La liquidación de la Cooperativa de Caficultores de los Andes dejó a Fabián Betancur de brazos cruzados. El café que sacaba de sus dos hectáreas ya no tenía dueño seguro y los insumos agrícolas que compraba a buenos precios ya no era fácil conseguirlos. Además, nadie le daba respuesta sobre sus ahorros en la cooperativa que alcanzaban los siete millones de pesos. Fue un momento crítico.
La esperanza llegó cuando en julio del año pasado el punto que ocupaba Cooperandes lo tomó la Cooperativa de Caficultores de Salgar y los campesinos tuvieron quien les asegurara la compra nuevamente. Sin embargo, esta semana y sin avisar, siete meses después de su apertura, la cooperativa cerró las puertas del punto de compra y venta. Ahora Fabián y los otros 220 caficultores del municipio ya no tienen quién les compre el café que producen.
¿Qué pasó con las cooperativas?
En marzo de 2022 la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) ordenó liquidar la Cooperativa de Caficultores de Andes, que tenía una sede en El Carmen de Atrato, por considerarla económicamente inviable. La decisión fue tomada tras dos años del inicio de la intervención de Cooperan por supuestos malos manejos.
“Las ventas de café bajaron de 28 millones de kilos en 2020 a 11 millones en 2021, es decir una disminución de más del 50 por ciento, lo que desarmó todas las proyecciones y los principios de acuerdo que habíamos elaborado con los acreedores”, le dijo en ese momento el interventor Alejandro Revollo al periódico El Colombiano. Sin embargo, para la cooperativa aún hay esperanza: los acreedores tienen dos meses para decidir sí se ajustan algunos intereses de las deudas y se reactiva, de lo contrario la liquidación terminaría en marzo de 2023.
En julio de 2022 llegó la Cooperativa de Caficultores de Salgar para llenar el vacío. En ese momento llamaron a Julián Echeverry para que administrara el punto, hasta enero de este año, cuando se acabó el contrato. “Cuando cerraron la Cooperativa de los Andes nos llamaron y nos ofrecieron el puesto por un contrato de seis meses. Ahora en enero nos dijeron que no nos renovaban el contrato porque no tenían plazas para nosotros, pero no sabemos por qué cerró”, confiesa Echeverry. Sin embargo, cuenta que en el punto atendían a más de 150 personas, pero el local era arrendado y el café era muy poco.
Según un comunicado firmado por el gerente de la cooperativa, Jaime Alexander Henao, el cierre del punto en el municipio fue “acorde a lo establecido en las proyecciones que la Cooperativa de Caficultores de Salgar tenía planteadas para brindar acompañamiento en la región” y aseguraron que pronto informarán sobre la garantía de compra por parte de la institucionalidad cafetera.
¿Qué dicen los caficultores?
Los caficultores del municipio quedaron sorprendidos con el cierre y, otra vez, no saben qué va a pasar con sus cultivos. “A mi no me han dicho nada, no especificaron el motivo. La cooperativa estaba como por contrato y cuando se les acabó el contrato recogieron. Pero no nos dieron ninguna explicación, cuando menos pensamos el muchacho dijo que la iban a recoger”, cuenta Fabián de Jesús Madrid Castañeda, que lleva más de 25 años cultivando café en El Carmen.
Ahora la única opción que tienen Fabián de Jesús, Fabian Betancur y los otros caficultores es ir hasta Ciudad Bolívar, a una hora de El Carmen de Atrato, para poder vender su café pergamino seco. Esto les trae costos extra que terminan haciendo el negocio inviable: en el transporte de la carga y los pasajes se gastan entre 30 000 y 40 000 pesos, además de los gastos en comida.
“Sale muy caro porque toca perder un día, conseguir el transporte y los gastos que hace uno allá. Y si fuéramos a vender un buen volumen no afectaría tanto, pero uno vende muy poquito, entonces no vale la pena"
Fabian Betancur, caficultor de el Carmen de atrato
Y es que en El Carmen de Atrato la caficultura es particular, según explica Diego Alberto Restrepo, extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio. La cosecha es “graneadita”, es decir, no hay meses de grandes cosechas, cada mes los caficultores tienen pequeñas producciones que pueden variar normalmente entre media o una arroba de café según el clima y la cantidad de palos de café. Por eso, cuentan, no se justifica el viaje hasta otro departamento.
“Si a uno le resultara la carguita (125 kilos), o de ahí pa’ arriba, se justifica, pero por aquí sacamos arrobitas, kilitos, entonces mejor nos quedamos aquí en el municipio. La plata uno la necesita, pero no se justifica la ida, toca mandar mandados con los carros que van. Por eso el cierre de la cooperativa nos afectó mucho”, cuenta Fabián de Jesús.
Además de los costos extra para poder vender el café, el cierre de la cooperativa tiene otras implicaciones. La organización también les vendía abonos y otros insumos a precios asequibles y servía de reguladora de precios para la venta: “Cuando uno iba donde un particular y el precio que le pagaban era menor que el de la cooperativa, se podía negociar y ahí el particular no tiene de dónde pegarse, la única forma es que el comprador particular subiera el precio de compra, ahí estaba ganando el cafetero”, dice Restrepo. Ahora, los caficultores están a la merced de los precios que les ofrezcan.
No es el único problema: falta mano de obra y el invierno azota
Las constantes lluvias han dificultado la producción de café. “En este momento no hay mucha producción porque la lluvia no dejó que hubiera una buena floración, y si no hay una buena floración, entonces no hay producción”, explica Restrepo. Cuenta además que llevan dos años en los que el invierno casi no les da tregua. “En noviembre del año pasado un campesino me dijo ‘Diego yo para esta época yo estuviera sacando de diez a siete cargas de café y en este momento no he sacado ni dos’”, agrega.
En el municipio hay aproximadamente 180 hectáreas de café sembradas. Y según la caracterización de la Federación, es una caficultura de pequeños cafeteros con pocas tecnologías, “son muy empíricos”, cuenta Restrepo. Y aunque es poca producción, la mano de obra se queda corta: “La mina acapara a todos los jóvenes y aunque no es una caficultura muy espesa, el caficultor que tenga 10 000 o 12 000 palos de de café a veces se ve a gatas para coger ese café, a veces se le pierde producción porque no tiene como cómo coger ese ese grano”.
Lo que sigue:
Los caficultores carmeleños tienen la última esperanza puesta en la Federación, esperan que puedan apoyarlos, por ahora, en asegurar la compra de su producción. Mientras tanto Diego Alberto Restrepo asegura que el acompañamiento técnico por parte de la Federación continuará, y que hará lo posible para que las compras vuelvan al municipio. Pero no hay nada seguro.
Por su parte, William Valencia Peña, gerente liquidador de la Cooperativa de Cafeteros de los Andes, no descarta que se pueda recuperar la organización. En máximo dos meses, los acreedores responderán si acceden a algunas solicitudes sobre los intereses y la deuda, en caso de que sí, la cooperativa se reactiva, si no, se tiene previsto que el proceso de liquidación termine en marzo de 2024.
Los estudiantes de La Guajira deben volver a clases el próximo 6 de febrero, pero los preparativos para el regreso a las aulas en el sur del departamento van a media marcha. A pesar de que la Secretaría de Educación ya contrató el transporte y la alimentación para los 12 municipios no certificados, varios rectores y docentes de San Juan del Cesar y Fonseca aseguran que aún hay varios asuntos pendientes.
Entre estos, arreglos a daños estructurales y contratar los servicios de aseo y vigilancia. Este último tema realmente preocupa a los rectores, quienes aseguraron que si no están listos antes del próximo mes, no iniciarán actividades.
En Consonante revisamos qué está listo y qué no para que los estudiantes regresen a las aulas. Esto es lo que encontramos:
Los contratos firmados
El 15 de diciembre, más de dos semanas después de terminado el año escolar, la gobernación contrató el servicio de transporte por 18,9 mil millones de pesos. El contrato fue firmado con la Unión Temporal del Caribe que está integrada por Transportes Sensación SAS, Lineas Escolares y Turismo SAS- Lidertur SAS.
Transportes Sensación SAS ya se había presentado a la primera licitación pública abierta para este contrato en agosto de 2022 que fue suspendida por un juez un mes después. Mientras tanto, Lineas Escolares y Turismo SAS-Lidertur SAS es una empresa bogotana que ha contratado con varias entidades públicas en la capital del país.
Sin embargo, al revisar el contrato lo que llama la atención es que la cantidad de rutas y vehículos contratados es la misma de hace cuatro años. En total, solo habrá 292 rutas y 332 vehículos para las áreas rurales y urbanas.
“Cada vereda merece un vehículo. El año pasado solo había una camioneta por dos. Como solo cabían 10 o 15 niños, y tenemos 16, nos turnábamos. Una semana iba la mitad de aquí y la otra, la mitad de allá. Este año son 20 niños”, dice Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal de la vereda Los Toquitos, en Fonseca.
La comunidad educativa ha denunciado varias veces que los vehículos no alcanzan. Aún así, desde la oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Educación aseguran que al momento de formular el proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación no habían recibido estas denuncias.
Por otro lado, el contrato para el apoyo al Programa de Alimentación Escolar (PAE) se firmó otra vez con el Programa Mundial de Alimentos para los próximos 11 meses. Los padres de familia esperan que el servicio no presente intermitencias como el anterior.
Los asuntos pendientes
Desde 2019 no incrementa el número de plazas disponibles para maestros en el departamento a pesar de que la población estudiantil ha aumentado 13 por ciento, según cifras oficiales. Es decir, hoy hay cerca de 10 535 estudiantes más que hace tres años.
“Tuvimos un curso de 84 estudiantes y nunca le nombraron docente. Se mantuvieron en alternancia hasta fin de año y la situación sigue igual”, cuenta Nelvis Peralta, rectora de la institución Clotilde Poveda. Además, según Peralta, hay padres y madres de familia preocupados porque la falta de docentes repercute en los cupos disponibles para sus hijos e hijas. “Faltan aulas, docentes y pupitres. Muchos niños se van a quedar por fuera del sistema”, asegura la rectora. Por esta misma razón, en la Institución Técnica Agropecuaria del corregimiento de Conejo no hay cupos para estudiantes nuevos este año.
En San Juan del Cesar la situación es parecida. Sin mencionar que varios profesores y maestras ya cumplen los requisitos necesarios para retirarse.
Adaulfo Manjarres, secretario de Educación, reconoce que hacen falta docentes, y asegura que está a la espera de que el Ministerio de Educación apruebe 448 nuevas plazas. “Desde finales de 2021 hemos realizado mesas de trabajo debido a que la planta es insuficiente para atender la población estudiantil matriculada en el SIMAT”.
El nuevo contrato del servicio de vigilancia y aseo no se ha firmado, y desde la Secretaría de Educación ya le confirmaron a los rectores en una reunión realizada la semana pasada que no estará listo para el 6 de febrero.
Algunos rectores de San Juan del Cesar contrataron personal de aseo durante los primeros días del año con recursos propios. “Yo negocié con la aseadora que trabajó el año pasado para poder tener una buena presentación al momento de culminar la jornada de matrícula. No sé cómo haré la semana entrante”, confiesa Clotilde Urbina, rectora de la IED María Auxiliadora.
Pero al rector de la Institución Educativa José Eduardo Guerra el problema que más le preocupa es la inseguridad pues en varias ocasiones han sufrido hurtos.
Por su parte, Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca, asegura que no cuenta con el personal suficiente para administrar la escuela. “Hacen falta administrativos, un coordinador y una psicorientadora para poder atender a 1 700 alumnos”, dice.
Aulas en mal estado, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas y salones sin pintura. Este es el escenario que se repite en varios colegios. A pesar de que los rectores han alertado sobre estos daños desde hace varios meses, desde la Secretaría de Educación aseguran que todavía están reuniendo información para hacer los arreglos necesarios.
“Estamos realizando el levantamiento de información de infraestructura, legalización de predios y titularidad de estos para la formulación de un proyecto que será financiado con recursos de regalías”, respondió la entidad a una solicitud de información enviada por Consonante. La Secretaría, sin embargo, no aclara qué obras se priorizarán en el proyecto ni en qué estado está.
La situación en algunas instituciones no da espera. Por ejemplo, en la IED de El Carmelo, en San Juan, los estudiantes no tienen un restaurante en buenas condiciones.
Y en el Colegio Clotilde Poveda, en Fonseca, hay hacinamiento: en un salón que fue diseñado para alojar entre 20 y 25 estudiantes, hubo entre 38 y 42 estudiantes durante 2022. Esto, a pesar de que el año pasado la ONG Save the Children y la alcaldía municipal hicieron arreglos en la institución.
El año pasado la suspensión del servicio de transporte escolar durante los últimos cuatro meses se tradujo en pupitres vacíos. Aunque no hay cifras, los rectores aseguran que muchos estudiantes dejaron de ir al colegio porque debían caminar largos trayectos, o porque sus padres a veces no tenían el dinero necesario para pagar el transporte.
“No alcanzaron a lograr todos los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) porque estuvieron ausentes”, dice Nelvis Peralta. “La situación para nivelarlos es complicada, porque un profe alcanza a tener hasta 40 estudiantes. Entonces, los niños quedan con muchas lagunas y esto repercute en su nivel académico”, agrega.
Sin embargo, desde la Secretaría de Educación departamental sostienen que no se reportó deserción escolar por la falta de transporte, por lo que tampoco tienen una estrategia que les permita a los docentes y rectores enfrentar la situación.
A esto se le suma lo que varios estudios han señalado: la interrupción de clases presenciales por la pandemia de Covid-19 generó un rezago académico que aún no se ha subsanado. Según Unicef, tres de cada cinco niños y niñas de América Latina y el Caribe perdieron un año escolar durante la pandemia.
En los resultados de las pruebas Saber 11 de 2021, las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales estuvieron entre 30 y 54 puntos por debajo de la media nacional.
Entonces, ¿qué se puede esperar?
A quince días del inicio de clases no hay muchas alternativas a la vista. En Fonseca, el alcalde Hamilton García le dijo a los rectores que los 800 millones de pesos del presupuesto municipal no alcanzan “para hacer una obra significativa en cada institución y que la solución sería la construcción de un megacolegio”, cuenta Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca.
El 25 de enero los rectores tendrán una reunión con el secretario de educación departamental Adaulfo Manjarrez en el corregimiento de Papayal, y cada rector debe llevar un oficio con las necesidades de su institución. Apenas ese día esperan tener un plan de acción definido para el inicio de clases.
Las ocho comunidades indígenas que componen el resguardo del Alto Río Bojayá, en Bojayá, Chocó, están confinados desde hace casi tres años. El 25 de julio de 2020, la Fuerza Pública se enfrentó con el Eln a solo 100 metros de las viviendas de la comunidad de Chanó, una de las que componen este resguardo. Las 268 familias que en ese momento estaban en la comunidad escucharon los tiros de fusil y algunas balas fueron a dar a sus viviendas. El miedo se apoderó del territorio.
Apenas seis meses después, el 23 de enero de 2021 Máximo Baquiaza, integrante de la misma comunidad murió después de que una munición sin explotar estallara en sus manos tras ir a buscar comida a su finca. La comunidad dejó de ir a los cultivos. Finalmente, el 30 de enero de 2022, miembros armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) —más conocidas como el Clan del Golfo— entraron a la comunidad y amenazaron de muerte a los maestros. Además, les prohibieron denunciar lo que estaba pasando. En el pueblo, se suspendieron las clases durante algunos meses, pero la zozobra continúa hasta hoy.
Decenas de comunidades indígenas en todo el país, especialmente en el Chocó, enfrentan una situación parecida. El 2022 fue el año más violento para los Pueblos Indígenas en Colombia desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Onic. Durante el año pasado hubo 453.018 víctimas de acciones como desplazamiento forzado, hostigamiento y confinamiento, siendo esta última la acción violenta que dejó mayor número de víctimas. El confinamiento, según el informe, se concentró en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. Este hecho dejó 192.174 víctimas en lo que la organización denomina la Macro Occidente, que comprende la zona que va desde el norte del Chocó hasta Nariño y desde la costa Pacífica hasta Risaralda
Durante el año pasado hubo 453.018 víctimas de acciones como desplazamiento forzado, hostigamiento y confinamiento, siendo esta última la acción violenta que dejó mayor número de víctimas.
En el Chocó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, tienen acorraladas a los indígenas. En el último año, según Alberto Achito, líder Embera Dóbida que apoya a las comunidades de Juradó, Riosucio y en el Alto Baudó en temas de derechos humanos, las víctimas han aumentado porque el narcotráfico cada vez gana más terreno en el departamento. “No hay un área en la que no haya ese negocio. En algunos puntos si bien no hay cultivos, sí son corredores de paso para traficar y sobre todo el Chocó que tiene frontera marítima, con los dos océanos, y también la frontera terrestre. Todos las rutas están encaminadas a llegar a Panamá y de Panamá irse hacia Centroamérica. Es una ruta en la que tienen permanentemente moviendo y vigilando gente”.
Pero no son solo los grupos paramilitares. Según la organización Indepaz, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) está presente en prácticamente todos los municipios del Chocó, a excepción del Carmen del Darién y algunas zonas del Baudó y del Atrato, donde el control es exclusivo de las Agc. Además, en municipios como el Litoral del San Juan hay otros grupos armados que Indepaz califica como narcoparamilitares. Pero es la disputa del Eln y las Agc por el control del territorio la que genera la violencia contra los pueblos indígenas y afro del departamento.
La presencia de la Fuerza Pública tampoco les ha traído tranquilidad. Después de la explosión de la mina, el Ejército arrasó con los cultivos de plátano, banano y cacao en un intento de desminar la tierra, y la comida empezó a faltar.
Los combates entre los grupos, y de estos con la Fuerza Pública, la instalación de minas antipersonal y las amenazas a líderes son los principales hechos que han generado que las comunidades indígenas se mantengan confinadas. Pero la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) también ha registrado hechos de violencia contra mujeres y niñas y amenazas de reclutamiento forzado.
“Mientras más cultivo y más cocina, más producción, entonces necesitan más gente, tanto para que sirvan de mulas, raspachines, o para sembrar y hacer el mantenimiento. Pero están en todas las comunidades indígenas, más o menos en 520 comunidades indígenas, sin contar comunidades campesinas y afro”, explica Achito. Pero el interés no es únicamente el narcotráfico. En zonas como Río Quito y parte del río San Juan los grupos también están detrás de la minería. Según fuentes confidenciales que monitorean el conflicto en el departamento, los grupos también se financian a partir de la trata de personas, el comercio de armas, la venta de especies y la extracción de madera.
Violencia, silencio y hambre
En noviembre del año pasado, antes de que varios grupos anunciaran un cese al fuego durante las fiestas, la Ocha reportó cuatro situaciones de confinamiento en el resguardo Jurubira Chori del Alto Baudó, en la cuenca del río Trubandó en Riosucio, en el asentamiento La Bendición en Quibdó y en 25 comunidades afro e indígenas de Nóvita. En total, 6.670 personas estaban confinadas, según cifras oficiales. Sin embargo, existe un subregistro.
La Onic ha advertido que las autoridades indígenas no reportan muchos de los confinamientos “debido a las consecuencias que esto genera sobre la integridad individual o colectiva, las dificultades de acceso a los territorios ancestrales o la falta de medios de comunicación y acceso a internet”.
La mayoría de las comunidades indígenas afectadas por los grupos armados y la Fuerza Pública viven en lugares a los que solo es posible llegar navegando ríos o después de varias horas de caminata. A su tierra no llegan con frecuencia las autoridades. Las comunidades se sienten desprotegidas y, para cuidar su vida, dejan de ir a las zonas rurales, a pescar, sembrar o cazar sus alimentos.
En la comunidad de Mondó Mondocito, en Tadó, llevan varios meses sin ir a las fincas en las que tienen sus cultivos de pancoger. Recolectar comida implica moverse en la selva, en la que se mueven grupos armados y han sido asesinados varios líderes. “Vivimos asustados. Nos llegan amenazas a todos los líderes. Nos protegen los guardias cuando vamos a ir al río a bañarnos, a divertirnos y a pescar, pero al monte no vamos”, dice un líder de este resguardo que pidió proteger su identidad. La falta de alimento los ha llevado a crear grupos para ir a hacer mercado en Tadó, a poco más de una hora de camino. Pero no siempre tienen el dinero para hacerlo.
En otras comunidades, como la del resguardo Alto Río Bojayá, las personas tampoco van al monte. “Las fincas están a tres o cuatro horas, algunas a dos horitas, por el río. Nosotros no manejamos vehículos de motor, vamos a palanca (remando). Entonces esas fincas hoy prácticamente ya no se encuentran sino las casitas que tenemos construidas. Los cultivos se perdieron”, afirma el líder. Ir caminando tampoco es una opción. “En el camino están las instalaciones de las minas antipersonal”.
La pérdida cultural
El confinamiento ha traído otros problemas para la población indígena, como no poder visitar sus sitios sagrados. Sin embargo, la población resiste. Por ejemplo, en Mondó Mondocito llevan cinco años intentando recuperar la cultura que se debilitó por el desplazamiento que sufrieron en 2012.
En medio del confinamiento, algunas comunidades han buscado estrategias para continuar con sus prácticas culturales, como recoger plantas medicinales. “Al que sabe de las plantas lo lleva la guardia. Si no recogemos plantas, verdaderamente los niños se nos pueden morir. Con ellas hemos curado a muchos porque no todos tienen plata para comprar medicamentos”, cuenta el líder de esta comunidad.
Los líderes explican que los valores también se han perdido. La llegada de los grupos armados ha fraccionado las relaciones entre vecinos y hasta familias enteras. “Como hay personas dedicadas a trabajar con esta gente, entonces son entre las mismas familias que dan dedo (matan) a su primo, o a su tío porque no quieren someterse a ese tipo de negocios o porque no quieren irse a las filas de los paramilitares o del Eln. Ya no hay gestos de solidaridad, que es lo más elemental para la gente del campo”, comenta Achito
En medio de esta situación han decidido salir acompañados como forma de resistencia colectiva, al menos en grupos de 20 personas, y compartir el conocimiento sobre el riesgo de minas antipersonal que algunos líderes han adquirido, como no caminar por fuera del camino demarcado o evitar lugares en los que ha habido accidentes. “Lo que hemos hecho es cerrarnos y también decir nuestras leyes, nuestro gobierno propio y no aceptarles nada y discutir con ellos en asamblea, con toda la comunidad, porque ahí es donde hemos tenido fuerzas de no dejarnos someter”, explica Achito.
El riesgo sigue
A pesar de que la situación de violencia en el departamento no ha disminuido, las comunidades inician el 2023 con la esperanza que ha intentado dar el Gobierno Nacional ante el primer ciclo de diálogos con el Eln. El 18 de enero se desplazó una Caravana Humanitaria al Bajo Calima y Medio San Juan para establecer condiciones que le permitan a los indígenas y afro salir del confinamiento y, en el caso de desplazamiento forzado, retornar a sus territorios voluntariamente.
Sin embargo, los líderes indígenas advierten que hay otras acciones urgentes para que las comunidades puedan empezar a sentirse seguros: piden desminado militar, apoyo con alimentos, brigadas de salud, acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales en la verificación del cese al fuego y, sobre todo, que los dejen a ellos por fuera de la guerra.
Los saberes de los pueblos de la Sierra, entre esos el wiwa, fueron reconocidos por la Unesco
La Unesco reconoció, el 29 de noviembre, al sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) –arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos– como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Este sistema de prácticas y de conocimiento ancestral reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad está basado en la Ley de Origen. Este es el mandato sagrado que contiene los principios, las funciones y las expresiones que guían las acciones de las comunidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana: la agricultura, la medicina tradicional, el manejo de los sitios sagrados e incluso la realización de tejidos y la construcción de viviendas.
Para los cuatro pueblos de la SNSM el territorio es más que un límite o un espacio definido, es donde está escrita la Ley de Origen y donde se escucha lo que dice la Madre Tierra y los Padres Espirituales. San Juan del Cesar (La Guajira) hace parte del territorio donde habita el pueblo wiwa.
Dwirunney Torres, delegado en temas ambientales de la Confederación Indígena Tayrona del pueblo arhuaco, afirma que aunque este reconocimiento que hace la Unesco es importante pues visibiliza muchos años de lucha de los mamos y de los líderes espirituales, es simbólico y se necesita comenzar a trabajar a nivel interno y externo. “Para llegar a unas verdaderas garantías es necesario que el Estado empiece a implementar unas políticas claras para trabajar en el territorio. También es importante mirar cómo se empieza a fortalecer ese sistema de conocimiento a nivel de los pueblos”, dice.
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La grabación de la novela de Leandro Díaz dinamizó la economía
San Juan del Cesar se ha posicionado como un lugar ideal para el rodaje de series y telenovelas. En los últimos años, se han grabado cuatro grandes producciones en sus calles y corregimientos: Los Morales, La Cacica, Diomedes y, más recientemente, Leandro Díaz.
La atención que recibió el municipio durante el año pasado por la grabación se tradujo en más oportunidades de empleo directo e indirecto para sus 40 mil habitantes. Con las grabaciones de la telenovela del canal RCN sobre la vida del cantautor vallenato, los corregimientos como Zambrano, Los Pondores, La Junta y La Peña han adquirido otro ambiente. “Se ve emoción, gente en el pueblo. Esto era muy aburrido y ahora se ve la alegría de la gente”, dijo Carmen Rosa, habitante de Zambrano. En La Peña, además, tuvieron la oportunidad de presenciar una parranda de Silvestre Dangond en mayo.
El canal RCN contrató a más de 300 personas para labores de logística, conducción, actuación y aseo. Asimismo, arrendó casas para grabar algunas escenas y ha copado las habitaciones de los tres hoteles más importantes del municipio. A su vez, generó empleos indirectos en la venta de hielo y fritos.
Con las grabaciones los hoteles volvieron a brillar. La ocupación permanente de varias habitaciones por parte del equipo del canal RCN le ha dado un impulso al sector, uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19. Tres de los cinco hoteles que existen en San Juan del Cesar fueron utilizados por el canal. En Casa Murillo se hospedaron los directores y productores; en el Hotel Saraje se alojó el personal técnico, y en el Hotel Arisuan estuvo el elenco.
También aumentó el empleo para los jóvenes. La empresa contratista GSP Logística y Eventos, gerenciada por Leonardo Zambrano, fue la encargada de contratar personas del municipio para que trabajaran en la logística de las grabaciones: cargar equipos, ayudar a organizar locaciones y garantizar la comodidad de los actores. Background Talento y Logística SAS fue la encargada de coordinar el personal humano. Además de los extra para las escenas.
La cultura y el turismo volvieron a las calles después de dos años en pausa por la pandemia
Las fiestas alrededor de la música vallenata volvieron con fuerza después de dos años de pandemia y las restricciones por los contagios de Covid-19. El calendario cultural en el municipio se inició con el Carnaval, que reunió a unas 14 comparsas que danzaron por las calles de San Juan del Cesar. La reactivación del recorrido turístico de la Ruta del Cacique también logró atraer turistas de Colombia y otras partes del mundo, quienes llegan al corregimiento La Junta atraídos por la historia del fallecido cantante Diomedes Díaz.
La agenda cultural cerró con la 45 edición del Festival de Compositores, que nuevamente atrajo a escritores de vallenato profesionales, aficionados y verseadores de distintas partes del Caribe colombiano. Además de conectar con la tradición de composición que ha hecho famoso a este municipio del sur de La Guajira, los eventos se convirtieron en una oportunidad de impulsar la economía local.
Acá le contamos más sobre qué significa ser compositor en el sur de La Guajira
“Desde el martes de Semana Santa hasta el domingo vino mucha gente a La Junta. El viernes atendí más de 500 personas pero no todas entraron a mi sitio turístico. Pudieron ser cada día más de 1.000 personas. Las calles no se veían quietas un segundo”, contó Rosa Elvira Díaz, hija de Diomedes Díaz y gestora cultural del corregimiento de La Junta, una vez terminó la Semana Santa.
Se inició el proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado
El 18 y 19 de julio se dio una escena que hasta hace unos años era impensable en San Juan del Cesar. Ese día 12 exmilitares del Batallón La Popa, ubicado en la vía que conduce hacia Valledupar, reconocieron que habían participado en el asesinato de al menos 127 personas del sur de La Guajira y el norte del Cesar, entre enero de 2002 y julio de 2005. Entre los casos estaban incluidos los jóvenes Luis Eduardo Oñate Nieves y Carlos Mario Navarro Montalvo de San Juan.
La audiencia pública de reconocimiento se dio frente a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y las autoridades indígenas kankuama y wiwa, que fueron dos de los pueblos más afectados por las ejecuciones extrajudiciales.
Si bien fue un acto incipiente en el proceso de verdad, justicia y reparación en el municipio, permitió que más víctimas se unieran para reclamar por sus derechos, tuvieran visibilidad los hechos de violencia y recibieran apoyo de organizaciones sociales.
“Una sola golondrina no hace verano. Las dos familias nos hemos apoyado mucho, siempre hemos estado insistiendo en qué pasó, quién fue, cómo fue”, dijo Osmaira Nieves , hermana de Luis Eduardo, al hacer un balance del acto de reconocimiento.
Sin embargo, los familiares de las personas asesinadas quedaron pendientes de que el aporte de los exmilitares pudiera develar quién dio la orden de cometer las ejecuciones extrajudiciales. Además, aseguraron que aún hace falta convocar, reconocer y reparar muchas más víctimas en San Juan del Cesar.
Estas fueron otras de las deudas que quedaron pendientes en la audiencia.
La Alcaldía finalmente arregló el alumbrado público tras tres años de calles oscuras
La administración municipal comenzó en el mes de noviembre la instalación de 178 luminarias en el casco urbano y la zona rural, después de cobrar el impuesto del alumbrado público durante al menos tres años. Las quejas de la gente por la falta de iluminación en calles y parques eran constantes.
El contrato inició el 19 de julio para la instalación y el mantenimiento del alumbrado. Tiene un valor de 280 millones de pesos y es ejecutado por el contratista Luis Norberto Mosquera Gómez.
La Alcaldía pronosticaba que terminaría la instalación y el mantenimiento del alumbrado público en diciembre. Sin embargo, Mosquera aseguró que hacía falta un nuevo contrato para obtener recursos y así completar el 100 por ciento de la cobertura. "Esperamos que así se puedan reducir los hurtos y la comunidad sienta seguridad en las calles del municipio", dijo Mosquera. Pero en el municipio aún hay preocupación sobre quién se encargará de velar de forma permanente por el mantenimiento oportuno de la red para evitar quedar a oscuras nuevamente. También, les preocupa que aumente el costo de las facturas por el impuesto del alumbrado público.
| Puede conocer la historia del alumbrado público de Tadó aquí.Yeimar Gómez fue convocado a la Selección Colombia
El deporte también fue motivo de alegrías en el municipio. Este año Yeimar Pastor Gómez se convirtió en el primer tadoseño convocado a la Selección Colombia. Su llamado fue motivo de orgullo para la población de este municipio futbolero del que han salido otros jugadores, como Anderson Perea, quien juega en Bolivia y Yeicar Perlaza, jugador del Atlético Nacional.
El defensor central derecho de Seattle Sounders (USA) fue convocado, por segunda vez, por el técnico Reinaldo Rueda para el partido contra Honduras a inicio de año. Gómez comenzó a jugar a sus seis años de la mano del profesor Dalio Murillo, quien hasta hoy sigue entrenando a los niños de Tadó, y pasó a jugar a las divisiones menores del Boyacá Chicó. Ahí tomó la decisión de migrar a Argentina. Al igual que Carlos Sánchez, jugador oriundo de Quibdó que se inició en el fútbol profesional jugando en Uruguay, Gómez logró una oportunidad para debutar en el sur del continente. En Argentina, Yeimar Gómez jugó en los planteles del Rosario Central, Tiro Federal, Arsenal de Sarandí, Independiente Rivadavia y Unión (Santa Fe).
| Aunque todavía ha jugado con la selección, Gómez dice que ser llamado es un sueño cumplido. Consonante entrevistó al jugador que habló sobre su proceso futbolístico. Puede leer su entrevista aquí.Por otro lado, tras dos años de interrupción, este año volvieron los Juegos Intercolegiados al municipio. Participaron estudiantes de entre 14 y 16 años de las instituciones Nuestra Señora de Fátima, ITA, Normal Demetrio Salazar Castillo y Nuestra Señora de la Pobreza en fútbol, microfútbol y baloncesto. Además, Tadó fue el pueblo de concentración para la realización de la fase zonal San Juan 2 de estos juegos en el mes de agosto, el municipio recibió a los equipos de las instituciones educativas de: Alto, Medio y Bajo Baudó, Certegui, Cantón de San Pablo y Unión Panamericana.
Además, los dos equipos del municipio fueron protagonistas: Mineritos Fútbol Club y Club Nueva Generación de Tadó, ambos participaron en el torneo Primera C y aseguraron dos de los tres lugares del Chocó para la fase nacional del campeonato.
Durante las 24 semanas que duró la fase regional del torneo nacional, los clubes tadoseños demostraron su nivel. El Club Nueva Generación se mantuvo en la cima de la tabla producto de cuatro empates, ocho victorias y ninguna derrota. Logró 28 puntos. En la segunda fase del torneo se enfrentó al equipo de segunda división del Club Atlético Nacional, donde ya había jugadores profesionales. El primer partido lo empataron (2-2) en Guarne y el segundo, en Quibdó, tras un resultado de 1-1, se fue a penaltis. Ahí venció Nacional y Nueva Generación quedó por fuera del torneo.
Por su parte, Mineritos Fútbol Club se quedó con el segundo lugar de la tabla final de posiciones del torneo regional, con 22 puntos. En la fase nacional perdió contra el Atlético Urabaense por un estrecho margen.
|Si quiere conocer al equipo ideal del municipio, puede ver nuestro álbum Panini criollo aquí.La chirimía, los alabaos y las fiestas volvieron después de pandemia
Después de tres años de pausa por la pandemia del Covid-19, los y las tadoseñas salieron a las calles a disfrutar de los eventos que incluyeron desfiles, bundes, comparsas y otras celebraciones. Este año volvieron las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Pobreza en el mes de septiembre. Se hicieron actividades religiosas a la medianoche con la tradicional serenata y el bunde en los barrios. También hubo conciertos, muestras gastronómicas y comparsas. Participó un grupo de alabao teatral y se hizo el concurso del barrio mejor decorado en honor a la Virgen. Además, hubo un espacio en las fiestas para conmemorar los 295 años de la gesta libertaria del rey Barule.
|Puede ver cómo se vivieron estas fiestas aquí.En el municipio también se hizo el Jotatón, un festival que recibió a delegaciones del Valle del Cauca y de otros municipios del Chocó para resaltar la cultura, la ancestralidad y la gastronomía afrocolombiana. El festival recibió cerca de 300 bailarines para resaltar la Jota, un baile ancestral que muestra cómo mitigaban las fatigas los mineros y mineras artesanales del Chocó, que debían ir a los ríos a lavar la tierra con su batea junto a una piedra amarrada en la cintura. El evento tuvo también una feria de emprendimiento y platos típicos en el parque principal.
|Puede conocer la historia del líder esclavizado que gestó la primera lucha libertaria del Pacífico colombiano y se proclamó rey del Palenque de Tadó en esta entrevista con Wilson Murillo, gestor cultural de Tadó.Además, del 14 hasta el 16 de octubre, un grupo de once intérpretes del municipio llevó en alto el nombre de Tadó a la edición número 25 del Encuentro de Alabaos y Gualíes y Levantamiento de Tumbas. El evento reunió a 40 delegaciones de la región del San Juan, que cada año se congregan para preservar estos rituales mortuorios que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Nación en 2014.
Sory Jordan tiene 32 años y nació en Tadó. Se levanta a las 4:30 de la mañana para alcanzar a llegar a la novena de aguinaldos. Aunque en la mayoría del país la tradición es realizarla en la noche, los tadoseños la empiezan a las 5:00 de la mañana.
Está cayendo un aguacero, como es costumbre. Sory se prepara cada mañana un café para tener la energía suficiente y se dirige a la iglesia de San Pedro. Allí, el padre Yeiler Caicedo comienza puntualmente la novena, una hora a ritmo de la tambora que le da ‘sabor’ al tradicional “Burrito sabanero”. Pasadas las seis de la mañana sale de la iglesia, da una vuelta por el centro para comprar lo del almuerzo -y otras cosas para el día-. Habla con algunos vecinos y llega a la casa a prepararlo justo a las 12.
En la tarde se escucha a los niños jugando en las calles y los adultos esperan a que baje un poco el bochorno para hacer lo mismo: afuera de las casas se ven grupos de mujeres jugando dominó y hablando. En la noche no puede faltar la novela de las ocho, que muchas veces se ve interrumpida por un vecino poniendo chirimía y que termina reuniendo afuera de su casa a más de uno. Así suena un día de diciembre en Tadó:
Este año la Plaza Bolívar de San Juan del Cesar no se iluminó a inicios de diciembre como es costumbre. Para el Festival de Compositores no habían luces que alumbraran los árboles y el ‘espíritu navideño’ no llegó sino hasta después del 16 de diciembre cuando la Alcaldía y la Calle del Embudo fueron adornadas por la administración municipal. Aunque el alcalde Álvaro Díaz dice que aún no hay un valor definitivo de cuánto invirtieron en estos adornos, asegura que es mucho menos que lo que se desembolsó en años pasados.
“Atender la emergencia es mejor que iluminar la población”
El alcalde Álvaro Díaz afirma que este año el dinero que iba para el alumbrado navideño fue invertido en el mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales en medio de la calamidad pública declarada el pasado 9 de noviembre por la ola invernal. “Hemos querido ser austeros con ese tema porque creemos que hay unas obras que son de mayor relevancia en medio de las circunstancias de la pandemia y la ola invernal. El municipio de San Juan incluso acaba de declarar calamidad pública y la urgencia manifiesta debido a que se deberían priorizar recursos para atender a la población vulnerable y a la población víctima de lo sucedido”, dice el mandatario.
Después de declarada la calamidad pública, el municipio recibió 200 millones de pesos por parte del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastre del departamento de La Guajira. “Esos 200 millones son para el mejoramiento de la vía que conduce de San Juan del Cesar a Caracolí, los demás recursos que se han asignado para la atención de la ola invernal han sido recursos propios”, puntualizó Díaz. Según el plan de acción de la Alcaldía, se necesitarían en total $5.690.000.000 y hasta el momento el municipio no ha recibido recursos de la nación.
En años anteriores las propuestas que recibía la alcaldía para el alumbrado navideño eran de aproximadamente 200 millones de pesos, un gasto que, según la administración, no era respaldada por mucha gente: “Nosotros el primer año logramos iluminar a San Juan de forma, bellísima y encontramos a la comunidad molesta porque no les parecía que se inviertan recursos en alumbrado público, sin embargo, como teníamos un superávit hicimos el alumbrado público y lo mismo para el segundo año”, agrega el alcalde.
Hay opiniones divididas
Ivanna Aragón, estudiante universitaria, opina que no tener alumbrado este año hace que menos turistas lleguen al municipio para estas fechas: “Es bastante decepcionante, somos de los pocos municipios sin alumbrado después de varios años con decoraciones llamativas y teniendo en cuenta que siempre recibimos turistas. Me parece que el dinero del arreglo de vías rurales y urbanas y el alumbrado son proyectos totalmente ajenos y para cada uno se dispone un capital específico”. Muchos jóvenes han ido a municipios cercanos como Fonseca, pagando un pasaje en moto o carro que vale siete mil pesos, a tomarse fotos con los otros alumbrados.
Por su parte Lina Alfaro, habitante del barrio Juan Antonio Araújo, afirma que prefiere que la inversión de ese dinero se realice en otras cosas más urgentes. “Para hacer una inversión tan grande es mejor que le metan arreglos a San Juan en las calles y las vías de los pueblos para que haya más transporte, me gustaría que eso sí se dé y que siga siendo así”, comenta.
Lo mismo opina Angel María Balcazar, habitante de Guayacanal: “A mi me parece muy bien, eso de las luminarias es una cosa temporal, apenas llega enero la quitan, las obras sí quedan para el resto de la vida”, dice.
Desde la administración municipal dicen que la falta del alumbrado este año no va a causar repercusiones a nivel turístico. María Auxiliadora Amaya, secretaria de desarrollo económico, explica que para esto hicieron un concurso del barrio mejor alumbrado con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Así como otros eventos navideños como la novena de aguinaldos.
San Juan es uno de los municipios más visitados en el sur de La Guajira, y aunque no se tienen proyecciones del número de turistas que llegan para esta época, la Secretaría de Desarrollo informa que para Semana Santa se recibieron aproximadamente 300 turistas en el casco urbano y los corregimientos cercanos.
Lo que sigue: El plan de intervención de la alcaldía para hacerle frente a la ola invernal va hasta abril del 2023. En el municipio le harán veeduría a la inversión de todos los recursos, incluyendo al dinero que estaba destinado para el alumbrado navideño.
A las dos y media de la mañana del 3 de diciembre Luz Núñez se despertó sobresaltada. Varios golpes en su puerta, por cuenta de un muchacho del barrio, la hicieron correr a la entrada para recibir una pésima noticia: del local de su esposo, en el que vendían artículos de segunda mano, estaba saliendo una nube de humo. En menos de 10 minutos Luz estaba allá junto a sus vecinos. A las tres y media, una hora después, una patrulla llegó a la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para avisar que el local de Luz, y el señor Bernardo Velázquez, estaba en llamas. Cuando los bomberos llegaron al lugar de la emergencia ya era muy tarde. La ropa, los televisores, neveras, llantas y zapatos que vendían estaban consumidos y la estructura en pérdida total.
La tarea inicial era controlar el incendio para que no se siguiera expandiendo. El reto era grande: ninguno de los hidrantes funcionaba, la maquinaria no era suficiente y eran solo ocho bomberos tadoseños. Durante dos horas, con apoyo de bomberos voluntarios de Istmina y Condoto, además del apoyo de la comunidad, consiguieron dos motobombas para sacar agua del río Mungarrá y apagaron el incendio. Del local no quedó nada y la pérdida de la mercancía es cercana a los 50 millones de pesos. Además, dos casas aledañas quedaron en pérdida total y otras dos tuvieron afectaciones. Nadie salió herido.
Hasta el día de hoy los bomberos creen que el incendio fue causado por un corto circuito, pero no lo pueden asegurar. Aunque en el interior del local había electrodomésticos, no hay nadie en el cuerpo de bomberos, ni en Tadó, especializado en este tipo de siniestros que explique qué fue lo que pasó.
Aunque este incendio fue el más grave del año, en Tadó se registraron otros 4 incendios estructurales durante el 2022. Según Freiles Mosquera, comandante encargado del cuerpo de bomberos voluntarios de Tadó, el municipio se ha vuelto propenso a este tipo de eventos por la falta de conciencia de los tadoseños. “Son malos hábitos en cuanto al manejo de materiales combustibles o descuido por velas encendidas, fugas de gas o cableados eléctricos con malas conexiones al interior de las viviendas. En la mayoría de los casos las personas hacen caso omiso a las recomendaciones o exigencias dadas por el cuerpo de bomberos”, dice Mosquera.
La plata no alcanza: En Tadó hay nueve bomberos certificados que prestan servicio, por turnos de dos, las 24 horas del día. Seis bomberos operativos y tres en la parte administrativa. Pero Freiles Mosquera asegura que no es suficiente. “El convenio que se contrata con la administración municipal es suficiente para poder tener por los menos ocho bomberos en la guardia permanente durante el día y la noche”, puntualiza. Lo ideal, asegura Mosquera, sería tener tres turnos al día, de ocho personas, y así estar siempre disponibles para una emergencia. Para eso se necesitarían, por lo menos, 20 bomberos más.
Dario Copete, uno de los afectados del incendio del 3 de diciembre, dice que una de las razones por la que se propagó tan rápido fue precisamente la falta de capacidad operativa. “Tienen un número insuficiente de bomberos y no reunían las condiciones para combatir todo lo que pasó ese día”, dice. Luz Marina opina lo mismo: “Hasta de Istmina tuvieron que venir bomberos porque los bomberos de aquí no fueron suficientes para apagar eso, si hubieran sido suficientes no se habría propagado eso así”.
Los estándares internacionales que establece la NFPA (National Fire Protection Association) establecen que, para realizar una atención integral, es recomendable un bombero por cada mil habitantes y aunque Colombia, según la Unidad de Gestión del Riesgo, se rige bajo esos parámetros, la realidad es otra. En el municipio de Tadó hay 19 mil habitantes y solo 9 bomberos.
Mosquera asegura que no es solo la falta de personal, sino los pocos recursos para que la labor sea bien remunerada: “Para nadie es un secreto que ninguna persona trabaja de gratis -dice- es duro para los compañeros, hay que firmar un buen convenio con la Alcaldía para fortalecer el personal porque aunque han venido cumpliendo, ahora no es suficiente”.
En Colombia, según el artículo 2 de la ley 1575 de 2012, es responsabilidad de los distritos y de los municipios la prestación de este servicio público esencial bajo cualquiera de las dos posibles modalidades: a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios, como es el caso de Tadó.
Según Yussy Samira Agua Limpia, secretaria de Gobierno, la alcaldía le transfiere al cuerpo de bomberos 10 millones de pesos cada mes, de ahí sale el dinero para la gasolina de los vehículos, el incentivo para los nueve bomberos y otros gastos de funcionamiento. Pero el dinero no es suficiente para poder vivir de eso, mientras no están de guardia deben hacer labores informales como trabajo de construcción, agricultura o barequeo. Más de una vez los bomberos han tenido que abandonar sus otros trabajos para atender una emergencia.
Además, cualquier persona que cumpla con los requisitos para ser bombero debe asistir a una escuela de bomberos avalada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC). En Tadó no hay ninguna, así que el o la aspirante debe viajar a Bogotá, Medellín, Cali o Cartago. El curso para bomberos voluntarios dura aproximadamente entre seis y nueve meses, además hay que hacer una práctica para graduarse, así como prestar mínimo 30 horas mensuales de servicio. El costo es aproximadamente de un millón seiscientos, un valor que el cuerpo de bomberos de Tadó no puede cubrir.
Para hacerle frente a esos costos, la secretaría de Gobierno aseguró que la alcaldía tiene un proyecto de formación que esperan poner en marcha el próximo año. “Nos toca hacer más campañas o convocatorias de vinculación para ver si los jóvenes se unen a esta loable labor. Nosotros ya tenemos un proyecto para capacitación, para brindar apoyo al cuerpo de atención y desastres en el municipio, esperamos el próximo año ponerlo en marcha”, dice Yussy Samira.
Por ahora, si hay una emergencia grande como la del 3 de diciembre, o una peor, los bomberos deben pedir refuerzos. “Si la emergencia es masiva tocaría montar un puesto de comando incidente, donde se involucran todas las instituciones que tengan personal que puedan aportar”, cuenta Mosquera.
Hacen falta equipos: Otro de los problemas del cuerpo de bomberos es la falta de equipos. Para emergencias como la del local de Luz Núñez y Bernardo Velázquez, necesitan un camión cisterna, porque los hidrantes no funcionan. “Necesitamos un camión cisterna para alimentar la máquina número 2 porque los hidrantes no son suficientes y cuando llegue a presentarse un hecho en otra zona (lejos del río) se necesitaría”, dice el comandante Mosquera. Además, necesitan renovar los trajes, un equipo de respiración, un equipo de rescate (con un carro, porque la zona es montañosa) y una eslinga o cincha (una herramienta de elevación).
Mientras tanto, los bomberos de Tadó seguirán trabajando con lo que pueden y las pocas herramientas que les brindan. Piden a la comunidad acercarse para que conozcan las funciones del cuerpo de bomberos y pueda haber una mejor comunicación. Así como a apropiarse de las recomendaciones para evitar los incendios. Y exigen a la Alcaldía, actual y la que llegará el otro año, más apoyo para fortalecerse y así, poder dedicarse totalmente a esta labor.
Los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre miles de jóvenes de todo el país cumplen uno de los logros más esperados en la vida de un adolescente: graduarse. Atrás dejan el colegio que los acompañó por 11 años y ahora deben enfrentarse a eso que muchos llaman “el mundo real”. El problema es que en departamentos como La Guajira o el Chocó ese mundo real es mucho más difícil de sortear y aunque lo que sigue sería seguir con estudios de educación superior, para la mayoría no es la primera opción. La pregunta que termina rondando en la cabeza de más de uno es: ¿Ahora qué?
El panorama de acceso y calidad de la educación en La Guajira y el Chocó es desalentador. En este último solo 1 de cada 4 bachilleres que se gradúan cada año accede a la educación superior. Esto, entre otras cosas, por falta de recursos económicos, mala calidad de la educación secundaria, la poca oferta de programas de educación superior o falta de acompañamiento para conocer su vocación.
En 2021 La Guajira se encontraba 34 puntos por debajo de la media nacional en las pruebas Saber 11 (antes conocidas como Icfes) y el Chocó fue el departamento con menor puntaje a nivel nacional, registrando un promedio de menos de 200 puntos en los últimos 3 años. Esto es grave porque, por ejemplo, para obtener una ‘Beca por Excelencia’ se debe tener un puntaje mayor o igual a 359 puntos en este examen. O para acceder a la beca de Generación E, la beca más importante del país que permite al joven estudiar gratis en la carrera y universidad de alta calidad a la que desee aspirar y sea admitido, el puntaje mínimo es de 349.
Otra de las opciones que tienen los jóvenes es un crédito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), el problema es que para obtener ese crédito los estudiantes deben sacar, mínimo, 240 puntos.
La situación se agrava cuando se analiza más en detalle el panorama: en los departamentos hay grandes brechas entre la calidad de la educación oficial y privada, diferencias que empeoran en el sector rural, siendo este último el que presenta los resultados más bajos para el caso de La Guajira.
En los resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A, los colegios privados de La Guajira superaron la media nacional por cinco puntos, pero fueron solo 230 estudiantes. En comparación hubo más de tres mil estudiantes de instituciones educativas oficiales, tanto urbanas como rurales, que estuvieron 30 y 54 puntos, respectivamente, por debajo de la media nacional. Esto significa que los estudiantes de las zonas rurales y de colegios públicos son los que menos posibilidades tienen para acceder a beneficios y entrar a la universidad.
Si bien estos resultados ya limitan las opciones para el acceso a la educación superior, hay que agregar que la cobertura de este tipo de educación es poca: en La Guajira la cobertura es solamente del 21.4 por ciento de la población, y en el Chocó del 24 por ciento, comparado con el 52 por ciento en el resto del país.
Los dos departamentos están entre los peores índices de calidad y acceso a la educación. Según el índice departamental de competitividad, un estudio de la Universidad del Rosario, La Guajira ocupa el puesto 26 entre los 32 posibles en cuánto a la educación básica y media. Y en educación superior y formación para el trabajo, el puesto 29. Por su parte, el Chocó, en el pilar de educación básica y media está en el puesto 28, y en cuanto a educación superior y formación para el trabajo está en el último puesto.
Entre los factores que agravan la situación está también la conectividad. En el 2021 según el reporte del Ministerio de Educación, en La Guajira en promedio 13 estudiantes usan un mismo computador en el departamento. En el Chocó, por ejemplo, el porcentaje de personas de 5 años y más que usan computador es solo del 34, 3 por ciento, diez puntos por debajo del promedio nacional. Esto es grave porque la facilidad de contar con acceso a un computador o a internet dentro del hogar o en el colegio se relaciona con un mejor resultado en el promedio del puntaje global del Icfes, según ha advertido el instituto.
Todo esto hace que los jóvenes no tengan muchas opciones. Y aunque muchos quieran estudiar, no pueden hacerlo. Aquí cuatro historias en San Juan del Cesar, Fonseca, El Carmen de Atrato y Tadó.
Elizabeth Gómez es una joven de 16 años que vive en el corregimiento de Corral de Piedras, a 15 minutos del casco urbano de San Juan del Cesar. Se graduó como bachiller de la Institución Educativa Mercedes Romero de Quintero, zona rural de El Totumo, el pasado 6 de diciembre. Desde niña sueña con estudiar trabajo social para “poder ayudar a los demás”, pero aunque ya se graduó, ese sueño quedará en pausa.
Ni Elizabeth, ni su familia, tienen los recursos económicos para estudiar. En el municipio no existe la carrera, por lo que tendría que ir a Fonseca o Villanueva. Para desplazarse hasta allí tendría que pagar el pasaje de bus que vale siete mil pesos. O irse en un carro con otros estudiantes y pagar cinco mil pesos. Diariamente serían, por lo menos, diez mil pesos. Al mes, asumiendo que estudie de lunes a viernes, son $200 000, sin contar alimentación y otros gastos. La matrícula en la sede de Uniguajira está por encima del millón de pesos y la inscripción en $950 mil. Cada semestre, Elizabeth necesitaría, por lo menos, dos millones y medio de pesos para estudiar. En su casa el único que trabaja es su papá, y sus dos hermanos estudian. El dinero no alcanza.
Según lo que sabe, una beca tampoco es una opción.
“C: ¿Cómo le fue en las pruebas Saber?
E: Mal, saqué 190.
C: ¿Cree que esto es un impedimento para acceder a estudiar?
E: Bueno, no tanto. Una señora me dijo que cuando me fuera a inscribir ella me iba a ayudar para que me pasaran”
Como Elizabeth otros jóvenes en el municipio viven la misma situación. Después de graduarse las opciones son trabajar o estudiar alguna carrera técnica o tecnológica de las que ofrecen las instituciones públicas y privadas que están en el municipio, y que són más asequibles.
En San Juan hay cinco instituciones que brindan el acceso a la educación superior, de manera técnica y tecnológica: el Instituto de Formación Técnica y Profesional (Infotep), Cedelca, System Center y el PFC en la Institución Educativa Normal Superior. En ocasiones el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lleva instructores y dictan cursos cortos. Además, la Universidad de Pamplona en su modalidad a distancia brinda oferta académica en el municipio. Las carreras más ofertadas por estas instituciones son: Minería, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Farmacia, Seguridad y Salud en el trabajo, Riesgos Laborales y Asistentes Contables.
Y aunque la existencia de institutos y corporaciones académicas en el municipio son un aporte para que los jóvenes puedan estudiar, quien sueña con ser médico, abogado, diseñador o ingeniero tiene que obtenerun puntaje bastante alto en las pruebas Icfes para ganarse alguna beca, acceder a ayudas con el Icetex y a su vez irse fuera de su pueblo. Algunos deben quedarse con la ilusión de que alguna vez quisieron estudiar esas carreras y se ven forzados a estudiar las carreras técnicas y tecnológicas que no les apasionan.
Más allá de lo económico, y la limitada oferta académica, la falta de acceso de los jóvenes a la educación superior en el municipio tiene otros retos, según cuenta Sarit Benjumea, Consejera de Juventud: “Desde pequeños han traído una formación o una mentalidad que se ha inculcado por los padres que al momento de no contar con un posicionamiento económico o una solvencia estable, no existe ninguna posibilidad de que ellos puedan acceder a una carrera técnica, tecnológica e incluso profesional. Entonces se van formando al niño, al joven, posteriormente a un adolescente con una mentalidad pobre y vacía que no organiza su proyecto de vida adaptado a un desarrollo de una formación profesional”.
Otro de los obstáculos que Benjumea encuentra es el poco acompañamiento que las instituciones educativas le han brindado a los jóvenes para que puedan encontrar su vocación. “El joven sale del grado once, logró graduarse, pero aún no ha definido su proyecto o la carrera a la cual se siente focalizado entonces creo que ese apoyo hacia la vocación y la entrega para poder iniciar el recorrido a una carrera profesional debe de brindarse desde las instituciones”, agrega.
Cuando estudiar no es una opción, en San Juan del Cesar muchos jóvenes se dedican a trabajar informalmente y buscar la manera de llevar el sustento a sus casas. Entre los trabajos más comunes está el mototaxismo, albañilería, pagodiarios y vendedores informales. Algunos deciden irse por la creación de emprendimientos.
Sin embargo, la falta de estudio ha traído varios problemas sociales al municipio, cuenta Sarit Benjumea, y fenómenos como el consumo de sustancias psicoactivas y el alcoholismo han aumentado. “Nos damos cuenta cuando los fines de semana en los momentos de descanso y de esparcimiento encontramos que los índices de consumo de sustancias psicoactivas en nuestro municipio se disparan por completo. Ya no vemos a jóvenes en las universidades, ni en los institutos e inclusive en los talleres de formación profesional, sino que los encontramos consumiendo alcohol e incluso drogas y es demasiado preocupante esto”, comenta.
Elizabeth Gomez, mientras tanto, tiene pensado buscar un trabajo como vendedora de algún almacén durante el primer semestre del 2023 para reunir dinero y poder pagarse su carrera de Trabajo Social en la sede de Villanueva de la Universidad de La Guajira.
Junior Andres Arguelles Ospino es de Fonseca, tiene 17 años y no pudo graduarse el pasado 10 de diciembre. Lograr estar en la ceremonia fue una misión imposible. Tiene una deuda de casi 800 000 pesos con la corporación en la que está haciendo el bachillerato ‘acelerado’ y lo que gana trabajando en la panadería de su papá no le alcanzó para pagar los derechos de grado.
Terminar el bachillerato ha sido todo un reto. Pasó de estudiar de lunes a viernes, gratis, y con sus amigos de toda la vida, a trabajar durante ese tiempo para ayudar económicamente a su familia. Ahora estudia los sábados y además tiene que pagar 150 000 mensuales. Por problemas familiares su papá dejó de pagar su colegiatura. Está solo en este sueño.
"Por cosas que pasaron en la casa yo no terminé en el colegio y me tocó validar, pero ya casi para terminar la validación mi papá me dejó de dar el ingreso para terminar de pagar, sin embargo yo terminé las clases en Cetsca. Entonces necesito trabajo para conseguir plata y pagar lo que debo para que me entreguen el diploma, y de paso ellos me ayuden a conseguir las fuentes para hacer las pruebas del Icfes", dice Junior. Según sus cálculos la deuda pendiente está aproximadamente en 800 000 pesos, pero logró que le hicieran una rebaja conversando con uno de los docentes de la entidad.Sin embargo, este año ya no pudo pagarla.
Junior está a punto de culminar sus estudios en la corporación. Aunque su sueño es ser terapeuta físico, sabe que seguir estudiando, por ahora, no es una opción. El trabajo en la panadería de su papá no le deja suficientes ingresos y su prioridad es conseguir otro trabajo y ahorrar para pagar su diploma y para, en algún momento, entrar a estudiar en alguna institución de educación superior.
Como Junior Arguelles hay varios jóvenes en Fonseca que tienen dificultades económicas y se ven obligados a trabajar desde muy jóvenes. Muchos adolescentes empiezan en el mototaxismo para aportar en sus casas y tener algo con qué comprar la comida de todos los días. Otros, para poder ahorrar y pagar una carrera técnica o profesional. Pero en la mayoría de los casos lo hacen porque simplemente es una manera de ganar dinero relativamente fácil. A diferencia de otros empleos informales —como la venta de frutas y verduras, de billetes de lotería o comidas rápidas— para ser mototaxista no hay que invertir dinero comprando materia prima ni esperar una quincena o un mes para recibir un salario.
En Fonseca, y en toda La Guajira, son pocas las oportunidades laborales. Según las últimas cifras del Dane, en el 2018 el empleo informal alcanzó el 90,3 por ciento en el departamento. Por esto algunos estudiantes terminan viendo frustrados sus sueños y conformándose con lo que puedan hacer.
Además del factor económico, el acceso a la educación superior en el municipio es limitado. Muchos recién graduados migran a otros lugares a estudiar porque no les gusta las opciones que hay en las instituciones de formación locales. La universidad de La Guajira, por ejemplo, ofrece allí ingeniería ambiental, trabajo social, licenciatura en educación inicial y licenciatura en etnoeducación. El Sena, carreras técnicas y tecnólogas, y otras corporaciones universitarias como Cetsca o Ceotes, amplían un poco las oportunidades educativas. Pero quienes quieren ser médicos, abogados o periodistas, no tienen más opción que irse.
Junior cuenta también que el nivel educativo no es el mejor. Según datos del Ministerio de Educación, La Guajira en los últimos 3 años ocupa el último lugar del país en calidad de la educación en los niveles básica y media. Y la intermitencia de algunos recursos como el Programa de Alimentación Escolar hace que muchos adolescentes dejen los estudios. A este panorama hay que sumarle también el impacto de la pandemia del covid 19, que redujo significativamente los estándares de calidad de toda la población estudiantil en el país.
Aunque su única opción por ahora es trabajar, la prioridad de Junior es conseguir, sí o sí, el diploma de bachiller: "Una vez graduado quisiera ir a la universidad, pero como la situación económica no me lo permite, iría al Sena que da ciertas oportunidades, no preciso a hacer lo que yo quiero porque me gustaría ser físico terapeuta y este estudio no lo hay en el Sena, ni en la Universidad de La Guajira. Pero por ahora mis planes son ir al Sena mientras trabajo y busco la manera de pagarme la universidad", dice.
Einer Andrés Lemos tiene 17 años y vive en Carmelo, un corregimiento de Tadó. Es recién graduado de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. Desde pequeño tuvo talento para dibujar y su sueño era ser pintor o cantante. Ahora se debate entre su sueño artístico o estudiar ingeniería mecánica. Pero ninguno de los dos será posible a corto plazo. Su plan, ahora que se graduó, es seguir ayudando a sus padres económicamente trabajando como minero artesanal, mientras encuentra alguna forma para pagar sus estudios.
Cómo Einer, a finales de noviembre en las cuatros instituciones educativas del municipio de Tadó se graduaron 228 estudiantes. En la Institución Educativa Nuestra señora de la pobreza, 68 estudiantes; en la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, 82; en el Instituto técnico Ambiental, 21; y en la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, 57 estudiantes.
Para muchos de esos 228 jóvenes continuar sus estudios técnicos, tecnológicos o profesionales no es una opción. Algunos deben asumir responsabilidades del hogar, otros simplemente quieren hacer un alto para descansar y pensar con cabeza fría qué sigue, otros simplemente no quieren estudiar y algunos que quisieran continuar con sus estudios, la situación económica no se los permite. Varios de estos estudiantes graduados terminaran trabajando en construcción, minería, dedicándose al hogar, viviendo del rebusque o yéndose para el ejército.
“C: ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años?
E: Entre 5 a 10 años, si la vida me da lo que quiero, estaría lleno de muchos logros, con una familia estupenda, con una mujer que también sea trabajadora y ya no quisiera ver a mi mamá en estos trabajos tan duros como la minería”
Aunque la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y el Sena se esfuerzan para llevar su oferta académica al municipio, las posibilidades son limitadas. La UTCH solo ofrece Trabajo Social, Educación Física, Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental, Técnica y Tecnología Minera en el caso y el Sena cursos complementarios, en temas agropecuario (silvicultura, piscicultura, avicultura y porcicultura) artesanía, manipulación de alimentos, motores fuera de borda, contabilidad, emprendimiento, elaboración en productos de aseo, construcción, confección, área de agroindustria, medio ambiente, primera infancia y turismo.
Y aunque la oferta parece variada, muchos de estos cursos no abren porque se necesitan mínimo 25 estudiantes. Además, hay un gran número de jóvenes que no cuentan con los recursos para continuar con sus estudios. Un semestre de educación física, por ejemplo, en la UTCH está en $2 663 000, a eso se le suma la matrícula que está en $375 000, el transporte, la alimentación en la jornada académica y los materiales para trabajos. Esto estudiando solo de viernes a domingo y siendo esta carrera unas de las más económicas .
Si los jóvenes quisieran estudiar otra carrera se tendrían que ir a Istmina o a Quibdó, o incluso desplazarse fuera del departamento. Y aunque existe la opción de estudiar virtual, teniendo en cuenta las dificultades de conectividad en la zona rural y urbana, para estos jóvenes es una batalla acceder a la educación superior.
A Einer Lemos para estudiar ingeniería mecánica o Arte tendría que desplazarse por fuera del departamento, lo que hace más difícil y costoso: “Los obstáculos para estudiar Ingeniería Mecánica son los costos y desplazarme donde uno tenga conocidos. Cuando niño quería ser pintor o cantante, desde pequeño se me facilitaba dibujar y fui aprendiendo con la práctica, y fue creciendo en mí una emoción, una chispa. Pero me inclino por la Ingeniería Mecánica porque estaría asegurando más el futuro para sacar a mi familia adelante”, cuenta.
Además de la falta de oferta académica y los problemas económicos, la baja calidad de la educación básica y secundaria se convierte en otro problema. Para acceder a una beca por excelencia o tener algún tipo de beneficio se necesita de una puntuación en las pruebas ICFES Saber 11° de entre 300 y 345 en adelante y en el municipio pocos alcanzan ese puntaje. Einer sacó un puntaje de 170: “Las últimas (preguntas) toca que analizarlas muy rápido, el tiempo no es suficiente”, dice. Ninguna de las instituciones educativas del municipio alcanza los 200 puntos en promedio en estas pruebas, y todas tienen la calificación más baja.
Por ahora, Einer seguirá en la minería hasta que encuentre otro trabajo o pueda ahorrar lo suficiente para escoger entre sus dos opciones de estudio. Y ya sea como artista o ingeniero, espera volver al municipio a devolverle a su madre todo lo que ha hecho por él.
Mariana Abadía Garcia tiene 16 años y vive en la vereda El Siete, en El Carmen de Atrato. Su mamá logró pagar su bachillerato vendiendo fritos al frente de la carretera que conduce de Quibdó a Medellín. Junto a su gemela, Juliana, lograron graduarse a finales de noviembre. Mariana desde muy pequeña supo qué quería estudiar, pero la idea ha ido cambiando: "Desde niña me gustaba la criminalística, me gustaba ver novelas de criminalística, pero cómo vi que acá la eso no da, me decidí por la medicina", cuenta. Sin embargo, por ahora ese sueño tendrá que esperar.
Con el resultado que obtuvo en las pruebas Saber 11 Mariana no puede acceder a una beca y no tiene los recursos para pagar Medicina en una universidad como la U. de Antioquia, una de las pocas que tiene la carrera y está “cerca” de El Carmen. Medellín es la ciudad con oferta académica más cercana al municipio, pero está a más de cuatro horas de distancia, por lo que ir y volver no es una opción. Por ahora Mariana no tiene más opción que empezar a ahorrar para tomar un curso de medicina y luego sí poder acceder a la carrera en la capital de Antioquia.
“C: ¿Cuáles son los obstáculos para seguir estudiando?
M: Uno de esos es el sostén económico porque no tengo el gasto necesario del dinero”.
Como Mariana, los días 24, 25 y 26 de noviembre se graduaron 59 bachilleres de las dos instituciones educativas del municipio de El Carmen de Atrato. De la Institución Educativa Agropecuaria Marcó Fidel Suarez se graduaron 36 alumnos y del Corazón de María 23. “En El Carmen hay dos colegios, con eso podemos sacar conclusiones en relación con el acceso a la educación superior, que por lo general no se da. O cuando se da, es para la Universidad de Antioquia o en universidades de otras partes del país porque es lo más cercano que puedan tener”, explica David Emilio Mosquera, Rector de la UTCH.
La Secretaría de Educación y el Pacto Juvenil del El Carmen de Atrato han conseguido con el Sena llevar la carrera técnica en cocina y en sistemas al municipio, allí ya hay 64 personas haciendo los programas, pero la oferta es muy limitada. Los gestores están tratando que la Corporación Universitaria Remington y la Unad (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) las dos virtuales, puedan dar unos descuentos de matrícula a la población Carmeleña, pero Sara Taborda, Coordinadora de Juventudes, dice que hay falta de voluntad de los jóvenes. "Acá se han hecho encuestas, hicimos una caracterización, pero qué pasa, piden los programas y no van", asegura.
Por su parte la Universidad Tecnológica del Chocó tiene planeado iniciar clases en el municipio el próximo semestre en los programas de: Contaduría Pública, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Artística e Ingeniería. El promedio del valor de la matrícula en la Universidad Tecnológica del Chocó es de 830.000 pesos. Hay programas que son bastante costosos y otros que son más económicos. Ingeniería Ambiental está en 750.000 pesos o el de Tecnología en Gestión Minera y Ambiental en 250.000 pesos.
Y aunque la oferta académica ha aumentado con el paso de los años, Mariana, como muchos recién graduados, tendrá que irse del municipio para estudiar lo que le apasiona, eso, cuando logre tener los recursos necesarios para vivir en una ciudad como Medellín.
En El Carmen de Atrato no se había escuchado hablar de reforma agraria desde el 2003. Aunque con el Acuerdo de Paz llegó la Reforma Rural Integral, el único avance que hubo tangible fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria entregó dos parcelaciones a campesinos y campesinas de las veredas La Clara y La Argelia. La mayoría de los que recibieron esas tierras poco pudieron hacer, nunca los asesoraron en proyectos productivos, ni les ayudaron con el acueducto o la adecuación de sus viviendas en las hectáreas que habían recibido. En palabras de Emilson Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el municipio, “les entregaron las tierras y los dejaron botados”.
A más de 100 días del gobierno Petro, el país ha vuelto a escuchar sobre la reforma agraria y el campesinado está en el centro de la agenda. Los días 2, 3 y 4 de diciembre se realizó la primera Convención Nacional Campesina (CNC) que contó con la participación de 2.500 campesinos y campesinas de todas las zonas del país. El Carmen de Atrato estuvo representado por varias organizaciones municipales como Asocomunal, Agroecotur, Guardianes del Río Habita y líderes y lideresas independientes de diferentes veredas del territorio. Estos son, según advierten, algunos de los retos a la hora de implementar la reforma agraria en el municipio:
Lo primero que preocupa a los campesinos y campesinas del municipio es la priorización de su territorio en este proceso. A la mesa llevaron la solicitud de “DesPEDETizar” la reforma. Es decir, en el acuerdo final se definió que los municipios PDET serían zonas priorizadas para la aplicación del punto uno. Y aunque El Carmen de Atrato es reconocido como altamente afectado por el conflicto, no hace parte de estas zonas. Por eso los carmeleños piden más atención.
Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia, explica que el gobierno aún no ha dado claridad sobre el tema. “El Acuerdo lo que dice es que los municipios PDET tendrán que ser zonas priorizadas y uno diría que esa priorización tendría que respetarse, pero no hay un sistema. No sabemos en este momento cuáles son los territorios priorizados, pero en virtud del acuerdo y el acto legislativo 02 de 2017 es obligatorio para el gobierno arrancar por estos municipios. Durante la CNC el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que se iban a ampliar los territorios PDET, pero no se sabe si eso se va a materializar o no”, dice Bautista. Incluso, Prada ha reconocido que hubo muchas zonas altamente afectadas por el conflicto armado que no fueron incluidas en estas 16 zonas priorizadas en el Acuerdo de Paz, pero que necesitan atención prioritaria.
La tierra es el corazón de la reforma agraria. En Colombia, según el ministerio de Agricultura, el 44,5 por ciento de la tierra está en manos del 0,01 por ciento de la población. En el acuerdo de paz, la reforma rural integral es el primer punto y el gobierno Petro ha abanderado esta causa. Ya ha hecho entrega de 680.000 hectáreas de tierra, en 19 departamentos, como Cauca, Putumayo, Córdoba, Vichada, Amazonas y Tolima, entre otros. La meta es entregar tres millones de hectáreas a familias sin tierra o con poco acceso a ella, así como formalizar siete millones adicionales y así cumplir con los compromisos que asumió el Estado en el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en 2016.
En El Carmen de Atrato no es diferente. El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de restitución de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afro. Sin embargo, la situación no es tan solo entregar más hectáreas. En el municipio han pedido constantemente apoyo del Ministerio del Interior, la ANT y la ART para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras.
Por un lado, los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato, que ocupan cerca de 8 mil hectáreas de tierra, han solicitado la ampliación de sus resguardos. Esto en medio de conflictos con la comunidad afro del sector de El Dieciocho. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad 24 hectáreas de tierra, 2.555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Esta fue una de las peticiones más urgentes en la mesa de diálogo del Chocó que se llevó a cabo el 4 de noviembre.
Mientras esto pasa, los campesinos mestizos también piden reconocimiento. Aseguran que ha habido priorización del gobierno a los grupos étnicos y “ha ignorado inclusive procesos de restitución de tierras vigentes y títulos de propiedad existentes”, como lo afirman miembros de la plataforma campesina. Para hacerle frente a este conflicto, solicitan la actualización del catastro multipropósito, la actualización del EOT, legalización del asentamiento del barrio La Paz, la titulación de las 5 hectáreas que componen en Pueblo de la Memoria Histórica y del alto porcentaje de predios campesinos sin título. Así como la formalización de la propiedad, compra y entrega de tierras para familias que no cuentan con ella en las diferentes veredas.
"Hay una preocupación y es que por dar resultados en materia de acceso a tierras no sean lo suficientemente cuidadosos y se puedan incrementar los conflictos interculturales."
Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia
El reto en estos casos, explica Ana Jimena Bautista, es que la reforma se piense como un sistema y articule a todas las entidades necesarias para avanzar, pero sobre todo, que tenga claras las dinámicas propias de cada territorio. Para Bautista este tema no ha sido claro en el gobierno Petro: “No he visto ningún lugar donde se está haciendo hasta el momento. Sí ha sido una solicitud que ha salido en varios lugares: en la Convención Nacional Campesina, en el empalme, pero no he visto algún anuncio del gobierno en esa dirección. El plan de gobierno de Petro hablaba de avanzar hacia una gobernanza intercultural, pero yo no he visto que desde ninguna de las carteras haya algún anuncio al respecto”.
Esto es grave, explica Bautista, porque estos conflictos podrían exacerbarse con la entrega de tierras. “Hay una preocupación y es que por dar resultados en materia de acceso a tierras no sean lo suficientemente cuidadosos y se puedan incrementar ese tipo de conflictos. Varios de los líderes que estuvieron en el empalme han planteado crear un espacio de diálogo intercultural a nivel nacional. Esto debería hacerse desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura para el tema específico territorial, pero es urgente, es una discusión pendiente desde hace ya varios gobiernos y este gobierno también debería entenderlo”, puntualiza.
Si algo han dejado las fallidas reformas agrarias es la enseñanza de que en Colombia la tierra es necesaria pero insuficiente para superar las brechas en la ruralidad. Por eso, el Acuerdo de Paz estableció distintas herramientas para atacar la pobreza y la desigualdad. Se construyeron planes nacionales para la reforma rural que tendrían que abordar diferentes aspectos: el acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción, así como la provisión de bienes públicos entre ellos salud, educación, y la seguridad social.
En El Carmen hay campesinos que producen y quieren seguir produciendo, pero no cuentan con tierras propias, por lo que tienen que trabajar en parcelas arrendadas o prestadas por familiares o vecinos. Y aunque recibir su tierra es un avance, no es suficiente. Ese es el caso de Policarpo de Jesús Vargas, un campesino de la vereda La Argelia quien lleva 57 años labrando la tierra, pero que nunca ha tenido un terreno propio. “Lo que debería hacer el gobierno es primero que todo entregarle tierrita a los campesinos que no tenemos y luego que a uno le prestaran la plata, sin intereses o con interés bajitos, pa’ uno poder trabajarla, porque, qué se gana usted con tener una tierra, sino tiene con qué trabajarla, si le toca jornalear para conseguirse la comidita, cómo hace uno para sembrar, le queda muy duro, por ello requerimos de ayudas del gobierno”, dice Policarpo.
Ana Jimena Bautista explica que la falta de acompañamiento hace que la reforma integral sea fallida. Asegura que la gente después de acceder a la tierra tiene que venderla porque es muy difícil lograr que sea sostenible. “La reforma agraria no es solo el tema de acceso a la tierra, sino que contempla el funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria que busca que el Estado intervenga en los distintos territorios de manera integral. Es decir, que haya otros temas como la conectividad, la adecuación de tierras. Ya en el pasado nos hemos dado cuenta que si el sistema no funciona como un sistema, pues los intentos de reforma agraria fracasan”, cuenta Ana Jimena.
El Gobierno de Iván Duque dejó formulados 14 de los 16 planes. Sin embargo, su formulación y ejecución no se pensó como sistema y cada plan ha sido estructurado de manera desarticulada con el resto de la institucionalidad. “Uno ve cada entidad preocupada por cumplir sus metas entonces hay una Agencia Nacional de Tierras anunciando todos los días que entrega tierra o formaliza, que eso está bien, pero esas entregas son absolutamente dispersas y eso dificulta que el sistema llegue como sistema”, recalca Bautista.
En esta línea también está la búsqueda de la seguridad alimentaria. En Colombia, según el último censo del DANE, más del 50 por ciento de los hogares está en inseguridad alimentaria. En El Carmen de Atrato esto es una prioridad, los y las campesinas piden apoyo para la autosostenibilidad en el territorio, a través de la conformación de granjas con producciones a pequeña escala que combinan producción agrícola y pecuaria, además de la producción de abonos orgánicos, biopreparados, entre otros.
"Qué se gana usted con tener una tierra, sino tiene con qué trabajarla, si le toca jornalear para conseguirse la comidita, cómo hace uno para sembrar, le queda muy duro."
Policarpo de Jesús, campesino de la vereda La Argelia
También solicitan la eliminación de los intermediarios con productos que los campesinos y campesinas ya producen; como el caso del café, la leche, las frutas, hortalizas, entre otros. Y apoyo en el fortalecimiento del turismo sostenible; comunitario y de naturaleza, implementación de propuestas o proyectos de pagos por servicios ambientales y ganadería sostenible, generación de propuestas y proyectos en donde se priorice a las mujeres.
En años anteriores, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la falta de una solución integral al conflicto de tierras ha perpetuado el conflicto y la violencia. Históricamente en el país a cada esfuerzo de reforma agraria le ha seguido una contrarreforma armada y nuevos ciclos de violencia.
Al día de hoy la mayoría de campesinos en la vereda La Argelia adelantan procesos de restitución de las parcelas que les fueron entregadas por el Incora en 1994 y que se vieron obligados a abandonar ante la presencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc y la incursión paramilitar. Los procesos de retorno, entre los años 2005 y 2007, solo acogieron a unas pocas familias y por ello, aún reclaman respuestas y avances.
En la actualidad, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (también llamado Clan del Golfo) se están disputando el territorio ubicado en la frontera entre los departamentos del Chocó y Antioquia, muy cerca de El Carmen de Atrato. Este lugar es estratégico porque ahí está ubicada una de las dos carreteras que comunica al Chocó con el interior del país y se juega el corredor para mover droga, armas y personas. La guerra entre estos dos grupos, que se ha intensificado en los últimos meses, mantiene a la población civil, especialmente la indígena, atemorizada por riesgo de reclutamiento, minas antipersonal y combates.
Hacer frente a este tema requiere, de nuevo, la articulación de las entidades del Estado, pero hasta ahora, el Gobierno Petro no ha hecho claridad sobre el tema. Para la plataforma campesina de El Carmen de Atrato la reforma agraria integral y popular se traduce en la posibilidad, no solo de tener acceso a la tierra, sino en las garantías para hacer uso de ella. La permanencia del campesinado en el territorio depende, en buena parte, de las garantías de seguridad en la zona y del apoyo para la solución de los conflictos interculturales que hay en el territorio. El acuerdo humanitario con el Eln que se vislumbra, les da esperanza, pero no es suficiente.
“Queremos simplemente que lo que vayan a hacer lo hagan y no le digan mentiras a la población como ya lo han hecho. Si a usted le van a dar tierra y le prometen proyectos productivos, le prometen comercialización, que lo hagan, porque de lo contrario terminan siendo los mismos ricos los que se quedan con la tierra”, dice un campesino de La Argelia, que prefiere omitir su nombre. El llamado que hace el campesinado de El Carmen de Atrato es que esta vez, a diferencia del 2003, no los dejen botados.
Desde las cinco de la mañana más de 50 personas cerraron con cintas, llantas, palos y vehículos el puente de entrada y salida al municipio de Tadó. Los rapimoteros, comerciantes y otros habitantes detuvieron por más de seis horas el flujo vehicular de la vía que comunica el municipio con el resto del departamento del Chocó. La solicitud principal fue que el alcalde Cristian Copete respondiera cuándo volverá el hospital a prestar sus servicios con normalidad. La indignación, aseguran, se debía a que las autoridades no les habían dicho a los tadoseños por qué desde el martes pasado el centro de salud ya no atiende urgencias, hospitalización, ni los servicios de rayos X y farmacia.
Alejandro Perea, uno de los líderes del paro, cuenta que la gente de Tadó está cansada de que las instituciones no les entreguen ninguna información. “Nosotros hacemos el cierre por el desconocimiento en el que nos tiene el hospital como entidad y la administración, que es la responsable de informar al municipio. En estos momentos el pueblo desconoce por qué el hospital fue sellado.. El pueblo tadoseño levanta la voz porque está cansado de lo mismo, hoy exigimos que la administración, la personería y las entidades responsables de todo lo que está pasando, den la cara”, dijo Perea en la emisora Soberana Estéreo.
Lina Marcela Arriaga, una madre de familia que se unió al bloqueo, dice que lo que más le preocupa es la falta del servicio de urgencias. “Da tristeza llegar al hospital, llevar uno a su hijo enfermo, un niño gritando que no puede soportar el dolor de cabeza, y que digan que no hay cómo atenderlo, que está sellado, que no hay como comprar ni una jeringa. No hay nada, estamos colapsados. Todo el tiempo nos dicen mentiras. Sellaron el hospital y nadie nos dio información de por qué”, dijo Arriaga.
Por su parte, Luis Alfonso Murillo, veedor ciudadano, solicita que lleguen autoridades externas al municipio para solucionar la crisis del hospital. “Hay que llegar a un acuerdo con el alcalde y con la gobernación del Chocó. No hay razones para que un pueblo como Tadó, de más de 21 mil habitantes, no tenga un buen hospital, no tenga para atender una urgencia, no tenga ambulancia. Que el Gobierno haga una visita para mirar dónde está la plata que ha llegado en estos años”, dijo el veedor.
Esta situación es producto de un mal manejo del hospital que está en crisis desde hace más de diez años. Esto es lo que ha pasado en los últimos años:
Puede conocer todos los problemas del hospital aquí.
Vanessa Córdoba dijo que el bloqueo “fue producto de la desinformación'' y, a pesar de todas las quejas y fallas evidentes, aseguró que “en ningún momento el hospital cerró, ni dejó de prestar los servicios”. “Tenemos la consulta de medicina general. La E.S.E les va a atender las urgencias vitales. Hay un problema de información y les agradecemos nos ayuden a aclararlo. Tenemos unos servicios para fortalecer y estamos trabajando en ello”, dijo Córdoba en reunión con los manifestantes.
Sobre los problemas del hospital dijo que es responsabilidad de administraciones anteriores y de los mismos tadoseños. “Han sido los mismos tadoseños los que han dejado al hospital como está. Lo que no queremos escuchar es que no se hizo una gestión administrativa adecuada allí. Nos duele y hoy muchos me van a odiar, pero allí lo que pasó fue que los tadoseños fueron los que no quisieron la E.S.E, eso no es un problema de cuatro meses, eso es un problema de administraciones anteriores. Hay deudas de dos mil y pico de millones y nosotros hemos llegado a tratar de apalancar y hacer acuerdos de pago de procesos jurídicos. Aquí ha habido un pueblo que no ha querido entender”, dijo en entrevista con la emisora Soberana Estéreo.
Sobre el cierre del servicio de hospitalización, Córdoba explicó que por ser un hospital de baja complejidad, no tienen los recursos para mantener un paciente hospitalizado por más de tres días. “No alcanza para sostener un usuario más de tres días hospitalizado, si lo tengo allí más de tres días debo remitirlo. Tengo unos servicios habilitados que no puedo prestar y los que puedo prestar no los tengo bien”, indicó en la misma entrevista.
Pasadas las 11 de la mañana, un grupo de manifestantes se reunió con el alcalde Cristian Copete para discutir las peticiones. A la una de la tarde el alcalde llegó en compañía de la gerente al punto del bloqueo para aclarar varios puntos y levantar el paro. Allí se construyó un acta en la que el alcalde y la gerente se comprometieron a reabrir los servicios suspendidos en, aproximadamente, 45 días.
Por ahora, la comunidad se comprometió a crear un grupo veedor que haga seguimiento a los acuerdos del acta, sobre todo, a la apertura de los servicios que tendría que darse en enero de 2023. Con estas respuestas, y la comunidad medianamente conforme, a las tres de la tarde se levantó el bloqueo.
Octubre, noviembre y diciembre son los meses más ocupados para Rosalba Torres, ‘La China’. A las cinco de la mañana ya está lista para preparar el desayuno de sus hijos y los trabajadores que recolectan café en su tierra durante la temporada alta. Después de comer, esta mujer de 55 años que ha dedicado su vida al café, se pone un canasto en la cintura y recorre las dos hectáreas y media que componen su cafetal, recolectando los granos de café. Al regresar a su casa pasa el café por la máquina despulpadora, que bota hacia un lado el grano y hacia el otro la cáscara. Después deja reposar los granos y dedica lo poco que queda de su día a otras tareas del hogar. Al día siguiente, se levanta a la misma hora para lavar los granos y sacarles las mieles. Luego los pone en una camilla de secado, y cuando ya están en su punto, los lleva a la cooperativa para venderlos. Y aunque para Rosalba el proceso termina ahí, ese café sigue su camino hasta llegar a la tasa de alguna persona en Osaka o Tokio que prefiere tomar el café que se cultiva en La Guajira.
En Fonseca, 162 caficultores llevan más de 15 años dedicados a la producción de uno de los mejores granos del país. Lo hacen a 14 kilómetros del casco urbano del municipio, en la zona alta del corregimiento Conejo, y también en Las Bendiciones, Las Marimondas y Las Colonias. Las primeras plantas de café llegaron allí en manos de campesinos del interior del país, quienes llegaron a este territorio huyendo de la violencia en los años 40. Desde ese momento, gracias al clima y a su ubicación en medio de bosques, en la serranía se produce un café con “agradable acidez media alta y notas vinosas''.
Esta tradición dio origen al Festival del Café que se celebra todos los años en Conejo desde 1992. El evento nació después de que un grupo de jóvenes entre los que estaba Aimer Ballesteros, Alvaro Pinto, Aribel Iguaran, Jose Lineros, Orli Arciniega, Felix Frias, Angel Arciniega, Rafael Villalba, Reinel Amaya, Ramona Duran Nereida Duran, Arnaldo y Armando Arciniega creara, por primera vez, un concurso de canciones inéditas a la luz de las fiestas patronales que se conmemoraban en el corregimiento desde los años 80.
Desde ese momento se incluyeron en el festival los concursos de canción inédita, acordeonistas aficionados y piquería para salvaguardar el vallenato, además de un reconocimiento al café. En esa oportunidad se realizó el primer foro del café con la participación de la Federación Departamental de Cafeteros y el Comité Municipal para homenajear a los campesinos, campesinas y productores de café de la Serranía del Perijá. Desde entonces la tradición se ha mantenido y durante los últimos días de noviembre el corregimiento se paraliza para rendirle homenaje a dos cultores y a dos campesinos que se destacan por su labor, al ritmo de vallenato.
“El café que se cultiva en Conejo y la Serranía del Perijá es un café muy suave, de acidez media, tosto medio y que tiene unas notas especiales, algunas notas achocolatadas, otras notas a frutos rojos y eso lo distingue mucho del café del interior. En el interior, específicamente en el sur del país, los cafés son de alta acidez, aquí son cafés más balanceados”, explica Álvaro Osorio, director ejecutivo del comité para el Cesar, La Guajira y Bolívar de la Federación Nacional de Cafeteros.
La mayoría del café que se cultiva en la Serranía del Perijá es catalogado como café premium, pues tiene pocos defectos en sus granos. Esto hace que más del 95 por ciento de lo que se produce en la zona sea para exportar, deseado especialmente por el mercado japonés y algunas ciudades europeas. “Es un café muy bueno, de altísima calidad, y si no se exporta directamente por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, lo exportan otros particulares, casi ningún grano se queda aquí. En su gran mayoría va para Japón y algunos países europeos que prefieren este café balanceado”, dice Osorio.
Omar Torres Brito, de 70 años, cultiva en cinco hectáreas su propia marca llamada Café Del Carmen y está haciendo todos los trámites para poder entrar al mercado internacional por su propia cuenta. Al igual que Rosalba, asegura que nació cafetero. “Mi papá desde pelao nos enseñó. Quien impulsó esto del café por esta zona fue mi abuelo Victor Peralta y yo soy hijo de Lyonso Torres Peralta, un gran caficultor que brilló por esta zona de La Guajira, tiene 95 años y todavía está activo”, cuenta.
Para que el café de Rosalba y Omar llegue hasta Japón, el trámite de exportación corre por cuenta de la Federación Nacional de Cafeteros o de empresas particulares. El proceso se inicia cuando los productores venden el café pergamino (el producto del beneficio del grano que se obtiene después de quitarle la cáscara y el mucílago, lavarlo y secarlo hasta lograr una humedad entre 10 y 12 por ciento) a la Cooperativa Cafetera De La Costa (Caficosta), una asociación conformada por más de 2 600 personas que garantiza la compra a más de 12 600 cafeteros en Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. Ya sea que le vendan a Caficosta, en el caso de la Federación, o a un particular, la empresa lo trilla, lo selecciona, le quita la pasilla y lo vende a otros países.
Los caficultores de Conejo, y de la Serranía del Perijá en general, tienen dos grandes problemas: la baja productividad de sus cafetales y la subida en los precios de los insumos. Hace uno o dos años, un saco de urea (fertilizante) costaba 80 mil pesos; hoy no se consigue por menos de 210 mil pesos. “Por esta razón se han dejado de sembrar muchas tierras, el campesino no tiene cómo comprar esos productos. Afortunadamente con el aumento del dólar el precio del café también aumentó, pero a veces no es suficiente”, cuenta Omar Britto.
Según Britto, producir café es muy costoso. Se necesitan, por lo menos, 12 millones de pesos: “Antes era más fácil, uno sacaba la semilla del propio café y todo era más barato, hoy con la tecnificación poner a producir una hectárea está alrededor de los 12 millones y lo ideal es que produzca entre 25 a 30 quintales. En esta zona para decir que la cosecha fue buena tiene que ser de 20 bultos en adelante, si es menos ya la cosa anda mal”, dice. Un quintal de café de la Serranía del Perijá, es decir, 57,5 kilogramos de café pergamino, lo están pagando en 800 mil pesos.
La baja productividad de los cafés también impide el crecimiento y la renovación cafetera. En La Guajira hay una productividad de 9,3 sacos de 60 kilos de café verde por hectárea, una productividad muy baja comparada a la del resto del país, en donde se producen, en promedio, 17,30 sacos por hectárea. Esto, dice Osorio, porque las plantaciones tienen de nueve a 20 años de edad, son demasiado viejas y muy poco productivas.
Para hacerle frente a esto, esta semana, en el marco del Congreso Nacional de Cafeteros, la Federación se reunió con la ministra de agricultura, Cecilia López; y el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, para buscar soluciones ante el aumento de los insumos. Allí, según contó Álvaro Osorio, se acordó que el gobierno ayudará a los caficultores con un subsidio que cubriría el 20 por ciento del costo de los fertilizantes.
Mientras tanto, en su finca, Omar está renovando una hectárea y media de sus plantas de café, un proceso que aunque le hace perder algunos ingresos en esta cosecha, permitirá aumentar su productividad el próximo año. Además, sigue impulsando su marca Café del Carmen con la que espera, por su propia cuenta, llegar a mercados internacionales.
Y Rosalba, por su parte, le pide al Ministerio de Agricultura más ayudas para los campesinos y proyectos que permitan mejorar su calidad de vida. Por ahora, espera poder registrar pronto su marca Café Colonial, que ya llega con su sello propio a Riohacha, Villanueva y a Valledupar. Su sueño, como el de Omar, es que no solo su grano llegue hasta Tokio, sino también su nombre que anuncia, contra todo pronóstico, que en La Guajira también se cultiva café.
Los integrantes del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales han luchado durante más de 12 años contra el inicio de la explotación de carbón en una mina ubicada en su territorio, en San Juan del Cesar (La Guajira). Los líderes ambientales —que cuentan con el apoyo de varios miembros de la comunidad, organizaciones defensoras de derechos humanos, un colectivo de abogado y representantes de la comunidad internacional— argumentan que el proyecto minero con el que la empresa Best Coal Company (BCC) aspira a producir casi 12 millones de toneladas de carbón pondría en peligro la reserva forestal el Manantial e implicaría la pérdida de su vocación agrícola.
En estos años han tenido varios reveses, pero también han logrado que sus voces sean escuchadas. En 2019 interpusieron una tutela y consiguieron que el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha le ordenara al Ministerio del Interior y a Best Coal Company respetar el derecho a la consulta previa por ser una comunidad afro. Sin embargo, esta decisión no implicó el inicio de este proceso que se encuentra amparado por la Ley 21 de 1991.
Según esta norma, las comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y Rom para ser consultadas cuando el Gobierno o una empresa pública o privada pretende adelantar un proyecto de extracción minera, por ejemplo, o incluso otorgar una licencia ambiental que los afecta directamente, o sea, que pueda alterar afectar su estilo de vida o sus prácticas culturales.
Luego, en 2021, cuando la empresa BCC finalmente comenzó el proceso de consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que no estaban dando información suficiente para medir los posibles impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. El consejo comunitario recurrió a una tutela para que se garantizara el acceso a esa documentación y poder iniciar la preconsulta.
Aún así, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, ha puesto varias trabas. Tanto, que decidió aplicar el test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones directas del proyecto. Y luego, en respuesta a una decisión del Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha, apeló sosteniendo que el procedimiento ya se había aplicado por lo que era “imposible el cumplimiento de la orden”.
El acontecimiento más reciente en este largo proceso se dio el pasado 11 de noviembre, cuando la jueza Cecilia Riveira del Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha estableció que el recurso interpuesto por el Mininterior era improcedente y ordenó reanudar la consulta previa.
“Nosotros vemos la consulta como un espacio que nos permitirá demostrar que el proyecto es nefasto para la mayoría de comunidades que están cerca. Estamos haciendo historia”, dijo Óscar Gamez, presidente del consejo, al conocer esa noticia.
En todo este tiempo, los miembros del Consejo Comunitario han alertado sobre la falta de garantías existentes para garantizar el derecho que tiene su comunidad a ser consultada pues, insisten, la explotación podría alterar su estilo de vida y sus prácticas culturales.
Según el protocolo, lo que sigue es el proceso de pre consulta. Sin embargo, Carlos Andrés Meza, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, dice que ahora debe priorizarse la reconstrucción de confianza: “lo que debe priorizarse es la invitación al Consejo Comunitario y debe hacerse en Cañaverales, en San Juan, para retomar el espacio que originó el test. No puede seguir de espaldas a la comunidad. El Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Consulta Previa deberían atender los llamados a diálogo que la comunidad hace”, dice.
La compañía dijo en entrevista con Consonante que el inicio del proceso de consulta previa no depende de ellos y será la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) y otras autoridades competentes, las encargadas de decidir. “Las autoridades están evaluando qué sigue, nosotros no podemos decir cuándo iniciaríamos este proceso, será la Dancp quien tome la decisión de si acata el fallo de juez y se inicia el proceso de consulta previa, o si toma otras acciones legales en las que nosotros como empresa no podemos tomar ninguna acción”, dice Óscar Ivan Saavedra, Gerente de Proyecto y Representante Legal.
Ante la orden de la reanudación del proceso de consulta previa, Consonante conversó con varios integrantes del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales y habitantes del corregimiento para conocer qué esperan de esta nueva etapa:
Los líderes que se han opuesto al inicio del proyecto piden que las fechas y horas de las reuniones sean concertadas con la comunidad y definidas de acuerdo a sus posibilidades. “Nos imponían fechas que no concertaban con nosotros, que no iban de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Simplemente decían para tal día es la reunión y los necesito ahí, como si tú tuvieses un rebaño de chivos y los irías a meter al corral”, explicó Geania Gámez, economista e integrante del consejo comunitario, en una entrevista publicada el año pasado.
Además, piden que el tiempo no se convierta de nuevo en una herramienta de presión para llegar a acuerdos: “uno de los principales problemas que teníamos era que llegaba un funcionario y decía "este proceso lo tenemos que hacer en dos meses o si no le aplicamos el test de proporcionalidad". Así llegaron ellos a todas las comunidades donde se hicieron las consultas”, sostiene Óscar Gamez, presidente del consejo comunitario.
Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña a la comunidad desde hace dos años, esta petición es importante. “La consulta no es libre cuando esos tiempos no se ajustan a las realidades de las comunidades”, explica.
Líderes de Cañaverales han manifestado inconvenientes con los contratistas que llegan al corregimiento a hacer los procesos. Desde el consejo comunitario han denunciado que algunas personas demuestran estar abiertamente a favor de la empresa, por lo que su trabajo termina siendo parcializado. “Aquí llegó un funcionario que se atrevió a decir que estaba parcializado con la empresa. Nosotros pedimos que se le abriera un proceso ante el Ministerio y el Ministerio dijo que no podía hacer nada porque él era un contratista, que no era de la nómina fija”, dice Gámez. Ante esto, la exigencia de la comunidad es que los funcionarios que sean parte de la consulta sean personas “extremadamente íntegras en su comportamiento” y que pertenezcan a la nómina del Ministerio.
Además, esperan que los profesionales que se vinculen a los estudios del impacto del proyecto tengan la confianza de la comunidad. “Queremos sentirnos en confianza de saber que lo que se va a presentar en los resultados de esos estudios sean confiables, que sean profesionales idóneos pero que también gocen de la confianza de la comunidad para que se evidencie lo que nosotros, como conocedores de nuestra tierra y defensores de nuestra reserva, ya sabemos”, dice Nadia Soto, habitante de Cañaverales.
Desde 2021, cuando BCC inició la consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que ese proceso se estaba realizando sin la información que diera cuenta de los impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. En ese momento, la comunidad denunció que la empresa dijo que sólo compartiría la información del proyecto en las reuniones en el marco de la consulta.
“Ellos incluso han hecho algunas consultas virtuales fuera del territorio, pero a nosotros no nos sirve eso. Nos entregaron información en un disco duro, ¿cómo vamos a ver eso todos?. Hay que reconocer que nos enviaron unos documentos, unas carpetas, pero son carpetas con una información que no convence a nadie”, asegura Óscar Gámez.
“La información que se espera es todo lo relacionado al proyecto, que no sea fraccionado, sino que hablen de sus otros proyectos que vendrían siendo un apéndice de la mal llamada mina Cañaverales. Que entreguen la ruta metodológica que se había solicitado presentada por la empresa”, dice Geania Gámez.
Esto es clave porque según las recomendaciones para el desarrollo de la consulta previa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “es necesario otorgar a las comunidades elementos que les permita tomar decisiones de manera consciente y también para generar las condiciones de diálogo y análisis necesarios para la formulación de acuerdos. Brindar la información con estas características, contribuye a materializar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que les afecten o puedan afectarlos”.
La comunidad pide información real sobre los impactos del proyecto, y hacen énfasis en los impactos que tendría la explotación en las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Aseguran que según la información entregada, la empresa ha tratado de suavizar las consecuencias, pero los conocedores del territorio creen que podrían ser más graves.
“Hay una dinámica de fuentes de agua superficiales y subterráneas en la que los estudios de la compañía intentan generar una falsa certeza frente a lo que el sentido común dice, desde el momento en el que se crea un tajo, como ocurrió con Cerrejón, se interrumpen las conexiones hídricas subterráneas. Y aunque hablan de una falla geológica que aliviaría los daños, la experiencia con Cerrejón ha demostrado que desde los años 80 hasta ahora, se han destruido 20 arroyos”, explica Carlos Andrés Meza.
Además de tener información real sobre los impactos, la comunidad pide que sea entregada y explicada en sus dialectos y de acuerdo a sus propias capacidades de entendimiento. Al respecto, BCC afirma que cada consejo comunitario tiene derecho a revisar los estudios técnicos, ambientales y sociales, con la persona o entidad que deseen para corroborar que la información entregada sea cierta.
La petición que más se repite para BCC y el Ministerio del Interior es el respeto. La comunidad asegura que hasta el momento no han sentido que la empresa respete sus usos, costumbres y tampoco muchos de sus derechos, no solamente a la consulta previa, sino también a la tranquilidad. “No queremos nada a la carrera. No es poco lo que se está jugando aquí, son comunidades, la vida de seres humanos que han construido aquí su proyecto de vida”, afirma Nadia Soto.
“Nuestra comunidad lleva más de 200 años asentada acá, conocemos sus tierras, conocemos sus aguas,sus cultivos, su ambiente, conoce desde la más mínima asmática que nace hasta el árbol más grande. Entonces creo que esa ventaja no la tiene nadie que vaya a venir a decir “no es que no se va a afectar”. Quién mejor que nosotros para decir los pros y los contras que va a tener esta minería”, comenta Yolgica Gámez, habitante de Cañaverales.
Piden también “juego limpio”. La comunidad dice que la empresa minera está ofreciendo proyectos productivos a varios habitantes de Cañaverales, en el marco del programa de responsabilidad social empresaria, actividades que han sido interpretadas por el consejo comunitario como un intento de dividir a los habitantes, quienes aseguran que los recursos ambientales y sus vidas, no tienen un precio.
Según las recomendaciones para la consulta, el respeto por las tradiciones y costumbres de las comunidades étnicas es clave para el proceso: “Dentro de este aspecto cabe resaltar que es necesario tener un reconocimiento de las tradiciones y costumbres de las comunidades étnicas, desde su lógica y cosmovisión, lo que hace necesario hacer una lectura acertada de todo los aspectos que configuran la cultura de dichas comunidades”, se lee en el documento del Ministerio con directrices para la consulta previa. Así como un diálogo genuino entre las partes que se caracteriza “por la confianza, la sinceridad, la escucha activa, la voluntad de apoyarse mutuamente, la compresión de la posición del otro, el reconocimiento de los saberes y de la diversidad, como fuerza constructiva del reconocimiento mutuo y de una visión compartida, en búsqueda del bien común”.
En Cañaverales los habitantes no quieren perder su vocación agrícola. Así que defienden, sobre todo, que el progreso de su territorio no dependa de la minería. “Somos una despensa agrícola y folclórica. La gente se acostumbró a vivir del campo. Somos buenos en el cultivo del algodón porque así ha sido catalogada como la mejor fibra de Colombia. A veces el tema de poder invertir no es fácil, acceder a créditos. Nosotros decimos no nos regalen, pero si facilitenos las herramientas para poder cultivar o hacer cualquier otro tipo de actividad diferente a la minería”, dice Yolgica Gámez.
“Queremos progreso, pero queremos que el gobierno nacional y si se puede internacional nos ayude a conservar nuestra agricultura, nos den herramientas para seguir cultivando que nos ayuden a mejorar, que nos den programas, que nos den beneficios para seguir abasteciendo no sólo Cañaverales, porque nosotros abastecemos más que Cañaverales, pero necesitamos apoyo”, sostiene Geania Gámez.
El domingo pasado la quebrada ‘Cañada Onda’, en la vía que comunica el pueblo de la memoria histórica con la vereda El Porvenir de El Carmen de Atrato, se desbordó una vez más. Cada vez que esto pasa, Lina Muñoz, su esposo y sus tres hijos, quedan atrapados en su casa. La fuerza del caudal de agua, y las avalanchas de tierra que produjo a su paso, impidieron que Lina dejara de visitar durante casi siete días a Maria Belarmina, que vive sola al otro lado de la quebrada. Lina es la hija única de Maria Belarmina, quien tiene 65 años y necesita ayuda para salir comprar comida y medicamentos por la artritis que la aqueja.
La historia de Lina y Maria Belarmina es solo una más de las que ha dejado el invierno más intenso de los últimos cuarenta años. Las lluvias que ya completan varias semanas han dejado más de cuatro mil viviendas destruidas y otras 69 953 casas averiadas. A esto se le suma, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afectaciones en 2 110 carreteras, 233 puentes vehiculares,111 puentes peatonales, 305 acueductos, 84 alcantarillados, 19 centros de salud, 235 centros educativos y 46 centros comunitarios de todo el país.
El fenómeno climático es más grave que otros periodos de lluvias vividos en años anteriores porque no solo está lloviendo durante más días sino durante más tiempo. Según explicó Javier Pava, director de la Ungrd en una entrevista publicada la semana pasada en el diario El País, en dos horas puede caer el agua que pudo haber caído durante todo el año.
Esto llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara situación de desastre nacional el pasado 28 de octubre. Además, en 289 municipios en 26 departamentos se declaró la calamidad pública, lo que significa que ya no tienen capacidad para atender la emergencia y necesitan apoyo nacional. Para esto, el gobierno aseguró una primera inversión de 2.1 billones de pesos para atender “lo urgente”: garantizar comida, salud y alojamiento para las personas afectadas.
La red de periodistas locales de Consonante reunió cuatro historias de familias afectadas por las fuertes lluvias del Chocó y La Guajira.
La noche del 25 de octubre marcó la vida reciente de Estefany González y su familia. Pasadas las cuatro y media de la mañana, durante un aguacero que no daba tregua, escucharon un ruido que los despertó de un golpe. Lo siguiente que se escuchó fue el llanto de Michael José, su hijo de un año. Cuando fueron a revisar, el bebé había recibido el impacto de una de las láminas de Eternit de la vivienda. Después de una carrera al hospital, Michael recibió cuatro puntos en la parte izquierda de su frente.
La casa de Estefany quedó sin techo. La lluvia, que no para desde hace varias semanas, hizo que se pudrieran los palos que sostienen las láminas, la madera cediera y el techo terminara en el piso. “Primera vez que vivo una situación de estas, nunca me había tocado algo así, pero es que este año ha caído más agua”, dice. Aún no ha podido reconstruir la casa, por la que paga cien mil pesos mensuales de arriendo en el barrio Las Tunas, en San Juan del Cesar.
Estefany, de 25 años, es madre cabeza de hogar. Trabaja haciendo limpiezas en las casas de familia del centro de San Juan y, al mes, gana en promedio 200 mil pesos. En la casa vive con su esposo, su hijo mayor Clayver David, de 4 años, y el pequeño Michael. Además, de vez en cuando recibe a su papá que tiene 52 años. La noche del aguacero también perdió unas colchonetas, una hamaca y otros enseres que tenía guardados. La única ayuda que ha recibido es de su familia, que le dio algunas láminas de Eternit.
Mientras tanto, las lluvias en San Juan del Cesar no cesan. Tanto, que el Comité Local para la Atención de Riesgo de Desastres (CMGRD), concedió facultades al alcalde Álvaro Díaz Guerra para que declarara la calamidad pública el pasado 8 de noviembre. En el municipio la lluvia ha inundado cultivos, destechado varias viviendas del casco urbano, causado la muerte de varios animales y dejado sin agua a los corregimientos de Corralejas, Cañaverales, Los Pozos y El Tablazo. Además, la crecida del arroyo ‘Palo quemao’, en la serranía del Perijá, mantuvo incomunicado a los habitantes del municipio con el corregimiento de Corralejas durante varios días.
Yennis Fonseca nació en el Magdalena pero vive hace 21 años en el barrio De La Cruz, en el corregimiento de Conejo a 30 minutos de Fonseca. Vive con su hija, de 16 años, su otra hija de nueve, y sus dos nietos: una niña de ocho años y un bebé de cinco meses. Todos viven en una casa construida con barro y plástico que está rodeada de lotes enmontados. Cada año, cuando las lluvias arrecian, la humedad se filtra y los hongos terminan cubriendo las paredes. A Yennis le toca tener a la mano varsol para matar las sanguijuelas que llegan por la humedad, la misma que según cuenta, enfermó a su nieto hace un par de días.
Bajo sus pies está la tierra húmeda, porque su casa no tiene piso. Esta semana, cuando el piso se convirtió en barro, tuvieron que alzar todo para que no se les dañaran sus cosas. Hace unos meses perdieron el comedor, la cama del bebé y una mesa nueva que le habían regalado porque estaban hechos de madera triplex, y se dañaron por estar expuestas al agua.
Para evitar que el agua siga entrando a su casa, Yennis rellenó de tierra la entrada de la casa y puso piedras y escombros. Lo que no ha logrado es detener a los zancudos y mitigar el frío.
Lo que más le preocupa es que con tantos problemas en su casa ha perdido días de trabajo. Yennis trabaja haciendo aseo en diferentes casas del casco urbano. Con los 150 000 que logra reunir debe sostener a los seis integrantes de su familia. A veces no le alcanza y le toca pedir dinero prestado o esperar a que alguien le regale una yuca o un plátano. “Lo único que falta para que la Alcaldía me ayude es que se me caiga la casa encima”, dice preocupada. En una de esas tantas inundaciones se comprometieron a ayudarla, pero aún sigue esperando.
Hasta ahora, la alcaldía de Fonseca junto al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, lanzó un plan de acción específico en el que se incluye la construcción de un muro de contención en concreto reforzado en el Corregimiento de Sitio Nuevo, la rehabilitación y aislamiento de tierras mediantes reforestación como medida para mitigación de afectaciones generadas por el cambio climático, la ejecución de obras de dragado mecánico sobre el cauce del arroyo en el corregimiento de Sitio Nuevo, el mantenimiento del sistema de alcantarillado del Corregimiento de Conejo, el control de inundaciones mediante la construcción de obras de mitigación en el canal del Zaino, la construcción de un sistema de contención para mitigar el impacto generado por el desbordamiento de arroyos en el municipio y la entrega de ayudas humanitarias (colchones, frazadas, enseres ETC.) y de trabajos (machetes, rulas, picos, sacos, etc.). Sin embargo, las ayudas se demoran en llegar y la lluvia no para.
El domingo la quebrada ‘Cañada Onda’, en la vía que comunica el pueblo de la memoria histórica con la vereda El Porvenir -en El Carmen de Atrato, Chocó- se desbordó. Lina, su esposo y sus tres hijos, quedaron incomunicados con el resto del municipio, cómo pasa en cada temporada de lluvias. Su casa queda a un kilómetro de la quebrada que cuando crece, se lleva todo por delante. Cuando esto pasa, la carretera queda tapada por piedras, ramas, y toda clase de material que termina arrastrando el río. Desde que las lluvias han aumentado, como a Lina, 103 familias que transitan a diario por ahí, han quedado incomunicadas.
Siempre que llega la temporada de lluvias, que suele ser de abril a mayo y de octubre a diciembre, en esa carretera pasa lo mismo. Lo que más le preocupa a Lina es que se queda sin poder visitar a su mamá, que vive al otro lado de la quebrada. A pesar del peligro, Lina se arriesga a visitarla porque no tiene otra opción. Se pone las botas pantaneras y empieza a caminar rápido a medida que se acerca a la quebrada. No sabe en qué momento se puede generar otro derrumbe.
El caudal se lleva todo por delante y en ocasiones ha dejado sin agua a todos los habitantes. En el Pueblo de la Memoria Histórica no hay acueducto ni alcantarillado. Para tener agua, Lina y sus otros vecinos tienen una suerte de acueducto comunitario: una manguera que está conectada a lo que ellos llaman bocatoma en la parte de arriba de la quebrada. La manguera, que mide 400 metros de largo, conduce el agua hasta un tanque de depósito que termina abasteciendo a 170 familias. Cuando llueve, el río arrastra arena y otros materiales a la bocatoma, por lo que el agua deja de ser apta para el consumo humano. Algunas veces, la cantidad de agua es tanta que el tubo se termina rompiendo, y, en el peor de los casos, arrasa con toda la estructura.
Lina tiene 29 años y se dedica a cultivar café, plátano y a cuidar a sus tres hijos de seis, ocho y nueve años. Cuando la lluvia es tan fuerte, Lina prefiere evitar que los niños asistan a clases, como ha sucedido en los últimos días. En el mejor de los casos, Lina se tiene que quedar con ellos en la casa de un familiar en la vereda El Siete para que alcancen a llegar. Su familia, al igual que otras 170 del Pueblo de la Memoria Histórica, piden a la alcaldía que arreglen la vía con placa-huella para que caminar por esta carretera en época de lluvia deje de ser un peligro.
La Alcaldía, por su parte, reconoce que las grietas que se presentan en las montañas cercanas a la carretera son especialmente riesgosas en época de lluvias. Se pueden presentar deslizamientos de tierra y avalanchas. Según la administración municipal, están tratando de generar estrategias y medidas para mitigar posibles tragedias. Además hicieron un llamado a la comunidad aledaña a la quebrada, a ser muy prudentes y estar alertas.
Los habitantes del barrio La Hélice, en la vereda Habita de El Carmen de Atrato dicen que la casa de Luz Mary Zapata no quedó sepultada bajo tierra por un milagro. El alud de tierra que bajó por la ladera durante la lluviosa mañana del domingo 6 de noviembre casi acaba con su casa y la de varios de sus vecinos. “Sentí que bajó algo y no sabía para donde correr. No sabía cuánta tierra más iba a caer”, cuenta Luz Mary.
Pero el derrumbe no ha sido la única consecuencia de las fuertes lluvias que han enfrentado los habitantes de este sector. También han perdido sus cultivos de café. Muchos afirman que la obra de pavimentación que hizo hace poco más de un mes el consorcio Latinco empeoró la situación. “Cuando pavimentaron la vía no hicieron el bordillo que debe haber al lado de la carretera, una cuneta para que recoja el agua, con tanta lluvia el agua corre y me ha dañado el cultivo de café”, afirma Luz Mary, quien ya envió un reporte de los daños a la empresa.
La casa de Luz Mary queda a dos kilómetros de El Siete, en la vía Quibdó-Medellín. La suya es la primera de las 100 viviendas de la vereda. Luz Mary, que vive allí con sus cuatro hijos desde hace más de 20 años, cuenta que nunca había visto “caer tanta agua” y que jamás había tenido que afrontar en carne propia los problemas del invierno. Sin embargo, esta semana se dio cuenta que en un documento de la alcaldía su vivienda, junto a otras tres del sector, fueron declaradas de alto riesgo. Aunque nadie le ha dicho que debe desocupar la casa, se siente vulnerable. Al final del día, cuando la lluvia no para, no sabe qué le preocupa más: que vuelva a caer otro derrumbe, o tener que buscar a dónde ir.
Casi cinco meses después de las elecciones presidenciales, el discurso contra el racismo y las desigualdades del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez continúa haciendo eco en el Chocó. Esta semana, más de 40 líderes indígenas, afro, campesinos, representantes del gremio de transportadores, y hasta alcaldes y funcionarios públicos de El Carmen de Atrato y otros municipios del Chocó, viajaron hasta Bogotá para resolver de una vez por todas una serie de problemas que enfrentan desde hace años las poblaciones que viven cerca de las dos vías principales que conectan a este departamento con el resto del país: la carretera Quibdó-Medellín y la vía Pereira-Quibdó. Estas inconformidades, que van desde la falta de personal médico en zonas rurales hasta la carencia de tierras para sembrar cultivos, fueron las que llevaron a que los miembros de varias de estas comunidades y el gremio de transportadores instalaran bloqueos en las carreteras del Chocó en una manifestación espontánea de descontento que paralizó el departamento durante casi veinte días a inicios de octubre.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro no pudieron dar respuesta a todas las peticiones que durante el 1 y 2 de noviembre expusieron los líderes en la sede del Ministerio del Interior. Los líderes acordaron regresar a sus territorios pero advirtieron que seguirán insistiendo para que el gobierno central encuentre soluciones pues, en su mayoría, consideran que estas no han podido ser resueltas por los gobiernos municipales y departamentales por lo que finalmente llegó el momento de ser escuchados. “A pesar de la dificultad y lo que hoy está pasando acá con nosotros en Bogotá, vemos con buenos ojos el gobierno del cambio”, dijo Javier Arrieta, líder del resguardo indígena Sabaleta.
Este es un resumen de las peticiones de los indígenas, campesinos y afro de El Carmen de Atrato:
Los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato ocupan cerca de 8 000 hectáreas de tierra, según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y el Dieciocho. Sin embargo, aseguran que necesitan más tierra. Por lo menos, para alcanzar a ocupar unas 15 000 hectáreas.
“En mi resguardo Sabaleta somos 168 familias, 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”
Javier arrieta, coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó
Javier Arrieta, miembro del pueblo Embera Chamí del resguardo de Sabaleta y coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó, da un ejemplo. “En mi resguardo Sabaleta, en el sector de La Trocha, somos 168 familias, es decir 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Somos el resguardo con la población más grande. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”, dice Arrieta.
Además, piden ayuda al Ministerio del Interior para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “En los años 90 cuando se titularon los resguardos, esas resoluciones, los mapas quedaron abiertos, no dice por dónde o hasta donde linda, qué ríos contiene, eso está abierto, entonces a veces se entiende que se están invadiendo territorio cuando nosotros hacemos uso de acuerdo a las resoluciones. La Agencia Nacional de Tierras tiene que volver a hacer los croquis y los mojones”, sostiene el líder indígena que asistió al encuentro en la capital del país. Solucionar este tipo de errores, afirma Arrieta, les permitiría acceder a más hectáreas.
Los indígenas también tienen una serie de peticiones específicas sobre otros temas. Por ejemplo, para la comunidad del resguardo El Fiera el Invias ha incumplido los acuerdos pactados antes del inicio de la construcción de la vía Medellín-Quibdó hace dos años. Entre estos, la construcción de la casa de paso que solicitó la comunidad en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero hoy aseguran que este monto no es suficiente y estiman que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos.
Los líderes han pedido aumentar la cantidad de recursos para la construcción de un hogar de paso, en varias ocasiones. En unas mesas de negociación realizadas en los últimos meses en las que participaron funcionarios del Invías, la entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos. Sin embargo, durante la reunión realizada esta semana en la capital del país se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.
Finalmente, tienen otras solicitudescomo “avanzar en las reparaciones individuales y colectivas a víctimas del conflicto armado”, y “apoyo económico para el fortalecimiento de la guardia indígena”. Para este último punto, el gobierno ya se comprometió a entregar 1 000 millones de pesos. También piden que se construyan puestos de salud en El Siete, El Dieciocho y Sabaleta, y escuelas en La Trocha. El gobierno también se comprometió a hacer una inversión de 1 200 millones en proyectos productivos que se iniciarán en un mes.
Las 52 familias que conforman la comunidad afro del sector de La Trocha también tienen peticiones específicas como la construcción de una nueva escuela y la reparación y dotación del puesto de salud. Pero su principal petición es obtener apoyo económico del gobierno para cumplir con el último requisito necesario para constituirse como consejo comunitario ante el Ministerio del Interior. Para lograr convocar una asamblea mayor, un evento en el que deben participar todos los miembros de la comunidad (inclusive aquellos que aún no han retornado al territorio) necesitan dinero para pagar la alimentación, el transporte y lo que sea necesario para organizar el evento.
“En la asamblea salen los miembros que van a ser parte de la Junta Directiva y ya esos documentos se mandarán al Ministerio para su aprobación del Consejo Comunitario”, cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Según Rodríguez, la comunidad espera constituirse como consejo comunitario antes de la llegada de la Navidad para luego organizar actividades como la siembra de cultivos de pancoger.
Por otro lado, también solicitan el respeto por las hectáreas de tierra que ya les entregaron. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad negra 24 hectáreas de tierra, 2 555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Hoy encontramos que las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica Rodríguez.
Como víctimas de desplazamiento forzado, piden mayor acompañamiento para el retorno. “No hemos tenido el apoyo de las instituciones como tal que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos” dijo la lideresa. Además piden celeridad en las acciones de reparación individual y colectiva, que hasta el momento, aseguran, solo se han quedado en el papel.
“No hemos tenido el apoyo de las instituciones que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos”
Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad afro de El Dieciocho
Las peticiones de los campesinos y campesinas también tienen que ver con la restitución de tierras y apoyos para lanzar proyectos productivos. Piden a la Agencia Nacional de Tierras que delimite el territorio para que cada comunidad pueda saber cuántas hectáreas de tierra le corresponde. “En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta. Hay campesinos que incluso con escrituras han sido invadidos”, asegura Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
"En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta"
Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
Además, dicen que es necesario que desde el gobierno central ayuden a fortalecer el movimiento. Para esto, piden reconocimiento de la ancestralidad campesina, entrega de proyectos productivos, apoyo a microempresarios, fortalecimiento del sector turístico, compromisos medioambientales, mejoramiento de vías de acceso e infraestructura y mejores oportunidades educativas.
En las zonas rurales, solicitan la construcción de puestos de salud, una petición que la secretaría de Salud departamental no ha podido resolver. “En agosto tuvimos un encuentro y nos dijeron que para tener un centro de salud se requieren mil habitantes, pero eso no puede ser así. Una vereda como Guaduas tiene 170 habitantes pero queda lejos del casco urbano. El transporte es difícil, si un campesino se corta con su machete se desangra mientras que llega al centro de salud de El Carmen de Atrato a una hora y media” dijo Agudelo, por lo que proponen al Gobierno nacional reevaluar el criterio.
Finalmente, piden participación en caso de que se instalen diálogos de paz con grupos como las AGC o el Clan del Golfo. Y piden a la Unidad de Víctimas reparaciones individuales a las víctimas del conflicto armado, así como avanzar en los planes de reparación colectiva.
En una reunión realizada en el teatro parroquial, los representantes del movimiento campesino del municipio acordaron que le pedirán al Gobierno nacional que intervenga para lograr una solución técnica, jurídica y social a los conflictos territoriales y étnicos, así como garantías para una vida digna de los campesinos y campesinas carmeleñas. Los representantes de la plataforma revisaron junto a funcionarios de la Alcaldía municipal, entre ellos el alcalde Jaiber Ríos Oquendo, los puntos acordados.
En definitiva, ¿qué piden? La propuesta de los campesinos y campesinas contiene nueve puntos definidos con líderes y lideresas comunales y comunitarios de diferentes organizaciones como Agroecotur, Asocomunal, Guardianes del Río Habita.
El listado abarca una larga lista de necesidades específicas de los habitantes de las zonas rurales del municipio. Van desde restitución de tierras, para resolver de una vez por todas los conflictos que tienen con las comunidades indígenas, hasta reparación integral a las víctimas del conflicto armado, compromisos medioambientales, garantías en el órden público por presencias del ELN y AGC, mejoramiento en vías de acceso e infraestructura y mejores oportunidades educativas.
La frase: “Esta es una oportunidad única de visibilizar la problemática de nuestra amada Trocha, yo en diversos espacios he denunciado la situación de abandono y falta de apoyo al campesinado mestizo en este sector, pero para nosotros nunca hay respuestas, parece que no existiéramos”, dice Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de Acción comunal de El Once, sector de La Trocha.
El contexto: La mesa amplia de diálogo del próximo 1 de noviembre fue uno de los tres caminos que se acordaron el 14 de octubre para empezar a resolver las peticiones de las comunidades, principalmente afro e indígenas, que bloquearon varios puntos de las vías Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó a comienzos de octubre. Desde ese momento, cada una de las comunidades quedó con la tarea de reunirse para consolidar las peticiones que serán puestas sobre la mesa. Las solicitudes de las comunidades étnicas están, en su mayoría, relacionadas con la falta de inversión y atención a necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo, la inversión en infraestructura vial y la reparación a víctimas del conflicto armado.
Fue en el marco de este diálogo inicial descentralizado que el campesinado mestizo decidió hacer parte de las mesas para resolver sus peticiones, principalmente relacionadas con la restitución de tierras. Estas iniciativas están en línea con las acciones que está realizando el gobierno Petro para los campesinos, como un proyecto que tramita en el Congreso que sean reconocidos por la Constitución Política como “sujeto de especial protección”.
A la mesa asistirán, además de los delegados de las comunidades afro e indígenas y campesinas, el gremio de los camioneros y los comerciantes, representantes de empresas privadas, consorcios viales y los gobiernos de todos los niveles para definir tiempos, recursos y prioridades.
Lo que sigue:Los campesinos esperan que este encuentro sea el inicio de un proceso más largo que permita solucionar sus problemas históricos de manera definitiva.
La comunidad del corregimiento La Junta finalmente se reunió esta semana con representantes de la administración municipal de Hatonuevo y el contratista encargado del parque en honor a Diomedes Díaz. Durante el encuentro, se comprometieron a entregar el parque antes del 2 de diciembre. Para esto, deberán mejorar el funcionamiento de las luminarias, pintar las puertas de la cafetería, arreglar las llaves de agua, acondicionar el piso, reparar las bancas y a destapar la calle principal.
En la reunión, participó Anderson Vicente Mejía Ojeda, secretario de gobierno y asuntos administrativos del municipio de Hatonuevo; Rafael Humberto Frías, secretario de planeación municipal y líderes comunales, veedores y representantes de la comunidad de La Junta.
La comunidad está resignada: La reunión se dio después de más de tres meses en que los líderes de La Junta han denunciado fallas estructurales en la obra y han reclamado la atención de las autoridades. Por eso, a estas alturas, varias personas se han resignado a tener un parque que no cumple con sus expectativas. “Yo pienso que son detalles ya pequeños que se pueden realizar en pocos días y de esa manera dar por concluida la obra. Que no se pudo más por negligencia de los contratistas o de la alcaldía de Hatonuevo, porque ese presupuesto asignado daba para hacer una obra mucho mejor. Pero a lo hecho pecho, ya nosotros no tenemos nada que hacer, el tiempo apremia” dice Libardo López, veedor de la obra.
Las fallas de la obra: El Consorcio Parque Infantiles 2020 tenía que entregar terminado el parque, en el que se han invertido 2.700 millones de pesos, el 30 de diciembre de 2020, pero ya van casi dos años de retraso por lo que la comunidad define como falta de voluntad política. El mes pasado la comunidad denunció que los ingenieros, contratistas y obreros no iban a la construcción desde hace un mes y mientras tanto, la obra se está deteriorando. Fidelia Ariza, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento denunció en mayo la mala calidad del material con el que se instalaron las baldosas en el parque. En ese entonces, el parque no tenía canales para las aguas lluvias, y los baños instalados no funcionaban.
El problema de la obra no solo es que no corresponde a los planos del proyecto, sino que la estructura tiene fallas evidentes. En La Junta, la gente dice que la plata que se invirtió no se ve y que los materiales utilizados fueron de mala calidad. Además, la estatua de Diomedes Díaz, que es el principal atractivo del parque, ya tiene fisuras La estructura es de resina y metal y tiene cuatro metros de alto.
Lo que sigue: Los habitantes de La Junta esperan que el parque esté listo para el festival del Fique, que se celebra del 2 al 5 de diciembre. Sin embargo tienen claro que, si para esa fecha el parque no está cómo se acordó en esta última acta de compromiso de la reunión, no recibirán la obra.
Desde la vereda Los Toquitos hasta la Escuela Vocacional de Fonseca, ubicada en la vía a Valledupar, hay más de 13 kilómetros. Una moto tarda 23 minutos en recorrer este trayecto. Una persona caminando, una hora y media. En el camino hay que atravesar la cabecera municipal de Fonseca, incluyendo el barrio Ocho de enero. Es justo en ese sector donde los y las estudiantes suelen esperar que algún conductor, de moto o carro, los acerque hasta la institución educativa. Hace un mes, un grupo de ocho estudiantes estaba en esas cuando fue sorprendido por dos ladrones. Los hombres les robaron sus celulares a dos de ellos y, en el forcejeo, uno de los asaltantes disparó un arma de fuego.
Al igual que ese grupo de estudiantes, otros siete mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira deben arreglárselas para llegar a clases todos los días desde hace casi dos meses. Algunos caminan más de dos kilómetros desde sus casas hasta la escuela, otros arriesgan sus vidas viajando de a cuatro en motos y muchos simplemente optan por quedarse en sus casas y faltar a la escuela.
El lunes 5 de septiembre se venció el contrato de transporte escolar que tenía la Gobernación con la Unión Temporal integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Busservi del Caribe S.A.S. y Transportes Relaturg Limitada y, desde entonces, se quedaron sin el servicio. Casi dos meses después del vencimiento del contrato, el 24 de octubre, el gobernador encargado José Jaime Vega declaró la emergencia manifiesta para poder adelantar un contrato sin hacer un proceso de licitación pública y agilizar el reinicio de la prestación del servicio. Sin embargo, lo cierto es que faltando poco menos de un mes para el inicio de las vacaciones, unos 1 014 estudiantes de San Juan del Cesar y otros 439 en Fonseca, continúan varados.
Entre los criterios para acceder al servicio de transporte escolar que patrocina el Estado en La Guajira, está que los y las estudiantes vivan a más de dos kilómetros de la institución educativa, pertenezcan a nivel socioeconómico uno y dos y estén en un entorno inseguro. Es decir, que puedan estar expuestos a caminar largos trayectos o sufrir daños en su integridad física. Los estudiantes de Los Toquitos cumplen con estos requisitos. En la vereda solo hay una escuela que ofrece educación primaria, y para cursar el bachillerato los y las jóvenes tienen que ir hasta el casco urbano, a 13 kilómetros de distancia. Además, pasar por zonas peligrosas. Son 16 los y las estudiantes que tienen que hacer este recorrido diariamente.
“Todos los días deben de movilizarse, algunos padres de familia, dos o tres, tienen moto y pueden llevarlos, pero los demás tienen que buscar la forma de llegar. De pronto una bicicleta, o un chance más que todo. Y el día que no le pasa el tiempo el chance, los niños simplemente no pueden ir a clase porque ya se les hace muy tarde, entonces ahí van perdiendo horas de clase que se reflejan en los periodos finales”, cuenta Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal.
A media hora de Fonseca, en San Juan del Cesar, la situación es similar. Desde la vereda La Peña a La Junta hay un poco más de dos kilómetros. Los dos mellizos de Maira Luz Oñate cursan grado décimo en la Institución Educativa Rural Hugues Manuel Lacouture. Sin el servicio de transporte escolar su asistencia ha sido intermitente. Cuando tienen suerte su mamá los lleva en moto, pero cuando no, caminan durante más de una hora y media para llegar a clase. Varias veces les han llamado la atención por llegar tarde.
“Ayer y hoy ha estado lloviendo y para ellos irse a pie es difícil, llegan mojados y tarde. Ayer me los anotaron por llegar tarde. Yo tengo una moto y la moto ayer amaneció pinchada… a veces no tenemos con qué echar gasolina porque yo soy madre cabeza de hogar”, explica Maira Luz Oñate.
Maira Luz cuenta que hoy en día se ven grupos de niños y niñas de 9, 11 y 16 años caminando por el costado de la carretera. También, hasta cuatro o cinco estudiantes montados en una sola moto, y mototaxis viajando con el cupo al máximo.
El riesgo es otro en el trayecto de Guayacanal a El Totumo, donde está la sede de primaria y bachillerato a la que asisten 15 estudiantes. Aunque están relativamente cerca, a los dos corregimientos los separa el río Cesar. Normalmente, cuando el servicio escolar funcionaba, el recorrido era más largo pero más seguro. Ahora, para acortar distancias caminando, los y las estudiantes atraviesan un puente colgante que está a medio construir. Eso sí, cuando llueve y el río crece, nadie puede pasar por ahí. “Estamos corriendo el riesgo por la inseguridad y delincuencia. Además les toca correr el riesgo de pasear por el río a pie”, asegura Federico Nuñez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Guayacanal.
Los rectores están preocupados porque la interrupción del servicio de transporte escolar se ha traducido en pupitres vacíos. Aunque no tienen cifras, han identificado que los estudiantes asisten a clases de manera intermitente como sucedió durante los momentos más álgidos de la pandemia de Covid-19. Es decir, los niños, niñas y jóvenes van al colegio dependiendo de si pueden caminar hasta las escuelas o si sus padres consiguen el dinero para pagarles el transporte. “Esta situación (la falta del transporte) es causal de deserción o retiro definitivo de los niños, niñas y adolescentes ya que los padres de familias prefieren tenerlos seguros en sus casas y no exponerlos a las condiciones y peligros de nuestros territorios” resalta el documento técnico de transporte escolar para La Guajira 2022.
Y es que el recorrido en mototaxi de Los Toquitos a Fonseca cuesta, mínimo, unos 5 mil pesos por persona. La mayoría de veces, el trayecto cuesta 15 mil pesos ida y vuelta. Al mes la cuenta ya llega a los 300 mil pesos, un gasto que la mayoría de padres de familia no puede cubrir. “Hemos unido a dos, tres padres de familia y contratar un mototaxi para que los pueda traer a menor costo, pero pues también está el tema del alza de la gasolina por lo que no tenemos más opción que dejarlos faltar en algunos casos”, cuenta Sobeida. “La gran mayoría de gente acá vive del día a día, lo poco que ganamos es para solventar lo del hogar. Es difícil tener una mensualidad para pagarles un transporte particular”, dice Federico.
Otro asunto que preocupa a los docentes es que la mayoría de los y las niños beneficiados con el servicio de transporte residen en la zona rural y pertenecen a familias de escasos recursos. Al no poder trasladarse hasta la institución, tampoco pueden acceder al programa de alimentación escolar (PAE). “Según los estudios que se han hecho, un porcentaje muy alto de estudiantes tiene por lo menos el 50 por ciento de su carga nutricional diaria en lo que consume en la institución”, cuenta Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.
El 24 de junio, la Gobernación de La Guajira abrió un proceso de licitación por más de 18 millones de pesos para el servicio de transporte escolar. Al proceso se presentaron dos empresas: Transportes Relaturg y Transporte Sensación. En medio del proceso, el 28 de agosto, transporte Sensación denunció que uno de los documentos aportados por el otro oferente era falso. Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. Es decir, ninguno de los proponentes sería contratado y debía comenzar de nuevo el proceso.
Sin embargo, han pasado casi dos meses y todavía no hay un nuevo contrato. Durante este tiempo, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira ha hecho acompañamiento a los alumnos y padres de familia durante diferentes jornadas de protesta. Incluso, en algunos encuentros llegaron a acuerdos con el gobernador encargado Jose Jaime Vega y el secretario de Educación (E) del momento, Danilo Araújo. Acuerdos que, según el sindicato, han sido incumplidos.
“Por estas razones, la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, alza su voz defendiendo los derechos de más de 9 mil niños y niñas que cursan sus estudios en las instituciones educativas de estos doce municipios y que no cuentan con las herramientas y servicios necesarios para una educación de calidad”
comunicado publicado por el sindicato el 18 de octubre
A esta situación se sumó la designación de un nuevo secretario de Educación departamental. La semana pasada, Adolfo Manjarrés se convirtió en el quinto secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que el gobernador Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, quien había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. Y antes, en junio se había posesionado Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniel Araújo. Es decir, el manejo de la educación se ha convertido en una “papa caliente” que ha pasado de mano en mano en los últimos años.
Aún así, Adaulfo Manjarrez asegura que la falta de transporte escolar se solucionará pronto. Según el Secretario, la Gobernación ya lanzó una invitación para que las empresas de transporte asentadas en La Guajira se presenten yel nuevo contrato estará listo el próximo martes. El funcionario no quiso dar una fecha para la reanudación del servicio y explicó que el proceso que se debe surtir es largo pues después de elegir una empresa y verificar que cumple con los lineamientos y las exigencias de la Gobernación, es necesario verificar el estado de cada vehículo que prestaría el servicio. “Luego de que eso llegue al Ministerio, ellos verifican que sea cierto, que los documentos sean reales y dan la habilitación. Posteriormente a eso es el tema de la póliza y ahí es que iniciamos con la ejecución del contrato”, explicó Adaulfo.
Esta no es la primera vez que se presentan problemas con la contratación del servicio de transporte escolar en La Guajira. En el 2019, cuando se eligió a la unión temporal Elkajuluin, la firma del contrato se retrasó cuatro meses pues Jhon Fuentes, en ese entonces gobernador encargado de La Guajira,, revocó la apertura de la primera licitación pública después de que la Procuraduría hiciera varias observaciones sobre el proceso. Entre estas, el ente de control pidió aclarar cómo se definieron los requisitos para escoger esta empresa.
Por otro lado, los padres y madres de familia y líderes comunitarios han denunciado varias veces deficiencias en el servicio. “Solo había una camioneta para dos veredas. Como solo cabían 10 o 15 niños, y nosotros tenemos 16, nos turnábamos. Una semana iba la mitad de aquí y la otra, mitad de allá y así”, ilustra Sobeida. Es decir, el servicio no era el adecuado. “Y no podemos costear los servicios particulares”, agrega.
Por su parte, Federico sostiene que “esos vehículos ninguno cuenta con aire acondicionado, y solo las sillas de los puestos de adelante tienen cinturón de seguridad. Son vehículos de más de dos décadas de existencia. Eso es deficiente”.
Hoy, desde Los Toquitos en Fonseca, hasta Guayacanal en San Juan del Cesar, pasando por las decenas de veredas de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Manaure, Urumita y Villanueva, los y las estudiantes rurales solo tienen una petición: que ir al colegio deje de ser una travesía.
Las mujeres piden que los cambios no se queden en el papel.
¿Qué dice la política pública? El documento aprobado por el Concejo municipal el martes 17 de octubre es extenso y recoge acciones prioritarias sobre: salud integral para las mujeres; vida libre de violencias; participación, cultura y paz; hábitat y territorio; propiedad, trabajo y educación. Las acciones priorizadas en el plan están relacionadas con el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares. Además de garantizar el derecho a producir sus propios ingresos en igualdad de oportunidades que los hombres, para esto harán actividades que promuevan el acceso al trabajo formal, formación para el desarrollo de capacidades y desarrollo empresarial y capacitación para el acceso a recursos y patrimonio propio.
En el documento quedó también definida la construcción y creación de una oficina de la mujer, donde las mujeres podrán llevar sus inquietudes y las asociaciones de mujeres tendrán espacios de trabajo.
¿Por qué una política pública de género? Las mujeres de El Carmen enfrentan sobrecarga de trabajo no remunerado, violencias basadas en género, discriminación laboral, dependencia económica, falta de autonomía física y para la toma de decisiones, bajo nivel educativo, embarazo a temprana edad, baja participación política, desigualdad e inequidad por los roles de género, falta de unidad y de organización e indiferencia social.
Para Judit Cecilia Parra, coordinadora del equipo de formulación de la política pública de género, este es un paso para empezar a cambiar este panorama: “en primer lugar podemos entender que se crea un patrón de referencia para que las acciones que desarrollen todas las entidades públicas, empezando por la alcaldía, tengan un respaldo en el marco legal. Además, con esto los hombres, mujeres y niños, pueden desaprender patrones que han permitido que las mujeres sean consideradas ciudadanas de segunda y tercera categoría y que nuestra sociedad sea cada vez más equitativa”, explica.
Las mujeres piden que no se quede en el papel:“Esto es demasiado interesante porque el tema de la mujer es primordial, la mujer es vida, la mujer genera expectativa, la mujer es el punto cero que inicia la existencia. Esperamos que lo que se aprobó hoy no se quede en el papel, pienso que va a ser difícil, pero hay una esperanza” dice Dora Gallego, líderesa.
Teresa Marina Ochoa, quien trabaja para la Red Departamental de Mujeres considera que este paso es crucial: “esto es muy importante porque por fin El Carmen de Atrato va a tener la oportunidad de tener una sociedad más justa, más igualitaria, porque ya cada secretaría se vería obligada a tratar las mujeres por igual, una sociedad soñada donde nadie sea el estorbo y podamos vivir nuestros derechos”.
Lo que sigue: Durante la socialización el Concejo Municipal hizo algunas correcciones de forma al documento, una vez estos ajustes estén listos se sancionará el acuerdo. El plan deberá regir desde este año, por lo que en noviembre, cuando se coordine la aprobación del presupuesto para el 2023 se debe garantizar que haya una partida para las actividades consignadas, así como su inclusión en el nuevo plan de desarrollo.
Solo hasta la madrugada de este viernes 21 de octubre se restableció el servicio.
Los detalles: Las empresas Afinia y Air-e se unieron para resolver el problema. Samir Arregoces, técnico operativo de Air-e en La Guajira, explicó que la falla se presentó en la zona del corregimiento de Río Seco “por una línea que se encontraba desprendida de aislador, lo causaba que el circuito se fuera a tierra”. Además, aseguró que las fuertes lluvias impidieron que la emergencia se pudiera resolver fácilmente, por lo que se extendió el apagón.
El descontento: El apagón en Fonseca causó malestar entre los habitantes, que constantemente denuncian apagones en algunos barrios del municipio aunque la empresa Air-e asegura que ha realizado inversiones. “A pesar de tanto mantenimiento que se realiza, los cortes de energía son muy recurrentes. Esto perjudica nuestras labores diarias y el tema es más impactante cuando la empresa Air-e tiene una programación lista el día domingo entonces tampoco podemos prestar el servicio", dice el empresario Jhon Jairo Otero.
Por su parte, la empresaria Angy Acosta manifiesta que está situación pone en riesgo su heladería. “La descongelación de los productos trae grandes pérdidas y que el servicio sea interrumpido constantemente nos crea inestabilidad económica, al punto que debemos comprar plantas de electricidad y combustible. Eso nos genera un gasto extra no presupuestado”, dice.
¿Qué pasa con la energía en Fonseca? Los habitantes del municipio no tienen un servicio de energía eléctrica constante. Desde que operaba la empresa Electricaribe, liquidada en marzo de 2021, se presentaban fallas y facturación alta. Cuando Air-e asumió la operación en 2020 La Guajira se siguieron presentando los mismos problemas: cobros excesivos en la factura para estrato uno y dos, apagones constantes y voltaje inestable que ha afectado los electrodomésticos, entre otros.
Air-e ha dicho que los cortes repentinos se deben a la débil infraestructura de energía, por lo que han hecho inversiones en distintos barrios del municipio. El 7 de julio, la empresa puso en funcionamiento el segundo transformador de potencia en la subestación Fonseca para aumentar la capacidad de carga y optimizar el servicio para los usuarios. Además, ha asegurado que ha invertido más de 5.636 millones de pesos en el municipio y que tienen un plan de inversiones a 10 años.
Lo que sigue: Por lo pronto, Afinia y Air-e aseguraron que el problema está solucionado. Además, Air-e aseguró que el próximo mes bajarán los precios en las facturas por el acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Minas. Jhon Jairo Toro, gerente de la compañía, dijo que “vamos a tener una disminución de cerca de 50 pesos en cada una de las facturas de los usuarios”. Es decir, la tarifa del kilovatio que hoy está en 860 pesos, pasaría a 810 pesos. La medida también será aplicada en Bolívar y once municipios del Magdalena.
