¿Por qué continúa Miner SA operando en El Carmen de Atrato?

Por qué es importante

Miner S. A. es la única empresa que explota cobre en el país, un material esencial para la transición energética cuyo valor comercial va en ascenso. En los últimos 22 años la mina ha procesado aproximadamente 1,8 millones de toneladas de mineral. Sin embargo, pese a su relevancia en el sector minero, la Agencia Nacional de Minería no ha explicado públicamente por qué la empresa sigue operando en El Carmen de Atrato.

Qué está pasando

Miner SA, o Minera El Roble, continúa extrayendo cobre, oro y plata del suelo en El Carmen de Atrato a pesar de que su concesión minera se venció el pasado 23 de enero. Y puede seguir haciéndolo. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante.

La autoridad minera considera que el contrato de concesión que Miner S.A mantenía con el estado colombiano desde 1987 continúa vigente pues no se declaró su terminación y puede seguir funcionando mientras está en proceso de creación de un nuevo acuerdo. Lo mismo sucede con los permisos y autorizaciones otorgados por Codechocó, la autoridad ambiental departamental. Esto quiere decir que la Minera El Roble tiene luz verde para seguir funcionando bajo los mismos términos de siempre, y que su actividad aún se rige por el primer código de minas del país, expedido en 1988.

Según la ANM, Miner SA está al tanto de esta decisión desde el 28 de diciembre del año pasado –26 días antes del vencimiento del contrato– cuando recibió un oficio de la agencia en respuesta a una consulta realizada por la empresa. En ese entonces, la ANM le confirmó a la minera que el contrato estaba “renovado transitoriamente”.

En la respuesta, la Agencia Nacional de Minería afirma que se encuentra estudiando una solicitud de nuevo contrato elevada por Miner SA, y da a entender que el contrato se renovará. “(De acuerdo con) la normatividad y los conceptos emitidos por la entidad, se tiene que el título podrá seguir en ejecución hasta que se perfeccione el nuevo contrato y con la suscripción del nuevo contrato se dará continuidad a los trabajos de explotación”, dice la ANM. Esto, a pesar de que entre 2014 y 2020 la minera no pagó las regalías correspondientes a su actividad minera, situación por la que suscribió un acuerdo de pago por 87.900 millones de pesos con la agencia en diciembre del año pasado tras una investigación de la Contraloría. 

Además, la agencia afirma que, de acuerdo con la ley, Miner S.A  tiene prioridad en este proceso (según el artículo 77 de la Ley 685 de 2001) para contratar de nuevo la misma área y continuar en ella las labores de explotación. “El concesionario tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las labores de explotación. Esta no tendrá que suspenderse mientras que se perfeccione el nuevo contrato”, dice la comunicación.

¿Qué dicen los expertos?

Si bien la Agencia Nacional de Minería cita varias normas para explicar su decisión, Consonante consultó a varios expertos en minería que señalaron que la situación de Miner SA es cuestionable y beneficia a la empresa. Dan varias razones:  

1. La ANM debió declarar la caducidad del contrato hace mucho tiempo: la primera pregunta que se hacen los especialistas es por qué, a pesar de que la empresa no pagó regalías correspondientes a seis años de operaciones, el contrato no fue terminado por la Agencia Nacional de Minería. Según una cláusula del contrato firmado en 1987, la empresa debía pagar el concepto de la participación nacional si producía más de 100 mil toneladas de mineral por año. Entre 2014 y 2020, la minera superó este monto y no hizo los aportes correspondientes, pero tan solo en 2017 la autoridad minera demandó a la empresa. En todo ese tiempo, se hizo evidente que la autoridad no había cumplido con sus funciones, por lo que la Contraloría abrió una investigación que sólo terminó con el anuncio de un acuerdo de pago entre la ANM y la Minera El Roble por 87 mil millones. Este acuerdo se suscribió en diciembre, pero solo se dio a conocer por la Contraloría en febrero de este año.
   
   Para Álvaro Pardo, director del centro de estudios mineros Colombia Punto Medio y exdirector técnico de minas del Ministerio de Minas y Energía, la falta de pago de sus obligaciones debió ser causa suficiente para caducar el contrato. “En la ley 685 de 2001, en el artículo 112 dice claramente que el contrato podrá terminarse por la declaración de su caducidad, una de las causas es el no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas. Sin embargo, el contrato continuó y ahora tienen la posibilidad de firmar uno nuevo”.
   
2. Poco se sabe sobre el nuevo contrato: Darío Cújar, ingeniero de minas y metalurgia, ha investigado a fondo este caso. Para Cújar, hay mucha opacidad con respecto a la posible renovación del contrato. Por ejemplo, no se ha conocido la reversión de muebles, inmuebles y propiedades que debería hacerse por la terminación de los 30 años de la concesión. Asegura que la ANM no ha dicho cuál es el valor de la infraestructura de esos bienes, cuánto tienen que pagarle al Estado por eso y cuánto porcentaje le darían a El Carmen de Atrato. Tampoco se conocen los ajustes de las medidas ambientales que se deberían acordar o las inversiones que debería pactar la empresa con la comunidad de El Carmen de Atrato.
   
3. La empresa puede continuar sus labores de explotación de manera indefinida bajo la normatividad anterior: Miner S.A no solamente tiene prioridad para seguir con la extracción, sino que la autoridad les permite seguir extrayendo mientras se termina la transición al nuevo régimen sin un plazo fijo. Para Pardo, esto es “cuestionable”, porque mientras que se realiza la transición entre un contrato y el otro las reglas de juego deberían ser más concretas.
   
   “No se fija un periodo para la transición, de manera que pueden pasar años y años… y a las empresas no les afana porque en ese entretanto pueden seguir explotando sus minas”, afirma el especialista que considera que se debieron establecer unos plazos para hacer la transición. “De manera que ahí se pueden quedar toda la vida si quisieran, porque no hay una norma que fije algo en contrario y eso es absolutamente irregular, siguen con las mismas normas antiguas pero disfrutando de la extracción”, dice.

¿Qué dice la gente?

En El Carmen de Atrato poco se sabe de qué está pasando con Miner SA. Algunos  habitantes dicen que sus voces no han sido tenidas en cuenta en el proceso de construcción del nuevo documento y no saben en qué estado está. Hay quienes especulan que estará listo antes de la llegada del nuevo presidente, pero no tienen más información. Además, hay mucha expectativa frente al futuro de la mina pues es la principal fuente de empleo directo e indirecto en el pueblo.

• Marcela Sanchez es guardiana del río Atrato y hace parte de la Fundación Mesa Social y Ambiental. Dice que no se explica cómo pueden seguir funcionando bajo leyes tan antiguas: “no entendemos cómo es posible que algo así suceda, cómo un contrato y unas condiciones que son desde el siglo pasado no se merezca que ya en este momento estuviera con las reglamentaciones actuales”. Y agrega:  “las respuestas de la ANM son ambiguas, no son concluyentes, no son concretas”.

• Desde enero, varios líderes están exigiendo mayor participación en este proceso pues, consideran, son los principales afectados. Hacen énfasis en que la minera debe comprometerse a cumplir los planes de compensación ambienta: “este proceso lo hemos pedido hace rato, hemos luchado mucho, tenemos que aprovechar esta puerta que se abre”, afirmó en enero Ramón Cartagena, presidente de la Fundación Mesa Social y Ambiental.

• Un miembro del sindicato de Miner SA afirma que existen varias quejas por los horarios de trabajo, pero no han podido establecer un diálogo fluído con representantes de la minera. Esperaban que el nuevo contrato abriera esta posibilidad pero no ha sido así.  “La empresa se niega a hacer un diálogo con los líderes a ver que se puede hacer por la región y con el sindicato”, dice el hombre que pide la reserva de su identidad por razones de seguridad.  Y sobre todo que para el nuevo acuerdo tuvieran en cuenta el valor del Cobre, clave para la transición energética y cuyo precio se espera aumente su valor en los próximos años. 
  
  
• Otras de las peticiones de El Carmen de Atrato a la Minera El Roble van orientadas a pedir más apoyo al desarollo local. Por ejemplo, que la minera contrate a trabajadores y empresas de la región y los capacite. Por otro lado, piden que pague contraprestaciones adicionales por los altos precios que se derivan de la importancia del cobre en la transición energética y apoyo en temas educativos, como becas y construcción de colegios.

Lo que sigue

• Los expertos explican que, según la respuesta de la Agencia Nacional de Minería, Miner SA puede continuar funcionando con la antigua concesión y bajo un código minero expedido hace más de 30 años de manera indefinida. 

• La comunidad continúa esperando conocer más detalles sobre el proceso de creación del nuevo contrato de concesión. 

• Darío Cújar solicita que el nuevo contrato sea auditado por la Procuraduría como sucedió en el caso de la empresa Drumond, en el César, pues desconfía de la neutralidad de la ANM. Cújar envió un derecho de petición en abril de este año a la Procuraduría solicitando la participación de delegados de El Carmen de Atrato, la Gobernación del Chocó, y miembros de la sociedad civil “como terceros intervinientes para garantizar que la prórroga del contrato se incluyan cláusulas que beneficien a la comunidad, a la región y al país”. La petición de Cújar, que incluye que la ANM informe a la opinión pública cuáles son los trámites a seguir, no ha sido respondida.