El primer mes de 2023 en La Guajira reveló la gravedad de la presencia de actores armados y sus dinámicas en el territorio. El 13 de enero se conoció de una masacre perpetrada en Riohacha, cerca de la Troncal del Caribe, en la que tres personas fueron asesinadas e incineradas. Además, en municipios como Barrancas y Maicao se han cometido asesinatos. Y el último día de enero, la Policía incautó una tonelada de marihuana entre Palomino y Riohacha. A pesar de la alerta que generan estos hechos, no hay claridad sobre quién los perpetró o por qué.
Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada (Pdhal), una organización que trabaja en La Guajira, Magdalena y Cesar, afirma que la falta de información se debe a que todavía nadie está monitoreando el accionar de los grupos armados en la zona. Esto a pesar de que varios de estos acordaron cesar las hostilidades hasta junio de este año, mientras se desarrollan diálogos para acordar el sometimiento de las estructuras armadas.
Sin embargo, hasta hoy no hay claridad sobre cuáles son las reglas del cese al fuego bilateral ni se sabe quiénes lo van a monitorear. De hecho, las organizaciones de derechos humanos que están dispuestas a hacerlo dicen que no tienen garantías para moverse en territorios en los que hasta el Ejército se ha retirado. Este es el panorama de los grupos armados y la “paz total” en La Guajira.
Consonante: ¿Qué grupos están haciendo presencia en La Guajira?
Lerber Dimas: Hay presencia de las AGC, también de Los Pranes, de la segunda Marquetalia y del Eln en toda esa franja de la frontera que viene de la Serranía del Perijá hasta hasta La Guajira. En San Juan y Fonseca, sobre todo, hay una influencia muy grande que viene desde Valledupar. Esta ciudad el año pasado prácticamente duplicó su número de homicidios con relación al año 2021. Fue una crisis muy fuerte, en la que se movió la criminalidad y por supuesto esto vino afectando a San Juan, Fonseca y Maicao, en La Guajira. Maicao terminó el año en un empate técnico o le ganó por un homicidio a Riohacha y eso normalmente no pasaba.
C: ¿Quiénes son Los Pranes y cómo funcionan?
L.D.: Los Pranes son estructuras armadas que tercerizan la violencia en Venezuela, pero lo hacen a través de personas privadas de la libertad cuya criminalidad es altísima. Por ejemplo, gente que está en La Picota o La Tramacúa en Valledupar, pero que sigue tercerizando violencia a través de grupos armados que venden servicios criminales.
Pueden venderle al Eln, a la Segunda Marquetalia, e incluso algunos de ellos están asociados al Tren de Aragua, a Los Meleán o Yeico Masacre, megabandas importantes en Venezuela.
C: ¿Dónde están ubicados estos grupos?
L.D.: El Eln, la Segunda Marquetalia y Los Pranes están en toda la franja de la frontera, pero con mayor fortaleza en Maicao, donde convergen las tres estructuras y por eso el aumento de los homicidios. Las estructuras están en Venezuela, pero esa frontera es porosa, frágil y no tiene presencia del Estado. La cruzan sin ningún tipo de problema. Los Pranes también están en Venezuela, pero si necesitan un sicariato, ellos lo hacen; si necesitan una camioneta, la roban; si necesitan pasar algo en la frontera, ellos lo pasan. Las Agc han intentado entrar a Maicao, pero no han podido. Sí lo han hecho en otros sectores como en Riohacha, Dibulla, Pelechúa (Riohacha) y toda la troncal para salir a Cuestecita y voltear a Fonseca y en todo ese sector. Incluso en Manaure y Uribia. Desde ahí prácticamente se han tomado toda la Sierra Nevada e incluso el sector del sur del Cesar.
C: ¿Qué zonas preocupan más?
L.D.: Preocupa Palomino, Río Ancho, Dibulla, Pelechua, donde tenemos una masacre. Riohacha, Uribia y básicamente todo ese corredor desde Punta Gallinas hasta Palomino. Pero también preocupa el sector que va desde el peaje El Ebanal de Riohacha y toda la troncal que pasa por Cuestecitas y sale a Fonseca, para conectar con la troncal del carbón y el Cesar. Y, por supuesto, preocupa el control fronterizo.
C: ¿Cómo se relacionan estos grupos entre sí?
L.D.: Ahí está ocurriendo algo complejo. Evidentemente hay como una unión de fuerzas entre Los Pranes, la segunda Marquetalia y por supuesto el Eln, es decir, han llegado a algunos acuerdos, respetan algunas posiciones y respetan algunas zonas. Hasta ahí no están entrando las Autodefensa Gaitanistas de Colombia, pero sí están entrando para fortalecer todo el tema del narcotráfico.
C: ¿Cuál es el interés sobre esta región?
L.D.: El interés es fronterizo, pero también está mediado por una ruta del narcotráfico, que empieza en el Catatumbo y que se fortalece justamente en la Troncal del carbón, la que entra desde San Roque y va directamente hasta los diferentes puertos y salidas que tiene la Guajira en la en la media, la baja y la alta. Y en cuanto al tema fronterizo, recordemos que nada más en la Guajira hay unos 186 pasos fronterizos ilegales y en estos pues hay trata de personas, que que ha venido en aumento, narcotráfico y tráfico de armas. Bueno, también un tipo de comercio relacionado con ganadería, carnes y productos lácteos.
C: ¿Cómo se explica el aumento de los homicidios?
L.D.: Recordemos que en el año pasado se dio la captura de una persona muy importante que se llamó alias “5.7”, quien fue el comandante militar de Resistencia Tayrona. Pero además él tenía la la orden de reestructurar las Agc desde La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre y Córdoba, es decir, su trabajo era justamente unificar la estructura. Empezó en el Magdalena, pero inmediatamente se trasladó a Valledupar y sus alrededores, y a partir de allí a La Guajira. La idea era emprender toda esa campaña de fortalecimiento de la estructura militar. Lo que ha venido quedando después de la captura es simplemente como una movilización y una acción de sostenerse en el territorio a partir de un brazo armado que tiene vínculos con el narcotráfico, por eso el aumento de los homicidios. Y hay una cosa importante, y es que han caído muchas armas en La Guajira. Todo esto hace parte de este panorama de acciones violentas y de intercambio de cosas relacionadas con drogas, armas y tráfico de personas.
C: Parece que hay delitos silenciados, como el reclutamiento de menores de edad y la violencia sexual contra niñas y mujeres. ¿Tienen reportes de que esto esté ocurriendo?
L.D.: Sí se están cometiendo. Desafortunadamente en las comunidades wayúu hay muchos jóvenes que están metidos dentro de las rancherías, en la Alta Guajira, y estos grupos llegan, los convencen y se los llevan, y también violan a las mujeres. Esta práctica ha sido bastante recurrente, pero sobre todo en la Alta Guajira, donde tenemos varios casos registrados. Hay personas que nos han llevado hasta el sitio: ‘mire: aquí se llevaron a mi sobrino, a estos jóvenes, ellos estaban pastoreando. Los convencieron de que se fueran y se fueron con ellos’ o ‘a esa muchacha que está allá la violaron’. Y uno dice ¿pero ustedes pusieron las denuncias?, y ellos no lo hacen. Pero que no haya denuncias no quiere decir que no existan los casos.
C: ¿Qué otros reportes tienen de las comunidades?
L.D.: Básicamente tres cosas: el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la invasión de territorios sagrados. Los grupos se meten por donde les da la gana y no les pueden decir nada. Son amos y señores de los territorios.
C: Las autoridades no han reconocido la presencia de las Agc en el sur de La Guajira. Cuando ha habido panfletos, han dicho que es falso. ¿Cómo han visto la respuesta de las autoridades?
L.D.: La respuesta de las autoridades siempre ha sido de una negación absoluta a las dinámicas violentas en el territorio. Nosotros no solamente lo hemos visto en La Guajira, también lo hemos visto en el Cesar, en el Magdalena y por supuesto en el Atlántico, que está desbordado. Pero este es un tema que no se puede salir de las manos, ni tampoco simplemente decir ‘no pasa’ o ‘no sabemos’.
En la Guajira tenemos un hecho muy grave, que es el asesinato de un líder social, exdirigente de la USO (Unión Sindical Obrera) y de su sobrino en Mingueo por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia por un tema claro de pago no extorsivo. Después tenemos la masacre de estas personas que fueron incineradas muy cerca de Riohacha, y también tenemos el incremento de algunos actos sicariales en La Guajira, particularmente en Maicao y Riohacha. Esto hace parte de toda una reestructuración de las Agc y negarlo es como una afrenta al territorio, porque claramente hay muchísimas denuncias de que estos actores armados están en el territorio y no están desde ahora o desde hace un mes, están desde hace por lo menos uno o dos años y se han venido fortaleciendo. La aniquilación de la banda de “Los Ochenta” y “Los corticos” entre la frontera de Venezuela con Paraguachón obedece a toda una reestructuración de estos actores armados.
C: Se están desarrollando diálogos con el Eln y se sabe que hay diálogos con las Agc, pero en estas semanas ha habido noticias de acciones de ambos grupos, como la bandera de las Agc en San Juan del Cesar. ¿Qué dicen estas acciones sobre lo que está pasando en los diálogos?
L.D.: Claramente las Agc al poner banderas y pintar algunos carros y paredes lo que están haciendo es, primero, presionando al gobierno para el tema de los diálogos, para que se inicien rápido. Y, segundo, mostrando una presencia que ellos tienen en cada uno de los territorios, para decir “aquí estamos, desde aquí nos queremos hacer sentir y desde aquí nos tienen que escuchar”. Buscan mostrar la grandeza y la capacidad de expansión hacia diversos territorios. En algunos lugares donde no pudieron poner las banderas no quiere decir que no existan. Esto también nos muestra que la Sierra Nevada, entendida a partir de los tres departamentos, tiene presencia de las Agc casi que sin ningún tipo de problema.
C: ¿Consideran que hay avances del Gobierno colombiano en las negociaciones con las bandas criminales?
L.D.: Como plataforma, nosotros trabajamos en Magdalena, Cesar y La Guajira, pero no tenemos acceso a los tres departamentos porque básicamente no se ha establecido cuáles son las reglas de juego y cuáles son las garantías para un sistema de monitoreo. Tenemos un cese de hostilidades hasta junio, pero es un cese que progresivamente las Agc han venido rompiendo en los territorios. Tenemos que decirlo y mostrarlo, pero necesitamos un gobierno más cercano para esto y no hemos podido acceder.
Ahora mismo tenemos un sector rural en Magdalena donde han matado dos personas y posiblemente hay otras dos muertas, pero no hemos podido llegar por falta de garantías. Tú le puedes preguntar a la Personería de Fonseca o a la Defensoría del Pueblo en La Guajira si tiene informes sobre el cese y te van a decir que no los tienen porque todavía no han iniciado como instituciones hacer control y monitoreo a esta afectación. Queremos mostrar que hay una fragilidad, pero que es necesario asumir ciertos compromisos tanto de las estructuras como del gobierno para que puedan avanzar.
C: Además de la verificación, ¿qué se necesita para proteger a las comunidades?
L.D.: En algunos sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta hemos visto que el Estado renunció a su deber constitucional de salvaguardar la vida y la honra de las personas, es decir, sacó al Ejército. Es un error sacar el ejército y disminuir las acciones de la Policía frente al cese bilateral porque no hay voluntariedad también por parte de las organizaciones ilegales. Entonces creo que el Estado tiene que volver nuevamente con su Fuerza Pública a restablecer el control en los territorios y por supuesto permitir que haya un cese bilateral y establecer unas reglas: ‘ustedes están allá, nosotros estamos acá. No se pueden aprovechar con la población civil. No nos vamos a meter con ustedes, no los vamos a perseguir, no nos vamos a capturar, pero ustedes tienen que cumplir’. Porque estamos viendo que los territorios están solos y a la gente la están matando, está aumentando el secuestro express, la extorsión. ¿Y entonces dónde queda la presencia del Estado?
C: ¿Es posible la paz total en esta región?
L.D.: Sí es posible y lo vemos con muy buen propósito. Con el ímpetu que traía la criminalidad el año pasado, esperábamos un 2023 muy cargado de violencia. Eso disminuyó en todos los territorios y se debe al cese bilateral de hostilidades, pero hay que monitorearlo. Necesitamos que las organizaciones sociales, la iglesia, los gremios, las universidades y los entes descentralizados se unan para hacerle seguimiento a estas estructuras y decir: estamos avanzando, no estamos avanzando, cumplen o no cumplen Tenemos que visibilizar lo que pasa día a día en el territorio.
C: ¿Cuál es su llamado?
L.D.: Necesitamos que el gobierno nos diga cómo nos van a garantizar que podemos ir a la Serranía del Perijá, a la Sierra Nevada, a la Alta Guajira. Cómo nos van a garantizar que un grupo de defensores, periodistas, académicos, gremios empresariales puedan ir a cualquier territorio sin que sean hostigados y amenazados. Cómo nos van garantizar que podamos revisar qué pasa en el terreno. No es lo mismo hablarte de qué pasa en Fonseca ahora que estoy en Alemania. Vamos a retomar el monitoreo, pero necesitamos garantías.
