informantes. Los valores ofrecidos oscilan entre los $500.000 pesos colombianos hasta los $3.000.000 de pesos, hechos que se han venido presentando en los corregimientos de Paraguachón y La Majayura”, asegura el documento.
"El Eln, como estrategia para el reclutamiento forzado de adolescentes, indígenas y venezolanos se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población"
Defensoría del pueblo
Organizaciones sociales como la Corporación Social y Cultural Manos a la Paz (Mapaz) de Fonseca, trabajan por crear escenarios de esparcimiento y ayudar a que los niños, niñas y adolescentes crezcan en lugares sanos. “Queremos mejorar su calidad de vida llevándoles jornadas culturales, artísticas, de salud mental y apoyo psicosocial en ocasiones articular con las entidades encargadas”, comenta Eimer Ariño, director de Mapaz.
La organización ha beneficiado a cerca de 40 jóvenes, niños y niñas en las veredas de Conejo y El Confuso. “Podemos ver que hay niños en La Guajira que se están muriendo de hambre, se les vulnera el derecho a la salud, a la educación y viendo todas esas necesidades comunitarias nació esta idea de constituirnos como corporación”, agrega Ariño.
Mapaz realizará un evento este domingo 12 de febrero, para conmemorar el “Día Internacional en contra del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados ilegales”, en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, La Guajira.
Los riesgos
A pesar de que no hay denuncias formales, en el departamento los grupos armados han creado varias estrategias para el reclutamiento de menores. En el Norte de La Guajira, por ejemplo, los niños que son reclutados ya no abandonan necesariamente su casa o su escuela, sino que hacen “tareas esporádicas” con las que su vida termina controlada por los actores armados. “Al actor armado en sus estrategias de reacomodación le sale más barato no tener el niño dentro de las filas y tener que pagar su manutención, sino más fácil darle a la familia un dinero: 50 000, 30 000, 40 000 pesos mensuales como ayuda para mantener al niño en la estructura y que el niño haga todo lo que él designe y en el momento que designe”, explica Castellanos. Entre las tareas está el tráfico de estupefacientes, entregar información, llevar armas, y/o movilizar a otros niños y niñas para que entren a la estructura.
"Al actor armado en sus estrategias de reacomodación le sale más barato no tener el niño dentro de las filas y tener que pagar su manutención, sino más fácil darle a la familia un dinero: 50 000, 30 000, 40 000 pesos mensuales como ayuda para mantener al niño en la estructura y que el niño haga todo lo que él designe y en el momento que designe"
JULIA CASTELLANOS MEDINA, INTEGRANTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COALICO.
Según el Informe Final de La Comisión de la Verdad, los factores de riesgo de reclutamiento persisten en el país. Entre ellos están: las condiciones de precariedad en las que viven los niños y las pocas opciones para desarrollar sus capacidades; la presencia de grupos armados que controlan y definen las dinámicas de los territorios; la negligencia o imposibilidad de las familias y la sociedad de protegerlos, y la indiferencia del Estado para prevenir la violencia que los afecta.
En La Guajira, según Coalico, la situación se agrava por estos factores:
Con la oleada migratoria que recibió el departamento, llegaron también estructuras armadas que establecen dinámicas muy fuertes en la región, sobre todo por la disputa del territorio con las estructuras armadas que ya existían. En la búsqueda de engrosar sus filas y capacidad de reacción, se genera un riesgo para los niños, niñas y adolescentes.
Además, el observatorio aseguró que los cierres iniciales de frontera incrementaron las situaciones de riesgo para los niños que entraban y salían del país por trochas y sin acompañamiento.
La Guajira es uno de los focos de estructuras armadas “post- desmovilización paramilitar”. Son estructuras que tienen una línea directa con el paramilitarismo y que tienen nexos directos con el narcotráfico, además controlan la frontera. “Hay una presencia muy fuerte de estas estructuras armadas locales, que además mutan constantemente de nombre, lo que hace que sea aún más difícil su identificación en la participación de eventos”, cuenta Castellanos.
La organización ha identificado que dentro de las dinámicas que han utilizado el Eln y las Agc es su entrada y salida constante de los departamentos, dejando una sensación de inseguridad entre las comunidades y así poder ejercer mayor control. “Esto genera una tensa calma permanente porque hay amenazas muy fuertes y luego hay un momento de letargo o de quietud con el ánimo de manejar rutas de narcotráfico”, agrega.
Aunque a la organización llega información de casos de explotación sexual y violencia sexual contra niñas menores de 18 años y menores de 14 años asociados a temas de reclutamiento, la verificación de estos hechos es compleja por la falta de información.
En primer lugar las víctimas o sus familias no denuncian porque conviven directamente con el actor armado, lo que implica riesgos para su integridad.
En el departamento, particularmente las comunidades wayuu de la Alta Guajira, terminan aceptando las dinámicas de control por parte de los grupos armados. Esto por la cultura patriarcal machista o las condiciones socioeconómicas que les hacen creer que dentro de estos grupos armados tendrán una mejor calidad de vida. “Se naturalizan cosas como ‘por algo sería’ o ‘mejor que se lo lleven para allá’ o ‘así va a aprender a ser hombre”, cuenta la investigadora Castellanos.
¿Cómo prevenirlo?
El Informe Final de la Comisión de la verdad recoge varias recomendaciones para enfrentar el uso de menores en el conflicto. Estas son algunas:
Los y las estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira iniciaron las clases el 6 de febrero igual que como terminaron el año pasado: sin transporte escolar. A pesar de que la secretaría de Educación departamental firmó el contrato en diciembre del año pasado por más de 18 mil millones de pesos con la Unión Temporal del Caribe y todo parecía estar listo para el nuevo año escolar, el comienzo del servicio se retrasó y apenas la semana pasada salió a la luz pública el obstáculo: una serie de requisitos técnicos por los que los vehículos que tienen los transportadores de la zona no podrían ser utilizados por el contratista.
Los vehículos serían demasiado antiguos
Según la ley, una parte de los carros y busetas que prestan el servicio de transporte escolar deben pertenecer a la población del área de influencia donde se prestará el servicio para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local. El problema es que muchos de los vehículos que tienen los transportadores, quienes en su mayoría pertenecen a comunidades étnicas, no cumplen con las condiciones técnicas que exige el Ministerio de Transporte.
Según la resolución 3018 del 4 de agosto de 2017 que expidió el Mintransporte los vehículos antiguos , los vehículos debían ser sustituidos por modelos más nuevos con plazo máximo hasta el 1 de enero de 2024. Esta transición se planteó bajo el siguiente esquema: los modelos 1986 y anteriores deberán ser reemplazados por vehículos modelo 2006 o posterior a más tardar el primero de enero de 2020. Los vehículos modelo 1987 a 1992 deberán ser reemplazados por vehículos modelo 2007 o posterior a más tardar el primero de enero de 2021. Los modelos 1992 a 1998, por modelos 2008 o posterior a más tardar el primero de enero de 2022. Los modelos 1999 a 2005 por modelo 2009 o posterior a más tardar el primero de enero de 2023. Los modelos 2006 y posteriores por modelos 2010 o posteriores a más tardar el primero de enero de 2024.
Sin embargo Ángel Estelló, gobernador del cabildo de Rodeito El Pozo en Hatonuevo, cuenta que el año pasado el entonces director territorial del Ministerio de Transporte, Arcece González y el secretario de Gobierno encargado del departamento, Javier Ripoll, les dijeron que habían aprobado una prórroga de la resolución 3018, por lo que tenían más tiempo para renovar sus vehículos. “Hicimos mesas de trabajo, firmamos y radicamos en Uribia el documento de la solicitud de la prórroga y se la llevó el secretario de Gobierno que estaba en el departamento. Luego nos notificaron que nos habían aprobado dos años más para la circulación de esos vehículos que están en cada uno de los territorios”, cuenta Estelló.
Estelló, quién ha liderado las mesas de trabajo para la reanudación del servicio, afirma que apenas el viernes de la semana pasada la Secretaría de Educación expidió una circular en la que les notificaba que finalmente sus vehículos no podrían usarse para el servicio. “A ellos (los dueños de los vehículos) los mandan actualizar documentos, a comprar pólizas, hasta el Soat, tecnomecánica, generan un gasto y después de que se actualizan documentos vienen y dicen que esos vehículos no pueden ser porque tienen que ser mínimo del 2006”, asegura.
En Rodeito El Pozo hay, por ejemplo, ocho vehículos cuyos modelos oscilan entre 2002, 2003 y 2004. Según las condiciones del Ministerio de Transporte ninguno de estos podría prestar el servicio este año. “Si ellos sabían que esto iba a pasar tenían que notificarnos para haber hecho esa socialización en cada uno de los territorios resguardados y no resguardados en el sur de La Guajira y poder iniciar el servicio normalmente”, dice el gobernador.
El secretario de Educación se lava las manos
En una entrevista emitida en la emisora Cardenal Estéreo el miércoles 8 de febrero, el secretario de Educación Adaulfo Manjarrés optó por culpar a las comunidades indígenas por el retraso del transporte escolar: “Ellos exigen que los vehículos que presten el servicio sean de ellos mismos, pero los que tienen no cumplen con las características mecánicas conforme a la resolución 3018 de 2017”, aseguró.
A pesar de que Manjarrés tiene a su cargo la contratación del servicio, el Secretario insiste en que la Gobernación no tiene nada que hacer. “Ellos mismos están obstaculizando el inicio del contrato y nosotros aquí no tenemos nada que hacer”, agregó el funcionario que asumió funciones el 20 de octubre del año pasado. Según la Secretaría, la Unión Temporal del Caribe habría notificado el inconveniente por el que no ha dado cumplimiento al contrato. Sin embargo, no precisan cuándo se dio el aviso.
Las declaraciones del Secretario generan desconcierto entre los líderes indígenas, quienes afirman que Manjarrés asume una actitud constructiva en reuniones internas y luego los señala públicamente. “Después de una mesa de trabajo que tuvimos ayer dice en los medios de comunicación que el transporte escolar en La Guajira no ha iniciado por culpa de las autoridades tradicionales y eso es totalmente falso. Ellos han generado aquí conflicto interno, porque si desde un principio hubiesen dicho que no se había prolongado la resolución 3018, que se tenían que buscar vehículos nuevos, pues nosotros habríamos tomado una decisión”, puntualiza Estelló.
Hasta el momento no queda claro por qué si desde la Secretaría tenían el inventario de los vehículos que han prestado el servicio por tantos años, solo notificaron a los transportadores hasta el viernes 3 de febrero, tres días antes de iniciar las clases. Los líderes indígenas aseguran que esta dependencia de la Gobernación conoce desde hace mucho tiempo los modelos de los vehículos que no cumplen los requisitos del Mintransporte.
¿Por qué apenas se encontró que los vehículos no son aptos según la resolución 3018 de 2017. Esta pregunta fue enviada por Consonante a la oficina de comunicaciones de la Gobernación. “La verdad en este momento no tenemos respuesta, el tema se está analizando y discutiendo con las comunidades indígenas y los operadores del servicio”, respondieron desde la oficina de Comunicaciones de la secretaría de Educación departamental*.
Qué dicen las familias de las y los estudiantes afectados:
En medio de este enredo se encuentran los 7968 estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira que necesitan el servicio de transporte escolar para llegar a clases. Al igual que registramos el año pasado en Consonante, muchos caminan largas distancias para ir a la escuela, han sido víctimas de la inseguridad y, en algunos casos, han optado por abandonar el colegio.
Para protestar por la falta del servicio, el miércoles 8 de febrero las comunidades indígenas bloquearon en el sector de Alto Pino, en Manaure, La Guajira.
Las soluciones que proponen ambas partes
Desde la Secretaría de Educación y la Unión Temporal Caribe han propuesto que el servicio lo presten “vehículos de afuera”. Esta solución, además de que afectaría la economía de los dueños de los vehículos y sus familias, ha sido problemática en el pasado.
“Una vez sucedió que trajeron vehículos de afuera y los conductores no quisieron penetrar hasta la comunidad por la dificultad en las vías de acceso. Tuvimos muchas dificultades y hasta agresiones porque los conductores querían dejar a los niños hasta donde ellos podían entrar, pero no hasta el punto real donde tenía que ir”, confiesa Ángel Estelló.
Por otro lado, comprar un vehículo nuevo está por fuera de las posibilidades de muchos de los conductores. “Salir ahora a buscar un vehículo con las condiciones que se están exigiendo sale muy costoso, este tipo de vehículos, camionetas y camperos, son para zona rural, trochas. Además comprar un vehículo nuevo de este tipo para meter en trochas también es correr un riesgo de que lleguen los ladrones y le quiten el vehículo a uno. Estamos esperando que la empresa nos notifique cuál es el paso siguiente para ver de qué manera podemos trabajar”, cuenta Yesney Tarifa, conductor del servicio de transporte escolar en la zona rural de Fonseca.
Por su parte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT y la Secretaría de Educación Departamental solicitaron esta semana al Ministerio de Transporte la ampliación del periodo transitorio para prestar el servicio escolar bajo la supervisión técnica de la DATT Guajira. Además, se acordó en una comisión que se reunió el 7 de febrero que representantes de las comunidades indígenas y la institucionalidad del departamento visitarán las instalaciones del Ministerio de Transporte en Bogotá para dar celeridad a la prórroga.
Lo que sigue
Los líderes indígenas solicitan la visita del ministro de Transporte Guillermo Reyes y del ministro de Educación Alejandro Gaviria a La Guajira para llegar a acuerdos y así poder reanudar el servicio lo más pronto posible.
Mientras tanto, los rectores de varias instituciones del sur de La Guajira siguen esperando la contratación de más docentes, solucionar la prestación del servicio de aseo y vigilancia, mejorar la infraestructura de los colegios y atender los problemas de rendimiento académico.
*Consonante contactó a Adaulfo Manjarrés, secretario de Educación departamental, en varias ocasiones antes de la publicación de esta noticia, pero Manjarrés no respondió la solicitud.
Cerca de 1400 estudiantes de las dos Instituciones Educativas de El Carmen de Atrato y sus sedes rurales llevan más de dos semanas sin recibir el desayuno o el almuerzo que garantiza el Programa de Alimentación Escolar. Las clases iniciaron el 16 de enero, pero los colegios no han podido prestar el servicio porque la Alcaldía no ha firmado el contrato con un operador especializado.
La situación tiene preocupada a docentes, rectores, padres y madres de familia, que aseguran que el rendimiento académico no es el mismo. “Algunos menores vienen de sus casa sin desayunar y llegan aquí y su desempeño académico se ve muy afectado por la falta de alimentación”, cuenta Aura Tatiana Valencia, docente orientadora de la Institución Educativa Corazón de María.
Además del impacto en el rendimiento académico, el bolsillo de madres y padres no está dando abasto. Monica Patricia Pérez es madre de cuatro niños que estudian en la IE Corazón de María y cuenta que en estas tres semanas ha sido difícil sacar el dinero para la alimentación de los cuatro. “Yo tengo ya niños que sufren de gastritis, los tengo en tratamiento en Medellín, entonces es aún más grave. Todas las semanas dicen que el servicio iniciará la próxima semana, pero no pasa nada más”, puntualiza.
Dora López, madre de Maria Clara Ríos, estudiante de grado octavo en el Liceo Marco Fidel Suárez, cuenta que los mismos niños se han dado cuenta de la dificultad que pasan algunos de sus compañeros: “Mi hija gracias a Dios tiene cómo, pero me cuenta que hay compañeritos que no llevan casi nada y eso afecta mucho el rendimiento escolar. Ayer me dijo que le había regalado un bonyurt que llevó a una compañerita, me dijo: “Mamá yo le mandé a preguntar que si tenía algo de media mañana a esa hora y me dijo que no”.
El alza de precios agrava la situación, los padres y madres que pueden comprar lonchera para sus hijos están gastando más de lo presupuestado: “Le echo un sándwich, una malta, un yogurth y se le dan todos los días cuatro mil pesos, son 20 mil semanales solo de la mera plata”, recalca Dora López.
¿Por qué no ha empezado a funcionar el PAE?
Aunque los estudiantes volvieron a clase desde el 16 de enero, la Alcaldía aún no ha firmado el contrato para la prestación del servicio y no tienen definido el operador. Aseguran que aunque ya están los recursos, no les han aprobado el plan de alistamiento, que consiste en la aprobación de la minuta patrón (la ración de comida) y la fumigación de las instituciones y los restaurantes escolares.
Boris Peña, secretario de Integración Social, recalca que el retraso es responsabilidad de la Alcaldía, y que el plan de alistamiento debía estar listo antes del inicio de clase. “Me parece muy extraño que el alcalde manifieste que, para iniciar la operación, se requiera la aprobación de la minuta, porque nosotros desde el año pasado les suscribimos los acuerdos de transferencia con vigencia futura para que ellos iniciaran su proceso de contratación a tiempo”, asegura Peña.
Lo que debe hacer cada municipio es enviar la propuesta de ración diferencial a la gobernación para que la aprueben, pero no es un requisito indispensable para que inicien la operación: “Ellos pueden trabajar con la minuta que viene del año inmediatamente anterior hasta que nosotros les hagamos las observaciones de la minuta diferencial, porque eso es un tema flexible, pero hoy ninguna administración municipal puede curarse en el hecho de no tener la minuta aprobada, eso es inaceptable”, cuestiona Peña. “Hoy la única excusa que puede tener un alcalde para no operar es que la Gobernación no le haya hecho el acuerdo de transferencia y convenio, y con todos hicimos eso el año pasado, por eso hay 20 municipios que sí han logrado empezar clase con el servicio”, agrega.
Sin embargo, desde la alcaldía de El Carmen aseguraron a Consonante que uno de los inconvenientes que ha retrasado la contratación es que se le debía dinero del año pasado a los proveedores y manipuladores, y que ese pago apenas se hizo el lunes anterior.
El dinero no es suficiente
En el Chocó hay 30 municipios no certificados, eso quiere decir que es la Gobernación la que maneja el dinero de los servicios educativos complementarios (como el Programa de Alimentación Escolar) en estas ciudades. El departamento recibió para la vigencia de este año 29 593 millones de pesos a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar para este servicio, un dinero que según el secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, no es suficiente. Para aumentar la ración y poder operar todos los días del calendario escolar necesitan, por lo menos, 10 000 millones de pesos más.
“Para la vigencia del año 2022 nos asignaron 24 000 millones de pesos, lo que nos generó dificultades operacionales el año pasado. Lo que requiere realmente el departamento es una cifra mucho mayor para operar los 180 días, y aunque este año aumentó, no alcanza”, explica el secretario de Integración Social.
Después de que el dinero llega a la gobernación, la Secretaría de Integración Social transfiere los recursos a una bolsa común con las alcaldías. De esta forma son los alcaldes quienes deben contratar con esos recursos un operador especializado que preste el servicio de alimentación escolar.
Para la vigencia de 2023 la secretaría firmó convenios y contratos con las alcaldías desde diciembre del año pasado. Para El Carmen de Atrato se firmó un convenio por 184 000 millones de pesos para los primeros 30 días del calendario escolar. Y aunque este trámite se hizo con tiempo, solamente 20 de los 30 municipios empezaron con el servicio el primer día de clase. El Carmen de Atrato no es uno de ellos.
Lo que sigue
Además del pronto inicio de la prestación del servicio, los padres de familia esperan que este año la alimentación sea mejor y alertan que el año pasado también hubo quejas. “A finales del año pasado, aunque estábamos agradecidos por tener la alimentación, el almuerzo era muy poco, muchas veces no les daban carne, era por ejemplo fríjoles con arroz y ya, y la porción era reducida”, cuenta Viviana Villaviejo, madre de familia de dos niños.
Sobre este tema, la secretaría de Integración Social del Chocó aseguró que están en conversaciones para aumentar el valor que desembolsa el Ministerio de Educación y poder mejorar las raciones de comida. “Este mes vamos a adicionar los otros 30 días para que no estemos colgados y esperar la adición que nos haga el Ministerio de Educación para que podamos garantizar por lo menos unos 170 o 160 días de operación este año”, asegura Boris Peña.
Aunque la administración de Jaiberth Ríos aseguró que para este lunes entregarían información sobre la contratación de los operadores, y que están haciendo lo posible para iniciar el servicio de alimentación pronto, entre las instituciones educativas hay poca esperanza de un inicio cercano.
La liquidación de la Cooperativa de Caficultores de los Andes dejó a Fabián Betancur de brazos cruzados. El café que sacaba de sus dos hectáreas ya no tenía dueño seguro y los insumos agrícolas que compraba a buenos precios ya no era fácil conseguirlos. Además, nadie le daba respuesta sobre sus ahorros en la cooperativa que alcanzaban los siete millones de pesos. Fue un momento crítico.
La esperanza llegó cuando en julio del año pasado el punto que ocupaba Cooperandes lo tomó la Cooperativa de Caficultores de Salgar y los campesinos tuvieron quien les asegurara la compra nuevamente. Sin embargo, esta semana y sin avisar, siete meses después de su apertura, la cooperativa cerró las puertas del punto de compra y venta. Ahora Fabián y los otros 220 caficultores del municipio ya no tienen quién les compre el café que producen.
¿Qué pasó con las cooperativas?
En marzo de 2022 la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) ordenó liquidar la Cooperativa de Caficultores de Andes, que tenía una sede en El Carmen de Atrato, por considerarla económicamente inviable. La decisión fue tomada tras dos años del inicio de la intervención de Cooperan por supuestos malos manejos.
“Las ventas de café bajaron de 28 millones de kilos en 2020 a 11 millones en 2021, es decir una disminución de más del 50 por ciento, lo que desarmó todas las proyecciones y los principios de acuerdo que habíamos elaborado con los acreedores”, le dijo en ese momento el interventor Alejandro Revollo al periódico El Colombiano. Sin embargo, para la cooperativa aún hay esperanza: los acreedores tienen dos meses para decidir sí se ajustan algunos intereses de las deudas y se reactiva, de lo contrario la liquidación terminaría en marzo de 2023.
En julio de 2022 llegó la Cooperativa de Caficultores de Salgar para llenar el vacío. En ese momento llamaron a Julián Echeverry para que administrara el punto, hasta enero de este año, cuando se acabó el contrato. “Cuando cerraron la Cooperativa de los Andes nos llamaron y nos ofrecieron el puesto por un contrato de seis meses. Ahora en enero nos dijeron que no nos renovaban el contrato porque no tenían plazas para nosotros, pero no sabemos por qué cerró”, confiesa Echeverry. Sin embargo, cuenta que en el punto atendían a más de 150 personas, pero el local era arrendado y el café era muy poco.
Según un comunicado firmado por el gerente de la cooperativa, Jaime Alexander Henao, el cierre del punto en el municipio fue “acorde a lo establecido en las proyecciones que la Cooperativa de Caficultores de Salgar tenía planteadas para brindar acompañamiento en la región” y aseguraron que pronto informarán sobre la garantía de compra por parte de la institucionalidad cafetera.
¿Qué dicen los caficultores?
Los caficultores del municipio quedaron sorprendidos con el cierre y, otra vez, no saben qué va a pasar con sus cultivos. “A mi no me han dicho nada, no especificaron el motivo. La cooperativa estaba como por contrato y cuando se les acabó el contrato recogieron. Pero no nos dieron ninguna explicación, cuando menos pensamos el muchacho dijo que la iban a recoger”, cuenta Fabián de Jesús Madrid Castañeda, que lleva más de 25 años cultivando café en El Carmen.
Ahora la única opción que tienen Fabián de Jesús, Fabian Betancur y los otros caficultores es ir hasta Ciudad Bolívar, a una hora de El Carmen de Atrato, para poder vender su café pergamino seco. Esto les trae costos extra que terminan haciendo el negocio inviable: en el transporte de la carga y los pasajes se gastan entre 30 000 y 40 000 pesos, además de los gastos en comida.
“Sale muy caro porque toca perder un día, conseguir el transporte y los gastos que hace uno allá. Y si fuéramos a vender un buen volumen no afectaría tanto, pero uno vende muy poquito, entonces no vale la pena"
Fabian Betancur, caficultor de el Carmen de atrato
Y es que en El Carmen de Atrato la caficultura es particular, según explica Diego Alberto Restrepo, extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio. La cosecha es “graneadita”, es decir, no hay meses de grandes cosechas, cada mes los caficultores tienen pequeñas producciones que pueden variar normalmente entre media o una arroba de café según el clima y la cantidad de palos de café. Por eso, cuentan, no se justifica el viaje hasta otro departamento.
“Si a uno le resultara la carguita (125 kilos), o de ahí pa’ arriba, se justifica, pero por aquí sacamos arrobitas, kilitos, entonces mejor nos quedamos aquí en el municipio. La plata uno la necesita, pero no se justifica la ida, toca mandar mandados con los carros que van. Por eso el cierre de la cooperativa nos afectó mucho”, cuenta Fabián de Jesús.
Además de los costos extra para poder vender el café, el cierre de la cooperativa tiene otras implicaciones. La organización también les vendía abonos y otros insumos a precios asequibles y servía de reguladora de precios para la venta: “Cuando uno iba donde un particular y el precio que le pagaban era menor que el de la cooperativa, se podía negociar y ahí el particular no tiene de dónde pegarse, la única forma es que el comprador particular subiera el precio de compra, ahí estaba ganando el cafetero”, dice Restrepo. Ahora, los caficultores están a la merced de los precios que les ofrezcan.
No es el único problema: falta mano de obra y el invierno azota
Las constantes lluvias han dificultado la producción de café. “En este momento no hay mucha producción porque la lluvia no dejó que hubiera una buena floración, y si no hay una buena floración, entonces no hay producción”, explica Restrepo. Cuenta además que llevan dos años en los que el invierno casi no les da tregua. “En noviembre del año pasado un campesino me dijo ‘Diego yo para esta época yo estuviera sacando de diez a siete cargas de café y en este momento no he sacado ni dos’”, agrega.
En el municipio hay aproximadamente 180 hectáreas de café sembradas. Y según la caracterización de la Federación, es una caficultura de pequeños cafeteros con pocas tecnologías, “son muy empíricos”, cuenta Restrepo. Y aunque es poca producción, la mano de obra se queda corta: “La mina acapara a todos los jóvenes y aunque no es una caficultura muy espesa, el caficultor que tenga 10 000 o 12 000 palos de de café a veces se ve a gatas para coger ese café, a veces se le pierde producción porque no tiene como cómo coger ese ese grano”.
Lo que sigue:
Los caficultores carmeleños tienen la última esperanza puesta en la Federación, esperan que puedan apoyarlos, por ahora, en asegurar la compra de su producción. Mientras tanto Diego Alberto Restrepo asegura que el acompañamiento técnico por parte de la Federación continuará, y que hará lo posible para que las compras vuelvan al municipio. Pero no hay nada seguro.
Por su parte, William Valencia Peña, gerente liquidador de la Cooperativa de Cafeteros de los Andes, no descarta que se pueda recuperar la organización. En máximo dos meses, los acreedores responderán si acceden a algunas solicitudes sobre los intereses y la deuda, en caso de que sí, la cooperativa se reactiva, si no, se tiene previsto que el proceso de liquidación termine en marzo de 2024.
Los estudiantes de La Guajira deben volver a clases el próximo 6 de febrero, pero los preparativos para el regreso a las aulas en el sur del departamento van a media marcha. A pesar de que la Secretaría de Educación ya contrató el transporte y la alimentación para los 12 municipios no certificados, varios rectores y docentes de San Juan del Cesar y Fonseca aseguran que aún hay varios asuntos pendientes.
Entre estos, arreglos a daños estructurales y contratar los servicios de aseo y vigilancia. Este último tema realmente preocupa a los rectores, quienes aseguraron que si no están listos antes del próximo mes, no iniciarán actividades.
En Consonante revisamos qué está listo y qué no para que los estudiantes regresen a las aulas. Esto es lo que encontramos:
Los contratos firmados
El 15 de diciembre, más de dos semanas después de terminado el año escolar, la gobernación contrató el servicio de transporte por 18,9 mil millones de pesos. El contrato fue firmado con la Unión Temporal del Caribe que está integrada por Transportes Sensación SAS, Lineas Escolares y Turismo SAS- Lidertur SAS.
Transportes Sensación SAS ya se había presentado a la primera licitación pública abierta para este contrato en agosto de 2022 que fue suspendida por un juez un mes después. Mientras tanto, Lineas Escolares y Turismo SAS-Lidertur SAS es una empresa bogotana que ha contratado con varias entidades públicas en la capital del país.
Sin embargo, al revisar el contrato lo que llama la atención es que la cantidad de rutas y vehículos contratados es la misma de hace cuatro años. En total, solo habrá 292 rutas y 332 vehículos para las áreas rurales y urbanas.
“Cada vereda merece un vehículo. El año pasado solo había una camioneta por dos. Como solo cabían 10 o 15 niños, y tenemos 16, nos turnábamos. Una semana iba la mitad de aquí y la otra, la mitad de allá. Este año son 20 niños”, dice Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal de la vereda Los Toquitos, en Fonseca.
La comunidad educativa ha denunciado varias veces que los vehículos no alcanzan. Aún así, desde la oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Educación aseguran que al momento de formular el proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación no habían recibido estas denuncias.
Por otro lado, el contrato para el apoyo al Programa de Alimentación Escolar (PAE) se firmó otra vez con el Programa Mundial de Alimentos para los próximos 11 meses. Los padres de familia esperan que el servicio no presente intermitencias como el anterior.
Los asuntos pendientes
Desde 2019 no incrementa el número de plazas disponibles para maestros en el departamento a pesar de que la población estudiantil ha aumentado 13 por ciento, según cifras oficiales. Es decir, hoy hay cerca de 10 535 estudiantes más que hace tres años.
“Tuvimos un curso de 84 estudiantes y nunca le nombraron docente. Se mantuvieron en alternancia hasta fin de año y la situación sigue igual”, cuenta Nelvis Peralta, rectora de la institución Clotilde Poveda. Además, según Peralta, hay padres y madres de familia preocupados porque la falta de docentes repercute en los cupos disponibles para sus hijos e hijas. “Faltan aulas, docentes y pupitres. Muchos niños se van a quedar por fuera del sistema”, asegura la rectora. Por esta misma razón, en la Institución Técnica Agropecuaria del corregimiento de Conejo no hay cupos para estudiantes nuevos este año.
En San Juan del Cesar la situación es parecida. Sin mencionar que varios profesores y maestras ya cumplen los requisitos necesarios para retirarse.
Adaulfo Manjarres, secretario de Educación, reconoce que hacen falta docentes, y asegura que está a la espera de que el Ministerio de Educación apruebe 448 nuevas plazas. “Desde finales de 2021 hemos realizado mesas de trabajo debido a que la planta es insuficiente para atender la población estudiantil matriculada en el SIMAT”.
El nuevo contrato del servicio de vigilancia y aseo no se ha firmado, y desde la Secretaría de Educación ya le confirmaron a los rectores en una reunión realizada la semana pasada que no estará listo para el 6 de febrero.
Algunos rectores de San Juan del Cesar contrataron personal de aseo durante los primeros días del año con recursos propios. “Yo negocié con la aseadora que trabajó el año pasado para poder tener una buena presentación al momento de culminar la jornada de matrícula. No sé cómo haré la semana entrante”, confiesa Clotilde Urbina, rectora de la IED María Auxiliadora.
Pero al rector de la Institución Educativa José Eduardo Guerra el problema que más le preocupa es la inseguridad pues en varias ocasiones han sufrido hurtos.
Por su parte, Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca, asegura que no cuenta con el personal suficiente para administrar la escuela. “Hacen falta administrativos, un coordinador y una psicorientadora para poder atender a 1 700 alumnos”, dice.
Aulas en mal estado, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas y salones sin pintura. Este es el escenario que se repite en varios colegios. A pesar de que los rectores han alertado sobre estos daños desde hace varios meses, desde la Secretaría de Educación aseguran que todavía están reuniendo información para hacer los arreglos necesarios.
“Estamos realizando el levantamiento de información de infraestructura, legalización de predios y titularidad de estos para la formulación de un proyecto que será financiado con recursos de regalías”, respondió la entidad a una solicitud de información enviada por Consonante. La Secretaría, sin embargo, no aclara qué obras se priorizarán en el proyecto ni en qué estado está.
La situación en algunas instituciones no da espera. Por ejemplo, en la IED de El Carmelo, en San Juan, los estudiantes no tienen un restaurante en buenas condiciones.
Y en el Colegio Clotilde Poveda, en Fonseca, hay hacinamiento: en un salón que fue diseñado para alojar entre 20 y 25 estudiantes, hubo entre 38 y 42 estudiantes durante 2022. Esto, a pesar de que el año pasado la ONG Save the Children y la alcaldía municipal hicieron arreglos en la institución.
El año pasado la suspensión del servicio de transporte escolar durante los últimos cuatro meses se tradujo en pupitres vacíos. Aunque no hay cifras, los rectores aseguran que muchos estudiantes dejaron de ir al colegio porque debían caminar largos trayectos, o porque sus padres a veces no tenían el dinero necesario para pagar el transporte.
“No alcanzaron a lograr todos los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) porque estuvieron ausentes”, dice Nelvis Peralta. “La situación para nivelarlos es complicada, porque un profe alcanza a tener hasta 40 estudiantes. Entonces, los niños quedan con muchas lagunas y esto repercute en su nivel académico”, agrega.
Sin embargo, desde la Secretaría de Educación departamental sostienen que no se reportó deserción escolar por la falta de transporte, por lo que tampoco tienen una estrategia que les permita a los docentes y rectores enfrentar la situación.
A esto se le suma lo que varios estudios han señalado: la interrupción de clases presenciales por la pandemia de Covid-19 generó un rezago académico que aún no se ha subsanado. Según Unicef, tres de cada cinco niños y niñas de América Latina y el Caribe perdieron un año escolar durante la pandemia.
En los resultados de las pruebas Saber 11 de 2021, las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales estuvieron entre 30 y 54 puntos por debajo de la media nacional.
Entonces, ¿qué se puede esperar?
A quince días del inicio de clases no hay muchas alternativas a la vista. En Fonseca, el alcalde Hamilton García le dijo a los rectores que los 800 millones de pesos del presupuesto municipal no alcanzan “para hacer una obra significativa en cada institución y que la solución sería la construcción de un megacolegio”, cuenta Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca.
El 25 de enero los rectores tendrán una reunión con el secretario de educación departamental Adaulfo Manjarrez en el corregimiento de Papayal, y cada rector debe llevar un oficio con las necesidades de su institución. Apenas ese día esperan tener un plan de acción definido para el inicio de clases.
Las ocho comunidades indígenas que componen el resguardo del Alto Río Bojayá, en Bojayá, Chocó, están confinados desde hace casi tres años. El 25 de julio de 2020, la Fuerza Pública se enfrentó con el Eln a solo 100 metros de las viviendas de la comunidad de Chanó, una de las que componen este resguardo. Las 268 familias que en ese momento estaban en la comunidad escucharon los tiros de fusil y algunas balas fueron a dar a sus viviendas. El miedo se apoderó del territorio.
Apenas seis meses después, el 23 de enero de 2021 Máximo Baquiaza, integrante de la misma comunidad murió después de que una munición sin explotar estallara en sus manos tras ir a buscar comida a su finca. La comunidad dejó de ir a los cultivos. Finalmente, el 30 de enero de 2022, miembros armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) —más conocidas como el Clan del Golfo— entraron a la comunidad y amenazaron de muerte a los maestros. Además, les prohibieron denunciar lo que estaba pasando. En el pueblo, se suspendieron las clases durante algunos meses, pero la zozobra continúa hasta hoy.
Decenas de comunidades indígenas en todo el país, especialmente en el Chocó, enfrentan una situación parecida. El 2022 fue el año más violento para los Pueblos Indígenas en Colombia desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Onic. Durante el año pasado hubo 453.018 víctimas de acciones como desplazamiento forzado, hostigamiento y confinamiento, siendo esta última la acción violenta que dejó mayor número de víctimas. El confinamiento, según el informe, se concentró en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. Este hecho dejó 192.174 víctimas en lo que la organización denomina la Macro Occidente, que comprende la zona que va desde el norte del Chocó hasta Nariño y desde la costa Pacífica hasta Risaralda
Durante el año pasado hubo 453.018 víctimas de acciones como desplazamiento forzado, hostigamiento y confinamiento, siendo esta última la acción violenta que dejó mayor número de víctimas.
En el Chocó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, tienen acorraladas a los indígenas. En el último año, según Alberto Achito, líder Embera Dóbida que apoya a las comunidades de Juradó, Riosucio y en el Alto Baudó en temas de derechos humanos, las víctimas han aumentado porque el narcotráfico cada vez gana más terreno en el departamento. “No hay un área en la que no haya ese negocio. En algunos puntos si bien no hay cultivos, sí son corredores de paso para traficar y sobre todo el Chocó que tiene frontera marítima, con los dos océanos, y también la frontera terrestre. Todos las rutas están encaminadas a llegar a Panamá y de Panamá irse hacia Centroamérica. Es una ruta en la que tienen permanentemente moviendo y vigilando gente”.
Pero no son solo los grupos paramilitares. Según la organización Indepaz, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) está presente en prácticamente todos los municipios del Chocó, a excepción del Carmen del Darién y algunas zonas del Baudó y del Atrato, donde el control es exclusivo de las Agc. Además, en municipios como el Litoral del San Juan hay otros grupos armados que Indepaz califica como narcoparamilitares. Pero es la disputa del Eln y las Agc por el control del territorio la que genera la violencia contra los pueblos indígenas y afro del departamento.
La presencia de la Fuerza Pública tampoco les ha traído tranquilidad. Después de la explosión de la mina, el Ejército arrasó con los cultivos de plátano, banano y cacao en un intento de desminar la tierra, y la comida empezó a faltar.
Los combates entre los grupos, y de estos con la Fuerza Pública, la instalación de minas antipersonal y las amenazas a líderes son los principales hechos que han generado que las comunidades indígenas se mantengan confinadas. Pero la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) también ha registrado hechos de violencia contra mujeres y niñas y amenazas de reclutamiento forzado.
“Mientras más cultivo y más cocina, más producción, entonces necesitan más gente, tanto para que sirvan de mulas, raspachines, o para sembrar y hacer el mantenimiento. Pero están en todas las comunidades indígenas, más o menos en 520 comunidades indígenas, sin contar comunidades campesinas y afro”, explica Achito. Pero el interés no es únicamente el narcotráfico. En zonas como Río Quito y parte del río San Juan los grupos también están detrás de la minería. Según fuentes confidenciales que monitorean el conflicto en el departamento, los grupos también se financian a partir de la trata de personas, el comercio de armas, la venta de especies y la extracción de madera.
Violencia, silencio y hambre
En noviembre del año pasado, antes de que varios grupos anunciaran un cese al fuego durante las fiestas, la Ocha reportó cuatro situaciones de confinamiento en el resguardo Jurubira Chori del Alto Baudó, en la cuenca del río Trubandó en Riosucio, en el asentamiento La Bendición en Quibdó y en 25 comunidades afro e indígenas de Nóvita. En total, 6.670 personas estaban confinadas, según cifras oficiales. Sin embargo, existe un subregistro.
La Onic ha advertido que las autoridades indígenas no reportan muchos de los confinamientos “debido a las consecuencias que esto genera sobre la integridad individual o colectiva, las dificultades de acceso a los territorios ancestrales o la falta de medios de comunicación y acceso a internet”.
La mayoría de las comunidades indígenas afectadas por los grupos armados y la Fuerza Pública viven en lugares a los que solo es posible llegar navegando ríos o después de varias horas de caminata. A su tierra no llegan con frecuencia las autoridades. Las comunidades se sienten desprotegidas y, para cuidar su vida, dejan de ir a las zonas rurales, a pescar, sembrar o cazar sus alimentos.
En la comunidad de Mondó Mondocito, en Tadó, llevan varios meses sin ir a las fincas en las que tienen sus cultivos de pancoger. Recolectar comida implica moverse en la selva, en la que se mueven grupos armados y han sido asesinados varios líderes. “Vivimos asustados. Nos llegan amenazas a todos los líderes. Nos protegen los guardias cuando vamos a ir al río a bañarnos, a divertirnos y a pescar, pero al monte no vamos”, dice un líder de este resguardo que pidió proteger su identidad. La falta de alimento los ha llevado a crear grupos para ir a hacer mercado en Tadó, a poco más de una hora de camino. Pero no siempre tienen el dinero para hacerlo.
En otras comunidades, como la del resguardo Alto Río Bojayá, las personas tampoco van al monte. “Las fincas están a tres o cuatro horas, algunas a dos horitas, por el río. Nosotros no manejamos vehículos de motor, vamos a palanca (remando). Entonces esas fincas hoy prácticamente ya no se encuentran sino las casitas que tenemos construidas. Los cultivos se perdieron”, afirma el líder. Ir caminando tampoco es una opción. “En el camino están las instalaciones de las minas antipersonal”.
La pérdida cultural
El confinamiento ha traído otros problemas para la población indígena, como no poder visitar sus sitios sagrados. Sin embargo, la población resiste. Por ejemplo, en Mondó Mondocito llevan cinco años intentando recuperar la cultura que se debilitó por el desplazamiento que sufrieron en 2012.
En medio del confinamiento, algunas comunidades han buscado estrategias para continuar con sus prácticas culturales, como recoger plantas medicinales. “Al que sabe de las plantas lo lleva la guardia. Si no recogemos plantas, verdaderamente los niños se nos pueden morir. Con ellas hemos curado a muchos porque no todos tienen plata para comprar medicamentos”, cuenta el líder de esta comunidad.
Los líderes explican que los valores también se han perdido. La llegada de los grupos armados ha fraccionado las relaciones entre vecinos y hasta familias enteras. “Como hay personas dedicadas a trabajar con esta gente, entonces son entre las mismas familias que dan dedo (matan) a su primo, o a su tío porque no quieren someterse a ese tipo de negocios o porque no quieren irse a las filas de los paramilitares o del Eln. Ya no hay gestos de solidaridad, que es lo más elemental para la gente del campo”, comenta Achito
En medio de esta situación han decidido salir acompañados como forma de resistencia colectiva, al menos en grupos de 20 personas, y compartir el conocimiento sobre el riesgo de minas antipersonal que algunos líderes han adquirido, como no caminar por fuera del camino demarcado o evitar lugares en los que ha habido accidentes. “Lo que hemos hecho es cerrarnos y también decir nuestras leyes, nuestro gobierno propio y no aceptarles nada y discutir con ellos en asamblea, con toda la comunidad, porque ahí es donde hemos tenido fuerzas de no dejarnos someter”, explica Achito.
El riesgo sigue
A pesar de que la situación de violencia en el departamento no ha disminuido, las comunidades inician el 2023 con la esperanza que ha intentado dar el Gobierno Nacional ante el primer ciclo de diálogos con el Eln. El 18 de enero se desplazó una Caravana Humanitaria al Bajo Calima y Medio San Juan para establecer condiciones que le permitan a los indígenas y afro salir del confinamiento y, en el caso de desplazamiento forzado, retornar a sus territorios voluntariamente.
Sin embargo, los líderes indígenas advierten que hay otras acciones urgentes para que las comunidades puedan empezar a sentirse seguros: piden desminado militar, apoyo con alimentos, brigadas de salud, acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales en la verificación del cese al fuego y, sobre todo, que los dejen a ellos por fuera de la guerra.
Los saberes de los pueblos de la Sierra, entre esos el wiwa, fueron reconocidos por la Unesco
La Unesco reconoció, el 29 de noviembre, al sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) –arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos– como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Este sistema de prácticas y de conocimiento ancestral reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad está basado en la Ley de Origen. Este es el mandato sagrado que contiene los principios, las funciones y las expresiones que guían las acciones de las comunidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana: la agricultura, la medicina tradicional, el manejo de los sitios sagrados e incluso la realización de tejidos y la construcción de viviendas.
Para los cuatro pueblos de la SNSM el territorio es más que un límite o un espacio definido, es donde está escrita la Ley de Origen y donde se escucha lo que dice la Madre Tierra y los Padres Espirituales. San Juan del Cesar (La Guajira) hace parte del territorio donde habita el pueblo wiwa.
Dwirunney Torres, delegado en temas ambientales de la Confederación Indígena Tayrona del pueblo arhuaco, afirma que aunque este reconocimiento que hace la Unesco es importante pues visibiliza muchos años de lucha de los mamos y de los líderes espirituales, es simbólico y se necesita comenzar a trabajar a nivel interno y externo. “Para llegar a unas verdaderas garantías es necesario que el Estado empiece a implementar unas políticas claras para trabajar en el territorio. También es importante mirar cómo se empieza a fortalecer ese sistema de conocimiento a nivel de los pueblos”, dice.
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La grabación de la novela de Leandro Díaz dinamizó la economía
San Juan del Cesar se ha posicionado como un lugar ideal para el rodaje de series y telenovelas. En los últimos años, se han grabado cuatro grandes producciones en sus calles y corregimientos: Los Morales, La Cacica, Diomedes y, más recientemente, Leandro Díaz.
La atención que recibió el municipio durante el año pasado por la grabación se tradujo en más oportunidades de empleo directo e indirecto para sus 40 mil habitantes. Con las grabaciones de la telenovela del canal RCN sobre la vida del cantautor vallenato, los corregimientos como Zambrano, Los Pondores, La Junta y La Peña han adquirido otro ambiente. “Se ve emoción, gente en el pueblo. Esto era muy aburrido y ahora se ve la alegría de la gente”, dijo Carmen Rosa, habitante de Zambrano. En La Peña, además, tuvieron la oportunidad de presenciar una parranda de Silvestre Dangond en mayo.
El canal RCN contrató a más de 300 personas para labores de logística, conducción, actuación y aseo. Asimismo, arrendó casas para grabar algunas escenas y ha copado las habitaciones de los tres hoteles más importantes del municipio. A su vez, generó empleos indirectos en la venta de hielo y fritos.
Con las grabaciones los hoteles volvieron a brillar. La ocupación permanente de varias habitaciones por parte del equipo del canal RCN le ha dado un impulso al sector, uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19. Tres de los cinco hoteles que existen en San Juan del Cesar fueron utilizados por el canal. En Casa Murillo se hospedaron los directores y productores; en el Hotel Saraje se alojó el personal técnico, y en el Hotel Arisuan estuvo el elenco.
También aumentó el empleo para los jóvenes. La empresa contratista GSP Logística y Eventos, gerenciada por Leonardo Zambrano, fue la encargada de contratar personas del municipio para que trabajaran en la logística de las grabaciones: cargar equipos, ayudar a organizar locaciones y garantizar la comodidad de los actores. Background Talento y Logística SAS fue la encargada de coordinar el personal humano. Además de los extra para las escenas.
La cultura y el turismo volvieron a las calles después de dos años en pausa por la pandemia
Las fiestas alrededor de la música vallenata volvieron con fuerza después de dos años de pandemia y las restricciones por los contagios de Covid-19. El calendario cultural en el municipio se inició con el Carnaval, que reunió a unas 14 comparsas que danzaron por las calles de San Juan del Cesar. La reactivación del recorrido turístico de la Ruta del Cacique también logró atraer turistas de Colombia y otras partes del mundo, quienes llegan al corregimiento La Junta atraídos por la historia del fallecido cantante Diomedes Díaz.
La agenda cultural cerró con la 45 edición del Festival de Compositores, que nuevamente atrajo a escritores de vallenato profesionales, aficionados y verseadores de distintas partes del Caribe colombiano. Además de conectar con la tradición de composición que ha hecho famoso a este municipio del sur de La Guajira, los eventos se convirtieron en una oportunidad de impulsar la economía local.
Acá le contamos más sobre qué significa ser compositor en el sur de La Guajira
“Desde el martes de Semana Santa hasta el domingo vino mucha gente a La Junta. El viernes atendí más de 500 personas pero no todas entraron a mi sitio turístico. Pudieron ser cada día más de 1.000 personas. Las calles no se veían quietas un segundo”, contó Rosa Elvira Díaz, hija de Diomedes Díaz y gestora cultural del corregimiento de La Junta, una vez terminó la Semana Santa.
Se inició el proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado
El 18 y 19 de julio se dio una escena que hasta hace unos años era impensable en San Juan del Cesar. Ese día 12 exmilitares del Batallón La Popa, ubicado en la vía que conduce hacia Valledupar, reconocieron que habían participado en el asesinato de al menos 127 personas del sur de La Guajira y el norte del Cesar, entre enero de 2002 y julio de 2005. Entre los casos estaban incluidos los jóvenes Luis Eduardo Oñate Nieves y Carlos Mario Navarro Montalvo de San Juan.
La audiencia pública de reconocimiento se dio frente a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y las autoridades indígenas kankuama y wiwa, que fueron dos de los pueblos más afectados por las ejecuciones extrajudiciales.
Si bien fue un acto incipiente en el proceso de verdad, justicia y reparación en el municipio, permitió que más víctimas se unieran para reclamar por sus derechos, tuvieran visibilidad los hechos de violencia y recibieran apoyo de organizaciones sociales.
“Una sola golondrina no hace verano. Las dos familias nos hemos apoyado mucho, siempre hemos estado insistiendo en qué pasó, quién fue, cómo fue”, dijo Osmaira Nieves , hermana de Luis Eduardo, al hacer un balance del acto de reconocimiento.
Sin embargo, los familiares de las personas asesinadas quedaron pendientes de que el aporte de los exmilitares pudiera develar quién dio la orden de cometer las ejecuciones extrajudiciales. Además, aseguraron que aún hace falta convocar, reconocer y reparar muchas más víctimas en San Juan del Cesar.
Estas fueron otras de las deudas que quedaron pendientes en la audiencia.
La Alcaldía finalmente arregló el alumbrado público tras tres años de calles oscuras
La administración municipal comenzó en el mes de noviembre la instalación de 178 luminarias en el casco urbano y la zona rural, después de cobrar el impuesto del alumbrado público durante al menos tres años. Las quejas de la gente por la falta de iluminación en calles y parques eran constantes.
El contrato inició el 19 de julio para la instalación y el mantenimiento del alumbrado. Tiene un valor de 280 millones de pesos y es ejecutado por el contratista Luis Norberto Mosquera Gómez.
La Alcaldía pronosticaba que terminaría la instalación y el mantenimiento del alumbrado público en diciembre. Sin embargo, Mosquera aseguró que hacía falta un nuevo contrato para obtener recursos y así completar el 100 por ciento de la cobertura. "Esperamos que así se puedan reducir los hurtos y la comunidad sienta seguridad en las calles del municipio", dijo Mosquera. Pero en el municipio aún hay preocupación sobre quién se encargará de velar de forma permanente por el mantenimiento oportuno de la red para evitar quedar a oscuras nuevamente. También, les preocupa que aumente el costo de las facturas por el impuesto del alumbrado público.
| Puede conocer la historia del alumbrado público de Tadó aquí.Yeimar Gómez fue convocado a la Selección Colombia
El deporte también fue motivo de alegrías en el municipio. Este año Yeimar Pastor Gómez se convirtió en el primer tadoseño convocado a la Selección Colombia. Su llamado fue motivo de orgullo para la población de este municipio futbolero del que han salido otros jugadores, como Anderson Perea, quien juega en Bolivia y Yeicar Perlaza, jugador del Atlético Nacional.
El defensor central derecho de Seattle Sounders (USA) fue convocado, por segunda vez, por el técnico Reinaldo Rueda para el partido contra Honduras a inicio de año. Gómez comenzó a jugar a sus seis años de la mano del profesor Dalio Murillo, quien hasta hoy sigue entrenando a los niños de Tadó, y pasó a jugar a las divisiones menores del Boyacá Chicó. Ahí tomó la decisión de migrar a Argentina. Al igual que Carlos Sánchez, jugador oriundo de Quibdó que se inició en el fútbol profesional jugando en Uruguay, Gómez logró una oportunidad para debutar en el sur del continente. En Argentina, Yeimar Gómez jugó en los planteles del Rosario Central, Tiro Federal, Arsenal de Sarandí, Independiente Rivadavia y Unión (Santa Fe).
| Aunque todavía ha jugado con la selección, Gómez dice que ser llamado es un sueño cumplido. Consonante entrevistó al jugador que habló sobre su proceso futbolístico. Puede leer su entrevista aquí.Por otro lado, tras dos años de interrupción, este año volvieron los Juegos Intercolegiados al municipio. Participaron estudiantes de entre 14 y 16 años de las instituciones Nuestra Señora de Fátima, ITA, Normal Demetrio Salazar Castillo y Nuestra Señora de la Pobreza en fútbol, microfútbol y baloncesto. Además, Tadó fue el pueblo de concentración para la realización de la fase zonal San Juan 2 de estos juegos en el mes de agosto, el municipio recibió a los equipos de las instituciones educativas de: Alto, Medio y Bajo Baudó, Certegui, Cantón de San Pablo y Unión Panamericana.
Además, los dos equipos del municipio fueron protagonistas: Mineritos Fútbol Club y Club Nueva Generación de Tadó, ambos participaron en el torneo Primera C y aseguraron dos de los tres lugares del Chocó para la fase nacional del campeonato.
Durante las 24 semanas que duró la fase regional del torneo nacional, los clubes tadoseños demostraron su nivel. El Club Nueva Generación se mantuvo en la cima de la tabla producto de cuatro empates, ocho victorias y ninguna derrota. Logró 28 puntos. En la segunda fase del torneo se enfrentó al equipo de segunda división del Club Atlético Nacional, donde ya había jugadores profesionales. El primer partido lo empataron (2-2) en Guarne y el segundo, en Quibdó, tras un resultado de 1-1, se fue a penaltis. Ahí venció Nacional y Nueva Generación quedó por fuera del torneo.
Por su parte, Mineritos Fútbol Club se quedó con el segundo lugar de la tabla final de posiciones del torneo regional, con 22 puntos. En la fase nacional perdió contra el Atlético Urabaense por un estrecho margen.
|Si quiere conocer al equipo ideal del municipio, puede ver nuestro álbum Panini criollo aquí.La chirimía, los alabaos y las fiestas volvieron después de pandemia
Después de tres años de pausa por la pandemia del Covid-19, los y las tadoseñas salieron a las calles a disfrutar de los eventos que incluyeron desfiles, bundes, comparsas y otras celebraciones. Este año volvieron las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Pobreza en el mes de septiembre. Se hicieron actividades religiosas a la medianoche con la tradicional serenata y el bunde en los barrios. También hubo conciertos, muestras gastronómicas y comparsas. Participó un grupo de alabao teatral y se hizo el concurso del barrio mejor decorado en honor a la Virgen. Además, hubo un espacio en las fiestas para conmemorar los 295 años de la gesta libertaria del rey Barule.
|Puede ver cómo se vivieron estas fiestas aquí.En el municipio también se hizo el Jotatón, un festival que recibió a delegaciones del Valle del Cauca y de otros municipios del Chocó para resaltar la cultura, la ancestralidad y la gastronomía afrocolombiana. El festival recibió cerca de 300 bailarines para resaltar la Jota, un baile ancestral que muestra cómo mitigaban las fatigas los mineros y mineras artesanales del Chocó, que debían ir a los ríos a lavar la tierra con su batea junto a una piedra amarrada en la cintura. El evento tuvo también una feria de emprendimiento y platos típicos en el parque principal.
|Puede conocer la historia del líder esclavizado que gestó la primera lucha libertaria del Pacífico colombiano y se proclamó rey del Palenque de Tadó en esta entrevista con Wilson Murillo, gestor cultural de Tadó.Además, del 14 hasta el 16 de octubre, un grupo de once intérpretes del municipio llevó en alto el nombre de Tadó a la edición número 25 del Encuentro de Alabaos y Gualíes y Levantamiento de Tumbas. El evento reunió a 40 delegaciones de la región del San Juan, que cada año se congregan para preservar estos rituales mortuorios que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Nación en 2014.
Sory Jordan tiene 32 años y nació en Tadó. Se levanta a las 4:30 de la mañana para alcanzar a llegar a la novena de aguinaldos. Aunque en la mayoría del país la tradición es realizarla en la noche, los tadoseños la empiezan a las 5:00 de la mañana.
Está cayendo un aguacero, como es costumbre. Sory se prepara cada mañana un café para tener la energía suficiente y se dirige a la iglesia de San Pedro. Allí, el padre Yeiler Caicedo comienza puntualmente la novena, una hora a ritmo de la tambora que le da ‘sabor’ al tradicional “Burrito sabanero”. Pasadas las seis de la mañana sale de la iglesia, da una vuelta por el centro para comprar lo del almuerzo -y otras cosas para el día-. Habla con algunos vecinos y llega a la casa a prepararlo justo a las 12.
En la tarde se escucha a los niños jugando en las calles y los adultos esperan a que baje un poco el bochorno para hacer lo mismo: afuera de las casas se ven grupos de mujeres jugando dominó y hablando. En la noche no puede faltar la novela de las ocho, que muchas veces se ve interrumpida por un vecino poniendo chirimía y que termina reuniendo afuera de su casa a más de uno. Así suena un día de diciembre en Tadó:
Este año la Plaza Bolívar de San Juan del Cesar no se iluminó a inicios de diciembre como es costumbre. Para el Festival de Compositores no habían luces que alumbraran los árboles y el ‘espíritu navideño’ no llegó sino hasta después del 16 de diciembre cuando la Alcaldía y la Calle del Embudo fueron adornadas por la administración municipal. Aunque el alcalde Álvaro Díaz dice que aún no hay un valor definitivo de cuánto invirtieron en estos adornos, asegura que es mucho menos que lo que se desembolsó en años pasados.
“Atender la emergencia es mejor que iluminar la población”
El alcalde Álvaro Díaz afirma que este año el dinero que iba para el alumbrado navideño fue invertido en el mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales en medio de la calamidad pública declarada el pasado 9 de noviembre por la ola invernal. “Hemos querido ser austeros con ese tema porque creemos que hay unas obras que son de mayor relevancia en medio de las circunstancias de la pandemia y la ola invernal. El municipio de San Juan incluso acaba de declarar calamidad pública y la urgencia manifiesta debido a que se deberían priorizar recursos para atender a la población vulnerable y a la población víctima de lo sucedido”, dice el mandatario.
Después de declarada la calamidad pública, el municipio recibió 200 millones de pesos por parte del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastre del departamento de La Guajira. “Esos 200 millones son para el mejoramiento de la vía que conduce de San Juan del Cesar a Caracolí, los demás recursos que se han asignado para la atención de la ola invernal han sido recursos propios”, puntualizó Díaz. Según el plan de acción de la Alcaldía, se necesitarían en total $5.690.000.000 y hasta el momento el municipio no ha recibido recursos de la nación.
En años anteriores las propuestas que recibía la alcaldía para el alumbrado navideño eran de aproximadamente 200 millones de pesos, un gasto que, según la administración, no era respaldada por mucha gente: “Nosotros el primer año logramos iluminar a San Juan de forma, bellísima y encontramos a la comunidad molesta porque no les parecía que se inviertan recursos en alumbrado público, sin embargo, como teníamos un superávit hicimos el alumbrado público y lo mismo para el segundo año”, agrega el alcalde.
Hay opiniones divididas
Ivanna Aragón, estudiante universitaria, opina que no tener alumbrado este año hace que menos turistas lleguen al municipio para estas fechas: “Es bastante decepcionante, somos de los pocos municipios sin alumbrado después de varios años con decoraciones llamativas y teniendo en cuenta que siempre recibimos turistas. Me parece que el dinero del arreglo de vías rurales y urbanas y el alumbrado son proyectos totalmente ajenos y para cada uno se dispone un capital específico”. Muchos jóvenes han ido a municipios cercanos como Fonseca, pagando un pasaje en moto o carro que vale siete mil pesos, a tomarse fotos con los otros alumbrados.
Por su parte Lina Alfaro, habitante del barrio Juan Antonio Araújo, afirma que prefiere que la inversión de ese dinero se realice en otras cosas más urgentes. “Para hacer una inversión tan grande es mejor que le metan arreglos a San Juan en las calles y las vías de los pueblos para que haya más transporte, me gustaría que eso sí se dé y que siga siendo así”, comenta.
Lo mismo opina Angel María Balcazar, habitante de Guayacanal: “A mi me parece muy bien, eso de las luminarias es una cosa temporal, apenas llega enero la quitan, las obras sí quedan para el resto de la vida”, dice.
Desde la administración municipal dicen que la falta del alumbrado este año no va a causar repercusiones a nivel turístico. María Auxiliadora Amaya, secretaria de desarrollo económico, explica que para esto hicieron un concurso del barrio mejor alumbrado con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Así como otros eventos navideños como la novena de aguinaldos.
San Juan es uno de los municipios más visitados en el sur de La Guajira, y aunque no se tienen proyecciones del número de turistas que llegan para esta época, la Secretaría de Desarrollo informa que para Semana Santa se recibieron aproximadamente 300 turistas en el casco urbano y los corregimientos cercanos.
Lo que sigue: El plan de intervención de la alcaldía para hacerle frente a la ola invernal va hasta abril del 2023. En el municipio le harán veeduría a la inversión de todos los recursos, incluyendo al dinero que estaba destinado para el alumbrado navideño.
A las dos y media de la mañana del 3 de diciembre Luz Núñez se despertó sobresaltada. Varios golpes en su puerta, por cuenta de un muchacho del barrio, la hicieron correr a la entrada para recibir una pésima noticia: del local de su esposo, en el que vendían artículos de segunda mano, estaba saliendo una nube de humo. En menos de 10 minutos Luz estaba allá junto a sus vecinos. A las tres y media, una hora después, una patrulla llegó a la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para avisar que el local de Luz, y el señor Bernardo Velázquez, estaba en llamas. Cuando los bomberos llegaron al lugar de la emergencia ya era muy tarde. La ropa, los televisores, neveras, llantas y zapatos que vendían estaban consumidos y la estructura en pérdida total.
La tarea inicial era controlar el incendio para que no se siguiera expandiendo. El reto era grande: ninguno de los hidrantes funcionaba, la maquinaria no era suficiente y eran solo ocho bomberos tadoseños. Durante dos horas, con apoyo de bomberos voluntarios de Istmina y Condoto, además del apoyo de la comunidad, consiguieron dos motobombas para sacar agua del río Mungarrá y apagaron el incendio. Del local no quedó nada y la pérdida de la mercancía es cercana a los 50 millones de pesos. Además, dos casas aledañas quedaron en pérdida total y otras dos tuvieron afectaciones. Nadie salió herido.
Hasta el día de hoy los bomberos creen que el incendio fue causado por un corto circuito, pero no lo pueden asegurar. Aunque en el interior del local había electrodomésticos, no hay nadie en el cuerpo de bomberos, ni en Tadó, especializado en este tipo de siniestros que explique qué fue lo que pasó.
Aunque este incendio fue el más grave del año, en Tadó se registraron otros 4 incendios estructurales durante el 2022. Según Freiles Mosquera, comandante encargado del cuerpo de bomberos voluntarios de Tadó, el municipio se ha vuelto propenso a este tipo de eventos por la falta de conciencia de los tadoseños. “Son malos hábitos en cuanto al manejo de materiales combustibles o descuido por velas encendidas, fugas de gas o cableados eléctricos con malas conexiones al interior de las viviendas. En la mayoría de los casos las personas hacen caso omiso a las recomendaciones o exigencias dadas por el cuerpo de bomberos”, dice Mosquera.
La plata no alcanza: En Tadó hay nueve bomberos certificados que prestan servicio, por turnos de dos, las 24 horas del día. Seis bomberos operativos y tres en la parte administrativa. Pero Freiles Mosquera asegura que no es suficiente. “El convenio que se contrata con la administración municipal es suficiente para poder tener por los menos ocho bomberos en la guardia permanente durante el día y la noche”, puntualiza. Lo ideal, asegura Mosquera, sería tener tres turnos al día, de ocho personas, y así estar siempre disponibles para una emergencia. Para eso se necesitarían, por lo menos, 20 bomberos más.
Dario Copete, uno de los afectados del incendio del 3 de diciembre, dice que una de las razones por la que se propagó tan rápido fue precisamente la falta de capacidad operativa. “Tienen un número insuficiente de bomberos y no reunían las condiciones para combatir todo lo que pasó ese día”, dice. Luz Marina opina lo mismo: “Hasta de Istmina tuvieron que venir bomberos porque los bomberos de aquí no fueron suficientes para apagar eso, si hubieran sido suficientes no se habría propagado eso así”.
Los estándares internacionales que establece la NFPA (National Fire Protection Association) establecen que, para realizar una atención integral, es recomendable un bombero por cada mil habitantes y aunque Colombia, según la Unidad de Gestión del Riesgo, se rige bajo esos parámetros, la realidad es otra. En el municipio de Tadó hay 19 mil habitantes y solo 9 bomberos.
Mosquera asegura que no es solo la falta de personal, sino los pocos recursos para que la labor sea bien remunerada: “Para nadie es un secreto que ninguna persona trabaja de gratis -dice- es duro para los compañeros, hay que firmar un buen convenio con la Alcaldía para fortalecer el personal porque aunque han venido cumpliendo, ahora no es suficiente”.
En Colombia, según el artículo 2 de la ley 1575 de 2012, es responsabilidad de los distritos y de los municipios la prestación de este servicio público esencial bajo cualquiera de las dos posibles modalidades: a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios, como es el caso de Tadó.
Según Yussy Samira Agua Limpia, secretaria de Gobierno, la alcaldía le transfiere al cuerpo de bomberos 10 millones de pesos cada mes, de ahí sale el dinero para la gasolina de los vehículos, el incentivo para los nueve bomberos y otros gastos de funcionamiento. Pero el dinero no es suficiente para poder vivir de eso, mientras no están de guardia deben hacer labores informales como trabajo de construcción, agricultura o barequeo. Más de una vez los bomberos han tenido que abandonar sus otros trabajos para atender una emergencia.
Además, cualquier persona que cumpla con los requisitos para ser bombero debe asistir a una escuela de bomberos avalada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC). En Tadó no hay ninguna, así que el o la aspirante debe viajar a Bogotá, Medellín, Cali o Cartago. El curso para bomberos voluntarios dura aproximadamente entre seis y nueve meses, además hay que hacer una práctica para graduarse, así como prestar mínimo 30 horas mensuales de servicio. El costo es aproximadamente de un millón seiscientos, un valor que el cuerpo de bomberos de Tadó no puede cubrir.
Para hacerle frente a esos costos, la secretaría de Gobierno aseguró que la alcaldía tiene un proyecto de formación que esperan poner en marcha el próximo año. “Nos toca hacer más campañas o convocatorias de vinculación para ver si los jóvenes se unen a esta loable labor. Nosotros ya tenemos un proyecto para capacitación, para brindar apoyo al cuerpo de atención y desastres en el municipio, esperamos el próximo año ponerlo en marcha”, dice Yussy Samira.
Por ahora, si hay una emergencia grande como la del 3 de diciembre, o una peor, los bomberos deben pedir refuerzos. “Si la emergencia es masiva tocaría montar un puesto de comando incidente, donde se involucran todas las instituciones que tengan personal que puedan aportar”, cuenta Mosquera.
Hacen falta equipos: Otro de los problemas del cuerpo de bomberos es la falta de equipos. Para emergencias como la del local de Luz Núñez y Bernardo Velázquez, necesitan un camión cisterna, porque los hidrantes no funcionan. “Necesitamos un camión cisterna para alimentar la máquina número 2 porque los hidrantes no son suficientes y cuando llegue a presentarse un hecho en otra zona (lejos del río) se necesitaría”, dice el comandante Mosquera. Además, necesitan renovar los trajes, un equipo de respiración, un equipo de rescate (con un carro, porque la zona es montañosa) y una eslinga o cincha (una herramienta de elevación).
Mientras tanto, los bomberos de Tadó seguirán trabajando con lo que pueden y las pocas herramientas que les brindan. Piden a la comunidad acercarse para que conozcan las funciones del cuerpo de bomberos y pueda haber una mejor comunicación. Así como a apropiarse de las recomendaciones para evitar los incendios. Y exigen a la Alcaldía, actual y la que llegará el otro año, más apoyo para fortalecerse y así, poder dedicarse totalmente a esta labor.
Los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre miles de jóvenes de todo el país cumplen uno de los logros más esperados en la vida de un adolescente: graduarse. Atrás dejan el colegio que los acompañó por 11 años y ahora deben enfrentarse a eso que muchos llaman “el mundo real”. El problema es que en departamentos como La Guajira o el Chocó ese mundo real es mucho más difícil de sortear y aunque lo que sigue sería seguir con estudios de educación superior, para la mayoría no es la primera opción. La pregunta que termina rondando en la cabeza de más de uno es: ¿Ahora qué?
El panorama de acceso y calidad de la educación en La Guajira y el Chocó es desalentador. En este último solo 1 de cada 4 bachilleres que se gradúan cada año accede a la educación superior. Esto, entre otras cosas, por falta de recursos económicos, mala calidad de la educación secundaria, la poca oferta de programas de educación superior o falta de acompañamiento para conocer su vocación.
En 2021 La Guajira se encontraba 34 puntos por debajo de la media nacional en las pruebas Saber 11 (antes conocidas como Icfes) y el Chocó fue el departamento con menor puntaje a nivel nacional, registrando un promedio de menos de 200 puntos en los últimos 3 años. Esto es grave porque, por ejemplo, para obtener una ‘Beca por Excelencia’ se debe tener un puntaje mayor o igual a 359 puntos en este examen. O para acceder a la beca de Generación E, la beca más importante del país que permite al joven estudiar gratis en la carrera y universidad de alta calidad a la que desee aspirar y sea admitido, el puntaje mínimo es de 349.
Otra de las opciones que tienen los jóvenes es un crédito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), el problema es que para obtener ese crédito los estudiantes deben sacar, mínimo, 240 puntos.
La situación se agrava cuando se analiza más en detalle el panorama: en los departamentos hay grandes brechas entre la calidad de la educación oficial y privada, diferencias que empeoran en el sector rural, siendo este último el que presenta los resultados más bajos para el caso de La Guajira.
En los resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A, los colegios privados de La Guajira superaron la media nacional por cinco puntos, pero fueron solo 230 estudiantes. En comparación hubo más de tres mil estudiantes de instituciones educativas oficiales, tanto urbanas como rurales, que estuvieron 30 y 54 puntos, respectivamente, por debajo de la media nacional. Esto significa que los estudiantes de las zonas rurales y de colegios públicos son los que menos posibilidades tienen para acceder a beneficios y entrar a la universidad.
Si bien estos resultados ya limitan las opciones para el acceso a la educación superior, hay que agregar que la cobertura de este tipo de educación es poca: en La Guajira la cobertura es solamente del 21.4 por ciento de la población, y en el Chocó del 24 por ciento, comparado con el 52 por ciento en el resto del país.
Los dos departamentos están entre los peores índices de calidad y acceso a la educación. Según el índice departamental de competitividad, un estudio de la Universidad del Rosario, La Guajira ocupa el puesto 26 entre los 32 posibles en cuánto a la educación básica y media. Y en educación superior y formación para el trabajo, el puesto 29. Por su parte, el Chocó, en el pilar de educación básica y media está en el puesto 28, y en cuanto a educación superior y formación para el trabajo está en el último puesto.
Entre los factores que agravan la situación está también la conectividad. En el 2021 según el reporte del Ministerio de Educación, en La Guajira en promedio 13 estudiantes usan un mismo computador en el departamento. En el Chocó, por ejemplo, el porcentaje de personas de 5 años y más que usan computador es solo del 34, 3 por ciento, diez puntos por debajo del promedio nacional. Esto es grave porque la facilidad de contar con acceso a un computador o a internet dentro del hogar o en el colegio se relaciona con un mejor resultado en el promedio del puntaje global del Icfes, según ha advertido el instituto.
Todo esto hace que los jóvenes no tengan muchas opciones. Y aunque muchos quieran estudiar, no pueden hacerlo. Aquí cuatro historias en San Juan del Cesar, Fonseca, El Carmen de Atrato y Tadó.
Elizabeth Gómez es una joven de 16 años que vive en el corregimiento de Corral de Piedras, a 15 minutos del casco urbano de San Juan del Cesar. Se graduó como bachiller de la Institución Educativa Mercedes Romero de Quintero, zona rural de El Totumo, el pasado 6 de diciembre. Desde niña sueña con estudiar trabajo social para “poder ayudar a los demás”, pero aunque ya se graduó, ese sueño quedará en pausa.
Ni Elizabeth, ni su familia, tienen los recursos económicos para estudiar. En el municipio no existe la carrera, por lo que tendría que ir a Fonseca o Villanueva. Para desplazarse hasta allí tendría que pagar el pasaje de bus que vale siete mil pesos. O irse en un carro con otros estudiantes y pagar cinco mil pesos. Diariamente serían, por lo menos, diez mil pesos. Al mes, asumiendo que estudie de lunes a viernes, son $200 000, sin contar alimentación y otros gastos. La matrícula en la sede de Uniguajira está por encima del millón de pesos y la inscripción en $950 mil. Cada semestre, Elizabeth necesitaría, por lo menos, dos millones y medio de pesos para estudiar. En su casa el único que trabaja es su papá, y sus dos hermanos estudian. El dinero no alcanza.
Según lo que sabe, una beca tampoco es una opción.
“C: ¿Cómo le fue en las pruebas Saber?
E: Mal, saqué 190.
C: ¿Cree que esto es un impedimento para acceder a estudiar?
E: Bueno, no tanto. Una señora me dijo que cuando me fuera a inscribir ella me iba a ayudar para que me pasaran”
Como Elizabeth otros jóvenes en el municipio viven la misma situación. Después de graduarse las opciones son trabajar o estudiar alguna carrera técnica o tecnológica de las que ofrecen las instituciones públicas y privadas que están en el municipio, y que són más asequibles.
En San Juan hay cinco instituciones que brindan el acceso a la educación superior, de manera técnica y tecnológica: el Instituto de Formación Técnica y Profesional (Infotep), Cedelca, System Center y el PFC en la Institución Educativa Normal Superior. En ocasiones el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lleva instructores y dictan cursos cortos. Además, la Universidad de Pamplona en su modalidad a distancia brinda oferta académica en el municipio. Las carreras más ofertadas por estas instituciones son: Minería, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Farmacia, Seguridad y Salud en el trabajo, Riesgos Laborales y Asistentes Contables.
Y aunque la existencia de institutos y corporaciones académicas en el municipio son un aporte para que los jóvenes puedan estudiar, quien sueña con ser médico, abogado, diseñador o ingeniero tiene que obtenerun puntaje bastante alto en las pruebas Icfes para ganarse alguna beca, acceder a ayudas con el Icetex y a su vez irse fuera de su pueblo. Algunos deben quedarse con la ilusión de que alguna vez quisieron estudiar esas carreras y se ven forzados a estudiar las carreras técnicas y tecnológicas que no les apasionan.
Más allá de lo económico, y la limitada oferta académica, la falta de acceso de los jóvenes a la educación superior en el municipio tiene otros retos, según cuenta Sarit Benjumea, Consejera de Juventud: “Desde pequeños han traído una formación o una mentalidad que se ha inculcado por los padres que al momento de no contar con un posicionamiento económico o una solvencia estable, no existe ninguna posibilidad de que ellos puedan acceder a una carrera técnica, tecnológica e incluso profesional. Entonces se van formando al niño, al joven, posteriormente a un adolescente con una mentalidad pobre y vacía que no organiza su proyecto de vida adaptado a un desarrollo de una formación profesional”.
Otro de los obstáculos que Benjumea encuentra es el poco acompañamiento que las instituciones educativas le han brindado a los jóvenes para que puedan encontrar su vocación. “El joven sale del grado once, logró graduarse, pero aún no ha definido su proyecto o la carrera a la cual se siente focalizado entonces creo que ese apoyo hacia la vocación y la entrega para poder iniciar el recorrido a una carrera profesional debe de brindarse desde las instituciones”, agrega.
Cuando estudiar no es una opción, en San Juan del Cesar muchos jóvenes se dedican a trabajar informalmente y buscar la manera de llevar el sustento a sus casas. Entre los trabajos más comunes está el mototaxismo, albañilería, pagodiarios y vendedores informales. Algunos deciden irse por la creación de emprendimientos.
Sin embargo, la falta de estudio ha traído varios problemas sociales al municipio, cuenta Sarit Benjumea, y fenómenos como el consumo de sustancias psicoactivas y el alcoholismo han aumentado. “Nos damos cuenta cuando los fines de semana en los momentos de descanso y de esparcimiento encontramos que los índices de consumo de sustancias psicoactivas en nuestro municipio se disparan por completo. Ya no vemos a jóvenes en las universidades, ni en los institutos e inclusive en los talleres de formación profesional, sino que los encontramos consumiendo alcohol e incluso drogas y es demasiado preocupante esto”, comenta.
Elizabeth Gomez, mientras tanto, tiene pensado buscar un trabajo como vendedora de algún almacén durante el primer semestre del 2023 para reunir dinero y poder pagarse su carrera de Trabajo Social en la sede de Villanueva de la Universidad de La Guajira.
Junior Andres Arguelles Ospino es de Fonseca, tiene 17 años y no pudo graduarse el pasado 10 de diciembre. Lograr estar en la ceremonia fue una misión imposible. Tiene una deuda de casi 800 000 pesos con la corporación en la que está haciendo el bachillerato ‘acelerado’ y lo que gana trabajando en la panadería de su papá no le alcanzó para pagar los derechos de grado.
Terminar el bachillerato ha sido todo un reto. Pasó de estudiar de lunes a viernes, gratis, y con sus amigos de toda la vida, a trabajar durante ese tiempo para ayudar económicamente a su familia. Ahora estudia los sábados y además tiene que pagar 150 000 mensuales. Por problemas familiares su papá dejó de pagar su colegiatura. Está solo en este sueño.
"Por cosas que pasaron en la casa yo no terminé en el colegio y me tocó validar, pero ya casi para terminar la validación mi papá me dejó de dar el ingreso para terminar de pagar, sin embargo yo terminé las clases en Cetsca. Entonces necesito trabajo para conseguir plata y pagar lo que debo para que me entreguen el diploma, y de paso ellos me ayuden a conseguir las fuentes para hacer las pruebas del Icfes", dice Junior. Según sus cálculos la deuda pendiente está aproximadamente en 800 000 pesos, pero logró que le hicieran una rebaja conversando con uno de los docentes de la entidad.Sin embargo, este año ya no pudo pagarla.
Junior está a punto de culminar sus estudios en la corporación. Aunque su sueño es ser terapeuta físico, sabe que seguir estudiando, por ahora, no es una opción. El trabajo en la panadería de su papá no le deja suficientes ingresos y su prioridad es conseguir otro trabajo y ahorrar para pagar su diploma y para, en algún momento, entrar a estudiar en alguna institución de educación superior.
Como Junior Arguelles hay varios jóvenes en Fonseca que tienen dificultades económicas y se ven obligados a trabajar desde muy jóvenes. Muchos adolescentes empiezan en el mototaxismo para aportar en sus casas y tener algo con qué comprar la comida de todos los días. Otros, para poder ahorrar y pagar una carrera técnica o profesional. Pero en la mayoría de los casos lo hacen porque simplemente es una manera de ganar dinero relativamente fácil. A diferencia de otros empleos informales —como la venta de frutas y verduras, de billetes de lotería o comidas rápidas— para ser mototaxista no hay que invertir dinero comprando materia prima ni esperar una quincena o un mes para recibir un salario.
En Fonseca, y en toda La Guajira, son pocas las oportunidades laborales. Según las últimas cifras del Dane, en el 2018 el empleo informal alcanzó el 90,3 por ciento en el departamento. Por esto algunos estudiantes terminan viendo frustrados sus sueños y conformándose con lo que puedan hacer.
Además del factor económico, el acceso a la educación superior en el municipio es limitado. Muchos recién graduados migran a otros lugares a estudiar porque no les gusta las opciones que hay en las instituciones de formación locales. La universidad de La Guajira, por ejemplo, ofrece allí ingeniería ambiental, trabajo social, licenciatura en educación inicial y licenciatura en etnoeducación. El Sena, carreras técnicas y tecnólogas, y otras corporaciones universitarias como Cetsca o Ceotes, amplían un poco las oportunidades educativas. Pero quienes quieren ser médicos, abogados o periodistas, no tienen más opción que irse.
Junior cuenta también que el nivel educativo no es el mejor. Según datos del Ministerio de Educación, La Guajira en los últimos 3 años ocupa el último lugar del país en calidad de la educación en los niveles básica y media. Y la intermitencia de algunos recursos como el Programa de Alimentación Escolar hace que muchos adolescentes dejen los estudios. A este panorama hay que sumarle también el impacto de la pandemia del covid 19, que redujo significativamente los estándares de calidad de toda la población estudiantil en el país.
Aunque su única opción por ahora es trabajar, la prioridad de Junior es conseguir, sí o sí, el diploma de bachiller: "Una vez graduado quisiera ir a la universidad, pero como la situación económica no me lo permite, iría al Sena que da ciertas oportunidades, no preciso a hacer lo que yo quiero porque me gustaría ser físico terapeuta y este estudio no lo hay en el Sena, ni en la Universidad de La Guajira. Pero por ahora mis planes son ir al Sena mientras trabajo y busco la manera de pagarme la universidad", dice.
Einer Andrés Lemos tiene 17 años y vive en Carmelo, un corregimiento de Tadó. Es recién graduado de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. Desde pequeño tuvo talento para dibujar y su sueño era ser pintor o cantante. Ahora se debate entre su sueño artístico o estudiar ingeniería mecánica. Pero ninguno de los dos será posible a corto plazo. Su plan, ahora que se graduó, es seguir ayudando a sus padres económicamente trabajando como minero artesanal, mientras encuentra alguna forma para pagar sus estudios.
Cómo Einer, a finales de noviembre en las cuatros instituciones educativas del municipio de Tadó se graduaron 228 estudiantes. En la Institución Educativa Nuestra señora de la pobreza, 68 estudiantes; en la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, 82; en el Instituto técnico Ambiental, 21; y en la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, 57 estudiantes.
Para muchos de esos 228 jóvenes continuar sus estudios técnicos, tecnológicos o profesionales no es una opción. Algunos deben asumir responsabilidades del hogar, otros simplemente quieren hacer un alto para descansar y pensar con cabeza fría qué sigue, otros simplemente no quieren estudiar y algunos que quisieran continuar con sus estudios, la situación económica no se los permite. Varios de estos estudiantes graduados terminaran trabajando en construcción, minería, dedicándose al hogar, viviendo del rebusque o yéndose para el ejército.
“C: ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años?
E: Entre 5 a 10 años, si la vida me da lo que quiero, estaría lleno de muchos logros, con una familia estupenda, con una mujer que también sea trabajadora y ya no quisiera ver a mi mamá en estos trabajos tan duros como la minería”
Aunque la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y el Sena se esfuerzan para llevar su oferta académica al municipio, las posibilidades son limitadas. La UTCH solo ofrece Trabajo Social, Educación Física, Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental, Técnica y Tecnología Minera en el caso y el Sena cursos complementarios, en temas agropecuario (silvicultura, piscicultura, avicultura y porcicultura) artesanía, manipulación de alimentos, motores fuera de borda, contabilidad, emprendimiento, elaboración en productos de aseo, construcción, confección, área de agroindustria, medio ambiente, primera infancia y turismo.
Y aunque la oferta parece variada, muchos de estos cursos no abren porque se necesitan mínimo 25 estudiantes. Además, hay un gran número de jóvenes que no cuentan con los recursos para continuar con sus estudios. Un semestre de educación física, por ejemplo, en la UTCH está en $2 663 000, a eso se le suma la matrícula que está en $375 000, el transporte, la alimentación en la jornada académica y los materiales para trabajos. Esto estudiando solo de viernes a domingo y siendo esta carrera unas de las más económicas .
Si los jóvenes quisieran estudiar otra carrera se tendrían que ir a Istmina o a Quibdó, o incluso desplazarse fuera del departamento. Y aunque existe la opción de estudiar virtual, teniendo en cuenta las dificultades de conectividad en la zona rural y urbana, para estos jóvenes es una batalla acceder a la educación superior.
A Einer Lemos para estudiar ingeniería mecánica o Arte tendría que desplazarse por fuera del departamento, lo que hace más difícil y costoso: “Los obstáculos para estudiar Ingeniería Mecánica son los costos y desplazarme donde uno tenga conocidos. Cuando niño quería ser pintor o cantante, desde pequeño se me facilitaba dibujar y fui aprendiendo con la práctica, y fue creciendo en mí una emoción, una chispa. Pero me inclino por la Ingeniería Mecánica porque estaría asegurando más el futuro para sacar a mi familia adelante”, cuenta.
Además de la falta de oferta académica y los problemas económicos, la baja calidad de la educación básica y secundaria se convierte en otro problema. Para acceder a una beca por excelencia o tener algún tipo de beneficio se necesita de una puntuación en las pruebas ICFES Saber 11° de entre 300 y 345 en adelante y en el municipio pocos alcanzan ese puntaje. Einer sacó un puntaje de 170: “Las últimas (preguntas) toca que analizarlas muy rápido, el tiempo no es suficiente”, dice. Ninguna de las instituciones educativas del municipio alcanza los 200 puntos en promedio en estas pruebas, y todas tienen la calificación más baja.
Por ahora, Einer seguirá en la minería hasta que encuentre otro trabajo o pueda ahorrar lo suficiente para escoger entre sus dos opciones de estudio. Y ya sea como artista o ingeniero, espera volver al municipio a devolverle a su madre todo lo que ha hecho por él.
Mariana Abadía Garcia tiene 16 años y vive en la vereda El Siete, en El Carmen de Atrato. Su mamá logró pagar su bachillerato vendiendo fritos al frente de la carretera que conduce de Quibdó a Medellín. Junto a su gemela, Juliana, lograron graduarse a finales de noviembre. Mariana desde muy pequeña supo qué quería estudiar, pero la idea ha ido cambiando: "Desde niña me gustaba la criminalística, me gustaba ver novelas de criminalística, pero cómo vi que acá la eso no da, me decidí por la medicina", cuenta. Sin embargo, por ahora ese sueño tendrá que esperar.
Con el resultado que obtuvo en las pruebas Saber 11 Mariana no puede acceder a una beca y no tiene los recursos para pagar Medicina en una universidad como la U. de Antioquia, una de las pocas que tiene la carrera y está “cerca” de El Carmen. Medellín es la ciudad con oferta académica más cercana al municipio, pero está a más de cuatro horas de distancia, por lo que ir y volver no es una opción. Por ahora Mariana no tiene más opción que empezar a ahorrar para tomar un curso de medicina y luego sí poder acceder a la carrera en la capital de Antioquia.
“C: ¿Cuáles son los obstáculos para seguir estudiando?
M: Uno de esos es el sostén económico porque no tengo el gasto necesario del dinero”.
Como Mariana, los días 24, 25 y 26 de noviembre se graduaron 59 bachilleres de las dos instituciones educativas del municipio de El Carmen de Atrato. De la Institución Educativa Agropecuaria Marcó Fidel Suarez se graduaron 36 alumnos y del Corazón de María 23. “En El Carmen hay dos colegios, con eso podemos sacar conclusiones en relación con el acceso a la educación superior, que por lo general no se da. O cuando se da, es para la Universidad de Antioquia o en universidades de otras partes del país porque es lo más cercano que puedan tener”, explica David Emilio Mosquera, Rector de la UTCH.
La Secretaría de Educación y el Pacto Juvenil del El Carmen de Atrato han conseguido con el Sena llevar la carrera técnica en cocina y en sistemas al municipio, allí ya hay 64 personas haciendo los programas, pero la oferta es muy limitada. Los gestores están tratando que la Corporación Universitaria Remington y la Unad (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) las dos virtuales, puedan dar unos descuentos de matrícula a la población Carmeleña, pero Sara Taborda, Coordinadora de Juventudes, dice que hay falta de voluntad de los jóvenes. "Acá se han hecho encuestas, hicimos una caracterización, pero qué pasa, piden los programas y no van", asegura.
Por su parte la Universidad Tecnológica del Chocó tiene planeado iniciar clases en el municipio el próximo semestre en los programas de: Contaduría Pública, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Artística e Ingeniería. El promedio del valor de la matrícula en la Universidad Tecnológica del Chocó es de 830.000 pesos. Hay programas que son bastante costosos y otros que son más económicos. Ingeniería Ambiental está en 750.000 pesos o el de Tecnología en Gestión Minera y Ambiental en 250.000 pesos.
Y aunque la oferta académica ha aumentado con el paso de los años, Mariana, como muchos recién graduados, tendrá que irse del municipio para estudiar lo que le apasiona, eso, cuando logre tener los recursos necesarios para vivir en una ciudad como Medellín.
En El Carmen de Atrato no se había escuchado hablar de reforma agraria desde el 2003. Aunque con el Acuerdo de Paz llegó la Reforma Rural Integral, el único avance que hubo tangible fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria entregó dos parcelaciones a campesinos y campesinas de las veredas La Clara y La Argelia. La mayoría de los que recibieron esas tierras poco pudieron hacer, nunca los asesoraron en proyectos productivos, ni les ayudaron con el acueducto o la adecuación de sus viviendas en las hectáreas que habían recibido. En palabras de Emilson Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el municipio, “les entregaron las tierras y los dejaron botados”.
A más de 100 días del gobierno Petro, el país ha vuelto a escuchar sobre la reforma agraria y el campesinado está en el centro de la agenda. Los días 2, 3 y 4 de diciembre se realizó la primera Convención Nacional Campesina (CNC) que contó con la participación de 2.500 campesinos y campesinas de todas las zonas del país. El Carmen de Atrato estuvo representado por varias organizaciones municipales como Asocomunal, Agroecotur, Guardianes del Río Habita y líderes y lideresas independientes de diferentes veredas del territorio. Estos son, según advierten, algunos de los retos a la hora de implementar la reforma agraria en el municipio:
Lo primero que preocupa a los campesinos y campesinas del municipio es la priorización de su territorio en este proceso. A la mesa llevaron la solicitud de “DesPEDETizar” la reforma. Es decir, en el acuerdo final se definió que los municipios PDET serían zonas priorizadas para la aplicación del punto uno. Y aunque El Carmen de Atrato es reconocido como altamente afectado por el conflicto, no hace parte de estas zonas. Por eso los carmeleños piden más atención.
Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia, explica que el gobierno aún no ha dado claridad sobre el tema. “El Acuerdo lo que dice es que los municipios PDET tendrán que ser zonas priorizadas y uno diría que esa priorización tendría que respetarse, pero no hay un sistema. No sabemos en este momento cuáles son los territorios priorizados, pero en virtud del acuerdo y el acto legislativo 02 de 2017 es obligatorio para el gobierno arrancar por estos municipios. Durante la CNC el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que se iban a ampliar los territorios PDET, pero no se sabe si eso se va a materializar o no”, dice Bautista. Incluso, Prada ha reconocido que hubo muchas zonas altamente afectadas por el conflicto armado que no fueron incluidas en estas 16 zonas priorizadas en el Acuerdo de Paz, pero que necesitan atención prioritaria.
La tierra es el corazón de la reforma agraria. En Colombia, según el ministerio de Agricultura, el 44,5 por ciento de la tierra está en manos del 0,01 por ciento de la población. En el acuerdo de paz, la reforma rural integral es el primer punto y el gobierno Petro ha abanderado esta causa. Ya ha hecho entrega de 680.000 hectáreas de tierra, en 19 departamentos, como Cauca, Putumayo, Córdoba, Vichada, Amazonas y Tolima, entre otros. La meta es entregar tres millones de hectáreas a familias sin tierra o con poco acceso a ella, así como formalizar siete millones adicionales y así cumplir con los compromisos que asumió el Estado en el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en 2016.
En El Carmen de Atrato no es diferente. El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de restitución de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afro. Sin embargo, la situación no es tan solo entregar más hectáreas. En el municipio han pedido constantemente apoyo del Ministerio del Interior, la ANT y la ART para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras.
Por un lado, los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato, que ocupan cerca de 8 mil hectáreas de tierra, han solicitado la ampliación de sus resguardos. Esto en medio de conflictos con la comunidad afro del sector de El Dieciocho. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad 24 hectáreas de tierra, 2.555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Esta fue una de las peticiones más urgentes en la mesa de diálogo del Chocó que se llevó a cabo el 4 de noviembre.
Mientras esto pasa, los campesinos mestizos también piden reconocimiento. Aseguran que ha habido priorización del gobierno a los grupos étnicos y “ha ignorado inclusive procesos de restitución de tierras vigentes y títulos de propiedad existentes”, como lo afirman miembros de la plataforma campesina. Para hacerle frente a este conflicto, solicitan la actualización del catastro multipropósito, la actualización del EOT, legalización del asentamiento del barrio La Paz, la titulación de las 5 hectáreas que componen en Pueblo de la Memoria Histórica y del alto porcentaje de predios campesinos sin título. Así como la formalización de la propiedad, compra y entrega de tierras para familias que no cuentan con ella en las diferentes veredas.
"Hay una preocupación y es que por dar resultados en materia de acceso a tierras no sean lo suficientemente cuidadosos y se puedan incrementar los conflictos interculturales."
Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia
El reto en estos casos, explica Ana Jimena Bautista, es que la reforma se piense como un sistema y articule a todas las entidades necesarias para avanzar, pero sobre todo, que tenga claras las dinámicas propias de cada territorio. Para Bautista este tema no ha sido claro en el gobierno Petro: “No he visto ningún lugar donde se está haciendo hasta el momento. Sí ha sido una solicitud que ha salido en varios lugares: en la Convención Nacional Campesina, en el empalme, pero no he visto algún anuncio del gobierno en esa dirección. El plan de gobierno de Petro hablaba de avanzar hacia una gobernanza intercultural, pero yo no he visto que desde ninguna de las carteras haya algún anuncio al respecto”.
Esto es grave, explica Bautista, porque estos conflictos podrían exacerbarse con la entrega de tierras. “Hay una preocupación y es que por dar resultados en materia de acceso a tierras no sean lo suficientemente cuidadosos y se puedan incrementar ese tipo de conflictos. Varios de los líderes que estuvieron en el empalme han planteado crear un espacio de diálogo intercultural a nivel nacional. Esto debería hacerse desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura para el tema específico territorial, pero es urgente, es una discusión pendiente desde hace ya varios gobiernos y este gobierno también debería entenderlo”, puntualiza.
Si algo han dejado las fallidas reformas agrarias es la enseñanza de que en Colombia la tierra es necesaria pero insuficiente para superar las brechas en la ruralidad. Por eso, el Acuerdo de Paz estableció distintas herramientas para atacar la pobreza y la desigualdad. Se construyeron planes nacionales para la reforma rural que tendrían que abordar diferentes aspectos: el acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción, así como la provisión de bienes públicos entre ellos salud, educación, y la seguridad social.
En El Carmen hay campesinos que producen y quieren seguir produciendo, pero no cuentan con tierras propias, por lo que tienen que trabajar en parcelas arrendadas o prestadas por familiares o vecinos. Y aunque recibir su tierra es un avance, no es suficiente. Ese es el caso de Policarpo de Jesús Vargas, un campesino de la vereda La Argelia quien lleva 57 años labrando la tierra, pero que nunca ha tenido un terreno propio. “Lo que debería hacer el gobierno es primero que todo entregarle tierrita a los campesinos que no tenemos y luego que a uno le prestaran la plata, sin intereses o con interés bajitos, pa’ uno poder trabajarla, porque, qué se gana usted con tener una tierra, sino tiene con qué trabajarla, si le toca jornalear para conseguirse la comidita, cómo hace uno para sembrar, le queda muy duro, por ello requerimos de ayudas del gobierno”, dice Policarpo.
Ana Jimena Bautista explica que la falta de acompañamiento hace que la reforma integral sea fallida. Asegura que la gente después de acceder a la tierra tiene que venderla porque es muy difícil lograr que sea sostenible. “La reforma agraria no es solo el tema de acceso a la tierra, sino que contempla el funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria que busca que el Estado intervenga en los distintos territorios de manera integral. Es decir, que haya otros temas como la conectividad, la adecuación de tierras. Ya en el pasado nos hemos dado cuenta que si el sistema no funciona como un sistema, pues los intentos de reforma agraria fracasan”, cuenta Ana Jimena.
El Gobierno de Iván Duque dejó formulados 14 de los 16 planes. Sin embargo, su formulación y ejecución no se pensó como sistema y cada plan ha sido estructurado de manera desarticulada con el resto de la institucionalidad. “Uno ve cada entidad preocupada por cumplir sus metas entonces hay una Agencia Nacional de Tierras anunciando todos los días que entrega tierra o formaliza, que eso está bien, pero esas entregas son absolutamente dispersas y eso dificulta que el sistema llegue como sistema”, recalca Bautista.
En esta línea también está la búsqueda de la seguridad alimentaria. En Colombia, según el último censo del DANE, más del 50 por ciento de los hogares está en inseguridad alimentaria. En El Carmen de Atrato esto es una prioridad, los y las campesinas piden apoyo para la autosostenibilidad en el territorio, a través de la conformación de granjas con producciones a pequeña escala que combinan producción agrícola y pecuaria, además de la producción de abonos orgánicos, biopreparados, entre otros.
"Qué se gana usted con tener una tierra, sino tiene con qué trabajarla, si le toca jornalear para conseguirse la comidita, cómo hace uno para sembrar, le queda muy duro."
Policarpo de Jesús, campesino de la vereda La Argelia
También solicitan la eliminación de los intermediarios con productos que los campesinos y campesinas ya producen; como el caso del café, la leche, las frutas, hortalizas, entre otros. Y apoyo en el fortalecimiento del turismo sostenible; comunitario y de naturaleza, implementación de propuestas o proyectos de pagos por servicios ambientales y ganadería sostenible, generación de propuestas y proyectos en donde se priorice a las mujeres.
En años anteriores, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la falta de una solución integral al conflicto de tierras ha perpetuado el conflicto y la violencia. Históricamente en el país a cada esfuerzo de reforma agraria le ha seguido una contrarreforma armada y nuevos ciclos de violencia.
Al día de hoy la mayoría de campesinos en la vereda La Argelia adelantan procesos de restitución de las parcelas que les fueron entregadas por el Incora en 1994 y que se vieron obligados a abandonar ante la presencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc y la incursión paramilitar. Los procesos de retorno, entre los años 2005 y 2007, solo acogieron a unas pocas familias y por ello, aún reclaman respuestas y avances.
En la actualidad, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (también llamado Clan del Golfo) se están disputando el territorio ubicado en la frontera entre los departamentos del Chocó y Antioquia, muy cerca de El Carmen de Atrato. Este lugar es estratégico porque ahí está ubicada una de las dos carreteras que comunica al Chocó con el interior del país y se juega el corredor para mover droga, armas y personas. La guerra entre estos dos grupos, que se ha intensificado en los últimos meses, mantiene a la población civil, especialmente la indígena, atemorizada por riesgo de reclutamiento, minas antipersonal y combates.
Hacer frente a este tema requiere, de nuevo, la articulación de las entidades del Estado, pero hasta ahora, el Gobierno Petro no ha hecho claridad sobre el tema. Para la plataforma campesina de El Carmen de Atrato la reforma agraria integral y popular se traduce en la posibilidad, no solo de tener acceso a la tierra, sino en las garantías para hacer uso de ella. La permanencia del campesinado en el territorio depende, en buena parte, de las garantías de seguridad en la zona y del apoyo para la solución de los conflictos interculturales que hay en el territorio. El acuerdo humanitario con el Eln que se vislumbra, les da esperanza, pero no es suficiente.
“Queremos simplemente que lo que vayan a hacer lo hagan y no le digan mentiras a la población como ya lo han hecho. Si a usted le van a dar tierra y le prometen proyectos productivos, le prometen comercialización, que lo hagan, porque de lo contrario terminan siendo los mismos ricos los que se quedan con la tierra”, dice un campesino de La Argelia, que prefiere omitir su nombre. El llamado que hace el campesinado de El Carmen de Atrato es que esta vez, a diferencia del 2003, no los dejen botados.
Desde las cinco de la mañana más de 50 personas cerraron con cintas, llantas, palos y vehículos el puente de entrada y salida al municipio de Tadó. Los rapimoteros, comerciantes y otros habitantes detuvieron por más de seis horas el flujo vehicular de la vía que comunica el municipio con el resto del departamento del Chocó. La solicitud principal fue que el alcalde Cristian Copete respondiera cuándo volverá el hospital a prestar sus servicios con normalidad. La indignación, aseguran, se debía a que las autoridades no les habían dicho a los tadoseños por qué desde el martes pasado el centro de salud ya no atiende urgencias, hospitalización, ni los servicios de rayos X y farmacia.
Alejandro Perea, uno de los líderes del paro, cuenta que la gente de Tadó está cansada de que las instituciones no les entreguen ninguna información. “Nosotros hacemos el cierre por el desconocimiento en el que nos tiene el hospital como entidad y la administración, que es la responsable de informar al municipio. En estos momentos el pueblo desconoce por qué el hospital fue sellado.. El pueblo tadoseño levanta la voz porque está cansado de lo mismo, hoy exigimos que la administración, la personería y las entidades responsables de todo lo que está pasando, den la cara”, dijo Perea en la emisora Soberana Estéreo.
Lina Marcela Arriaga, una madre de familia que se unió al bloqueo, dice que lo que más le preocupa es la falta del servicio de urgencias. “Da tristeza llegar al hospital, llevar uno a su hijo enfermo, un niño gritando que no puede soportar el dolor de cabeza, y que digan que no hay cómo atenderlo, que está sellado, que no hay como comprar ni una jeringa. No hay nada, estamos colapsados. Todo el tiempo nos dicen mentiras. Sellaron el hospital y nadie nos dio información de por qué”, dijo Arriaga.
Por su parte, Luis Alfonso Murillo, veedor ciudadano, solicita que lleguen autoridades externas al municipio para solucionar la crisis del hospital. “Hay que llegar a un acuerdo con el alcalde y con la gobernación del Chocó. No hay razones para que un pueblo como Tadó, de más de 21 mil habitantes, no tenga un buen hospital, no tenga para atender una urgencia, no tenga ambulancia. Que el Gobierno haga una visita para mirar dónde está la plata que ha llegado en estos años”, dijo el veedor.
Esta situación es producto de un mal manejo del hospital que está en crisis desde hace más de diez años. Esto es lo que ha pasado en los últimos años:
Puede conocer todos los problemas del hospital aquí.
Vanessa Córdoba dijo que el bloqueo “fue producto de la desinformación'' y, a pesar de todas las quejas y fallas evidentes, aseguró que “en ningún momento el hospital cerró, ni dejó de prestar los servicios”. “Tenemos la consulta de medicina general. La E.S.E les va a atender las urgencias vitales. Hay un problema de información y les agradecemos nos ayuden a aclararlo. Tenemos unos servicios para fortalecer y estamos trabajando en ello”, dijo Córdoba en reunión con los manifestantes.
Sobre los problemas del hospital dijo que es responsabilidad de administraciones anteriores y de los mismos tadoseños. “Han sido los mismos tadoseños los que han dejado al hospital como está. Lo que no queremos escuchar es que no se hizo una gestión administrativa adecuada allí. Nos duele y hoy muchos me van a odiar, pero allí lo que pasó fue que los tadoseños fueron los que no quisieron la E.S.E, eso no es un problema de cuatro meses, eso es un problema de administraciones anteriores. Hay deudas de dos mil y pico de millones y nosotros hemos llegado a tratar de apalancar y hacer acuerdos de pago de procesos jurídicos. Aquí ha habido un pueblo que no ha querido entender”, dijo en entrevista con la emisora Soberana Estéreo.
Sobre el cierre del servicio de hospitalización, Córdoba explicó que por ser un hospital de baja complejidad, no tienen los recursos para mantener un paciente hospitalizado por más de tres días. “No alcanza para sostener un usuario más de tres días hospitalizado, si lo tengo allí más de tres días debo remitirlo. Tengo unos servicios habilitados que no puedo prestar y los que puedo prestar no los tengo bien”, indicó en la misma entrevista.
Pasadas las 11 de la mañana, un grupo de manifestantes se reunió con el alcalde Cristian Copete para discutir las peticiones. A la una de la tarde el alcalde llegó en compañía de la gerente al punto del bloqueo para aclarar varios puntos y levantar el paro. Allí se construyó un acta en la que el alcalde y la gerente se comprometieron a reabrir los servicios suspendidos en, aproximadamente, 45 días.
Por ahora, la comunidad se comprometió a crear un grupo veedor que haga seguimiento a los acuerdos del acta, sobre todo, a la apertura de los servicios que tendría que darse en enero de 2023. Con estas respuestas, y la comunidad medianamente conforme, a las tres de la tarde se levantó el bloqueo.
