A las dos y media de la mañana del 3 de diciembre Luz Núñez se despertó sobresaltada. Varios golpes en su puerta, por cuenta de un muchacho del barrio, la hicieron correr a la entrada para recibir una pésima noticia: del local de su esposo, en el que vendían artículos de segunda mano, estaba saliendo una nube de humo. En menos de 10 minutos Luz estaba allá junto a sus vecinos. A las tres y media, una hora después, una patrulla llegó a la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para avisar que el local de Luz, y el señor Bernardo Velázquez, estaba en llamas. Cuando los bomberos llegaron al lugar de la emergencia ya era muy tarde. La ropa, los televisores, neveras, llantas y zapatos que vendían estaban consumidos y la estructura en pérdida total.
La tarea inicial era controlar el incendio para que no se siguiera expandiendo. El reto era grande: ninguno de los hidrantes funcionaba, la maquinaria no era suficiente y eran solo ocho bomberos tadoseños. Durante dos horas, con apoyo de bomberos voluntarios de Istmina y Condoto, además del apoyo de la comunidad, consiguieron dos motobombas para sacar agua del río Mungarrá y apagaron el incendio. Del local no quedó nada y la pérdida de la mercancía es cercana a los 50 millones de pesos. Además, dos casas aledañas quedaron en pérdida total y otras dos tuvieron afectaciones. Nadie salió herido.
Hasta el día de hoy los bomberos creen que el incendio fue causado por un corto circuito, pero no lo pueden asegurar. Aunque en el interior del local había electrodomésticos, no hay nadie en el cuerpo de bomberos, ni en Tadó, especializado en este tipo de siniestros que explique qué fue lo que pasó.
Aunque este incendio fue el más grave del año, en Tadó se registraron otros 4 incendios estructurales durante el 2022. Según Freiles Mosquera, comandante encargado del cuerpo de bomberos voluntarios de Tadó, el municipio se ha vuelto propenso a este tipo de eventos por la falta de conciencia de los tadoseños. “Son malos hábitos en cuanto al manejo de materiales combustibles o descuido por velas encendidas, fugas de gas o cableados eléctricos con malas conexiones al interior de las viviendas. En la mayoría de los casos las personas hacen caso omiso a las recomendaciones o exigencias dadas por el cuerpo de bomberos”, dice Mosquera.
La plata no alcanza: En Tadó hay nueve bomberos certificados que prestan servicio, por turnos de dos, las 24 horas del día. Seis bomberos operativos y tres en la parte administrativa. Pero Freiles Mosquera asegura que no es suficiente. “El convenio que se contrata con la administración municipal es suficiente para poder tener por los menos ocho bomberos en la guardia permanente durante el día y la noche”, puntualiza. Lo ideal, asegura Mosquera, sería tener tres turnos al día, de ocho personas, y así estar siempre disponibles para una emergencia. Para eso se necesitarían, por lo menos, 20 bomberos más.
Dario Copete, uno de los afectados del incendio del 3 de diciembre, dice que una de las razones por la que se propagó tan rápido fue precisamente la falta de capacidad operativa. “Tienen un número insuficiente de bomberos y no reunían las condiciones para combatir todo lo que pasó ese día”, dice. Luz Marina opina lo mismo: “Hasta de Istmina tuvieron que venir bomberos porque los bomberos de aquí no fueron suficientes para apagar eso, si hubieran sido suficientes no se habría propagado eso así”.
Los estándares internacionales que establece la NFPA (National Fire Protection Association) establecen que, para realizar una atención integral, es recomendable un bombero por cada mil habitantes y aunque Colombia, según la Unidad de Gestión del Riesgo, se rige bajo esos parámetros, la realidad es otra. En el municipio de Tadó hay 19 mil habitantes y solo 9 bomberos.
Mosquera asegura que no es solo la falta de personal, sino los pocos recursos para que la labor sea bien remunerada: “Para nadie es un secreto que ninguna persona trabaja de gratis -dice- es duro para los compañeros, hay que firmar un buen convenio con la Alcaldía para fortalecer el personal porque aunque han venido cumpliendo, ahora no es suficiente”.
En Colombia, según el artículo 2 de la ley 1575 de 2012, es responsabilidad de los distritos y de los municipios la prestación de este servicio público esencial bajo cualquiera de las dos posibles modalidades: a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios, como es el caso de Tadó.
Según Yussy Samira Agua Limpia, secretaria de Gobierno, la alcaldía le transfiere al cuerpo de bomberos 10 millones de pesos cada mes, de ahí sale el dinero para la gasolina de los vehículos, el incentivo para los nueve bomberos y otros gastos de funcionamiento. Pero el dinero no es suficiente para poder vivir de eso, mientras no están de guardia deben hacer labores informales como trabajo de construcción, agricultura o barequeo. Más de una vez los bomberos han tenido que abandonar sus otros trabajos para atender una emergencia.
Además, cualquier persona que cumpla con los requisitos para ser bombero debe asistir a una escuela de bomberos avalada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC). En Tadó no hay ninguna, así que el o la aspirante debe viajar a Bogotá, Medellín, Cali o Cartago. El curso para bomberos voluntarios dura aproximadamente entre seis y nueve meses, además hay que hacer una práctica para graduarse, así como prestar mínimo 30 horas mensuales de servicio. El costo es aproximadamente de un millón seiscientos, un valor que el cuerpo de bomberos de Tadó no puede cubrir.
Para hacerle frente a esos costos, la secretaría de Gobierno aseguró que la alcaldía tiene un proyecto de formación que esperan poner en marcha el próximo año. “Nos toca hacer más campañas o convocatorias de vinculación para ver si los jóvenes se unen a esta loable labor. Nosotros ya tenemos un proyecto para capacitación, para brindar apoyo al cuerpo de atención y desastres en el municipio, esperamos el próximo año ponerlo en marcha”, dice Yussy Samira.
Por ahora, si hay una emergencia grande como la del 3 de diciembre, o una peor, los bomberos deben pedir refuerzos. “Si la emergencia es masiva tocaría montar un puesto de comando incidente, donde se involucran todas las instituciones que tengan personal que puedan aportar”, cuenta Mosquera.
Hacen falta equipos: Otro de los problemas del cuerpo de bomberos es la falta de equipos. Para emergencias como la del local de Luz Núñez y Bernardo Velázquez, necesitan un camión cisterna, porque los hidrantes no funcionan. “Necesitamos un camión cisterna para alimentar la máquina número 2 porque los hidrantes no son suficientes y cuando llegue a presentarse un hecho en otra zona (lejos del río) se necesitaría”, dice el comandante Mosquera. Además, necesitan renovar los trajes, un equipo de respiración, un equipo de rescate (con un carro, porque la zona es montañosa) y una eslinga o cincha (una herramienta de elevación).
Mientras tanto, los bomberos de Tadó seguirán trabajando con lo que pueden y las pocas herramientas que les brindan. Piden a la comunidad acercarse para que conozcan las funciones del cuerpo de bomberos y pueda haber una mejor comunicación. Así como a apropiarse de las recomendaciones para evitar los incendios. Y exigen a la Alcaldía, actual y la que llegará el otro año, más apoyo para fortalecerse y así, poder dedicarse totalmente a esta labor.
Los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre miles de jóvenes de todo el país cumplen uno de los logros más esperados en la vida de un adolescente: graduarse. Atrás dejan el colegio que los acompañó por 11 años y ahora deben enfrentarse a eso que muchos llaman “el mundo real”. El problema es que en departamentos como La Guajira o el Chocó ese mundo real es mucho más difícil de sortear y aunque lo que sigue sería seguir con estudios de educación superior, para la mayoría no es la primera opción. La pregunta que termina rondando en la cabeza de más de uno es: ¿Ahora qué?
El panorama de acceso y calidad de la educación en La Guajira y el Chocó es desalentador. En este último solo 1 de cada 4 bachilleres que se gradúan cada año accede a la educación superior. Esto, entre otras cosas, por falta de recursos económicos, mala calidad de la educación secundaria, la poca oferta de programas de educación superior o falta de acompañamiento para conocer su vocación.
En 2021 La Guajira se encontraba 34 puntos por debajo de la media nacional en las pruebas Saber 11 (antes conocidas como Icfes) y el Chocó fue el departamento con menor puntaje a nivel nacional, registrando un promedio de menos de 200 puntos en los últimos 3 años. Esto es grave porque, por ejemplo, para obtener una ‘Beca por Excelencia’ se debe tener un puntaje mayor o igual a 359 puntos en este examen. O para acceder a la beca de Generación E, la beca más importante del país que permite al joven estudiar gratis en la carrera y universidad de alta calidad a la que desee aspirar y sea admitido, el puntaje mínimo es de 349.
Otra de las opciones que tienen los jóvenes es un crédito con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), el problema es que para obtener ese crédito los estudiantes deben sacar, mínimo, 240 puntos.
La situación se agrava cuando se analiza más en detalle el panorama: en los departamentos hay grandes brechas entre la calidad de la educación oficial y privada, diferencias que empeoran en el sector rural, siendo este último el que presenta los resultados más bajos para el caso de La Guajira.
En los resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A, los colegios privados de La Guajira superaron la media nacional por cinco puntos, pero fueron solo 230 estudiantes. En comparación hubo más de tres mil estudiantes de instituciones educativas oficiales, tanto urbanas como rurales, que estuvieron 30 y 54 puntos, respectivamente, por debajo de la media nacional. Esto significa que los estudiantes de las zonas rurales y de colegios públicos son los que menos posibilidades tienen para acceder a beneficios y entrar a la universidad.
Si bien estos resultados ya limitan las opciones para el acceso a la educación superior, hay que agregar que la cobertura de este tipo de educación es poca: en La Guajira la cobertura es solamente del 21.4 por ciento de la población, y en el Chocó del 24 por ciento, comparado con el 52 por ciento en el resto del país.
Los dos departamentos están entre los peores índices de calidad y acceso a la educación. Según el índice departamental de competitividad, un estudio de la Universidad del Rosario, La Guajira ocupa el puesto 26 entre los 32 posibles en cuánto a la educación básica y media. Y en educación superior y formación para el trabajo, el puesto 29. Por su parte, el Chocó, en el pilar de educación básica y media está en el puesto 28, y en cuanto a educación superior y formación para el trabajo está en el último puesto.
Entre los factores que agravan la situación está también la conectividad. En el 2021 según el reporte del Ministerio de Educación, en La Guajira en promedio 13 estudiantes usan un mismo computador en el departamento. En el Chocó, por ejemplo, el porcentaje de personas de 5 años y más que usan computador es solo del 34, 3 por ciento, diez puntos por debajo del promedio nacional. Esto es grave porque la facilidad de contar con acceso a un computador o a internet dentro del hogar o en el colegio se relaciona con un mejor resultado en el promedio del puntaje global del Icfes, según ha advertido el instituto.
Todo esto hace que los jóvenes no tengan muchas opciones. Y aunque muchos quieran estudiar, no pueden hacerlo. Aquí cuatro historias en San Juan del Cesar, Fonseca, El Carmen de Atrato y Tadó.
Elizabeth Gómez es una joven de 16 años que vive en el corregimiento de Corral de Piedras, a 15 minutos del casco urbano de San Juan del Cesar. Se graduó como bachiller de la Institución Educativa Mercedes Romero de Quintero, zona rural de El Totumo, el pasado 6 de diciembre. Desde niña sueña con estudiar trabajo social para “poder ayudar a los demás”, pero aunque ya se graduó, ese sueño quedará en pausa.
Ni Elizabeth, ni su familia, tienen los recursos económicos para estudiar. En el municipio no existe la carrera, por lo que tendría que ir a Fonseca o Villanueva. Para desplazarse hasta allí tendría que pagar el pasaje de bus que vale siete mil pesos. O irse en un carro con otros estudiantes y pagar cinco mil pesos. Diariamente serían, por lo menos, diez mil pesos. Al mes, asumiendo que estudie de lunes a viernes, son $200 000, sin contar alimentación y otros gastos. La matrícula en la sede de Uniguajira está por encima del millón de pesos y la inscripción en $950 mil. Cada semestre, Elizabeth necesitaría, por lo menos, dos millones y medio de pesos para estudiar. En su casa el único que trabaja es su papá, y sus dos hermanos estudian. El dinero no alcanza.
Según lo que sabe, una beca tampoco es una opción.
“C: ¿Cómo le fue en las pruebas Saber?
E: Mal, saqué 190.
C: ¿Cree que esto es un impedimento para acceder a estudiar?
E: Bueno, no tanto. Una señora me dijo que cuando me fuera a inscribir ella me iba a ayudar para que me pasaran”
Como Elizabeth otros jóvenes en el municipio viven la misma situación. Después de graduarse las opciones son trabajar o estudiar alguna carrera técnica o tecnológica de las que ofrecen las instituciones públicas y privadas que están en el municipio, y que són más asequibles.
En San Juan hay cinco instituciones que brindan el acceso a la educación superior, de manera técnica y tecnológica: el Instituto de Formación Técnica y Profesional (Infotep), Cedelca, System Center y el PFC en la Institución Educativa Normal Superior. En ocasiones el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lleva instructores y dictan cursos cortos. Además, la Universidad de Pamplona en su modalidad a distancia brinda oferta académica en el municipio. Las carreras más ofertadas por estas instituciones son: Minería, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Farmacia, Seguridad y Salud en el trabajo, Riesgos Laborales y Asistentes Contables.
Y aunque la existencia de institutos y corporaciones académicas en el municipio son un aporte para que los jóvenes puedan estudiar, quien sueña con ser médico, abogado, diseñador o ingeniero tiene que obtenerun puntaje bastante alto en las pruebas Icfes para ganarse alguna beca, acceder a ayudas con el Icetex y a su vez irse fuera de su pueblo. Algunos deben quedarse con la ilusión de que alguna vez quisieron estudiar esas carreras y se ven forzados a estudiar las carreras técnicas y tecnológicas que no les apasionan.
Más allá de lo económico, y la limitada oferta académica, la falta de acceso de los jóvenes a la educación superior en el municipio tiene otros retos, según cuenta Sarit Benjumea, Consejera de Juventud: “Desde pequeños han traído una formación o una mentalidad que se ha inculcado por los padres que al momento de no contar con un posicionamiento económico o una solvencia estable, no existe ninguna posibilidad de que ellos puedan acceder a una carrera técnica, tecnológica e incluso profesional. Entonces se van formando al niño, al joven, posteriormente a un adolescente con una mentalidad pobre y vacía que no organiza su proyecto de vida adaptado a un desarrollo de una formación profesional”.
Otro de los obstáculos que Benjumea encuentra es el poco acompañamiento que las instituciones educativas le han brindado a los jóvenes para que puedan encontrar su vocación. “El joven sale del grado once, logró graduarse, pero aún no ha definido su proyecto o la carrera a la cual se siente focalizado entonces creo que ese apoyo hacia la vocación y la entrega para poder iniciar el recorrido a una carrera profesional debe de brindarse desde las instituciones”, agrega.
Cuando estudiar no es una opción, en San Juan del Cesar muchos jóvenes se dedican a trabajar informalmente y buscar la manera de llevar el sustento a sus casas. Entre los trabajos más comunes está el mototaxismo, albañilería, pagodiarios y vendedores informales. Algunos deciden irse por la creación de emprendimientos.
Sin embargo, la falta de estudio ha traído varios problemas sociales al municipio, cuenta Sarit Benjumea, y fenómenos como el consumo de sustancias psicoactivas y el alcoholismo han aumentado. “Nos damos cuenta cuando los fines de semana en los momentos de descanso y de esparcimiento encontramos que los índices de consumo de sustancias psicoactivas en nuestro municipio se disparan por completo. Ya no vemos a jóvenes en las universidades, ni en los institutos e inclusive en los talleres de formación profesional, sino que los encontramos consumiendo alcohol e incluso drogas y es demasiado preocupante esto”, comenta.
Elizabeth Gomez, mientras tanto, tiene pensado buscar un trabajo como vendedora de algún almacén durante el primer semestre del 2023 para reunir dinero y poder pagarse su carrera de Trabajo Social en la sede de Villanueva de la Universidad de La Guajira.
Junior Andres Arguelles Ospino es de Fonseca, tiene 17 años y no pudo graduarse el pasado 10 de diciembre. Lograr estar en la ceremonia fue una misión imposible. Tiene una deuda de casi 800 000 pesos con la corporación en la que está haciendo el bachillerato ‘acelerado’ y lo que gana trabajando en la panadería de su papá no le alcanzó para pagar los derechos de grado.
Terminar el bachillerato ha sido todo un reto. Pasó de estudiar de lunes a viernes, gratis, y con sus amigos de toda la vida, a trabajar durante ese tiempo para ayudar económicamente a su familia. Ahora estudia los sábados y además tiene que pagar 150 000 mensuales. Por problemas familiares su papá dejó de pagar su colegiatura. Está solo en este sueño.
"Por cosas que pasaron en la casa yo no terminé en el colegio y me tocó validar, pero ya casi para terminar la validación mi papá me dejó de dar el ingreso para terminar de pagar, sin embargo yo terminé las clases en Cetsca. Entonces necesito trabajo para conseguir plata y pagar lo que debo para que me entreguen el diploma, y de paso ellos me ayuden a conseguir las fuentes para hacer las pruebas del Icfes", dice Junior. Según sus cálculos la deuda pendiente está aproximadamente en 800 000 pesos, pero logró que le hicieran una rebaja conversando con uno de los docentes de la entidad.Sin embargo, este año ya no pudo pagarla.
Junior está a punto de culminar sus estudios en la corporación. Aunque su sueño es ser terapeuta físico, sabe que seguir estudiando, por ahora, no es una opción. El trabajo en la panadería de su papá no le deja suficientes ingresos y su prioridad es conseguir otro trabajo y ahorrar para pagar su diploma y para, en algún momento, entrar a estudiar en alguna institución de educación superior.
Como Junior Arguelles hay varios jóvenes en Fonseca que tienen dificultades económicas y se ven obligados a trabajar desde muy jóvenes. Muchos adolescentes empiezan en el mototaxismo para aportar en sus casas y tener algo con qué comprar la comida de todos los días. Otros, para poder ahorrar y pagar una carrera técnica o profesional. Pero en la mayoría de los casos lo hacen porque simplemente es una manera de ganar dinero relativamente fácil. A diferencia de otros empleos informales —como la venta de frutas y verduras, de billetes de lotería o comidas rápidas— para ser mototaxista no hay que invertir dinero comprando materia prima ni esperar una quincena o un mes para recibir un salario.
En Fonseca, y en toda La Guajira, son pocas las oportunidades laborales. Según las últimas cifras del Dane, en el 2018 el empleo informal alcanzó el 90,3 por ciento en el departamento. Por esto algunos estudiantes terminan viendo frustrados sus sueños y conformándose con lo que puedan hacer.
Además del factor económico, el acceso a la educación superior en el municipio es limitado. Muchos recién graduados migran a otros lugares a estudiar porque no les gusta las opciones que hay en las instituciones de formación locales. La universidad de La Guajira, por ejemplo, ofrece allí ingeniería ambiental, trabajo social, licenciatura en educación inicial y licenciatura en etnoeducación. El Sena, carreras técnicas y tecnólogas, y otras corporaciones universitarias como Cetsca o Ceotes, amplían un poco las oportunidades educativas. Pero quienes quieren ser médicos, abogados o periodistas, no tienen más opción que irse.
Junior cuenta también que el nivel educativo no es el mejor. Según datos del Ministerio de Educación, La Guajira en los últimos 3 años ocupa el último lugar del país en calidad de la educación en los niveles básica y media. Y la intermitencia de algunos recursos como el Programa de Alimentación Escolar hace que muchos adolescentes dejen los estudios. A este panorama hay que sumarle también el impacto de la pandemia del covid 19, que redujo significativamente los estándares de calidad de toda la población estudiantil en el país.
Aunque su única opción por ahora es trabajar, la prioridad de Junior es conseguir, sí o sí, el diploma de bachiller: "Una vez graduado quisiera ir a la universidad, pero como la situación económica no me lo permite, iría al Sena que da ciertas oportunidades, no preciso a hacer lo que yo quiero porque me gustaría ser físico terapeuta y este estudio no lo hay en el Sena, ni en la Universidad de La Guajira. Pero por ahora mis planes son ir al Sena mientras trabajo y busco la manera de pagarme la universidad", dice.
Einer Andrés Lemos tiene 17 años y vive en Carmelo, un corregimiento de Tadó. Es recién graduado de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. Desde pequeño tuvo talento para dibujar y su sueño era ser pintor o cantante. Ahora se debate entre su sueño artístico o estudiar ingeniería mecánica. Pero ninguno de los dos será posible a corto plazo. Su plan, ahora que se graduó, es seguir ayudando a sus padres económicamente trabajando como minero artesanal, mientras encuentra alguna forma para pagar sus estudios.
Cómo Einer, a finales de noviembre en las cuatros instituciones educativas del municipio de Tadó se graduaron 228 estudiantes. En la Institución Educativa Nuestra señora de la pobreza, 68 estudiantes; en la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, 82; en el Instituto técnico Ambiental, 21; y en la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, 57 estudiantes.
Para muchos de esos 228 jóvenes continuar sus estudios técnicos, tecnológicos o profesionales no es una opción. Algunos deben asumir responsabilidades del hogar, otros simplemente quieren hacer un alto para descansar y pensar con cabeza fría qué sigue, otros simplemente no quieren estudiar y algunos que quisieran continuar con sus estudios, la situación económica no se los permite. Varios de estos estudiantes graduados terminaran trabajando en construcción, minería, dedicándose al hogar, viviendo del rebusque o yéndose para el ejército.
“C: ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años?
E: Entre 5 a 10 años, si la vida me da lo que quiero, estaría lleno de muchos logros, con una familia estupenda, con una mujer que también sea trabajadora y ya no quisiera ver a mi mamá en estos trabajos tan duros como la minería”
Aunque la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y el Sena se esfuerzan para llevar su oferta académica al municipio, las posibilidades son limitadas. La UTCH solo ofrece Trabajo Social, Educación Física, Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental, Técnica y Tecnología Minera en el caso y el Sena cursos complementarios, en temas agropecuario (silvicultura, piscicultura, avicultura y porcicultura) artesanía, manipulación de alimentos, motores fuera de borda, contabilidad, emprendimiento, elaboración en productos de aseo, construcción, confección, área de agroindustria, medio ambiente, primera infancia y turismo.
Y aunque la oferta parece variada, muchos de estos cursos no abren porque se necesitan mínimo 25 estudiantes. Además, hay un gran número de jóvenes que no cuentan con los recursos para continuar con sus estudios. Un semestre de educación física, por ejemplo, en la UTCH está en $2 663 000, a eso se le suma la matrícula que está en $375 000, el transporte, la alimentación en la jornada académica y los materiales para trabajos. Esto estudiando solo de viernes a domingo y siendo esta carrera unas de las más económicas .
Si los jóvenes quisieran estudiar otra carrera se tendrían que ir a Istmina o a Quibdó, o incluso desplazarse fuera del departamento. Y aunque existe la opción de estudiar virtual, teniendo en cuenta las dificultades de conectividad en la zona rural y urbana, para estos jóvenes es una batalla acceder a la educación superior.
A Einer Lemos para estudiar ingeniería mecánica o Arte tendría que desplazarse por fuera del departamento, lo que hace más difícil y costoso: “Los obstáculos para estudiar Ingeniería Mecánica son los costos y desplazarme donde uno tenga conocidos. Cuando niño quería ser pintor o cantante, desde pequeño se me facilitaba dibujar y fui aprendiendo con la práctica, y fue creciendo en mí una emoción, una chispa. Pero me inclino por la Ingeniería Mecánica porque estaría asegurando más el futuro para sacar a mi familia adelante”, cuenta.
Además de la falta de oferta académica y los problemas económicos, la baja calidad de la educación básica y secundaria se convierte en otro problema. Para acceder a una beca por excelencia o tener algún tipo de beneficio se necesita de una puntuación en las pruebas ICFES Saber 11° de entre 300 y 345 en adelante y en el municipio pocos alcanzan ese puntaje. Einer sacó un puntaje de 170: “Las últimas (preguntas) toca que analizarlas muy rápido, el tiempo no es suficiente”, dice. Ninguna de las instituciones educativas del municipio alcanza los 200 puntos en promedio en estas pruebas, y todas tienen la calificación más baja.
Por ahora, Einer seguirá en la minería hasta que encuentre otro trabajo o pueda ahorrar lo suficiente para escoger entre sus dos opciones de estudio. Y ya sea como artista o ingeniero, espera volver al municipio a devolverle a su madre todo lo que ha hecho por él.
Mariana Abadía Garcia tiene 16 años y vive en la vereda El Siete, en El Carmen de Atrato. Su mamá logró pagar su bachillerato vendiendo fritos al frente de la carretera que conduce de Quibdó a Medellín. Junto a su gemela, Juliana, lograron graduarse a finales de noviembre. Mariana desde muy pequeña supo qué quería estudiar, pero la idea ha ido cambiando: "Desde niña me gustaba la criminalística, me gustaba ver novelas de criminalística, pero cómo vi que acá la eso no da, me decidí por la medicina", cuenta. Sin embargo, por ahora ese sueño tendrá que esperar.
Con el resultado que obtuvo en las pruebas Saber 11 Mariana no puede acceder a una beca y no tiene los recursos para pagar Medicina en una universidad como la U. de Antioquia, una de las pocas que tiene la carrera y está “cerca” de El Carmen. Medellín es la ciudad con oferta académica más cercana al municipio, pero está a más de cuatro horas de distancia, por lo que ir y volver no es una opción. Por ahora Mariana no tiene más opción que empezar a ahorrar para tomar un curso de medicina y luego sí poder acceder a la carrera en la capital de Antioquia.
“C: ¿Cuáles son los obstáculos para seguir estudiando?
M: Uno de esos es el sostén económico porque no tengo el gasto necesario del dinero”.
Como Mariana, los días 24, 25 y 26 de noviembre se graduaron 59 bachilleres de las dos instituciones educativas del municipio de El Carmen de Atrato. De la Institución Educativa Agropecuaria Marcó Fidel Suarez se graduaron 36 alumnos y del Corazón de María 23. “En El Carmen hay dos colegios, con eso podemos sacar conclusiones en relación con el acceso a la educación superior, que por lo general no se da. O cuando se da, es para la Universidad de Antioquia o en universidades de otras partes del país porque es lo más cercano que puedan tener”, explica David Emilio Mosquera, Rector de la UTCH.
La Secretaría de Educación y el Pacto Juvenil del El Carmen de Atrato han conseguido con el Sena llevar la carrera técnica en cocina y en sistemas al municipio, allí ya hay 64 personas haciendo los programas, pero la oferta es muy limitada. Los gestores están tratando que la Corporación Universitaria Remington y la Unad (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) las dos virtuales, puedan dar unos descuentos de matrícula a la población Carmeleña, pero Sara Taborda, Coordinadora de Juventudes, dice que hay falta de voluntad de los jóvenes. "Acá se han hecho encuestas, hicimos una caracterización, pero qué pasa, piden los programas y no van", asegura.
Por su parte la Universidad Tecnológica del Chocó tiene planeado iniciar clases en el municipio el próximo semestre en los programas de: Contaduría Pública, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Artística e Ingeniería. El promedio del valor de la matrícula en la Universidad Tecnológica del Chocó es de 830.000 pesos. Hay programas que son bastante costosos y otros que son más económicos. Ingeniería Ambiental está en 750.000 pesos o el de Tecnología en Gestión Minera y Ambiental en 250.000 pesos.
Y aunque la oferta académica ha aumentado con el paso de los años, Mariana, como muchos recién graduados, tendrá que irse del municipio para estudiar lo que le apasiona, eso, cuando logre tener los recursos necesarios para vivir en una ciudad como Medellín.
En El Carmen de Atrato no se había escuchado hablar de reforma agraria desde el 2003. Aunque con el Acuerdo de Paz llegó la Reforma Rural Integral, el único avance que hubo tangible fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria entregó dos parcelaciones a campesinos y campesinas de las veredas La Clara y La Argelia. La mayoría de los que recibieron esas tierras poco pudieron hacer, nunca los asesoraron en proyectos productivos, ni les ayudaron con el acueducto o la adecuación de sus viviendas en las hectáreas que habían recibido. En palabras de Emilson Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el municipio, “les entregaron las tierras y los dejaron botados”.
A más de 100 días del gobierno Petro, el país ha vuelto a escuchar sobre la reforma agraria y el campesinado está en el centro de la agenda. Los días 2, 3 y 4 de diciembre se realizó la primera Convención Nacional Campesina (CNC) que contó con la participación de 2.500 campesinos y campesinas de todas las zonas del país. El Carmen de Atrato estuvo representado por varias organizaciones municipales como Asocomunal, Agroecotur, Guardianes del Río Habita y líderes y lideresas independientes de diferentes veredas del territorio. Estos son, según advierten, algunos de los retos a la hora de implementar la reforma agraria en el municipio:
Lo primero que preocupa a los campesinos y campesinas del municipio es la priorización de su territorio en este proceso. A la mesa llevaron la solicitud de “DesPEDETizar” la reforma. Es decir, en el acuerdo final se definió que los municipios PDET serían zonas priorizadas para la aplicación del punto uno. Y aunque El Carmen de Atrato es reconocido como altamente afectado por el conflicto, no hace parte de estas zonas. Por eso los carmeleños piden más atención.
Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia, explica que el gobierno aún no ha dado claridad sobre el tema. “El Acuerdo lo que dice es que los municipios PDET tendrán que ser zonas priorizadas y uno diría que esa priorización tendría que respetarse, pero no hay un sistema. No sabemos en este momento cuáles son los territorios priorizados, pero en virtud del acuerdo y el acto legislativo 02 de 2017 es obligatorio para el gobierno arrancar por estos municipios. Durante la CNC el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que se iban a ampliar los territorios PDET, pero no se sabe si eso se va a materializar o no”, dice Bautista. Incluso, Prada ha reconocido que hubo muchas zonas altamente afectadas por el conflicto armado que no fueron incluidas en estas 16 zonas priorizadas en el Acuerdo de Paz, pero que necesitan atención prioritaria.
La tierra es el corazón de la reforma agraria. En Colombia, según el ministerio de Agricultura, el 44,5 por ciento de la tierra está en manos del 0,01 por ciento de la población. En el acuerdo de paz, la reforma rural integral es el primer punto y el gobierno Petro ha abanderado esta causa. Ya ha hecho entrega de 680.000 hectáreas de tierra, en 19 departamentos, como Cauca, Putumayo, Córdoba, Vichada, Amazonas y Tolima, entre otros. La meta es entregar tres millones de hectáreas a familias sin tierra o con poco acceso a ella, así como formalizar siete millones adicionales y así cumplir con los compromisos que asumió el Estado en el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en 2016.
En El Carmen de Atrato no es diferente. El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de restitución de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afro. Sin embargo, la situación no es tan solo entregar más hectáreas. En el municipio han pedido constantemente apoyo del Ministerio del Interior, la ANT y la ART para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras.
Por un lado, los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato, que ocupan cerca de 8 mil hectáreas de tierra, han solicitado la ampliación de sus resguardos. Esto en medio de conflictos con la comunidad afro del sector de El Dieciocho. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad 24 hectáreas de tierra, 2.555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Esta fue una de las peticiones más urgentes en la mesa de diálogo del Chocó que se llevó a cabo el 4 de noviembre.
Mientras esto pasa, los campesinos mestizos también piden reconocimiento. Aseguran que ha habido priorización del gobierno a los grupos étnicos y “ha ignorado inclusive procesos de restitución de tierras vigentes y títulos de propiedad existentes”, como lo afirman miembros de la plataforma campesina. Para hacerle frente a este conflicto, solicitan la actualización del catastro multipropósito, la actualización del EOT, legalización del asentamiento del barrio La Paz, la titulación de las 5 hectáreas que componen en Pueblo de la Memoria Histórica y del alto porcentaje de predios campesinos sin título. Así como la formalización de la propiedad, compra y entrega de tierras para familias que no cuentan con ella en las diferentes veredas.
"Hay una preocupación y es que por dar resultados en materia de acceso a tierras no sean lo suficientemente cuidadosos y se puedan incrementar los conflictos interculturales."
Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia
El reto en estos casos, explica Ana Jimena Bautista, es que la reforma se piense como un sistema y articule a todas las entidades necesarias para avanzar, pero sobre todo, que tenga claras las dinámicas propias de cada territorio. Para Bautista este tema no ha sido claro en el gobierno Petro: “No he visto ningún lugar donde se está haciendo hasta el momento. Sí ha sido una solicitud que ha salido en varios lugares: en la Convención Nacional Campesina, en el empalme, pero no he visto algún anuncio del gobierno en esa dirección. El plan de gobierno de Petro hablaba de avanzar hacia una gobernanza intercultural, pero yo no he visto que desde ninguna de las carteras haya algún anuncio al respecto”.
Esto es grave, explica Bautista, porque estos conflictos podrían exacerbarse con la entrega de tierras. “Hay una preocupación y es que por dar resultados en materia de acceso a tierras no sean lo suficientemente cuidadosos y se puedan incrementar ese tipo de conflictos. Varios de los líderes que estuvieron en el empalme han planteado crear un espacio de diálogo intercultural a nivel nacional. Esto debería hacerse desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura para el tema específico territorial, pero es urgente, es una discusión pendiente desde hace ya varios gobiernos y este gobierno también debería entenderlo”, puntualiza.
Si algo han dejado las fallidas reformas agrarias es la enseñanza de que en Colombia la tierra es necesaria pero insuficiente para superar las brechas en la ruralidad. Por eso, el Acuerdo de Paz estableció distintas herramientas para atacar la pobreza y la desigualdad. Se construyeron planes nacionales para la reforma rural que tendrían que abordar diferentes aspectos: el acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción, así como la provisión de bienes públicos entre ellos salud, educación, y la seguridad social.
En El Carmen hay campesinos que producen y quieren seguir produciendo, pero no cuentan con tierras propias, por lo que tienen que trabajar en parcelas arrendadas o prestadas por familiares o vecinos. Y aunque recibir su tierra es un avance, no es suficiente. Ese es el caso de Policarpo de Jesús Vargas, un campesino de la vereda La Argelia quien lleva 57 años labrando la tierra, pero que nunca ha tenido un terreno propio. “Lo que debería hacer el gobierno es primero que todo entregarle tierrita a los campesinos que no tenemos y luego que a uno le prestaran la plata, sin intereses o con interés bajitos, pa’ uno poder trabajarla, porque, qué se gana usted con tener una tierra, sino tiene con qué trabajarla, si le toca jornalear para conseguirse la comidita, cómo hace uno para sembrar, le queda muy duro, por ello requerimos de ayudas del gobierno”, dice Policarpo.
Ana Jimena Bautista explica que la falta de acompañamiento hace que la reforma integral sea fallida. Asegura que la gente después de acceder a la tierra tiene que venderla porque es muy difícil lograr que sea sostenible. “La reforma agraria no es solo el tema de acceso a la tierra, sino que contempla el funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria que busca que el Estado intervenga en los distintos territorios de manera integral. Es decir, que haya otros temas como la conectividad, la adecuación de tierras. Ya en el pasado nos hemos dado cuenta que si el sistema no funciona como un sistema, pues los intentos de reforma agraria fracasan”, cuenta Ana Jimena.
El Gobierno de Iván Duque dejó formulados 14 de los 16 planes. Sin embargo, su formulación y ejecución no se pensó como sistema y cada plan ha sido estructurado de manera desarticulada con el resto de la institucionalidad. “Uno ve cada entidad preocupada por cumplir sus metas entonces hay una Agencia Nacional de Tierras anunciando todos los días que entrega tierra o formaliza, que eso está bien, pero esas entregas son absolutamente dispersas y eso dificulta que el sistema llegue como sistema”, recalca Bautista.
En esta línea también está la búsqueda de la seguridad alimentaria. En Colombia, según el último censo del DANE, más del 50 por ciento de los hogares está en inseguridad alimentaria. En El Carmen de Atrato esto es una prioridad, los y las campesinas piden apoyo para la autosostenibilidad en el territorio, a través de la conformación de granjas con producciones a pequeña escala que combinan producción agrícola y pecuaria, además de la producción de abonos orgánicos, biopreparados, entre otros.
"Qué se gana usted con tener una tierra, sino tiene con qué trabajarla, si le toca jornalear para conseguirse la comidita, cómo hace uno para sembrar, le queda muy duro."
Policarpo de Jesús, campesino de la vereda La Argelia
También solicitan la eliminación de los intermediarios con productos que los campesinos y campesinas ya producen; como el caso del café, la leche, las frutas, hortalizas, entre otros. Y apoyo en el fortalecimiento del turismo sostenible; comunitario y de naturaleza, implementación de propuestas o proyectos de pagos por servicios ambientales y ganadería sostenible, generación de propuestas y proyectos en donde se priorice a las mujeres.
En años anteriores, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la falta de una solución integral al conflicto de tierras ha perpetuado el conflicto y la violencia. Históricamente en el país a cada esfuerzo de reforma agraria le ha seguido una contrarreforma armada y nuevos ciclos de violencia.
Al día de hoy la mayoría de campesinos en la vereda La Argelia adelantan procesos de restitución de las parcelas que les fueron entregadas por el Incora en 1994 y que se vieron obligados a abandonar ante la presencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc y la incursión paramilitar. Los procesos de retorno, entre los años 2005 y 2007, solo acogieron a unas pocas familias y por ello, aún reclaman respuestas y avances.
En la actualidad, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (también llamado Clan del Golfo) se están disputando el territorio ubicado en la frontera entre los departamentos del Chocó y Antioquia, muy cerca de El Carmen de Atrato. Este lugar es estratégico porque ahí está ubicada una de las dos carreteras que comunica al Chocó con el interior del país y se juega el corredor para mover droga, armas y personas. La guerra entre estos dos grupos, que se ha intensificado en los últimos meses, mantiene a la población civil, especialmente la indígena, atemorizada por riesgo de reclutamiento, minas antipersonal y combates.
Hacer frente a este tema requiere, de nuevo, la articulación de las entidades del Estado, pero hasta ahora, el Gobierno Petro no ha hecho claridad sobre el tema. Para la plataforma campesina de El Carmen de Atrato la reforma agraria integral y popular se traduce en la posibilidad, no solo de tener acceso a la tierra, sino en las garantías para hacer uso de ella. La permanencia del campesinado en el territorio depende, en buena parte, de las garantías de seguridad en la zona y del apoyo para la solución de los conflictos interculturales que hay en el territorio. El acuerdo humanitario con el Eln que se vislumbra, les da esperanza, pero no es suficiente.
“Queremos simplemente que lo que vayan a hacer lo hagan y no le digan mentiras a la población como ya lo han hecho. Si a usted le van a dar tierra y le prometen proyectos productivos, le prometen comercialización, que lo hagan, porque de lo contrario terminan siendo los mismos ricos los que se quedan con la tierra”, dice un campesino de La Argelia, que prefiere omitir su nombre. El llamado que hace el campesinado de El Carmen de Atrato es que esta vez, a diferencia del 2003, no los dejen botados.
Desde las cinco de la mañana más de 50 personas cerraron con cintas, llantas, palos y vehículos el puente de entrada y salida al municipio de Tadó. Los rapimoteros, comerciantes y otros habitantes detuvieron por más de seis horas el flujo vehicular de la vía que comunica el municipio con el resto del departamento del Chocó. La solicitud principal fue que el alcalde Cristian Copete respondiera cuándo volverá el hospital a prestar sus servicios con normalidad. La indignación, aseguran, se debía a que las autoridades no les habían dicho a los tadoseños por qué desde el martes pasado el centro de salud ya no atiende urgencias, hospitalización, ni los servicios de rayos X y farmacia.
Alejandro Perea, uno de los líderes del paro, cuenta que la gente de Tadó está cansada de que las instituciones no les entreguen ninguna información. “Nosotros hacemos el cierre por el desconocimiento en el que nos tiene el hospital como entidad y la administración, que es la responsable de informar al municipio. En estos momentos el pueblo desconoce por qué el hospital fue sellado.. El pueblo tadoseño levanta la voz porque está cansado de lo mismo, hoy exigimos que la administración, la personería y las entidades responsables de todo lo que está pasando, den la cara”, dijo Perea en la emisora Soberana Estéreo.
Lina Marcela Arriaga, una madre de familia que se unió al bloqueo, dice que lo que más le preocupa es la falta del servicio de urgencias. “Da tristeza llegar al hospital, llevar uno a su hijo enfermo, un niño gritando que no puede soportar el dolor de cabeza, y que digan que no hay cómo atenderlo, que está sellado, que no hay como comprar ni una jeringa. No hay nada, estamos colapsados. Todo el tiempo nos dicen mentiras. Sellaron el hospital y nadie nos dio información de por qué”, dijo Arriaga.
Por su parte, Luis Alfonso Murillo, veedor ciudadano, solicita que lleguen autoridades externas al municipio para solucionar la crisis del hospital. “Hay que llegar a un acuerdo con el alcalde y con la gobernación del Chocó. No hay razones para que un pueblo como Tadó, de más de 21 mil habitantes, no tenga un buen hospital, no tenga para atender una urgencia, no tenga ambulancia. Que el Gobierno haga una visita para mirar dónde está la plata que ha llegado en estos años”, dijo el veedor.
Esta situación es producto de un mal manejo del hospital que está en crisis desde hace más de diez años. Esto es lo que ha pasado en los últimos años:
Puede conocer todos los problemas del hospital aquí.
Vanessa Córdoba dijo que el bloqueo “fue producto de la desinformación'' y, a pesar de todas las quejas y fallas evidentes, aseguró que “en ningún momento el hospital cerró, ni dejó de prestar los servicios”. “Tenemos la consulta de medicina general. La E.S.E les va a atender las urgencias vitales. Hay un problema de información y les agradecemos nos ayuden a aclararlo. Tenemos unos servicios para fortalecer y estamos trabajando en ello”, dijo Córdoba en reunión con los manifestantes.
Sobre los problemas del hospital dijo que es responsabilidad de administraciones anteriores y de los mismos tadoseños. “Han sido los mismos tadoseños los que han dejado al hospital como está. Lo que no queremos escuchar es que no se hizo una gestión administrativa adecuada allí. Nos duele y hoy muchos me van a odiar, pero allí lo que pasó fue que los tadoseños fueron los que no quisieron la E.S.E, eso no es un problema de cuatro meses, eso es un problema de administraciones anteriores. Hay deudas de dos mil y pico de millones y nosotros hemos llegado a tratar de apalancar y hacer acuerdos de pago de procesos jurídicos. Aquí ha habido un pueblo que no ha querido entender”, dijo en entrevista con la emisora Soberana Estéreo.
Sobre el cierre del servicio de hospitalización, Córdoba explicó que por ser un hospital de baja complejidad, no tienen los recursos para mantener un paciente hospitalizado por más de tres días. “No alcanza para sostener un usuario más de tres días hospitalizado, si lo tengo allí más de tres días debo remitirlo. Tengo unos servicios habilitados que no puedo prestar y los que puedo prestar no los tengo bien”, indicó en la misma entrevista.
Pasadas las 11 de la mañana, un grupo de manifestantes se reunió con el alcalde Cristian Copete para discutir las peticiones. A la una de la tarde el alcalde llegó en compañía de la gerente al punto del bloqueo para aclarar varios puntos y levantar el paro. Allí se construyó un acta en la que el alcalde y la gerente se comprometieron a reabrir los servicios suspendidos en, aproximadamente, 45 días.
Por ahora, la comunidad se comprometió a crear un grupo veedor que haga seguimiento a los acuerdos del acta, sobre todo, a la apertura de los servicios que tendría que darse en enero de 2023. Con estas respuestas, y la comunidad medianamente conforme, a las tres de la tarde se levantó el bloqueo.
Octubre, noviembre y diciembre son los meses más ocupados para Rosalba Torres, ‘La China’. A las cinco de la mañana ya está lista para preparar el desayuno de sus hijos y los trabajadores que recolectan café en su tierra durante la temporada alta. Después de comer, esta mujer de 55 años que ha dedicado su vida al café, se pone un canasto en la cintura y recorre las dos hectáreas y media que componen su cafetal, recolectando los granos de café. Al regresar a su casa pasa el café por la máquina despulpadora, que bota hacia un lado el grano y hacia el otro la cáscara. Después deja reposar los granos y dedica lo poco que queda de su día a otras tareas del hogar. Al día siguiente, se levanta a la misma hora para lavar los granos y sacarles las mieles. Luego los pone en una camilla de secado, y cuando ya están en su punto, los lleva a la cooperativa para venderlos. Y aunque para Rosalba el proceso termina ahí, ese café sigue su camino hasta llegar a la tasa de alguna persona en Osaka o Tokio que prefiere tomar el café que se cultiva en La Guajira.
En Fonseca, 162 caficultores llevan más de 15 años dedicados a la producción de uno de los mejores granos del país. Lo hacen a 14 kilómetros del casco urbano del municipio, en la zona alta del corregimiento Conejo, y también en Las Bendiciones, Las Marimondas y Las Colonias. Las primeras plantas de café llegaron allí en manos de campesinos del interior del país, quienes llegaron a este territorio huyendo de la violencia en los años 40. Desde ese momento, gracias al clima y a su ubicación en medio de bosques, en la serranía se produce un café con “agradable acidez media alta y notas vinosas''.
Esta tradición dio origen al Festival del Café que se celebra todos los años en Conejo desde 1992. El evento nació después de que un grupo de jóvenes entre los que estaba Aimer Ballesteros, Alvaro Pinto, Aribel Iguaran, Jose Lineros, Orli Arciniega, Felix Frias, Angel Arciniega, Rafael Villalba, Reinel Amaya, Ramona Duran Nereida Duran, Arnaldo y Armando Arciniega creara, por primera vez, un concurso de canciones inéditas a la luz de las fiestas patronales que se conmemoraban en el corregimiento desde los años 80.
Desde ese momento se incluyeron en el festival los concursos de canción inédita, acordeonistas aficionados y piquería para salvaguardar el vallenato, además de un reconocimiento al café. En esa oportunidad se realizó el primer foro del café con la participación de la Federación Departamental de Cafeteros y el Comité Municipal para homenajear a los campesinos, campesinas y productores de café de la Serranía del Perijá. Desde entonces la tradición se ha mantenido y durante los últimos días de noviembre el corregimiento se paraliza para rendirle homenaje a dos cultores y a dos campesinos que se destacan por su labor, al ritmo de vallenato.
“El café que se cultiva en Conejo y la Serranía del Perijá es un café muy suave, de acidez media, tosto medio y que tiene unas notas especiales, algunas notas achocolatadas, otras notas a frutos rojos y eso lo distingue mucho del café del interior. En el interior, específicamente en el sur del país, los cafés son de alta acidez, aquí son cafés más balanceados”, explica Álvaro Osorio, director ejecutivo del comité para el Cesar, La Guajira y Bolívar de la Federación Nacional de Cafeteros.
La mayoría del café que se cultiva en la Serranía del Perijá es catalogado como café premium, pues tiene pocos defectos en sus granos. Esto hace que más del 95 por ciento de lo que se produce en la zona sea para exportar, deseado especialmente por el mercado japonés y algunas ciudades europeas. “Es un café muy bueno, de altísima calidad, y si no se exporta directamente por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, lo exportan otros particulares, casi ningún grano se queda aquí. En su gran mayoría va para Japón y algunos países europeos que prefieren este café balanceado”, dice Osorio.
Omar Torres Brito, de 70 años, cultiva en cinco hectáreas su propia marca llamada Café Del Carmen y está haciendo todos los trámites para poder entrar al mercado internacional por su propia cuenta. Al igual que Rosalba, asegura que nació cafetero. “Mi papá desde pelao nos enseñó. Quien impulsó esto del café por esta zona fue mi abuelo Victor Peralta y yo soy hijo de Lyonso Torres Peralta, un gran caficultor que brilló por esta zona de La Guajira, tiene 95 años y todavía está activo”, cuenta.
Para que el café de Rosalba y Omar llegue hasta Japón, el trámite de exportación corre por cuenta de la Federación Nacional de Cafeteros o de empresas particulares. El proceso se inicia cuando los productores venden el café pergamino (el producto del beneficio del grano que se obtiene después de quitarle la cáscara y el mucílago, lavarlo y secarlo hasta lograr una humedad entre 10 y 12 por ciento) a la Cooperativa Cafetera De La Costa (Caficosta), una asociación conformada por más de 2 600 personas que garantiza la compra a más de 12 600 cafeteros en Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. Ya sea que le vendan a Caficosta, en el caso de la Federación, o a un particular, la empresa lo trilla, lo selecciona, le quita la pasilla y lo vende a otros países.
Los caficultores de Conejo, y de la Serranía del Perijá en general, tienen dos grandes problemas: la baja productividad de sus cafetales y la subida en los precios de los insumos. Hace uno o dos años, un saco de urea (fertilizante) costaba 80 mil pesos; hoy no se consigue por menos de 210 mil pesos. “Por esta razón se han dejado de sembrar muchas tierras, el campesino no tiene cómo comprar esos productos. Afortunadamente con el aumento del dólar el precio del café también aumentó, pero a veces no es suficiente”, cuenta Omar Britto.
Según Britto, producir café es muy costoso. Se necesitan, por lo menos, 12 millones de pesos: “Antes era más fácil, uno sacaba la semilla del propio café y todo era más barato, hoy con la tecnificación poner a producir una hectárea está alrededor de los 12 millones y lo ideal es que produzca entre 25 a 30 quintales. En esta zona para decir que la cosecha fue buena tiene que ser de 20 bultos en adelante, si es menos ya la cosa anda mal”, dice. Un quintal de café de la Serranía del Perijá, es decir, 57,5 kilogramos de café pergamino, lo están pagando en 800 mil pesos.
La baja productividad de los cafés también impide el crecimiento y la renovación cafetera. En La Guajira hay una productividad de 9,3 sacos de 60 kilos de café verde por hectárea, una productividad muy baja comparada a la del resto del país, en donde se producen, en promedio, 17,30 sacos por hectárea. Esto, dice Osorio, porque las plantaciones tienen de nueve a 20 años de edad, son demasiado viejas y muy poco productivas.
Para hacerle frente a esto, esta semana, en el marco del Congreso Nacional de Cafeteros, la Federación se reunió con la ministra de agricultura, Cecilia López; y el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, para buscar soluciones ante el aumento de los insumos. Allí, según contó Álvaro Osorio, se acordó que el gobierno ayudará a los caficultores con un subsidio que cubriría el 20 por ciento del costo de los fertilizantes.
Mientras tanto, en su finca, Omar está renovando una hectárea y media de sus plantas de café, un proceso que aunque le hace perder algunos ingresos en esta cosecha, permitirá aumentar su productividad el próximo año. Además, sigue impulsando su marca Café del Carmen con la que espera, por su propia cuenta, llegar a mercados internacionales.
Y Rosalba, por su parte, le pide al Ministerio de Agricultura más ayudas para los campesinos y proyectos que permitan mejorar su calidad de vida. Por ahora, espera poder registrar pronto su marca Café Colonial, que ya llega con su sello propio a Riohacha, Villanueva y a Valledupar. Su sueño, como el de Omar, es que no solo su grano llegue hasta Tokio, sino también su nombre que anuncia, contra todo pronóstico, que en La Guajira también se cultiva café.
Los integrantes del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales han luchado durante más de 12 años contra el inicio de la explotación de carbón en una mina ubicada en su territorio, en San Juan del Cesar (La Guajira). Los líderes ambientales —que cuentan con el apoyo de varios miembros de la comunidad, organizaciones defensoras de derechos humanos, un colectivo de abogado y representantes de la comunidad internacional— argumentan que el proyecto minero con el que la empresa Best Coal Company (BCC) aspira a producir casi 12 millones de toneladas de carbón pondría en peligro la reserva forestal el Manantial e implicaría la pérdida de su vocación agrícola.
En estos años han tenido varios reveses, pero también han logrado que sus voces sean escuchadas. En 2019 interpusieron una tutela y consiguieron que el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha le ordenara al Ministerio del Interior y a Best Coal Company respetar el derecho a la consulta previa por ser una comunidad afro. Sin embargo, esta decisión no implicó el inicio de este proceso que se encuentra amparado por la Ley 21 de 1991.
Según esta norma, las comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y Rom para ser consultadas cuando el Gobierno o una empresa pública o privada pretende adelantar un proyecto de extracción minera, por ejemplo, o incluso otorgar una licencia ambiental que los afecta directamente, o sea, que pueda alterar afectar su estilo de vida o sus prácticas culturales.
Luego, en 2021, cuando la empresa BCC finalmente comenzó el proceso de consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que no estaban dando información suficiente para medir los posibles impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. El consejo comunitario recurrió a una tutela para que se garantizara el acceso a esa documentación y poder iniciar la preconsulta.
Aún así, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, ha puesto varias trabas. Tanto, que decidió aplicar el test de proporcionalidad, una herramienta para medir las afectaciones directas del proyecto. Y luego, en respuesta a una decisión del Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha, apeló sosteniendo que el procedimiento ya se había aplicado por lo que era “imposible el cumplimiento de la orden”.
El acontecimiento más reciente en este largo proceso se dio el pasado 11 de noviembre, cuando la jueza Cecilia Riveira del Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha estableció que el recurso interpuesto por el Mininterior era improcedente y ordenó reanudar la consulta previa.
“Nosotros vemos la consulta como un espacio que nos permitirá demostrar que el proyecto es nefasto para la mayoría de comunidades que están cerca. Estamos haciendo historia”, dijo Óscar Gamez, presidente del consejo, al conocer esa noticia.
En todo este tiempo, los miembros del Consejo Comunitario han alertado sobre la falta de garantías existentes para garantizar el derecho que tiene su comunidad a ser consultada pues, insisten, la explotación podría alterar su estilo de vida y sus prácticas culturales.
Según el protocolo, lo que sigue es el proceso de pre consulta. Sin embargo, Carlos Andrés Meza, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, dice que ahora debe priorizarse la reconstrucción de confianza: “lo que debe priorizarse es la invitación al Consejo Comunitario y debe hacerse en Cañaverales, en San Juan, para retomar el espacio que originó el test. No puede seguir de espaldas a la comunidad. El Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Consulta Previa deberían atender los llamados a diálogo que la comunidad hace”, dice.
La compañía dijo en entrevista con Consonante que el inicio del proceso de consulta previa no depende de ellos y será la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) y otras autoridades competentes, las encargadas de decidir. “Las autoridades están evaluando qué sigue, nosotros no podemos decir cuándo iniciaríamos este proceso, será la Dancp quien tome la decisión de si acata el fallo de juez y se inicia el proceso de consulta previa, o si toma otras acciones legales en las que nosotros como empresa no podemos tomar ninguna acción”, dice Óscar Ivan Saavedra, Gerente de Proyecto y Representante Legal.
Ante la orden de la reanudación del proceso de consulta previa, Consonante conversó con varios integrantes del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales y habitantes del corregimiento para conocer qué esperan de esta nueva etapa:
Los líderes que se han opuesto al inicio del proyecto piden que las fechas y horas de las reuniones sean concertadas con la comunidad y definidas de acuerdo a sus posibilidades. “Nos imponían fechas que no concertaban con nosotros, que no iban de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Simplemente decían para tal día es la reunión y los necesito ahí, como si tú tuvieses un rebaño de chivos y los irías a meter al corral”, explicó Geania Gámez, economista e integrante del consejo comunitario, en una entrevista publicada el año pasado.
Además, piden que el tiempo no se convierta de nuevo en una herramienta de presión para llegar a acuerdos: “uno de los principales problemas que teníamos era que llegaba un funcionario y decía "este proceso lo tenemos que hacer en dos meses o si no le aplicamos el test de proporcionalidad". Así llegaron ellos a todas las comunidades donde se hicieron las consultas”, sostiene Óscar Gamez, presidente del consejo comunitario.
Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña a la comunidad desde hace dos años, esta petición es importante. “La consulta no es libre cuando esos tiempos no se ajustan a las realidades de las comunidades”, explica.
Líderes de Cañaverales han manifestado inconvenientes con los contratistas que llegan al corregimiento a hacer los procesos. Desde el consejo comunitario han denunciado que algunas personas demuestran estar abiertamente a favor de la empresa, por lo que su trabajo termina siendo parcializado. “Aquí llegó un funcionario que se atrevió a decir que estaba parcializado con la empresa. Nosotros pedimos que se le abriera un proceso ante el Ministerio y el Ministerio dijo que no podía hacer nada porque él era un contratista, que no era de la nómina fija”, dice Gámez. Ante esto, la exigencia de la comunidad es que los funcionarios que sean parte de la consulta sean personas “extremadamente íntegras en su comportamiento” y que pertenezcan a la nómina del Ministerio.
Además, esperan que los profesionales que se vinculen a los estudios del impacto del proyecto tengan la confianza de la comunidad. “Queremos sentirnos en confianza de saber que lo que se va a presentar en los resultados de esos estudios sean confiables, que sean profesionales idóneos pero que también gocen de la confianza de la comunidad para que se evidencie lo que nosotros, como conocedores de nuestra tierra y defensores de nuestra reserva, ya sabemos”, dice Nadia Soto, habitante de Cañaverales.
Desde 2021, cuando BCC inició la consulta previa con los nueve consejos comunitarios, la comunidad de Cañaverales argumentó que ese proceso se estaba realizando sin la información que diera cuenta de los impactos que generaría la mina en la zona y la reserva del manantial. En ese momento, la comunidad denunció que la empresa dijo que sólo compartiría la información del proyecto en las reuniones en el marco de la consulta.
“Ellos incluso han hecho algunas consultas virtuales fuera del territorio, pero a nosotros no nos sirve eso. Nos entregaron información en un disco duro, ¿cómo vamos a ver eso todos?. Hay que reconocer que nos enviaron unos documentos, unas carpetas, pero son carpetas con una información que no convence a nadie”, asegura Óscar Gámez.
“La información que se espera es todo lo relacionado al proyecto, que no sea fraccionado, sino que hablen de sus otros proyectos que vendrían siendo un apéndice de la mal llamada mina Cañaverales. Que entreguen la ruta metodológica que se había solicitado presentada por la empresa”, dice Geania Gámez.
Esto es clave porque según las recomendaciones para el desarrollo de la consulta previa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “es necesario otorgar a las comunidades elementos que les permita tomar decisiones de manera consciente y también para generar las condiciones de diálogo y análisis necesarios para la formulación de acuerdos. Brindar la información con estas características, contribuye a materializar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que les afecten o puedan afectarlos”.
La comunidad pide información real sobre los impactos del proyecto, y hacen énfasis en los impactos que tendría la explotación en las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Aseguran que según la información entregada, la empresa ha tratado de suavizar las consecuencias, pero los conocedores del territorio creen que podrían ser más graves.
“Hay una dinámica de fuentes de agua superficiales y subterráneas en la que los estudios de la compañía intentan generar una falsa certeza frente a lo que el sentido común dice, desde el momento en el que se crea un tajo, como ocurrió con Cerrejón, se interrumpen las conexiones hídricas subterráneas. Y aunque hablan de una falla geológica que aliviaría los daños, la experiencia con Cerrejón ha demostrado que desde los años 80 hasta ahora, se han destruido 20 arroyos”, explica Carlos Andrés Meza.
Además de tener información real sobre los impactos, la comunidad pide que sea entregada y explicada en sus dialectos y de acuerdo a sus propias capacidades de entendimiento. Al respecto, BCC afirma que cada consejo comunitario tiene derecho a revisar los estudios técnicos, ambientales y sociales, con la persona o entidad que deseen para corroborar que la información entregada sea cierta.
La petición que más se repite para BCC y el Ministerio del Interior es el respeto. La comunidad asegura que hasta el momento no han sentido que la empresa respete sus usos, costumbres y tampoco muchos de sus derechos, no solamente a la consulta previa, sino también a la tranquilidad. “No queremos nada a la carrera. No es poco lo que se está jugando aquí, son comunidades, la vida de seres humanos que han construido aquí su proyecto de vida”, afirma Nadia Soto.
“Nuestra comunidad lleva más de 200 años asentada acá, conocemos sus tierras, conocemos sus aguas,sus cultivos, su ambiente, conoce desde la más mínima asmática que nace hasta el árbol más grande. Entonces creo que esa ventaja no la tiene nadie que vaya a venir a decir “no es que no se va a afectar”. Quién mejor que nosotros para decir los pros y los contras que va a tener esta minería”, comenta Yolgica Gámez, habitante de Cañaverales.
Piden también “juego limpio”. La comunidad dice que la empresa minera está ofreciendo proyectos productivos a varios habitantes de Cañaverales, en el marco del programa de responsabilidad social empresaria, actividades que han sido interpretadas por el consejo comunitario como un intento de dividir a los habitantes, quienes aseguran que los recursos ambientales y sus vidas, no tienen un precio.
Según las recomendaciones para la consulta, el respeto por las tradiciones y costumbres de las comunidades étnicas es clave para el proceso: “Dentro de este aspecto cabe resaltar que es necesario tener un reconocimiento de las tradiciones y costumbres de las comunidades étnicas, desde su lógica y cosmovisión, lo que hace necesario hacer una lectura acertada de todo los aspectos que configuran la cultura de dichas comunidades”, se lee en el documento del Ministerio con directrices para la consulta previa. Así como un diálogo genuino entre las partes que se caracteriza “por la confianza, la sinceridad, la escucha activa, la voluntad de apoyarse mutuamente, la compresión de la posición del otro, el reconocimiento de los saberes y de la diversidad, como fuerza constructiva del reconocimiento mutuo y de una visión compartida, en búsqueda del bien común”.
En Cañaverales los habitantes no quieren perder su vocación agrícola. Así que defienden, sobre todo, que el progreso de su territorio no dependa de la minería. “Somos una despensa agrícola y folclórica. La gente se acostumbró a vivir del campo. Somos buenos en el cultivo del algodón porque así ha sido catalogada como la mejor fibra de Colombia. A veces el tema de poder invertir no es fácil, acceder a créditos. Nosotros decimos no nos regalen, pero si facilitenos las herramientas para poder cultivar o hacer cualquier otro tipo de actividad diferente a la minería”, dice Yolgica Gámez.
“Queremos progreso, pero queremos que el gobierno nacional y si se puede internacional nos ayude a conservar nuestra agricultura, nos den herramientas para seguir cultivando que nos ayuden a mejorar, que nos den programas, que nos den beneficios para seguir abasteciendo no sólo Cañaverales, porque nosotros abastecemos más que Cañaverales, pero necesitamos apoyo”, sostiene Geania Gámez.
El domingo pasado la quebrada ‘Cañada Onda’, en la vía que comunica el pueblo de la memoria histórica con la vereda El Porvenir de El Carmen de Atrato, se desbordó una vez más. Cada vez que esto pasa, Lina Muñoz, su esposo y sus tres hijos, quedan atrapados en su casa. La fuerza del caudal de agua, y las avalanchas de tierra que produjo a su paso, impidieron que Lina dejara de visitar durante casi siete días a Maria Belarmina, que vive sola al otro lado de la quebrada. Lina es la hija única de Maria Belarmina, quien tiene 65 años y necesita ayuda para salir comprar comida y medicamentos por la artritis que la aqueja.
La historia de Lina y Maria Belarmina es solo una más de las que ha dejado el invierno más intenso de los últimos cuarenta años. Las lluvias que ya completan varias semanas han dejado más de cuatro mil viviendas destruidas y otras 69 953 casas averiadas. A esto se le suma, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afectaciones en 2 110 carreteras, 233 puentes vehiculares,111 puentes peatonales, 305 acueductos, 84 alcantarillados, 19 centros de salud, 235 centros educativos y 46 centros comunitarios de todo el país.
El fenómeno climático es más grave que otros periodos de lluvias vividos en años anteriores porque no solo está lloviendo durante más días sino durante más tiempo. Según explicó Javier Pava, director de la Ungrd en una entrevista publicada la semana pasada en el diario El País, en dos horas puede caer el agua que pudo haber caído durante todo el año.
Esto llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara situación de desastre nacional el pasado 28 de octubre. Además, en 289 municipios en 26 departamentos se declaró la calamidad pública, lo que significa que ya no tienen capacidad para atender la emergencia y necesitan apoyo nacional. Para esto, el gobierno aseguró una primera inversión de 2.1 billones de pesos para atender “lo urgente”: garantizar comida, salud y alojamiento para las personas afectadas.
La red de periodistas locales de Consonante reunió cuatro historias de familias afectadas por las fuertes lluvias del Chocó y La Guajira.
La noche del 25 de octubre marcó la vida reciente de Estefany González y su familia. Pasadas las cuatro y media de la mañana, durante un aguacero que no daba tregua, escucharon un ruido que los despertó de un golpe. Lo siguiente que se escuchó fue el llanto de Michael José, su hijo de un año. Cuando fueron a revisar, el bebé había recibido el impacto de una de las láminas de Eternit de la vivienda. Después de una carrera al hospital, Michael recibió cuatro puntos en la parte izquierda de su frente.
La casa de Estefany quedó sin techo. La lluvia, que no para desde hace varias semanas, hizo que se pudrieran los palos que sostienen las láminas, la madera cediera y el techo terminara en el piso. “Primera vez que vivo una situación de estas, nunca me había tocado algo así, pero es que este año ha caído más agua”, dice. Aún no ha podido reconstruir la casa, por la que paga cien mil pesos mensuales de arriendo en el barrio Las Tunas, en San Juan del Cesar.
Estefany, de 25 años, es madre cabeza de hogar. Trabaja haciendo limpiezas en las casas de familia del centro de San Juan y, al mes, gana en promedio 200 mil pesos. En la casa vive con su esposo, su hijo mayor Clayver David, de 4 años, y el pequeño Michael. Además, de vez en cuando recibe a su papá que tiene 52 años. La noche del aguacero también perdió unas colchonetas, una hamaca y otros enseres que tenía guardados. La única ayuda que ha recibido es de su familia, que le dio algunas láminas de Eternit.
Mientras tanto, las lluvias en San Juan del Cesar no cesan. Tanto, que el Comité Local para la Atención de Riesgo de Desastres (CMGRD), concedió facultades al alcalde Álvaro Díaz Guerra para que declarara la calamidad pública el pasado 8 de noviembre. En el municipio la lluvia ha inundado cultivos, destechado varias viviendas del casco urbano, causado la muerte de varios animales y dejado sin agua a los corregimientos de Corralejas, Cañaverales, Los Pozos y El Tablazo. Además, la crecida del arroyo ‘Palo quemao’, en la serranía del Perijá, mantuvo incomunicado a los habitantes del municipio con el corregimiento de Corralejas durante varios días.
Yennis Fonseca nació en el Magdalena pero vive hace 21 años en el barrio De La Cruz, en el corregimiento de Conejo a 30 minutos de Fonseca. Vive con su hija, de 16 años, su otra hija de nueve, y sus dos nietos: una niña de ocho años y un bebé de cinco meses. Todos viven en una casa construida con barro y plástico que está rodeada de lotes enmontados. Cada año, cuando las lluvias arrecian, la humedad se filtra y los hongos terminan cubriendo las paredes. A Yennis le toca tener a la mano varsol para matar las sanguijuelas que llegan por la humedad, la misma que según cuenta, enfermó a su nieto hace un par de días.
Bajo sus pies está la tierra húmeda, porque su casa no tiene piso. Esta semana, cuando el piso se convirtió en barro, tuvieron que alzar todo para que no se les dañaran sus cosas. Hace unos meses perdieron el comedor, la cama del bebé y una mesa nueva que le habían regalado porque estaban hechos de madera triplex, y se dañaron por estar expuestas al agua.
Para evitar que el agua siga entrando a su casa, Yennis rellenó de tierra la entrada de la casa y puso piedras y escombros. Lo que no ha logrado es detener a los zancudos y mitigar el frío.
Lo que más le preocupa es que con tantos problemas en su casa ha perdido días de trabajo. Yennis trabaja haciendo aseo en diferentes casas del casco urbano. Con los 150 000 que logra reunir debe sostener a los seis integrantes de su familia. A veces no le alcanza y le toca pedir dinero prestado o esperar a que alguien le regale una yuca o un plátano. “Lo único que falta para que la Alcaldía me ayude es que se me caiga la casa encima”, dice preocupada. En una de esas tantas inundaciones se comprometieron a ayudarla, pero aún sigue esperando.
Hasta ahora, la alcaldía de Fonseca junto al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, lanzó un plan de acción específico en el que se incluye la construcción de un muro de contención en concreto reforzado en el Corregimiento de Sitio Nuevo, la rehabilitación y aislamiento de tierras mediantes reforestación como medida para mitigación de afectaciones generadas por el cambio climático, la ejecución de obras de dragado mecánico sobre el cauce del arroyo en el corregimiento de Sitio Nuevo, el mantenimiento del sistema de alcantarillado del Corregimiento de Conejo, el control de inundaciones mediante la construcción de obras de mitigación en el canal del Zaino, la construcción de un sistema de contención para mitigar el impacto generado por el desbordamiento de arroyos en el municipio y la entrega de ayudas humanitarias (colchones, frazadas, enseres ETC.) y de trabajos (machetes, rulas, picos, sacos, etc.). Sin embargo, las ayudas se demoran en llegar y la lluvia no para.
El domingo la quebrada ‘Cañada Onda’, en la vía que comunica el pueblo de la memoria histórica con la vereda El Porvenir -en El Carmen de Atrato, Chocó- se desbordó. Lina, su esposo y sus tres hijos, quedaron incomunicados con el resto del municipio, cómo pasa en cada temporada de lluvias. Su casa queda a un kilómetro de la quebrada que cuando crece, se lleva todo por delante. Cuando esto pasa, la carretera queda tapada por piedras, ramas, y toda clase de material que termina arrastrando el río. Desde que las lluvias han aumentado, como a Lina, 103 familias que transitan a diario por ahí, han quedado incomunicadas.
Siempre que llega la temporada de lluvias, que suele ser de abril a mayo y de octubre a diciembre, en esa carretera pasa lo mismo. Lo que más le preocupa a Lina es que se queda sin poder visitar a su mamá, que vive al otro lado de la quebrada. A pesar del peligro, Lina se arriesga a visitarla porque no tiene otra opción. Se pone las botas pantaneras y empieza a caminar rápido a medida que se acerca a la quebrada. No sabe en qué momento se puede generar otro derrumbe.
El caudal se lleva todo por delante y en ocasiones ha dejado sin agua a todos los habitantes. En el Pueblo de la Memoria Histórica no hay acueducto ni alcantarillado. Para tener agua, Lina y sus otros vecinos tienen una suerte de acueducto comunitario: una manguera que está conectada a lo que ellos llaman bocatoma en la parte de arriba de la quebrada. La manguera, que mide 400 metros de largo, conduce el agua hasta un tanque de depósito que termina abasteciendo a 170 familias. Cuando llueve, el río arrastra arena y otros materiales a la bocatoma, por lo que el agua deja de ser apta para el consumo humano. Algunas veces, la cantidad de agua es tanta que el tubo se termina rompiendo, y, en el peor de los casos, arrasa con toda la estructura.
Lina tiene 29 años y se dedica a cultivar café, plátano y a cuidar a sus tres hijos de seis, ocho y nueve años. Cuando la lluvia es tan fuerte, Lina prefiere evitar que los niños asistan a clases, como ha sucedido en los últimos días. En el mejor de los casos, Lina se tiene que quedar con ellos en la casa de un familiar en la vereda El Siete para que alcancen a llegar. Su familia, al igual que otras 170 del Pueblo de la Memoria Histórica, piden a la alcaldía que arreglen la vía con placa-huella para que caminar por esta carretera en época de lluvia deje de ser un peligro.
La Alcaldía, por su parte, reconoce que las grietas que se presentan en las montañas cercanas a la carretera son especialmente riesgosas en época de lluvias. Se pueden presentar deslizamientos de tierra y avalanchas. Según la administración municipal, están tratando de generar estrategias y medidas para mitigar posibles tragedias. Además hicieron un llamado a la comunidad aledaña a la quebrada, a ser muy prudentes y estar alertas.
Los habitantes del barrio La Hélice, en la vereda Habita de El Carmen de Atrato dicen que la casa de Luz Mary Zapata no quedó sepultada bajo tierra por un milagro. El alud de tierra que bajó por la ladera durante la lluviosa mañana del domingo 6 de noviembre casi acaba con su casa y la de varios de sus vecinos. “Sentí que bajó algo y no sabía para donde correr. No sabía cuánta tierra más iba a caer”, cuenta Luz Mary.
Pero el derrumbe no ha sido la única consecuencia de las fuertes lluvias que han enfrentado los habitantes de este sector. También han perdido sus cultivos de café. Muchos afirman que la obra de pavimentación que hizo hace poco más de un mes el consorcio Latinco empeoró la situación. “Cuando pavimentaron la vía no hicieron el bordillo que debe haber al lado de la carretera, una cuneta para que recoja el agua, con tanta lluvia el agua corre y me ha dañado el cultivo de café”, afirma Luz Mary, quien ya envió un reporte de los daños a la empresa.
La casa de Luz Mary queda a dos kilómetros de El Siete, en la vía Quibdó-Medellín. La suya es la primera de las 100 viviendas de la vereda. Luz Mary, que vive allí con sus cuatro hijos desde hace más de 20 años, cuenta que nunca había visto “caer tanta agua” y que jamás había tenido que afrontar en carne propia los problemas del invierno. Sin embargo, esta semana se dio cuenta que en un documento de la alcaldía su vivienda, junto a otras tres del sector, fueron declaradas de alto riesgo. Aunque nadie le ha dicho que debe desocupar la casa, se siente vulnerable. Al final del día, cuando la lluvia no para, no sabe qué le preocupa más: que vuelva a caer otro derrumbe, o tener que buscar a dónde ir.
Casi cinco meses después de las elecciones presidenciales, el discurso contra el racismo y las desigualdades del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez continúa haciendo eco en el Chocó. Esta semana, más de 40 líderes indígenas, afro, campesinos, representantes del gremio de transportadores, y hasta alcaldes y funcionarios públicos de El Carmen de Atrato y otros municipios del Chocó, viajaron hasta Bogotá para resolver de una vez por todas una serie de problemas que enfrentan desde hace años las poblaciones que viven cerca de las dos vías principales que conectan a este departamento con el resto del país: la carretera Quibdó-Medellín y la vía Pereira-Quibdó. Estas inconformidades, que van desde la falta de personal médico en zonas rurales hasta la carencia de tierras para sembrar cultivos, fueron las que llevaron a que los miembros de varias de estas comunidades y el gremio de transportadores instalaran bloqueos en las carreteras del Chocó en una manifestación espontánea de descontento que paralizó el departamento durante casi veinte días a inicios de octubre.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro no pudieron dar respuesta a todas las peticiones que durante el 1 y 2 de noviembre expusieron los líderes en la sede del Ministerio del Interior. Los líderes acordaron regresar a sus territorios pero advirtieron que seguirán insistiendo para que el gobierno central encuentre soluciones pues, en su mayoría, consideran que estas no han podido ser resueltas por los gobiernos municipales y departamentales por lo que finalmente llegó el momento de ser escuchados. “A pesar de la dificultad y lo que hoy está pasando acá con nosotros en Bogotá, vemos con buenos ojos el gobierno del cambio”, dijo Javier Arrieta, líder del resguardo indígena Sabaleta.
Este es un resumen de las peticiones de los indígenas, campesinos y afro de El Carmen de Atrato:
Los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato ocupan cerca de 8 000 hectáreas de tierra, según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y el Dieciocho. Sin embargo, aseguran que necesitan más tierra. Por lo menos, para alcanzar a ocupar unas 15 000 hectáreas.
“En mi resguardo Sabaleta somos 168 familias, 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”
Javier arrieta, coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó
Javier Arrieta, miembro del pueblo Embera Chamí del resguardo de Sabaleta y coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó, da un ejemplo. “En mi resguardo Sabaleta, en el sector de La Trocha, somos 168 familias, es decir 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Somos el resguardo con la población más grande. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”, dice Arrieta.
Además, piden ayuda al Ministerio del Interior para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “En los años 90 cuando se titularon los resguardos, esas resoluciones, los mapas quedaron abiertos, no dice por dónde o hasta donde linda, qué ríos contiene, eso está abierto, entonces a veces se entiende que se están invadiendo territorio cuando nosotros hacemos uso de acuerdo a las resoluciones. La Agencia Nacional de Tierras tiene que volver a hacer los croquis y los mojones”, sostiene el líder indígena que asistió al encuentro en la capital del país. Solucionar este tipo de errores, afirma Arrieta, les permitiría acceder a más hectáreas.
Los indígenas también tienen una serie de peticiones específicas sobre otros temas. Por ejemplo, para la comunidad del resguardo El Fiera el Invias ha incumplido los acuerdos pactados antes del inicio de la construcción de la vía Medellín-Quibdó hace dos años. Entre estos, la construcción de la casa de paso que solicitó la comunidad en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero hoy aseguran que este monto no es suficiente y estiman que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos.
Los líderes han pedido aumentar la cantidad de recursos para la construcción de un hogar de paso, en varias ocasiones. En unas mesas de negociación realizadas en los últimos meses en las que participaron funcionarios del Invías, la entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos. Sin embargo, durante la reunión realizada esta semana en la capital del país se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.
Finalmente, tienen otras solicitudescomo “avanzar en las reparaciones individuales y colectivas a víctimas del conflicto armado”, y “apoyo económico para el fortalecimiento de la guardia indígena”. Para este último punto, el gobierno ya se comprometió a entregar 1 000 millones de pesos. También piden que se construyan puestos de salud en El Siete, El Dieciocho y Sabaleta, y escuelas en La Trocha. El gobierno también se comprometió a hacer una inversión de 1 200 millones en proyectos productivos que se iniciarán en un mes.
Las 52 familias que conforman la comunidad afro del sector de La Trocha también tienen peticiones específicas como la construcción de una nueva escuela y la reparación y dotación del puesto de salud. Pero su principal petición es obtener apoyo económico del gobierno para cumplir con el último requisito necesario para constituirse como consejo comunitario ante el Ministerio del Interior. Para lograr convocar una asamblea mayor, un evento en el que deben participar todos los miembros de la comunidad (inclusive aquellos que aún no han retornado al territorio) necesitan dinero para pagar la alimentación, el transporte y lo que sea necesario para organizar el evento.
“En la asamblea salen los miembros que van a ser parte de la Junta Directiva y ya esos documentos se mandarán al Ministerio para su aprobación del Consejo Comunitario”, cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Según Rodríguez, la comunidad espera constituirse como consejo comunitario antes de la llegada de la Navidad para luego organizar actividades como la siembra de cultivos de pancoger.
Por otro lado, también solicitan el respeto por las hectáreas de tierra que ya les entregaron. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad negra 24 hectáreas de tierra, 2 555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Hoy encontramos que las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica Rodríguez.
Como víctimas de desplazamiento forzado, piden mayor acompañamiento para el retorno. “No hemos tenido el apoyo de las instituciones como tal que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos” dijo la lideresa. Además piden celeridad en las acciones de reparación individual y colectiva, que hasta el momento, aseguran, solo se han quedado en el papel.
“No hemos tenido el apoyo de las instituciones que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos”
Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad afro de El Dieciocho
Las peticiones de los campesinos y campesinas también tienen que ver con la restitución de tierras y apoyos para lanzar proyectos productivos. Piden a la Agencia Nacional de Tierras que delimite el territorio para que cada comunidad pueda saber cuántas hectáreas de tierra le corresponde. “En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta. Hay campesinos que incluso con escrituras han sido invadidos”, asegura Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
"En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta"
Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
Además, dicen que es necesario que desde el gobierno central ayuden a fortalecer el movimiento. Para esto, piden reconocimiento de la ancestralidad campesina, entrega de proyectos productivos, apoyo a microempresarios, fortalecimiento del sector turístico, compromisos medioambientales, mejoramiento de vías de acceso e infraestructura y mejores oportunidades educativas.
En las zonas rurales, solicitan la construcción de puestos de salud, una petición que la secretaría de Salud departamental no ha podido resolver. “En agosto tuvimos un encuentro y nos dijeron que para tener un centro de salud se requieren mil habitantes, pero eso no puede ser así. Una vereda como Guaduas tiene 170 habitantes pero queda lejos del casco urbano. El transporte es difícil, si un campesino se corta con su machete se desangra mientras que llega al centro de salud de El Carmen de Atrato a una hora y media” dijo Agudelo, por lo que proponen al Gobierno nacional reevaluar el criterio.
Finalmente, piden participación en caso de que se instalen diálogos de paz con grupos como las AGC o el Clan del Golfo. Y piden a la Unidad de Víctimas reparaciones individuales a las víctimas del conflicto armado, así como avanzar en los planes de reparación colectiva.
En una reunión realizada en el teatro parroquial, los representantes del movimiento campesino del municipio acordaron que le pedirán al Gobierno nacional que intervenga para lograr una solución técnica, jurídica y social a los conflictos territoriales y étnicos, así como garantías para una vida digna de los campesinos y campesinas carmeleñas. Los representantes de la plataforma revisaron junto a funcionarios de la Alcaldía municipal, entre ellos el alcalde Jaiber Ríos Oquendo, los puntos acordados.
En definitiva, ¿qué piden? La propuesta de los campesinos y campesinas contiene nueve puntos definidos con líderes y lideresas comunales y comunitarios de diferentes organizaciones como Agroecotur, Asocomunal, Guardianes del Río Habita.
El listado abarca una larga lista de necesidades específicas de los habitantes de las zonas rurales del municipio. Van desde restitución de tierras, para resolver de una vez por todas los conflictos que tienen con las comunidades indígenas, hasta reparación integral a las víctimas del conflicto armado, compromisos medioambientales, garantías en el órden público por presencias del ELN y AGC, mejoramiento en vías de acceso e infraestructura y mejores oportunidades educativas.
La frase: “Esta es una oportunidad única de visibilizar la problemática de nuestra amada Trocha, yo en diversos espacios he denunciado la situación de abandono y falta de apoyo al campesinado mestizo en este sector, pero para nosotros nunca hay respuestas, parece que no existiéramos”, dice Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de Acción comunal de El Once, sector de La Trocha.
El contexto: La mesa amplia de diálogo del próximo 1 de noviembre fue uno de los tres caminos que se acordaron el 14 de octubre para empezar a resolver las peticiones de las comunidades, principalmente afro e indígenas, que bloquearon varios puntos de las vías Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó a comienzos de octubre. Desde ese momento, cada una de las comunidades quedó con la tarea de reunirse para consolidar las peticiones que serán puestas sobre la mesa. Las solicitudes de las comunidades étnicas están, en su mayoría, relacionadas con la falta de inversión y atención a necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo, la inversión en infraestructura vial y la reparación a víctimas del conflicto armado.
Fue en el marco de este diálogo inicial descentralizado que el campesinado mestizo decidió hacer parte de las mesas para resolver sus peticiones, principalmente relacionadas con la restitución de tierras. Estas iniciativas están en línea con las acciones que está realizando el gobierno Petro para los campesinos, como un proyecto que tramita en el Congreso que sean reconocidos por la Constitución Política como “sujeto de especial protección”.
A la mesa asistirán, además de los delegados de las comunidades afro e indígenas y campesinas, el gremio de los camioneros y los comerciantes, representantes de empresas privadas, consorcios viales y los gobiernos de todos los niveles para definir tiempos, recursos y prioridades.
Lo que sigue:Los campesinos esperan que este encuentro sea el inicio de un proceso más largo que permita solucionar sus problemas históricos de manera definitiva.
La comunidad del corregimiento La Junta finalmente se reunió esta semana con representantes de la administración municipal de Hatonuevo y el contratista encargado del parque en honor a Diomedes Díaz. Durante el encuentro, se comprometieron a entregar el parque antes del 2 de diciembre. Para esto, deberán mejorar el funcionamiento de las luminarias, pintar las puertas de la cafetería, arreglar las llaves de agua, acondicionar el piso, reparar las bancas y a destapar la calle principal.
En la reunión, participó Anderson Vicente Mejía Ojeda, secretario de gobierno y asuntos administrativos del municipio de Hatonuevo; Rafael Humberto Frías, secretario de planeación municipal y líderes comunales, veedores y representantes de la comunidad de La Junta.
La comunidad está resignada: La reunión se dio después de más de tres meses en que los líderes de La Junta han denunciado fallas estructurales en la obra y han reclamado la atención de las autoridades. Por eso, a estas alturas, varias personas se han resignado a tener un parque que no cumple con sus expectativas. “Yo pienso que son detalles ya pequeños que se pueden realizar en pocos días y de esa manera dar por concluida la obra. Que no se pudo más por negligencia de los contratistas o de la alcaldía de Hatonuevo, porque ese presupuesto asignado daba para hacer una obra mucho mejor. Pero a lo hecho pecho, ya nosotros no tenemos nada que hacer, el tiempo apremia” dice Libardo López, veedor de la obra.
Las fallas de la obra: El Consorcio Parque Infantiles 2020 tenía que entregar terminado el parque, en el que se han invertido 2.700 millones de pesos, el 30 de diciembre de 2020, pero ya van casi dos años de retraso por lo que la comunidad define como falta de voluntad política. El mes pasado la comunidad denunció que los ingenieros, contratistas y obreros no iban a la construcción desde hace un mes y mientras tanto, la obra se está deteriorando. Fidelia Ariza, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento denunció en mayo la mala calidad del material con el que se instalaron las baldosas en el parque. En ese entonces, el parque no tenía canales para las aguas lluvias, y los baños instalados no funcionaban.
El problema de la obra no solo es que no corresponde a los planos del proyecto, sino que la estructura tiene fallas evidentes. En La Junta, la gente dice que la plata que se invirtió no se ve y que los materiales utilizados fueron de mala calidad. Además, la estatua de Diomedes Díaz, que es el principal atractivo del parque, ya tiene fisuras La estructura es de resina y metal y tiene cuatro metros de alto.
Lo que sigue: Los habitantes de La Junta esperan que el parque esté listo para el festival del Fique, que se celebra del 2 al 5 de diciembre. Sin embargo tienen claro que, si para esa fecha el parque no está cómo se acordó en esta última acta de compromiso de la reunión, no recibirán la obra.
Desde la vereda Los Toquitos hasta la Escuela Vocacional de Fonseca, ubicada en la vía a Valledupar, hay más de 13 kilómetros. Una moto tarda 23 minutos en recorrer este trayecto. Una persona caminando, una hora y media. En el camino hay que atravesar la cabecera municipal de Fonseca, incluyendo el barrio Ocho de enero. Es justo en ese sector donde los y las estudiantes suelen esperar que algún conductor, de moto o carro, los acerque hasta la institución educativa. Hace un mes, un grupo de ocho estudiantes estaba en esas cuando fue sorprendido por dos ladrones. Los hombres les robaron sus celulares a dos de ellos y, en el forcejeo, uno de los asaltantes disparó un arma de fuego.
Al igual que ese grupo de estudiantes, otros siete mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira deben arreglárselas para llegar a clases todos los días desde hace casi dos meses. Algunos caminan más de dos kilómetros desde sus casas hasta la escuela, otros arriesgan sus vidas viajando de a cuatro en motos y muchos simplemente optan por quedarse en sus casas y faltar a la escuela.
El lunes 5 de septiembre se venció el contrato de transporte escolar que tenía la Gobernación con la Unión Temporal integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Busservi del Caribe S.A.S. y Transportes Relaturg Limitada y, desde entonces, se quedaron sin el servicio. Casi dos meses después del vencimiento del contrato, el 24 de octubre, el gobernador encargado José Jaime Vega declaró la emergencia manifiesta para poder adelantar un contrato sin hacer un proceso de licitación pública y agilizar el reinicio de la prestación del servicio. Sin embargo, lo cierto es que faltando poco menos de un mes para el inicio de las vacaciones, unos 1 014 estudiantes de San Juan del Cesar y otros 439 en Fonseca, continúan varados.
Entre los criterios para acceder al servicio de transporte escolar que patrocina el Estado en La Guajira, está que los y las estudiantes vivan a más de dos kilómetros de la institución educativa, pertenezcan a nivel socioeconómico uno y dos y estén en un entorno inseguro. Es decir, que puedan estar expuestos a caminar largos trayectos o sufrir daños en su integridad física. Los estudiantes de Los Toquitos cumplen con estos requisitos. En la vereda solo hay una escuela que ofrece educación primaria, y para cursar el bachillerato los y las jóvenes tienen que ir hasta el casco urbano, a 13 kilómetros de distancia. Además, pasar por zonas peligrosas. Son 16 los y las estudiantes que tienen que hacer este recorrido diariamente.
“Todos los días deben de movilizarse, algunos padres de familia, dos o tres, tienen moto y pueden llevarlos, pero los demás tienen que buscar la forma de llegar. De pronto una bicicleta, o un chance más que todo. Y el día que no le pasa el tiempo el chance, los niños simplemente no pueden ir a clase porque ya se les hace muy tarde, entonces ahí van perdiendo horas de clase que se reflejan en los periodos finales”, cuenta Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal.
A media hora de Fonseca, en San Juan del Cesar, la situación es similar. Desde la vereda La Peña a La Junta hay un poco más de dos kilómetros. Los dos mellizos de Maira Luz Oñate cursan grado décimo en la Institución Educativa Rural Hugues Manuel Lacouture. Sin el servicio de transporte escolar su asistencia ha sido intermitente. Cuando tienen suerte su mamá los lleva en moto, pero cuando no, caminan durante más de una hora y media para llegar a clase. Varias veces les han llamado la atención por llegar tarde.
“Ayer y hoy ha estado lloviendo y para ellos irse a pie es difícil, llegan mojados y tarde. Ayer me los anotaron por llegar tarde. Yo tengo una moto y la moto ayer amaneció pinchada… a veces no tenemos con qué echar gasolina porque yo soy madre cabeza de hogar”, explica Maira Luz Oñate.
Maira Luz cuenta que hoy en día se ven grupos de niños y niñas de 9, 11 y 16 años caminando por el costado de la carretera. También, hasta cuatro o cinco estudiantes montados en una sola moto, y mototaxis viajando con el cupo al máximo.
El riesgo es otro en el trayecto de Guayacanal a El Totumo, donde está la sede de primaria y bachillerato a la que asisten 15 estudiantes. Aunque están relativamente cerca, a los dos corregimientos los separa el río Cesar. Normalmente, cuando el servicio escolar funcionaba, el recorrido era más largo pero más seguro. Ahora, para acortar distancias caminando, los y las estudiantes atraviesan un puente colgante que está a medio construir. Eso sí, cuando llueve y el río crece, nadie puede pasar por ahí. “Estamos corriendo el riesgo por la inseguridad y delincuencia. Además les toca correr el riesgo de pasear por el río a pie”, asegura Federico Nuñez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Guayacanal.
Los rectores están preocupados porque la interrupción del servicio de transporte escolar se ha traducido en pupitres vacíos. Aunque no tienen cifras, han identificado que los estudiantes asisten a clases de manera intermitente como sucedió durante los momentos más álgidos de la pandemia de Covid-19. Es decir, los niños, niñas y jóvenes van al colegio dependiendo de si pueden caminar hasta las escuelas o si sus padres consiguen el dinero para pagarles el transporte. “Esta situación (la falta del transporte) es causal de deserción o retiro definitivo de los niños, niñas y adolescentes ya que los padres de familias prefieren tenerlos seguros en sus casas y no exponerlos a las condiciones y peligros de nuestros territorios” resalta el documento técnico de transporte escolar para La Guajira 2022.
Y es que el recorrido en mototaxi de Los Toquitos a Fonseca cuesta, mínimo, unos 5 mil pesos por persona. La mayoría de veces, el trayecto cuesta 15 mil pesos ida y vuelta. Al mes la cuenta ya llega a los 300 mil pesos, un gasto que la mayoría de padres de familia no puede cubrir. “Hemos unido a dos, tres padres de familia y contratar un mototaxi para que los pueda traer a menor costo, pero pues también está el tema del alza de la gasolina por lo que no tenemos más opción que dejarlos faltar en algunos casos”, cuenta Sobeida. “La gran mayoría de gente acá vive del día a día, lo poco que ganamos es para solventar lo del hogar. Es difícil tener una mensualidad para pagarles un transporte particular”, dice Federico.
Otro asunto que preocupa a los docentes es que la mayoría de los y las niños beneficiados con el servicio de transporte residen en la zona rural y pertenecen a familias de escasos recursos. Al no poder trasladarse hasta la institución, tampoco pueden acceder al programa de alimentación escolar (PAE). “Según los estudios que se han hecho, un porcentaje muy alto de estudiantes tiene por lo menos el 50 por ciento de su carga nutricional diaria en lo que consume en la institución”, cuenta Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.
El 24 de junio, la Gobernación de La Guajira abrió un proceso de licitación por más de 18 millones de pesos para el servicio de transporte escolar. Al proceso se presentaron dos empresas: Transportes Relaturg y Transporte Sensación. En medio del proceso, el 28 de agosto, transporte Sensación denunció que uno de los documentos aportados por el otro oferente era falso. Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. Es decir, ninguno de los proponentes sería contratado y debía comenzar de nuevo el proceso.
Sin embargo, han pasado casi dos meses y todavía no hay un nuevo contrato. Durante este tiempo, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira ha hecho acompañamiento a los alumnos y padres de familia durante diferentes jornadas de protesta. Incluso, en algunos encuentros llegaron a acuerdos con el gobernador encargado Jose Jaime Vega y el secretario de Educación (E) del momento, Danilo Araújo. Acuerdos que, según el sindicato, han sido incumplidos.
“Por estas razones, la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, alza su voz defendiendo los derechos de más de 9 mil niños y niñas que cursan sus estudios en las instituciones educativas de estos doce municipios y que no cuentan con las herramientas y servicios necesarios para una educación de calidad”
comunicado publicado por el sindicato el 18 de octubre
A esta situación se sumó la designación de un nuevo secretario de Educación departamental. La semana pasada, Adolfo Manjarrés se convirtió en el quinto secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que el gobernador Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, quien había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. Y antes, en junio se había posesionado Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniel Araújo. Es decir, el manejo de la educación se ha convertido en una “papa caliente” que ha pasado de mano en mano en los últimos años.
Aún así, Adaulfo Manjarrez asegura que la falta de transporte escolar se solucionará pronto. Según el Secretario, la Gobernación ya lanzó una invitación para que las empresas de transporte asentadas en La Guajira se presenten yel nuevo contrato estará listo el próximo martes. El funcionario no quiso dar una fecha para la reanudación del servicio y explicó que el proceso que se debe surtir es largo pues después de elegir una empresa y verificar que cumple con los lineamientos y las exigencias de la Gobernación, es necesario verificar el estado de cada vehículo que prestaría el servicio. “Luego de que eso llegue al Ministerio, ellos verifican que sea cierto, que los documentos sean reales y dan la habilitación. Posteriormente a eso es el tema de la póliza y ahí es que iniciamos con la ejecución del contrato”, explicó Adaulfo.
Esta no es la primera vez que se presentan problemas con la contratación del servicio de transporte escolar en La Guajira. En el 2019, cuando se eligió a la unión temporal Elkajuluin, la firma del contrato se retrasó cuatro meses pues Jhon Fuentes, en ese entonces gobernador encargado de La Guajira,, revocó la apertura de la primera licitación pública después de que la Procuraduría hiciera varias observaciones sobre el proceso. Entre estas, el ente de control pidió aclarar cómo se definieron los requisitos para escoger esta empresa.
Por otro lado, los padres y madres de familia y líderes comunitarios han denunciado varias veces deficiencias en el servicio. “Solo había una camioneta para dos veredas. Como solo cabían 10 o 15 niños, y nosotros tenemos 16, nos turnábamos. Una semana iba la mitad de aquí y la otra, mitad de allá y así”, ilustra Sobeida. Es decir, el servicio no era el adecuado. “Y no podemos costear los servicios particulares”, agrega.
Por su parte, Federico sostiene que “esos vehículos ninguno cuenta con aire acondicionado, y solo las sillas de los puestos de adelante tienen cinturón de seguridad. Son vehículos de más de dos décadas de existencia. Eso es deficiente”.
Hoy, desde Los Toquitos en Fonseca, hasta Guayacanal en San Juan del Cesar, pasando por las decenas de veredas de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Manaure, Urumita y Villanueva, los y las estudiantes rurales solo tienen una petición: que ir al colegio deje de ser una travesía.
Las mujeres piden que los cambios no se queden en el papel.
¿Qué dice la política pública? El documento aprobado por el Concejo municipal el martes 17 de octubre es extenso y recoge acciones prioritarias sobre: salud integral para las mujeres; vida libre de violencias; participación, cultura y paz; hábitat y territorio; propiedad, trabajo y educación. Las acciones priorizadas en el plan están relacionadas con el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares. Además de garantizar el derecho a producir sus propios ingresos en igualdad de oportunidades que los hombres, para esto harán actividades que promuevan el acceso al trabajo formal, formación para el desarrollo de capacidades y desarrollo empresarial y capacitación para el acceso a recursos y patrimonio propio.
En el documento quedó también definida la construcción y creación de una oficina de la mujer, donde las mujeres podrán llevar sus inquietudes y las asociaciones de mujeres tendrán espacios de trabajo.
¿Por qué una política pública de género? Las mujeres de El Carmen enfrentan sobrecarga de trabajo no remunerado, violencias basadas en género, discriminación laboral, dependencia económica, falta de autonomía física y para la toma de decisiones, bajo nivel educativo, embarazo a temprana edad, baja participación política, desigualdad e inequidad por los roles de género, falta de unidad y de organización e indiferencia social.
Para Judit Cecilia Parra, coordinadora del equipo de formulación de la política pública de género, este es un paso para empezar a cambiar este panorama: “en primer lugar podemos entender que se crea un patrón de referencia para que las acciones que desarrollen todas las entidades públicas, empezando por la alcaldía, tengan un respaldo en el marco legal. Además, con esto los hombres, mujeres y niños, pueden desaprender patrones que han permitido que las mujeres sean consideradas ciudadanas de segunda y tercera categoría y que nuestra sociedad sea cada vez más equitativa”, explica.
Las mujeres piden que no se quede en el papel:“Esto es demasiado interesante porque el tema de la mujer es primordial, la mujer es vida, la mujer genera expectativa, la mujer es el punto cero que inicia la existencia. Esperamos que lo que se aprobó hoy no se quede en el papel, pienso que va a ser difícil, pero hay una esperanza” dice Dora Gallego, líderesa.
Teresa Marina Ochoa, quien trabaja para la Red Departamental de Mujeres considera que este paso es crucial: “esto es muy importante porque por fin El Carmen de Atrato va a tener la oportunidad de tener una sociedad más justa, más igualitaria, porque ya cada secretaría se vería obligada a tratar las mujeres por igual, una sociedad soñada donde nadie sea el estorbo y podamos vivir nuestros derechos”.
Lo que sigue: Durante la socialización el Concejo Municipal hizo algunas correcciones de forma al documento, una vez estos ajustes estén listos se sancionará el acuerdo. El plan deberá regir desde este año, por lo que en noviembre, cuando se coordine la aprobación del presupuesto para el 2023 se debe garantizar que haya una partida para las actividades consignadas, así como su inclusión en el nuevo plan de desarrollo.
Solo hasta la madrugada de este viernes 21 de octubre se restableció el servicio.
Los detalles: Las empresas Afinia y Air-e se unieron para resolver el problema. Samir Arregoces, técnico operativo de Air-e en La Guajira, explicó que la falla se presentó en la zona del corregimiento de Río Seco “por una línea que se encontraba desprendida de aislador, lo causaba que el circuito se fuera a tierra”. Además, aseguró que las fuertes lluvias impidieron que la emergencia se pudiera resolver fácilmente, por lo que se extendió el apagón.
El descontento: El apagón en Fonseca causó malestar entre los habitantes, que constantemente denuncian apagones en algunos barrios del municipio aunque la empresa Air-e asegura que ha realizado inversiones. “A pesar de tanto mantenimiento que se realiza, los cortes de energía son muy recurrentes. Esto perjudica nuestras labores diarias y el tema es más impactante cuando la empresa Air-e tiene una programación lista el día domingo entonces tampoco podemos prestar el servicio", dice el empresario Jhon Jairo Otero.
Por su parte, la empresaria Angy Acosta manifiesta que está situación pone en riesgo su heladería. “La descongelación de los productos trae grandes pérdidas y que el servicio sea interrumpido constantemente nos crea inestabilidad económica, al punto que debemos comprar plantas de electricidad y combustible. Eso nos genera un gasto extra no presupuestado”, dice.
¿Qué pasa con la energía en Fonseca? Los habitantes del municipio no tienen un servicio de energía eléctrica constante. Desde que operaba la empresa Electricaribe, liquidada en marzo de 2021, se presentaban fallas y facturación alta. Cuando Air-e asumió la operación en 2020 La Guajira se siguieron presentando los mismos problemas: cobros excesivos en la factura para estrato uno y dos, apagones constantes y voltaje inestable que ha afectado los electrodomésticos, entre otros.
Air-e ha dicho que los cortes repentinos se deben a la débil infraestructura de energía, por lo que han hecho inversiones en distintos barrios del municipio. El 7 de julio, la empresa puso en funcionamiento el segundo transformador de potencia en la subestación Fonseca para aumentar la capacidad de carga y optimizar el servicio para los usuarios. Además, ha asegurado que ha invertido más de 5.636 millones de pesos en el municipio y que tienen un plan de inversiones a 10 años.
Lo que sigue: Por lo pronto, Afinia y Air-e aseguraron que el problema está solucionado. Además, Air-e aseguró que el próximo mes bajarán los precios en las facturas por el acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Minas. Jhon Jairo Toro, gerente de la compañía, dijo que “vamos a tener una disminución de cerca de 50 pesos en cada una de las facturas de los usuarios”. Es decir, la tarifa del kilovatio que hoy está en 860 pesos, pasaría a 810 pesos. La medida también será aplicada en Bolívar y once municipios del Magdalena.
¿Qué pasó en la feria? En el evento los emprendedores de confección, moda y accesorios realizaron una pasarela, hubo presentaciones culturales con agrupaciones de vallenato y de danza, y una muestra gastronómica. Además, entidades bancarias brindaron asesoría a los expositores sobre microcréditos y medios de pago para impulsar sus emprendimientos.
El evento fue realizado por el programa CREEce del Ministerio de Comercio, Innpulsa y la Cámara de Comercio de La Guajira con apoyo de la Universidad de La Guajira, Corpoguajira y las alcaldías de Fonseca y El Molino.
Un balance positivo: Linda Lucía Becerra, gestora empresarial del programa CREEce, cuenta que: “lo que buscamos lograr puntualmente con este evento es ser el principal escenario ferial del departamento, para que las empresas mejoren sus capacidades organizacionales, gestionen alianzas ya sean de tipo comercial y/o estratégicas con empresas locales, nacionales internacionales”. En ese sentido, las entidades organizadoras calcularon que las ventas rondaron los 30 millones de pesos.
¿Qué dicen los emprendedores?“Ha sido una gran experiencia porque la Cámara de Comercio nos ha extendido la invitación como emprendedores a una formación en el programa CREEce, donde recibimos diferentes capacitaciones, talleres y asesorías que han sido de fortalecimiento para nuestro emprendimiento para poder seguir avanzando”, dice Mayleth Pérez, creadora del emprendimiento Divina Class.
Una alternativa de empleo: En Fonseca las opciones de empleo formal son pocas y están principalmente en la Alcaldía, el Hospital San Agustín, el comercio y en Cerrejón. La mayoría del trabajo es informal. Según las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en 2018 en La Guajira el empleo informal alcanzó el 90,3 por ciento. Aunque en Fonseca no hay cifras actualizadas, una investigación de la Universidad de La Guajira realizada en 2010 para la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de La Guajira arrojó que 9.768 habitantes de 36.447 no tenían un trabajo estable. El desempleo se agudizó a raíz de la pandemia.
Lo que sigue: Antes de finalizar el año, la Cámara de Comercio de La Guajira anunció que continuará el acompañamiento a los emprendedores con programas de formación y vitrinas comerciales. El 17, 18 y 19 de noviembre en Riohacha se llevará a cabo la Feria Expoguajira, en la que participarán expositores de los 14 municipios del departamento.
Manjarrés reemplazará a Fabián Acosta, quien desde hace un mes estaba ausente del cargo por una licencia personal.
¿Quién es el nuevo Secretario? Manjarrés nació en Fonseca y es abogado con especialización en derecho público y gestión de entidades territoriales. Su carrera ha estado enfocada en el sector público, donde ha trabajado para la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Educación de Uribia y Santa Marta. Es cercano al sector que va a dirigir pues sus padres son profesores de Fonseca: Bladimiro Manjarrés y Antonia Mejía.
Los retos: Adulfo Manjarrés deberá resolver varios problemas urgentes. Entre ellas:
Lo que sigue: Los rectores de los 12 municipios no certificados acordaron durante una reunión en Fonseca que buscarán una reunión prioritaria con la Gobernación para que se garantice el derecho a la educación en el departamento. "Los rectores viajaremos el 24 de octubre a Riohacha, acompañado de la directiva de Asodegua, a ver qué solución encontramos. No es una reunión oficial pero vamos a trasladarnos hasta allá a buscar una solución”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.
Por su parte, los padres y madres de familia, y los estudiantes de Fonseca esperan que el nuevo Secretario priorice los problemas del municipio por sus lazos familiares con el territorio.
El dato: Adolfo Manjarrés es el quinto Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniela Araujo.
Manjarrés reemplazará a Fabián Acosta, quien desde hace un mes estaba ausente del cargo por una licencia personal
¿Quién es el nuevo Secretario? Manjarrés nació en Fonseca y es abogado con especialización en derecho público y gestión de entidades territoriales. Su carrera ha estado enfocada en el sector público, donde ha trabajado para la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Educación de Uribia y Santa Marta. Es cercano al sector que va a dirigir pues sus padres son profesores de Fonseca: Bladimiro Manjarrés y Antonia Mejía.
Los retos: Adulfo Manjarrés deberá resolver varios problemas urgentes. Entre ellos:
Lo que sigue: Los rectores de los 12 municipios no certificados acordaron durante una reunión en Fonseca que buscarán una reunión prioritaria con la Gobernación para que se garantice el derecho a la educación en el departamento. "Los rectores viajaremos el 24 de octubre a Riohacha, acompañado de la directiva de Asodegua, a ver qué solución encontramos. No es una reunión oficial pero vamos a trasladarnos hasta allá a buscar una solución”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.
El dato: Adolfo Manjarrés es el quinto Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniela Araujo.
Rectores y padres de familia explican la gravedad de la situación.
¿Qué pasa con el nuevo contrato? El contrato con los operadores de servicios generales iba hasta el 10 de octubre. Por la suspensión de clases durante la semana de receso, la fecha de terminación se alargó una semana más, es decir, hasta el viernes 21 de octubre. Hasta el momento los rectores no tienen información sobre el proceso del nuevo contrato.
Los rectores están preocupados: Un grupo de directivos viajó a Riohacha el miércoles 19 de octubre para hablar con algún representante de la Gobernación pero no obtuvieron respuesta. “No encontramos a nadie que nos atendiera. No estaba el gobernador y el Secretario de Educación ya había dejado el cargo. (…)Mi temor es que, así como ocurre con el transporte, vaya a ocurrir con el tema del aseo” dice Edward Fragoso, rector de la IE El Carmelo y presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, Asodegua.
Por su parte, Clotilde Urbina, rectora de la IE María Auxiliadora, afirma que la situación es preocupante y podría llevar a que suspenda las clases. “No les digo a las aseadoras que vengan si no están autorizadas, porque después me toca responderles. El miércoles 18 nos tocó ir a receso escolar a los colegios María Emma Mendoza y María Auxiliadora por este problema de no tener contratación definida para las aseadoras. Estamos apoyándonos en los estudiantes que nos ayuden a recoger papeles y tener limpios los salones para ver cómo superamos el impase” dice.
¿Y los estudiantes? “Como estudiantes le solicitamos al Gobernador nos brinde el derecho de una educación con calidad cómo está diseñada en su programa de gobierno, ya que estamos a punto de cerrar año escolar y no queremos que nuestro rendimiento académico se vea afectado por un derecho que es al aseo y calidad educativa que tenemos como estudiantes”, dice Moisés Molina, estudiante de noveno de la institución María auxiliadora
Lo que sigue: Los rectores de San Juan del Cesar, junto a una delegación de padres de familia y participantes de los consejos directivos, viajarán nuevamente a Riohacha el martes 25 de octubre para hacer presencia en la Asamblea y en la Gobernación. Aseguran que aunque no están interesados en hacer paro, vaticinan que la situación “llegará a un punto crítico” y no podrán atender a los estudiantes.
No es el único problema: Las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados completan 46 días sin el servicio de transporte escolar.
Junto a estas dos empresas, 80 compañías de energía de todo el país se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, una iniciativa del Ministerio de Minas y la Comisión De Regulación De Energía Y Gas.
¿Cómo funciona? Las tarifas tienen cuatro componentes: Generación, Comercialización, Distribución y Transmisión. La Comisión de Regulación de Energía (CREG) presentó varias propuestas a las empresas para que redujeran las tarifas en cada uno de esos componentes, esto ante el aumento significativo del índice de Precios al Productor (IPP), el índice que terminaba definiendo los precios.
Los descuentos para El Carmen:Aunque la sugerencia del CREG era bajar los precios en todos los componentes, las empresas podían definir cuáles hacerlo o no. EPM solo hizo reducciones en los componentes de Distribución y Transmisión, por lo que la disminución de las tarifas será menor a la realizada por otras empresas. Dispac sí asumió el compromiso completo.
¿Qué dice la gente? “Ahora que EPM se suma a esta campaña, lo que queremos todos es que sea un acuerdo real y que sea beneficioso. Después del desastre de Hidroituango nos subieron las tarifas y no podemos ser ingenuos a esa realidad. Recibimos de buena manera pero esperamos algo más” dice Juan Carlos Muños, ingeniero civil.
El contexto: En septiembre la Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno Nacional por el aumento excesivo de las tarifas de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe. Carlos Camargo, defensor del pueblo, le solicitó al Gobierno priorizar estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para crear una política pública que dé solución definitiva a las excesivas tarifas del servicio de energía eléctrica y que asegure un servicio eficiente y sostenible.
Después de cinco horas de negociación con representantes del gobierno departamental y nacional, el gremio de camioneros levantó este jueves los bloqueos que mantenía en las dos vías que conectan el departamento del Chocó con el resto del país. Ambos corredores viales permanecieron cerrados dos semanas. La situación generó aumento de precios y escasez de bienes básicos en Quibdó y otros municipios del Chocó.
En esta entrega de El Explicador, Consonante presenta un resumen de la crisis que sacudió el departamento en los últimos días.
Las protestas se iniciaron el 25 de septiembre en Tutunendo, Ichó, La Troje y Guadalupe, comunidades afro cercanas a la ciudad de Quibdó. En estos puntos, los consejos comunitarios exigieron una mesa de diálogo con la Alcaldía de Quibdó para discutir una serie de peticiones específicas. Pedían, por ejemplo, alternativas para mejorar el acceso a la salud, aumentar la inversión en infraestructura vial y de educación, potenciar los proyectos de turismo, y mejorar la conectividad, entre otras. Luego, indígenas embera de otros lugares del departamento decidieron manifestarse y bloquear las vías en varios puntos: El Dieciocho, La Mansa, El Siete y Mirlas en El Carmen de Atrato; El Tabor, Tadó, y en el municipio de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda.
El 27 de septiembre, los resguardos indígenas agrupados en la Asociación Orewa bloquearon simultáneamente tres puntos de la vía Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó: El Tabor, en Tadó, y El Dieciocho y El Fiera, en El Carmen de Atrato. Previamente, en cada uno de los municipios se había convocado a una minga para definir las necesidades urgentes que debían ser atendidas por las autoridades y que se iban a plantear durante las mesas de diálogo. Ese mismo día, y al encontrar las vías cerradas, los transportadores que cubren las rutas desde Risaralda y Antioquia hacia el Chocó se declararon en paro. ¿Su razón? Presionar al Gobierno nacional y departamental y solucionar, de una vez por todas, los problemas de las comunidades indígenas y afro del departamento.
El 30 de septiembre, los consejos comunitarios levantaron los bloqueos sobre la vía al llegar a acuerdos con la Alcaldía de Quibdó y la Defensoría del Pueblo. El 7 de septiembre, la minga indígena convocada por las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó levantó el bloqueo en la vía que conduce hacia Risaralda tras negociar algunos puntos con la administración municipal. El 10 de septiembre, las comunidades embera de El Carmen de Atrato llegaron a acuerdos y definieron compromisos a corto, mediano y largo plazo con los distintos actores nacionales, departamentales y municipales, para hacerle seguimiento.
En la mesa de diálogo que se instaló en el resguardo embera katio El Dieciocho estuvieron, además, representantes del campesinado y de la comunidad afro de El Carmen de Atrato. Una vez terminada la reunión, los transportadores hicieron público un comunicado en el que manifestaron no estar conformes con los acuerdos, pues no se encontraban los voceros del gremio. Por eso, continuaron los bloqueos hasta el 13 de septiembre, cuando hicieron una mesa de concertación aparte en la que participó Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; William Palomeque, gobernador (e) del Chocó; los alcaldes de Tadó, El Carmen y Quibdó; y representantes de la Procuraduría y la Defensoría. En esa negociación, se levantó el paro.
Los reclamos son tan variados como el número de comunidades que se declararon en paro o se sumaron a las mesas de diálogo en las últimas dos semanas. Sin embargo, todas tienen un origen común: la falta de inversión y atención a las necesidades básicas. Y es que casi todas estas comunidades exigen inversiones en salud o educación, o trabajo y reparación a víctimas del conflicto armado. “Lo que estamos exigiendo no son peticiones que nacieron ayer, vienen desde el gobierno de Uribe, Santos y Duque. Durante este año llevamos alrededor de 30 protestas sobre la carretera porque no ha habido respuesta del gobierno departamental y nacional”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. “Cuando al movimiento indigena no se le da una respuesta clara, nos toca tomar las vías de hecho para que nos puedan escuchar”, agrega.
Uno de los principales puntos de negociación fue el resguardo embera katio El Dieciocho, que incluye a la comunidad de El Palmar. Humberto Tequia, rector del colegio y uno de los líderes comunitarios que participó de la mina, explica que sus peticiones ya habían sido expuestas en otras protestas pero los avances son nulos o lentos. “Solicitamos la construcción de una escuela para los 200 niños y niñas, una casa administrativa comunitaria y un puesto de salud para los 300 habitantes”. Además, “se deben invertir recursos para continuar el proyecto de ganadería pero nos dijeron que están embargados en el municipio de Condoto. También, se solicita a la Agencia Nacional de Tierra la ampliación de tierra, al Ministerio de Educación que nombre a los docentes, al Ministerio del Interior que fortalezca la guardia indígena, y exigimos que traigan un proyecto productivo para la comunidad”.
Por su parte, la minga de las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó exigió arreglos a los puentes colgantes que conectan a sus resguardos con el municipio, principalmente el puente que cruza el río San Juan y une a las comunidades de El Tabor y Mondó. Además, manifestaron que los docentes indígenas no han recibido el pago del salario y las prestaciones sociales desde hace cuatro meses. Igualmente, denunciaron que no ven retribuidos los recursos del predial indígena para mejorar las condiciones de vida en sus territorios, por lo que le exigieron rendición de cuentas a Cristian Copete, el alcalde de Tadó.
Los conductores bloquearon las vías en rechazo a la protesta de los indígenas y afro. Los camioneros manifestaron estar agotados de los constantes paros de estas comunidades que les dejan pérdidas económicas. “Este es el cierre número 35 de la vía por diferentes comunidades indígenas y afro, y en promedio duran dos días. Le cuento que los camioneros nos cansamos de esta situación y entonces decidimos bloquear mientras estaba bloqueado”, dijo Edgar Gómez, quien desde hace 16 años transporta mercancía desde Antioquia al Chocó.
“Lo más crítico son las pérdidas económicas. Acá hay gente que viene con un viaje de plátano del Urabá y si los coje un cierre de vías, se pierde el viaje totalmente. Cuando llegan a Quibdó ya no sirve y lo tienen que tirar. Además, nos toca dormir en los vehículos y el tiempo perdido nos toca recuperarlo, entonces no tenemos descanso”, afirmó Gómez, uno de los voceros de los transportadores que bloqueó el punto El Siete en El Carmen de Atrato. “No podemos obligar a las comunidades a que no se tomen las vías de hecho pero sí podemos hacer visible este problema para que los gobernantes entren en negociación con ellos y se pongan de acuerdo”, agregó.
Aunque las comunidades indígenas y afro llegaron a acuerdos con las autoridades, para los transportadores esto no garantizaba que no se volverían a presentar cierres. Decidieron continuar con los bloqueos hasta que el Ministerio del Interior se comprometiera a organizar una mesa amplía con la participación de todos los sectores en la que el gremio de transportadores pudiera tener un papel de veeduría. Por eso, en un comunicado público, en el que participaron los 150 conductores, exigieron representación de alto nivel del gobierno nacional, de las organizaciones indígenas nacionales ONIC y AICO y regionales, de los concejos comunitarios del Chocó en los diálogos para levantar el paro. Además, pidieron que se creara una mesa de seguimiento cada vez que se presenten paros compuesta por integrantes de las autoridades locales, regionales, nacionales, comerciantes y del gremio de camioneros.
“No queremos soluciones a corto plazo, ni a tres meses. Necesitamos que se comprometan al desarrollo del departamento, que nos dejen tener nuestro libre desarrollo del trabajo como transportadores”, dijo Julián Acevedo, vocero de los transportadores que bloquearon la vía hacia Risaralda durante la reunión con Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. “A los entes departamentales se les había salido de control con tantos paros que nos estaban llevando o nos llevaron al borde de la quiebra”, agregó Acevedo.
Las dos principales vías que conectan al Chocó con el resto del país están a medio terminar. La Transversal Quibdó- Medellín, que es la ruta que mueve más mercancía y transporte de personas, lleva 13 años en proceso de pavimentación y hasta la fecha solo presenta un avance del 82 por ciento, según el Instituto Nacional de Vías (Invias). La vía Quibdó- Pereira, del 60 por ciento. Un viaje en automóvil desde la capital antioqueña hasta El Carmen de Atrato puede tardar desde cuatro horas, si no hay derrumbes, hasta nueve o doce horas, si hay controles del flujo vehicular por derrumbes. Sin embargo, es frecuente que la vía esté cerrada en algunos trayectos.En este caso, las personas se deben desviar por la vía Pereira, lo que implica un viaje de 16 horas.
La débil infraestructura vial hace que cualquier bloqueo o derrumbe en cualquiera de los dos corredores interrumpa la conexión por vía terrestre con el resto del país. Este tema fue el punto nodal de los paros cívicos que se realizaron en el Chocó en 2016 y 2017.
En esta ocasión, los bloqueos generaron escasez de verduras, frutas, carnes, medicamentos y gasolina en Quibdó y en los otros 29 municipios del Chocó. Los productos cárnicos y lácteos fueron los más difíciles de conseguir, seguidos de las legumbres y verduras. El combustible, por su parte, se cotizó en Quibdó a 19 mil pesos el galón de Extra. La falta de gasolina llevó a que el Hospital San José de Tadó suspendiera los traslados de pacientes a otros centros médicos del departamento.
Para movilizarse dentro del departamento, y hacía Medellín y Pereira, las personas tuvieron que hacer transbordos entre los puntos de bloqueo y contratar transportadores informales. Varios habitantes en Tadó y El Carmen de Atrato perdieron citas médicas que tenían programadas durante esos días en Quibdó, y los dueños de las droguerías estaban preocupados porque tenían varios pedidos de medicamentos e insumos represados.
Las mesas de diálogo, que se dieron de forma descentralizada en el departamento, sirvieron para retomar las necesidades urgentes de las comunidades y marcar una hoja de ruta de quiénes serán los responsables de atenderlas. Se acordaron tres caminos para empezar a resolver las peticiones de las comunidades: la primera, realizar una mesa amplia de diálogo el 1 de noviembre en Bogotá, donde participen organizaciones, gremios, resguardos y consejos comunitarios, y los gobiernos de todos los niveles para definir tiempos, recursos y prioridades. Para Javier Arrieta es importante que a esta mesa lleguen los temas sobre salud, educación y proyectos productivos, que “son la línea gruesa de la conversación”, dice.
Para el encuentro de Bogotá, los voceros de cada comunidad deberán recoger las peticiones. Heiler Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), cuenta que van a consolidar los acuerdos que no han cumplido los gobiernos anteriores y las “desatenciones” que ha tenido el Estado con las comunidades afro. Sin embargo, considera que “siempre van a haber necesidades sin darle soluciones” pero espera que se empiecen a atender los temas de salud, educación y pavimentación de las vías. “Uno entiende que los procesos van a llevar tiempo pero si los compromisos se dan, que se definan los tiempos y se vea que sí se van a cumplir”, afirma Moreno.
Por su parte, los alcaldes deberán condensar en un documento todos los proyectos que generen mayor impacto en sus municipios para llevarlos a los diálogos regionales vinculantes que realiza el gobierno nacional en todo el país.
Sin embargo, Jair Moreno, secretario (e) de Gobierno del Chocó, afirma que el gobierno departamental tiene un margen de acción reducido. Asegura que la mayoría de peticiones no se pueden atender porque carecen de sentido. “Hay una solicitud de un establecimiento educativo pero para hacerlo se requiere de unos diseños y unos presupuestos. Esos estudios, diseños y presupuesto se presentaron pero no cumplieron los requisitos. Entonces la comunidad pensaba que los recursos ya estaban aprobados y el Gobierno departamental no hacía lo propio. En otra comunidad nos solicitaron 100 cabezas de ganado pero no tienen experiencia en ese tipo de actividad. Entonces, son pretensiones exorbitantes y a todas luces es imposible conceder un contrato de esa naturaleza si no vemos un panorama ni unos estudios previos para poder hacerlo”.
La segunda conclusión de los diálogos fue que se estableció que antes de recurrir a las vías de hecho, los resguardos, consejos comunitarios y demás comunidades deberán acudir a la Procuraduría para resolver los conflictos. Por último, la Defensoría y la Procuraduría se comprometieron a darle seguimiento a los acuerdos. Por ejemplo, en El Dieciocho se acordó la entrega de ayuda humanitaria para las familias desplazadas que retornaron al resguardo; Latinoamérica de Construcciones S.A. (Latinco) se comprometió a mejorar la infraestructura de la comunidad; Dispac instalará luminarias en lugares comunitarios y revisará las casas que no cuentan con energía eléctrica.
El seguimiento a los acuerdos será determinante, teniendo en cuenta que hace tan solo una semana, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas deficiencias en el cumplimiento de acuerdos logrados en mingas indígenas y paros cívicos alrededor del país. Según el órgano de control, son cinco mingas indígenas que presentan mayores niveles de retraso en los acuerdos o se cumplieron de forma incompleta. La minga embera del Chocó es la primera con un 90 por ciento y le sigue la de El Carmen de Atrato con un 80 por ciento de demoras y falencias. Si bien el órgano de control no detalla cuáles son los compromisos que presentan inconvenientes, agrega que: “la totalidad de los acuerdos suscritos con mingas indígenas no cuentan con metas suficientes e indicadores para medir su avance y su efectividad”.
Por lo pronto, el Gobierno nacional ya anunció que destinará una bolsa común de recursos para que cada uno de los proyectos se puedan realizar. “Se va a generar desde noviembre para que esos temas macro se atiendan a través de esa bolsa. Allí se deben allegar todos los proyectos para darle viabilidad pero deben cumplir con unos requisitos específicos”, cuenta el secretario Moreno. Con este anuncio, el gobierno de Gustavo Petro, quien fue el candidato más votado en el Chocó, tendría una posibilidad de iniciar las acciones que salden la deuda del Estado con ese departamento y sus habitantes.
En la competencia, participan cinco ciclistas sub 23 y tres ciclistas élite en representación de El Carmen de Atrato. En el evento deportivo, que va del 11 al 15 de octubre y se extiende por 845 kilómetros, participan otros 12 equipos.
¿Qué dicen los competidores? “Tenemos muchas expectativas por las dos etapas que nos faltan: la cuarta etapa, Cisneros hasta Amalfi, y la quinta etapa, desde Amalfi hasta Santo Domingo. Esta última es una etapa corta pero muy muy buena… con mucha montaña”, dijo Sebastián Ceballos, representante del equipo.
Joaquin Cardona, entrenador y mecánico del equipo, destacó el buen desempeño del equipo a pesar de las dificultades que ha enfrentado para conseguir el apoyo necesario para este tipo de competiciones. “Es realmente duro conseguir apoyo. Hay que moverse mucho, gestionar y vender imagen… Pero por ahora estamos felices porque estamos en el top 10 y hoy fuimos portadores de la camiseta de líder de los sprint especiales”, explicó Cardona.
La historia del equipo: Este equipo de ciclismo nació hace dos años en El Carmen de Atrato por iniciativa de Juan Sebastián Ceballos, un deportista aficionado que quería cambiar vidas a través del deporte. Este equipo es el único de su tipo en el municipio.
Este año ha participado en el Campeonato Nacional de Ruta, la Vuelta de la Juventud, la Clásica de Río Negro, la Vuelta al Valle y la Clásica del Carmen de Viboral. Si le interesa conocer más sobre su trayectoria y cómo surgió, puede leer la historia completa aquí.
Lo que sigue: Este sábado 15 de octubre se disputará la quinta y última etapa de la ronda antioqueña, con una fracción que tendrá 115 kilómetros en terreno ondulado con salida en Amalfi y llegada en Santo Domingo.
