El lunes pasado el presidente Iván Duque y Nerio José Alvis Barranco, director del Departamento Administrativo de Función Pública, entregaron por segunda vez consecutiva el premio de Alta Gerencia con énfasis en “Buen Desempeño municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET” al alcalde Álvaro Díaz.
El contexto: El Premio Nacional de Alta Gerencia es el reconocimiento más importante que concede el Estado colombiano a la gestión y desempeño de las entidades públicas. El énfasis PDET reconoce a los municipios PDET que se destacan por su buen desempeño institucional y por tener una buena gestión pública. Según los resultados del Índice del Desempeño Institucional – IDI 2021 de los 170 municipios PDET, San Juan del Cesar logró un puntaje de 94.
¿Qué dice la gente? Si bien hay opiniones divididas en el municipio, Cielo Cataño, integrante del grupo motor, dice que “es una sorpresa esa distinción cómo municipio PDET. El señor alcalde nunca se ha reunido con el grupo para socializar o dar a conocer los proyectos. No hay obras de impacto para cerrar brechas. Y no se han priorizados proyectos como el agua, tenemos comunidades que no cuentan con éste servicio cómo es la Junta la Peña y Curazao”.
La Fundación Salvemos el río Cesar, un grupo de 30 personas que trabaja por la preservación del río, alertó esta semana al alcalde Álvaro Díaz y a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira sobre la extracción de piedra, arena y gravilla de la ribera del río Cesar, cerca del corregimiento de los Pondores, a unos 8.2 kilómetros de San Juan del Cesar. Los responsables serían paleros y volqueteros de El Molino, Villanueva, Urumita, la Jagua y La Paz. Según los ambientalistas, el tránsito de más de 20 vehículos pesados que van y vienen con la carga del material. La Fundación ha denunciado en varias ocasiones esta actividad que está ocasionando graves daños al afluente.
¿Qué dice la gente? “A Corpoguajira le ha interesado muy poco el tema de la extracción del material. Hay un policía de medioambiente que tampoco colabora con la situación, más bien se aprovechan de eso para pedir dádivas a los volqueteros y seguir en esta faena diaria”, afirma Guillermo Sanabria, integrante de la Fundación Salvemos al río Cesar. Y agrega “son personas ajenas a nuestra comunidad las más favorecidas, y quienes nos están causando un daño irreparable. Los socavones que están dejando a las orillas del río son irreparables”.
La respuesta de Corpoguajira. Estela Freiles, subdirectora territorial sur de Corpoguajira, dice que la entidad visita cada dos meses los puntos del río donde se desarrolla la minería tradicional o de subsistencia, incluyendo el sector de Pondores, para evaluar el avance de los daños, e imponer medidas preventivas o sanciones en caso de que sean necesarias. Freiles insiste en que no han podido articularse con la alcaldía para hacer el control necesario. “Requerimos el apoyo de la Fuerza Pública y de la alcaldía. El código de minas dice que el alcalde es la primera autoridad minera de su jurisdicción y es quien debe ejercer ese control en el territorio. Nosotros le requerimos siempre a la alcaldía que nos explique cómo va el tema de la minería de subsistencia pero hasta ahora no hemos tenido respuesta”.
El próximo 18 y 19 de julio será la audiencia de reconocimiento del subcaso Costa Caribe de doce miembros del batallón La Popa ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La diligencia judicial, se realizará en Valledupar, y será un espacio para que los exmilitares hagan público el reconocimiento escrito que ya entregaron a la magistratura.
El contexto: Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes del Batallón La Popa presentaron ilegítimamente a 127 personas asesinadas y presentadas dadas de baja en combate, en 71 hechos ocurridos en los municipios de Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, del norte de Cesar, y San Juan del Cesar y Urumita, al sur de La Guajira.
¿Quiénes estarán presentes? Los convocados son Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel, a quienes la JEP imputó por asesinato y desaparición forzada. También participarán en la audiencia las autoridades indígenas kankuama, wiwa y las víctimas acreditadas en este caso, en compañía de sus representantes judiciales, así como la procuraduría delegada para la JEP.
La Defensoría del Pueblo alertó esta semana sobre los riesgos de desplazamiento forzado o confinamiento que enfrentan comunidades de 12 regiones del país, entre ellas, San Juan del Cesar. Según la Defensoría, las principales causas de los reportes de riesgo en el país están asociadas a amenazas, intimidaciones, secuestro, retención, asesinato, presencia de actores armados sin identificar al interior de las comunidades, presencia de la guerrilla del ELN, de las disidencias de las Farc y otros grupos armados organizados, restricción a la movilidad, confrontación armada entre la Fuerza Púplica y los GAO, y/o la concurrencia de elementos asociados a la superación del desplazamiento. Sin embargo, en la Alcaldía de San Juan del Cesar no tienen un reporte oficial sobre algún hecho relacionado con este tema.
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba ofertará seis carreras profesionales y una tecnología en el municipio el próximo semestre para jóvenes de entre 14 y 28 años. El anuncio se dio a conocer en una reunión que tuvo lugar el jueves a la que asistieron más de 100 personas, entre ellas representantes de la Secretaría De Educación Cultura y Deporte, jefes de núcleo y el jefe de Gabinete de la gobernación del Chocó. La universidad ofrecerá ingeniería ambiental, ingeniería agroforestal, contaduría pública, ingeniería industrial, licenciatura en educación física, licenciatura en educación artística y tecnología minera. Además, las personas del municipio que cuenten con un pregrado y un diplomado en docencia, podrán aplicar para ser profesores de la UTCH en El Carmen y otros municipios del Chocó. Las inscripciones estarán abiertas hasta septiembre.
¿Cómo serán las clases? Serán los fines de semana en los colegios Corazón de María y la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suárez: los viernes en la tarde, los sábados durante todo el día y los domingos en la mañana. Las instituciones del municipio también facilitarán el transporte para las personas que estén en la zona rural.
¿Qué dice la gente? La comunidad está entusiasmada. En la reunión se preinscribieron 100 personas. “Es una gran oportunidad. Tenemos que animarnos a estudiar. El director que más adelante van a hacer la sede, la infraestructura. O sea que tenemos que gozarlo. Es sumamente importante que todos tengamos acceso a la educación superior”, dijo Juan Guillermo Arroyave, uno de los pre inscritos para homologar contaduría pública.
La Fundación Mesa Social y Ambiental envió esta semana un oficio a Codechocó para recordarle a la autoridad ambiental la importancia del cumplimiento de sus compromisos con la comunidad carmeleña. La autoridad ambiental no asistió a la visita a la Mina El Roble que tuvo lugar el viernes 8 de julio, y que tenía como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la minera. Esta visita era uno de los compromisos pactados durante una audiencia pública realizada en febrero de 2019 en el que se hizo seguimiento a la labor de veeduría ambiental sobre la mina. Codechocó canceló su participación tan solo un día antes de la visita.
Lo que dice el documento “Solicitamos que de aquí en adelante se respeten por parte de la Corporación las condiciones de funcionamiento del Comité de Seguimiento a la audiencia, el cual es de carácter tripartito (sociedad civil, autoridades públicas y empresa), pues no consideramos acorde con relaciones de respeto e igualdad entre las partes, la toma de decisiones unilaterales e intempestivas como sucedió con la cancelación de la visita por parte de Codechocó".
¿Qué pasó en el recorrido? Diecisiete personas recorrieron las instalaciones de Miner S.A. y visitaron los lugares relacionados con el manejo de la economía circular, la reutilización del agua, los puntos de disposición de material de la operación de la empresa y derrumbes en la zona en las riberas del río Atrato. Sin embargo, no pudieron ingresar a la mina subterránea y tampoco pudieron evaluar técnicamente los procesos relacionados con el cuidado ambiental que hace la empresa. Aún así, la Fundación Mesa Social y Ambiental propuso iniciar un proyecto de reforestación y monitoreos comunitarios, en donde se propicie la participación abierta de diversos sectores del municipio en las decisiones territoriales.
El martes terminó la primera fase de los juegos intercolegiados en el municipio con la participación de estudiantes de los colegios Corazón de Maria, Institución Indígena Katio Chami de Sabaleta y la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez. Los ganadores de esta etapa, en la que participaron 122 estudiantes de distintas edades, representarán al municipio en los intercolegiados departamentales que tendrán lugar a finales de julio. Durante la competencia, los participantes practicaron patinaje, tenis de mesa, ciclismo y fútbol.
¿Quiénes fueron los ganadores? En fútbol de salón femenino y masculino resultó campeón el Liceo Marco Fidel Suárez. Además, pasaron a la siguiente fase tres niños inscritos en tenis de mesa, uno en ajedrez, otro en ciclismo y seis niñas en patinaje.
Este viernes 8 y sábado 9 de julio, 17 miembros del Comité de seguimiento ambiental estarán visitando las instalaciones de Miner SA para verificar los mecanismos con los que la empresa cumple con sus obligaciones ambientales. La minera deberá explicar cómo se gestiona una mina subterránea altamente tecnificada que no utiliza mercurio ni cianuro, cómo implementan la economía circular, y cómo funcionan el laboratorio de tratamiento de aguas y las estaciones de monitoreo. Esta es la primera vez que representantes de organizaciones sociales en compañía de garantes y entes de control ingresan a la mina.
¿Quiénes harán la visita? Representantes de la Fundación Mesa Social y Ambiental, Guardianes del río Habita, Guardianes del río Atrato, Agroecotur, Anuc Carmen de Atrato, Alcaldía Municipal, el gremio de emprendedores y turismo, Concejo Municipal, Mesa Municipal Indígena, Corporación Jurídica Siembra, Adacho, de la Junta de Acción Comunal, de la Pastoral Social, de la Procuraduría y la Defensoría.
¿Qué dice la gente? Los veedores ambientales que durante años le han pedido mayor transparencia a la empresa destacan el valor de esta visita. “Soñamos con un municipio en el que las familias y los niños puedan volver a nadar y a pescar en el río, un municipio que pueda beneficiarse realmente de la presencia de la empresa privada con escuelas, hospital y vías de acceso dignas, entre otras cosas”, dice un líder ambiental de El Carmen que prefiere no revelar su identidad
Contexto: Esta inspección hace parte de los compromisos pactados en la audiencia pública ambiental realizada el 28 de febrero de 2019 a Codechocó, en relación con sus funciones como veedor de la empresa Miner S.A.. La mina continúa extrayendo cobre, oro y plata del suelo en El Carmen de Atrato a pesar de que su concesión minera se venció el pasado 23 de enero y la comunidad les ha pedido constantemente proyectos productivos para impulsar el campo, el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, más becas para educación universitaria y apoyo a las instituciones educativas.
Con una serenata a la Virgen María comenzaron este jueves a la celebración de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen en el municipio. La agenda incluye actos litúrgicos como cantos, romerías, santas eucaristías y la novena dedicada a la Virgen del Carmen que irá hasta el 16 de julio. El último día cerrará con un recorrido de la vereda de El Siete hasta el Carmen con la presencia de los conductores del municipio. Puede consultar la programación completa aquí:
A partir de este viernes, las personas afiliadas de la Nueva EPS pueden volver a reclamar medicamentos de alto costo en la Droguería El Descuento tras 23 días de interrupción del servicio. La farmacia ‒que es la única del municipio que tiene un convenio vigente con la entidad prestadora de salud‒ llegó a un acuerdo con la Nueva EPS para retomar la entrega de medicinas después de recibir el pago de una parte de los 80 millones de pesos que le debe la EPS.
Contexto: Esta no es la primera vez que la droguería entra en paro por falta de puntualidad en los pagos. Y es que la Nueva EPS no tiene IPS propia por lo que usa a terceros para este tipo de trámites. En este caso, el encargado de la contratación y el pago a los proveedores de medicamentos es la Fundación Santa Sofía de Asís, de Quibdó.
Además, desde que el Estado liquidó la EPS Barrios Unidos y trasladó cerca de 5.500 usuarios en El Carmen a la Nueva EPS, se han conocido varias quejas de la comunidad.
¿Qué dice la gente? Los usuarios esperan que este problema se resuelva pues cada vez que la droguería deja de entregar medicamentos, deben encargarlos a Quibdó o a Medellín.
Este sábado 2 de julio el cuerpo de bomberos voluntarios recibió una donación de camillas, botas y enseres de oficina para la inauguración oficial de la sede. El apoyo llegó por parte del exconcejal Jaime Arturo Herrera, quien ha financiado al grupo de 15 hombres y mujeres en varias ocasiones.
Contexto: El cuerpo de bomberos existe desde hace más de 20 años y atiende emergencias principalmente relacionadas con la búsqueda y el rescate de personas en el río Atrato. Sin embargo, cuenta con pocos equipos para hacer su trabajo. “Queremos ayudar a la comunidad en el momento que nos necesite. Queremos poder meternos al río con los equipos adecuados, pero nos toca trabajar con lo poco que tenemos”, dice Jorge Hernando Valderrama Fernández, comandante del cuerpo de bomberos.
El reclamo: Hernán Darío Fernández Zapata, fundador del cuerpo de bomberos, dice que han intentado hacer un convenio con la alcaldía para mejorar su dotación, pero no ha sido posible. “La alcaldía nos dio la sede por ser una obligación de ellos, además nos dieron unos uniformes, pero estos no cumplen con los requerimientos técnicos”, afirma.
El martes El Carmen de Atrato cumplió 148 años de fundación. Ese día, la comunidad carmeleña se reunió desde las 10 de la mañana para celebrar una eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Al final de la ceremonia, los asistentes llevaron una ofrenda floral a la tumba de los fundadores del pueblo, los antioqueños Celedonia Ortiz y Luis Agudelo. Además, la administración municipal declaró el día cívico.
Más de 10 motos recorrieron las calles del municipio, desde el parque principal hasta la vereda El Siete, para celebrar la noticia del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo pasado. La caravana se organizó de manera espontánea cuando se conocieron los resultados al final de la tarde. La celebración contrastó con los datos de las elecciones en El Carmen pues, al igual que en la primera vuelta, Rodolfo Hernández fue el candidato más votado en el municipio con 2.251 votos. En cambio, Petro y Márquez obtuvieron 1.407 votos, 499 votos más que en la primera vuelta. En total votaron 3.785 de 6.784 personas que podían ejercer el derecho al voto.
El aumento de votos para el Pacto Histórico se debió, en gran parte, a la participación de la comunidad indígena que salió a ejercer su derecho masivamente, algo que no había pasado en la primera vuelta. Según la información de los formularios E14, los candidatos de izquierda se impusieron en las mesas de votación de la población joven, así como en las mesas de Guaduas, el Piñón y El Dieciocho. "Ya llevamos más de 200 años y vemos que el país no cambia, entonces la expectativa con Petro es muy grande. Nosotros como líderes queremos que se produzca un cambio para las víctimas del conflicto armado", dijo Doralba Úsuga, líder campesina.
Un dato curioso: una celebración religiosa llamó la atención de los carmeleños que votaron en el parque principal, pues un grupo de personas instaló altares con lemas como “bendice señor tu patria” y “déjame vivir” como protesta a la legalización del aborto.
Un mes después de su desplazamiento hacia la capital del departamento de Antioquia, 159 indígenas de El Dieciocho insisten en que sienten temor en su territorio por la presencia de las Agc o el Clan del Golfo, y le hacen un llamado a la alcaldía para que revise su situación. “Nosotros en El Dieciocho no hemos sido ajenos a la dinámica de violencia del departamento, y más por la ubicación en la vía Quibdó- Medellín, una vía en la que sentimos que puede pasar cualquier situación con los grupos insurgentes” le dijo a Consonante Honorio Queragama, líder indígena.
En las últimas semanas, los indígenas participaron en tres reuniones del comité de Justicia Transicional de El Carmen de Atrato para evaluar su situación. Sin embargo, el comité, que está conformado por autoridades locales, concluyó que no hubo amenazas ni algún tipo de vulneración que causara su desplazamiento. Según nos informó uno de los asistentes a la reunión, la decisión se basó en que los indígenas cambiaron la razón de su desplazamiento: al comienzo dijeron que lo habían hecho después de escuchar disparos y de que aparecieran graffitis de las Agc en su territorio, y luego afirmaron que lo hicieron por incumplimientos de los compromisos pactados en la minga. Después del pronunciamiento del comité, la Alcaldía de Medellín y la Defensoría del Pueblo quedaron encargadas de coordinar la atención primaria y el regreso de las familias que están en un albergue en Medellín.
¿Qué sigue? La comunidad pide garantías para regresar a su territorio. Entre ellas, la protección de la guardía indígena y un corredor humanitario. Sus solicitudes están consignadas en la normatividad del nuevo protocolo de retorno indígena. Mientras tanto, la Unidad para las Víctimas de Antioquia está haciendo el estudio correspondiente para verificar si estas familias entran dentro de la ruta de atención de desplazados por actores del conflicto armado; tendrán 90 días para tomar una decisión.
El jueves y el viernes delegados de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se reunieron en la Casa Campesina en el marco del Congreso Departamental del Chocó. Los líderes campesinos de Quibdó, Cértegui, Lloró, Istmina y Unión Panamericana eligieron una nueva junta directiva para el departamento conformada por 12 miembros y discutieron con representantes de Codechocó, la Alcaldía Municipal y la Personería varias propuestas para beneficiar a los y las campesinas carmeleñas. Emilson Rodríguez fue elegido como fiscal y cuota representativa de El Carmen.
¿Qué sigue? De esta junta saldrá la representación del Chocó al Congreso Nacional de la ANUC que se realizará el próximo 6 y 7 de julio. Entre las tareas pendientes quedó el compromiso de iniciar la legalización de las ANUC de los demás municipios del Chocó y la recuperación de las casas campesinas afectadas por el conflicto armado.
En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la autoridad minera confirmó esta semana que Miner S.A puede continuar explotando la mina pues se considera que el contrato de concesión que la empresa mantenía con el estado colombiano desde 1987 –y que está vencido desde hace más de cuatro meses— continúa vigente. Además, la Agencia Nacional de Minería afirma que se encuentra estudiando una solicitud de nuevo contrato elevada por Miner SA, y da a entender que el contrato se renovará.
Expertos consultados por Consonante explicaron por qué esta situación es cuestionable y beneficia a la empresa. Si le interesa este tema, puede leer la nota completa haciendo clic aquí.
El miércoles, el proyecto Valiente presentó las cifras producto de una investigación de dos años relacionada con la educación sexual de niños, niñas y adolescentes en el municipio. Entre las conclusiones más importantes presentadas por el proyecto, que fue desarrollado con las dos instituciones educativas del municipio (IE Corazón de María e IEA Liceo Marco Fidel Suarez), están que el 54,1 por ciento de las niñas y niños no conocen los métodos anticonceptivos y que el 16,8 por ciento de las niñas/os ya ha tenido relaciones sexuales. Así mismo, la edad de la primera relación sexual está entre los 12 y los 14 años para el 52,4 por ciento de las niñas y para el 63,1 por ciento de los niños.
Según Lina María Herrera, coordinadora del proyecto, continuarán trabajando con niños, niñas y adolescentes, así como docentes, en educación integral para la sexualidad Adicionalmente se iniciará un proceso con actores sociales y funcionarios públicos para efectuar trabajos conjuntos que permitan promocionar y prevenir los problemas ya identificados en la línea base y a nivel nacional.
El albergue que dispuso la Alcaldía de Medellín para los 159 indígenas embera katío que se desplazaron en las últimas semanas desde El Dieciocho hasta la capital del departamento no da abasto. Según la Defensoría del Pueblo, el lugar solo tiene capacidad para 120 personas.
De acuerdo con la Defensoría, 72 niñas y niños presentaron algunos casos de problemas de salud por alimentación inadecuada. Además, un integrante de la comunidad y su familia tuvieron que ser aislados por Covid-19. El desplazamiento de los indígenas se dio a finales del mes pasado por temor a las posibles actuaciones del Clan del Golfo o las Agc en su territorio.
Este viernes, Codechocó llevó a cabo la primera reunión para definir el comité encargado de tomar decisiones y medidas en pro de la protección y promoción de la fauna silvestre en el territorio carmeleño. Este grupo se reunirá periódicamente en el marco de las campañas de Codechocó para la sensibilización ambiental, acciones de control y atención de fauna silvestre que enfrenten las cifras de especies amenazadas en la región
En la capacitación, los asistentes conocieron que a pesar de que el Chocó es uno de los puntos en donde más se conserva la biodiversidad en el mundo –con más de 11.419 especies registradas, 42 mamíferos y 140 aves– la fauna silvestre del departamento se encuentra amenazada por la minería, la caza y la pesca no sostenible así como el tráfico ilegal de fauna silvestre. En las veredas aledañas al Cerro Plateado se han presentado casos de cacería ilegal de venados y otras especies, así como riesgos de muerte de felinos.
El lunes un habitante de la vereda Los Sánchez puso una queja en la alcaldía porque cuatro familias se encuentran incomunicadas desde que la quebrada se creció esta semana y taponó el puente que comunica la finca la Argentina con la finca de la Fundación Proaves. "Lo que queremos es que nos den una respuesta y nos colaboren con el arreglo del puente, porque nos encontramos totalmente incomunicados. Tenemos que desplazarnos a nuestros sitios de trabajo y los niños tienen que desplazarse para ir al colegio. Pedimos que nos colaboren, porque estamos corriendo un riesgo muy alto”, dice Fanny Mosquera, habitante de la vereda. En el último trimestre han perdido la vida tres personas en accidentes en el río Atrato y sus afluentes.
Por qué es importante
Miner S. A. es la única empresa que explota cobre en el país, un material esencial para la transición energética cuyo valor comercial va en ascenso. En los últimos 22 años la mina ha procesado aproximadamente 1,8 millones de toneladas de mineral. Sin embargo, pese a su relevancia en el sector minero, la Agencia Nacional de Minería no ha explicado públicamente por qué la empresa sigue operando en El Carmen de Atrato.
Qué está pasando
Miner SA, o Minera El Roble, continúa extrayendo cobre, oro y plata del suelo en El Carmen de Atrato a pesar de que su concesión minera se venció el pasado 23 de enero. Y puede seguir haciéndolo. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante.
La autoridad minera considera que el contrato de concesión que Miner S.A mantenía con el estado colombiano desde 1987 continúa vigente pues no se declaró su terminación y puede seguir funcionando mientras está en proceso de creación de un nuevo acuerdo. Lo mismo sucede con los permisos y autorizaciones otorgados por Codechocó, la autoridad ambiental departamental. Esto quiere decir que la Minera El Roble tiene luz verde para seguir funcionando bajo los mismos términos de siempre, y que su actividad aún se rige por el primer código de minas del país, expedido en 1988.
Según la ANM, Miner SA está al tanto de esta decisión desde el 28 de diciembre del año pasado –26 días antes del vencimiento del contrato– cuando recibió un oficio de la agencia en respuesta a una consulta realizada por la empresa. En ese entonces, la ANM le confirmó a la minera que el contrato estaba “renovado transitoriamente”.
En la respuesta, la Agencia Nacional de Minería afirma que se encuentra estudiando una solicitud de nuevo contrato elevada por Miner SA, y da a entender que el contrato se renovará. “(De acuerdo con) la normatividad y los conceptos emitidos por la entidad, se tiene que el título podrá seguir en ejecución hasta que se perfeccione el nuevo contrato y con la suscripción del nuevo contrato se dará continuidad a los trabajos de explotación”, dice la ANM. Esto, a pesar de que entre 2014 y 2020 la minera no pagó las regalías correspondientes a su actividad minera, situación por la que suscribió un acuerdo de pago por 87.900 millones de pesos con la agencia en diciembre del año pasado tras una investigación de la Contraloría.
Además, la agencia afirma que, de acuerdo con la ley, Miner S.A tiene prioridad en este proceso (según el artículo 77 de la Ley 685 de 2001) para contratar de nuevo la misma área y continuar en ella las labores de explotación. “El concesionario tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las labores de explotación. Esta no tendrá que suspenderse mientras que se perfeccione el nuevo contrato”, dice la comunicación.
“El título podrá seguir en ejecución hasta que se perfeccione el nuevo contrato y con la suscripción del nuevo contrato se dará continuidad a los trabajos de explotación”
Agencia Nacional de Minería
¿Qué dicen los expertos?
Si bien la Agencia Nacional de Minería cita varias normas para explicar su decisión, Consonante consultó a varios expertos en minería que señalaron que la situación de Miner SA es cuestionable y beneficia a la empresa. Dan varias razones:
¿Qué dice la gente?
En El Carmen de Atrato poco se sabe de qué está pasando con Miner SA. Algunos habitantes dicen que sus voces no han sido tenidas en cuenta en el proceso de construcción del nuevo documento y no saben en qué estado está. Hay quienes especulan que estará listo antes de la llegada del nuevo presidente, pero no tienen más información. Además, hay mucha expectativa frente al futuro de la mina pues es la principal fuente de empleo directo e indirecto en el pueblo.
“Cuestionar una empresa que genera tantos empleos directos e indirectos es muy mal visto, pero en voz baja sí hay mucha inconformidad. La dependencia económica hace que muchas voces no se levanten, sólo susurran”
Marcela Sanchez, guardiana del río Atrato
Lo que sigue
