Camilo Puentes tiene lesionada la columna desde hace casi un mes. Después de un accidente y varios tratamientos en el hospital Renacer, de Inírida, su caso está totalmente congelado. En el hospital no hay forma de que le practiquen la resonancia magnética que necesita, porque no hay un equipo tan especializado. Y aunque lo remitieron a Bogotá, el viaje tampoco avanza. La razón que le da la Nueva EPS es que no hay camas en la capital. Mientras tanto, está expuesto a que su lesión sea de por vida. 

La situación de Camilo no es un caso aislado. Su caso se convirtió en una más de las 217 tutelas que se interpusieron en Guainía entre 2025 y lo que va de 2026 por temas de salud. Según datos de la Defensoría del Pueblo, la mayoría reclama lo mismo que él: el acceso a transporte y viáticos para la atención en salud en otros lugares distintos a Inírida. Esto representa aproximadamente el 40 por ciento del total de las acciones.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, el 82,9 por ciento de los usuarios consultados en abril de 2026 (39 de 47 personas) reportaron problemas en la entrega de medicamentos.

En Guainía solamente hace presencia la Nueva EPS y el único hospital de “segundo nivel” está en Inírida, alejado de la mayoría de los habitantes que viven principalmente en suelo rural. Alrededor del 99 por ciento de la población afiliada al sistema de salud en el departamento está vinculada a esta EPS, mientras que el porcentaje restante corresponde al régimen del magisterio (FOMAG), administrado por Fiduprevisora, que enfrenta dificultades similares en la garantía de la prestación de los servicios.

Las carencias del principal hospital del Guainía

En el papel, el Hospital Renacer presta servicios de primer y segundo nivel de atención. Cuenta con equipos básicos extramurales para atender a las comunidades ribereñas y rurales y ofrece servicios de medicina general, odontología, psicología, ortopedia y cirugía. Sin embargo, la institución no tiene la capacidad instalada, por ejemplo, para realizar cirugías de alta complejidad o estudios como el que necesita Camilo.

Aunque dispone de unidades de cuidados intensivos (UCI), su director asegura que la demanda de especialistas se atiende mediante brigadas que llegan al departamento durante una semana para prestar servicios de dermatología, psiquiatría, oftalmología, cardiología, entre otras áreas. No obstante, la cobertura es insuficiente frente a la alta demanda. 

“Esta red de prestación de servicios está ahorita en el momento con un hospital principal que es de baja complejidad con unas especialidades de mediana complejidad. Estamos proyectándonos para ser de mediana complejidad… ampliar esas especialidades", asegura Diana Milena Díaz Martínez, coordinadora de prestación de servicios de la Secretaría de Salud departamental. El objetivo es que la población no tenga que salir del departamento para exámenes básicos: "Que si tiene que hacer un Doppler, no tenga que ir a Bogotá... Una mamografía que la hagan acá".

Y es que uno de los principales retos logísticos de la ESE son las distancias geográficas y la dependencia del transporte fluvial y aéreo. Esto hace que la atención integral dependa en gran medida de la red de remisiones, donde, según la institución, se presenta la principal dificultad.

Según su director, Mauricio Hernández, el Hospital Departamental Intercultural Renacer es el principal prestador público de salud de segundo nivel en Guainía. Su modelo articula la medicina occidental con los saberes y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas. Para ello construyó una maloca y una sala de parto indígena, donde los pacientes pueden elegir entre la atención de un sabedor tradicional o de un médico occidental. Además, el hospital cuenta con intérpretes en diferentes lenguas indígenas.

De acuerdo con Hernández, al asumir la administración del hospital hace seis meses encontró una infraestructura deteriorada. Aunque la ESE inició operaciones el 1 de junio de 2023, asegura que el operador privado anterior no realizó inversiones en infraestructura. Desde la departamentalización se han adelantado mejoras en techos, puertas y otras áreas de la infraestructura para cumplir con las condiciones de habilitación exigidas por la normatividad sanitaria nacional.

Desde el 1 de enero de 2026, cuando la actual administración recibió la ESE, uno de sus principales objetivos ha sido fortalecer la infraestructura y el mantenimiento hospitalario. Hernández explica que la alta humedad del departamento acelera el deterioro de las instalaciones. Entre las acciones proyectadas para los próximos meses están el reemplazo de las camas hospitalarias, el fortalecimiento de los servicios de cirugía y laboratorio, la adecuación del área de urgencias, la adquisición de nuevos equipos y mobiliario hospitalario y la incorporación de una torre de laparoscopia para realizar cirugías menos invasivas.

El proyecto de fortalecimiento del hospital se concentra en tres prioridades: infraestructura, dotación y ampliación de la oferta de servicios. Entre las metas están crear una unidad de cardiología con la vinculación de un cardiólogo, incorporar gastroenterología para realizar laringoscopias, colonoscopias y otros procedimientos gastrointestinales, y fortalecer los servicios de oftalmología y otorrinolaringología mediante brigadas de especialistas. Sin embargo, la institución señala que estos planes dependen de que Nueva EPS pague la deuda millonaria que, según el hospital, mantiene colapsado el sistema de salud en el departamento.

El caos de la Nueva EPS

Desde la Secretaría de Salud departamental destacan que el problema central de la salud en Guainía es una combinación entre las fallas financieras de la Nueva EPS, las dificultades logísticas para la entrega de medicamentos y la complejidad de las remisiones hacia el interior del país.

Lo más crítico es la situación con la Nueva EPS, a la que Martínez calificó como un "dolor de cabeza". La entidad mantiene deudas millonarias, como los 8.000 millones de pesos adeudados a los albergues (como Sukurame), lo que ha provocado cierres de servicios y deterioro en la atención de los pacientes remitidos. Además, la crisis financiera de la EPS hace que los hospitales en Bogotá y Villavicencio restrinjan la recepción de pacientes de Guainía.

La falta de pagos oportunos a clínicas y hospitales de tercer y cuarto nivel, sumada a las dificultades logísticas, ha provocado la suspensión de servicios. Los pacientes de Guainía, que con frecuencia requieren transporte aéreo y alojamiento durante sus tratamientos, enfrentan demoras en la entrega de viáticos y tiquetes, así como suspensiones del servicio de albergue por falta de recursos de la EPS.

El diario El Morichal reseñó que pacientes alojados en el albergue Sukurame, en Villavicencio, denunciaron hacinamiento, mala calidad de los alimentos, problemas de aseo y deficiencias en el suministro de agua. Según el medio, estas condiciones son consecuencia de una deuda cercana a los 8.700 millones de pesos que Nueva EPS mantiene con el albergue, de los cuales 2.700 millones corresponden a obligaciones ya reconocidas por la entidad y aún no pagadas.

Una vez que los pacientes logran ser remitidos, las dificultades continúan. Carmen Fuentes relató que tanto ella como otros pacientes y sus acompañantes enfrentaron suspensiones del alojamiento, mala alimentación, retrasos en la entrega de viáticos y demoras en el ingreso a los albergues. También denunciaron hacinamiento, deficiencias en el aseo de baños y ropa de cama, y condiciones inadecuadas durante su permanencia.

En el plano asistencial, los retrasos en la atención y la suspensión de servicios generan interrupciones en tratamientos oncológicos, terapias de diálisis y la entrega de medicamentos esenciales, lo que incrementa los riesgos para pacientes con enfermedades crónicas.

Desde el Hospital Renacer explican que, una vez se genera una remisión, esta se carga en la plataforma de Nueva EPS y comienza la búsqueda de una institución que reciba al paciente. En ese proceso se envían solicitudes a clínicas y hospitales, mientras el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Departamental (Cruder) apoya la gestión para conseguir una cama. Sin embargo, algunas instituciones rechazan pacientes afiliados a Nueva EPS debido a las deudas de la entidad. Esto prolonga la espera durante varios días o incluso meses. Como el caso de Deyci Martínez, quien llevaba 60 días esperando una remisión, además de otros dos pacientes con más de dos semanas de espera.

Sobre la posibilidad de cambiar de EPS, Paula Londoño explicó que Nueva EPS llegó a Guainía mediante la Resolución 2626 de 2019 del Ministerio de Salud, que implementó el Modelo de Atención Integral Territorial (Maite) para departamentos con alta ruralidad. Este modelo establece la operación de una única EPS en el departamento. Cuando Coosalud salió del territorio, la Nueva EPS asumió la prestación del servicio y todos los usuarios fueron trasladados de manera obligatoria.

La situación ya es conocida por los organismos de control y por la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, el Hospital Renacer continúa atendiendo a los pacientes hasta que se concreta su traslado. Mauricio Hernández insiste en que las remisiones no dependen del hospital; sin embargo, las largas estancias hospitalarias incrementan los gastos en medicamentos, alimentación, insumos y atención. Añade que incluso se han presentado fallecimientos de pacientes mientras esperaban una remisión, situación que ha sido reportada a los organismos de control sin que, hasta el momento, exista una solución de fondo.

En las remisiones ambulatorias de alta complejidad, como cardiología, neurocirugía, oncología y ortopedia especializada, la responsabilidad vuelve a recaer sobre la Nueva EPS. Cuando las brigadas de especialistas llegan al hospital, la atención se presta directamente allí. Sin embargo, si el paciente requiere manejo oncológico u otro procedimiento de mayor complejidad, el trámite corresponde a la EPS. En el caso de pacientes hospitalizados, el Hospital Renacer gestiona la búsqueda de una cama, pero en ambos escenarios la responsabilidad final del proceso es de la EPS.

Sobre las garantías para pacientes indígenas que viven en zonas apartadas del Alto, Medio y Bajo Guainía, el director del Hospital Renacer explicó que actualmente la EPS tiene contratado con la institución el servicio de transporte fluvial, aunque dejará de ser el operador cuando entren en vigencia los nuevos contratos. Si una urgencia ocurre en lugares como Remanso, se activa de inmediato la ruta fluvial para trasladar al paciente. En cambio, cuando la emergencia ocurre en zonas como San Felipe o Campo Alegre, donde solo es posible el acceso por vía aérea, el hospital notifica a Nueva EPS para que coordine la disponibilidad de una aeronave y el traslado del paciente.

Una situación que se repite en toda la región amazónica

Según Jesús Ortega Bolaños, médico de la Universidad Nacional con doctorado en ciencias sociales y profesor de salud pública experto en modelos interculturales en la Amazonía, lo que ocurre en Guainía es un reflejo de una problemática sistémica que afecta a toda la región amazónica, incluyendo departamentos como Amazonas, Vaupés y Caquetá

Para Ortega, la región amazónica vive una "crisis estructural" donde el modelo sanitario institucional, como el de los hospitales urbanos, deja por fuera el gran escenario comunitario y rural que define a la selva. La gravedad de la situación varía según el departamento, pero mantiene un patrón de precariedad; el experto afirma, por ejemplo, que Vaupés tiene una problemática casi mayor que Guainía en temas de remisiones. Mientras que en Caquetá la atención se ve fuertemente afectada por la violencia y el conflicto armado.

En toda la región, las barreras de acceso a la salud en las zonas rurales superan a las urbanas en más de un cinco por ciento, lo que convierte la idea de la cobertura universal en algo más "teórico que operativo". Dependiendo casi exclusivamente de un transporte fluvial costoso y lento.

El experto describe el sistema de remisiones como una expresión del fracaso de la salud rural, señalando que en estos territorios "no hay ambulancias medicalizadas, ya sea de tipo terrestre, aéreo o fluvial, suficientes". Esta carencia logística obliga a los pacientes en áreas selváticas a esperar días para ser evacuados, lo que causa que sus cuadros clínicos sean tratados finalmente en un estado de mayor gravedad.

Ortega sostiene que el modelo de aseguramiento actual es incompatible con la realidad amazónica porque a las EPS "lo que más les interesa es la gestión de riesgo individual", y no la salud colectiva o preventiva que demandan las comunidades indígenas.

¿Qué soluciones hay?

Frente a la crisis de Nueva EPS en Inírida, actualmente intervenida, funciona el Comité MIAS, una instancia en la que participan las entidades del sistema de salud para analizar las problemáticas del modelo de atención y definir acciones dentro de las competencias de cada actor. Tras una visita de la Superintendencia Nacional de Salud se revisaron temas como las remisiones, los albergues y la entrega de medicamentos, y se establecieron algunos compromisos. Sin embargo, aún no existen soluciones de fondo. A la fecha, hay 14 pacientes pendientes de remisión y cinco con estancias hospitalarias prolongadas.

Cuando un paciente requiere atención urgente en especialidades como cardiología o neurocirugía y la autorización de la remisión no llega a tiempo, el hospital recurre, de manera excepcional, al traslado primario. En estos casos, se gestiona el transporte aéreo para trasladar al paciente directamente al servicio de urgencias de un hospital de mayor complejidad, en Villavicencio o Bogotá, debido al riesgo que representa la demora en la atención.

La ESE asegura que ha reportado estas anomalías ante la Superintendencia Nacional de Salud sin obtener respuesta. Hace un mes se realizó una mesa de trabajo con participación de esa entidad, pero no se definieron soluciones para la situación de Nueva EPS. Mientras tanto, el hospital afirma que continuará reportando la situación ante los organismos de control y prestando atención a los pacientes que requieran sus servicios, a la espera de que se adopten medidas que permitan superar la crisis.

Desde la Secretaría de Salud del Guainía, las soluciones propuestas se centran en una transformación estructural del servicio y en gestiones administrativas para mitigar la crisis financiera.

Paralelamente, se han realizado mejoras en 16 infraestructuras rurales mediante la instalación de baldosas y cielos rasos. En el ámbito financiero, la Secretaría depende del "subsidio a la oferta" para que pueda abrir las puertas y se pueda garantizar la atención en una red que no puede sostenerse sólo por la venta de servicios. Operativamente, se busca solucionar el desabastecimiento en zonas dispersas mediante "acuerdos de voluntades" entre la Nueva EPS y el hospital Renacer para que sea este último quien disponga de esos medicamentos directamente.

Sin embargo, el problema debe atenderse de fondo. Jesús Ortega argumenta que cualquier reforma debe partir de una reflexión profunda sobre qué tipo de salud requiere el país: “no debe limitarse a apagar incendios o hacer un ejercicio muy de contingencia", asegura. Sostiene que el modelo de salud en Guainía debe ser algo muy particular para responder a una población dispersa, exigiendo un enfoque que realmente integre lo individual con lo colectivo y lo intercultural. Para él, el reto del gobierno es trascender los intereses particulares y adoptar una visión que reconozca las necesidades sociales más allá de los simples motivos de consulta médica.

En San Tropel no hay agua potable ni luz eléctrica. La esperanza de este pueblo caribeño está puesta en el padre Pío Quinto Quintero, párroco y consejero de todos y cada uno. En las misas de domingo pasa todo lo importante, incluida la aparición de Gentil Cortés Caballero, la nueva entretención del pueblo. Gentil, al inicio, es casi el enviado de Dios para las mujeres solteras y la esperanza de un nuevo futuro. Al final, una decepción más.

San Tropel es San Juan del Cesar. Su historia llegó a ocupar las pantallas de todo el país en 1987. Esta producción es la versión para televisión del libro homónimo de la escritora Ketty Cuello de Lizarazo. Y aunque fue un éxito en toda Colombia, los más fervientes televidentes, sin duda alguna, fueron los sanjuaneros. “A esa hora (cuando presentaban la novela) todos estaban en su casa. Eso generó una expectativa colectiva, porque el que no se había leído el libro o no conocía a San Juan del Cesar, lo iba a conocer a través de cada capítulo de la novela. Y es que más de uno en San Juan se sentía protagonista”, cuenta Ana Milena Mendoza Brito, docente de la Institución Educativa El Carmelo y miembro del colectivo cultural Pro Centro Histórico.

Ketty María Cuello Fernández nació en 1950, en San Juan del Cesar, dentro del hogar de Julio Alberto Cuello y Ketty Fernández. Es la menor de cinco hijos que ocupaban la casa del lado de la iglesia de San Juan Bautista, en el centro del pueblo. Su niñez estuvo marcada por las costumbres de esa época, la visita a los abuelos, los juegos con sus compañeros y, como en San Tropel, las misas de domingo.

Su hermana Alicia era su compañera inseparable. Siempre se les veía juntas en paseos o bailes; las diferencias nunca apagaron su amor. Es ella la que hoy, con su mirada serena y voz apacible, siempre está dispuesta a responder las inquietudes de personas que se detienen a leer la inscripción de la placa de mármol con el nombre de su hermana. Alicia se ha convertido en la voz que mantiene vivo su legado y con sus recuerdos permite conocer parte de la vida de Ketty desde la intimidad de su hogar.

Alicia recuerda siempre cuando a Ketty, representando al departamento de La Guajira, la nombraron como reina nacional del café durante el año 1969, en Calarcá, Quindío. Aunque no pudo acompañarla esa vez, estaba atenta a la transmisión por radio el día de su coronación: “Fue todo un acontecimiento en el pueblo”. Recuerda que vio un helicóptero tirando papelitos: “realmente fue muy emocionante”, asegura.

Ese evento también lo recuerda Hermes Francisco Daza, periodista y amigo de Ketty. “Cuando llegó a San Juan, eran las 12 del mediodía; llegó con un solazo que nos sorprendió;  sin embargo, el alcalde de ese tiempo le había preparado un recibimiento. Aunque la gente estaba almorzando o haciendo la siesta, alguien corrió la voz y empezaron a sonar los cohetes. Se le hizo un recorrido por las principales calles de San Juan”.

Lo que no se imaginaron los sanjuaneros era que esa mujer carismática, inteligente y digna representante de la belleza guajira se convertiría más adelante en una de las escritoras más destacadas del municipio.

Después de su título de belleza, Ketty se radicó en Bogotá. Allí se casó con Julio Lizarazo Arévalo, un bogotano, con el que tuvo dos hijos. Después de casada, estudió literatura y periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana y fue en esa etapa de su vida que su talento como escritora salió a relucir.

El primer libro que publicó, en 1977, fue la novela “Algún día brillará el sol”. Allí habla de las presiones sociales que enfrentaban  las mujeres en esa época, sobre todo las relacionadas con la sexualidad y la moralidad. Más adelante escribió el cuento “Sálvese quien pueda”, premiado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana en 1980. Y finalmente, en 1985, su obra más reconocida: San Tropel Eterno.

Su estilo de escribir, inspirado en la vida cotidiana de la región Caribe, llamó tanto la atención que la programadora de Caracol la adaptó para televisión en 1989. El éxito fue nacional. Después escribió otros títulos como Retratos bajo la tempestad, Mandinga sea y el Ángel del acordeón, que fue adaptada al cine en el 2008, dirigida por su hija María Camila Lizarazo. En el 2012 escribió la novela Al volver del cielo.

En San Juan del Cesar las paredes guardan la historia de poetas, escritores y compositores que dieron identidad al municipio.  A través de placas de mármol que destacan su vida y obra, estas historias abiertas se reconstruyeron con vecinos que investigan, por familiares que recuerdan, y un colectivo que se resiste a olvidar a sus artistas.

Entre letras y canciones

La historia de Ketty es una de aquellas voces rescatadas por el esfuerzo silencioso de un movimiento comunitario, que nació el 5 de julio de 2025 y que se fue desarrollando en medio de conversaciones con café y vallenato. 

El proyecto colectivo “Pro-centro histórico de San Juan del Cesar” está conformado por ciudadanos, historiadores, empresarios y gestores culturales que buscan fortalecer la identidad cultural del municipio. Todos se unieron para crear la ruta Entre letras y Canciones: 21 placas conmemorativas que no solo preservan la historia de poetas, escritores y compositores, sino que también han impulsado mejorar la estética del centro histórico del municipio. Han pintado más de 28 casas de arquitectura colonial y tradicional, de tal manera que cada fachada se convierte en un libro abierto que invita a leer su cultura.

“Queremos escribir la historia en piedra de nuestros artistas sanjuaneros, para que nunca se borren y las generaciones futuras nunca la olviden”, expresa Carlos Egurrola, enlace turístico del municipio.

Todo empezó con la reunión de los historiadores Adina Ariza y Alfredo Mendoza, quienes recopilaron la información que ayudaría a crear una narrativa histórica unificada que mostrara el alma del territorio. San Juan no solo es tierra de compositores, también es tierra de literatura.

“Nos dimos cuenta de que antes de que llegara la música lo que había eran las letras, o sea, la literatura. Que había poetas, escritores y con la llegada de la música, pues esas poesías lo que hicieron fue vestirse con canciones y las canciones comenzaron también a tener algo más poético en su contenido”, señala Andrés Murillo, gestor cultural y empresario turístico.

Y ese fue el punto de partida. Los primeros homenajeados iban a ser escritores, poetas y compositores con un recorrido que empieza en la plaza Simón Bolívar, recorre la Calle del Cayón, llega a la plaza Santander, sigue por la calle de las flores y termina pasando por la casa de la cultura y el museo de compositores.

En todo el recorrido aparecen nombres como el de Luis Egurrola, cuyas letras de canciones eran poesía:

Sus letras las cantó Diomedes Díaz. Su madre fue escritora y compositora, además su abuelo por parte de padre fue guitarrista, y violinista. Una historia que se repite incontables veces en este municipio. “Es por eso la importancia de comprender que San Juan es pionero en la composición. Que tiene más de un centenar de compositores y que de los 50.000 habitantes que tiene hay un compositor en potencia y eso es una maravilla”, indica el líder turístico.

En ese recorrido se encuentran otros personajes como Cristóbal Mendoza, poeta y serenatero. Mendoza es además el abuelo de dos reconocidos compositores sanjuaneros: Roberto Calderón y Rafael Manjarrez. Por donde se mire, San Juan del Cesar se confirma como cuna de compositores.

Las placas conmemorativas de mármol están incrustadas en las paredes de las casas donde vivieron estos personajes. Se embellecieron muchas fachadas y se descubrieron otros datos históricos, como que en una de ellas nacieron los bisabuelos del expresidente de Colombia Alfonso López Michelsen. “San Juan es una tierra también de personas influyentes, con una visión destacada que han representado por lo alto esta tierra maravillosa”, afirma Egurrola.

La construcción de esa ruta de memoria no fue tarea sencilla; se necesitó la determinación, la constancia y el esfuerzo de una comunidad que se negó a olvidar su historia y sus artistas. Las primeras intervenciones se lograron mediante un esfuerzo conjunto de la Gobernación, que aportó materiales y pinturas, las familias residentes de estas viviendas y los vecinos que con sus propios recursos pintaron sus fachadas.

También se unió a la causa la junta de acción comunal del barrio Centro, que les ayudó a tener una guía más clara sobre el recorrido y así poder organizarse. Algunas empresas privadas e instituciones educativas. Sin embargo, aún se necesita hacer un esfuerzo más: “Esperamos un impulso mayor por parte de las diferentes instituciones gubernamentales, la alcaldía, un poco más del viceministerio de turismo para fortalecer el proyecto”, señala Murillo.

Durante el proceso también identificaron necesidades que iban más allá del embellecimiento. Una de ellas era la iluminación de la ruta. Con el apoyo de la Alcaldía se reforzó el alumbrado de la Calle Quinta para que residentes y visitantes pudieran recorrer el sector con mayor tranquilidad durante la noche.

Otra apuesta ha sido la formación de guías turísticos. Integrantes de la comunidad han recibido capacitación para conocer la historia del municipio y compartirla con quienes llegan a San Juan. La idea, explican los promotores del proyecto, es que la experiencia no se limite a caminar por las calles, sino que cada parada permita comprender por qué este municipio es reconocido como la tierra de los compositores.

San Juan del Cesar es destino cultural

Rafael Celedón fue un sanjuanero religioso, poeta y filólogo, nacido en 1833. Sus padres  fueron María del Rosario Celedón Herrera, que provenía de una familia distinguida, hija del sacerdote español Miguel Jerónimo Celedón. Y su padre Nicolás Ariza Basabil. Entre su tío y su abuelo, el destino de Rafael se escribió en el sacerdocio.

Su labor como evangelizador y defensor de los derechos de las comunidades indígenas Wayú, Wiway Kankuamos fue muy reconocida. Trabajó por la protección y preservación de las lenguas indígenas. 

Hay historias que dicen, incluso, que Gabriel García Márquez lo nombró en ‘Cien años de Soledad’. En su obra, ‘Gabo’ describe que Rafael Escalona era “el sobrino del obispo”, refiriéndose así al prelado de quien procede el nombre del reconocido Liceo Celedón de Santa Marta, donde estudió el músico oriundo de Valledupar y recibió título honoris causa en el año 1992.

El Senado colombiano lo homenajeó con la Ley 36 de 1948, en donde lo reconocía como obispo de Santa Marta, maestro, escritor, lingüista y poeta. La norma ordenaba levantar un monumento en San Juan del Cesar, designando un recurso de $130.000 para dicha obra. Sin embargo, no hay registro de que se haya cumplido esa norma. 

“Conocer la vida de este personaje me hizo pensar que un pueblo que no reconoce su historia es un pueblo fantasma, y nuestro objetivo es recuperar su memoria”, dice Egurrola. 

El recorrido pasa por lugares emblemáticos como la plaza Santander y la tarima Juancho Rois. Allí también está la casa de la abuela del acordeonero, recordado por conformar junto a Diomedes Díaz una de las duplas más importantes de la historia del vallenato. Su legado sigue vigente décadas después, con canciones que continúan siendo escuchadas por nuevas generaciones.

La ruta también rinde homenaje a otros protagonistas de la música sanjuanera. Entre ellos está Máximo Móvil, compositor al que se le grabaron más de 150 canciones y cuya obra sigue siendo motivo de orgullo para los habitantes del municipio. También aparece Nelson Velásquez, uno de los artistas que llevó la música nacida en San Juan a escenarios nacionales e internacionales.

Sin embargo, la apuesta del colectivo va más allá del reconocimiento a sus músicos. Sus integrantes quieren que quienes visiten San Juan descubran un territorio donde la creación artística hace parte de la vida cotidiana y donde la poesía, la composición y la gestión cultural han pasado de generación en generación.

Ese objetivo también depende de que la comunidad haga parte del proyecto. La iniciativa busca articular a escuelas de música, emprendimientos, artesanos, cocineras tradicionales, mototaxistas, operadores turísticos y administradores de balnearios para que el turismo beneficie a distintos sectores del municipio.

"Es muy gratificante ver una comunidad que comienza a conectarse con este proyecto. Ya no le da la espalda a la cultura; la gente empieza a involucrarse y eso es lo más importante. No se trata del trabajo de un hotel o de una sola persona, sino de un esfuerzo comunitario", afirma Murillo.

Para Ana Milena Mendoza, docente y gestora cultural, preservar la memoria del municipio también es una forma de cuidar su identidad. Después de más de dos décadas dedicada a la enseñanza, encontró en el colectivo Pro Centro Histórico una manera de transmitirles a sus estudiantes el valor de conocer el lugar donde crecieron.

"Perder la memoria del pasado es como desconectarse de las raíces y perder el rumbo", dice. Por eso considera que las nuevas generaciones deben aprender a reconocer los símbolos, las historias y los lugares que conforman la identidad de San Juan para que ese patrimonio no desaparezca con el paso del tiempo.

Esa memoria también vive en las costumbres que aún conservan muchos sanjuaneros: el saludo al vecino, las conversaciones de esquina, el café compartido en las mañanas y la cercanía entre quienes habitan el municipio. Son prácticas cotidianas que, para Mendoza, ayudan a mantener vivo el espíritu del San Juan de antes mientras el pueblo sigue transformándose.

Ese legado es precisamente uno de los ejes de Entre letras y canciones. Más que recorrer monumentos o recordar compositores, la iniciativa busca reivindicar la tradición oral que dio origen a muchas de las canciones vallenatas. Las conversaciones familiares, las reuniones en las esquinas y las historias transmitidas por abuelos y padres son, para el colectivo, la materia prima de una tradición que convirtió a San Juan en una tierra de compositores.

Pero ese libro de páginas de mármol todavía no está completo. El colectivo proyecta ampliar el recorrido con nuevos personajes que también dejaron huella en la historia del municipio, entre ellos pintores, gestores culturales y líderes que, desde distintos ámbitos, contribuyeron a construir la memoria de San Juan del Cesar.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre un nuevo capítulo para los derechos de la población Lgbtiq+ en Colombia. Aunque el gobierno de Gustavo Petro dejó avances institucionales como la implementación de la política pública nacional para esta población, la creación del Ministerio de la Igualdad y la incorporación de acciones específicas en el Plan Nacional de Desarrollo, también termina con deudas importantes: las violencias no disminuyeron, proyectos como la Ley Integral Trans no avanzaron en el Congreso y el cierre del Ministerio de la Igualdad dejó en la incertidumbre buena parte de la institucionalidad creada para garantizar estos derechos.

El panorama también cambió durante la campaña presidencial. Por primera vez en varios años, candidatos volvieron a poner en duda derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional, como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. El hoy presidente Abelardo de la Espriella fue uno de los protagonistas de ese debate al afirmar que respaldaría iniciativas para revisar esas decisiones judiciales y al utilizar expresiones que organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como estigmatizantes hacia personas Lgbtiq+.

A ese escenario se sumó un aumento de la violencia política contra candidaturas diversas en las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo. Según la ONG Caribe Afirmativo, las campañas también se disputaron en redes sociales y plataformas digitales, donde burlas, discursos de desprestigio y ataques dirigidos contra personas diversas se amplificaron a través de videos virales, publicaciones y comentarios. La organización documentó que al menos la mitad de las 32 candidaturas abiertamente Lgbtiq+ reportaron agresiones por su orientación sexual o identidad de género. Lo mismo pasó con los candidatos presidenciales Claudia López y Juan Daniel Oviedo.

En este contexto, Consonante entrevistó a Wilson Castañeda, director de la ONG Caribe Afirmativo, para hacer un balance de los avances y las deudas que deja el gobierno saliente, analizar la situación de la población Lgbtiq+ con el nuevo gobierno y entender cuáles serán los principales retos en los próximos años.

Consonante: En 2022 registraron que cada 2,5 días asesinaban a un miembro de la comunidad Lgbtiq+. ¿Esta estadística tan difícil ha cambiado en los últimos cuatro años?

Wilson Castañeda: En el 2025 tuvimos un incremento del 63 por ciento en casos de violencia hacia personas Lgbtiq+ en Colombia en cuatro indicadores: el primero es que tuvimos 270 homicidios y feminicidios contra personas Lgbtiq+. Lo que corresponde, comparativamente con el año 2024, es 105 casos más de violencia letal.

Tuvimos más de 1600 denuncias de personas Lgbtiq+ que fueron agredidas en sus hogares en razón de su orientación sexual e identidad y expresión de género. Y más de 1200 amenazas digitales que circularon en redes sociales y plataformas electrónicas, posicionando el espacio digital como el espacio de mayor riesgo para este tipo de amenazas. 

Y finalmente documentamos con preocupación el mantenimiento de los casos de violencia por parte de la fuerza pública, que para el año 2025 sumaron 108 casos en todo el país. Además del crecimiento de delitos como la trata de personas, con más de 30 casos donde las víctimas son mujeres trans de origen venezolano. Siete casos de personas Lgbt dadas por desaparecidas y 10 denuncias de violencia sexual.

C.: ¿Cómo queda la población Lgbt después del gobierno de Petro? ¿Cuáles fueron los avances y qué deudas deja?

W.C.: En el gobierno de Gustavo Petro avanzamos mucho en materia de protección de derechos Lgbt. Se activó la implementación de la política pública que había sido aprobada en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que no había sido implementada en el gobierno de Iván Duque.

Se aprobó un CONPES de política social para tener acciones puntuales y recursos específicos para mejorar los derechos de las personas Lgbtiq+ . Se creó un sistema integral dentro del Estado para prevenir y atender violencias contra las personas diversas y finalmente se generó también institucionalidad con la creación del Ministerio de la Igualdad y del viceministerio de las diversidades sexuales y de género. Este fue el gobierno que por primera vez en la historia llevó al plan de desarrollo los temas Lgbtiq+.

En términos teóricos, se comprometió muchísimo con las personas Lgbt; tuvo avances significativos, pero esta situación de violencia que no logramos parar deja constancia de que no es suficiente este avance normativo institucional, y necesitamos acciones que mejoren la calidad de vida.

Durante el gobierno de Petro hemos tenido un florecimiento y un crecimiento del activismo Lgbt en las ciudades, en los territorios urbanos y rurales, y eso también demanda una acción en los entes territoriales de orden local. Pero en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, que son las ciudades que concentran los mayores casos de violencia, se redujo la capacidad de respuesta y atención a los derechos de estas personas. Esa reducción tampoco nos permite avanzar entendiendo que las alcaldías y las gobernaciones son los responsables primeros de superar el déficit de derechos que tienen las personas Lgbtiq+ en Colombia.

C.: Entre los temas que quedaron pendientes está el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población Lgbtiq+, que estaba adscrito al Ministerio de la Igualdad. ¿Qué impactos ha tenido el cierre de ese Ministerio para la población diversa?

W.C.: Tenemos una preocupación muy grande con el cierre del Ministerio de Igualdad. El gobierno desde el año pasado que recibió la decisión de la Corte se empeñó en subsanar y no hizo los cálculos políticos de que si el proyecto de ley no pasaba en el Congreso, podía cerrarse. Y eso fue lo que pasó. Esa falta de previsión no le permite hoy, faltando un mes y unos días para cerrar el gobierno, crear un salvavidas para el ministerio.

Eso es grave porque el MinIgualdad se dedicó a recoger lo que se venía haciendo en materia Lgbt en los otros ministerios. Lo ideal es que hubiese aprovechado este año de itinerancia para volver a mandar esas responsabilidades, los decretos y las resoluciones a los ministerios que tenían esa responsabilidad previamente, pero no lo hizo, y ya no lo puede hacer. El próximo gobierno va a llegar a la Casa de Nariño con una acción institucional muy reducida en materia Lgbt. Lo poco que queda en el Ministerio del Interior y toda la otra capacidad instalada que estaba en el Ministerio de la Igualdad desaparecen. 

Quedamos dependiendo exclusivamente de la voluntad del nuevo gobierno para crear esa institucionalidad, especialmente en la implementación de la política pública, la responsabilidad del CONPES que estaba en manos del Ministerio de la Igualdad, y el diálogo social y el acompañamiento que estaba haciendo el Gobierno Nacional a los entes territoriales y a las organizaciones sociales Lgbt.

Esperamos que el grupo de empalme pueda encontrar un lugar donde se puedan poner esos temas, porque de lo contrario terminaríamos diciendo que el inicio del gobierno de Petro nos dio muchos avances en materia de derechos, pero los perdemos con su salida.

C.: El año pasado se anunció la radicación de la Ley Integral Trans. ¿Tuvo algún avance en el Congreso?

W.C.: Colombia es un país que tiene una deuda histórica con legislar sobre derechos Lgbt. Nunca lo ha hecho; nuestras ganancias en derecho han sido bajo sentencias de la Corte Constitucional. Las pocas veces que el Congreso intentó legislar, ni siquiera se lograba pasar el primer debate por las posiciones homofóbicas y transfóbicas de los congresistas.

En algunas leyes de la República, como la Ley de Víctimas, la Ley de Prevención de la Violencia Sexual o el Estatuto Juvenil, se nombra a la LGBT, pero más como un componente de un todo general.

El Congreso que acaba de terminar el periodo legislativo por primera vez en la historia de Colombia tuvo siete congresistas abiertamente Lgbtiq+, que además se declararon en bancada. Estos siete congresistas trabajaron en dos grandes proyectos de ley: el de la prohibición de las terapias de conversión y la ley integral trans. Lastimosamente ninguno de los dos avanzó.

Hoy no solamente es el cambio de presidente, sino también el cambio de legislativo, un legislativo que no logra ni siquiera discutir los proyectos de ley Lgbt. El nuevo legislativo sólo tendrá dos congresistas abiertamente diversos. Vamos a ver si esos dos congresistas logran conseguir aliados para nuevamente poner esos proyectos de ley en discusión, porque son una necesidad para el país.

C.: En estas elecciones los derechos de las personas Lgbtiq+ se convirtieron en un tema de campaña y, en muchos casos, se usaron para generar controversia o movilizar votos. Desde Caribe Afirmativo, ¿por qué creen que los derechos ya conquistados terminan siendo cuestionados en el debate político?

W.C.: Esta contienda electoral fue un retroceso para nosotros. En las elecciones de los años 90 y la primera década de los 2000 era común que aparecieran en el debate electoral preguntas sobre si se debía avanzar en nuestros derechos, y los candidatos usaban estos temas para conseguir electores. 

Hace 4 años, cuando se eligió al presidente Petro, por primera vez todos los candidatos a la presidencia en ese momento, sin excepción, tenían en sus programas de gobierno propuestas de trabajar temas Lgbtiq+. En esas elecciones no tuvimos ninguna propuesta populista que, para buscar los votos conservadores, fuera contra nuestros derechos.

Sin embargo, en estas elecciones denunciamos tres cosas que pasaron con preocupación. La primera es que a excepción de Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo, los demás candidatos y candidatas no tenían ninguna propuesta en su programa de gobierno para garantizar y profundizar los derechos de las personas Lgbtiq+.

Lo segundo es que, si bien no tuvimos debates en esta campaña electoral, sí tuvimos muchísimas entrevistas y encontramos que muchos candidatos usaban nuestros temas para conseguir votos con informaciones equívocas. Decir cosas como, por ejemplo, que iban a revisar el matrimonio igualitario, cuando eso es un derecho adquirido hace 10 años por sentencia constitucional. O que iban a echar atrás la adopción homoparental, que es un derecho adquirido hace 11 años por sentencia constitucional. En vez de hacer propuestas, lo que hacían eran amenazas.

Y lo tercero fue la violencia política en razón de la orientación sexual e identidad y expresión de género. En el Congreso tuvimos un poco más de 30 candidaturas abiertamente Lgbt que se postularon para el mes de marzo y muchas de ellas sufrieron ataques verbales, simbólicos y algunos físicos. Juan Daniel Oviedo y Claudia López también fueron insultados verbalmente o simbólicamente en razón de su orientación sexual. 

Incluso la Defensoria del Pueblo denunció que hasta al candidato de extrema derecha, que es el hoy el presidente electo, si bien no es un hombre que se nominara como un hombre homosexual, en muchas ocasiones lo atacaban con insultos como si lo fuese. Es un retroceso para el país porque, finalmente, nuestros derechos no están en cuestión.

C.: Sabemos que los derechos no se pierden de un día para otro, pero ante un gobierno de extrema derecha vienen más retos para la población Lgbtiq+ ¿Qué deberíamos tener en la mira entendiendo las posturas que ha manifestado públicamente el nuevo presidente, por ejemplo, sobre “estar en desacuerdo” con la adopción homoparental?

W.C.: En campaña fuimos muy claros en decir que lo que el candidato estaba diciendo en los espacios de entrevistas ponía en grave riesgo los derechos de las personas Lgbtiq+ en Colombia. Y también advertimos que muchas de las personas que acompañaban al candidato, en su intención presidencial, son las personas que en el país vienen haciendo campaña contra los derechos de esta población.

Reconocemos su elección; es el presidente de los colombianos y las colombianas y lo vamos a acatar. Pero a partir del 7 de agosto tendremos una profunda preocupación, principalmente, porque usó en campaña la expresión de que él “iba a servir de instrumento si algún grupo de ciudadanos y ciudadanas quería poner en revisión decisiones de la Corte” que han garantizado nuestros derechos. Y el primer mensaje es, muy respetuosamente, que esto ya es cosa juzgada por la Corte Constitucional. La doctrina de los derechos humanos deja claro que puede existir un retroceso en materia de derechos. Entonces, no es saludable proponerle a la ciudadanía que un derecho garantizado se vaya a echar para atrás.

La segunda preocupación es que también se refería a nuestros temas como si fueran temas de ideología de género, y dijo que eso lo iba a frenar porque ponía en riesgo a los niños y las niñas.

Y que avanzar en materia de reconocer derechos Lgbtiq+ no va a significar quitarles derechos a otras personas, en este caso a los niños y a las niñas.

La tercera preocupación que tenemos es que muchos líderes políticos que han venido generando acciones contra nuestros derechos han twitteado en los últimos días que con este presidente electo van a conseguir echar atrás los derechos Lgbt. Y en este orden de ideas, pedirle al presidente que gobierne para todos, y en ese sentido todos también somos las personas Lgbtiq+, que también somos ciudadanos y ciudadanas de este país, que tenemos derechos y deberes y no nos pueden tratar de manera desigual.

Necesitamos que, por iniciativa, en su proceso de empalme, en su programa de 100 días y en su plan de desarrollo, se recojan esos servicios que no eran servicios que correspondían al gobierno Petro, sino que eran necesidades que el movimiento social históricamente había solicitado y que solamente el gobierno Petro reconoció.

Colombia tiene un gran reconocimiento a nivel internacional por su compromiso con los derechos Lgbt. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema universal de derechos humanos. Colombia hace parte de grupos de trabajo Lgbt tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, y existe un mecanismo de Estados para proteger derechos Lgbt que hoy está siendo presidido por Colombia.

Necesitamos que a nivel internacional el señor presidente electo, que ha anunciado que va a reducir su impacto a nivel internacional en esos mecanismos, lo pueda replantear y que efectivamente sigamos posicionados como un país comprometido con los derechos de las personas Lgbtiq+.

C.: ¿Qué lecciones aprendidas hay frente al ascenso de otros gobiernos similares en Latinoamérica, en cuanto a la defensa de derechos de la población Lgbtiq+?

W.C.: Argentina era un país ejemplar en materia de derechos Lgbt, que con la llegada del presidente Milei se debilitó. El Salvador perdió mucho en materia Lgbt con la llegada del presidente Bukele. Estados Unidos perdió muchos servicios para las personas Lgbt con la llegada del presidente Trump. En Italia el gobierno de Meloni ha reducido los derechos de las personas Lgbtiq+ y lo mismo en Chile. 

El panorama que tenemos es que cuando llegan gobiernos parecidos al que representa el presidente Abelardo, se frenan los derechos Lgbt. Pero también hay la oportunidad para él demuestre que aunque profesa una doctrina política de extrema derecha, como lo dijo en su en su discurso el día que finalizó la segunda vuelta, garantice y respete los derechos humanos.

Hay que seguir exigiendo, aprovechando que la democracia tiene diferencia de poderes. En el Congreso hay un gran grupo de congresistas aliados a los derechos humanos. El poder judicial en Colombia ha sido históricamente garante de los derechos Lgbtiq+. Entonces, blindar los derechos pidiéndoles al Legislativo y al Judicial que generen las herramientas necesarias para no tener retrocesos.

En Colombia, el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de la paz, la comunidad internacional, la academia, han sido grandes aliados de las luchas Lgbtiq+. Hay que fortalecer mucho esas alianzas, que juntos mandemos un mensaje de no retroceso.

Y por último, hay que cultivar fuertemente la cultura ciudadana, retroceder en materia de derechos Lgbtiq+ no solamente afecta al movimiento, afecta a toda la sociedad. La sociedad debe entender que la diversidad es un valor. Ningún colombiano ni ninguna colombiana debería permitir una acción física, verbal o simbólica prejuiciosa, homofóbica o transfóbica.

María García tiene 53 años. Aunque nunca ha vivido en un lugar distinto al centro de Florencia, sus mejores recuerdos no son de allí. El río Hacha es el protagonista de la mayoría de ellos: cuando era joven iba a lavar la ropa, a pescar o simplemente a disfrutar de un buen baño y hacer paseo de olla en el estadero Villa Martha, cerca de la cuenca del río, en el sector El Caraño. 

En cuanto hizo su propia familia, compartió la misma rutina con sus cinco hijos: salir a disfrutar de la arborización, la inmensa cantidad de agua, la frescura del clima y la pesca. “Allí aprendieron a nadar mis hijos y mis nietos. Hasta hace cuatro años, que dejamos de ir”, recuerda María con nostalgia. 

María dice que Villa Martha era el lugar preferido de muchas familias. De aquellas que no podían pagar un lugar privado o no podían ir más lejos. Pero desde hace cuatro años el lote donde quedaba este y otros estaderos está rodeado de letreros que advierten que María y su familia ya no pueden entrar allí. “Propiedad privada”, se lee en varios de ellos. En otros lugares cercanos hay que pagar para entrar, y el deterioro del sector es cada vez más evidente. El paraíso que recuerda María ya no está.

En Florencia el río nunca ha sido solo un cuerpo de agua que cruza la ciudad, sino que representa un núcleo de identidad compartida. Hoy la llegada de varios proyectos de vivienda, entre esos  “La Reserva Club House”, ha encendido alarmas entre ambientalistas, veedores y personas como María, que defienden el derecho al agua. Un proyecto del que poco se sabe y sobre el que pesan muchas dudas.

El proyecto que avanzó sobre el silencio

Desde el 8 de julio de 2022, “La Reserva Club House” comenzó a publicar en redes sociales la propuesta de proyecto presentada como vivienda campestre, con ubicación cercana a la curva del río Caraño, en la cuenca del río Hacha, dentro del predio Lala Alsacia. El proyecto se ubica aproximadamente a dos o tres kilómetros de donde se encontraba Villa Martha, siguiendo la misma franja de la vía que conduce de Florencia hacia el Huila, por la cordillera Oriental.

El anuncio publicitario era prometedor: “a cinco minutos del centro tradicional de la ciudad, a seis minutos del centro comercial Gran Plaza, cada casa y cada lote con escritura pública”. Sin embargo, no se mencionaban las idas y venidas con la Alcaldía y Corpoamazonia, ni la falta de claridad sobre su viabilidad.

El proyecto comenzó a gestarse formalmente el 12 de noviembre de 2021, cuando la representante legal de la constructora, Yina Marcela Ochoa Jaramillo, radicó ante la Secretaría de Planeación de Florencia la solicitud de concepto de viabilidad para un desarrollo de vivienda campestre en el predio “Alsacia”. En 2022, tanto la Alcaldía como Corpoamazonia otorgaron viabilidad urbanística al proyecto.

Después de radicar la solicitud formal el 10 de mayo de 2022, la Secretaría de Planeación emitió un acta de observaciones en la que señaló errores que debían ser subsanados. Entre devoluciones y suspensiones, no fue sino hasta abril de 2023 que la constructora presentó un nuevo derecho de petición con las correcciones definitivas, solicitando, además, la adopción formal de la Unidad de Parcelación Rural y el permiso para el movimiento de tierras.

Alegando la falta de respuesta de la administración local, la empresa protocolizó el Silencio Administrativo Positivo mediante escritura pública, sosteniendo que su solicitud había sido resuelta favorablemente por la inacción de la Alcaldía. Aunque inicialmente la administración municipal se negó a reconocer esta figura jurídica, en 2024 cambió de postura, aceptó la existencia del silencio administrativo y adoptó formalmente la UPR, autorizando el inicio de las obras de movimiento de tierras.

El decreto de la UPR “La Reserva Club House” se divide en seis puntos clave. Lo primero es que reconoce el silencio administrativo y asegura que tras no responder a las solicitudes en los términos legales, nació un acto administrativo presunto que debe ser respetado.

Lo segundo es que adopta la UPR sobre el predio denominado "Alsacia" en la Vereda Caldas, con una extensión actualizada de 5.6 hectáreas y lo define para uso residencial (vivienda unifamiliar y bifamiliar) como uso principal, complementado con comercio de bajo impacto. Establece que los lotes deben tener un área mínima de 500 m² y que la construcción no puede superar el 40 por ciento del área total del predio.

Adicionalmente, concede autorización expresa para realizar el movimiento de tierras y establece que el proyecto contará con factibilidad de servicios públicos, utilizando sistemas de tanques sépticos para el manejo de aguas residuales (avalados por Corpoamazonia) y el suministro de agua y energía a través de empresas locales. Por último, incorpora los asuntos ambientales concertados previamente con Corpoamazonia mediante la Resolución 0592 de 2022, incluyendo la protección de la ronda hídrica del río Hacha con un retiro de 30 metros.

El camino para obtener la licencia de parcelación definitiva se volvió aún más complejo. La Secretaría de Planeación municipal respondió a Consonante que, aunque existe el decreto de la UPR de 2024, “la administración no ha otorgado licencia urbanística de urbanización, parcelación o construcción para el desarrollo del proyecto".

En marzo de este año, el ciudadano Gustavo Adolfo Valencia, de la Veeduría Ambiental "Florencia Renace para la Amazonía", radicó una petición de información ante Corpoamazonia sobre los procesos sancionatorios contra el proyecto.

La corporación visitó el predio y el conflicto escaló rápidamente tras la difusión en redes sociales en la que la autoridad ambiental alegó un estado de "ilegalidad múltiple" e intervenciones irregulares en la ronda hídrica del río Hacha. En respuesta, la constructora radicó el 14 de mayo un extenso derecho de petición denunciando falsa motivación e imparcialidad en dicho informe.

Hasta el 6 de mayo, la dirección territorial Caquetá de la Corporación remitió formalmente los hallazgos a la oficina jurídica para evaluar la imposición de una medida preventiva de suspensión de actividades. Y un día después se da respuesta oficialmente  a la veeduría Florencia renace para la Amazonia, asegurando que el modelo de ocupación del proyecto es incompatible con las normas ambientales y  que se ha iniciado un trámite de evaluación jurídica.

Finalmente, la Secretaría de Planeación le respondió a Consonante asegurando la legalidad del movimiento de tierras. También informó que “se han efectuado verificaciones a través de la Secretaría de Ambiente y la Oficina de Control Urbano, realizando visitas técnicas e inspecciones de campo cuyos informes reposan en los expedientes administrativos”, pero no menciona cuáles fueron los hallazgos.

Un mandato judicial en el papel

El Plan de Ordenamiento Territorial de Florencia tiene más de 20 años y su falta de actualización ha sido un factor clave en los cuestionamientos a este tipo de proyectos. Los veedores aseguran que los terrenos donde se desarrollará “La Reserva Club House”, por ejemplo, están clasificados en dicho POT como suelo netamente rural y cuentan con una protección especial que prohíbe el urbanismo denso.

El POT, según el artículo 20, reconoce que el suelo suburbano solo existe en los suelos asociados a la vía nacional denominada Carretera Marginal de la Selva y en los núcleos de corregimientos y veredas. A pesar de que la Secretaría de Planeación asegura que el terreno está clasificado como “suburbano”, el predio Alsacia se encuentra sobre la vía de primer orden que comunica Florencia con el departamento del Huila (vía Florencia-Suaza) y el Acuerdo 018 de 2000 no definió esta vía como corredor vial suburbano. Aunque la reconoce como una vía de jerarquía V-1, no le otorgó la clasificación de zona suburbana en su texto original.

 “Dado que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) está vigente desde el año 2000, es imperativo reconocer la importancia de las zonas de protección. El corregimiento El Caraño constituye el eje hídrico fundamental de Florencia y esta región alberga el bosque de niebla de menor altitud en el planeta”, explica Gustavo Valencia, representante legal de la veeduría ambiental Florencia Renace para la Amazonía.

Por eso, la UPR está rodeada de múltiples dudas. Leidy Marial Vargas, ingeniera catastral y experta en ordenamiento territorial con amplia trayectoria en el IGAC y el Ministerio de Agricultura, sostiene que una Unidad de Planificación Rural (UPR) es un “instrumento que busca desarrollar las normas que se tienen en un área específica en el suelo rural con un mayor nivel de detalle”. Sin embargo, aclara que existe una jerarquía normativa en la que el POT está por encima de este tipo de instrumentos. No obstante, en el decreto correspondiente, la Alcaldía señala que la UPR estaría por encima del POT.

Bajo la normativa nacional vigente, específicamente el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, la UPR se define técnicamente como un “instrumento de planificación de escala intermedia”. Y su función es desarrollar y complementar las disposiciones del POT para el suelo rural, lo que implica que su alcance es detallar y precisar normas preexistentes en áreas específicas, pero nunca contradecir los lineamientos generales dictados por el plan de ordenamiento principal. Por ello, las actuaciones urbanísticas que se planteen en una UPR deben estar obligatoriamente articuladas con el POT municipal.

A esto se suma que desde la concepción del instrumento y la perspectiva técnica, una UPR no debe realizarse para un proyecto específico. Incluso el alcance de estas unidades no permite autorizar intervenciones físicas directas, ya que para procesos de remoción de tierras o construcción se requieren los permisos ambientales y otros instrumentos “con la UPR no es suficiente”, explica la experta. Sin embargo, el decreto también permite estas actividades y parece diseñado a la medida del proyecto de vivienda.

En contraste, determinantes ambientales como el Pomca son normas de superior jerarquía que deben ser acatadas por cualquier proyecto público o privado, independientemente de lo que establezca el plan de ordenamiento local.

El proceso del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (Pomca) del río Hacha surgió entre 2016 y 2017, con el objetivo de actualizar el instrumento previo vigente desde 2006. Durante esta transición, se inició un trabajo conjunto con los habitantes, principalmente del corregimiento de El Caraño —donde se concentra la mayor parte de la cuenca—, aunque el área también abarca Santo Domingo, Orteguaza y Danubio.

“Al percibir que la actualización inicial no integraba adecuadamente la relación ambiental, la comunidad se organizó para ejercer incidencia política. Esta articulación buscó garantizar que el nuevo Pomca incluyera programas y una zonificación que reflejaran las realidades de quienes habitamos el territorio, consolidando así un modelo de gestión verdaderamente participativo”, puntualiza Dailer Montoya Díaz, ingeniero y veedor de la cuenca del río Hacha.

A esto se suma el decreto nacional  1077 del 2015, que prohíbe crear barrios o núcleos de población en suelo rural, sin servicios públicos ni  planificación previa. Para este proyecto se permitió la división en lotes de 400 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados en la orilla del río donde, aseguran los líderes, no se pueden dar garantías reales de saneamiento básico.

Díaz señala que uno de los riesgos técnicos más críticos es justo el manejo de los vertimientos. El veedor califica la propuesta del proyecto para el tratamiento de aguas residuales como “muy somera en la cantidad de descargas y de habitantes que se prevén para la zona”. Su mayor alarma técnica es que, mientras en las fincas tradicionales las descargas están dispersas, en este condominio se concentrarían en un solo lugar, lo que podría saturar la capacidad del río para procesar la contaminación

Esta situación deriva en un riesgo directo para la salud pública de los habitantes de Florencia, dado que el proyecto se localiza a escasos 500 metros de uno de los principales balnearios y puntos de recreación histórica de la ciudad. A esto se suma que la disposición de aguas y la gestión de riesgos de desastres por remoción de masas en esa cuenca específica no han sido tratadas con la rigurosidad necesaria.

Actualmente la administración municipal está tramitando una nueva versión del plan que se encuentra “en evaluación en la autoridad ambiental”. Allí la preocupación es, explica Montoya, que se identifiquen cerca de 14 centros poblados o caseríos en los siete corregimientos para darles un manejo urbanístico especial similar al de La Reserva Club House. “Hay riesgo de gentrificación de ciertas zonas rurales cercanas que antes eran propiedades campesinas”, agrega el veedor.

Además, la comunidad ha denunciado falta de transparencia institucional con la información sobre el POT, al punto de tener que recurrir a tutelas para acceder a los documentos completos. “No podemos olvidar que el Pomca del río Hacha es un determinante ambiental y un instrumento de planificación que está por encima en la escala del ordenamiento territorial respecto al POT”, agrega.

Esta situación en Florencia parece ignorar también un hito jurídico de 2018. La Sentencia STC 4360 declaró a la Amazonía colombiana como un "sujeto de derechos", ordenando al Estado y a los municipios proteger, conservar y restaurar este ecosistema vital. La Corte Suprema de Justicia fue clara: se debe frenar la deforestación y el urbanismo desmedido para garantizar el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.

Sin embargo, en la práctica, la protección del "pulmón del mundo" choca con el crecimiento de urbanizaciones campestres y condominios en suelo rural. A pesar de que Florencia enfrenta retos críticos por la ocupación ilegal de áreas de reserva y la tala de bosques, la huella urbana sigue extendiéndose sobre áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico.

La lucha colectiva

María García aprendió de su madre que la defensa del agua se da desde la organización comunitaria. Como habitante de Florencia, se ha juntado con otros líderes ante la necesidad de preservar el agua. “La defensa del río Hacha no es solo un asunto de trámites técnicos, sino de supervivencia para los 50,000 usuarios de Florencia, cuya bocatoma principal suministra el 80 por ciento del agua de la ciudad. Y es por esto que las siete veredas del corregimiento donde se ubica la bocatoma decidieron incidir en la construcción de esta figura jurídica llamada Pomca y defenderla, asegura.

El Pomca es lo que hoy permite a la ciudadanía cuestionar no solo el proyecto 'La Reserva Club House', sino también los 14 títulos mineros identificados en la zona, de los cuales la mayoría se encuentran sobre el río Hacha y cuya operación legal depende de permisos ambientales que la autoridad aún debe clarificar.

“No es solo un pleito por papeles; es que el río Hacha está triste, porque después de vernos crecer y darnos la vida, hoy lo asfixian el descuido institucional y la ambición de unos pocos. Es doloroso saber que este proyecto se levantó sobre un silencio administrativo, una omisión de funcionarios que prefirieron callar antes que proteger el suelo de conservación que nos pertenece a todos”, afirma. 

Los líderes han subrayado la responsabilidad de los caqueteños en la administración de la cordillera oriental, vinculando directamente el territorio de Florencia y su sistema montañoso con el Distrito de Conservación de Aguas de Caquetá. Valencia también cuestiona el impacto del proyecto, señalando que ya ha generado una afectación ecológica irreparable mediante la tala indiscriminada de árboles. Esta crisis ambiental se agrava al intervenir en un sitio de gran relevancia histórica y cultural para los habitantes de Florencia.

“Llegaron y empezaron a destruir y acabar sin tener licencia de parcelación, sin tener los requisitos mínimos de función de la tierra y en zonas de gran importancia ambiental, como lo ocurrido en otra zona de Florencia denunciada en el 2024”, agrega Valencia.

Los integrantes de la veeduría del Pomca, en su mayoría mujeres campesinas, coinciden en que el derecho a la propiedad privada no puede ser una excusa para ignorar la función ecológica de la tierra, el agua y la vida. “Nadie es dueño de un predio para disponer de él a su antojo cuando lo que está en juego es la supervivencia de usuarios y el equilibrio de la Amazonía. Seguiremos firmes con nuestras acciones de nulidad porque el Pomca es nuestra pirámide jurídica y la brújula que debe guiar el orden de nuestra casa”, agrega.

El aspecto de Florencia ha experimentado una transformación notable en busca del desarrollo urbano en distintos sectores de la ciudad; se han proyectado edificaciones que han ido afectando el paisaje natural. Un ejemplo de ello ocurrió en septiembre de 2024, cuando la emisora Cristalina Estéreo informó que “la Alcaldía de Florencia debe cumplir un fallo judicial para recuperar la zona de protección ambiental Parque Forjadores, lo que implica demoler las construcciones allí erigidas”. Esta expansión urbana, impulsada por licencias que se extienden principalmente hacia la cordillera, ha alterado la relación histórica de la ciudad con su entorno.

El fallo del Juzgado Primero Administrativo de Florencia le daba un año a la Alcaldía, el cual se cumple este 29 de septiembre. Para la recuperación de las zonas que se encuentren ocupadas de hecho dentro del perímetro fijado en el Acuerdo Municipal N° 029 del 15 de agosto de 1998. Un acto administrativo fundamental que otorga estatus de protección legal a la zona boscosa y de nacimientos del nororiente de Florencia, y que les da una esperanza a María y a los demás defensores del agua.

Cerrejón anunció la suspensión de sus operaciones mineras, ferroviarias y portuarias argumentando una  situación de fuerza mayor a inicios de junio. La medida fue levantada horas después, cuando la comunidad llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional para instalar una mesa de diálogo, y el Ministerio de Trabajo concluyó que no había condiciones para mantener la suspensión de los contratos.

Entre las principales solicitudes presentadas en esa mesa de diálogo estuvieron la revisión de las inversiones realizadas con las regalías provenientes de la minería en los territorios afectados y el aumento de estos recursos. También pidieron acciones para la recuperación de la fauna, la flora y las fuentes hídricas, así como el impulso de proyectos productivos, como la ganadería y la piscicultura, que les permitan recuperar la autonomía económica que, según afirman, existía antes de la llegada de la actividad minera. La segunda reunión había sido acordada para el 16 de junio, pero no se realizó debido a la coyuntura electoral y quedó pendiente una nueva fecha. Hasta ahora no se han alcanzado acuerdos definitivos, y los ministerios del Interior y de Trabajo decidieron no pronunciarse sobre el proceso al señalar que las conversaciones continúan y aún no existe un acuerdo entre las partes.

Aunque Cerrejón reanudó operaciones el 3 de junio, el episodio reabrió la conversación sobre el futuro del territorio ante la posible salida de la empresa en 2034 y puso nuevamente sobre la mesa dos preguntas clave: ¿cómo debe cerrarse una mina y qué deudas deben resolverse antes de que eso ocurra?

¿Qué se sabe sobre la presunta salida de Cerrejón?

Alrededor del cierre de Cerrejón se ha dicho poco. Con el vencimiento de sus contratos de concesión minera y un anuncio de la empresa de no solicitar una prórroga para continuar con la explotación de carbón, su salida estaría planeada para 2034.

En 2023, la empresa radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) un documento de cierre de minas “en borrador”. Sin embargo, entre los trabajadores existe un clima de incertidumbre por el hermetismo con el que la empresa maneja la información de su salida. Solano asegura que, pese a las décadas de operación de la mina en el territorio, la empresa aún no concreta compromisos claros de transición para los trabajadores.

Los trabajadores temen que se repita el escenario de Prodeco en el Cesar (también propiedad de Glencore), donde se devolvieron los títulos de forma unilateral, dejando tras de sí una "masacre laboral" de aproximadamente 7.000 empleos y deudas ambientales pendientes.

El documento de Cerrejón, explican desde Censat, no está basado en un cierre total y definitivo de la actividad minera, sino en la "reversión" al Estado colombiano, lo que implica la devolución de áreas e infraestructura en condiciones operativas bajo el argumento de que aún existen reservas explotables. 

Según las proyecciones de la empresa, para finales de 2033 aún quedarían 67 millones de toneladas de carbón en el subsuelo, por lo que propone entregar la mayoría de los tajos (con excepción de Patilla) en estado productivo en lugar de rellenarlos y cerrarlos íntegramente.

Este enfoque de reversión genera profundas dudas y críticas entre expertos y trabajadores, quienes lo perciben como una estrategia para transferir responsabilidades y pasivos al país. La principal preocupación radica en quién asumirá el costo de los "impactos a perpetuidad", tales como el monitoreo de los drenajes ácidos de mina y la estabilidad fisicoquímica de los terrenos, los cuales, según guías internacionales citadas en el informe de Censat, requieren vigilancia por periodos de entre 350 y 500 años.

Otro problema crítico en la propuesta ambiental de Cerrejón es el manejo de las llamadas "áreas Void", que son huecos de la mina que la empresa reconoce como irrehabilitables debido a sus inmensas dimensiones y la imposibilidad técnica de rellenarlos con material estéril. Torres cuestiona el discurso institucional sobre la recuperación de la fertilidad del suelo: "narrativamente ellos juegan con eso. Y no es cierto, porque lo que va a quedar en un territorio es una cicatriz que va a ser irremediable".

Finalmente, las dudas persisten en torno a la reparación integral. "La empresa evade sus responsabilidades respecto a la reparación de los territorios y las comunidades, preparando un escenario de impunidad tras su salida del negocio del carbón en el país", dicen desde la organización ambientalista. Por ello exigen una participación vinculante y deliberativa que permita a los guajiros decidir sobre el uso posminero de sus tierras.

¿Qué asuntos pendientes debería resolver la empresa antes de su salida para garantizar una transición justa para los trabajadores y las comunidades que han convivido durante décadas con la actividad minera?

El conflicto más antiguo se originó con la expansión de la mina, en la década de los 2000. Cerrejón, entonces operada por Carbocol e Intercor, compró los predios de la mayoría de los habitantes y desalojó pueblos enteros de origen afrodescendiente, indígena y campesino. Comunidades como Tabaco, Chancleta, Oreganal, Las Casitas y Manantialito fueron arrasadas, incluyendo también el tejido social y las costumbres ancestrales.

El caso de la comunidad de Tabaco, fundada en 1780 por negros africanos en la Serranía del Perijá, es emblemático. Llevan más de 20 años pidiendo un reasentamiento justo. En 2017 la Corte Constitucional se pronunció mediante Sentencia T-329, en la que reconoció como desplazamiento forzado la desaparición del corregimiento entero, incluyendo sus viviendas, espacios públicos y hasta su cementerio ancestral. Esto fracturó los vínculos familiares, la identidad cultural y la seguridad alimentaria de una población con más de dos siglos de historia.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la falta de reconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa por parte de la empresa, bajo el argumento de que no existían comunidades negras en la zona de Hatonuevo. Aunque Cerrejón alegó haber cumplido con indemnizaciones y acuerdos previos, el tribunal determinó que estas medidas han sido insuficientes para superar el estado de desintegración social y precariedad económica en el que se encuentran los antiguos habitantes de Tabaco.

La Corte Constitucional ordenó la reactivación del plan de reubicación física y social en un término máximo de cinco meses, asegurando espacios de participación real y efectiva para la comunidad, pero el problema no se ha solucionado de fondo.

Otro de los conflictos es la falta de garantías mínimas para la subsistencia. Según datos de Censat Agua Viva, una organización ambientalista que lleva más de 35 años acompañando organizaciones territoriales del país, la minería ha provocado la pérdida de 68,67 km de cursos de agua. El desvío de arroyos como el Bruno ha generado una ruptura ecológica y espiritual para los pueblos Wayúu y afroguajiros. Se ha documentado que se han desaparecido cerca de 17 arroyos en un territorio que tiene un estrés hídrico, es decir, en donde la demanda de agua supera la cantidad disponible.

“Muchas comunidades fueron desplazadas de su territorio, y aunque en algunos casos sí fueron reasentadas, fueron reasentadas en condiciones deplorables. Estamos hablando de una urgencia tanto en términos socioculturales como ecosistémicos”, comenta Christian Torres, coordinador del área de conflictos mineros de la organización.

Cerrejón ha sido acusado, además, de utilizar su poder económico para presionar el levantamiento de protestas comunitarias, generando enfrentamientos entre los trabajadores que temen por su empleo y las comunidades que exigen derechos. En paros recientes, la empresa suspendió operaciones alegando la Fuerza Mayor y anunció la suspensión de cientos de contratos, creando una división profunda.

“Tenemos que concientizar a la comunidad que nos quieren poner en contra, pero hay que hacer fuerza común y hacerles entender que el problema no es de los negros cimarrones de Tabaco, sino de todos. Hoy nos atacan a nosotros, los mismos que mañana van a sufrir las consecuencias. Nos están satanizando, dividiendo a las comunidades para que se enfrenten entre ellas y creando guerras claniles”, agrega Pérez.

¿Y los daños espirituales?

Las comunidades denuncian impactos espirituales y culturales profundos asociados a la actividad minera. Para el pueblo Wayúu, el ruido y la contaminación han alterado los sueños, una fuente fundamental de orientación y toma de decisiones. Esta afectación se relaciona, además, con la desaparición de las outsü, mujeres sabias encargadas de interpretar los sueños. Según las comunidades, la escasez de plantas medicinales y de animales utilizados en sus rituales ha dificultado el ejercicio de estos saberes, al punto de afectar la salud de las propias sabedoras.

A ello se suma la destrucción de sitios sagrados y hábitats espirituales. La alteración de los flujos de agua ha afectado los lugares donde habitan las pulowi y otros espíritus, rompiendo el equilibrio entre el mundo humano y el no humano.

Mónica López Pushaina, lideresa del arroyo Bruno, cuestiona que las indemnizaciones económicas sean suficientes para reparar estas pérdidas: “Hay daños como, por ejemplo, los sueños… ¿cómo se pueden reparar? Las desapariciones de la outsü [sabedoras]… ¿cómo se pueden reparar? Porque hablar de unos millones no es una reparación”, resalta en el informe de Censat.

Las comunidades también reportan impactos en la salud de las mujeres, entre ellos problemas respiratorios, abortos y alteraciones en los ciclos reproductivos que se asocian al polvillo de carbón. Asimismo, advierten sobre la pérdida de la partería tradicional debido a la degradación de las plantas medicinales.

¿Cómo se debe cerrar una mina?

En Colombia, el Código de Minas no define con precisión qué es un cierre minero, limitándose a aspectos técnicos y omitiendo los daños socioculturales. Según Torres, las menciones de un cierre de minas son mínimas en el código y las exigencias legales impuestas a las empresas resultan "irrisorias".

También señalan falta de claridad sobre la etapa después del cierre y la ausencia de una reglamentación detallada sobre el proceso de renuncia de títulos, lo que genera incertidumbre jurídica y permite que las empresas evadan responsabilidades de largo plazo tras el cese de sus operaciones.

La propuesta de organizaciones como Censat se basa en un  "cierre minero justo con una perspectiva de reparación integral del territorio". Proponen que la conversación no debe tratarse sólo de una fase técnica del ciclo minero, sino de definir el futuro de un territorio. "No podemos hablar de una transición energética justa si no hablamos antes de un cierre minero justo. Debe haber armonización entre lo que beneficia al actor laboral y al actor comunitario desde una lógica también de la diversificación productiva", propone Torres.

El diseño del cierre debe basarse en un ejercicio participativo que integre las visiones y necesidades de las comunidades, evitando modelos que excluyan a los habitantes locales. Finalmente, la organización advierte que un cierre responsable debe contemplar los "impactos a perpetuidad" —aquellos que duran siglos— y garantizar un monitoreo financiado por la empresa que asegure la estabilidad física, química y sociocultural de la región a largo plazo.

¿Qué piden las comunidades?

Lo que más se repite es la “reparación integral del territorio”. Es decir, ir más allá de la compensación económica o técnica para enfocarse en resarcir los daños materiales y simbólicos acumulados durante cuatro décadas de explotación. Una construcción conjunta que tenga en cuenta sus propias comprensiones y formas de relacionarse con la tierra. 

Sobre lo ambiental, la exigencia principal es el restablecimiento del ciclo hídrico y la recuperación real de la fertilidad de los suelos. Las comunidades piden la restauración del río Ranchería y de los más de 68,67 km de arroyos desviados o desaparecidos, como el arroyo Bruno, el Tabaco y La Puente, priorizando el uso del agua para el consumo humano y la soberanía alimentaria sobre los intereses industriales.

También exigen la reconstrucción física y social de pueblos arrasados como Tabaco, incluyendo la entrega de tierras colectivas y la recuperación de la memoria ancestral. Esto junto a un "acto público de perdón" por parte de la multinacional y el Estado, reconociendo su responsabilidad en lo que califican como etnocidio y ecocidio, y asumiendo el compromiso firme de no repetición.

“Deben hacer una revisión al tema de las regalías para que sean invertidas en las comunidades afectadas. Inversión para recuperar la fauna, la flora y el agua del territorio, implementación de proyectos ancestrales de ganadería y piscicultura, para que los territorios logren ser autosostenibles como lo fueron en el pasado. Eso es lo que exigimos antes de que la mina cierre, que reconozca que tiene un compromiso con la gente”, dice José Pérez.

Los trabajadores representados por el sindicato exigen garantías mínimas para una transición que proteja su bienestar y el de la región, dada la dependencia de la economía de La Guajira con la minería. "Pedimos un fondo para la diversificación económica del departamento de la Guajira a cargo del gobierno nacional, una central de energía y un pago diferencial que permita la industrialización local”, asegura Juan Carlos Solano. 

Se suma la necesidad de protección para los trabajadores enfermos y una pensión anticipada para los trabajadores a los que les falten hasta 10 años. Finalmente, el sindicato pide que los activos de la empresa, como el puerto y la vía férrea, sean administrados por el Estado bajo tutela de los trabajadores para convertirlos en un "sistema integrado" multipropósito que sirva al turismo y a la diversificación de exportaciones. 

Al final, la solicitud más grande es que el plan se construya en conjunto. Exigen que se respete su derecho a la consulta previa, libre e informada, utilizando lenguas propias como el wayuunaiki y respetando los tiempos de deliberación interna de los pueblos étnicos, como la consulta espiritual a través de los sueños.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas de las minas que han cerrado en otros lugares de Colombia?

Después de la pandemia de Covid-19, Prodeco anunció el cese anticipado de operación en las minas de carbón Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar, por razones económicas. Fue la primera y única vez que se cerró una mina en Colombia.

Después de 25 años de operaciones, la empresa dejó un desastre ambiental en la zona. El desmantelamiento anticipado afectó de manera multidimensional a las comunidades locales, generando una crisis social, económica y ambiental que hoy muchos ven como una "señal de alerta" para el proceso de Cerrejón. El cierre resultó en el despido masivo de aproximadamente 7.000 personas (entre empleados directos e indirectos) y deprimió el comercio local.

La salida de Prodeco dejó en evidencia que las empresas pueden intentar devolver sus títulos mineros para evadir responsabilidades de largo plazo, transfiriendo los costos de restauración al Estado. El informe de Censat Agua Viva resalta que la renuncia de Prodeco a sus títulos encendió alarmas por los "incumplimientos ambientales de la empresa respecto a sus obligaciones contractuales"

Auditorías de la Contraloría citadas en el proceso legal de Tierra Digna, la organización que actúa como la representante legal de diversas comunidades étnicas, sindicatos y víctimas, confirmaron que Prodeco "incumple reiteradamente las obligaciones requeridas" por las autoridades ambientales, dejando pendientes compensaciones por pérdida de biodiversidad y reforestación impuestas hace más de 10 años. Esto ha llevado a expertos como Christian Torres a afirmar que el Estado debe establecer "unas medidas de salvaguarda, unas medidas contractuales que le impidan al actor corporativo abandonar el territorio".

Finalmente, el caso Prodeco demostró que la falta de participación comunitaria real y el uso de barreras tecnológicas pueden afectar los procesos de cierre. Durante la pandemia, el Estado intentó virtualizar los espacios de diálogo, lo cual excluyó a la gran mayoría de la población rural en el Cesar. Pues, según datos del DANE citados por Tierra Digna, en las zonas de influencia directa de las minas solo el 1,09 por ciento de la población contaba con servicio de internet en el hogar. Esto generó una asimetría de poder en la que  la empresa utilizó medios masivos y redes sociales para transmitir su visión del cierre mientras las comunidades quedaban desinformadas.

¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos locales?

Aunque buena parte de la discusión sobre el cierre de minas y la transición energética suele centrarse en entidades nacionales como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o los ministerios de Trabajo y del Interior, distintos actores coinciden en que los gobiernos locales tendrán un papel determinante en el futuro del territorio. Hoy se cuestiona la falta de liderazgo de alcaldías y gobernaciones frente a este proceso.

Según el dirigente sindical, las autoridades regionales no han impulsado espacios públicos de discusión sobre la transición energética y, por el contrario, se han producido acercamientos con la empresa fuera del escrutinio de las comunidades. Propone que las administraciones municipales asuman un rol más activo mediante la creación de instancias especializadas para planificar la transición. La iniciativa busca promover un diálogo permanente entre gobiernos locales, Gobierno nacional, empresa, trabajadores y comunidades, con el fin de evitar que las decisiones se tomen sin participación territorial.

Desde una perspectiva ambiental y productiva, los gobiernos locales también son responsables de impulsar alternativas económicas al carbón. Desde Censat señalan que la diversificación productiva y la reconversión laboral dependen en buena medida de decisiones que se toman desde alcaldías y gobernaciones. Según el experto, estas entidades deben habilitar nuevas cadenas productivas y articular las oportunidades económicas que permitan reducir la dependencia minera. Esta responsabilidad también implica ajustar los planes de desarrollo municipales y departamentales a los objetivos de la transición minero-energética.

Finalmente, los gobiernos locales tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y los acuerdos de reasentamiento relacionados con la minería. La Sentencia T-329 de 2017 de la Corte Constitucional estableció que el municipio de Hatonuevo es responsable de materializar soluciones de vivienda e infraestructura comunal para comunidades desplazadas por la actividad minera. La misma decisión advirtió que problemas de corrupción y abandono institucional han dificultado la recuperación de la seguridad territorial de estas poblaciones.

Primero llegaron los mensajes: los trabajadores de Cerrejón comenzaron a recibir, por WhatsApp y a través de sus supervisores, notificaciones que les informaban que sus contratos quedarían suspendidos. Luego el anuncio oficial “las operaciones mineras, férreas y portuarias de Cerrejón serán suspendidas a partir de hoy. En consecuencia, la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos”.

La noticia se difundió rápidamente en los medios nacionales, donde comenzaron a circular versiones y especulaciones sobre un posible cierre definitivo de la compañía. Poco después, el debate llegó a las calles de Albania, La Guajira. Mientras algunos respaldaban el bloqueo como una forma legítima de exigir el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades afectadas por la minería, otros reclamaban el restablecimiento inmediato de las operaciones debido a los impactos económicos que la paralización de Cerrejón generaba en el departamento. En medio de la controversia, varios habitantes salieron a manifestarse para exigir el despeje de la línea férrea y la continuidad de las actividades de la empresa.

El 1 de junio, Cerrejón anunció el cierre de sus operaciones mineras, férreas y portuarias por fuerza mayor. Según la compañía, el bloqueo que desde el 23 de mayo mantenía la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir sobre la línea férrea, en Albania, había provocado un desabastecimiento de combustible que impedía continuar con las actividades. No obstante, la medida perdió vigencia pocas horas después, cuando la comunidad levantó el paro tras acordar con el Gobierno nacional la visita de altos funcionarios y la instalación de una mesa de diálogo interinstitucional el 4 de junio.

Mientras se negociaba la salida a la crisis, también se abrió una discusión sobre la legalidad de la decisión empresarial. Cerrejón sostuvo que el bloqueo había impedido el suministro de bienes esenciales para la operación, incluido el combustible, y que por esa razón se configuraba una situación de fuerza mayor que justificaba la suspensión de las actividades y de la mayoría de los contratos de trabajo.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo llegó a una conclusión distinta. Tras una visita de verificación realizada el 1 de junio, la Dirección Territorial de La Guajira señaló que el bloqueo ya había sido superado mediante el diálogo con las comunidades y que la línea férrea se encontraba despejada y operando con normalidad. Por esa razón, concluyó que no existían elementos suficientes para configurar una situación de fuerza mayor que justificara la suspensión de los contratos y exhortó a la empresa a abstenerse de materializar o mantener esa medida.

El 2 de junio, Cerrejón anunció el reinicio de sus operaciones y el levantamiento de la declaratoria de fuerza mayor. La empresa informó que retomaría las actividades operativas a partir del turno de la mañana del 3 de junio, apenas dos días después de haber anunciado la suspensión. Aunque los trabajadores recibieron la instrucción de permanecer en sus casas a la espera de un nuevo llamado mientras se normalizaban las operaciones, el episodio dejó incertidumbre entre miles de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.

Pero el conflicto no comenzó con la toma de la vía férrea. Según líderes comunitarios, sus raíces se remontan a décadas atrás, cuando la expansión de la mina provocó la desaparición de pueblos afrodescendientes y campesinos como Tabaco, Chancleta, Oreganal, Las Casitas y Manantialito. Desde entonces, las comunidades han reclamado medidas de reparación y la acumulación de incumplimientos y desacuerdos con la empresa.

Para entender cómo se desarrolló el paro, cuál fue su impacto sobre los trabajadores y qué lecturas deja esta crisis para La Guajira, Consonante habló con Juan Carlos Solano Guillén, directivo nacional de Sintracarbón. Solano cuenta con 22 años de experiencia en la representación de los trabajadores y una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos laborales y a la discusión sobre una transición energética justa para el sector carbonífero.

Consonante: ¿De qué forma actúa el sindicato en las mesas de negociación que se plantearon con la comunidad y el gobierno para salir del paro reciente?

Juan Carlos Solano: Lo primero que hay que establecer es que nosotros siempre hemos estado del lado de la comunidad, pero la función del sindicato no es establecer vínculos directos de negociación con las comunidades, sino servir de apoyo.

En este caso, Sintracarbón participó en el levantamiento del bloqueo por parte de las comunidades como mediador del proceso. La situación que ameritó la intervención urgente del sindicato fue que la multinacional Glencore tomó la decisión de declarar un cierre por fuerza mayor y para mí cometió un error. Porque antes debe dar veredicto un juez de si existe la causa para declarar fuerza mayor, pero la empresa envió las cartas antes de tener el concepto.

Nos mandó a casa, yo tengo dos cartas, una con 24 horas de diferencia de la otra. Esto ya lo ha hecho en más de una ocasión, pero lo único que había que hacer era sentarse en una mesa con los interlocutores, así se logró levantar el bloqueo.

C.: La empresa comunicó que en lo corrido del año van 80 paros, ¿a qué cree que se debe esta decisión de suspender contratos a raíz de este?

J.C.S.: Voy a ser sincero, me toca ser responsable porque hablo como directivo sindical. La multinacional está jugando un doble juego. En un momento político tan controversial como este, donde el país está polarizado, mandó este mensaje. La multinacional llevó a uno de los candidatos de ultraderecha a las instalaciones, los administrativos se fotografiaron y filmaron con él haciendo gestos de su campaña. 

Somos del concepto de que, más que un cierre por una inminente fuerza mayor, lo que se hizo fue una acción política. Ya el ministerio había dado el concepto de que ya no había fuerza mayor y, sin embargo, la empresa mandó un mensaje diciendo que continuaba de manera indefinida con el cese de actividades hasta tanto no se le dieran las garantías por parte del Gobierno nacional. Se institucionalizó el paro de manera unilateral.

C.: Esto causó una fuerte división entre los que pedían que se levantara el paro, y los que lo estaban realizando. ¿Usted como trabajador de Cerrejón, que también se vio afectado, cómo cree que se puede llegar a un consenso?

J.C.S.: Hay comunidades que en su justa lucha hacen el reclamo de indemnización; esto inició con el proceso de desalojo de las comunidades afro como la de Tabaco cuando llegó la mina. Existen documentos legales y fílmicos con reclamaciones desde hace 40 años donde dicen que no han tenido reparación. 

Además, existe una causal ambiental grave. Las traviesas del tren están impermeabilizadas con creosota, una sustancia altamente cancerígena. Toda la línea férrea está rodeada de postes sobresaturados de esta sustancia y, cuando llueve, esa agua de corriente va a las lagunas donde los nativos Wayúu toman agua y su ganado también. A esto se suma el material particulado de carbón que suelta el tren. Los nativos tienen muchas reclamaciones y sentencias a su favor, pero el poder de la multinacional es tan grande que no ha permitido que hagan uso de sus triunfos jurídicos para restablecer sus derechos.

Pero también es verdad que recientemente se inician paros en la vía férrea por cualquier motivo, tenga que ver o no con la empresa. Hay que ser justos y muchas veces dos, tres personas agarran una rama, la tiran a la línea férrea o a la carretera y ya bloquean el paso. Y pues nadie se quiere enfrentar precisamente a este tipo de situaciones.

Pero realmente lo preocupante es que en este caso fue la multinacional la que de una u otra forma propició este enfrentamiento. Estuvimos a punto de tener lesionados, e incluso fatalidades, cuando los pobladores de los municipios aledaños se enfrentaron a las comunidades nativas que estaban en la protesta.

C.: ¿Por qué se habló también, en ese momento, del cierre de Cerrejón? 

J.C.S.: La multinacional ya mandó un mensaje perentorio: nos vamos en 2034 y no vamos a pedir prórroga. Pero cuando nosotros como organización sindical le pedimos que dialogue sobre cuál es la política que va a utilizar y cuáles son las estrategias para darle manejo a la salida de la multinacional de la minería, ahí termina la conversación. 

Dicen que el documento de cierre de mina es un documento en construcción y que no lo han terminado. Pero el documento de cierre debe entregarse al solicitar la licencia ambiental. ¿Cómo es que después de 43 años no tienen claro cómo van a manejar el medio ambiente, las comunidades y los trabajadores activos?

Nos preocupa porque hemos visto lo que pasó con Prodeco (Glencore) en el Cesar: cerró las minas, abandonó los títulos y despidió a 7.000 personas. Y hoy Glencore exporta más carbón que antes.

Nosotros estamos muy preocupados porque ya faltan siete u ocho años para ese posible cierre y no han dado ninguna respuesta a los trabajadores.

C.: Conociendo la dependencia tan alta del departamento de La Guajira con Cerrejón, ¿qué propuestas tienen ustedes para que se haga una transición justa si la empresa se va?

J.C.S.: Nosotros creemos que una persona, un candidato, no puede garantizar que la minería va a seguir indiscriminadamente porque la salida del carbón no es por voluntad de los sindicatos, no es por voluntad del presidente, ni de la misma compañía, sino de la tierra. Y en cualquier momento, ya sea por el medio ambiente o porque se encuentre otra materia que desplace al carbón, vamos a quedar por fuera de la matriz laboral.

Por eso hemos hecho varias propuestas: inicialmente, la creación de un fondo para la diversificación económica del departamento de La Guajira, a cargo del Gobierno Nacional. También una central de energía para el departamento, que tenga valores diferenciales para que nuevas empresas se establezcan y La Guajira se empiece a industrializar.

Estamos pidiendo seguridad social para los adultos mayores; estimamos que casi el 50 por ciento de los trabajadores tienen enfermedades profesionales por la exposición al carbón. Indemnizaciones por encima de lo mínimo que propone la ley, porque una persona con 15 años de servicio sale con 60 o 70 millones de pesos en el bolsillo y esa plata no alcanza para iniciar un nuevo proyecto de vida. Condonaciones a los créditos de vivienda y que los chicos que están estudiando puedan terminar sus carreras universitarias sin que se vean truncados.

Que los activos de la empresa (puerto, aeropuerto, vía férrea) sean administrados por el gobierno bajo tutela de los trabajadores para que funcionen como un sistema integrado multipropósito (turismo, exportación e importación)

Hemos explorado el tema de transición energética en otros países del mundo y es bastante complicado. Basados en estos modelos, también pedimos, por ejemplo, una pensión anticipada para los trabajadores que les falten hasta 10 años.También incluimos a las comunidades, a la mujer como centro que ha tomado importancia en el proceso de transición y que tiene una protección especial. 

Pero para sorpresa de todos, el primer contradictorio de la transición es el mismo trabajador. Suelen responsabilizar al sindicato por la posibilidad de un cierre anticipado de mina, pero quiero dejar claro que nosotros no estamos pidiendo cierre de mina, estamos pidiendo las garantías mínimas para que en el evento de que suceda algo inusual, como es lo que acaba de suceder aquí, la multinacional no vaya a hacer lo que hizo con Prodeco y deje a los trabajadores desprotegidos.

C.: ¿Cómo unir a la comunidad cuando hay divisiones tan fuertes de fondo?

J.C.S.: Hay que tener claro que nosotros no solo somos trabajadores, también somos comunidad. Seríamos doblemente revictimizados: perderíamos el empleo y nuestras inversiones locales se afectarían porque mucho de la economía de La Guajira depende de la minería y el salario de los trabajadores. Y esto se ha demostrado cada vez que se ha hecho huelga, o ha habido paro por alguna circunstancia, todo el comercio queda deprimido. No hay ventas, no se mueven los vehículos, nada. 

Entonces, cuando nosotros como comunidades tengamos claro lo que puede suceder en el evento de un cierre anticipado de mina, vamos a exigir más. El problema es que los gobiernos locales (gobernadores, alcaldes) no se han preocupado por exigir diálogos de transición. Tengo entendido que mandatarios locales se reunieron con Glencore en Panamá, pero ¿por qué hablar de esto sin nuestra participación?

Necesitamos una articulación entre comunidades y trabajadores, que se cree una oficina en las alcaldías para estructurar el diálogo de transición energética justa. A mí sí me preocupa porque ahora con las elecciones el mensaje que se ha mandado abiertamente es que no quieren diálogo con sindicatos, y que el respaldo va a ser para las multinacionales y las empresas.

En Tadó, las conversaciones políticas suelen volver a discusiones repetidas entre una elección y otra, líderes y lideresas siguen nombrando problemas que sienten enquistados desde hace décadas: la falta de acceso a agua potable, la necesidad de formalizar la pequeña minería y proteger a los mineros artesanales y de subsistencia, el deterioro de la infraestructura vial y educativa, además del desempleo, la pobreza y las dificultades para acceder a servicios de salud.

Mientras el comité de campaña del Pacto Histórico recorrió el casco urbano y corregimientos como El Tapón, Yerrecuy, Corcovado, Angostura y Playa de Oro para promover la candidatura de Iván Cepeda, otros aspirantes como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella tienen poca presencia en el municipio y no realizaron actividades públicas de cierre de campaña.

En un departamento donde las mayores dimensiones de pobreza multidimensional están relacionadas con el bajo logro educativo, el trabajo informal y la falta de acceso a agua mejorada, las elecciones también reabren el debate sobre las deudas históricas del Estado con los municipios del Pacífico colombiano. Consonante conversó con líderes sociales de Tadó para conocer cuáles son las prioridades que esperan ver en la agenda de quien llegue a la presidencia de Colombia.

¿Qué proponen los tres candidatos que lideran las encuestas para el departamento de Chocó?

Aunque las campañas han hablado del Pacífico colombiano, las propuestas concretas para el Chocó siguen siendo limitadas. De los tres candidatos con más eco en el departamento, solo Paloma Valencia e Iván Cepeda han presentado iniciativas específicas para la región. Abelardo de la Espriella, en cambio, no ha formulado propuestas puntuales para el territorio ni visitó el departamento durante la campaña, aunque su movimiento político sí ha tenido presencia a través de grupos juveniles.

Valencia visitó el Chocó en enero de 2026, antes de las elecciones legislativas, y presentó un programa general para el Pacífico colombiano. Entre sus propuestas está la creación de una Gerencia Especial para el Pacífico que dependa directamente de la Presidencia, con el objetivo de garantizar que la inversión pública llegue a departamentos como el Chocó. También habló de fortalecer la infraestructura vial con proyectos como las rutas Quibdó–Medellín, Ánimas–Nuquí, Nóvita–Cartago y Quibdó–Pereira, además de la construcción de muelles fluviales para mejorar el transporte y el comercio.

Cepeda visitó Quibdó en febrero y habló de un plan de reparación histórica para el Pacífico colombiano, acompañado de una “revolución ética” contra el racismo estructural y el abandono estatal. Su propuesta se centra en una mayor presencia e inversión directa del Estado para garantizar derechos fundamentales. En infraestructura, coincide con Valencia en la necesidad de fortalecer la conectividad terrestre y fluvial, aunque insiste especialmente en el transporte fluvial como eje de integración regional. También propone la creación de granjas solares administradas por las Juntas de Acción Comunal.

Uno de los temas más sensibles en Chocó es la minería; también aparece de manera distinta en las campañas. Valencia plantea que la consulta previa no funcione como un veto a los proyectos extractivos y propone que las comunidades puedan convertirse en socias de las iniciativas mineras y energéticas. Cepeda, por su parte, propone un cambio en la gestión de los recursos minerales para que la riqueza derivada del oro y otros minerales se traduzca en mejores condiciones de vida para las comunidades y no termine fortaleciendo economías ilegales o grupos armados. También ha dicho que la explotación minera no puede comprometer el acceso al agua.

Precisamente el acceso al agua potable,una de las principales preocupaciones en Tadó, aparece de manera parcial en los programas de gobierno. Valencia habla de implementar indicadores y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar agua potable y conectividad en el Pacífico, además de incentivos tributarios para que empresas privadas construyan microacueductos. Cepeda propone reconocer el acceso al agua como un derecho absoluto, eliminar el enfoque de mercado en la prestación del servicio y ejecutar un plan de choque para garantizar cobertura universal de agua potable y saneamiento básico en el Chocó.

En salud y educación también hay diferencias. Cepeda propone fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó con mayor cobertura e inversión en investigación científica y tecnológica, además de crear una red hospitalaria de mayor complejidad para evitar que los pacientes deban salir de la región para recibir atención especializada. En los programas de Valencia y de la Espriella no aparecen propuestas concretas sobre educación superior para el departamento.

La seguridad ocupa un lugar central en las propuestas de Valencia y de la Espriella. Valencia ha insistido en que sin control territorial de la fuerza pública no puede llegar la institucionalidad y propone militarizar corredores viales y municipios afectados por estructuras criminales. También plantea reforzar la presencia de la Armada y la Fuerza Pública en ríos estratégicos como el San Juan, además de articular su estrategia antidrogas con apoyo tecnológico de Estados Unidos. De la Espriella, por su parte, centra su discurso en la erradicación de cultivos ilícitos y propone destruir 330 mil hectáreas de coca mediante fumigación aérea, extradición y otras herramientas legales.

¿Qué hará el nuevo presidente para la formalización de la minería de subsistencia y artesanal?

Una de las principales preocupaciones en Tadó es la criminalización de las actividades mineras de subsistencia, o la minería artesanal. Aunque a los líderes y lideresas prefieren no ser nombrados, manifestaron que uno de sus grandes anhelos es que se llegue a acuerdos concretos para evitar, por ejemplo, la quema de maquinaria. “El nuevo gobierno debe tener en cuenta que la minería es una de las principales fuentes de empleo en el departamento del Chocó, especialmente en el municipio de Tadó. Queremos que el próximo mandatario se siente a dialogar con los representantes de los mineros con el fin de mitigar esta problemática”.

Según cifras de la Agencia Nacional de Minas, el 82 por ciento de la economía del Chocó depende de la minería. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2020 aportó el 20 por ciento del PIB del departamento, solo superado por la Administración pública y la defensa. 

Ariel Quinto, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó), aseguró a Consonante en 2021 que al menos 60 mil familias derivan sus ingresos de la minería en este departamento. “Somos el renglón más importante de la economía del Chocó”, afirma Quinto.

A nivel local insisten en que esta actividad tiene mucho más peso en la economía, especialmente en la informalidad. El profesor Wilson Murillo, quien lleva más de 10 años acompañando a mineros del municipio de Tadó, dice que más del 70 por ciento de la población local se dedica a la minería. 

El Plan de Desarrollo del alcalde Juan Carlos Palacios refiere que de acuerdo con la plataforma AnnA Minería de la Agencia Nacional de Minería para abril de 2024 el municipio de Tadó contaba con 26 títulos mineros vigentes y 29 solicitudes vigentes de titularidad minera. Así mismo, según la ANM, se encontraban registradas 917 personas como mineros de subsistencia en modalidad de barequeo.

La solicitud es clara: que no los traten como criminales. No solo como un asunto técnico o económico, sino como una cuestión de derechos. Uno de los dilemas que la minería plantea para todos los candidatos es la confusión entre informalidad e ilegalidad. Los pequeños mineros sienten que la policía y el ejército son "enemigos que atentan contra su sustento".

El 1 de octubre de 2025 el Ministerio de Minas y Energía presentó ante el Congreso el proyecto de Ley Minera para la Transición Energética y la Reindustrialización del País, una iniciativa que busca replantear el rumbo del sector minero en Colombia. La propuesta plantea un modelo que combine la transición energética con la reindustrialización nacional y que refuerce la soberanía del Estado sobre los recursos minerales. Además, introduce nuevas reglas ambientales, sociales y contractuales para promover una minería planificada, justa y sostenible, al tiempo que impulsa la formalización de pequeños mineros y el fortalecimiento de encadenamientos productivos regionales. Pero aún falta mucho para que sea una realidad: de acuerdo con la Gaceta del Congreso del 14 de abril de 2026, el proyecto se encuentra actualmente en estado de Informe de Ponencia Positiva para Primer Debate en el Senado de la República.

La preocupación ha sido que muchos mineros confiesan no saber qué es la formalización minera ni para qué sirve, ya que nadie les ha explicado la ruta para hacerlo. También existe el temor de que las exigencias del Gobierno para legalizarse y muchos consideran que la formalización podría ser solo una medida superficial que no resolverá los problemas de fondo. Mineros artesanales de Tadó han denunciado que no entienden los alcances de los acuerdos recientes entre el Gobierno y el gremio minero, y que desconocen quiénes los representan en las mesas de diálogo. Aseguran que han sido excluidos del proceso y reclaman que ni el Gobierno nacional ni la Gobernación los han convocado a participar en las discusiones sobre su futuro.

¿Alguno garantizará el acceso a agua potable?

Han pasado aproximadamente 493 años desde la fundación de Tadó y, pese a su riqueza natural y abundancia de fuentes hídricas, gran parte de la población aún espera poder contar con un servicio de agua potable eficiente y constante.

Según el plan de desarrollo, el suministro de agua potable tiene una cobertura del 75,7 por ciento. La cifra solamente abarca la prestación del servicio en la cabecera municipal, que cuenta con dos sistemas de captación de aguas crudas (sistema por gravedad y sistema de bombeo). El 23,4 por ciento restante presenta un déficit en la prestación del servicio en el área rural, donde las comunidades negras cuentan con un abastecimiento de agua no convencional en regular estado; al tiempo que las comunidades indígenas se abastecen de los ríos y quebradas de forma manual y sin ningún tipo de tratamiento. 

“Estamos bañados en medio de dos ríos, San Juan y Mungarra, y estamos sin acueducto, si esta es la oportunidad, hay que pedírselo a la presidencia o a quien tenga que ser. Recuerdo que en años anteriores nos metieron el tema de aguas y aguas de Pereira donde vinieron e hicieron una gran inversión, pero a la fecha estamos sin agua, como ciudadano lo manifesté, ese acueducto no va a funcionar”, comenta Francisco Asprilla, veedor ciudadano.

Aunque en el papel buena parte del municipio cuente con la infraestructura necesaria para llevar agua a los hogares, varios líderes no se fían de la potabilidad del líquido. Además, no es un servicio continuo. A pesar de las promesas, no ha llegado a las 18 horas diarias que se dice que funcionan. En lugares como Villa del Remolino, o el centro, el agua suele llegar por una o dos horas al día.

“El municipio de Tadó cuenta con un aproximado de veinte mil pobladores, por eso debe ser prioridad poder contar con un acueducto que brinde un servicio donde sus pobladores puedan consumir de manera directa, ya que este es un elemento esencial para el desarrollo de la vida del ser humano”, agrega el líder juvenil Leifer Asmed Mosquera Perea.

En 2024, un estudio del Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en Colombia —liderado por Unicef— precisó que el 75 por ciento de los hogares de 20 departamentos usan fuentes de agua sin tratar; uno de estos es Tadó. 

¿Cómo atender la crisis de la salud?

Habitantes del municipio aseguran que persisten las dificultades para acceder a citas médicas, medicamentos y atención especializada. En muchos casos, los pacientes deben trasladarse a otras ciudades como Quibdó, o Pereira, para recibir tratamientos. En el municipio tienen un solo hospital para 20 mil habitantes y tres ambulancias que casi nunca funcionan. Como reportó Consonante, los vehículos estuvieron fuera de servicio durante un año y dos meses. 

“La salud en todo Colombia está pésima, pero aun así sería bueno que intervinieran en la infraestructura del hospital San José de Tadó, ya que se prometieron un hospital de segundo nivel en este gobierno y hasta la fecha de hoy no han cumplido”, asegura Asprilla.

Los tadoseños vienen denunciando hace un tiempo dificultades para que los gestores farmacéuticos entreguen las medicinas. De hecho, en marzo de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud interpuso una medida cautelar contra Audifarma, una de las empresas dispensadoras en el Chocó que presta servicios a la Nueva EPS, por el desabastecimiento de medicamentos de todo tipo, algunos tan básicos como el acetaminofén. Desde el 11 de octubre del año pasado, la Nueva EPS suspendió de manera parcial la entrega de medicamentos a sus usuarios en Tadó.

En el Chocó, además, solo existe un hospital de segundo nivel ubicado en Quibdó. Recientemente la gobernadora Nubia Córdoba denunció una sobreocupación del 340 por ciento, con el servicio de urgencias colapsado. El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud, pero no ha podido salir de una crisis que viene desde hace varios años por, entre otras razones, un desequilibrio financiero, el deterioro de la calidad en la atención y prácticas inseguras para los pacientes en el hospital.

¿Bajarán las cifras de pobreza y desempleo?

En 2022 el Dane reportó que el Chocó tenía el mayor porcentaje de habitantes en condición de pobreza monetaria extrema, es decir el 44 por ciento de su población. Y entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la tasa de desocupación juvenil alcanzó el 30,9 por ciento, la más alta de todo el país en ese segmento poblacional.

“El nuevo presidente de Colombia debe tener como prioridad el generar oportunidades en cuanto a empleo, para toda nuestra gente. Es de suprema importancia que en las políticas públicas que este presidente pretende implementar en su programa y desarrollo de gobierno, vaya impulsado el empleo para toda la juventud, y la comunidad tadoseña en general. Buscar alternativas para que los jóvenes no sean reclutados para hacer parte del conflicto armado”, dice el joven Leifer Asmed Mosquera.

Para el año 2025, la tasa de desocupación de Chocó fue 12,8 por ciento, mientras que en 2024 se ubicó en 15,9 por ciento. Aunque hubo una aparente disminución, el departamento sigue teniendo la tasa más alta de todo el país. La ciudad de Colombia con la mayor tasa de desempleo en el trimestre enero-marzo 2026 fue Quibdó con una tasa de 26,0 por ciento.

Según el Dane, la inseguridad alimentaria moderada o grave (hambre) en el Chocó pasó de 36,3 por ciento en el 2024 a 56,8 por ciento en el 2025, y la inseguridad alimentaria severa (hambre extrema) se triplicó, al pasar de 6,4 por ciento en 2024 a 17,9 por ciento en 2025.

Aunque Tadó es reconocido por su riqueza minera y cultural, muchos habitantes consideran que el municipio necesita proyectos productivos, apoyo al emprendimiento y programas que impulsen el empleo juvenil para evitar fenómenos como la migración y el reclutamiento por grupos armados ilegales. En las cifras del plan de desarrollo se destaca que el empleo informal es la norma, alcanza un 92,5 por ciento a nivel general. En la cabecera municipal es el 91,3 por ciento, y en la zona rural llega al 94,5 por ciento.

El diagnóstico del documento revela que los ingresos derivados de actividades como la minería artesanal y la agricultura familiar apenas alcanzan para la subsistencia debido a la escasez de recursos y la falta de tecnificación.

La propuesta es potenciar otros sectores productivos, como el turismo: “sería bueno que a través del gobierno se diera a conocer los atractivos turísticos que hay en el municipio, para que capaciten a sus pobladores y así puedan sobrevivir de ese arte. El municipio de Tadó es conocido como la puerta de entrada al departamento del Chocó por el oriente, pero está muy quedado en desarrollo, hoy se ve el turismo como una potencia de este centro poblado, porque cuenta con las condiciones para ser uno de los municipios con senderos turístico en la subregión del San Juan”, comenta Gabriel Copete, ex rector de la institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza y líder político del municipio.

¿Terminarán con la promesa eterna de pavimentar vías y mejorar la infraestructura?

Los últimos cinco presidentes de Colombia han prometido terminar la vía Quibdó-Medellín, pero ninguno le ha cumplido a las comunidades. En los últimos días, las instituciones reconocieron que este gobierno tampoco entregará el proyecto finalizado. Empresarios cercanos a políticos y mencionados en escándalos de corrupción han tenido contratos. Si se suman las cifras oficiales y los dos accidentes reseñados, el número de fallecidos en esta vía es de 339.

“Como medidas urgentes para el desarrollo de nuestro pueblo la construcción de la vía al mar:  Animas Nuquí, y por otro lado también se pudiera terminar la referente a red vial, que conduce: Medellín-Quibdó, Tadó-Pereira; e incluso poder iniciar obras de apertura en la vías: Istmina, Nóvita que conduce hacia la ciudad de Cartago en el departamento del Valle del Cauca”, explica Copete.

Leifer Mosquera también afirma que es una prioridad que las vías de acceso a los diferentes municipios, y otros departamentos, estén en óptimas condiciones, al igual que las calles estén en buen estado. En Tadó, por ejemplo, los habitantes reportan que durante las temporadas de lluvia muchas comunidades rurales quedan prácticamente incomunicadas, afectando el transporte de alimentos, el acceso de estudiantes a escuelas y el traslado de pacientes.

También proponen avanzar con el canal interoceánico Atrato-Truandó, un ambicioso megaproyecto de infraestructura propuesto para unir el océano Atlántico (Mar Caribe) con el océano Pacífico a través del departamento del Chocó. Pero Copete afirma que para ello se necesita que el departamento cuente con verdaderos representantes, en cabeza de los dos parlamentarios, para que esta obra pueda ser incluida en el plan de desarrollo nacional. 

Además de las vías, también buscan la intervención de infraestructura agrícola y deportiva. “Me atrevería a decir que la plaza de mercado tiene más de cien años y no funciona. Se necesita un lugar donde puedan llegar todos los agricultores que cultivan la tierra en Tadó. Se habla mucho de la parte agrícola, pero los gobernantes no solucionan problemas, antes, por el contrario, la tienen en completo abandono. Dos temas que deben ser prioridad para el nuevo presidente son lo referente a la agricultura y deporte”, agregó el líder.

¿Cómo sacar a la Utch de su crisis y mejorar la infraestructura educativa?

Docentes y padres de familia han insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura de varias instituciones, garantizar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer la educación superior para que los jóvenes no tengan que abandonar el municipio en busca de oportunidades académicas.

Después de la alimentación escolar, la mayor parte del dinero que recibe Tadó para educación se invierte en el sostenimiento del transporte, un servicio que, a pesar de la inversión, no cumple con las condiciones adecuadas. El resto del dinero no alcanza para la infraestructura escolar que está en estado crítico.

Los 3.787 alumnos del municipio estudian en condiciones precarias. En la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo solo hay 10 computadores para 1.212 estudiantes, en la Institución Técnico Agroambiental (I.T.A) el transporte escolar pone en riesgo a los y las estudiantes por la antigüedad de los buses, y en Nuestra Señora de Fátima hacen falta baños. Un panorama que se ha sostenido en los últimos años y que ha causado que padres de familia, veedores y la comunidad educativa se pregunten en qué se invierte el dinero de la educación en Tadó.

Por su parte, mientras en Atlántico o Bogotá casi el 50 por ciento de los jóvenes accede a la educación superior, en Chocó la cifra no supera el 20 por ciento. Y la única universidad pública no ha logrado salir de una crisis que ya cumple más de dos años.

“Es de suma importancia que el nuevo presidente se fije en la infraestructura educativa que está muy deteriorada, especialmente en la alma mater del departamento del Chocó, como lo es la Universidad Diego Luis Córdoba, para que funcione como lo que es, a preparar jóvenes que puedan aportar para el desarrollo de su pueblo”, dice Copete.

Una historia que Consonante ha seguido de cerca: en diciembre de 2024, se cumplieron cinco meses de un paro que dejó al menos seis rectores posicionados en menos de seis meses; en enero de 2025, la universidad arrastraba tres meses de retrasos salariales para docentes y administrativos; en octubre de 2025, nuevas decisiones del Ministerio de Educación reactivaron el debate sobre la autonomía universitaria; y hoy, en mayo de 2026, la elección del nuevo rector vuelve a abrir la disputa sobre el rumbo de la institución. Una línea de tiempo que cuenta la persistencia de la crisis de la universidad pública en uno de los territorios donde más se necesita. 

Dos años y medio le han costado a la Universidad Tecnológica del Chocó encontrar rumbo. Durante este tiempo, siete rectores han intentado liderar una institución atravesada por problemas financieros y de calidad educativa y que ha perdido más de 4.000 estudiantes. Ahora, en medio de varias polémicas, el Consejo Superior de la Universidad definió que el próximo viernes 22 de mayo se dará por terminado el desfile de encargados y finalmente, se elegirá un nuevo rector en propiedad.

Aunque las clases comenzaron el 14 de enero, la universidad siguió durante meses en anormalidad académica. Un fallo de tutela ordenó en febrero reactivar de inmediato las actividades académicas y administrativas, pero no fue sino hasta hace poco más de tres semanas, el 20 de abril, que se volvió a la normalidad académica. 

Mientras esto pasaba, se han tomado varias decisiones clave para la universidad: en marzo el Ministerio de Educación aprobó el Plan de Mejoramiento de la institución, documento indispensable para subsanar los 109 hallazgos identificados durante 2023-2024 y que han llevado a la institución a la peor crisis de su historia.

Después de más de un año de retraso, se iniciaron las elecciones de consejeros superiores, quienes serán los encargados de elegir al nuevo rector. Los procesos han estado rodeados de polémicas, falta de confianza y un vaivén de decisiones judiciales. 

Aunque la elección del representante de los estudiantes estaba planeada para el 6 de marzo, el 27 de marzo fue elegido Wilmer Serna como representante de los estudiantes, a pesar de la anormalidad académica y en medio de polémicas por falta de garantías para las elecciones. Juan Tulio Córdoba Lemus fue elegido como representante de los exrectores en abril de 2026. Gentil Ayala Vivas es el representante de los docentes y José Lorenzo Bejarano Pinilla es representante de las directivas académicas.

En un principio, el Ministerio de Educación ordenó a la universidad abstenerse de realizar las elecciones que estaban previstas para febrero de 2026, hasta verificar presuntas irregularidades. Entre esas la inexistencia de un convenio formalmente suscrito con la Universidad Distrital para el uso del software de votación, la falta de una auditoría externa independiente, la ausencia de resultados en las pruebas de carga y estrés del sistema virtual y el hecho de que la Universidad Distrital manifestó en estrados judiciales que no tenía un vínculo jurídico vigente con la UTCH para soportar el proceso electoral.

A esto se suma el debate, aún vigente, sobre si las elecciones pueden realizarse de manera virtual o no. Quienes defienden la virtualidad aseguran que la comunidad cuenta con cerca de 36.000 egresados dispersos en todo el país y en el exterior, y que exigir el voto presencial únicamente en Quibdó y algunos municipios del Chocó excluye, en la práctica, a quienes no residen allí. Además, sostienen que la modalidad virtual había sido establecida desde 2024 y que los egresados ya habían actualizado sus datos y recibido sus credenciales digitales.

Sin embargo, desde el otro sector aseguran que el censo electoral ha dejado por fuera a varios egresados y que las limitaciones de conectividad en el departamento representarían un gran obstáculo para unas elecciones virtuales.

De los nueve miembros del Consejo Superior Universitario, CSU, falta por elegir el representante de los egresados. La elección, prevista inicialmente para el 12 de mayo, quedó suspendida por decisiones judiciales cruzadas: un juez ordenó frenarla por cuatro meses, pero el fallo fue anulado días después y el proceso deberá reiniciarse mientras se toma una nueva decisión.

La tensión escaló y los sindicatos de la Universidad se declararon en “estado de máxima alerta”, exigiendo que la elección del representante de egresados se haga de manera presencial. Cuestionan la insistencia del gobierno universitario, encabezado por Héctor Aurelio Mosquera Mosquera, el Consejo Superior y el Ministerio de Educación, en mantener un mecanismo de votación virtual pese a las fallas de conectividad que enfrenta el Chocó, uno de los departamentos con mayores brechas digitales del país. 

En el oficio recuerdan que la propia universidad sufre interrupciones constantes de internet e inestabilidad tecnológica que afectan procesos académicos y administrativos, y señalan que desde 2021 hasta 2024 han advertido formalmente sobre los riesgos del voto electrónico sin recibir una respuesta de fondo. Además, anunciaron que revisarán la suspensión provisional de la jornada de reflexión y la asamblea permanente decretada el 20 de abril de 2026, y advirtieron que podrían retornar a la anormalidad académica si así lo decide la Asamblea.

Mientras todo esto pasa, a docentes y administrativos aún se les deben primas, los salarios se pagan tarde y no se ha logrado solucionar el problema de la contratación de los profesores ocasionales. Los estudiantes siguen sin respuestas claras, de fondo y con limitaciones en la infraestructura y el bienestar universitario. Y fuera de Quibdó, en los Centros de Desarrollo Subregionales, las necesidades se duplican. Hablamos con Wilmer Adolfo Serna, elegido como consejero superior de los estudiantes, sobre los retos urgentes que deberá enfrentar el próximo rector de la Utch.

Consonante: ¿Cómo se han desarrollado las elecciones en la universidad? Teniendo en cuenta las alertas por falta de garantías.

Wilmer Serna: Las elecciones del representante estudiantil fueron el 27 de marzo, de manera presencial. Sin embargo, la noche anterior al proceso electoral, incluso el mismo día, un grupo de personas externas y de la misma universidad quemó llantas, hizo disturbios, desórdenes, para evitar que se desarrollaran las elecciones en Quibdó.

Esto hizo que la gobernadora adelantara un puesto de mando unificado; tuvimos acompañamiento de la Fuerza Pública y se tuvo que trasladar el sitio de votación. Inicialmente las elecciones se estaban haciendo en la ciudadela universitaria, pero tocó moverlas al Consultorio Jurídico de la Universidad.

En los CDS, Centros de Desarrollo Subregional, en Istmina, Tadó, Río Sucio y Bahía Solano se desarrollaron con normalidad.

C.: ¿Qué intereses cree que hay detrás de la intención de impedir las elecciones?

W.S.: Aquí hay manos oscuras. La universidad viene pasando hace tiempo por una crisis institucional y las personas que la llevaron a ese estado son las que se oponen al cambio, a la transformación. Aquí se ha instrumentalizado a muchos estudiantes para que sean un  obstáculo en este proceso electoral.

Pero gracias a Dios el proceso se llevó a cabo, así fuera con presencia de la Fuerza Pública. Los estudiantes votaron contundentemente y nos eligieron con la mayor votación: alrededor de 1.606 votos; la persona que quedó de segunda logró solo 77 votos. Ganamos en todas las mesas y en todos los centros de desarrollo regional.

C.: ¿Qué falta para que se pueda elegir a un rector en propiedad?

W.S.: Después de las elecciones del representante de los estudiantes, se realizó la elección del representante de los exrectores; ellos tienen también un asiento, voz y voto en el Consejo Superior.

Falta la elección del representante de los egresados, que estaba programada para el día 13 de mayo, pero todavía no se ha podido hacer. Esa es la única que falta.

Una vez ese asiento también esté definido, se podrá elegir rector. Posiblemente lo elijamos al finalizar el mes de mayo, antes de la primera vuelta presidencial.

C.: Hoy está como rector encargado Héctor Aurelio Mosquera, ¿cómo se sienten los estudiantes con su designación? Y ¿cómo ha sido esa ida y vuelta de tantos rectores?

W.S.: Tener siete rectores ha sido un punto grave de esta crisis. Es imposible que una universidad con esa inestabilidad, interinidad, institucional pueda avanzar.

Cada rector tiene una idea, una forma de gobernar, de hacer las cosas. Y eso lo que hace es que no exista una ruta clara, que no exista un derrotero claro hacia la construcción de un proyecto universitario en el que podamos ayudar.

El profesor Héctor es una persona con trayectoria en la universidad, que tiene una buena visión, pero realmente lo que necesitamos ahora es que se pueda dar la elección y pueda haber alguien en propiedad que pueda trazar una ruta clara.

C.: Entre 2024 y 2025 la Utch perdió 4.077 estudiantes. De una matrícula histórica que rondaba los 13.000 a 14.000 alumnos, la institución ha caído a niveles que ponen en riesgo su sostenibilidad financiera futura. ¿A qué cree que se debe esa situación?

W.S.: La universidad está en un proceso de transformación y lo que necesitamos ahora es volver a generar confianza ante la comunidad, que hoy no nos ve con buenos ojos. El tema de los paros, asambleas y demás, ha hecho que muchos se vayan porque sienten que están perdiendo mucho tiempo. Porque sienten que su proyecto de vida se puede demorar más en esta universidad.

Muchos compañeros y parte de la comunidad chocoana prefieren que sus hijos se vayan a otras universidades. Es culpa de la crisis en la que estamos hoy.

Quibdó es muy complejo, como estudiantes estamos inmersos en zonas de conflicto y somos propensos a ser reclutados por grupos armados fuera de la ley. Eso es muy preocupante; es más fácil cooptar a un estudiante que no esté en el aula, que no esté haciendo nada. Aquí hay unos barrios marginados que se están volviendo presas fáciles de muchos grupos armados. En ese sentido, tenemos que aunar todos los esfuerzos posibles para que la comunidad universitaria confíe nuevamente en la Utch.

C.: ¿En qué quedaron las negociaciones de la Asamblea Triestamentaria? ¿Cómo se resolvieron las solicitudes?

W.S.: Ellos han suspendido las reuniones. La asamblea asegura que no se han levantado, solo hubo una suspensión. Hay unos acuerdos de corto, mediano y largo plazo que hay que dar. Lo que nosotros hemos dicho es que cada una de las partes debe ceder y cumplir con lo que se compromete para evitar que volvamos a un cese de actividades. 

Pero la verdad es que eso ya nos tocaría con el próximo rector, que trace una ruta en el marco del diálogo y la concertación con las organizaciones sindicales. Y en términos de sus convenciones colectivas, que el rector acuerde de manera clara y categórica los puntos con la organización sindical, que no permita que esta situación se vuelva a repetir.

C.: Algunos estudiantes y administrativos nos hicieron comentarios sobre lo que no está funcionando, por ejemplo, que los recursos de bienestar universitario no se reflejan dentro de la institución. ¿Cuáles son las solicitudes que le hará el estudiantado al rector que llegue?

W.S.: Hay muchas cosas por mejorar. Hay que hacer un proceso de socialización en términos de los recursos, de cara a la comunidad universitaria. Se debe socializar con cada uno de los departamentos: docentes, estudiantes y administrativos, el plan operativo anual de inversión, en qué se van a invertir los recursos. Eso se debe construir conjuntamente, porque es importante que cada uno de los que hacemos parte de la universidad tengamos claridad. Hace parte de la transparencia de la administración pública y ayuda a evitar la corrupción.

Solicitamos que los estudiantes puedan tener buenos ambientes escolares, una buena infraestructura educativa, pero también sanitaria. Que haya garantías para ir a las prácticas profesionales, a las pasantías, a los intercambios académicos, que se destinen los recursos pertinentes para eso. También se requieren recursos para los temas de investigación, de extensión y proyección social, para los temas deportivos y culturales. 

Hay una parte que es muy importante para nosotros: la seguridad. En la universidad no hay; todos deberíamos estar carnetizados.  Se necesita un restaurante estudiantil en el que los estudiantes puedan tener el desayuno, el almuerzo y la cena. Que exista una real beca de transporte, una ruta universitaria donde los buses puedan transportar desde las 5-6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que circule por todo Quibdó. Estrategias que apunten a la permanencia del estudiante, teniendo en cuenta  la crisis económica y social que vivimos en el municipio de Quibdó y en los CDS.

C.: ¿Y cuáles son las necesidades de los estudiantes en los CDS?

W.S.:  En los CDS hay un total abandono por parte de la universidad. Esa es una realidad; los estudiantes están abandonados a su suerte.

Allá no hay bienestar universitario, no hay acompañamiento estudiantil. Todas las necesidades están. No hay registro y control, no hay oficina financiera. Para que un estudiante pueda hacer un trámite, tiene que venir de Río Sucio, de Tadó, de Bahía Solano, a Quibdó. Están centralizados todos los procesos administrativos en Quibdó. Lo único que se da allá son algunas clases. El tema de la infraestructura sanitaria también está mal. Mi lugar como representante también va a ser para que mis compañeros de allá también sean tratados con dignidad.

C.: Sobre el tema de la calidad educativa, la universidad sigue ocupando los últimos puestos en las pruebas Ecaes. ¿Cómo viven esto los estudiantes?

W.S.: Aquí hay muchos factores que se deben revisar, que son más de fondo que de forma. La Universidad para los índices de los Ecaes ha venido mejorando, pero es necesario fortalecer los procesos. Hay que fortalecer la academia y la investigación. 

Este departamento es rural; hay que mirar las condiciones de un estudiante de Río Sucio, de Belén de Bajirá, del Darién, de Unguía o de Acandí, donde muchas veces pasan semanas sin energía, donde hay falta de conectividad de redes Wi-Fi y de nuevas tecnologías. No se nos puede mirar y medir igual que la Nacional de Bogotá o que universidades del Valle o de Antioquia. Porque las condiciones que tiene la Utch no son las mismas que tiene la Nacional, o que tienen otras universidades públicas. Hay que empezar por inyectarle recursos; hay que hacer muchas cosas todavía.

Bajo un sol que no daba tregua, los habitantes de San Juan del Cesar comenzaron a aglomerarse frente a las vallas que rodeaban el nuevo Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) mucho antes de las dos de la tarde. En el aire se sentía la expectativa: por fin se entregaba la obra que prometía ser el corazón del comercio local. Sin embargo, la ilusión de conocer el recinto se chocó de frente con el rigor de los anillos de seguridad y una espera que se prolongó mucho más de lo previsto.

El pasado 30 de abril, San Juan fue la sede del Encuentro de Economías por la Vida y la entrega del primer PAS del país. La jornada, organizada por el Gobierno Nacional y Prosperidad Social, contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y el director del DPS, Mauricio Amaya.

A pesar de que la entrega estaba programada para las 3:00 de la tarde, el presidente Petro no llegó al lugar sino hasta pasadas las cinco. Durante esas dos horas y media de retraso, las personas insistieron en ingresar, pero el acceso permaneció restringido a un listado previo que incluía únicamente a funcionarios, prensa oficial y tres representantes por cada red de asociaciones.

“No podían ingresar más personas ese día”, explica Laura Guerra, secretaria de Desarrollo Económico, al señalar que las limitaciones del espacio obligaron a restringir incluso el acceso de las asociaciones locales. En medio de esa exclusión, solo un grupo de mujeres vestidas con faldas de cumbia y camisetas con el rostro del mandatario logró cruzar el cerco. El resto de la comunidad, incluidos líderes del barrio La Victoria, a quienes se les había prometido que serían los principales beneficiarios, tuvo que conformarse con observar la llegada del presidente desde la distancia.

Mientras la tensión crecía en el PAS por la espera y los filtros, en la Plaza Santander emprendedores, campesinos y artesanos de toda La Guajira se instalaron en stands para mostrar sus productos. Al caer la tarde, la plaza se desbordó de visitantes de otros municipios, quienes recibieron al presidente con danzas.

Petro permaneció en este encuentro alrededor de una hora y media, conversando con los delegados y recorriendo los puestos, para finalmente partir cerca de las siete de la noche. La jornada cerró con un balance dual: una plaza vibrante que demostró la fuerza de la economía local y una infraestructura nueva que, en su día inaugural, mantuvo las puertas cerradas para gran parte de su propia gente. 

Más allá de los protocolos y las vallas del evento, queda la pregunta sobre la utilidad real de esta obra para el municipio. Consonante explica cuáles son los alcances de este nuevo proyecto y qué impacto podría tener, una vez abierto al público, en San Juan del Cesar.

¿Qué es un PAS?

PAS son las siglas de “Puntos de Abastecimiento Solidario”, una estrategia del gobierno nacional planteada para fortalecer la seguridad alimentaria y la economía popular en los municipios más vulnerables del país.

Hace parte del programa Hambre Cero, reglamentado por el Decreto 0684 de 2024, que busca erradicar el hambre y garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada, sostenible y culturalmente apropiada. Así como cerrar brechas de desigualdad en territorios marginados y excluidos que enfrentan barreras para el acceso físico y económico a los alimentos y fortalecer los sistemas alimentarios locales, potenciando las capacidades de producción y abastecimiento de las economías populares.

Todo esto a través de una infraestructura que contiene, según lo propuesto en la página del DPS, 10 locales comerciales, 40 módulos de venta, un centro de acopio para productos campesinos, un espacio “multipropósito” con capacidad para 12 puestos de “venta de artesanías”, una cocina comunitaria, un comedor comunitario, baños, un “punto bienestarina” y el espacio de administración.

¿Dónde van a estar ubicados los PAS y cómo se decidió?

A nivel nacional se había anunciado la construcción de 150 Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), iniciativa para la cual el Gobierno Nacional anunció una inversión de 500.000 millones de pesos. Sin embargo, en el último comunicado del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se habla de que la proyección es de 115 puntos, sin claridad si la inversión cambió.

Para la selección de los beneficiarios, el DPS abrió una convocatoria dirigida a municipios PDET, ciudades capitales y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Inicialmente, los entes territoriales postularon sus proyectos ante la entidad; posteriormente, se aplicaron criterios de elegibilidad y priorización basados en las características del territorio y los objetivos del programa Hambre Cero.

Se dio preferencia a zonas con brechas de desigualdad que limitan el acceso al derecho a la alimentación, así como a municipios con comunidades en riesgo de pobreza extrema, sujetos de especial protección constitucional, víctimas del conflicto armado y pequeños productores locales.

En el departamento de La Guajira resultaron beneficiados los tres municipios PDET: Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar. Pero a la fecha solo este último ha sido finalizado.

¿Cuántos recursos se invirtieron y quiénes se encargaron de la construcción?

La construcción de los PAS se gestionó a través de bloques regionales. El proyecto en San Juan del Cesar se incluyó en el contrato de obra No. PAF-DPS-O-143-2024, que incluía también a los municipios de Dibulla y Fonseca en La Guajira, y a Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pueblo Bello, Valledupar y San Diego, en el Cesar.

Sobre los recursos, el DPS reportó una inversión de 3.657 millones de pesos para la sede de San Juan, cifra con la que se proyectó beneficiar a 912 personas de forma directa y a más de 10.000 de manera indirecta. Sin embargo, en los registros de contratación el valor de la obra figuran $2.754 millones de pesos.

El cronograma oficial fijó el inicio de actividades el 18 de febrero de 2025. El contrato establecía un plazo de siete meses, con un periodo de ejecución de obra de cinco meses tras la aprobación de los diseños. Sin embargo la entrega se realizó en mayo de 2026.

La obra estuvo a cargo del Consorcio OHB, conformado por las empresas Técnicas Unidas Infraestructura SAS y Construcciones Barsa SAS, cada una con una participación del 50 por ciento.

¿Era conveniente un PAS en San Juan del Cesar? 

En el municipio persiste un dilema histórico en torno al uso del espacio público. Desde hace cerca de 26 años, vendedores informales se han instalado en las calles del centro para ofrecer de todo, desde frutas y verduras hasta teléfonos celulares. Hoy ocupan “El Hoyito”, una solución improvisada que surgió ante la falta de un espacio adecuado para desarrollar sus actividades. 

En febrero de 2025, la administración de Urbina desalojó a varios vendedores de El Hoyito con la promesa de que un nuevo proyecto de alcance nacional, ubicado en el colegio José Eduardo Guerra, resolvería de fondo esta problemática. Aunque el proyecto se concretó con la construcción del PAS, la realidad es que no representará una solución para los vendedores ambulantes.

Según Laura Guerra, secretaria de Desarrollo Económico, a pesar de que “fue una iniciativa de parte de la administración proponer al DPS que se escogiera ese PAS para poder organizar a los vendedores ambulantes”, ese no era el objetivo del proyecto planteado desde el Gobierno Nacional, en Bogotá. “Este punto estará a cargo de productores campesinos y también de artesanas o cualquier otro tipo de emprendimiento, pero tienen que estar asociados”, enfatiza.

La plaza de mercado y terminal de transportes es el mayor elefante blanco del municipio: una obra inconclusa desde hace más de diez años en la que se invirtieron $1.700 millones de pesos. La infraestructura nunca contó con los servicios básicos necesarios para funcionar (agua, alcantarillado y energía) y tampoco fue entregada oficialmente. Hoy es usada como hogar de paso.

El desalojo de vendedores informales en la zona céntrica, especialmente en la carrera sexta, ha sido una estrategia recurrente de varias administraciones. Sin embargo, ninguna ha logrado ofrecer soluciones definitivas. Durante la gestión del exalcalde Álvaro Díaz se intentó reubicarlos en el terminal de transportes, pero las condiciones del lugar eran precarias. También se adelantó la remodelación de la Plaza Santander, entonces ocupada por vendedores de comida, zapateros y verduleros. Mientras duraron las obras, los comerciantes fueron desalojados y se les permitió vender temporalmente en la calle. Sin embargo, una vez finalizada la intervención, no pudieron regresar.

Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, aproximadamente el 60 por ciento de la población económicamente activa en San Juan del Cesar se dedica al comercio informal. Hoy muchos de los vendedores ambulantes retornaron a El Hoyito, y viven con la zozobra de que los vuelvan a desalojar.

¿Entonces quiénes serán los beneficiarios?

Aún no está claro quiénes ocuparán los locales del PAS. Hasta el momento, se ha conformado una red de 24 asociaciones de campesinos, artesanos y emprendedores, pero no existe un listado definitivo de beneficiarios ni un manual de funciones claro.

La administración local ha advertido que no tiene plena autonomía sobre las reglas de funcionamiento del proyecto. “Todo nos toca coordinarlo con Prosperidad Social (DPS); ellos prácticamente definen las reglas de operación y sostenibilidad”, explica Guerra. Bajo el modelo planteado, nadie tendrá un local asignado de manera permanente. La apuesta es implementar un sistema rotativo en el que los espacios se distribuyan según la disponibilidad de los productos. Sin embargo, este esquema aún no ha sido formalizado, lo que mantiene a los productores en una etapa de incertidumbre que, según las últimas estimaciones oficiales, podría extenderse entre cuatro y seis meses más.

Para los campesinos de zonas como Caracolí, la apertura del PAS no es solo un tema logístico, sino de supervivencia económica. Máximo Luna, de la asociación Asoprohcar, denuncia que durante décadas han sido víctimas de los intermediarios: “Nos compraban el kilo de maracuyá en 3.000 pesos y en el mercado costaba 9.000. Ellos, sin sembrar, duplicaban la ganancia del campesino”.

Pese a que San Juan del Cesar cuenta con varias despensas agrícolas, los vendedores de El Hoyito y los vendedores ambulantes se abastecen de otros territorios. Pero la expectativa es que  esto cambie con la llegada PAS:“Todo eso que viene de la Sierra Nevada, por ejemplo, de la despensa agrícola de San Juan del Cesar ya no va a salir para Valledupar, ni para otros mercados, sino que va a estar aquí en ese centro. Le vamos a vender al consumidor directamente nosotros, los agricultores; esto nos permitirá bajar los costos en todo el municipio”, explica Luna.

Esta misma percepción la comparte Yanith Mendoza, fundadora de la Asociación de Campesinos sin tierras: “Este punto va a tener un impacto muy positivo en nuestro municipio, para nuestros campesinos representa la oportunidad de vender directamente sus productos a un precio justo eliminando depender del trueque o de los revendedores, eso les permitirá cambiar sus vidas”, dice.

A pesar de ser una potencia agrícola que cultiva yuca, maíz, patilla y tomate, San Juan del Cesar ha carecido de un centro de acopio eficiente. Los altos costos de transporte desde el campo y la falta de un mercado campesino local obligaban a los vendedores del municipio a abastecerse en otros territorios, ignorando la producción de sus propios vecinos.

¿Qué otras estrategias acompañan al Punto de Abastecimiento Solidario?

En la Plaza Santander se reunieron más de 40 emprendedores de artesanías y gastronomía para dar vida a la feria de economía popular, en el marco de la entrega del PAS. Para mujeres como Mary Araujo, la jornada fue un alivio: “Me sentí valorada y reconocida; pudimos vender nuestros productos y todos nos sentimos contentos porque recibimos apoyo”, afirma. Destacando la armonía entre sus compañeros y el deseo de generar empleo para otras mujeres cabeza de hogar.

Pero no todos compartieron ese entusiasmo. Mientras Mary celebraba las ventas, otras emprendedoras, especialmente mujeres con discapacidad, observaban desde afuera. “La información nos llegó demasiado tarde; no pudimos organizarnos ni exhibir nuestros productos, y aún no sabemos si tendremos un espacio en el punto solidario”, cuenta una de las afectadas. Para ellas, la inclusión prometida por el proyecto sigue sin traducirse en espacios reales de participación.

Ante estos reclamos, las autoridades explicaron los filtros que rigen el proceso. Natalia Matiz, enlace territorial nacional, detalló que la selección no es abierta, sino que responde a un proceso de focalización: “Nos llega un listado de la gerencia regional; ellos hacen un filtro, revisan documentación y, una vez aceptados, nuestro equipo contacta a los seleccionados”.

Marian Serrano, directora de Economía Popular de Prosperidad Social, reconoció que las bases de datos para identificar a la población con discapacidad son insuficientes y que están trabajando para actualizarlas. Sobre la exclusión de otros sectores, fue directa: “Los recursos siempre van a ser limitados, por lo que la acción de las entidades tiende a focalizar o priorizar a quienes están en ciertas condiciones”.

Pese a las barreras, la intención es que la red de asociaciones no se cierre. Según Guerra, cualquier asociación puede acercarse aún a la secretaría de la red, presidida por Máximo Luna, para intentar integrarse.

Además, se planteó una estrategia de fortalecimiento económico liderada por la coordinadora territorial Deris Cecilia Paz, que consiste en un incentivo de un millón de pesos por emprendedor. La idea es que cada participante organice un "combo" de productos para la venta y rifas que asegure esa suma. No obstante, este dinero aún no ha llegado a las manos de los artesanos, ya que está sujeto a una capacitación previa que todavía no se ha realizado.

Fonseca aún no tiene alcalde. En menos de cuatro años sus habitantes han tenido que ir a las urnas tres veces, en medio de una disputa judicial que sigue abierta incluso después de la segunda elección atípica, realizada el pasado 3 de mayo.

La incertidumbre, que ya lleva casi tres años, parece haber agotado la paciencia de los fonsequeros. Durante la jornada se registraron altercados con las autoridades encargadas de custodiar el proceso, en un municipio convertido en un amplio dispositivo de seguridad. La presencia de 1.300 uniformados de la Policía, el Ejército y otras entidades incrementó la tensión entre los habitantes.

Cinco candidatos se inscribieron para disputar el cargo. Sin embargo, la contienda se concentró en dos nombres: Micher Pérez Fuentes, de la Alianza Social Independiente (ASI), y Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa, del Partido de la U, quienes lideraron la intención de voto. Después del preconteo, Pérez logró 10.547 votos y Rodríguez 5.635. Pero aún no se sabe quién será el alcalde.

Para aclarar los hechos que llevaron al municipio a esta situación, Consonante reconstruyó las decisiones judiciales que ocurrieron las últimas dos semanas y que serán clave para la decisión final.

25 de abril: el CNE dice que Micher está inhabilitado

Después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes, la incertidumbre alrededor de los nuevos comicios se instaló en Fonseca. Aunque sobre él pesaba un limbo jurídico, a Pérez se le permitió inscribir nuevamente su candidatura en marzo, y la campaña arrancó otra vez en medio de controversias y cuestionamientos.

No fue sino hasta el 25 de abril, una semana y media antes de las elecciones, que se tomó una decisión de fondo. El Consejo Nacional Electoral colombiano declaró a Pérez inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Fonseca, centrándose principalmente en dos causales: 

1. Ejercicio previo de autoridad (Numeral 2, Art. 95)

Esta es la causal central del debate. La ley prohíbe la inscripción de quien, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya ejercido como empleado público o autoridad política, civil o administrativa en el mismo municipio. Aunque la defensa de Pérez argumentó que la elección fue declarada nula el 22 de enero de 2026, y en la teoría es como si nunca hubiera sido alcalde, la realidad es que él ejerció materialmente el poder desde el 1 de enero de 2024 hasta el 11 de febrero de 2026, durante este tiempo, firmó contratos, ordenó gastos y nombró funcionarios.

El CNE concluyó que la nulidad del título no borra el hecho histórico y real de que Micher ejerció la autoridad hasta apenas tres meses antes de la nueva elección atípica del 3 de mayo de 2026.

• 2. La segunda causal se refiere a la prohibición de inscribirse si se tiene un vínculo de parentesco (hasta el segundo grado de consanguinidad) con funcionarios que hayan ejercido autoridad civil o administrativa en el municipio dentro de los 12 meses anteriores. 

Micher Pérez es hermano de Óscar José Pérez Álvarez, actual presidente del Concejo Municipal de Fonseca para el periodo 2026. El CNE consideró que el Presidente del Concejo no solo tiene funciones deliberativas, sino que ejerce autoridad administrativa real al actuar como ordenador del gasto de la corporación, representar legalmente al Concejo y administrar su personal. Como su hermano ejerció esta autoridad desde el 1 de enero de 2026, se cumple el presupuesto de la inhabilidad dentro del año previo a la elección.

29 de abril: una jueza de San Juan del Cesar lo devuelve a la contienda

Aunque la decisión de inhabilitar a Micher fue apelada, la Sala Plena del CNE decidió mantener en firme la revocatoria. En una nueva resolución, el tribunal retiró uno de los cargos, el relacionado con el parentesco, pero sostuvo la sanción al considerar que el candidato había ejercido como alcalde apenas tres meses antes de la nueva contienda electoral. La decisión fue adoptada y notificada en audiencia pública el mismo 29 de abril de 2026. Hasta esa mañana, Micher seguía inhabilitado.

Mientras esto pasaba el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, en cabeza de la jueza Adriana Marcela Lopez Lopez, recibió una tutela que, en tiempo exprés, fue objeto de respuesta por el despacho. Ese mismo día fue admitida y además respaldada con una medida cautelar que habilitó al candidato, mientras se revisaba de fondo el caso. En la tarde Micher volvió a ser candidato.

30 de abril: el tribunal de Riohacha anula la decisión de la Jueza y vuelve a ser inhabilitado

El jueves a las 5:00 de la tarde, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha admitió otra tutela que apelaba la decisión de la jueza Adriana López. Esto dejó sin efecto la decisión del Juzgado de San Juan del Cesar, por lo que el candidato volvió a quedar inhabilitado dos días antes de las elecciones.

El Tribunal consideró que la orden habría sido emitida sin competencia funcional y en posible desconocimiento de las garantías procesales. Por lo que, incluso, se denunció ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira para investigar a la jueza.

1 y 2 de mayo: protestas, explosivos y preocupación

Tras la confirmación de la inhabilidad de Micher Pérez, el viernes 1 de mayo sus simpatizantes se agolparon en un plantón pacifico frente a las instalaciones de la Registraduría de Fonseca. “Estamos cuidando que no saquen los tarjetones, estamos peleando pacíficamente el derecho al voto, que nuestros votos cuenten”, explicó Luz Gil, una de las asistentes.

En la noche de ese mismo día, la comunidad fonsequera se vio sacudida por una serie de hechos violentos que sembraron preocupación y zozobra entre sus habitantes. Un artefacto explosivo fue detonado frente al comando central del candidato Micher Pérez, ubicado en la calle 14 entre carreras 14 y 15. Además, un vehículo fue incinerado frente a la institución educativa Juan Jacobo Aragón García, uno de los principales puestos de votación del municipio.

Con preocupación, rectores de las diferentes instituciones en donde se llevan a cabo las votaciones emitieron un comunicado alertando lo que podría suceder en los recintos educativos. “El comunicado lo emitimos por dos aspectos, uno, el antecedente sucedido en el 2023 en las elecciones a alcaldía en donde hubo alteración del orden público y destrucción del material electoral y el segundo los hechos registrados en las últimas horas en donde quemaron un carro frente al portón de la institución”, dijo Leonel Rizo Gnecco, rector de la I.E. Juan Jacobo Aragón. Solicitaban, principalmente, garantías de seguridad para las elecciones.

El sábado en la tarde se levantó el plantón frente a la Registraduría, tras rumores que aseguraban la participación de Micher Pérez. En un comunicado, la entidad explicó que los votos serían contabilizados. Como las tarjetas electorales ya estaban impresas y los kits sellados, los jurados debían realizar el conteo en mesa de manera habitual.

La instrucción legal, sin embargo, indicaba que las comisiones escrutadoras —integradas por jueces— debían computar esos sufragios como “votos no marcados”, ya que, al estar revocada la inscripción, el aspirante técnicamente no era candidato. Pero tras la votación, se produjo un fuerte desacuerdo sobre cómo contabilizar estos votos, en medio del vaivén de decisiones judiciales.

3 de mayo: Micher gana las elecciones con mucha ventaja

La preocupación por los hechos ocurridos en 2023 y el riesgo de alteraciones del orden público en estas nuevas elecciones modificaron las rutinas de votación en las zonas rurales. Habitualmente, los votantes acudían a las urnas desde muy temprano, pero esta vez el temor a posibles hechos de violencia cambió ese comportamiento.

Conforme calentaba el sol, la gente fue saliendo y las carpas que instalaron los grupos de campaña a una cuadra de la escuela, en Conejo, empezaron a llenarse a medida que avanzaba el día. El modelo de atraer a los electores mediante compra de votos y refrigerios esta vez fue moderado. Como si fuera una fiesta clandestina, se trasladó a casas particulares en las calles aledañas al punto de votación. Después de votar, las personas pasaban por grupos a tomar su plato de sopa y a quedarse en el puesto de campaña a esperar los resultados.

El flujo de gente aumentó con la llegada de la tarde. Los influyentes de las campañas más fuertes como la de los candidatos Micher Pérez y Oswaldo Rodríguez llegaban como caciques a animar y movilizar a la gente. La jornada se vivió en paz a pesar del temor de las personas por alguna revuelta. Yulexi Fernández era una de las habitantes preocupadas: "Fue una jornada llena de tensión por todo lo que estaba pasando. Es la primera vez que vivimos esto", contó la habitante de Quebrachal. "Los líderes se mantuvieron convenciendo a la gente de votar, pero la gente no salía porque como yo, pensaban que se iba a formar el desmadre”, agregó.

En Quebrachal también hubo compra de votos, como de costumbre, pero la jornada inició a las dos de la tarde: "Los compradores de votos se situaron arribita, en la placa huella, por allá escondidos. Aunque todo el mundo sabía dónde estaban”, dijo Fernández. 

La motivación para votar, comentaban muchos, es el desencanto con toda la situación judicial que viene desde 2023. “Yo represento una asociación de campesinos de Fonseca y soy miembro de la JAC del barrio Nueva Esperanza, salí a ejercer mi derecho como ciudadano deseando que sea un proceso claro y transparente. Pero es preocupante todo lo que ha sucedido en materia de seguridad, que nos ha puesto en el radar nacional. Nosotros no somos un pueblo violento y debemos ser respetuosos en la toma de decisiones. Le corresponde a los líderes y dirigentes llamar al respeto y la cordura”, dijo Wilfredo Hernández Peñaranda.

El corregimiento de El Hatico, de donde es oriundo Micher Pérez, registró una alta participación durante la jornada electoral. Los habitantes acudieron de manera masiva a las urnas para respaldar al candidato de su preferencia. Al cierre del escrutinio, con el 100 % de las mesas contabilizadas, Micher obtuvo 935 votos en el corregimiento, frente a los 462 que alcanzó Oswaldo Rodríguez.

El resguardo indígena Mayabangloma, una de las comunidades wayuu más importantes de Fonseca, también tuvo un peso decisivo en las elecciones. Sus habitantes suelen unificar criterios al momento de apoyar candidatos, lo que representa una ventaja para quienes logran captar su respaldo. Allí Micher Perez obtuvo 460 votos y Oswaldo Rodriguez 226.

“Vinimos a ejercer el voto con toda libertad y por eso traigo una camiseta blanca representando la dignidad y la paz. Espero que el nuevo alcalde logre una mejor salud, educación, un buen sector productivo, y avances en los programas y subsidios para el pueblo wayuu, que están atrancados”, dijo José Julián Solano Ipuana.

Hoy, en Fonseca, los resultados dejan una lectura política clara. Micher Pérez, respaldado por la ASI, sectores del conservatismo, el grupo Avanzar, buena parte de las juntas de acción comunal y una minoría del Concejo municipal, se consolidó como el candidato con mayor respaldo electoral. En las últimas elecciones comunales, su sector logró además el apoyo de 48 líderes de JAC.

En contraste, el bloque político del ex alcalde Hamilton García reunió además al exalcalde Pedro Manjarrez; a José Manuel Moscote, conocido como “Chema”; al excandidato Junior Romero y a la mayoría de concejales del municipio. Su apuesta, Oswaldo Rodríguez, obtuvo 5.635 votos. La diferencia frente a los 10.547 votos alcanzados por Micher Pérez evidencia el debilitamiento electoral de ese grupo político, históricamente influyente en el municipio.

Al finalizar la jornada, los jurados de votación contaron los votos mesa por mesa y diligenciaron las actas E-14, cuyos resultados fueron transmitidos por la Registraduría como parte del preconteo. Pero la última palabra no estaba en esas cifras preliminares. La validez de los votos debía definirse después, en las comisiones escrutadoras integradas por jueces de la república.

Fonseca fue dividida en 89 mesas y dos comisiones escrutadoras auxiliares. Allí comenzó un nuevo enredo judicial. Los dos jueces no lograron ponerse de acuerdo sobre cuál decisión debía prevalecer: la revocatoria de la candidatura emitida por el CNE o las medidas cautelares que permitían la participación de Micher Pérez en la contienda electoral.

El desacuerdo terminó escalando a la instancia departamental, conocida como Comisión General e integrada, entre otros, por delegados del Consejo Nacional Electoral. En esa etapa los funcionarios de la Registraduría quedaron limitados a un papel de secretaría, sin voz ni voto, mientras la discusión sobre el futuro político de Fonseca seguía abierta.

4 y 5 de mayo: el desacuerdo devolvió el caso al CNE

Mediante un comunicado emitido en la tarde del 4 de mayo, la jueza Adriana Marcela Lopez Lopez decidió apartarse del caso. Al caer la noche Fonseca seguía sin alcalde. 

La entrega de la credencial que debía oficializar al ganador de las elecciones quedó en manos de la comisión escrutadora departamental, en Riohacha, después de que los desacuerdos jurídicos bloquearan el cierre del conteo en el municipio. Uno a uno, los formularios electorales, las cintas y el material de escrutinio fueron embalados y enviados desde Fonseca hacia la capital de La Guajira por los integrantes de la comisión escrutadora municipal y los claveros encargados de custodiar el proceso.

La tensión no solo se vivía en los despachos judiciales. En el casco urbano y en corregimientos como Conejo, Quebrachal y la vereda Pondores, la presencia masiva de fuerza pública preocupó a las comunidades. En Pondores el 4 de mayo llegó un expreso lleno de policías y en Conejo, un tanque de guerra apareció en medio del corregimiento. 

En medio de ese ambiente, el caso escaló a la comisión departamental integrada por delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero cuando esa instancia apenas comenzaba a instalarse, una nueva decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira volvió a cambiar el rumbo del proceso: una medida provisional suspendió la revocatoria de la candidatura de Micher Pérez y, al menos temporalmente, le devolvió su condición de candidato durante el escrutinio.

En la mañana del 5 de mayo la movilidad se interrumpió, seguidores del candidato Micher Pérez cerraron la vía nacional, que tiene salida del municipio de Barrancas. Le pedían al CNE que le entregara la credencial que lo acredita como alcalde electo del municipio de Fonseca.

Pasadas las 7 de la noche de ese mismo día, los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) seguían revisando el entramado de tutelas, revocatorias y medidas provisionales para decidir si declaraban la elección o frenaban nuevamente el proceso. Tras una jornada entera de discusiones, no lograron llegar a un acuerdo.

El caso regresó nuevamente a Bogotá, a la Sala Plena del CNE, donde un magistrado deberá definir cómo termina un escrutinio que, en Fonseca, parece no acabarse nunca.

Primero está el murmullo: “otra vez se fue”. Después, como hormiguitas por la ciudad, las personas se mueven por las calles buscando señal. Es una rutina colectiva. Algunos se dirigen al aeropuerto; otros caminan hacia puntos específicos del parque Santander, lugares donde, con algo de suerte, alcanza a salir una llamada o entra un mensaje de WhatsApp. La escena se repite varias veces en un mismo día o se alarga durante días enteros. 

En el mejor de los casos, queda la opción de conectarse a una red wifi en algún local comercial, algo que no es tan común porque tener wifi en Leticia es un privilegio. Las alternativas para adquirir el servicio son escasas y por eso muy costosas; suelen depender de servicios como Starlink, Global y StarClic, cuya conectividad exige la compra de equipos que pueden costar más de $1.600.000 pesos. A esto se suma una mensualidad que puede oscilar entre  $150.000 y $200.000 pesos, una cifra elevada para gran parte de la población de la región. Este tipo de servicios funciona en zonas remotas gracias a una gran constelación de satélites en órbita baja (LEO), lo que reduce la latencia y no depende de infraestructura terrestre.

Este panorama no es sorpresivo. En 2024 el 65,6 por ciento de los hogares colombianos contaba con conexión a internet, pero en el Amazonas esa cifra es muy inferior:  el 41,3 por ciento de los hogares del casco urbano tenía acceso, y en las zonas rurales no se superó ni el 24 por ciento. Muy por debajo del promedio rural nacional, que alcanza el 41,9 por ciento.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la región de Orinoquía-Amazonía presenta la brecha más alta del país en habilidades digitales (0,682 en el IBD), lo que significa que la población carece de las competencias necesarias para aprovechar  internet de forma productiva. A esto se suma que existe un bajo interés o percepción de utilidad de internet en la vida cotidiana y productiva, sumado a una alta informalidad laboral que no incentiva la digitalización.

Esto no solo refleja una desventaja estructural frente al promedio nacional, sino que restringe los servicios públicos digitales, como educación, salud y empleo, ampliando las desigualdades sociales y territoriales que ya existen en el departamento.

“Conectividad Alta Velocidad”, una promesa que nunca llegó

En el 2013 el Mintic lanzó el Proyecto Nacional de Conectividad Alta Velocidad, que buscaba llevar redes de alta velocidad a 28 cabeceras municipales y 19 áreas no municipalizadas (47 puntos en total) que, por sus limitaciones geográficas o de orden público, no habían sido incluidas en el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El contrato, por más de 373.000 millones de pesos, fue adjudicado a la empresa Andired, encargada del diseño, instalación, inversión y mantenimiento de la red de conectividad de alta velocidad para estos lugares de la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico.

La meta para el Amazonas era conectar a Leticia, Puerto Nariño y las zonas no municipalizadas. La red partiría desde Solano, Caquetá, y se extendería a través de antenas repetidoras distribuidas por el lecho amazónico: a lo largo del río Putumayo, en corregimientos y territorios apartados como La Chorrera, Puerto Arica, Tarapacá y San Martín de Amacayacu, hasta cubrir la cuenca del río Amazonas y llegar finalmente a Leticia.

El problema es que hoy, más de 10 años después, el proyecto, además de que no funciona bien, sigue sin terminarse. Según un informe con corte a diciembre de 2025, todavía restan 10 cabeceras por conectar (2 municipios y 8 áreas no municipalizadas), principalmente en Amazonas, Guainía y Vaupés. En el Amazonas faltan La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná y Puerto Santander.

El atraso supera los ocho años. Según la información oficial del proyecto, en 2017 debían quedar conectados los 32 municipios y corregimientos restantes —en 2016 se habían conectado 15—, con fechas de corte el 31 de julio, el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de ese año. Los accesos de banda ancha debían entregarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y los Kioscos Vive Digital, en zonas rurales, a más tardar en marzo de 2018.

Pero toda clase de inconvenientes han retrasado el proyecto y debido a controversias contractuales, las partes acudieron a un Tribunal de Arbitramento. El 7 de julio de 2021 se aprobó un Acuerdo Conciliatorio que entró en vigencia en agosto de ese mismo año. En este acuerdo se pactó un nuevo cronograma para completar la instalación en los municipios faltantes, con una duración aproximada de 24 meses a partir de marzo de 2022. La nueva fecha de terminación quedaba proyectada para marzo de 2024, pero tampoco se cumplió.

Hoy el MinTIC adelanta procesos administrativos sancionatorios, los cuales están actualmente suspendidos por orden del Tribunal de Arbitramento mientras se resuelve una nueva demanda interpuesta por Andired en diciembre de 2023.

En Leticia aseguran que el proyecto nunca fue viable por diversas razones. Una de ellas era el alto costo de mantener las antenas y trasladar al personal hasta estos puntos para hacer reparaciones. A eso se sumaban las afectaciones en terreno: la presencia de grupos armados que cortaban los cables y los hurtos de equipos por parte de civiles. Cuando una antena fallaba, el sistema entero colapsaba.

“Por otro lado, los operadores locales que se encontraban en la región, como Claro y Movistar, tienen algunas antenas propias, pero no alcanzaban a suplir la demanda de la población, por lo que empezaron a anclarse a las antenas de Andired. No obstante, las fallas continuaron y la conectividad, que buscaba integrar a toda la Amazonía con el resto del país, cada día se veía más cerca de convertirse en un fracaso que en una realidad”, menciona Nariño.

Esa precariedad en la conectividad terminó por imponer otro ritmo en la vida cotidiana. Conectarse dejó de ser un acto inmediato para convertirse en una espera larga. En lo urbano la dinámica era una; en la ruralidad y sus alrededores, en cambio, la falta de señal no solo significaba incomunicación, sino reorganizar el día entero en función de la posibilidad, incierta, de que en algún momento el servicio de internet regresara. Algunos recorrían largas distancias, a pie, en moto o por río, hasta encontrar un punto donde fuera posible enviar un mensaje, hacer una llamada o descargar información básica. Lo cotidiano se volvía un esfuerzo.

En la comunidad de Nazareth, ubicada a una hora en bote desde el puerto de Leticia, esa rutina se hacía aún más exigente. Allí, Gildardo Laulate Benítez, curaca de la comunidad, describe días enteros marcados por la intermitencia: estar atento a los momentos en que regresaba la energía para encender rápidamente el celular, buscar señal en los alrededores, coordinar con otros habitantes quién había logrado conectarse o decidir si valía la pena desplazarse hacia otro punto, intentar una y otra vez, levantar el celular en distintos puntos, caminar unos metros más, subir a un lugar más alto.

En ocasiones, la comunicación dependía de subirse a una canoa y avanzar por el río hasta un lugar donde, con suerte, el teléfono lograra captar algo de red. “El internet era pésimo, pues en el territorio en el que nos encontramos, y al estar alejados del pueblo, la energía no era constante; entonces se iba a cada rato o se caía un palo en los postes, lo que ocasionaba que nos quedáramos sin energía por días. Esto afectaba nuestro quehacer y la comunicación con nuestros familiares que no se encontraban en la comunidad”.

Acciones que surgen donde el Estado no llega

Berta Gonzáles tiene 72 años, es abogada y vive en el municipio desde hace más de 50 años. Durante la pandemia vivía sola, en el barrio Victoria Regia Alta, y todos los días atravesaba la angustia de no poder comunicarse con sus hijos, que estaban en Bogotá y en comunidades sobre el río, en Leticia. En medio de las cifras de muertes por covid-19, la zozobra le dejó claro el nivel de desprotección del territorio en materia de tecnología y comunicación.

En 2022, Berta tomó la decisión de interponer una acción popular contra el MinTIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claro, Movistar, la Andired y otras autoridades nacionales y regionales. Buscaba la protección del acceso al servicio público de telecomunicaciones y la garantía de un acceso a internet eficiente y oportuno. Lo hizo junto a otras personas de la comunidad —Mercy Luz Bernal, William Ramírez López, Laureano Roa Bonilla y Alirio Torre Martínez—, también inconformes con lo que estaba ocurriendo.

Solicitaron, de manera puntual, la garantía y protección de los derechos colectivos consagrados en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que hacen referencia al “control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”, al derecho a un adecuado servicio de comunicación vía telefónica e internet, por cuanto los demandados no garantizaban, ni prestaban, un servicio eficiente y oportuno.

Solicitaban también establecer tarifas de cobro que fueran justas y coherentes con la efectividad y calidad real de los servicios prestados, incluso se solicitó la suspensión del cobro de facturas por los servicios deficientes, o que los cobros se redujeran al 20 por ciento de la tarifa habitual.

Y a pesar de que han pasado cuatro años en proceso, han sido pocos los avances. Inicialmente un juez dictaminó medidas cautelares —una orden judicial—  que enfatizaba en que los entes regularan y vigilaran los servicios de los prestadores y que los operadores invirtieran para mejorar la conectividad.

Sin embargo, esta demanda fue tutelada y apelada por los operadores, extendiendo el proceso pues, como lo cuenta González, fue solo hasta el año pasado que salió la sentencia, pero como fue apelada, actualmente se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

A pesar de esto, González asegura que la decisión motivó parcialmente la inversión en mantenimiento e instalación de nuevas antenas, pues los operadores debían demostrarle al juez con hechos lo que se estaba realizando para garantizar los derechos colectivos. Si esto no pasaba, el juez podía tomar la decisión de sacarlos de operar en la región. Sin embargo, la mejoría ha sido poca y las intermitencias continúan.

“Las herramientas de protección de los derechos las encontramos en la Constitución; allí están, solo que debemos saber utilizarlas. Los derechos se defienden, y la sentencia muestra que al reclamar por lo que se vulnera, en este caso la conectividad, se está haciendo una justicia parcial que tanto reclamaba y necesitaba el Amazonas”, recalca Berta con seguridad.

A la fecha, los retrasos y las fallas en la ejecución han escalado a escenarios judiciales, donde se discuten posibles sanciones, incumplimientos contractuales y responsabilidades frente a los recursos invertidos. Mientras estos procesos avanzan, en territorios como Leticia y sus comunidades cercanas, las promesas de conectividad continúan sin materializarse plenamente, dejando en evidencia una brecha que no sólo es tecnológica, sino también institucional.

¿Es tan difícil conectar al Amazonas?

Los estudios previos realizados por organismos como el Banco Mundial, la CAF y el BID, junto con los diagnósticos del Ministerio TIC, identifican que los retos para conectar al Amazonas no son solo tecnológicos, sino de naturaleza geográfica, económica, social y regulatoria

Lo primero que se nombra es la “geografía extrema”, el territorio está densamente cubierto por selva, con numerosas lagunas y zonas pantanosas, lo que hace que el despliegue de infraestructura terrestre convencional sea físicamente complejo y excesivamente costoso. A esto se suma la baja densidad poblacional y las grandes distancias entre centros poblados, que dificultan la logística para el transporte de equipos y el mantenimiento de las redes.

El despliegue debe cumplir con estrictas normativas ambientales y obtener permisos de autoridades que protegen áreas de especial importancia ecológica, lo que en el pasado ha llevado al retiro de proyectos en zonas como Parques Nacionales Naturales. Además, las condiciones de orden público en ciertas zonas rurales pueden dificultar la instalación y poner en riesgo la integridad de la infraestructura frente a posibles actos de vandalismo.

Esto hace que la inversión requerida para conectar al Amazonas no sea “atractiva” en términos de mercado. El despliegue en selva densa eleva los costos de inversión y operación, en contraste con el reducido tamaño del mercado local, limita el retorno de la inversión para los operadores privados. El Amazonas representa apenas el 0,08 por ciento del PIB nacional, lo que se traduce en una menor capacidad de pago de los hogares y una escasa demanda empresarial de servicios avanzados. Todo esto genera un círculo vicioso: el bajo PIB genera poca inversión digital, lo que a su vez mantiene baja la productividad y perpetúa la pobreza.

Reconocen también que las condiciones atmosféricas y climáticas de la región afectan la estabilidad de las señales inalámbricas (microondas y satelitales) que se han usado hasta ahora, lo que genera las constantes interrupciones que han denunciado los habitantes.

En el medio están los habitantes de lugares como Leticia o Puerto Nariño. Aunque ya se pueden hacer transacciones virtuales y durar más tiempo respondiendo mensajes, la conectividad se ve interrumpida en algún momento de la semana. “La señal ha mejorado un poco después de la pandemia, pero sigue siendo intermitente, porque hay muchas antenas, pero ninguna funciona. Esto ha ocasionado que algunas personas opten por comprar antenas satelitales, pero sigue siendo difícil para muchas otras, ya que no cuentan con los recursos suficientes”, explica Charlie Rivas, concejal del municipio de Puerto Nariño.

Hoy el gobierno del presidente Petro tiene una ambiciosa propuesta en medio de la actitud escéptica de los analistas. En 2024 Colombia y Brasil firmaron un Memorando de Entendimiento en donde acordaron ampliar la colaboración en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto dio nacimiento al proyecto “Fortalecimiento del acceso y/o uso de servicios de telecomunicaciones para cerrar la brecha digital en las regiones del país”, aceptado y publicado el 17 de octubre de 2025.

Su objetivo es conectar a los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia, así como las áreas no municipalizadas, a la red nacional e internacional de fibra óptica mediante el programa InfoVías de Brasil. Esto mediante una tecnología que no se ha implementado nunca en Colombia: llevar la fibra óptica por los ríos amazónicos.

Este esquema ha permitido extender redes de alta capacidad a municipios de difícil acceso, donde las condiciones geográficas limitan el despliegue terrestre en la Amazonía brasileña. Por tal razón, Colombia, con una inversión de $970.000 millones de pesos, generó una ruta de redundancia de este cable mediante la extensión de la conexión hasta Buenaventura, lo que permitirá conectar a toda la región.

“Actualmente, Colombia ya tiene el nodo instalado, que es la troncal donde estarán todos los equipos, y además cuenta con el cable principal de fibra óptica desplegado. Tabatinga, de igual forma, también tiene el cable, pero hay un retraso por parte de Brasil, ya que no ha concretado la empresa que va a administrar y generar la conexión con nosotros”, comenta Pedro Nariño.

Colombia lanzó la licitación para que los operadores obtengan la licencia y sean ellos quienes brinden el servicio para que Leticia empiece a estar conectada. Teniendo en cuenta que habrá regulaciones en los precios del servicio, donde el Estado financiará únicamente a la población de los estratos 1 y 2.

“Se espera que esto empiece a funcionar en agosto del presente año, con una conectividad que alcance hasta el kilómetro 7. Pero por el río y las comunidades es complicado, principalmente por los recursos y el difícil acceso. No obstante, a mediano plazo, es decir, en un horizonte de cuatro años, se proyecta conectar todas las comunidades hasta Puerto Nariño”, agrega Pedro.

Sin embargo, el proyecto no está exento de riesgos. El país carece de experiencia en este tipo de despliegues tecnológicos, en particular en la instalación de fibra óptica subfluvial, lo que aumenta la incertidumbre. Nicola Stornelli, comunicador social, periodista y analista de políticas públicas en telecomunicaciones, explica que “a diferencia de los cables submarinos en el mar, en los ríos no suelen ser necesarios pesos adicionales para fijarlos, ya que su propio peso es suficiente. Sin embargo, la sedimentación puede arrastrar vegetación u otros materiales, lo que exige un diseño robusto y protecciones específicas”.

A esto se suman las condiciones cambiantes de los ríos amazónicos: variaciones en el caudal, acumulación de sedimentos, vegetación en movimiento y fenómenos extremos como las recientes sequías del río Amazonas. Todos estos factores no solo complejizan la instalación, sino que también generan dudas sobre la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

“Al hacer el acuerdo con Brasil el proceso puede tardar más de lo previsto, ya que la distancia desde Manaos hasta Leticia es de aproximadamente 1100 kilómetros por el río Amazonas, lo que retrasaría aún más su implementación. Técnicamente, es inviable que en dos o tres meses toda Leticia esté conectada. Por eso, debieron realizarse estudios previos donde primara el pragmatismo sobre la ideología al tomar decisiones de tal magnitud, así como una licitación de carácter internacional”, comenta Stornelli.

A esto se suma que la empresa designada para que analice las alternativas de despliegue en el río Putumayo es Internexa, que ha enfrentado cuestionamientos por incumplimientos y retrasos en otros proyectos de conectividad, con investigaciones abiertas en la Contraloría y la Procuraduría. “Lo ocurrido en el Chocó es un claro ejemplo de lo que podría salir mal y funciona como una alerta para este caso”, concluye Stornelli.

Las expectativas en el territorio persisten. La mejora en la conectividad se proyecta como una oportunidad para que las comunidades accedan a nuevas posibilidades sin tener que abandonar su lugar de origen. “Lo que está sucediendo es que muchos de nuestros jóvenes, al no encontrar oportunidades aquí, deciden marcharse. Pero al llegar se enfrentan a otro mundo, donde algunos terminan involucrándose en actividades ilícitas. Si el mundo avanza, las comunidades también deben avanzar”, afirma Charlie Rivas. En ese sentido, la promesa de conexión no solo habla de cables y tecnología, sino de la posibilidad de transformar el rumbo de toda una región.

Este año al menos 54 personas, en su mayoría mujeres, que se dedicaban al cuidado de niños y niñas en Fonseca, se quedaron sin trabajo. Marta* iba a cumplir 10 años en este oficio. A pesar de la zozobra año tras año, a finales de 2025 le aseguraron que nuevamente sería contratada. Estaba acostumbrada a que los primeros meses del año no recibía sueldo, y que en marzo la vida se normalizaba. Pero este marzo, dos días antes de que los niños ingresaran al programa, le dijeron que su puesto de trabajo ya no existía. 

“El Icbf sacó un comunicado hablando sobre la reducción de cupos, que algunas UCA tenían que desaparecer porque no contaban con la cantidad de niños, ni el presupuesto para pagarle al personal. En mi barrio había dos UCA y desapareció una. Es triste jugar con los sentimientos de una persona, con la manutención de una familia, con los sueños y proyectos de una persona”, dice Marta*. Como ella, otras ocho personas de la Unidad de Atención Comunitaria (UCA) en la que trabajaba quedaron sin empleo.

Para el 2026 el Icbf disminuyó en un 29,35 por ciento la contratación en las UCA de Fonseca. Según datos del Instituto, en la vigencia 2025 se generaron 184 empleos “directos” para trabajar en estas Unidades, mientras que en 2026 se contrataron solamente 130 personas. Esto, sin contar la reducción de personal de otros programas de atención a la primera infancia como los Centros de Desarrollo Infantil, que también se vieron afectados.

“La disminución en el número de UCA está relacionada con la reducción de cupos en la zona urbana, lo que ha llevado a la reubicación y reorganización de las unidades de servicio, concentrándolas en puntos más cercanos y con una mayor capacidad de atención, estimada en aproximadamente 40 usuarios por unidad. En cuanto a la zona rural, las unidades continúan operando con una capacidad promedio de 20 usuarios, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión geográfica y acceso de la población”, informa la Secretaría de Educación del municipio.

La crisis que enfrentan las trabajadoras de primera infancia del Icbf se agravó este año porque no hay suficientes niños para atender. En las UCA hay 251 niños menos: en 2025 se atendieron a 1.453 niños y niñas, mientras que este año solamente a 1.202, 798 en la zona urbana y 404 en la zona rural. 

En los CDI la situación no es diferente. A pesar de que no se ha cerrado ningún centro, ya se redujeron los cupos asignados por el ICBF y,  con ellos, muchos empleos: “Trabajé como docente hasta diciembre del año anterior en el CDI del barrio 12 de octubre; este año no me llamaron y las cosas se tornaron bastante difíciles. No quedé yo ni ninguna de mis cuatro compañeras de cocina y aseo. Yo tengo cuatro hijos, tres a mi cargo, no recibo ayuda de nadie”, cuenta Elexis Bolaño, esteticista de profesión y cuidadora por oficio.

A partir de este año escolar los niños de tres a cinco años, que eran población objetivo de los programas del Icbf, pasaron a ser atendidos por el Ministerio de Educación a través de las escuelas públicas, dejando a los otros programas con menos población. Hoy existe una crisis de cobertura que genera una gran preocupación e incertidumbre. En las trabajadoras se generó una especie de "competencia" por los niños, y por mantener el empleo. 

Hoy las Madres Comunitarias deben responder por metas de asistencia que son difíciles de cumplir, mientras viven con la preocupación de si su puesto también será cancelado: “A mí se me acercan varias compañeras dentro de los CDI y me preguntan qué vamos a hacer. Me dicen que si su cupo de atención es de 20 niños, en realidad les llegan 10 ó 12, algunas siete, algunas cinco. Una realidad que se está viviendo dentro del municipio. Y no debería ser así porque a mí no me pagan por niño”, explica Nelcy Erazo, presidenta del sindicato de madres comunitarias en Fonseca.

El inicio de cada año para el gremio dedicado al cuidado está lleno de angustia por la falta de garantías laborales. El modelo de contratación tercerizado no les garantiza la continuidad cada final de año y el ciclo de preocupación vuelve a iniciar. Esto sumado a los retrasos continuos: los cinco CDI que existen en el municipio sólo atendieron niños hasta el día 25 de marzo, cuando debían empezar el 9 de febrero.

Las demoras en la contratación no solo impactan a los niños de familias de bajos recursos, quienes son los principales beneficiarios de estos centros, sino también a las madres comunitarias, los profesionales de la salud como nutricionistas y psicólogos, e incluso a vigilantes y aseadoras de los distintos centros. Todos ellos dependen de esta actividad económica y se ven obligados a esperar cada año más tiempo del previsto para que se formalicen sus contratos.

“El funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil  se ha visto afectado por el retraso en la contratación de los operadores por parte del Icbf. Esta situación provoca interrupciones que impactaron negativamente en el desarrollo integral de los niños y niñas”, aseguran desde la Secretaría de Educación.

Los trabajos de cuidado siguen sin dignificarse 

El trabajo que realizan Marta, Elexis, Nelcy, otras madres comunitarias y las demás funcionarias de los centros de atención es trabajo de cuidado; es decir, implica atender y acompañar a niños, niñas y personas mayores. Estas labores han sido históricamente asignadas a las mujeres y, en la mayoría de los casos, no son remuneradas. Cuando sí lo son, como ocurre en su caso, las condiciones laborales suelen ser precarias.

“En Colombia, según el DANE, las mujeres dedican en promedio casi ocho horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres apenas dedican tres. Y quienes se dedican al cuidado de manera remunerada —como las trabajadoras domésticas— enfrentan condiciones laborales precarias: extensas jornadas, bajos salarios, falta de afiliación al sistema de salud o pensiones, y tratos indignos”, resalta Dejusticia en el Informe “Reflexiones sobre el cuidado como derecho en Colombia”.

Esta falta de condiciones dignas para ejercer su trabajo tiene impactos graves en la vida de las mujeres, de sus familias y en sus comunidades: “Limita sus posibilidades de acceso a la educación, al desarrollo profesional, a oportunidades económicas y a participar en escenarios públicos como la política. Además, las hace más proclives a la pobreza y la exclusión social”, agrega el informe. Condiciones que se agravan con otros factores como la pertenencia étnica, la pobreza y la migración forzada.

El Icbf atendió durante 2025 a 12.132 niños y niñas en el departamento de La Guajira, a través de 952 hogares comunitarios y 43 unidades de servicio para la primera infancia. El departamento tiene las cifras más altas de feminización de los trabajos de cuidado remunerado, esto sin contar que la informalidad también es mayor en las mujeres cuidadoras en comparación a los hombres ocupados en el sector, lo cual profundiza la brecha en estabilidad laboral, ingresos y acceso a la seguridad social. 

“La distribución territorial del empleo en el cuidado está estrechamente relacionada con los patrones de feminización regional, que se mantienen como una de las características estructurales más persistentes del sector. En la mayoría de los departamentos, las mujeres representan más del 70 por ciento del total de personas ocupadas en actividades de cuidado, con máximos en La Guajira (82,3 por ciento), Arauca (80,4 por ciento), Nariño (78,4 por ciento) y Atlántico (78,0 por ciento)”, dice el informe “Análisis del Cuidado Remunerado en Colombia”, publicado por el Servicio Público de empleo el 29 de octubre de 2025.

Los incumplimientos del Icbf en Fonseca vienen desde 2023, tanto que en varias ocasiones las madres comunitarias han hecho paros tratando de que las escuchen. En 2024 el cese de actividades duró tres días y en la lista hay varios reclamos que persisten: demoras en las contrataciones, falta de formalización, pensión digna, dotación en centros de atención, capacitaciones, aumento de la minuta alimenticia, entre otros. 

En enero de este año el gobierno anunció que más de 2.000 madres comunitarias aceptaron, firmaron y se vincularon a la planta del Icbf como las primeras trabajadoras oficiales en todo el país. Y aunque es un avance, el proceso ha sido lento. 

En La Guajira existen 15.504 madres comunitarias, según la Caracterización de las madres y padres comunitarios que forman parte del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en el ICBF. De ellas, solo hay 17 madres formalizadas, cuenta Nelcy Erazo.

Según la misma caracterización, en Fonseca hay 430 madres comunitarias y solo una de ellas, explica Erazo, ha logrado la formalización o contratación directa con Icbf. El resto de las que lograron contratos siguen bajo el modelo de "tercerización" a través de entidades administradoras de servicio.

A esto se suma la precariedad en los salarios. En el mismo informe del Servicio Público de Empleo explican que aunque ha tenido pequeños aumentos, la estructura salarial del cuidado sigue siendo predominantemente de baja remuneración, lo que refleja la limitada valoración económica en el trabajo de cuidado. Más de la mitad de los puestos de trabajo de este sector (59,6 por ciento) se ubicaron en el rango salarial entre $1.000.000 y $1.500.000.

Sobre los sueldos, el Icbf le respondió a Consonante que de acuerdo con el manual operativo, las entidades que administran los servicios de Bienestar Familiar deben realizar convocatorias públicas para seleccionar al personal más idóneo, conforme a los requisitos establecidos. “La responsabilidad de la vinculación recae en estas entidades, quienes deben garantizar la contratación y el cumplimiento de sus obligaciones con el talento humano. El pago se define según los perfiles requeridos y está establecido en la canasta de costos que Bienestar Familiar fija para cada vigencia”, explican.

Estas mujeres, además, trabajan con pocos recursos. En Fonseca, la Secretaría de Educación ha llamado la atención sobre el mal estado y la falta de materiales pedagógicos e infraestructura idónea para prestar los servicios en los Centros de Desarrollo Infantil: “La limitación de recursos dificulta la adecuada operación de los CDI, restringiendo la disponibilidad de insumos, materiales pedagógicos y personal necesario para garantizar estándares óptimos de atención. Asimismo, se presentan dificultades en la infraestructura, evidenciadas en espacios que requieren mantenimiento, adecuaciones o mejoras, lo cual puede afectar las condiciones de seguridad, salubridad y bienestar de los beneficiarios”.

Las elecciones del próximo tres de mayo en Fonseca ya tienen protagonistas. Según el orden de inscripción, el quinteto aspirante está conformado por el abogado Marco Antonio Jaramillo Daza con el aval del Nuevo Liberalismo, el médico Hirohito Almanza Barcasnegras por el Pacto Histórico, el ingeniero y empresario Nelson José Álvarez Obregón por el Partido Liberal Colombiano, el odontólogo Oswaldo Rodríguez Figueroa por la U y el exalcalde Micher Pérez por el partido Alianza Social Independiente (ASI).

Quien resulte elegido asumirá el rumbo del municipio durante 18 meses, hasta octubre de 2027, cuando se celebrarán las próximas elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, de acuerdo con el calendario electoral colombiano. Esto ocurre luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes para el periodo 2024-2027.

Hoy, el limbo jurídico que rodea la candidatura de Micher Pérez y la incertidumbre de la ciudadanía, en un momento clave para recuperar la gobernabilidad del municipio, reconfiguran las fuerzas políticas que aspiran a llegar al palacio municipal.

¿Quiénes son los candidatos?

Nelson Álvarez Obregón, nuevo en el panorama político del municipio, es el más joven de los aspirantes. Álvarez es ingeniero industrial con énfasis en fomento empresarial, cuenta con experiencia en el desarrollo integral de empresas, planificación estratégica y gestión de equipos de trabajo. 

Sus aspiraciones son respaldadas por un grupo de amigos, en su mayoría jóvenes, que pertenecen al Partido Liberal. En las elecciones del pasado 8 de marzo apoyaron a Yesid Enrique Pulgar Daza, quien obtuvo 1.217 votos en Fonseca y resultó electo como senador. No obstante, el Partido Liberal quedó por debajo de La U, el Partido Conservador y el Pacto Histórico en la votación al Senado.

Entre sus apoyos más reconocidos están Francisco Acosta, anterior candidato a la alcaldía por el grupo Podemos (antes de que abandonara el grupo por “falta de garantías”); Vicente Velázquez, exconcejal y director del tránsito municipal; y Lino Rincones, exconcejal y líder social.

Marco Jaramillo Daza es abogado litigante especialista en derecho laboral, seguridad social, derechos humanos, docente universitario y magíster en promoción y protección de los DD.HH. Llegó a Fonseca en el año 2005 y se le conoce por sus denuncias sobre diferentes temas del municipio. No cuenta con estructura política tradicional y dice que su mejor arma es su voz, ya que participa en programas radiales en donde ha sido centro de grandes debates. Obtuvo el aval del Nuevo Liberalismo.

Jaramillo enfrenta actualmente una investigación por el presunto delito de violencia intrafamiliar y actos de maltrato. Ya había aspirado en las primeras elecciones atípicas, en diciembre de 2023, pero retiró su candidatura ante la falta de respaldo político.

Por segunda vez también se presentó Hirohito Almanza Barcasnegras, médico que ha utilizado su profesión como plataforma política. Almanza va avalado por el Pacto Histórico, una de las grandes sorpresas de las elecciones a senado y cámara. En Fonseca fue el tercer partido más votado, alcanzando 2.884 votos al senado y 3.151 votos a la cámara, lo que ha despertado gran expectativa entre los simpatizantes del partido progresista. 

El médico también tiene el apoyo de las bases del sindicalismo, un amplio sector del gremio de los educadores, trabajadores mineros, independientes y un sector del comercio. Ha sido contratista del Hospital San Agustín.

Oswaldo Rodríguez Figueroa, más conocido como “Osvaldito”, es odontólogo de profesión. Ha construido una importante trayectoria empresarial destacándose en el sector arrocero, actividad que ha desarrollado su familia durante más de 50 años. No es la primera vez que su nombre se escucha en las esferas políticas de Fonseca, pero sí la primera vez que logra consolidar su aspiración a la alcaldía. Está avalado por el partido de la U y cuenta con el respaldo del grupo significativo “Si podemos”, liderado por el exalcalde Hamilton Raúl García Peñaranda. Así como el de Junior Romero, quien también fue candidato a la alcaldía en dos ocasiones.

El partido de la U fue el principal ganador en las elecciones pasadas. Dando como resultado la elección del representante ‘Nenon’ Figueroa con más de tres mil votos, quien apoyará a Rodríguez, y el también electo senador Alfredo Deluque, que alcanzó 2.800 votos en el municipio. El candidato ha centrado su aspiración en tres líneas gruesas: salud, seguridad y manejo eficiente de la economía.  

Por su parte, el exalcalde Micher Pérez Fuentes regresa a la contienda con el aval del partido ASI. Cuenta además con el respaldo del grupo político Avanzar, así como de concejales y líderes políticos y sociales del municipio. También lo apoya el exdiputado Pablo Parra, quien aspiró a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones y, aunque no resultó electo, demostró un importante caudal electoral en el municipio.

En las primeras elecciones atípicas, celebradas en diciembre de 2023, Pérez alcanzó la Alcaldía con 9.763 votos, apenas 609 más que su entonces contrincante, Enrique Luis Fonseca Pitre.

La candidatura de Micher Pérez enrarece el ambiente

Hoy, el panorama electoral en el municipio es complejo y la aspiración de Micher Pérez se ha convertido en el “florero de Llorente” de la contienda. La pregunta que concentra la controversia es clara: ¿está o no inhabilitado para aspirar?

Por un lado, José Abuchaibe Escolar, abogado que promovió la demanda contra la elección de Micher Pérez, sostiene que sí existe una inhabilidad y que el candidato estaría aprovechando un vacío jurídico. “Esto puede defraudar la confianza de los electores y la moralidad administrativa. Él ejerció autoridad administrativa, civil y política en el año anterior y, si se declara la nulidad de las elecciones atípicas, se configura la inhabilidad. Además, se rompe el derecho a la igualdad entre los candidatos”, enfatiza el jurista.

En contraste, el exmagistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes Barreiro asegura que no está inhabilitado: “Desde el 2016, en una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, se manifestó un cambio de la jurisprudencia con efectos jurídicos que provienen del código civil en donde se dice que los actos nulos declarados por el contencioso administrativo deben tenerse en principio como si nunca hubiesen existido. De acuerdo con ese entendimiento el criterio imperante es que el acto no existió, por lo tanto, se considera que nunca fue alcalde, ni ejerció autoridad administrativa. Por eso puede volver a ser elegido”, afirma el ex magistrado.

La incertidumbre de qué pasará con la candidatura ha cambiado el panorama político de Fonseca. Por ejemplo, el ex alcalde José Manuel Moscote Pana, quien en el pasado le brindó apoyo a Micher Perez y fue una pieza clave para que lograra la alcaldía, hoy apoya a Oswaldo Rodríguez. Chema, como se le conoce, hace parte de la directiva del Partido de la U en La Guajira. Estas fueron las razones por las que el compositor y político decidió no inscribir su nombre a la alcaldía después de haber anunciado sus aspiraciones públicamente.

Por su parte el grupo político Avanzar, quienes también manifestaron al inicio hacer parte de la contienda electoral con Lewis Moya Vega, manifestaron en un pronunciamiento oficial el apoyo total a Micher Pérez, corroborando que el compromiso asumido en las pasadas elecciones continúa firme. El grupo “Poder de Cambio”, liderado por el ex alcalde y hoy secretario de gobierno departamental Misael Velázquez Granadillo,  también respalda las aspiraciones de Micher Pérez.  

Otros grupos emergentes estudian el panorama con vista a definir a quienes de los aspirantes deciden apoyar.

¿Qué puede pasar en los siguientes 18 meses?

Quien llegue a ocupar el cargo de alcalde tiene el tiempo en su contra. Después de las elecciones quien quede elegido tendrá solo dos años para sacar adelante su programa de gobierno. La nueva designación se encuentra justo en el límite establecido para el cambio de alcalde o alcaldesa antes de las próximas elecciones establecido en la Constitución. Es decir, 18 meses antes de las nuevas elecciones.

Desde el inicio de las pugnas legales, que se remontan a casi tres años, la atención pública se concentró en sí Micher Pérez saldría o no de su cargo. El bienestar del municipio, y de sus habitantes, pasó a un segundo lugar.

La tarea de encontrar soluciones para problemas como el caos del Tránsito y los retos del campo quedó relegada. “Cuando un alcalde está inmerso en un proceso judicial muchas veces se concentra más en la defensa y esto afecta el desarrollo de los proyectos de inversión social”, ha advertido la MOE sobre otros procesos similares.

Dieciséis aspirantes compitieron por las dos curules a la Cámara que le corresponden al Chocó. A pesar de los ocho partidos que componían la lista, en estas elecciones se reafirmó el poder del partido Liberal en todo el departamento: alcanzaron más de 83.000 votos. Una cifra histórica según líderes del territorio. 

Para la Cámara votaron 197.814 personas de las 363.743 habilitadas, lo que representa una participación del 54,38 por ciento. Entre los tres aspirantes del Partido Liberal Colombiano, quien ocupará la curul es Omar Francisco Vidal, que en el preconteo obtuvo 41.424 votos.

En el departamento su triunfo no resultó sorpresivo, pues su candidatura contaba con el respaldo del llamado Cordobismo, el mismo grupo político que apoyó a la actual gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

La cercanía era evidente: el hermano de la gobernadora, Camilo Córdoba, fue el gerente de la campaña de Francisco Vidal en Quibdó. Además, Jhovanny Arias, su esposo, anunció el apoyo a Vidal públicamente. Incluso se le conocía como el candidato de la Gobernación. “Con este triunfo la gobernadora Nubia Carolina, el exgobernador Ariel Palacios y el director de Codechocó, Arnold, se consolidan como los nuevos líderes políticos a nivel departamental”, agrega el politólogo.

Omar Francisco Vidal es abogado y oriundo de Bahía Solano. No era tan conocido en el territorio y se ha movido desde hace varios años en el sector público. En el Secop se registran seis contratos públicos de prestación de servicios como abogado para la Contraloría de Bogotá, la Auditoría General de la República y la Defensoría del Pueblo; este último es el más alto por 148 millones de pesos. Todos ellos en Bogotá.

La segunda curul de la Cámara la ocupa, por tercer periodo consecutivo, Astrid Sánchez Montes de Oca, que con esta nueva elección cumplirá 12 años en el poder. Sánchez logró 21.486 votos en el preconteo, de los 37.411 que alcanzó su partido, el de la U.

Es hija del patriarca Rafael Sánchez Montes de Oca, cabeza del clan Sánchez Montes de Oca, un grupo político con fuerte influencia en el departamento. Desde esa estructura han llegado al poder figuras como Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien se desempeñó como gobernador entre 2008 y 2010.

Actualmente, Patrocinio Sánchez enfrenta un proceso judicial tras ser imputado por presuntamente haber direccionado de manera irregular dos contratos para la producción, distribución y comercialización de licores en el Chocó a favor de una industria licorera del interior del país. Según las investigaciones, estos hechos habrían ocasionado la pérdida de 14.154 millones de pesos correspondientes a recursos públicos del departamento.

A pesar de que quien llegará a la Cámara es Astrid Sánchez, los análisis de los chocoanos dicen que el verdadero triunfo se lo llevó Oliver Moreno, el segundo de la lista del partido de la U. El candidato de los mineros, como se le conocía, obtuvo 12.555 votos que finalmente lograron dar el pase gol para que el partido tuviera una curul.

La segunda persona más votada fue Sandra Tatiana Palacios, también del partido Liberal, quien alcanzó 32.154 votos. A pesar de la cifra tan alta, no logró la segunda curul por la forma en la que se define el umbral electoral en los lugares donde solamente hay dos escaños.

Palacios es esposa de Nilton Córdoba Manyoma, quien se desempeñó como representante a la Cámara del departamento del Chocó desde mediados de julio del 2014 hasta el 2022. Córdoba se encuentra hoy privado de la libertad después de que la Corte Suprema lo condenara por su participación en el denominado Cartel de la Toga. 

Además del apoyo político de su esposo, Sandra Palacios también contó con el respaldo de Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, conocido como “Domingo”. Quien fue gobernador del departamento del Chocó en el periodo 2016-2019, actual representante a la Cámara y sobre el que pesan más de 20 investigaciones. La última de ellas por parte de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la contratación pública durante su gestión como gobernador del Chocó y representante a la Cámara.

El tercer bloque más votado fue la coalición “Esperanza Chocó”, integrada por el Partido Conservador Colombiano y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que obtuvo 35.956 votos, muy cerca de alcanzar al Partido de la U.

En contraste, las opciones de los partidos considerados alternativos tuvieron una votación reducida: el Pacto Histórico alcanzó 8.400 votos; MIRA, 3.844; y el Centro Democrático, 3.514.

“Hay que decir que se sostiene el continuismo, porque estos dos partidos, el Partido Liberal Colombiano y el Partido de la U, ya venían ocupando estas curules con anterioridad. Que continúen en el poder significa que se consolidan los poderes de casas políticas fuertes”, comenta Mosquera.

El 8 de marzo también estuvo protagonizado por la compra de votos. En municipios como Tadó, mientras unos acudían masivamente a las urnas a votar, otros se quedaban en el bahareque de la política: no en busca de oro, sino de efectivo. El pago alcanzaba los 100.000 pesos para el voto en Cámara y Senado. Frases como “si no me dan para una arroba de arroz, no voto” se escuchaban en los alrededores de la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, lugar donde estaban instaladas las mesas de votación del casco urbano.

Doce años sin una senadora chocoana

En el departamento hay una tendencia muy marcada: desde el 2014 no hay un chocoano en el Senado. La última persona del departamento en ocupar una silla en este espacio fue la misma Astrid Sánchez Montes de Oca, quien estuvo en el congreso desde octubre de 2012 hasta julio de 2014, en reemplazo del destituido Eduardo Carlos Merlano, sancionado por la Procuraduría.

“El departamento sigue sin tener una voz propia de un chocoano en el Senado de la República y esto lo que significa es que no tenemos un doliente que pueda proponer, aprobar legislativamente y gestionar para que desde este recinto puedan ver al departamento del Chocó como prioritario”, explica Edwin Mosquera.

En cuanto al Senado, la participación de los chocoanos fue ligeramente menor: votaron 192.408 de las 363.743 personas habilitadas. Nuevamente, el Partido Liberal Colombiano obtuvo la mayor votación en el departamento con 41.673 sufragios. De ellos, 6.292 —la mayoría— fueron para Leonardo Gallego Arroyave, oriundo de Medellín, actual representante a la Cámara por Valle del Cauca, quien logró una curul en el Senado.

La candidata chocoana con mayor respaldo fue Gisela Palacios, esposa del exgobernador Ariel Palacios Calderón. Palacios obtuvo 19.075 votos y estaba avalada por la coalición Alianza por Colombia, integrada por los partidos Alianza Verde, En Marcha, Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente y Alianza Social Independiente (ASI). Aunque esta coalición logró diez curules en el Senado, Palacios no alcanzó a obtener un lugar dentro de la lista.

“Lo que están diciendo los chocoanos es que a ella se le cobró el hecho de que, aun siendo del Partido Liberal en su momento con Ariel Palacios, cuando Milton Córdoba se lanzó al Senado a nivel nacional, ella no lo apoyó, y eso fue público. En cambio, trajo a otro senador de afuera y aquí le buscaron votos. Por eso, el Partido Liberal en general y gran parte del departamento del Chocó le cobraron el hecho de no apoyar a otro chocoano”, comenta el politólogo.

Palacios se suma a la larga lista de chocoanos que han intentado llegar al Senado sin éxito. Según un recuento del medio El Baudoseño, desde 1991 solamente dos candidatos han ganado en elecciones un puesto directo en el recinto, los dos indígenas. Francisco Rojas Birry, en 1998, por Alianza Social Indígena y en 2002, con el movimiento Visión Étnica. Y Luis Evelis Andrade Casamá, quien fue elegido en el 2014 por la circunscripción indígena representando el Movimiento Alternativo Indígena y Social – Mais.

“Los demás candidatos que han llegado al Senado han sido por períodos más cortos y por circunstancias específicas. Darío Córdoba Rincón en 1999, quien reemplazó a Arístides Andrade quien vino al Chocó bajo el patrocinio de Edgar Eulices Torres; Ismael Aldana Vivas, senador por el partido conservador, en reemplazo de Omar Yepes Álzate entre junio 2004 y septiembre de 2005; Heladio Mosquera Borja, senador 1999 a 2001 en reemplazo de Piedad Córdoba que tuvo que abandonar el país y exiliarse en Canadá; Rufino Córdoba quien después de la renuncia de más de seis personas que estaban delante en la lista de Colombia Democrática de Mario Uribe, ingresó entre el 17 de julio de 2008 al 20 de julio de 2010 y Astrid Sánchez Montes de Oca se posesionó como senadora, integrante de la lista del partido de la U, en octubre de 2012 hasta julio de 2014 en reemplazo del destituido Eduardo Carlos Merlano, sancionado por la Procuraduría”, explica el columnista Alter Onesis Mosquera.

La curul de paz quedó en las mismas manos

En la Citrep repite el cuestionado James Hermenegildo Mosquera. Alcanzó 21.178 votos, una mayoría que arrasó con su principal contrincante, Blasney Mosquera, quien logró solamente 9.760 votos. El aumento de la votación frente a hace cuatro años fue radical; la victoria en ese momento la logró con poco más de 7.000 votos, una tercera parte de lo que alcanzó en estas elecciones.

El Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, a pesar de los cuestionamientos de varios de sus miembros al aval otorgado a James, fue el movimiento más votado en todos los municipios de la circunscripción número 6: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto, más dos de Antioquia (Vigía del Fuerte y Murindó).

En el departamento se le conoce a Mosquera por su cercanía a la casa política Sánchez Montes de Oca. Líderes locales señalan que contó con apoyo de la maquinaria de La U en 2023 y que lo mantuvo en estas elecciones. La Corte Suprema lo investiga por el certificado que avaló su condición de víctima antes de las elecciones de 2022. Y varios líderes de víctimas del departamento han demostrado su desencanto y frustración por la falta de articulación con el territorio en su representación en el Congreso.

“Estos cuatro años de implementación de las circunscripciones los perdimos. Los perdimos porque se eligió un representante de manera fraudulenta y no hizo nada”, sentencia el defensor y ex comisionado de la verdad Leyner Palacios, sobre el espacio que se contempló para darles voz directa a las víctimas del conflicto, en un departamento en el que todo el mundo es víctima. El 94 por ciento de los habitantes del Chocó han sido afectados por el conflicto: de un estimado de 605.000 personas, 569.021 hacen parte del Registro Único de Víctimas.

A pocos días de que se elija por segunda y última vez al representante que ocupará la llamada curul de paz en el Congreso, diez de esas víctimas chocoanas cuentan cómo se vive la puja desde el desencanto.

Hace cuatro años, la emoción era la expectativa y la esperanza. “Yo participé en las negociaciones en este proceso en La Habana y cuando salieron las circunscripciones las recibimos con mucha esperanza porque entendimos que era la oportunidad para que ese acuerdo se materializara en procesos y derechos para las comunidades”, continúa diciendo Palacios.

“Hace cuatro años se vivió un ejercicio muy bonito, se inscribieron líderes reconocidos del departamento, se inscribió José Valencia, se inscribió Blasney, que era el coordinador de la Mesa de Víctimas, algunas mujeres del Atrato, mujeres que reconocemos que han sido lideresas al interior del proceso. Pero también se inscribió James Mosquera Torres, que no era conocido para nosotros en territorio”, recuerda un líder político de Istmina, quien, como la mayoría de fuentes de esta historia, prefiere no ser nombrado por el miedo que implica hablar sobre política en un territorio donde la mayor fuente de empleo son las alcaldías y la Gobernación.

James Mosquera, quien hoy busca la reelección, lleva más de tres años con una indagación en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón, por el origen del certificado que recibió para avalar su condición de víctima en 2023 (requisito fundamental para participar por esta curul). Cuestionan que además de recibirlo de manera exprés —en 20 días, a pesar de ser un trámite que puede demorar años— hay inconsistencias en los hechos victimizantes relatados. A punto de que se le venza el periodo, aún la gente del departamento no tiene claridad sobre el asunto.

En el Chocó es ampliamente conocida la cercanía del congresista Mosquera con la casa política Sánchez Montes de Oca, debido a que ha trabajado como abogado de Patrocinio Sánchez, veterano político de esta familia poderosa que está condenado por irregularidades en contratos durante su gestión como gobernador. Líderes del territorio, por aparte, afirman que, por la vía de esa relación, James Mosquera obtuvo el apoyo de esta maquinaria y del Partido de La U para las elecciones de 2023

Mientras en esa primera elección hubo 11 listas y más de 20 candidatos, para las de este domingo las víctimas de los municipios: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto, más dos de Antioquia (Vigía del Fuerte y Murindó), deben elegir solamente entre seis aspirantes.

Avalados por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita están James Hermenegildo Mosquera y Georgina Portocarrero, una lideresa de Riosucio. Por la Corporación Magia y Desafío “Corpomades”, que tiene poco más de un año de creada y de cuyos candidatos se sabe poco, están Leyman Javier Mosquera y Yuledis Viera. Y por la organización de víctimas Revivir Sipí están Blasney Mosquera Hurtado, excoordinador de la mesa de víctimas, y Ana Rosalba Mosquera Palacios, que ya se habían lanzado con la misma organización.

En el marco de las sombras sobre Mosquera se entiende la frustración de ahora de algunos. “Vemos que es una representación más en la Cámara, el impacto que esperábamos a través de nuestro representante de paz realmente no ha tenido el eco necesario para nosotras las víctimas”, comentó Giovanny Mena, líder comunitario de Condoto.

“Durante estos cuatro años no se sentó a hablar en algún momento con la Mesa Indígena del Chocó. Solamente ha venido cuando viene alguien de Bogotá a acompañar y hablar. Nada más”, aseguró un representante de la Mesa que prefiere no ser nombrado por seguridad, pues ha sido amenazado en varias ocasiones.

“Si uno mira los informes, ha participado de algunos proyectos como autor y coautor, pero hacia el territorio no hay vinculación, no nos sentimos representados. Él vivía en Bogotá, es alguien que ha sido más político que líder social”, comentó el líder de Istmina.

Mosquera tuvo un desempeño promedio, en comparación con los otros representantes de estas curules en materia de proyectos en el congreso. Para la legislatura de 2022-2023 y 2023-2024 fue autor y/o coautor de 47 proyectos. En la primera legislatura más de la mitad estaban relacionados con la paz, mientras que en la segunda solamente el 23 por ciento de ellos.

En palabras del congresista, los mayores logros de su gestión en estos cuatro años fueron la ponencia de la ley que aumentó por 10 años los PDET, el apoyo a la ley que amplía los plazos para declararse como víctima y la “gestión de más de seis mil cartacheques de indemnización”.

Pero en el Chocó no sienten estos avances: “Para nosotros era vital que se adelantara bastante la indemnización pero hay un estancamiento en ese proceso. También ha estado demasiado lenta la implementación de la reforma rural integral. Los recursos incluso para las iniciativas priorizadas también han tenido un estancamiento, al igual que la implementación de obras y proyectos PDET”, agrega Mena.

Hoy la disputa electoral parece estar solamente entre James Mosquera y Blasney Mosquera. Líderes del territorio afirman que James sigue teniendo el apoyo de los Sanchez y del Partido de La U. “Acá el partido Liberal, el Partido de La U, que son las casas fuertes, y por ahí que se suma Cambio Radical, ya decidieron. La alianza de James con La U sigue ahí y tengo entendido que los otros partidos que han resultado golpeados de esta alianza han buscado rodear al otro candidato”, explica el líder de Istmina, que es conocedor de la movida.

En territorio reconocen una campaña política muy desigual y sienten desconfianza: “Blasney es una víctima que no tiene recursos para hacer esos movimientos y desplazamiento a los 14 municipios que votan. Aquí una sola bomba de gasolina vale más o menos 120.000 pesos y en un desplazamiento se gasta cuatro y cinco. En cambio, el representante James tiene todas las posibilidades porque hasta proyectos ha logrado para financiar su campaña. Llega a los pueblos ofreciendo hasta contratos. De cierta manera ese poder que adquirió lo están utilizando para constreñir también al electorado”, dice Leyner Palacios.

Esto también es evidente en redes sociales. James Mosquera cuenta con un gran equipo de comunicaciones, su presencia en redes sociales ha sido fuerte con publicaciones diarias mostrando los recorridos por los municipios. La semana pasada estuvo en gira de medios en Bogotá, en medios como El Espectador, Caracol y Red +. En comparación, el líder Blasney Mosquera ha hecho un par de publicaciones pagas en medios locales como “Publimovil Chocó”, y recientemente abrió un instagram que tiene siete publicaciones.

A esto se suman otros cuestionamientos: integrantes del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, la organización social que avala a James Mosquera, aseguran que el aval lo entregó el entonces representante legal del Consejo Comunitario, Tulio Hurtado, sin autorización de la junta directiva y presuntamente a cambio de dádivas. Frente a los cuestionamientos del aval, el representante Mosquera aseguró en entrevista a este medio que todo fue de manera consensuada.

Entre los apoyos políticos cuestionados de Mosquera está también la del exalcalde de Bojayá, Joaquín Palacios Asprilla, quien está condenado por su relación con paramilitares en la región del Atrato. El político publicó en redes sociales que su movimiento “Minga para el desarrollo de Bojayá” había decidido apoyar a Mosquera. Un capital de votos que podría ascender a los 2.500, después de que en las elecciones a la alcaldía de 2019 su candidato ocupara el segundo puesto con 2.234 votos.

En medio del desencanto, el llamado también es a la articulación: “Nuestro grupo llegó a una conclusión que queremos dejar clara: la presencia del congresista en el territorio no puede ser simbólica, debe ser constante, articulada y orientada a resultados. Necesitamos representantes que lleven nuestras preocupaciones al nivel donde se toman las decisiones y que regresen con respuestas y no con silencio”, dijo Ana Julia Hidalgo Ruiz, integrante del comité cívico, durante un evento que reunió a los candidatos y a los voceros de las organizaciones sociales en Quibdó el pasado 17 de febrero.

Al final, en el aire no queda flotando la pregunta de quién ganará, sino si, con quien gane, dejarán de sentir la frustración y el abandono desde un espacio de participación que se convirtió en un botín más de la política de siempre.

En Tadó el dinero de las cuentas bancarias de la alcaldía pasa de estar disponible, a congelado, de un día para otro. Cuando eso ocurre, áreas completas dejan de funcionar, incluidos programas esenciales como la alimentación escolar. En julio, la administración advirtió públicamente  que se habían embargado, nuevamente, las cuentas destinadas a financiar la pequeña parte del PAE que le corresponde a la Alcaldía. Y con eso, otra vez, se puso en riesgo su continuidad para cientos de niños y niñas.

La escena no es nueva en Tadó. De hecho, la administración municipal lleva años aprendiendo a trabajar con las manos atadas. La información que el propio municipio entregó a Consonante revela la verdadera dimensión del problema: aunque el embargo sobre la cuenta del PAE —y sobre las destinadas a los resguardos indígenas— logró levantarse después de varias semanas de tensión, el resto del panorama es desolador.

Según la respuesta al derecho de petición, casi todas las cuentas de la alcaldía han sido embargadas al menos una vez en lo que va del año. Algunas, incluso, han quedado atrapadas en ciclos repetidos de congelamiento: bloqueos que van y vienen, recursos inmovilizados durante días o semanas mientras los procesos judiciales avanzan lentamente. En ese vaivén financiero se juega cada decisión pública del municipio.

Estas medidas provienen, en su mayoría, de despachos administrativos de Quibdó y de juzgados civiles de Istmina, en procesos ejecutivos que ya tienen sentencia y liquidación de crédito aprobada. A esto se suman los cobros coactivos del Ministerio de Educación Nacional por cuotas pensionales y prestaciones sociales de docentes que en su momento pertenecieron a la planta municipal.

“En los últimos años han sido afectadas casi la totalidad de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio de Tadó, por cuentas de los diferentes procesos judiciales que se adelantan en contra del ente territorial, ocasionando con esto una grave afectación a las finanzas y la funcionalidad de la administración municipal”, responde Jhonnar Mauricio Parra, asesor jurídico de la alcaldía.

Pero ni siquiera la administración tiene un cálculo preciso de cuánto dinero está realmente atrapado. El reporte que enviaron a Consonante reconoce que varios embargos siguen activos y que los montos congelados superan ya los mil millones de pesos. “Dichos recursos hacen parte del plan de inversiones establecido por el señor alcalde para ejecutar su plan de desarrollo”, añaden en el documento, dejando ver que no se trata de cifras abstractas: es dinero que debería estar pavimentando calles, fortaleciendo escuelas, sosteniendo programas sociales, y que en cambio permanece inmóvil en cuentas marcadas por procesos judiciales.

Los extractos del Banco Agrario, enviados por la alcaldía, permiten identificar el alcance de estas órdenes: al menos 38 notas de débito por embargo judicial entre 2014 y 2024, emitidas por diversas autoridades. El Ministerio de Educación aparece como demandante o ejecutor en nueve de ellas, siendo la entidad que más se repite en los documentos. El resto corresponde a decisiones adoptadas por los despachos judiciales y administrativos que hoy concentran la mayoría de los procesos en curso. 

Cuentas del municipio  que se han embargado desde enero de 2024. Fuente: Alcaldía de Tadó.

No están claras las cuentas y todo termina paralizado

Nadie sabe con certeza cuánto debe hoy el municipio ni cuántas de sus cuentas bancarias permanecen embargadas. La administración de Juan Carlos Palacios lo admite: en un primer derecho de petición, respondió que la deuda “no está consolidada”, pero la estimó por encima de los 50.000 millones de pesos. Semanas después, en una nueva comunicación oficial, la cifra descendió a 48.000 millones.

La falta de claridad alcanza incluso al número de cuentas bancarias que maneja el municipio. Guillermo Panesso Córdoba, personero municipal, explica que ni los entes de control locales tienen un registro completo: “No sabemos cuántas cuentas existen ni en qué bancos están aperturadas. Cuando se embarga una cuenta, el reporte llega a todas las entidades financieras donde podría haber recursos”. Señala, además, que los procesos ejecutivos acumulados contra administraciones anteriores han generado una cadena de órdenes de embargo que afecta a todas las cuentas posibles. “Esto paraliza la administración. Sin recursos no se pueden ejecutar presupuestos, contratos, nóminas ni inversiones”, afirma.

Aunque la Personería no ha recibido quejas formales de los tadoseños por este tema,  Panesso asegura que los efectos sobre la comunidad son evidentes: obras detenidas, programas sociales suspendidos y atrasos en pagos a trabajadores.

Ni siquiera el Concejo Municipal tiene un mapa claro de las finanzas embargadas de Tadó. Su presidente, Dani Jesús Perea Moreno, reconoce que el órgano de control político avanza sin mucha información: “No sabría decirle cuántas cuentas tiene el municipio embargadas, porque unas se embargan, otras se desembargan y luego vuelven a embargarlas”, admite.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado explica que las medidas cautelares sobre municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, como el caso de Tadó, tienen efectos profundos en su sostenibilidad fiscal, debido a que dependen casi por completo de los giros de la Nación. Cuando sus cuentas quedan bloqueadas, se detiene la ejecución de programas y proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

En la práctica, esa inestabilidad financiera ya se siente en Tadó. El concejal Luis Eduardo Moreno recuerda que, a finales del año pasado, la administración tuvo que frenar varias actividades programadas porque múltiples cuentas habían sido embargadas.

“Esta sucesión de embargos lleva a los municipios a una situación de insostenibilidad fiscal, lo que significa que no pueden ejecutar sus labores misionales básicas, como financiar la educación o pagar la nómina de los profesores, afectando directamente los derechos sociales de la población. A menudo, las solicitudes de insostenibilidad fiscal presentadas por los municipios se demoran años en resolverse”, explican desde la Agencia.

El Concejo Municipal asegura que han pedido informes constantes y otorgan facultades al alcalde sólo cuando presenta reportes claros. También confirmaron que se está impulsando la creación de un fondo especial para pagar embargos, alimentado con parte de los recursos que ingresan cuando las cuentas son liberadas. Sin embargo, ni siquiera se sabe cuánto dinero tiene hoy ese fondo. “Solicitamos esa información al alcalde y creemos que el martes nos la entregará”, dice Perea.

Un problema que se repite en todo el departamento

Según la Ley colombiana existen varios tipos de recursos que están protegidos contra estas medidas. Por regla general, los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), y aquellos con destinación específica para derechos sociales (como educación, salud y agua potable) están protegidos contra los embargos, salvo en situaciones muy específicas. Sin embargo, la preocupación principal de la Agencia es que en el Chocó, en muchas ocasiones, los funcionarios judiciales y administrativos no hacen consideración sobre si la cuenta es embargable o inembargable.

“Tenemos inconvenientes en este momento con el Sistema General de Participaciones. El desarrollo jurisprudencial ha permitido que se embargue una parte de ellos cuando, por ejemplo, en educación el municipio usa su transferencia para construir una escuela y luego es demandado por incumplir esa obra. En ese caso puede haber embargo, pero no debería aplicarse a otros temas”, comentan expertos jurídicos de la Agencia.

En el Chocó, explican, la situación es aún más compleja porque muchos jueces no atienden los requerimientos de la defensa del Estado ni de las entidades sectoriales. “Les reiteramos varias veces qué recursos son inembargables y, aun así, el juez insiste una y otra vez en ordenar el embargo. Es sordo a los argumentos del Estado y a los argumentos de ley que estamos usando”, puntualizan los expertos.

La presión ha ido en aumento. “El Chocó nos empezó a levantar la mano: los municipios están presentando incidentes de insostenibilidad fiscal, que en palabras castizas es un escrito que dice: ‘Venga, es que si usted me embarga eso, yo no tengo con qué trabajar’”.

Hoy la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso - CGP) establece un protocolo claro para proteger las cuentas inembargables de los municipios. Cuando llega una orden de embargo, el banco debe avisar a la entidad pública para que ésta certifique que los recursos no pueden ser embargados. Luego, el banco debe informar al juez y, si aun así insiste en mantener la medida, los recursos deben congelarse por separado y generar intereses hasta que haya una sentencia que autorice —o niegue— el embargo. Esa es la ruta legal.

Sin embargo, en muchos municipios del Chocó ese procedimiento no se cumple. Las entidades financieras ejecutan los embargos sin verificar el origen de los recursos ni el propósito de la cuenta, y los jueces rara vez retroceden cuando las administraciones les advierten que los fondos son inembargables. El resultado es una cadena de medidas que afecta con mayor fuerza a los municipios de sexta categoría, como Tadó, cuya operación depende casi por completo de los giros nacionales.

A todo esto se suma un problema igual de grave: la pérdida de información en los procesos ejecutivos. Durante años, las alcaldías han cambiado de manos sin dejar un registro claro de las deudas vigentes ni de las obligaciones que están en litigio. Ese vacío documental ha provocado que muchos municipios se enteren de los procesos en su contra solo cuando reciben nuevas órdenes judiciales, como si cada administración heredara una caja negra llena de sorpresas financieras que nadie sabe exactamente cómo se armó.

La Agencia también identificó un nuevo problema: acciones de grupo presentadas de manera idéntica en varios municipios por supuestos perjuicios derivados de fallas en los servicios de alcantarillado y acueducto. Son demandas con cuantías tan altas que, de prosperar, podrían desestabilizar por completo las finanzas locales. La entidad cuestionó que se acuda a acciones de grupo en estos casos, cuando lo adecuado sería tramitarlas como acciones populares.

Frente a este panorama, la Agencia adelanta mesas de litigio estratégico con todas las administraciones municipales del Chocó. El enfoque central es la defensa de la inembargabilidad de los recursos —tanto los laborales como los de funcionamiento—, porque hoy ese se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los gobiernos locales.

¿Qué pueden hacer las alcaldías?

La Alcaldía de Tadó afirma que conformó un equipo jurídico para responder a las medidas cautelares que pesan sobre el municipio. Ese equipo está presentando incidentes de desembargo ante los despachos judiciales y ante el Ministerio de Educación, además de revisar los procesos que originaron las deudas para, si es necesario, buscar acuerdos de pago con los demandantes. Según la administración, estas acciones han permitido levantar varias órdenes y liberar recursos que estaban bloqueados.

Sin embargo, la Alcaldía reconoce que el panorama no estaba claro desde el inicio del mandato. En el empalme con el gobierno anterior —dice la administración actual— no se entregó información completa sobre los procesos judiciales que venían acumulándose desde hace varias administraciones.

Y aunque la Agencia Jurídica del Estado coincide en que la mayoría de los embargos tienen su origen en obligaciones antiguas, incluidas sentencias y conciliaciones que no se pagaron a tiempo, su recomendación principal es generar una cultura de pago: las deudas son del municipio, no de las personas que ocupan los cargos, y cada retraso aumenta los intereses de mora.

Las acciones que pueden tomar las alcaldías se dividen en tres frentes: estrategias jurídicas inmediatas, gestiones administrativas internas y solicitudes de apoyo a entidades nacionales. En lo jurídico, la Agencia recuerda que los municipios deben verificar la jurisdicción de la orden para determinar si aplica el Código General del Proceso y qué respuesta procede.

También deben oponerse a embargos sobre recursos inembargables, como los del SGP o las rentas de destinación específica, cuando la orden no sustenta la excepción legal. Así como alegar la revocatoria tácita, informando a la autoridad sobre el no cumplimiento de la medida. Si en tres días no hay pronunciamiento, la medida se entiende revocada por ley.

Así como exigir la congelación de fondos con rendimientos cuando la autoridad insista en la medida con fundamento legal, para que los recursos queden separados y generen intereses hasta que haya decisión final y oponerse a entregas anticipadas de dinero, de modo que los recursos solo se trasladen al juzgado cuando la sentencia esté en firme.

En lo administrativo, la recomendación es fortalecer el recaudo propio para enfrentar las obligaciones pendientes. Eso implica reorganizar la gestión interna y aumentar la eficiencia en ingresos como el impuesto predial, una fuente que podría ayudar a reducir la dependencia de los giros nacionales.

Cada cierto tiempo el Chocó regresa a los titulares con la misma sentencia: “los peores colegios del país están en este departamento”. La frase reaparece cada vez que el Icfes publica un nuevo ciclo de resultados de las Pruebas Saber 11 y, con ella, se instala la idea de que el problema es únicamente el puntaje. 

En el más reciente informe, el instituto evaluó 12.253 instituciones del calendario B en todo el país. Los datos volvieron a señalar al Chocó: los 30 colegios con menor desempeño son públicos, indígenas y están en este departamento. La lista la encabezan la Institución Chimía de Miacora, el Centro Educativo Indígena de Vacal (las dos del Alto Baudó) y la Institución Educativa Indígena Embera Ame de Chirrinchao, del municipio de Medio Atrato.

Pero esa frase —la de “los peores colegios del país”— oculta una historia mucho más profunda: la de una desigualdad estructural que atraviesa quién estudia, dónde estudia y en qué condiciones lo hace. En Colombia estudiar en la zona rural, pertenecer a una comunidad étnica o ser mujer, ya representa una desventaja en el acceso a educación de calidad.

Los datos del último análisis de las Pruebas Saber 11 de 2024 lo confirman: los estudiantes de zonas rurales obtuvieron, en promedio, 25 puntos menos que los de zonas urbanas; quienes estudian en colegios públicos quedaron 30 puntos por debajo de quienes asisten a colegios privados; las mujeres fueron evaluadas 10 puntos por debajo de los hombres, y los estudiantes más vulnerables registraron puntajes 78 puntos inferiores a los de quienes tienen mejores condiciones socioeconómicas.

Escuelas como la Chimía de Miacora aplica un modelo de educación que no mide el Icfes. En el país los grupos étnicos reciben una educación especial que busca integrar los saberes ancestrales, las tradiciones, los conocimientos multiculturales y la conexión con el entorno dentro del currículum escolar. Esto significa que las competencias estándares como matemáticas o ciencias deben ser adaptadas a las costumbres de los pueblos étnicos, al mismo tiempo que se incluyen conocimientos propios de sus culturas.

El modelo educativo colombiano intenta responder a estas brechas con la implementación de los Planes Educativos Comunitarios (PEC), creados para adaptar los contenidos curriculares a las realidades y tradiciones de cada territorio. Hoy, estos planes cobijan a casi un millón de estudiantes en más de 6.500 sedes educativas del país.

En el caso de los pueblos indígenas, existe además el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que —mucho antes de ser reconocido como Política Pública de Estado en julio de este año— ya funcionaba como un instrumento fundamental de desarrollo dentro de la Etnoeducación. Su apuesta ha sido siempre la misma: garantizar la autodeterminación y una formación verdaderamente pertinente para las comunidades.

El Seip ya estaba en marcha de manera progresiva. Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, para 2023 el Sistema se había implementado en 4.005 sedes educativas, lo que representaba el 60 por ciento de las sedes etnoeducativas. Sin embargo, su aplicación ha tenido retos históricos que van desde su financiamiento, la logística, la falta de concordancia con el sistema educativo nacional y la inestabilidad y falta de formación docente.

Uno de los ejemplos más claros de esta desconexión está en las lenguas. Muchas de estas escuelas enseñan en la lengua materna de sus comunidades —una de las 69 lenguas nativas del país— porque es allí donde se tejen la identidad y el aprendizaje. Pero las Pruebas Saber 11 solo se aplican en castellano y están diseñadas desde referentes urbanos. Para estudiantes cuya primera lengua no es el español, o que nunca han vivido las situaciones que describen las preguntas, la evaluación se convierte en un doble desafío: responder no solo a un examen, sino a un idioma y a un mundo que les resulta ajeno.

“Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso”, reflexiona Lino Membora, subcomisionado de educación de la mesa indígena del departamento del Chocó. Consonante conversó con él sobre las posibles razones detrás de estos resultados y la falta de garantías del Estado para el acceso a la educación de comunidades indígenas.

Consonante: ¿Qué opina sobre esos titulares que dicen que “Los 30 peores colegios del país están en el Chocó y son instituciones educativas indígenas”?

Lino Membora: Esa información se ha viralizado y mucha gente ha tratado de minimizar a los pueblos indígenas por eso, pero realmente deberíamos hacernos varias preguntas.

Lo primero es que los modelos educativos que se implementan en las comunidades indígenas son modelos propios, modelos que buscan la pervivencia de estos pueblos en el tiempo. El Icfes no nos puede medir con el mismo rasero por la forma en la que está diseñada la educación. Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso.

Segundo, ¿cómo se puede medir a un niño indígena que está en la ruralidad? Si carece de todos los servicios que tienen los colegios de las cabeceras municipales, no tenemos condiciones dignas. No hay infraestructura, nuestros niños no acceden a internet y los que pueden acceder tienen limitaciones porque en algunos puntos es inestable.

Hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta. Entonces no nos preocupa que de pronto se diga "ay, es que son los peores". No, nosotros no estamos en ese paseo. Sin embargo, sabemos que nuestros estudiantes deben ir preparándose y nosotros tenemos la apuesta con los prestadores del servicio educativo de establecer criterios para que accedan a esta forma de evaluación, que eso es otra cosa.

C.: ¿Cuáles son las razones que usted considera están relacionadas con estos resultados?

L.M.: Nosotros no tenemos solo 30 colegios; tenemos cerca de 90, y muchos de ellos quedaron mejor posicionados que varios de comunidades afro, pero eso no lo miran. En las ciudades, un salón de grado 11 puede tener 25 o 30 estudiantes, que son los que se evalúan en las pruebas. “En cambio, nosotros tenemos grupos de nueve o diez estudiantes. Si comparas esos 30 estudiantes con nuestros 10, ¿quién tiene más posibilidades de que le vaya bien en un promedio?

En cabeceras municipales hay padres de familia que pagan por el pre-icfes y son siempre costosos: 700, 800 mil, hasta un millón de pesos. Pero en nuestras comunidades indígenas casi ningún padre tiene ese dinero. El año pasado hablamos de este tema con la Secretaría de Educación y manifesté la necesidad de tener un pre-icfes, ella me decía que dentro de las canastas educativas debíamos dejar presupuestos para atender eso, de tal manera que los docentes pudiesen capacitar o llevar empresas dedicadas a eso, pero es super costoso, porque no toda entidad va a sitios donde la situación de orden público no da garantía de vida. También trasladar a nuestros niños es costoso, el difícil acceso, todo está en contra.

C.: ¿Qué diferencia hay entre la educación que se recibe en las instituciones educativas indígenas versus lo que se evalúa en el Icfes?

L.M.: Nosotros tenemos una formación distinta, de vida y de cultura; nuestro horizonte es diferente al del sistema educativo nacional. Y todas esas cosas son las que se deben entender antes de decir: “Listo, nuestros niños están fallando en este punto”. En los últimos años, las comunidades se han adentrado más en lo propio: en valorar y rescatar los conocimientos antiguos, para que los jóvenes puedan proyectarse sin perder la esencia de ser indígenas.

Todo esto no significa que no se deba aprender lo otro, pero el Icfes también es cultural. Las preguntas que hacen ahí son más generales y tratan de responder a una medición internacional. Y nosotros no hemos ahondado en eso. Estamos concentrados en la preservación cultural y en la sostenibilidad.

C.: ¿En qué cree que está fallando el Estado a la hora de garantizar el acceso a la educación étnica de calidad en el departamento?

L.M.: Lo primero es que el Estado debe brindar seguridad. Es muy difícil la situación en el departamento del Chocó por su misma dispersión geográfica y de orden público. También tenemos muchos casos de suicidios y muchos casos de desplazamientos, todo esto hace que la educación también tenga esos desequilibrios. El Estado debe entender que estas comunidades prácticamente carecen de todo. Aquí no hay reducción de la brecha de desigualdad. 

También hay una deuda que nosotros venimos pidiendo hace rato y es que la tipología aplicada a la educación indígena del departamento de Chocó debería ser un poco diferente, por lo menos, a la de las comunidades andinas. Acá el costo de transporte de gasolina es muy alto, eso hace que todo sea caro, tampoco hay facilidad de vehículos o de lanchas permanentes por el mismo tema de orden público. En medio de la zozobra, en medio del miedo de los estudiantes y de los docentes mismos, las condiciones psicológicas no son buenas. Hasta a la dirigencia misma también a veces se nos dificulta poder entrar a algunos territorios. 

También tenemos colegios que son solo de nombre, hubo un tiempo en el que existieron y por la ola invernal ya se cayeron. Y el Estado no tiene cómo atender comunidades que tienen 500 ó 600 estudiantes que reciben clase en casas de familia. No tenemos condiciones dignas para la educación.

C.: El año pasado Consonante registró que varias comunidades indígenas se manifestaron cerrando las vías para reclamar el pago de salarios que se les debía a sus docentes ¿Hoy cómo está funcionando ese engranaje con la Gobernación y qué impactos cree que tienen estas situaciones?

L.M.: La educación se contrata con la gobernación del Chocó porque los municipios no son certificados, el único certificado es Quibdó. En ese proceso hay varios errores y uno de ellos es que el decreto que aplica para la administración del servicio educativo lo han manipulado en el departamento, y eso es algo evidente. 

En el Chocó hay seis grupos étnicos y, en ese sentido, debería haber solamente seis modelos educativos. Pero la Secretaría de Educación ha sido muy permisiva y en este momento hay 17 operadores indígenas, a pesar de que el decreto 2500 es muy claro sobre la idoneidad y las experiencias. Eso hace que la revisión de informes por parte del equipo supervisor se demore y si el operador se demora también entregar la información, pues también se presentan estos inconvenientes.

C.: ¿Qué propuestas tienen desde las comunidades para que este tipo de evaluaciones estandarizadas sean más equitativas? 

L.M.: Nosotros en un tiempo creo que le escribimos al Icfes como para que miraran la posibilidad, por lo menos, de tener como un tipo de prueba específica para poblaciones indígenas, pero creo que no hubo respuesta. Nuestra apuesta es que tenemos que formar nuestros propios educadores que vayan tratando de reducir esas brechas. Pero al final el problema es el lenguaje y cómo están orientadas las preguntas. 

C.: ¿Cómo cree que este tipo de resultados en el Icfes afecta la vida de los y las estudiantes indígenas?

L.M.: Afecta a las personas que vayan a necesitar un puntaje alto porque quieren estudiar una carrera, y también dependiendo de lo que la universidad les exija. Pero lastimosamente de nuestros estudiantes que terminan bachillerato, muy poquitos van a la universidad.

La educación superior ha mejorado bastante por la posibilidad de la gratuidad educativa, sin embargo, todavía sigue el nivel de pobreza de los padres y es muy difícil sostener a sus hijos con alimentación y un arriendo en las ciudades. Es un limitante para que la persona pueda seguir estudiando, aunque quiera hacerlo.

En la vereda Piscinas, el aire huele a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. El verde del Yarí se extiende como un mar sin orillas. Desde temprano, por los caminos de barro, comenzaron a llegar los primeros niños y niñas: traían en la espalda maletas cargadas con hamacas, toldillos y carpas. Venían desde El Recreo, Alto Morrocoy, La Sombra, Playa Rica. Algunos habían viajado toda la noche.

Cuando el bus o la canoa se detenían, las risas rompían el silencio del monte. Se oían saludos, gritos, abrazos que parecían no terminar nunca. Era como si cada llegada confirmara algo más grande que una simple reunión. El Festival del Jaguar había comenzado.

Durante dos días —el 5 y 6 de noviembre— este pequeño centro poblado de San Vicente del Caguán se convirtió en un territorio de música, juegos y colores. Pero bajo la alegría se movía también una memoria compartida: la de un pacto hecho seis años atrás, cuando las comunidades del Yarí decidieron cuidar al jaguar y al bosque que lo abriga. Lo llamaron el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar. Desde entonces, cada fiesta no solo celebra al felino más grande de América, sino la promesa de proteger el lugar donde aún camina.

Al amanecer, el campamento despertó con el sonido del agua cayendo en las duchas y el murmullo de los niños preparándose. A las diez de la mañana comenzó el gran desfile: los estudiantes, disfrazados de chigüiros, dantas, venados, paujiles y jaguares, avanzaron por la calle principal del centro poblado mientras las familias los aplaudían desde los costados.

“El festival es un espacio lleno de emociones, conciencia y esperanza”, cuenta Juan Esteban Zamora, de la Asociación Empresarial Campesinos del Yarí (Asecady), organización que lidera el evento junto a las instituciones educativas rurales.

El Festival del Jaguar ya suma cuatro ediciones desde aquel primer encuentro en 2019. Nació como una promesa: recordar que en las sabanas del Yarí la vida humana y la del bosque son una sola. Por eso, cada noviembre, el canto de los niños se mezcla con el rumor del viento y el rugido lejano del felino que da nombre a la fiesta.

En la tarde, el escenario comenzó a latir. Sobre una tarima improvisada, entre banderas y hojas secas, las delegaciones presentaron danzas, poemas y pequeñas obras inspiradas en la selva. Una de las más esperadas fue la danza del jaguar y la danta. Los niños aparecieron con máscaras de cartón pintadas a mano y trajes que imitaban el pelaje dorado del felino. Se movían despacio, marcando el suelo con los pies descalzos, girando con una mezcla de fuerza y delicadeza. En cada gesto parecía repetirse una vieja historia: la del jaguar que cuida el bosque y del hombre que intenta arrebatárselo.

El segundo día, el bullicio cambió de ritmo. Llegó la Copa Deportiva Jaguar: torneos de microfútbol, partidas de ajedrez bajo los árboles, carreras que levantaban polvo en el aire caliente del mediodía. Entre juego y juego, las comunidades recorrían las rutas de aprendizaje en las fincas demostrativas. Allí, campesinos, maestros y estudiantes compartían un mismo propósito: descubrir cómo sembrar, cazar y vivir sin miedo al jaguar. Cómo convivir con él sin poner en riesgo ni los cultivos ni la vida.

Un acuerdo que une generaciones

En las sabanas del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá, el jaguar no solo es un símbolo de poder, sino también de resistencia. Su presencia recuerda que la selva sigue viva, aunque amenazada por la caza, la deforestación y la expansión agrícola.

Por eso, desde hace seis años, campesinos, maestros, niños y jóvenes impulsan el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar, una apuesta colectiva que busca conciliar la protección ambiental con la producción rural. El acuerdo incluye ocho compromisos entre los que se resalta la importancia de dejar corredores biológicos, organizar las áreas de cultivo, fortalecer la educación rural y garantizar que los niños permanezcan en el territorio aprendiendo a cuidarlo.

“El festival es un espacio donde los adultos dan cuenta de sus avances y los niños homenajean al gran felino con sus bailes y cuentos”, explica Viviana Robayo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que ha acompañado el proceso desde el inicio. “Hoy abrazamos este proceso y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando estas comunidades y continuar el proceso de conservación del jaguar en el país”.

A la sombra de un árbol, mientras los niños jugaban con máscaras de cartón, Edwin Guzmán, director rural del Centro Educativo Las Brisas, observaba en silencio el movimiento del festival. Dijo que estos encuentros son algo más que una fiesta: “Nos garantizan la posibilidad de tener espacios de acercamiento y de concientización para las futuras generaciones”, explicó, mirando cómo los pequeños corrían detrás de una pelota que llevaba dibujado un jaguar.

Para él, ese es el verdadero sentido del festival: no solo enseñar a convivir con la naturaleza, sino recordar que la vida en el Yarí depende de mantener el bosque en pie. Cada canto, cada baile, cada actividad se convierte en una lección sobre cómo cuidar el territorio y convivir con quienes lo habitan, humanos o no.

Como en años anteriores, la jornada sirvió también para hacer cuentas de lo logrado. En esta edición participaron delegados de Corpoamazonia, los ministerios de Ambiente, Educación y Agricultura, la Gobernación del Caquetá, el PNUD y la Embajada de Noruega. Todos reafirmaron su apoyo al proceso, conscientes de que en estos parajes alejados la conservación se sostiene más con voluntad que con presupuesto.

Raúl Ávila, de Corpoayarí, lo resumió de manera sencilla: “El evento permite a los jóvenes comprender la importancia del territorio y la biodiversidad, fomentando la unión y la conciencia ambiental”.Y luego, como si respondiera a una pregunta que nadie hizo, Guzmán agregó: “No se trata de temerle al jaguar, sino de verlo como un símbolo de fuerza y esperanza”.

Al caer la tarde, entre música, bailes y risas, el jaguar volvió a rugir en el Yarí. No como una sombra perdida en la selva, sino como una voz que une a quienes aprendieron a vivir con el bosque y a cuidarlo.

El festival termina, pero deja su huella: los niños que hoy danzan con máscaras de cartón serán mañana los guardianes del territorio. Así, generación tras generación, el jaguar sigue caminando, no solo entre los árboles, sino en la memoria de quienes lo celebran.

En Tadó, las principales obras de infraestructura siguen paralizadas, sin fechas claras de entrega y con dificultades financieras y administrativas. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea Collazos, actualmente se ejecutan cuatro proyectos impulsados por la administración de Palacios: el mantenimiento del puente del Tabor —que conecta con la comunidad de Mondó Mondocito—, el alcantarillado sanitario del barrio Escolar (sector Chambacú), la entrega de un tramo pavimentado en Jingarabá la semana pasada y la instalación del alumbrado navideño en el corregimiento de El Tabor.

Pero los mayores tropiezos están en las obras que dejó contratadas el exalcalde Cristian Copete: la cancha de Mondó Mondocito, el parque del barrio Villas de Remolino y el sistema de iluminación de la cancha sintética Emiliano Chaverra. Su retraso ha generado preocupación entre los habitantes, que hoy dudan de la capacidad de la administración de Palacios para culminarlas.

“Tadó tiene todo el potencial para ser una joya turística del Chocó, pero las obras no avanzan y la gente ya no cree en los anuncios”, expresó un líder comunitario durante una sesión del Concejo.

El panorama refleja una constante en el municipio: la distancia entre los anuncios de desarrollo y la ejecución real. A pesar de su riqueza turística, cultural y ambiental, Tadó sigue limitado por la falta de planificación, los incumplimientos contractuales y la debilidad institucional. “Estamos cansados de promesas. Queremos obras, no discursos”, reclama un habitante de la comunidad de Mondó Mondocito.

A pesar de que el exalcalde Copete aseguró que los proyectos fueron entregados con los recursos necesarios para su finalización, hoy la alcaldía dice que las obras están desfinanciadas y enfrentan numerosos inconvenientes.

El caso de Mondó Mondocito: una obra que nunca inició

En la comunidad indígena de Mondó Mondocito, la promesa de una placa deportiva múltiple se quedó en el papel. El contrato, adjudicado en junio de 2023 a la empresa Representaciones EUT S.A.S. por 1.390 millones de pesos, debía entregarse en febrero de 2024. Hoy la obra está detenida: los materiales se deterioran, los pagos están en mora y la ejecución física apenas alcanza el 1,02 por ciento.

Según Perea Collazos “la placa polideportiva de Mondó Mondocito quedó inconclusa por situaciones ajenas al contratista, relacionadas con el orden público y otras dificultades”. Entre las principales causas de retraso, según los informes entregados al concejo municipal, se cuentan bloqueos de la guardia indígena, amenazas y presencia de grupos armados ilegales (Eln), falta de personal y materiales, incumplimientos en la entrega de documentación técnica y condiciones climáticas adversas.

El concejal Álvaro Valencia Valencia, líder del resguardo Mondó Mondocito, califica la situación como “muy preocupante”. Afirma que la obra lleva más de seis meses detenida, después de la compra de materiales como varilla, cemento, arena y piedra. Hoy denuncia que gran parte de esos insumos se encuentran perdidos o dañados. “Hay más de 400 bultos de cemento restrojados, todo se está deteriorando”, lamenta.

De acuerdo con el contrato N° LP-03-2023, la administración municipal del entonces alcalde Cristian Copete, se comprometió a realizar un anticipo del 50 por ciento, equivalente a 695 millones de pesos, tras la firma del acuerdo y la aprobación de las garantías exigidas. Sin embargo, la obra, financiada por el Ministerio del Deporte y Findeter, fue liquidada unilateralmente el 14 de julio de 2025, después de siete prórrogas y tres suspensiones formales.

El contratista Yanny Mosquera Valencia señaló en una sesión del Concejo Municipal que los atrasos no son su responsabilidad: “No podemos asumir los retrasos generados por la alcaldía. Los pagos no se hicieron a tiempo y no se nos autorizó continuar con la obra”, afirmó.

Ante la parálisis, el Ministerio del Deporte y Findeter revisan actualmente la viabilidad técnica del proyecto. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea, se estableció un plan de manejo de cuatro meses para definir cómo reanudar los trabajos, aunque hasta el momento no se ha reiniciado la obra. “Después de la declaratoria de incumplimiento que hizo la alcaldía, una comisión viajó a Bogotá junto a representantes del contratista y de la administración municipal para reunirse con Findeter y el Ministerio del Deporte, pero hasta ahora no hay resultados visibles”, explicó el concejal Luis Eduardo Moreno.

Desde la alcaldía de Tadó no se ha fijado una fecha clara para retomar los trabajos ni para la entrega final, pese a que ya han pasado 21 meses desde el plazo original de culminación. Lo único cierto, insiste Perea, es que los recursos están disponibles: “Yo creo que con esa plata sí se podría terminar la obra”.

Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera. Con 988 habitantes, el resguardo indígena de Mondó Mondocito ve en esta obra una oportunidad para sus niños y niñas, que hoy no tienen un espacio adecuado para el deporte ni la recreación. “Estamos muy preocupados. Nadie nos ha informado qué pasará con la cancha”, afirma el concejal Valencia.

Villas del Remolino: un parque desfinanciado

El Parque Recreo Deportivo de la Urbanización Villas del Remolino, concebido como un espacio para el encuentro familiar y el esparcimiento de los niños de Tadó, hoy se ve abandonado y sin presencia de obreros. La obra, valorada en 1.662 millones de pesos, fue contratada entre la Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones (CORPISSA) y la Corporación Prosperar Social de Colombia, designada como ejecutora por el municipio de Tadó mediante el acto administrativo N.° 1655 del 26 de diciembre de 2023.

El Contrato de Obra N.° 010 de 2024 fijó un plazo inicial de ocho meses, con fecha de inicio el 15 de mayo de 2024 y entrega prevista para enero de 2025. Sin embargo, para el 21 de junio de 2024, los trabajos ni siquiera habían comenzado. Poco después, el proyecto fue suspendido por problemas técnicos, presupuestales y climáticos, lo que prolongó la ejecución por dos meses y seis días.

Las condiciones topográficas del terreno obligaron a realizar confinamientos no previstos en el presupuesto, lo que implicaba una modificación contractual. A esto se sumaron las fuertes lluvias registradas en julio y agosto, que impidieron continuar las labores. La suspensión se formalizó mediante el Acta N.° 01, firmada entre septiembre y noviembre de 2024 (según distintas versiones), y fue avalada por la interventoría.

El Acta de Reinicio N.° 01 se firmó el 7 de enero de 2025, una vez superadas las causas que originaron la suspensión. A partir de entonces, el contratista se comprometió a actualizar las pólizas para reflejar el nuevo plazo contractual. No obstante, pese a los trámites administrativos, las fechas de entrega siguen siendo inciertas. El concejal Luis Eduardo Moreno asegura que no existe una fecha clara de culminación, mientras el personero municipal confirma que las fechas iniciales no se cumplieron “por temas administrativos, técnicos y del clima”.

A pesar de que después de la suspensión el valor final del contrato registrado en el Acta de Reinicio fue exactamente el mismo valor inicial, hoy la respuesta es que la obra está desfinanciada. Fuentes del Concejo municipal dicen que faltan más de 480 millones de pesos para culminar el proyecto. “El parque biosaludable de Villas del Remolino está desfinanciado, está a medias. En las sesiones del Concejo pasado se dijo que estaban revisando el tema presupuestal, pero hasta hoy no se ha puesto una sola piedra más”, advierte el concejal Moreno.

Desde la Secretaría de Planeación dicen que la obra presenta un 47 por ciento de ejecución, pero no hay claridad de si se podrá terminar. “Quizás hubo falta de planificación por parte de las personas que en su momento hicieron los estudios y diseño y una mala estructuración del presupuesto”, afirma Perea Collazos. Según su diagnóstico, el proyecto fue dividido en dos fases: la primera muestra avances significativos, pero la segunda carece de los recursos necesarios.

“Como administración estamos evaluando si es posible completar la obra con recursos de regalías. Si el contratista aseguró que con ese dinero alcanzaba para terminarla y luego aparecieron dificultades, eso refleja una mala planificación. Y ahora, con el presupuesto de 2026 en discusión, el municipio difícilmente podrá asumir esa carga con recursos propios”, explica el funcionario.

La decisión sobre una eventual adición presupuestal aún no está tomada y dependerá de lo que determine una mesa técnica de la alcaldía. Desde la Secretaría de Planeación se han hecho requerimientos a la empresa CORPISSA y seguimiento a la ejecución del contrato. “Encontramos varias falencias, elaboramos documentos para conocer el estado real del proyecto y, al no obtener respuesta, reiteramos la solicitud con copia a la Personería y a la Procuraduría”, señala el secretario Perea.

La incertidumbre también preocupa a los líderes comunitarios. Fausi Yurgaky Perea, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas del Remolino, asegura que la comunidad no ha recibido información clara sobre la suspensión ni sobre el futuro de la obra. “Hay riesgo de que el parque no se culmine como debe ser. Al no terminarlo, se perjudica mucho al sector y se priva a los niños y jóvenes de un espacio para su recreación. El lugar está tan abandonado que algunos lo usan para tender ropa. Necesitamos que los entes de control hagan seguimiento y que esta obra no se pierda”, cuenta.

Una cancha que no se ha podido terminar

Una de las obras más visibles de los últimos años se ha convertido también en una de las más controversiales: la cancha de fútbol sintética Emiliano Chaverra, promesa principal de la administración del exalcalde Cristian Copete. Aunque hoy es utilizada por la comunidad, el escenario deportivo sigue inconcluso: no tiene luminarias y la segunda etapa —que incluye graderías, camerinos y zonas de descanso— no se ha empezado a ejecutar.

“La cancha sintética, aunque ya fue entregada, es una obra incompleta. Se puede usar durante el día, pero en la noche es imposible porque no tiene iluminación”, explica el concejal Luis Eduardo Moreno, recordando que la promesa de instalar luminarias fue hecha hace más de seis meses sin resultados visibles.

La incertidumbre también rodea la segunda fase del proyecto. Según Moreno, tanto la Gobernación como la Alcaldía se comprometieron públicamente a aportar recursos para su ejecución, pero hasta el momento “no hay absolutamente nada”.

El secretario de Planeación reconoce fallas en la planificación inicial: “Quizás las personas que recibieron la propuesta no hicieron las observaciones pertinentes. Si uno compara, las luces de la cancha junto a la iglesia son mejores que las instaladas en la sintética. Hubo una muy mala planificación de la iluminación”. La cancha que debía convertirse en símbolo del impulso deportivo de Tadó hoy refleja los vacíos de planificación y seguimiento que marcan buena parte de las obras públicas del municipio.

Lo que sigue

En una sesión reciente del Concejo Municipal de Tadó, los corporados expresaron su preocupación por los retrasos y la falta de transparencia. El concejal Luis Eduardo Moreno Murillo manifestó su decepción ante los contratistas: “Nunca hay una explicación clara y concreta. Cada vez que los citamos, llegan con excusas”.

Desde el Concejo aseguran tener conocimiento de las gestiones que adelanta la alcaldía para garantizar la entrega de las obras, aunque persisten las dudas sobre su efectividad. “Solo escuchamos que hay voluntad, pero soy escéptico frente a los procedimientos administrativos que se han venido realizando. Ha habido dificultades con las obras que dejó la administración anterior y han argumentado que muchas no quedaron en el empalme. Pero considero que son excusas. No veo claridad, ni la verdadera intención de la administración actual de sacar estos proyectos adelante”, puntualiza el concejal Moreno.

Hoy no existen fechas de entrega para ninguna de estas obras, ni la seguridad de su continuidad. Mientras tanto, el personero Guillermo Andrés Cuesta Paneso, asegura que ha recibido innumerables quejas de la comunidad tanto por obras no entregadas como por aquellas que sí se han culminado. Las principales afectaciones y quejas reportadas incluyen: la afectación a la calidad de vida y ambiental, pues el alargamiento de los plazos de ejecución conlleva afectaciones ambientales y sociales para los residentes que viven cerca de las obras, como calles destapadas, exposición a la inclemencia de la lluvia y problemas de mosquitos.

A esto se suma que algunas obras terminadas han dejado residuos en alcantarillas, lo que provoca represamientos, inundaciones y afectaciones a las viviendas de los ciudadanos. La personería también ha recibido quejas por el no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. El Personero calificó como una "violación suprema" y de “mala costumbre”, que los contratistas no contratan debidamente al personal que trabaja en estos contratos, que son catalogados como de riesgo, incluyendo la falta de vinculación a la seguridad social.

Mientras las obras permanecen inconclusas y las explicaciones se reparten entre administraciones, la comunidad espera que los entes de control intervengan y que, finalmente, los recursos públicos se traduzcan en resultados visibles.

En las vastas tierras de La Guajira, donde el sol abrasa la tierra y el viento susurra los secretos ancestrales de su gente, el pueblo Wayuu lucha por sobrevivir y mantenerse en el tiempo. A lo largo de su historia, el pueblo indígena más numeroso de Colombia —con una población de 380.460 personas según el censo de 2018— ha permanecido en movimiento, resistiendo las adversidades y adaptándose a los cambios.

Yelibeth Uriana, es una joven Wayuu de Fonseca que decidió salir de su comunidad para probar suerte en otro lugar. Terminó el bachillerato hace algunos años y, aunque le habría gustado quedarse en La Guajira, considera que las ciudades más grandes son el único lugar donde puede encontrar trabajo sin tener que depender de influencias o contactos. En su municipio, comenta, conseguir empleo suele estar vinculado a la política: "Si apoyas a alguien, te ofrecen trabajo; si no, te cierran las puertas".

Durante un tiempo, Yelibeth se las arregló como pudo en su comunidad: cocinaba, cuidaba niños o ayudaba en lo que salía. Vivía con sus hermanas, y entre todas reunían lo que podían para sostener la casa. Pero una a una fueron marchándose, buscando mejores condiciones. Su hermana mayor viajó primero a Bogotá, sin hijos y con su título de bachiller recién obtenido, pudo encontrar empleo gracias a su habilidad para coser a máquina. Esa experiencia fue la que finalmente animó a Yelibeth a seguir el mismo camino.

Primero eligió Barranquilla para no alejarse demasiado de su tierra, y allí consiguió empleo como empleada de servicios generales en un hotel-restaurante. Sin embargo, su experiencia resultó difícil debido a los horarios extremos: "Los turnos eran muy irregulares. Tenía que levantarme a las cuatro de la mañana para llegar a las seis al trabajo, y salía a las 11 de la noche. Era muy peligroso", relata. 

Yelibeth se quedó un tiempo en Barranquilla, pero los horarios interminables y los malos tratos que veía entre sus compañeros de trabajo la hicieron tomar una decisión difícil. Después de varias semanas, se animó a mudarse a Villavicencio, buscando nuevas oportunidades. "La gente de la tierra ajena es muy diferente", dice al recordar su experiencia. "La señora del hotel-restaurante donde trabajaba a veces era muy amable, pero otras veces se volvía muy grosera". A pesar de sus expectativas, la situación no mejoró.

Su llegada a Villavicencio tampoco fue fácil. "Fui a casa de una hermana, pero me perdí en el camino. Terminé en Boyacá porque la vía estaba en mal estado. Me asusté mucho, había tantos túneles, y cuando me di cuenta, ya había durado casi cuatro días viajando", recuerda entre risas, como si el tiempo hubiera suavizado la dureza de esa travesía. Allí, encontró trabajo durante un par de meses cuidando a adultos mayores, pero cuando el empleo terminó, no tuvo más opción que regresar a Fonseca. Hoy, con nuevos planes en mente, se encuentra gestionando su regreso a Barranquilla, donde espera encontrar mejores oportunidades.

Igual que Yelibeth, miles de migrantes Wayuu cada año se desplazan a diversas partes del país en busca de mejores oportunidades. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, el 97,5 por ciento del pueblo Wayuu sigue viviendo en su tierra natal, en el departamento de La Guajira, distribuidos en 21 resguardos indígenas y también fuera de los territorios étnicos. Los municipios de Uribia (40,7 por ciento), Manaure (18,2 por ciento), Maicao (17,5 por ciento) y Riohacha (13,0 por ciento) albergan a la mayoría de la población Wayuu. Sin embargo, cada vez más personas de esta comunidad se trasladan a otras regiones del país, especialmente a las grandes ciudades. Según el Registro Estadístico del Pueblo Wayuu del DANE, publicado en 2021, también se registra una notable presencia de este pueblo en capitales como Bogotá y Manizales.

La falta de oportunidades laborales, el conflicto armado y la pobreza han obligado a muchos Wayuu a abandonar sus comunidades en busca de empleo en ciudades como Barranquilla, Bogotá o Villavicencio. En su travesía, enfrentan condiciones difíciles e, incluso, peligrosas. Sin embargo, a pesar de los retos, mantienen un fuerte vínculo con su tierra natal y la esperanza de regresar algún día, buscando siempre un futuro mejor para ellos y sus familias.

¿Por qué se desplazan los Wayuu?

El desplazamiento de hombres y mujeres Wayuu no es un fenómeno nuevo. Según el sabedor de la comunidad de Mayabangloma, Carlos Ramírez, “el Wayuu siempre ha estado en movimiento”. Sin embargo, estos desplazamientos han estado motivados por la búsqueda de una mejor vida y por las difíciles circunstancias de sus territorios, históricamente asediados por la pobreza y el conflicto.

Hoy en día, los desplazamientos continúan ocurriendo por razones similares. Según el Ministerio del Interior, la violencia y las amenazas generadas por grupos armados, junto con las economías ilícitas, han obligado a las comunidades Wayuu a abandonar sus hogares en medio de un clima de miedo e inseguridad.

En julio de este año, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el desplazamiento masivo de 15 núcleos familiares de la comunidad Wayuu, provenientes del municipio de Riohacha, debido a las amenazas de grupos armados ilegales. Estas familias fueron acogidas en Bogotá, en el Centro de Atención a Víctimas (CAV) de la Procuraduría, donde se les brindó apoyo y asistencia.

En mayo de 2023, la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC denunció que el desarrollo de proyectos comerciales y privados en territorios ancestrales había desplazado a más de 100 familias Wayuu, quienes quedaron sin reubicación, asistencia humanitaria, reparación o investigación. Estas familias vivían en 300 hectáreas en Riohacha, un territorio conectado con la Línea Negra – Seshiza, un sistema de sitios sagrados reconocido por el Decreto Presidencial 1500 de 2018.

A esto se suma la grave crisis humanitaria que afecta a la región, agravada por los conflictos intra e intercomunitarios, los factores transfronterizos como la crisis en Venezuela, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al agua y a servicios básicos, así como la escasez de oportunidades laborales. “Informes de ACNUR, ONIC y diversos análisis de académicos y ONG coinciden en señalar que la combinación de violencia, precariedad económica y crisis humanitaria y climática son los principales factores que impulsan el desplazamiento de la comunidad Wayuu”, respondieron desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior a Consonante.

En 2017 La Corte Constitucional dictó la Sentencia T–302 de 2017, en la que llegó a la conclusión de que existe la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayuu, causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, lo cual configura un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Lo que compromete de forma grave la existencia digna de las niñas y los niños y su desarrollo armónico e integral (por falta de agua, alimentación y salud), y arriesga la existencia misma del pueblo indígena. 

A pesar de que la sentencia fue dictada hace más de ocho años, poco ha cambiado en el territorio. En 2021, el DANE publicó un registro estadístico sobre el pueblo Wayuu que reveló que el 81,1 por ciento de esta población aún tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Además, más de la mitad, el 53,3 por ciento, vivía en situación de miseria. Esto significa que enfrentan al menos dos o más carencias, como vivir en viviendas inadecuadas, carecer de condiciones sanitarias mínimas, habitar en hogares con hacinamiento crítico o tener niños que no asisten a la escuela, entre otros factores.

En el 2022 la Corte Constitucional tuvo que tomar una medida cautelar luego de concluir que, aunque existían avances en la implementación de la Sentencia, a cinco años de su expedición estos fueron “insuficientes e inefectivos al incumplir los tiempos establecidos y no mostrar avances sustanciales”.

Ramírez agrega que en el departamento no hay oportunidad de empleo y educación para los jóvenes. “¿Qué oportunidad puede tener un joven Wayuu allá en la alta Guajira, donde solo se habla de guerras y contrabando? es una situación crítica y son algunas de las situaciones que se presentan también en Venezuela”, lamenta.

Las familias, además, viven con creciente preocupación por el reciente aumento de casos de personas Wayuu desaparecidas. “En el centro del país hay una situación con los Wayuu, porque ahora hay desaparecidos. Nos dicen que somos nosotros los desordenados, pero nadie se detiene a investigar qué está pasando en nuestros territorios para que nuestros hijos tengan que irse”, comenta el sabedor, reflejando el dolor y la frustración de una comunidad marcada por la incertidumbre.

Pocos datos y políticas públicas débiles

Según el Ministerio del Interior, la política respecto a la protección y atención de pueblos indígenas que se desplazan de sus territorios se basa en un marco institucional que combina normas generales sobre desplazamiento forzado, con medidas y disposiciones específicas para pueblos étnicos. Sin embargo admite que evaluaciones y ONG han reportado vacíos y limitaciones en su cobertura y pertinencia, especialmente en contexto urbano o para población binacional.

“Existen lineamientos y guías interinstitucionales para la atención con enfoque diferencial (Ministerio del Interior, ICBF, Salud), así como planes de vida y protocolos de consulta previa y participación. En la práctica, se implementan: (a) rutas de atención en salud para la población desplazada y migrante; (b) programas educativos con pertinencia étnica en algunos municipios; y (c) mesas interinstitucionales y consultas previas para diseñar medidas culturalmente pertinentes”, explican desde el Ministerio del Interior.

No es fácil encontrar cifras sobre este fenómeno para la etnia Wayuu. Según la Onic, en el país han sido asesinados 171 indígenas, 9.405 se han desplazado de sus territorios y 14.266 han vivido confinamientos entre las fechas agosto de 2018, y mayo de 2020. Pero no está desagregada la información de las personas que pertenecen a este pueblo indígena..

Consonante solicitó estas cifras a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, sin embargo, aseguraron que la fuente oficial para este tema es el Dane, quienes no publican información sobre la población Wayuu desde 2021 y en donde tampoco hay un análisis de sus desplazamientos.

Según el Ministerio, a nivel nacional existen rutas y programas de atención a población desplazada (incluidos componentes de estabilización y asistencia humanitaria) y disposiciones para programas específicos con enfoque diferencial para pueblos indígenas “además el Ministerio publica lineamientos, planes de vida y procedimientos para asuntos indígenas”. También hay directrices judiciales que ordenaron programas de garantía de derechos para indígenas afectados por el desplazamiento. 

Legalmente, las personas Wayuu desplazadas tienen derecho a un tratamiento con enfoque diferencial, dado su estatus como pueblo indígena. Esto incluye la protección de su identidad cultural, participación en procesos decisionales, acceso al Registro Único de Población Desplazada, y medidas de reparación y estabilización, conforme a la Ley 387, la Ley de Víctimas y los autos constitucionales. Sin embargo, en la práctica, la implementación de estos derechos requiere una estrecha coordinación entre el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, los sectores de salud y educación, las autoridades locales y regionales, y la Defensoría del Pueblo.

Pérdida de estructuras sociales, lenguas e identidades

La historia de marchar a otras tierras en busca de un futuro mejor se repite en cada municipio del departamento de La Guajira, desde el norte hasta el sur. Aunque cada relato es distinto, todos se entrelazan en un mismo sentimiento: la nostalgia por la tierra natal.

Cristian González, de 27 años, dejó su hogar para probar suerte en Bogotá. En Maicao trabajó durante seis años en un almacén de baterías para automóviles, mientras estudiaba un técnico en auxiliar administrativo. A finales del año pasado decidió cerrar ese capítulo de su vida: renunció a su trabajo, se despidió de su familia —su madre, su padre y sus abuelos— y emprendió un nuevo rumbo. En febrero de este año llegó a la capital del país.

Todos los cambios que implicó su salida han sido un desafío: desde adaptarse a la comida hasta sobrellevar la distancia con su familia. “Lo más difícil es estar lejos. Sobre todo, extraño a mi familia, extraño estar en casa, extraño el calorcito”, cuenta.

El inicio no fue fácil. El clima de la capital afectó tanto su salud como su estado de ánimo, al punto de pensar en regresar: “El cambio de clima fue muy duro. Cuando llegué aquí, en febrero de este año, el frío me quemaba; no podía salir porque la cara se me pelaba por completo. No sabía si regresar a casa. No fue fácil, no conocía nada, no sabía cómo funcionaban las cosas”, recuerda.

A pesar de las dificultades, Bogotá sigue siendo una de las principales opciones para aquellos que buscan nuevas oportunidades. Las diversas fuentes de empleo y la posibilidad de “empezar de cero” atraen a cientos de Wayuu que, como Cristian, migran en busca de estabilidad.

Este camino, muchas veces está marcado por experiencias difíciles y peligrosas. Las condiciones de trabajo y de vida en otras ciudades suelen ser duras y muy distintas a las de La Guajira. Y aunque la movilidad ha sido una estrategia de supervivencia para muchos Wayuu, también trae consigo una consecuencia dolorosa: la pérdida progresiva de su cultura. Según el ACNUR, en su informe "Perder nuestra tierra es perdernos todos", el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas constituye una amenaza grave. El documento advierte: “Destruye modos de vida ancestrales, estructuras sociales, lenguas e identidades. En última instancia, puede llevar a la desaparición de grupos enteros”.

El sabedor Carlos Ramírez ha identificado este tipo de situaciones, como la pérdida de respeto y reconocimiento hacia las autoridades tradicionales de muchos migrantes. “Se ha perdido el respeto a la autoridad tradicional. Las personas llegan de otros lugares, aprenden un lenguaje y una cultura distinta, y se olvidan de lo propio. Esa es la mayor perdición que podemos sufrir como pueblo Wayuu”, lamenta.

La vida lejos de su territorio implica aprender a adaptarse, pero también resistir para no olvidar quiénes son. El llamado de los Wayuu es claro: sobrevivir no debería implicar huir. La historia de su desplazamiento es también la de un Estado ausente que todavía les debe garantías para vivir en su propio territorio.