“Les voy a demostrar que soy el alcalde con más obras en el municipio”, dijo en varias ocasiones el ex mandatario Cristian Copete durante su gobierno. Copete dedicó sus últimos años como alcalde a buscar convenios y dejar contratadas varias obras de infraestructura que durante su ejecución han tenido decenas de inconvenientes. Hoy, los tadoseños reclaman falta de información y claridad sobre el estado de estos proyectos.

Según la secretaria de planeación, Lina Marcela Mosquera Mosquera, actualmente hay cinco proyectos en ejecución que quedaron de la administración pasada: el único que está “terminado” es la pavimentación del barrio San Pedro, que está a la espera de una auditoría final para que se pueda entregar. Sin embargo, los habitantes del barrio han presentado varias quejas sobre la obra, pues aseguran que las calles se inundan cuando llueve. Recientemente solicitaron también la instalación de reductores de velocidad, un proyecto que desde la actual alcaldía, bajo el gobierno de Juan Carlos Palacios aseguraron que se hará prontamente.

En ejecución está el pavimento del barrio Reinaldo; la primera fase de la cancha sintética, que actualmente está suspendida; la pavimentación del barrio Caldas, que estuvo detenida el mes pasado y la construcción de un box culvert en Playa de Oro, que está suspendida desde hace varios meses.

A estas obras se suman proyectos que Copete anunció durante su mandato, pero de los que la comunidad no sabe nada: la iniciativa “Huevos Tadó” y la reforestación ambiental de la comunidad Alto Chato, que según la alcaldía de Juan Carlos Palacios, están en ejecución pero no entregan ninguna información. Así como la construcción de una placa polideportiva cubierta en el resguardo Mondo Monocito, una inversión de 1.390 millones de pesos de la que no se conoce ningún avance. 

Copete también prometió la instalación de 400 paneles solares en varias comunidades indígenas, un proyecto estimado en 7.810 millones de pesos. Una promesa que, según la Secretaría de Planeación, no ha avanzado por problemas en la importación de los materiales. Así como la construcción de un parque recreativo en Villas de Remolino, que hoy no ha iniciado.

Desde la alcaldía de Juan Carlos Palacios tampoco hay mucha información, aseguran que han pedido por vías legales los informes de varios de estos proyectos después de un empalme atropellado: “Han sido cantidad de problemas, de acciones con daño que hemos tenido con los proyectos, pero estamos trabajando”, comenta Palacios. Este es el panorama.

La construcción de la cancha de fútbol está suspendida

Esta obra es considerada uno de los sueños más anhelados de la comunidad de Tadó. Durante la socialización de este proyecto, Cristian Copete, lleno de confianza, afirmó que el 31 de diciembre de 2023 se realizaría el primer lanzamiento del balón en el estadio, hecho que no ocurrió. Hoy los trabajos en la cancha llevan 17 días suspendidos. Desde el martes 4 de junio Codechocó selló la obra por no contar con los permisos para la extracción de material.

Según el contrato el plazo estimado para la ejecución era de siete meses, contados a partir del acta de inicio. Es decir, debía ejecutarse entre el 7 de noviembre de 2023 y el 6 de junio de 2024, pero el plazo no se cumplió. “Hay muchos retrasos y estamos esperando un informe que nos diga por qué ocurrieron”, dice la secretaria Lina Mosquera. 

El contrato, que se firmó el 1 de septiembre de 2023, contempla la construcción de la primera fase del proyecto, en el que se incluye el encerramiento, la instalación del césped sintético, la construcción de una de las dos graderías y los drenajes. Hasta ahora, según el ingeniero Álex Zapata, la obra tiene un avance del 75 por ciento y el alcalde Juan Carlos Palacios dijo en radio que la obra se entregará el 12 de agosto.

Además del retraso, la preocupación de varias personas en Tadó es cómo se va a hacer la segunda fase, que hasta el momento no se ha podido concretar por un problema con un predio que debe adquirir la alcaldía. Según Mosquera, esta etapa incluye la construcción de las segundas graderías y un parque lineal.

Los pavimentos en Reinaldo, San Pedro y Caldas tienen decenas de quejas

Las obras de pavimentación del barrio San Pedro y Reinaldo han causado problemas a los habitantes. Aunque el objetivo era mejorar las condiciones de vida de más de tres mil personas, en el transcurso de los trabajos se han presentado inundaciones que, según los habitantes, no se veían antes. Problemática que ha llevado a la comunidad a reclamarle a la alcaldía y personería, pero no se sienten escuchados.

Las obras de pavimentación de San Pedro, a cargo de la empresa Cobertura Global y representadas por el ingeniero Próspero Río, comenzaron el a finales de 2022 y estuvieron suspendidas en varias ocasiones por presuntas irregularidades. La comunidad tenía muchas inconformidades, entre esas, que no conocían los estudios de la obra y que el material que estaba siendo utilizado para la pavimentación no era el adecuado. Además, les preocupaba que el material que se estaba extrayendo de las playas de la quebrada San Pablo no tuviera los permisos ambientales ni el proceso adecuado de limpieza, por lo que se estarían utilizando con contaminación de lodos y palos.

A pesar de todos los inconvenientes, según la Secretaría de Planeación, la pavimentación ya está terminada y solo falta una auditoría para hacer la entrega. Sin embargo, los habitantes del sector están preocupados: ”Nos están dejando con inundaciones, con el box culvert tapado y con las aguas lluvias conectadas en el alcantarillado de materias fecales, pero no sabemos si esa tubería tiene capacidad hídrica para toda esa agua que con el tiempo nos vaya a causar daños de colapsos”, denuncia Nelson Mosquera. Además, solicitan la instalación de reductores de velocidad y señalización.

Además, las aguas lluvias del sector La Casona se direccionaron hacia a la alcantarilla convencional, algo que no está permitido y que desde la alcaldía reconocen: “No es permitido, pero aquí no hay un sistema que permita evacuar las aguas lluvias, entonces a veces se toman esas decisiones para solucionar los problemas. Ambientalmente no es prudente”, dice la secretaria.

Las obras en el barrio Reinaldo, a cargo del ingeniero Jhonier Mosquera Armijo, presentan el mismo problema: “Nos sentimos contentos al ver nuestras calle pavimentadas, pero este contratista Jhonier no escucha a nadie. Le sugerimos que la tubería puesta en el drenaje de aguas lluvias en el sector Cecilio era angosta para la capacidad de agua que pasa por ese sector y no escuchó. Hoy cada vez que llueve eso se encharca”, explica Edgar Fabricio, habitante del sector.

Jhonier Mosquera es también el encargado de la pavimentación de 152.94 metros lineales de la vía que comunica el barrio Caldas con sus aledaños. Un contrato por 77 millones de pesos que fue firmado en septiembre de 2023 pero cuya ejecución iba desde el 15 de abril hasta el 14 de julio de 2024. Sin embargo, la comunidad se ha quejado porque la obra estuvo suspendida del 29 de abril al 4 de junio.

”Esta obra empezó con un ritmo acelerado pero a menos de un mes fue parada sin nosotros conocer los motivos. Estamos perjudicados con inundaciones, encharcamiento, un pedrero que no deja transitar ni las motos. El alcalde nos dijo que la obra estaba parada por irresponsabilidad del contratista, sin embargo el 24 de mayo acudimos a un comité de obra en el sitio y el contratista dijo que la obra estaba parada por fuerza mayor”, comenta Eliana Perea, habitante del sector. 

Según Guillermo Cuesta Panesso, personero municipal, la obra estuvo detenida por presuntas amenazas: “El contratista Jhonier no obedece los requerimientos de ninguna autoridad, la obra se encontraba parada sin el lleno de los requisitos jurídico, argumentando que por diversas amenazas de grupos al margen de la ley no puede continuar la obra hasta tanto no resuelva el tema”.

Sin embargo, desde la alcaldía aseguran que no conocen sobre ninguna denuncia. “El ingeniero debió aportar las pruebas de las amenazas, pero no lo hizo. En un comité se dio a conocer a la comunidad por qué se detuvo la ejecución, pero yo no tengo conocimiento de que haya interpuesto ninguna denuncia hasta el momento”, dice la secretaria de Planeación.

El box culvert de Playa de Oro quedó a medias

En el corregimiento de Playa de Oro la administración de Copete dejó en proceso de construcción un box culvert, es decir, una estructura subterránea de concreto que permite la canalización y el paso de agua de lluvia o de ríos pequeños. Sin embargo, los habitantes denunciaron que la obra duró más de tres meses suspendida y nadie les dio respuesta:

“Le dijimos al contratista que el flujo de agua que corría por esa quebrada no cabía por esa obra que están construyendo, y este nos dijo que ellos son los profesionales y que cuando llegaron a campo tenían todos los estudios del sector. Sin embargo hoy nos encontramos con aguas encharcadas, inundaciones cuando llueve, familias perjudicadas que les tumbaron una casa para construirla. Pero hasta hoy la obra está en veremos, esos señores trabajaban 15 días y los otros 15 no. No volvieron”, comenta Barion Garcia, miembro de la comunidad.

Las obras se reanudaron el martes 11 de junio, sin embargo, desde la Secretaría de Planeación aseguraron que no tienen ninguna información sobre el proyecto: “Con ese proyecto nos hemos dado a la tarea de investigar porque no nos dejaron información. No tenemos claro quién contrató o quién estaba ejecutando”, puntualiza la secretaria.

Yelenca Sarmiento Romero lleva tres años luchando por tener agua. Su familia, que pertenece al clan Epiayú, lo ha hecho desde siempre. En el resguardo Zaino, ubicado en la zona rural de Barrancas, en La Guajira, hay 1.530 personas que nunca han tenido agua potable. Su única fuente hídrica fija es lo que llaman un “ojo”, un nacimiento que acumula agua subterránea y que solo les sirve cuando el verano da tregua.

Su llamado al liderazgo desde la etnia wayúu fue innegable: su abuela, Mercedes Epiayu, murió en medio de la escasez de agua. Sus últimos momentos los dedicó a pedirle que siguiera luchando por lo que ella había buscado toda su vida, que su familia y su comunidad pudieran tener agua potable. Mercedes murió con varias bacterias en el estómago y piedras en los riñones, murió, aseguran en la familia, por la falta de agua.

Yelenca decidió hace unos años salir de su territorio por la falta del líquido. Se fue a vivir a Barrancas, el pueblo, pero no ha dejado de luchar por ver agua en el Zaino. Su decisión de irse, aunque dolorosa, también es una declaración: “Yo no seré como mi abuela, no seré como mi bisabuela, que tenían que caminar tres cuatro horas de trayecto para buscar un poquito de agua. Yo no podré lograrlo, no podré porque las condiciones ya no me lo permiten”.

En febrero el Gobierno de Gustavo Petro anunció la llegada de 40 carrotanques destinados a proveer agua en La Guajira por la emergencia del fenómeno del Niño. El anuncio le dio a Yelenca, su mamá, y su comunidad, un respiro: por un tiempo tendrían agua asegurada. 

Cuatro meses después el agua nunca llegó y el país se centró en el escándalo de corrupción. Mientras que en el Zaino, y otra decena de lugares de todo el departamento, siguen sin poder acceder a agua potable. La lideresa habló con Consonante sobre sus peticiones al Gobierno: que se vuelvan a poner los ojos en el departamento, y esta vez, con una solución más definitiva.

Consonante: ¿Cuál es la mirada que tienen desde su comunidad de todo lo que ha pasado con los carrotanques?

Yelenca Sarmiento: En septiembre del año pasado hicimos un paro, tomamos la vía y salimos en defensa del territorio. En ese entonces fuimos escuchados por el Ministerio de Vivienda, les pedíamos que nos solucionaran el agua, porque estábamos padeciendo. Allí logramos que nos llevaran agua durante tres meses. Eso nos sirvió mucho porque nos llevaban un carrotanque cada semana y pudimos llenar una alberca, se beneficiaron como cuatro o cinco familias. Pero luego de esos tres meses se perdió el carrotanque, el dueño del carro nos dijo que ya no tenían contrato y nos volvimos a quedar sin agua. 

Desde ese momento me convertí en una pescadora, donde sabía que iba a estar un representante del Gobierno o algún ministro, buscaba la forma y me metía. En una de esas pude entregarle un oficio a la senadora Aida Avella, ella nos respondió que había mandado eso al departamento y a la Alcaldía, que eran ellos quienes tenían que solucionar. Ahí perdimos las esperanzas. 

Por eso después, el momento en que anunciaron el envío de los carrotanques fue de mucha alegría. Todavía me acuerdo y se me eriza el cuerpo, cuando entraron en caravanas, fue una satisfacción porque dijimos “ya se va a aplacar un poco la sed”. Pensábamos que nos iban a mandar por lo menos uno o dos para el sur de La Guajira, pero mira la triste y lamentable situación. Siento que caímos aún más bajo, porque lo que creíamos que era nuestra esperanza terminó siendo una desgracia.

Es la hora y nada más escuchamos el tema de la corrupción, pero no vemos cuál es la solución, los carrotanques están ahí y ¿qué se va a hacer con eso?, aquí seguimos con la misma problemática, seguimos con la misma necesidad.

C.: ¿Usted considera que los carrotanques eran la solución?

Y.S.: No eran realmente la solución, como dice uno por acá, esos eran pañitos de agua tibia. Porque llega un carrotanque al territorio con 9.000 o 10.000 litros y tiene que repartir 1.000 litros a cada vivienda.

Aquí en una misma casa vivimos: mamá, papá, hermanos, cuñados, primos. Por cultura hay hasta cuatro y cinco familias en una casa. ¿Qué pueden alcanzar 1.000 litros de agua donde hay cinco familias?. Para mí no era la solución, pero como dice por ahí el dicho: a caballo regalado no se le miran colmillos.

Nos toca pelear esos 1.000 litros de agua, que además nos dicen que es solo para consumo, no es para bañarse, ni para los animales. Pero yo viendo las gallinas, viendo a las cabras, viendo al burro pasar sed ¿En qué cabeza cabe que vamos a tomarnos el agua y vamos a dejar los animales sin agua?.

Nosotros seguimos con esperanza de que esos carrotanques los pongan en funcionamiento y nos den un poquito de agua. Y por ahora nos toca seguir recibiendo la del cielo y almacenando ese poquito de agua que nos regala papá dios.

C: Entonces, ¿cuál es la solución de fondo?

Y.S: Yo soy del sur de La Guajira y estoy cerca a la represa, me duele ver cómo está esa agua ahí. No es que no haya agua en La Guajira, es que el agua está presa. Acá no es como dicen: “un pedazo de tierra desértica”, que no hay agua. Sí hay, el río Ranchería tiene agua para darnos. Y mi abuela que se murió decía “¿por qué si el agua está ahí no nos dan un poquito?”. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días de nuestras vidas.

Lo que le hemos preguntado al Estado es: ¿qué tan complicado es que nos den agua de la represa?. Por mi territorio pasa la línea de conducción que hicieron cuando el proyecto supuestamente iba a llevar agua de la ranchería a Hatonuevo, nosotros miramos ese tubo y guardamos la esperanza de que hay agua ahí.

Yo he dicho muchas veces que el problema de la desnutrición en La Guajira no solamente es la falta de comida, dennos un poquito de agua y nosotros volvemos a cultivar nuestros propios alimentos: el maíz, la ahuyama, el frijol. Dennos un poquito de agua y nosotros volveremos a sembrar las tierras. La solución está en la represa, por más de que digan que van a traer carrotanques, no, el agua está ahí, el agua está presa.

C.: Hay comunidades de La Guajira advirtiendo que algunos políticos ofrecieron agua a cambio de votos en las elecciones del año pasado. ¿Cómo es la relación entre la corrupción y el agua?

Y.S.: No solamente es en tiempo de política. Mi mamá hace dos meses me ha venido diciendo: "hija, está entrando un carrotanque y yo le hablo al hombre que maneja, le pregunto por qué no me echa el agua y dice “no es que para usted no hay agua, aquí nada más me mandan a echarle agua a cinco casas". Y esta queja se la puse a la Secretaría de Gobierno aquí en Barrancas.

Pero sí interfiere el tema político, si tú eres de un color y ese color es el que está en el poder, tú tienes beneficios, si no eres del color, no los tienes. Y esto ha sido una plaga que no solamente la vemos en La Guajira, vemos que cada día crece, se engorda y se reproduce en toda Colombia.

C.: ¿Por qué cree que el agua se convierte en un negocio?

Y.S.: Se ha convertido en un negocio porque después del oro lo que dará plata será el agua. Y me preocupa, me pongo mal, se me quebranta la voz, porque yo tengo tres hijos y ver la problemática y la escasez de agua en la que vivimos me hace pensar ¿qué futuro les espera? Si el agua nos la van a medir, si el agua nos toca comprarla, ¿qué va a ser del futuro de mis hijos, de mis nietos?, ¿lograrán sobrevivir?

Y que cada vez es menos el agua que se logra ver. Tener cosechas en nuestro patio es un lujo, un lujo que nosotros los de abajo no podemos darnos. Si tienes plata, tienes agua, si no tienes plata no tienes agua. Y es preocupante la situación, porque el agua está privatizada.

Por ejemplo, lo que creímos que iba a ser el auxilio mira en lo que se convirtió. El tema de los carrotanques es deprimente, fue una ilusión. Creemos que lo soñamos, vimos los carros llenos de agua pero el agua nunca llegó, fue un espejismo. Fue un engaño.

C.: ¿Cómo sortean la falta de agua potable en su resguardo?

Y.S.: En el día a día se va al ojo, al nacedero. Tipo cinco o seis de la tarde se ven los burros ahí, porque a esa hora ya está más cargado, y se cogen dos o tres tintinas para el sustento. 

El que tiene cómo se da el lujo de comprar el agua, porque un viaje de agua a territorio sale por muy bajito en 150.000 pesos, y ahí poniendo la llorona, como dice uno también, por ahí las amistades lo dejan en 130.000 pesos. Y para sacar ese dinero con la falta de empleo es complicado. Entonces a veces nos reunimos dos o tres familias y compramos un viaje y nos repartimos un poquito de agua. Compramos un carrotanque de 9.000 a 10.000 litros.

C.: De acuerdo con un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2022, la crisis del agua y el saneamiento agrava especialmente la situación de las mujeres y las niñas. ¿Cómo es ser mujer en un pueblo sin agua?

Y.S.: Es terrible. Una vez hubo un fenómeno tan fuerte, creo que un fenómeno del Niño y recuerdo que me estaba volviendo loca en mi casa. Tenía a los niños pequeños y recuerdo que no había una gota de agua para bañarlos. Tenía un cultivo de guineo en mi patio y ver que se me acabó todo por falta de agua, ver mi ropa sucia, ver los tanques vacíos, entré en crisis y le dije a mi esposo "vámonos, vamos a vender esto, ya aquí no hay vida. Ya se acabó mi existencia". 

Porque el agua en nosotras las mujeres es la que nos impulsa a levantarnos con alegría. Porque el hombre se dedica al pastoreo, él se va con sus animales, pero la mujer es la que queda pendiente de mantener la casa en orden. Una es la que tiene que administrar la casa y si no hay agua ¿cómo hace uno?. Toca entonces salir, porque son tus hijos los que te piden agua, son tus animales los que te obligan. Por eso muchas veces no es que uno quiera ser líder, sino que la situación en la que vivimos nos obliga a salir a pedir la gota de agua.

Durante los primeros meses del año, y del mandato de Micher Pérez, el Hospital San Agustín estuvo bloqueado; la pelea entre Pérez y la junta directiva por quién sería el nuevo gerente de la institución, dejó en el limbo a los trabajadores del hospital y a los más de 40 mil fonsequeros que debe atender el centro de salud. 

En el momento más álgido de esta disputa, la Superintendencia de Salud visitó el hospital y encontró a los funcionarios en cese de actividades porque no habían recibido el pago de dos meses de salario. Además, estaba restringida la prestación de los servicios de hospitalización, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico y consulta externa, y el servicio de urgencias era prestado únicamente para las que se consideraran urgencias vitales.

En medio del caos en el hospital, y de una auditoría atropellada en la que la entidad no entregó toda la información, la Supersalud evidenció lo que se venía denunciando desde hace tiempo: hay desorden a nivel administrativo, descuadres en la información financiera y presuntas irregularidades en algunos procesos de contratación.

Durante los días de auditoría, que fueron del 5 al 7 de marzo, la Supersalud registró 56 hallazgos en diferentes requisitos relacionados también con la opacidad en información pública, la conformación de la junta directiva, la infraestructura y sanidad, y la prestación de los servicios. La conclusión final es que el hospital no garantiza la prestación de los servicios de salud con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud: accesibilidad, seguridad, pertinencia y oportunidad, situaciones que representan un alto riesgo en la atención de los usuarios.

Con este panorama la Superintendencia le solicitó al hospital San Agustín entregar un plan de mejoramiento, que ya fue tramitado el 22 de mayo. Ahora dependerá de la entidad definir si es aprobado o no. 

Los problemas del hospital se resumen en:

La Gerencia y la Junta Directiva

Lo primero que se confirmó es que el nombramiento por parte de la gerente Yelitza del Carmen Ayala, a Kaira Rosa Amaya como gerente encargada, y el apoyo de la junta directiva a esta decisión fue una falta porque la gerente debe ser elegida por el alcalde, según el informe: 

“La señora Yelitza del Carmen Ayala Redondo en su calidad de Gerente en propiedad de la ESE Hospital San Agustín de Fonseca no tiene competencia para la expedición de la Resolución 696 del 21 de diciembre de 2023, toda vez, que al verificar las funciones del cargo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado, previstas en el artículo 4 del Decreto 139 de 199618 no establece la de nombrar o encargar al gerente, función que, de acuerdo con la ley, para el caso que nos ocupa le corresponde al alcalde municipal de Fonseca”, dice el documento. Que además asegura que la Junta Directiva también se extralimitó en sus funciones al ratificar el nombramiento. Por lo que la SuperSalud trasladará el caso a la Procuraduría Regional de Instrucción de la Guajira para que investigue el hecho.

La Supersalud también encontró que la Junta Directiva no cumple con la conformación del número de integrantes y su reglamento no se ajusta a la normativa vigente. Esto se evidencia porque, por ejemplo, la profesional Lelia Maritza Amaya, integrante de la junta, tiene el título profesional de bacterióloga, lo que incumple el Decreto 780 de 2016, que establece que los integrantes de la junta no pueden tener título profesional en un área del conocimiento de las ciencias de la salud.

Además, evidenciaron que los miembros no se reúnen ordinariamente con la periodicidad establecida en el mismo decreto, es decir, cada dos meses. Y que no actualizan los estatutos ni han aprobado la planta de personal y sus modificaciones

Hay irregularidades en la contratación

Según un derecho de petición contestado a Consonante, el hospital tiene 21 funcionarios de planta y 140 contratistas directos. Con este panorama, la Supersalud encontró que hay contratos que se están pagando, pero que no se están cumpliendo con las funciones. Por ejemplo, aunque hay contratada una persona para el apoyo a la gestión del área de archivo, en el hospital no existe organización y custodia de archivos y los documentos se encuentran dispersos en distintas áreas de la entidad.

También hay contratos que no están permitidos. La ESE está contratando a personal del área asistencial, aseo y vigilancia mediante la modalidad de contrato individual de trabajo, vinculación que no está permitida por la normatividad.

A esto se suma que el hospital no publica todos los contratos en el Secop. Esto es importante porque permite conocer con quién se está contratando y de qué forma se están invirtiendo los dineros públicos, así como garantizar que los requisitos profesionales o técnicos de las personas o empresas contratadas se estén cumpliendo. Además es una obligación de las instituciones públicas. 

Tampoco ha expedido, implementado, ni publicado el manual de contratación, que es el instrumento que dicta cómo se debe hacer la contratación al interior de la institución. "Eso puede facilitar que algunos procedimientos no sean adecuados, puede generar que no se contrate con una persona idónea para cumplir la labor que se está contratando, por ejemplo, o también la forma en la que se establecen los niveles salariales”, explica Mauricio Torres, docente de la Universidad Nacional del departamento de Salud Pública.

Tiene más gastos que ingresos y sus cuentas no coinciden

Respecto a los ingresos y a los gastos en la operación, la superintendencia encontró que los gastos operacionales del hospital superan a los ingresos en un 0,17 por ciento, es decir, por un valor de 21 millones de pesos. Esto evidencia, según el informe, que el hospital adquirió compromisos en 2023 “sin contar con una fuente cierta que respalde su pago”.

Durante 2023 el hospital recaudó 12.488 millones de pesos, pero gastó 12.509 millones. Esto, para la entidad, muestra que el hospital “presenta un desequilibrio”. Este desequilibrio puede causar, explica Torres, demoras en los pagos a los empleados o ausencia de insumos necesarios para la correcta prestación del servicio.

A esto se suma que durante 2022 y 2023, no utilizó el porcentaje mínimo de dinero legalmente establecido para el mantenimiento hospitalario, que debe ser del cinco por ciento del valor total del presupuesto de ingresos de la entidad. Es decir, el hospital tenía que invertir el año pasado 835 millones de pesos en el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, pero el presupuesto asignado para esta actividad fue solo 624 millones, del cual se ejecutaron al final 623 millones.

La Superintendencia encontró también que hay “falta de verificabilidad y comprensibilidad de la información suministrada” respecto a lo que reporta el hospital al Estado a través del Sistema de Gestión Hospitalaria (Siho), y lo que recibieron en la auditoría. Por ejemplo, se observa una diferencia de $1.134 millones en el activo corriente en cuentas por cobrar durante 2022. Esto significa que no hay claridad sobre el dinero que el hospital tenía disponible para gastar en el año siguiente (2023), producto de los servicios prestados durante 2022. 

También hay diferencias en el reporte cartera por deudor incorporado, una diferencia de siete millones para el 2022 y de 1.043 millones de pesos para el 2023. Además, el hospital no entregó la información de acuerdo con lo solicitado por el equipo auditor, “situación que no permite efectuar un análisis razonable frente a la situación financiera de la ESE”, concluye el informe. También existen 792 ingresos pendientes de facturar, pero el hospital no entregó la información completa para verificar el valor correspondiente.

Sin embargo, para Mauricio Torres, esa falta de transparencia podría ser indicio de un mal uso de los recursos: “Eso es preocupante porque podría haber un escape de recursos. Si la institución no reporta todo en las cuentas formales, pero cobró, el dinero se puede estar quedando en otra parte, y podría haber procesos de corrupción”, agrega.

Al desorden en las cuentas se suma otra deficiencia alertada por los entes de control y vigilancia: el hospital no cuenta con un sistema de costos que le permita contar con herramientas para analizar y ofertar sus servicios. En otras palabras, el tarifario que maneja podría estar mal. Esto implica que la institución puede estar cobrando más, o menos, de lo que debería por los servicios que presta, y en la práctica, se puede estar perdiendo dinero.

Además, la ESE no publicó oportunamente el plan anual de adquisiciones vigencia 2023. Esta es la herramienta que permite saber, y hacer control, sobre cómo se va a gastar el presupuesto.

Todo termina en un mal servicio al usuario

Al final, acuerdan los expertos, los problemas administrativos causan un precario servicio para los pacientes, y generan barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud. “Ese desorden administrativo que puede estar llevando, entre otras, a pérdidas de dinero, finalmente se refleja en los procesos de atención. Entonces por ejemplo, para cubrir las pérdidas pueden terminar reduciendo el personal asistencial y entonces puede haber mayores demoras en la atención y disminución en la calidad de la misma”, comenta Torres.

La Supersalud evidenció, por ejemplo, que el hospital no presta servicios acorde a lo reportado como habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps). Entre ellos la prestación del servicio de diagnóstico vascular, en donde se utilizan métodos y procedimientos para el diagnóstico de enfermedades o disfunciones del sistema cardiovascular. 

Tampoco tiene un área para el cuidado básico Neonatal, que incluye la asistencia en el momento del parto, la atención de los recién nacidos con sus madres y la de los bebés enfermos que necesitan cuidados médicos. Esto a pesar que, según lo reportado a Consonante, se han atendido 13 partos en lo que va del año.

Además, lo que reportan al Ministerio de Salud es diferente a lo que realmente funciona: dicen que tienen cuatro ambulancias pero realmente solo tres funcionan. Dicen que tienen tres cunas para el cuidado básico neonatal, pero no hay ninguna. Reportaron que tienen cuatro camillas para la observación de adultos pero solo tienen dos. Tampoco se realiza el proceso del triage en urgencias y en esta área el único baño que hay está sellado.

La infraestructura del hospital es precaria: hay falta de control de temperatura y humedad en el almacenamiento de insumos y dispositivos médicos, deficiencias en la limpieza y desinfección en urgencias y hasta medicamentos vencidos. Además, la estación de enfermería está “en inadecuadas condiciones de higiene y mantenimiento”. Hay telarañas, insectos y alta humedad.

Según lo reportado a Consonante, en el hospital hacen falta medicamentos básicos para la atención de los pacientes: no hay acetaminofén, azitromicina, ácido acetilsalicílico, ampicilina, dipirona magnesica, entre otras. También hacen falta jeringas, catéteres o nylon.

Adicionalmente no hay atención con enfoque diferencial, para el caso de: grupos de edad (niños y niñas en desnutrición), género, grupos poblacionales prioritarios (gestantes), víctimas del conflicto armado o poblaciones indígenas que hacen parte del territorio. Ni hay instalaciones aptas para personas en condición de discapacidad.

Cuando un paciente llega al hospital, además, no queda un buen registro de su atención. No se registran los signos vitales completos, no indagan en los antecedentes completos y algunos registros no concuerdan. La conclusión más grande de la Superintendencia es que “La ESE Hospital San Agustín de Fonseca NO garantiza la seguridad del paciente”.

El 16 y 17 de mayo, varias comunidades indígenas de los pueblos Embera Dóbida, Katío, Chamí, entre otros, se manifestaron bloqueando la transversal Quibdó-Medellín a la altura de El 11 en El Carmen de Atrato. Este es el tercer paro en menos de cinco semanas: el 3 de abril, la minga bloqueó la Gobernación del Chocó y el 7 de mayo bloquearon las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.

El motivo de los bloqueos no es nuevo. Desde septiembre de 2023, cuando la ministra de Educación, Aurora Vergara, se reunió con la Mesa Indígena del Chocó, se preveía este problema: había 30.000 millones de pesos de deuda, que se deberían pagar al finalizar el año a los 17 operadores que agrupan a los docentes indígenas en todo el departamento, pero no se sabía de dónde iba a salir el dinero.

“La Gobernación del Chocó girará $2.500 millones antes del 10 de octubre de 2023 y explorará las cuentas departamentales y otras fuentes de financiación como recursos de regalías con el fin de cubrir el déficit existente estimado en $30 mil millones”, dice uno de los acuerdos de la reunión.

Desde ese momento la deuda, que representa el salario de los últimos meses de 2023 de los docentes y administrativos indígenas (además de liquidaciones y otras prestaciones), se convirtió en un problema para las comunidades y para la Gobernación, que tuvo que asumir una deuda que no le correspondía y ha tenido que lidiar con problemas jurídicos para poder usar los recursos.

En cada uno de los paros se han definido posibles fechas para el pago, pero las comunidades denuncian que no se han cumplido. “En la primera reunión, la gobernadora nos dijo que del 28 al 30 de abril nos iba a consignar. Entonces, cuando llegó el 30 y no hubo pago, dijo que había unas facturas que había que legalizar. Cuando en el primer encuentro nos dijo que todo estaba ok. Entonces, ahí decidieron bloquear las dos vías. Nos volvimos a reunir, hablamos y volvimos a abrir cuando nos dijeron que iban a consignar del 15 al 16 de mayo, pero tampoco pasó nada. Nos tienen engañados”, dice Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.

La Gobernación asegura que no se comprometió a pagar en una fecha específica, y que ahora el retraso también es responsabilidad de algunos operadores que no han hecho la documentación adecuada para poder recibir el pago. “El acta lo que dice es que yo iba a hacer toda la gestión al 30 de abril para el pago. Que tenía que ver con la incorporación del recurso, y yo lo hice. No dije que pagaba el 30, dije que hacía el proceso para el pago. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se demora cada organización en comprobar los requisitos de ley para que estén aptos para el pago. No voy a pasar por encima de la norma por cumplir con una demanda que, además, está poniendo de condición el cierre de la vía”, explica Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del departamento.

Sin embargo, más allá de la discusión sobre las fechas, la situación revela un problema más profundo: hay problemas en la administración de los recursos, de por sí limitados, para la educación de las comunidades indígenas de todo el departamento, lo que termina poniendo en riesgo la prestación del servicio educativo para 35.700 estudiantes.

El enredo de la plata

Según el decreto 2500 de 2010, la ruta para pagar a los profesores indígenas funciona así: los recursos salen del Gobierno Nacional y la entidad certificada en educación (para el caso del Chocó, es la Gobernación) es la encargada de administrar ese dinero pagándole a los operadores indígenas, es decir, a los cabildos, asociaciones de autoridades tradicionales y/o organizaciones indígenas, quienes son los que contratan y agrupan a los docentes.

Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) tiene casi 200 docentes contratados para prestar los servicios educativos en El Carmen de Atrato, Lloró, Bojayá, Pizarro y Certeguí. Por su parte, la Asociación Orewa tiene 490 docentes, además de personal administrativo como consejeros, fiscal, tesorero, entre otros. Y tienen presencia en Tadó, Bagadó, Alto y Bajo Baudó, Unguía, Riosucio, Juradó, Bahía Solano y otros municipios.

El año pasado, el Gobierno Nacional le aseguró a la Gobernación, que en ese momento estaba en manos de Ariel Palacios, que no podía dar esos 30.000 millones de pesos porque el departamento no envió la información necesaria para el pago a tiempo. Esto obligó a la Gobernación a hacerse cargo de la deuda.

“Yo le dije al propio viceministro y a la doctora Aurora que no estábamos de acuerdo con eso. La verdad es que, si con la gobernadora hubiéramos estado en su momento en la posición que estamos ahora, no lo hubiésemos permitido. Vamos a adelantar todas las acciones jurídicas que sean necesarias para hacer que el Gobierno Nacional reconozca ese dinero, pero mientras tanto nos toca pagar”, cuenta Yina Paola Reales, secretaria de Educación actual.

Sin embargo, cuentan desde la Gobernación que el dinero del departamento no era suficiente para asumir esa deuda. “Si nosotros anualmente recaudamos solamente 60.000 millones, 30.000 millones es la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para toda la operación de todas las secretarías. Es demasiada plata”, agrega Reales.

Por eso, desde finales del año pasado se decidió que los 30.000 millones de pesos saldrían finalmente de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). El Fonpet es un fondo general donde van los ahorros pensionales y cuando una entidad llega a tener el 125 por ciento de su pasivo pensional cubierto, los excedentes pueden ser retirados para ser invertidos en educación, salud y sector central.

El Ministerio de Hacienda es el encargado de manejar los recursos del Fonpet, y era su responsabilidad retirar el dinero el año pasado para que el pago de los 30.000 millones de pesos se pudiera hacer este año. Sin embargo, desde la Gobernación explicaron que no fue sino hasta abril que se giró el dinero. Después de eso, la Asamblea tuvo que incorporar los recursos para que la Gobernación pudiera pagar, lo que demoró en trámites administrativos otro tiempo más.

Sin embargo, a pesar de que el dinero -al parecer- ya estaba listo, había otro problema: los recursos del Fonpet solamente se pueden usar para inversión y no para pagar deudas. Al haber entrado el dinero durante este año, y no el año pasado, se estaría usando para cubrir un déficit, lo que causaría problemas legales. “Me tocó durante todo el mes pasado solicitar conceptos a Hacienda, solicitar conceptos al Ministerio de Educación. Hacienda le tiró la pelota a Planeación, Planeación a Educación y nadie nos contestaba, nadie nos daba el concepto jurídico que nos daba la autorización legal para poder generar un pago de una deuda del año pasado con un recurso de inversión”, explica Córdoba Curi.

“Nosotros, al ver que no nos contestaban con claridad en el Gobierno Nacional, que además son los que tienen la vocación para hacerlo, pues empezamos a buscar con abogados tributaristas alguna alternativa para lograrlo sustentar y, financieramente hablando, eso ya lo tenemos de alguna manera sustentado con los recursos jurídicos que tenemos”, puntualiza la gobernadora.

Sin embargo, según la Gobernación, ahora el problema es que varias organizaciones se han demorado en entregar las cuentas de cobro con todos los documentos de soporte. Mientras que las comunidades dicen que no les notificaron desde el inicio que había problemas con las cuentas. Por ahora, la gobernadora aseguró que desde el 17 de mayo se empezaron a pagar a las organizaciones que sí tenían todo en regla.

Las afectaciones

Los docentes indígenas han vivido este problema desde hace varios años. Durante la administración de Jhoany Carlos Alberto Palacios, una minga se tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación del Chocó alegando que les debían tres meses de sueldo a 600 empleados directos y sus familias durante 2019. Lo mismo se repitió en marzo de 2023 cuando las comunidades reclamaron el pago de los sueldos de noviembre y diciembre de 2022.

Cada vez que esto pasa los docentes y sus familias no tienen dinero para comprar comida, ir al hospital, o movilizarse. “La verdadera afectada es nuestra familia porque los niños se están enfermando y no hay forma para llevarlos al hospital. Y también hay gente aguantando hambre, porque son labores presenciales, de lunes a viernes, no tenemos por otro lado como salir a rebuscar”, dice Humberto Tequia, rector de una escuela en El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato. En ese municipio hay 80 docentes en la misma situación. 

En muchos casos tampoco tienen el dinero de los viáticos para movilizarse hacia las instituciones educativas, lo que ha causado que se dejen de dictar clases en algunas escuelas. “Algunos no son indígenas, son afro que van desde Quibdó. También hay centros que están muy retirados y allá es difícil para uno conseguir la liga, como el arroz o el aceite. Además hay profesores que no tienen cómo movilizarse de aquí hacia la zona”, comenta Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.

A esto se suma que además de los salarios, los operadores han invertido en kits escolares o mobiliario para las escuelas, y no han podido pagar esas deudas. “Necesitamos que cumplan con todo el pago, que no sigan vulnerando nuestros derechos, los derechos de los que estamos al servicio de educación a los niños”, puntualiza Humberto Tequia.

Son aproximadamente 1.800 docentes indígenas en todo el Chocó que están afectados por esta situación, y 35.700 estudiantes que viven en la incertidumbre de qué va a pasar con sus clases cada vez que sus profesores no reciben salario. Desde Asorewa reconocen que el trabajo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder es de parte y parte “Los documentos que requieren de nosotros desde la Secretaría de Educación deben estar al día y que ellos también se pongan al día”, dice Valencia.

Desde Fedeorewa, además, piden más celeridad en los trámites de la Secretaría de Educación: “En estos días vamos a hablar con la gobernadora para saber qué podemos hacer. La culpa no está tanto en la Gobernación, sino más en la Secretaría de Educación. Nosotros hacemos los informes pero cualquier novedad que nos piden no se responde rápido, se demora 20 días o un mes, cuando ya nos ponemos a preguntar. Cuando ya llega a las manos de la Gobernación ahí si no se demoran ni un día para pagar”, explica Marco Tulio Tequia, representante legal de la Federación.

El primer día de cada mes algunos estudiantes de las escuelas de San Vicente del Caguán desayunan chocolate con leche, una porción pequeña de huevo con cebolla y tomate, y una tajada de plátano maduro. Otros reciben una bolsa de avena, un pastel, o galletas cracker y -a veces- una naranja, una mandarina o una tajada de mango. Los demás no desayunan.

En el municipio funcionan dos tipos de alimentación escolar: algunos platos se preparan en los restaurantes escolares de las instituciones con los insumos que entrega el contratista. Y en otros casos los y las estudiantes reciben la “ración industrializada”, es decir, alimentos que ya vienen preparados, como avena o leche en bolsa, pasteles sin cobertura o galletas de soda tipo cracker. Esta modalidad se implementa en casos donde la infraestructura de la sede educativa no permite la preparación de los alimentos directamente en las instalaciones del comedor escolar. 

Aunque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue diseñado para ser un complemento, y hace parte de una estrategia del Estado para contribuir con la permanencia de los estudiantes en las escuelas, para cientos de niños, niñas y adolescentes la comida que reciben durante la jornada escolar es la más importante del día. 

En San Vicente del Caguán solamente 8.531 estudiantes reciben alimentación escolar, según datos actualizados en abril de este año por la Gobernación del Caquetá. Es decir, que diariamente 3.607 alumnos de las instituciones educativas oficiales se quedan sin recibir este beneficio por falta de presupuesto.

El operador encargado de entregar los insumos y la alimentación en los 15 municipios no certificados del departamento es la Unión Temporal Unidos por el Caquetá 2024. El contrato, por más de 20.000 millones de pesos, implica la ejecución del programa durante 104 días del calendario escolar.

El complemento de la mañana preparado en sitio le cuesta a la Gobernación 4.710 pesos, y el almuerzo 6.484 pesos. Mientras que el industrializado vale 5.138 pesos. Estos menús, aseguran, cumplen con los mínimos nutricionales definidos por el Ministerio de Educación a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa).

Y aunque en el papel todo parece funcionar bien, en la realidad de las escuelas los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a varios problemas: raciones pequeñas e insuficientes para cubrirlos a todos, alimentos en mal estado y retrasos.

No es suficiente

En San Vicente del Caguán la alimentación escolar no llega a todos los estudiantes de las escuelas oficiales. En la institución educativa rural Los Fundadores, por ejemplo, solamente reciben alimentación escolar 62 de los 127 estudiantes que asisten a la escuela. Es decir, cada día más de la mitad de los alumnos se queda sin este complemento. 

La situación se repite en casi todos los colegios. En la Institución Educativa Rural Arenoso - Sede La Pradera solamente 119 niños, de los 165 que hay, reciben la alimentación. “Recuerdo que hace muchos años a la población estudiantil le llegaba para el desayuno y el almuerzo, sería súper excelente que el gobierno pensara en generar este beneficio para nuestros niños y así estaríamos nosotros como institución garantizando la permanencia de los estudiantes en el proceso”, comenta Amelia Cuellar, rectora de la Institución Educativa Rural Cristo Rey Antonio Nariño.

Para decidir quiénes reciben, o no, la alimentación escolar, la Uapa definió varios criterios: en primer lugar se deben priorizar todos los grados de las sedes educativas que tengan jornada única, los cuales deben ser cubiertos al 100 por ciento. Para las demás jornadas se prioriza el nivel preescolar de todas las sedes educativas, que también deben ser cubiertos en su totalidad. 

En segundo lugar se priorizan las sedes educativas ubicadas en el área rural y las sedes educativas urbanas donde más de la mitad de los estudiantes matriculados sean población étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad. En estas sedes, se deben priorizar progresivamente los grados inferiores, hasta llegar a cubrir el toda básica primaria, continuando con los grados superiores.

Y por último, las sedes educativas con alta participación de población con menores capacidades de generar ingresos, determinada por el grupo de Sisbén (desde grupo A hasta grupo D), priorizando progresivamente los grados inferiores hasta cubrir básica primaria y continuando con los grados superiores.

Aunque no esté estipulada la obligatoriedad del Estado para cubrir a todos los estudiantes, y este problema no es exclusivo de San Vicente, la comunidad señala que para que la política pública cumpla su objetivo debe cubrir el cien por ciento de la población estudiantil. Rectores y docentes reconocen que atienden a población de bajos recursos y muchas familias no cuentan con suficiente dinero para ofrecer una alimentación de calidad a sus niños y niñas. Esto demuestra que las políticas sociales del Estado son insuficientes para garantizar los derechos de todos los niños y niñas.

Esto pasa, según la Unidad de Alimentos para Aprender -Uapa-, entidad adscrita al Ministerio de Educación y encargada del PAE, porque el dinero para financiar el programa en todo el país no es suficiente. “A pesar de la concurrencia de los recursos referidos es importante señalar que los mismos no alcanzan para tener una cobertura del 100 por ciento de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial”, responden desde la Uapa. 

Esto a pesar de que el PAE se financia con recursos de diferentes fuentes: del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, los recursos que adquiera o sean transferidos por la Nación o las entidades descentralizadas territorialmente, los recursos propios de los territorios, los de cooperación internacional, donaciones, auxilio o los que le sean asignados en el Presupuesto General de la Nación. Para este año, el primer giro de la Uapa para cofinanciar el PAE en las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación fue de 344.000 millones de pesos.

Además del problema de cobertura, algunos rectores y estudiantes han manifestado que las cantidades que reciben son muy limitadas. “El PAE es muy importante para nuestros niños y familias, pero tiene muchas falencias, una de ellas es que las raciones son mínimas  y los niños vienen de lejos, muchas veces sin desayunar”, agrega Cuellar.

Hay problemas en la implementación

A pesar de que las clases iniciaron el 22 enero, el PAE solamente empezó a funcionar hasta el 5 de marzo. “Este programa, como bien lo dice el gobierno, inicia desde el primer día del calendario académico, pero desafortunadamente en nuestra institución inició el 5 de marzo y con muchas dificultades”, dice Amelia Cuellar.

Además del mes de retraso, en algunos casos los productos llegaron incompletos y las manipuladoras de alimentos tuvieron que encontrar la forma de mediar la situación. “Tocó hacer un ejercicio de balanceo y poder mirar cómo podíamos cumplir con este alimento para nuestros niños porque es de suma importancia, los niños vienen de veredas cercanas al centro poblado, entonces salen desde muy temprano de sus casas y llegan muy tarde”, agrega la rectora.

A esto se suman varias denuncias por el pago precario que reciben las manipuladoras de alimentos por su trabajo. Este valor depende de la cantidad de raciones que tengan que entregar o preparar, por lo que el valor termina siendo muy desigual. “Como tenemos poquitas raciones obviamente el valor que le van a cancelar a las manipuladoras es demasiado bajo y es muy complicado encontrar en nuestra región  alguien que trabaje por los precios que da el operador”, agrega Cuellar.

En la I.E.R Los Fundadores, por ejemplo, trabajan dos manipuladoras de alimentos que reciben aproximadamente 10.000 pesos por día trabajado. Mientras que en instituciones con mayor volumen de beneficiarios, el valor es mucho más alto. "Nosotros por el momento estamos ganando por el día trabajado 39.200 pesos. Para mí está bien el pago y el horario es bien", dice Carmenza Parra, manipuladora de alimentos de la Institución Educativa Verde Amazónico.

A esto se suma las denuncias de problemas en la infraestructura de los comedores escolares, las cocinas y, en general, las condiciones en las que se alimentan los niños.

Llegan alimentos en mal estado 

Algunas escuelas han recibido frutas en estado de descomposición y verduras golpeadas o dañadas. “La fruta llegaba en muy mal estado y por eso ya no se está dando”, explica Edgar Josué Villacriz, coordinador de la I.E.R Los Fundadores. Esta situación se denunció también en otros municipios de Caquetá. 

Incluso, en abril la Asamblea citó a un debate de control político sobre el PAE al departamento y al contratista. Esto, cuenta el diputado Wilman Fierro, después de que un grupo de veeduría departamental hiciera varios reparos sobre el programa, además de que un estudiante de Belén de los Andaquies resultara intoxicado por un alimento que había recibido en su escuela. “Lo que realmente rebosó la copa fue una intoxicación, infección intestinal por posible causa de una leche o una avena que se tomaron unos menores de una familia”, comenta el diputado.

Otra de las cosas a mejorar es la pertinencia de los alimentos. Según los lineamientos, expedidos por la Uapa, para la planificación de los menús es necesario tener en cuenta aspectos que van más allá de la composición nutricional e inocuidad del alimento, como: variedad, textura, consistencia, color, sabor, forma, humedad de los alimentos, y sus métodos de cocción. Y sobre todo, debe responder al contexto social y cultural de los y las estudiantes, pero esto se queda en el papel.

“El desayuno es un poco variado, son cuatros minutas, cada una compuesta por cinco días de la semana y es elaborada por los ingenieros de alimentos. Pero no cumple con las características de nuestra región. Además nuestros niños están acostumbrados a consumir una porción de alimento más grande”,  explica Amelia Cuellar.

En una ceremonia presidida por el alcalde Juan Carlos Palacios, el 1 de abril se posesionó oficialmente  como nueva gerente de la E.S.E. Hospital San José de Tadó la exalcaldesa Yocira Lozano Mosquera quien, además,  ha sido gerente de la institución en otras dos ocasiones. Del 2006 al 2008 fue gerente encargada y luego fue elegida gerente en propiedad de 2009 a 2012 por el entonces alcalde Aulio Cesar Ledezma.

A pesar de que ha pasado un mes desde la posesión, el ex gerente Everth Casas, designado por el entonces alcalde Cristian Copete, solo inició las conversaciones para hacer el empalme hasta hoy (6 de mayo). Como consecuencia, en el municipio no hay información sobre la situación real del hospital. Actualmente están funcionando los servicios de consulta externa, medicina general, los programas de prevención y promoción, laboratorio clínico, rayos X, odontología, urgencias y hospitalización, sin embargo, no hay claridad frente a la situación financiera del hospital, ni el estado del proceso de saneamiento.

Según la Ley 951 de 2005, es obligación de todos los servidores públicos entregar un informe al salir del cargo, en un plazo de 15 días hábiles. “Al separarse de sus cargos, al finalizar la administración o al ser ratificados en el mismo al término del período, según el caso, presenten un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones”, dice el texto.

“Todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer una debida entrega de nuestro cargo. Si eso no pasa una vez la gerente haga un inventario de lo que está recibiendo, debe levantar un acta e informar a las autoridades como la Procuraduría y la Contraloría, de cómo es el estado del hospital que ella recibió”, explica Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental.

Esta no es la primera vez que hay opacidad en la entrega del hospital. Durante la administración de Cristian Copete por la gerencia pasaron tres personas: Anny Katherine Yurgaky, quien se desempeñó como gerente durante un poco más de dos años; Vanessa Córdoba, quien se retiró entre rumores de discordia con el entonces alcalde y Everth Casas, quién terminó el periodo. 

En diciembre de 2022 Córdoba le dijo a Consonante que a pesar de llevar cuatro meses en el cargo, no había podido asumir su rol porque tampoco hubo empalme: “No hemos recibido el hospital a cabalidad, porque no hay claridad sobre el estado financiero, ni de la compra de equipos biomédicos, las ambulancias y el pago de los salarios de algunos funcionarios”.

Una de las tareas de Casas era la de responder a los hallazgos de la SuperSalud después de la salida de Vanessa Córdoba como gerente. Entre esos estaba el desorden en las cuentas que llevaron a la SuperSalud a declarar que los estados financieros del hospital no eran confiables, además no existía una política contable que les permitiera registrar y evaluar de manera adecuada la situación económica del hospital. Tampoco contaban con una herramienta para llevar el  control de su inventario y el stock.

Lo que se sabe del estado del hospital

La E.S.E. Hospital San José de Tadó lleva más de 10 años en crisis. Es una entidad de primer nivel, que cuenta  actualmente con 44 empleados que atienden problemas de salud de baja severidad. Según el reglamento del Ministerio de Salud, deben prestar los servicios de: urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, odontología general, sala de partos, transporte asistencial básico y medicina general. 

Aunque no se tiene información exacta, según la Gerente, el hospital recibe mensualmente cerca de 204 millones de pesos provenientes de Comfachocó. Y un poco más de 100 millones por parte de la Nueva EPS. Además de contar con un presupuesto de 9.000 millones de pesos que se invierten en  gastos administrativos, asistenciales y el sostenimiento de la nómina y prestaciones sociales. 

Sobre las deudas no hay nada claro. En 2022, la entonces gerente Vanessa Córdoba le aseguró a Consonante que el hospital tenía viabilidad, pero que se necesitaba una reestructuración del pasivo para sanear la deuda que superaba los 2.000 millones de pesos. 

“Como el hospital estuvo en un proceso de saneamiento fiscal, lo que estamos esperando es que en esta transición de administración en el hospital la gerente pueda darnos un informe a la junta detallando cuál es la situación de sus pasivos y en qué se encuentra este tema de la deuda”, comenta Brenda Mosquera, coordinadora de salud.

Además, ha llegado inversión desde el Ministerio de Salud, cuando en 2023 aprobó dos ambulancias básicas con una inversión de 509 millones de pesos; una solicitud que venían haciendo los tadoseños desde hace varios años. Las ambulancias llegaron al municipio durante la última semana de marzo y empezaron a funcionar después del 9 de abril.

Para suplir la falta de equipos médicos, mediante la resolución No 002014 del 29 de noviembre 2023 el Ministerio de Salud destinó 34 mil millones de pesos para varios municipios del país, dentro de ellos Tadó, para financiar los programas de fortalecimiento del nivel primario y la infraestructura y atención de emergencias. “El hospital hoy no tiene deficiencias de equipo estamos en recibimiento de un proyecto cerca de 3.200 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos. Estamos bien dotados de equipos, nos falta mirar la parte eléctrica para que los equipos no se nos dañen”, asegura la gerente.

El problema más grave del hospital ahora es la planta física, que presenta problemas en sus techos, tiene humedad y requiere adecuaciones para cumplir la norma. El plan de la nueva gerente es presentar un proyecto para conseguir los recursos que permitan la adecuación:

“El proyecto de construcción de la planta física no se ha realizado ni formulado, se han venido generando unos pasos a pasos que requiere el ministerio, para el día 8 de mayo tengo la reunión en Bogotá  para empezar con la formulación del proyecto, esa es una de mis prioridades”, agrega.

Qué dicen las autoridades

La Secretaría de Salud Departamental tiene conocimiento sobre la demora en el empalme. Sin embargo, aseguran que esto no debe causar traumatismos en la atención a los pacientes. “Como no se ha realizado el proceso puede que a la nueva gerente se le dificulte conocer en qué etapa está cada uno de los procesos administrativos que venía llevando el anterior gerente. Pero nosotros esperamos que la prestación del servicio como tal en ningún momento se vaya a ver afectada por esta situación”, dice Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental. 

La Secretaría, según afirma Córdoba, hará un acompañamiento cuando la gerente lo solicite formalmente para asegurar que el servicio, de cara a los usuarios, no se vea afectado.

La alcaldía ha solicitado en varias ocasiones, según afirma la coordinadora de salud, que se haga el empalme. “Se han hecho las solicitudes respectivas para que el empalme sea armonioso. Pero no tengo conocimiento de por qué no se ha hecho entrega. Hay que esperar que en la junta nos entreguen el informe de lo que pasa, puede que las posiciones de uno y de otro sean distintas”, dice Brenda Mosquera.

Por su parte, algunos concejales del municipio tienen planeado llamar a Yocira Lozano a rendir informes sobre el estado del hospital durante el mes de mayo. Aseguran que ellos, y la comunidad, tiene expectativas altas sobre su gestión.

Moreno agrega que en el municipio hay poca información sobre el funcionamiento de la institución: “Hoy no sabemos cuál es la deuda del hospital, para ello se necesita una persona juiciosa que maneje bien los recursos. No sabemos cuántos empleados tiene el hospital, ni cuántos necesita para su funcionamiento”

El segundo período académico del año escolar ya inició, sin embargo, cerca de 200 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza y Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro en Tadó no han recibido clases de matemáticas, inglés, español, ni contabilidad. En las dos instituciones faltan cuatro docentes, por ende, decenas de estudiantes empezarán sus prácticas empresariales y presentarán el icfes sin ver las materias necesarias para una formación completa que garantice un buen desempeño. El panorama se repite a lo largo de los 30 municipios no certificados del departamento, donde faltan aproximadamente 500 docentes, según cálculos de la Secretaría de Educación.

“Según los requerimientos que yo he recibido, hay solicitudes de 500 docentes que se necesitan en el departamento. A lo que nosotros no tenemos cómo suplir porque es el Ministerio de Educación el encargado de permitir y pagar por esas contrataciones”, dice Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.

La situación tiene preocupada a toda la comunidad. El 8 de abril más de 630 estudiantes de la Institución Santa Teresita, del corregimiento El valle, del municipio de Bahía Solano, entraron en paro indefinido por la falta de dos docentes. Y el 23 de abril el consejo estudiantil, la contralora y la personera de Nuestra Señora de la Pobreza de Tadó lideraron una protesta en la que reclamaron por la falta de profesores.

“El día que salimos a la protesta logramos ser escuchados por las autoridades municipales. Ellos se comprometieron a solucionarnos esta problemática hasta el 15 de mayo, pero no veo mucho movimiento a ese acuerdo. Mis compañeros estudiantes están muy pendientes a la solución de esta problemática, de lo contrario, estamos dispuestos a salir a las calles nuevamente, a reclamar nuestro derecho a la Educación”, dice Keira Daliana Ibargüen, contralora del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.

Aunque en casi todos los municipios faltan docentes, la situación más crítica la tiene la zona del Darién, conformada por los municipios Acandí, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía; y los Baudoes: Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Baudó. “Tenemos colegios en este momento donde los niños se están graduando sin ver matemáticas, sin ver biología o química. Es una exigencia al Gobierno Nacional, así sea hacerlo por fases, pero hay que darle al Chocó los docentes que se necesitan”, denuncia Reales. 

Siete años con déficit de docentes

Actualmente en el Chocó hay 647 puestos administrativos y 3.853 docentes, un cupo que no ha aumentado desde 2017, cuando la educación estuvo intervenida y manejada directamente por el Ministerio de Educación. “Desde que nos entregaron nuestra planta está reducida en más de un 50 por ciento de cómo funcionaba cuando estaba intervenida, los recursos también. Por ejemplo, cuando estaba intervenida, los recursos para aseo y vigilancia eran para todos los meses del calendario escolar, ahora solamente nos habilitaron tres meses para este año. Cuando le devuelven la educación al departamento la devuelven con restricciones”, explica la funcionaria. 

A pesar de que desde 2017 la población estudiantil ha aumentado, según cifras del Sistema de Matrícula Estudiantil –Simat–, este año hay 116.653 estudiantes matriculados, 4.883 más que el año anterior (111.770) y 10.581 estudiantes más que los que había en 2019 (106.072).

La única forma de que la Gobernación pueda incluir un docente nuevo es que uno de los 3.853 actuales fallezca, renuncie o se jubile. En esos casos, el docente se nombra solo con el aval de los Consejos Comunitarios o de las Asociaciones Indígenas. En el departamento solo los municipios San José del Palmar y El Carmen de Atrato participan en el concurso docente nacional. Al final, aumentar la planta docente es decisión única del Ministerio de Educación Nacional.

“Finalmente es el Ministerio de Educación quien les paga a los docentes, nosotros como departamento no tenemos cómo asumir una carga prestacional de 500 docentes y ninguna entidad territorial lo hace. Hasta que el Ministerio de Educación no nos amplíe la planta en el Chocó nosotros nunca vamos a tener los docentes completos”, agrega Yina Reales.

Con este panorama la Secretaría de Educación está haciendo un estudio técnico de parámetros para definir la cantidad de docentes exacta que se necesita en el departamento. Esto depende de la matrícula, las horas de clase y el modelo de educación de cada escuela. Por ejemplo, en el caso de la educación rural el modelo es flexible, lo que significa que para primaria un solo docente dicta todas las asignaturas. Y en secundaria, de acuerdo al número de estudiantes, pueden ser uno o dos profesores. Esa información será enviada al Ministerio de Educación, quien se comprometió a resolver el problema.

“La verdad que nosotros con el estudio técnico hacemos lo que nos compete, ya el tema de nombramientos es directamente con el Gobierno Nacional, ellos ahí nunca nos han dicho tiempos. Nosotros, entendiendo cómo funciona lo público, aspiramos que sea en esta administración, pero la verdad no sabemos”, puntualizan desde la Secretaría.

A la falta de docentes se suman los retrasos en los pagos de los profesores indígenas, quienes no han recibido el sueldo correspondiente al año 2023, por un valor de 30.000 millones de pesos. En señal de protesta, el miércoles 3 de abril varias comunidades indígenas del departamento se manifestaron bloqueando la entrada a la Gobernación del Chocó y a la Secretaría de Educación del departamento, en Quibdó.

Aunque ese dinero proviene del Ministerio de Educación, por retrasos de la administración anterior en la Gobernación, la deuda debió asumirla el departamento a través de recursos del FONPET. Según la Secretaría de Educación, la demora final ha sido responsabilidad del Ministerio de Hacienda, quien no desembolsó los recursos del fondo a tiempo. “En este momento nos encontramos haciendo el proceso para que ellos puedan hacer efectivo su pago, en la Minga quedó que este pago debería estar listo de aquí al 30 de abril, pero sé que nos va a tomar más tiempo hacerlo por temas administrativos. Así que podemos estar preparados para que en cualquier momento las comunidades indígenas se manifiesten nuevamente”, agrega la funcionaria.

Problemas de convivencia y baja calidad educativa

La falta de docentes no solo ha hecho que los y las estudiantes vean menos clase, sino que hay problemas de convivencia en los colegios. Además algunas Instituciones Unitarias, es decir, las que dependen de un docente para funcionar, no han abierto en todo el año.

“No vienen recibiendo la oferta educativa y con ello hay deficiencias en la adquisición de competencias que deriva en bajos desempeños e incertidumbre ante las pruebas de Estado Saber 11. ⁠También afecta el proyecto educativo institucional (PEI) al no cumplir con el plan de estudios y la jornada escolar en la secundaria y media”, explica Francisca Mosquera, docente de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, de Tadó.

En la institución de Nuestra Señora de Fátima, de Playa de Oro, en el 2023 se graduaron los estudiantes de once sin ver matemáticas los últimos meses del año. Hoy, casi a mitad de año, la docente sigue sin llegar. “Frente al docente de matemáticas desde el año 2023 venimos solicitando a la secretaría la asignación del docente ya que la docente que trasladaron tenía su carga completa, en el año 2024 hemos reiterado las solicitudes”, comenta Carlos copete, rector de la institución.

En la escuela Nuestra Señora de la Pobreza no hay docente del énfasis comercial, modalidad de la institución. Esto ha causado que los estudiantes vayan a prácticas sin tener los conocimientos necesarios. “Los estudiantes, en lo que ha transcurrido del año, no han tenido clases de algunas asignaturas propias de la modalidad. Los de undécimo grado están realizando sus prácticas empresariales y los de décimo grado a partir del mes de mayo inician las prácticas empresariales y las asignaturas de la modalidad son nuevas para ellos”, puntualiza Mosquera.

“Señores Secretaría de Educación Departamental, envíenos los profesores que nos faltan, su ausencia nos está perjudicando y mucho más a los de la media técnica, pues ya vamos saliendo y necesitamos ese conocimiento porque además de que nos sirve para la vida, nos toca presentar la pruebas Icfes”, comenta Yenifer Paola Ampudia, personera estudiantil del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.

A esto se suma que los grupos que se quedan sin docentes generan indisciplina en la jornada escolar. “Afecta notablemente los procesos institucionales ya que los horarios están generados y un grupo sin maestro genera problemas de convivencia”, explica Copete.

“La falta de docentes origina indisciplina, ya que los estudiantes no aprovechan las horas sin clases para hacer tareas, sino que forman un bullicio y eso perjudica al resto de estudiantes ya que no les permite escuchar las explicaciones de los profesores que están”, agrega Ampudia.

Los profesores denuncian que además de la falta de profesores, en ninguna de las instituciones educativas de Tadó hay psicólogos. “También acá tenemos el faltante de psicólogo, acá no hay psicóloga en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, ni en ninguna de las cuatro instituciones. Eso afecta mucho el proceso”, denuncia Lilian Machado, docente y presidenta de la Subdirectiva de Tadó del Sindicato Unión de Maestros del Chocó.

Desde hace ocho años unas 216 personas que habitaron históricamente el sector de El 18- San Cayetano y que fueron desplazadas principalmente por el conflicto armado, han pedido el regreso a sus tierras en condiciones de dignidad y tranquilidad. El primer paso en este proceso ha sido legalizarse como Consejo Comunitario, el mismo que lograron en diciembre del año pasado.

El consejo está conformado por 63 familias afrodescendientes entre niños, niñas, jóvenes y adultos. El reconocimiento ante la Secretaría de Gobierno se formalizó en diciembre y desde ese momento se hizo el trámite de inscripción ante el Ministerio del Interior, en la dirección de asuntos étnicos. Su reto principal es que la Agencia Nacional de Tierras garantice la titulación colectiva.

Sandra Patricia Valencia, representante legal del Consejo Comunitario, señala que la conformación del grupo no fue una tarea fácil y les tomó ocho años: “Fue un trabajo muy arduo, teníamos que organizar y determinar si era mejor conformarnos como Junta de Acción Comunal o como Consejo Comunitario. Llegamos a la conclusión de que como éramos afros y mestizos de la carretera debíamos ser un Consejo Comunitario”. 

La organización Adacho, la Diócesis de Quibdó y la Agencia Nacional de Tierras apoyaron esta conformación con el propósito de otorgar garantías para la recuperación del sector denominado el 18, de donde varias familias tuvieron que huir por la violencia en 1996.

Sandra Valencia, en compañía de otras lideresas, después de varias conversaciones con abogados y el apoyo de la Diócesis de Quibdó logró reunir a las 63 familias y establecer acuerdos para la conformación del consejo. El 30 de noviembre de 2023 se realizó la asamblea mayor en el kilómetro 18, sitio conocido como La Playa. En esa reunión se socializaron los objetivos, los compromisos y el reglamento interno. La conformación fue el primero de diciembre y, el 11 de ese mes, realizaron el registro ante la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de El Carmen de Atrato, y se hizo la inscripción ante el Ministerio del Interior. “Llevamos 27 años siendo desplazados y 18 de estos defendiendo este territorio”, puntualiza Valencia.

La titularidad de las tierras 

Uno de los asuntos claves de todo este proceso ha sido la titulación de las tierras del sector El 18, zona rural de El Carmen de Atrato. Esaud Lemun Maturana, secretario general de Adacho y coordinador del comité de tierras, destaca que en el acuerdo 330 de 2018 se le asignaron 24 hectáreas y 257 metros a la comunidad afrodescendiente. “Adacho, en representación de las víctimas del conflicto armado, buscó que en 2019 se le reconociera a los afro las 24 hectáreas que ya estaban asignadas, pero pasaron siete años en silencio administrativo. Este acuerdo indica que les pertenecen 60 metros cuadrados alrededor del río Atrato, y El Palmar está dentro de los 60 metros”.

Sandra Valencia cuenta que no se ha efectuado la entrega de las tierras por parte de las comunidades indígenas por un conflicto que lleva más de nueve años, cuando las comunidades acordaron que las 24 hectáreas serían para la comunidad afro, y que otras 1.051 hectáreas serían para el resguardo indígena. Sin embargo, los líderes del resguardo desconocen que esa decisión haya sido producto de un acuerdo, y piden que les den la tierra. Mientras tanto, los afro insisten en que la tierra es suya: “Tenemos un derecho, pero ellos no hacen la entrega del territorio porque no lo aceptan”. Desde el consejo se ha pedido la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para dar solución a la situación.

Una de las zonas en conflicto es El Palmar. Aunque las comunidades indígenas fueron notificadas de que esa zona la tenían que desalojar, por no ser parte del resguardo, a la fecha no se han ido. Incluso, los líderes del Consejo Comunitario denuncian que esa zona se ha convertido en un cementerio y que hace poco enterraron a un indígena. “Esto para nosotros representa una barrera como consejo comunitario para que podamos retomar las labores en el territorio que nos pertenece, por eso les pedimos retirar el cuerpo y enterrarlo en otro sitio”, dice Lina Marcela Carvajal, secretaria del Consejo Comunitario. 

Por su parte, las comunidades indígenas advierten que no les han brindado las garantías para desplazarse. En medio de las obras de la carretera Quibdó- Medellín el consorcio vial Latinco, trasladó a varias familias indígenas a El Palmar y nunca les asignó un nuevo lugar. Narciso Estevez Tequia, líder indígena, pide que la reubicación se haga en condiciones dignas. “No nos han brindado las garantías para el traslado. No vemos el compromiso de la Alcaldía, la institucionalidad y la empresa Latinco”.

Búsqueda de acuerdos y soluciones ante robos y amenazas

Tanto el Consejo Comunitario como las comunidades indígenas han dicho que están dispuestas al diálogo para dar solución a los temas de inseguridad y el problema de tierras. 

Sandra Valencia cuenta que han denunciado ante la Fiscalía, la Personería Municipal y el Ministerio del Interior casos de robos, maltratos y ataques, pero no hay ninguna respuesta de las instituciones. Adicionalmente, las mujeres lideresas del Consejo Comunitario solicitan acompañamiento psicosocial y jurídico: “Hago un llamado muy respetuosamente a las instituciones para que nos apoyen. A la Unidad de Protección y a las organizaciones para que nos ayuden y apoyen al máximo en esta situación”.

Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de acción comunal 11, 12 y Piñón, cuenta que en esa zona se han registrado robos de gallinas, pollos, mangueras, racimos de plátano y alimentos de las cocinas. “Eso causa daño moral y tristeza. No dormimos tranquilos pensando que se nos van a llevar los productos”, dice.

María Elena Rincón vive con sus 5 hermanos en el 11, es ama de casa y maneja un restaurante. Su familia regresó a su finca hace 16 años, luego de haberla abandonado durante 14 años a causa del conflicto armado. “Hemos tenido dificultades con el ganado, ahora vemos a muchachos con drogas y que van robando. Una vez se llevaron hasta el techo de una caseta. Es una situación insostenible para todas las familias de La Trocha”, cuenta. Según la comunidad, este año más de 12 familias campesinas se han desplazado por temor ante la inseguridad y la falta de apoyo de la administración local. 

Por ello, Valencia propone trabajar en mesas de diálogo. “Pedimos movernos en esta vía carreteable sin miedo y que haya un consenso. Que todos nos podamos sentar y brindarnos esa oportunidad. Queremos vivir tranquilamente y formular propuestas conjuntas”, dice.

Por su parte Humberto Tequia, líder de la comunidad indígena El 18, avala que se llame a hacer acuerdos. “Nosotros estamos en El 18, debemos buscar una estrategia para dar solución al problema. Pedimos no hablar de manera generalizada, porque no todos los indígenas son delincuentes. Nosotros nunca hemos amenazado. Pido que se instale una mesa con todos las autoridades y comunidades indígenas e informar de inmediato cualquier situación irregular”, propone.

Jhon Fredy Ceballos, secretario de Gobierno, también hace un llamado a la unidad y a la búsqueda de soluciones para ambas comunidades. “Desde la administración se programarán mesas de diálogo y concertación permanente para darle solución definitiva a los problemas interétnicos que tenemos en el territorio. Como administración podemos hacer acompañamiento”, dice. 

Desde el 20 de febrero inició en el municipio la construcción del plan de desarrollo, la hoja de ruta de la administración de Jaime Arturo Herrera para destinar recursos a los proyectos priorizados y alineados con los objetivos territoriales durante los próximos cuatro años. 

Aunque se hicieron mesas de diálogo con diferentes sectores, el proceso ha tenido varios tropiezos. En la primera convocatoria de la Alcaldía no fue incluido el Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano, ni algunas veredas del sector conocido como La Trocha. La administración sólo accedió a hacer una concertación en la vereda El 15 cuando   las comunidades enviaron un derecho de petición. Además, tampoco se convocó a la Mesa Social y Ambiental.

A esto se suma que los líderes de varios sectores del municipio han manifestado que no se sienten representados por las personas que conforman el Consejo Territorial de Planeación. Éste es el encargado, según la Ley 152 de 1994, de revisar, discutir, analizar y formular recomendaciones sobre el Plan Desarrollo Territorial y servir como instancia de participación ciudadana para garantizar que se reflejen las necesidades de la comunidad. Los líderes aseguran que los consejeros están desconectados de las organizaciones y de los gremios, además de ser apoyo político del alcalde. 

El próximo 27 de abril, Asocomunal se reunirá en asamblea ampliada con siete miembros de cada una de las juntas de acción comunal del municipio, para evaluar el proceso de la construcción del Plan de Desarrollo, pues aseguran que el borrador que revisaron no refleja lo concertado en las mesas de trabajo con la comunidad.

Este año el Plan de Desarrollo deberá ser aprobado por el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental a más tardar el 31 de mayo. Consonante habló con distintos líderes y presidentes de las JAC para visibilizar las principales propuestas y necesidades planteadas por las comunidades. 

Solucionar el problema de tierras y los conflictos interétnicos de La Trocha

El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de titulación de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que viven a lo largo de la vía Quibdó-Medellín. Aunque la mayor parte de estas acciones están en manos de organizaciones estatales con carácter nacional, como la Agencia Nacional de Tierras, las comunidades piden mayor acompañamiento de las autoridades locales y que el papel de la nueva administración sea de mediador.

El principal problema es el conflicto por la tierra en el municipio. Por una parte están los siete resguardos indígenas que aseguran que no tienen suficiente espacio. Según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y El Dieciocho, necesitan por lo menos 10.000 hectáreas más. Además, piden ayuda para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “Eso no es competencia de la Alcaldía pero ellos nos pueden ayudar en la gestión. Para Sabaleta se requieren 2.000 hectáreas, para la Puria 4.000, la proyección en total son cerca de 10.000”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.

Por otra parte, la lucha del Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano es la recuperación de sus tierras ancestrales. A pesar de que a través de una sentencia lograron recuperar 24 hectáreas, la Agencia Nacional de Tierras aún no realiza la entrega oficial de estos predios. 

Adicionalmente, a los líderes afrodescendientes les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos asegurando que están traslapados dentro de las hectáreas que pertenecen al resguardo. 

Desde Asocomunal proponen “la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de El Carmen de Atrato, teniendo en cuenta la inclusión de los corregimientos El Dieciocho, El Doce y Guaduas como está registrado en los mapas del IGAC y en los registros territoriales de la Gobernación del Chocó”. Además, la inclusión de veredas nuevas y la legalización del asentamiento del barrio La Paz, cuyos pobladores son familias campesinas víctimas del conflicto armado. 

Así como la actualización del catastro multipropósito “es más que preocupante que a pesar de que hay una oficina municipal para este propósito el avance es muy poco en esta tarea fundamental de ordenamiento de los baldíos nacionales, territorios colectivos y propiedad privada”, dice el documento con las propuestas que Asocomunal le envió a la alcaldía.

A esto se suma que en todo el municipio hay problemas con la titulación de tierras por la “falsa tradición”; algo que ocurre  cuando la venta de la tierra es realizada por personas que no son los propietarios legítimos, o que no tienen los documentos para demostrarlo. Para una lideresa de la vereda El 15, cuyo nombre no quiere que se publique, esta es una prioridad porque “en su mayoría las compras son de boca y algunos ni siquiera cuentan con un papel de compra venta”, explica.

Algo similar pasa en el Pueblo de la Memoria Histórica donde los pobladores carecen de títulos de propiedad de sus parcelas a pesar de que se asentaron allí hace 27 años como una estrategia de resistencia contra la guerra.

Además del saneamiento del territorio, los líderes y lideresas de estas comunidades piden acompañamiento psicosocial para la solución de los conflictos interétnicos que se presentan en la zona. Y que la Alcaldía dé continuidad a los diálogos interétnicos que se plantearon desde el año pasado.

Proyectos productivos y apoyo para la comercialización

El Carmen de Atrato es el único municipio del Chocó en el que se produce café. Sin embargo, los caficultores no tienen quién les compre el producido en el municipio, pues las dos cooperativas cerraron el año pasado. Los campesinos tienen que ir hasta Ciudad Bolívar, en Antioquia, para vender su café o acomodarse al precio de los particulares, que no es favorable. A esto se suma el alto costo de los insumos. Su petición es que la Alcaldía incluya en el Plan de Desarrollo Municipal un verdadero apoyo para la comercialización de los productos del municipio.

“Lo que yo veo que necesitamos es un mejor mercado con mejores precios para lo que producimos. Igualmente que se facilite para los campesinos la compra de los fertilizantes puesto que es muy difícil conseguirlos en el mismo municipio y cuando se consigue es a un precio muy elevado; haciendo que los gastos de producción sean muy altos y el campo sea poco rentable”, comenta Fabián Betancur, caficultor del municipio.

Los caficultores no son los únicos afectados por la situación. Un productor de papa criolla debe vender el kilo del producto a aproximadamente 3.000 pesos para poder recuperar parte de su inversión. Sin embargo, los tenderos casi siempre prefieren comprar la papa en Medellín, donde el kilo puede costar 2.000 pesos, por lo que les resulta mejor negocio. Lo mismo pasa con productos como la cebolla, el plátano y algunas frutas.

A esto se suma la propuesta de otros campesinos que, aunque tienen tierras fértiles, no han podido consolidar un proyecto proactivo por falta de recursos. "Una como campesina lo que necesita es tierra, pero para que una tierra si una no tiene plata pa’ trabajar. Y si, digamos, qué pudiera sembrar y cultivar, sería súper hacer nuestro propio café y nuestra propia marca de café" cuenta una mujer de la vereda La Argelia. Su petición es capacitación y capital semilla para iniciar un nuevo negocio.

Desde Asocomunal plantean el fortalecimiento agropecuario que responda a  las necesidades,  las tradiciones y cultura de los pueblos; que incluya: tecnificación agrícola y fortalecimiento de procesos de transformación, diseños de marca y comercialización. Además de fortalecimiento de propuestas productivas de café, frijol, maíz, aguacate, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol y lulo. Así como apoyo a la producción de especies menores, ganadería sostenible y turismo sostenible.

Esta también ha sido una petición de las comunidades indígenas, quienes piden proyectos productivos que se adapten al suelo.

Atención a los jóvenes 

Otra de las prioridades de las comunidades son los jóvenes. Para los delegados y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el incremento de consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución es una preocupación latente y debe de ser una prioridad en el plan de desarrollo. “Los jóvenes son el futuro y tienen que tener la mente ocupada. Acá hay prostitución, drogadicción, pero yo creo que si tienen una meta o un proyecto en qué trabajar puede que las cosas cambien”, comenta una lideresa que pidió reservar su nombre por seguridad.

Para Maria Alejandra Serna, integrante del Consejo de Juventudes y líder Juvenil campesina, la prioridad es aumentar las oportunidades de empleo y encontrar estrategias pedagógicas para hacer frente a la drogadicción: “yo he encontrado muchos jóvenes que dicen que no pueden conseguir trabajo, envían hojas de vida y nada, se necesitan más oportunidades. También el tema de la drogadicción, falta más autoridad, enseñanza, advertencia”, comenta.

También opina que se debe trabajar por aumentar el sentido de pertenencia: “Además de proyectos en los que se puedan incluir jóvenes que no tienen una carrera, o la manera de estudiar, sería bueno tener capacitaciones para tener sensibilidad a lo propio, a veces son los jóvenes quienes dañan el mismo territorio”.

A estas problemáticas se suma el tema de salud mental. En 2023 se suicidaron dos jóvenes, de 22 y 14 años en las comunidades indígenas Santa Isabel y El Doce; y hubo cuatro intentos de suicidio de cuatro mujeres entre los 12 y 20 años.Además, en 2022 hubo siete suicidios en jóvenes y 15 intentos de quitarse la vida. Situación que ha alertado de la urgencia de que la política pública atienda  la salud mental en los pueblos indígenas de El Carmen de Atrato. 

Al respecto, el alcalde Jaime Arturo Herrera dijo en entrevista con Consonante que su prioridad el primer año sería “recuperar a la juventud”: “porque hoy el 40 o el 50 por ciento en la cabecera municipal se está yendo por el camino de las drogas y el del alcoholismo”. Su propuesta es crear un centro de rehabilitación dentro del municipio.

Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones sociales

Otra de las solicitudes es que la nueva alcaldía fortalezca e incluya en la discusión pública a las diferentes iniciativas de carácter social que existen en el municipio. Entre ellas la Plataforma del Campesinado, la Fundación Mesa Social y Ambiental, los Guardianes del Río Habita, Agroecotur y Asocomunal, que reúne a más de 800 personas. 

“Requerimos que en el plan de desarrollo 2024- 2028, se apruebe una partida presupuestal para el funcionamiento de la Asocomunal y con ello garantizar la participación activa de todas las juntas en el proceso, además de que a través de este rubro podamos cumplir con nuestra función de capacitar, apoyar y continuar acompañando el fortalecimiento de las mismas”, solicitan desde Asocomunal.

También piden capacitación y formación; apoyo económico o incentivos y la contratación de las organizaciones para la ejecución de recursos públicos y de compensaciones ambientales o sociales.

En agosto de 2023 se inició la construcción de ‘La Casa de la Mujer y el Artesano’ en el Carmen de Atrato. Aunque esta inicialmente debía entregarse en un plazo de seis meses, es decir, en febrero de 2024, no va ni por la mitad, ya cumple ocho meses de construcción. “Hay aproximadamente un 40 por ciento de avance. Ya tenemos prácticamente culminado todo lo que es el esquema estructural y estamos pendientes de iniciar con la obra gris y la obra blanca”, asegura Cristian Ruiz, secretario de Planeación.

El contrato lo firmó el exalcalde Jaiberth Ríos, el 25 de julio de 2023, por un valor superior a los 2.000 millones de pesos con el Consorcio Carmen Atrato, conformado por las empresas Cobertura Global S.A.S. y Construobras F.D.C.S.A.S. Las obras iniciaron el 8 de agosto, sin embargo, no han avanzado como se tenía planeado por problemas estructurales que no se tuvieron en cuenta en la formulación del proyecto por la administración de Ríos. “Hubo unos detallitos en temas arquitectónicos y estructurales que tuvimos que ir solucionando sobre la marcha. Fue un proyecto que el que lo diseñó no tuvo en cuenta el terreno de acá ni los espacios, entonces hubo temas que tuvimos que solucionar y eso nos retrasó”, agrega Ruiz.

Según Ruiz, la administración del actual alcalde Jaime Herrera, recibió la obra en un 20 por ciento de ejecución. Asegura que desde ese momento han encontrado problemas con el pozo del ascensor y la reserva del agua para el sistema contra incendios, lo que hacía que el edificio no cumpliera con la normatividad. A esto se suma las pausas por las lluvias y los recesos de diciembre y de las fiestas de los Reyes Magos a inicios de enero.

Sin embargo, más allá del retraso, el reclamo de las mujeres en el municipio es por la falta de información y socialización de la obra. Aunque el proyecto fue propuesto por la alcaldía de Jaiberth Ríos para el “desarrollo integral de las mujeres y emprendimiento para los procesos productivos, laborales y sociales”, a la fecha se desconocen cuáles serán los programas ofertados allí.

Lo único que se sabe, y que repiten los funcionarios de la alcaldía actual, es lo que está en el contrato: en el edificio de tres plantas van a funcionar locales comerciales, oficinas y un auditorio. Pero las mujeres no saben quiénes van a poder acceder a ellos, cómo será el proceso de elección de quienes usarán estos espacios, cuántos cupos habrá y cómo esto va a ayudar a solucionar las problemáticas que viven a diario las mujeres del municipio.

“Alcanzo a ver que son tres pisos, pero no conozco la fecha de entrega, ni cuántas oficinas, ni qué va a pasar allí”, comenta Olga Isabel Acevedo Zapata, quien tiene un proyecto de manualidades y artesanías. Como Olga, varias mujeres del municipio manifestaron lo mismo.

“En relación a la casa de la mujer sé que están construyendo una pero no sé bien qué es ni para qué es, sé que van a quedar ahí las mujeres artesanas, pero no sé nada más”, agrega Nora Sofia Aguilar, comerciante carmeleña.

A la falta de información se suman otros factores como la ausencia del enlace de género en la nueva alcaldía y una nula socialización de la política pública de género. Estos hechos preocupan a las mujeres del municipio. “En este momento la alcaldía ni siquiera ha contratado el enlace de mujer y género, entonces eso también representa un retroceso, una lentitud en todo lo que tiene que ver con los programas encaminados a mujer y género”, comenta Natalia Mazo, líder y excandidata a la alcaldía.

Desde la administración de Herrera, a pesar de que ya van casi cuatro meses de mandato, todavía no tienen programas ni proyectos para las mujeres del municipio. “Estamos en la elaboración del plan de desarrollo donde se está formulando apenas las estrategias de acción basadas en las necesidades de toda la comunidad carmeleña”, dice Cristina Ruiz, primera dama y gestora social.

Las prioridades de las mujeres siguen siendo el empleo y la atención psicosocial

Las lideresas han advertido en varias ocasiones que lo que se necesita es abordar problemas como el desempleo, para atender las necesidades económicas y sociales de las mujeres en el municipio. 

Según datos del Dane en 2022 el Chocó fue el tercer departamento con la mayor tasa de desempleo de mujeres del país con un 17,3 por ciento, después de Tolima y Cesar. En el departamento hay una brecha entre hombres y mujeres de 7,6 por ciento. Cifra que se agrava para las mujeres rurales: la mayor brecha en la tasa de desocupación entre mujeres y hombres en el trimestre noviembre 2023 y enero 2024 en todo el país se presentó en centros poblados y rural disperso.

Nora Sofía Aguilar es comerciante y tiene un hotel. Para Nora, la principal barrera para acceder al empleo es la falta de capacitación y la poca independencia económica: “A veces hay mujeres que quieren salir adelante, pero no son capaces por falta de mucha capacitación o más ayuda en la parte económica”, explica. 

Para Nora una de las soluciones es apostarle a la mujer campesina: “me gustaría mucho que las mujeres se empoderaran en la parte agrícola, porque El Carmen de Atrato fue una despensa agrícola y en este momento se ha dejado muy aparte este tema, aquí la mayoría de gente tiene su tierra y sería bueno que las mismas mujeres vuelvan a cultivar y sacarle un tiempo al campo, hasta inclusive en los solares se podrían sembrar lechuga, repollo y zanahoria”.

Para eso, complementan otras mujeres, es necesario crear programas de capacitación para mujeres emprendedoras: “A veces uno puede tener la idea pero no sabe cómo desarrollarla o cómo llevarla a cabo, por eso es bueno que nos puedan asesorar en cómo iniciar y cómo dar continuidad a su proyecto, a las mujeres nos falta acompañamiento en capacitaciones y en recursos porque podamos iniciar cualquier proyecto”, opina Olga Isabel Acevedo.

Dora Agudelo Vázquez es ama de casa, artesana, repostera y ambientalista. Para ella el problema es tan grave que incluso las mujeres que son profesionales encuentran muchas barreras y pocas oportunidades para emplearse.  “Se deberían ofrecer oportunidades de empleo con horarios flexibles en donde las mujeres puedan atender sus demás responsabilidades, sus hijos, y donde se generen espacios para la articulación social de las mujeres”, propone Agudelo.

Todas acuerdan que se deben tener en cuenta las labores de cuidado a la hora de hablar de estas oportunidades. “Las principales problemáticas para las mujeres en El Carmen son en términos de oportunidades: de estudio, laborales, para las mujeres emprendedoras. Sigue siendo un tema muy complejo el que la mujer pueda distanciarse de sus labores del hogar para que tenga el espacio de estudiar, o de trabajar”, agrega Natalia Mazo.

Otra de las solicitudes es que las estrategias tengan un enfoque diferencial. “Las mujeres afro no tenemos mucha cabida en El Carmen. No hay una oficina que atienda las necesidades de las mujeres afro, y menos las mujeres afro en el campo. Hay que tener proyectos de acuerdo con las necesidades: que se les entreguen los títulos, que tengan acceso a créditos blandos para que ellas puedan cultivar y que se tengan más en cuenta a las mujeres”, opina Anny Yulieth Rodríguez, lideresa del consejo comunitario afro de El 18.

Las propuestas de las mujeres para La Casa

En medio de la ausencia de información, las lideresas del municipio tienen muy claro para qué debería servir esta nueva estructura. Anny Yulieth Rodríguez propone la construcción de un espacio para que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar puedan pasar la noche: “debe tener una oficina que atienda las necesidades de las mujeres, una buena atención y orientación psicológica. Incluso debería tener una habitación para cuando las mujeres llegan con problemas familiares”, comenta.

Dora Agudelo Vázquez asegura que La Casa de la Mujer debe ser un lugar de capacitación: “A mí me gustaría que hubiese espacios de escucha y de empoderamiento, capacitación y talleres continuos y no esporádicos en donde se capacite a las mujeres, se empoderen y allí mismo cuenten con espacios para comercializar sus productos: artesanías y sus obras manuales”, propone.

También piden que haya atención psicológica. “Yo me imagino que allí se podría ayudar a las mujeres más vulnerables, que exista una parte donde haya psicólogas y otra parte donde se impulse a las mujeres emprendedoras”, expone Nora Sofía Aguilar.

“Espero que ese recinto que están construyendo se vuelva un refugio para las mujeres, que no sea solo cemento. Sino que la mujer vaya y encuentre no solo un apoyo psicológico, emocional, sino que encuentre oportunidades y soluciones a sus problemáticas”, puntualiza Natalia Mazo.

Si hay un pueblo en Colombia que tenga un pasado libertario es Tadó. En sus tierras se gestó el levantamiento de personas esclavizadas más grande del país, liderado por su propio rey: Barule. Y con la negra Agustina, el primer acto de rebelión de una mujer en el Chocó. Con ellos no solamente se sentaron las bases de la independencia de todo el departamento, sino que le dieron al municipio un nuevo reconocimiento: se convirtió en el pueblo rebelde del Chocó.

Según la historia oficial, el 19 de marzo se cumplieron 491 años desde su fundación el 19 de marzo de 1533. Por eso, y en honor a San José, desde el 10 hasta el 19 de marzo se celebraron varios actos religiosos en el municipio. Se hicierion eucaristías, novenarios y la imagen del santo pasó por diferentes lugares como el hospital, la catedral y la guardería García Gómez. Además, cada barrio lideró varias actividades lúdicas y el alcalde decretó como día cívico este martes.

A propósito de la celebración, en Consonante le contamos cinco datos que dan cuenta de la riqueza histórica del municipio.

1. No se sabe cuántos años exactamente tiene Tadó

Hoy hay controversia sobre cuántos años tiene el municipio. La fecha “oficial” es la del 19 de marzo de 1533, que fue cuando por primera vez llegaron esclavistas españoles al territorio. Según cuenta Wilson Murillo, historiador tadoseño, esa es la primera historia reseñada, pero no es la única.

“Cuando hablamos de Tadó algunos interpretan al municipio como la cabecera municipal y otros como debe ser: a Tadó como territorio. Si lo miramos así, en 1533 fue el año en que por primera vez llegaron al territorio esclavizadores y personas africanas sometidas a la esclavitud, después de subir el río Andagueda y caer al San Juan, llegando a Monte Carmelo”, explica Murillo.

La otra fecha en discusión es 1728, que fue cuando se creó el Palenque de Tadó. “Los esclavizados dijeron en ese momento ya no más, por eso Tadó es un pueblo de reivindicación, de lucha, somos herederos de Barule y tenemos un pensamiento Baruleano, que es luchar por la libertad, la superación y la liberación”, agrega el historiador. Además, fue en 1821 que se dio la creación de Tadó como distrito del cantón de San Juan y se convirtió en municipio, creado bajo la ley octava de la República. Desde esa perspectiva se contarían 203 años.

Por su parte, el también historiador Hermes Sinisterra, dice que Tadó realmente está cumpliendo 296 años: “El pueblo en el que estamos viviendo hoy solo está cumpliendo 296 años, esto a partir del hecho cierto de que Pueblo Viejo (donde estaba antes) fue incinerado en febrero de 1728, entonces ¿cómo el Tadó que habitamos va a tener tiene 491 años?”, comenta Sinisterra.

Para Leviston Perea, líder del municipio, las cuentas no dan incluso teniendo en cuenta la fecha oficial. “En 1984 se celebraron los 400 años de Tadó, ese mismo día fue inaugurado el puente que pasa sobre el río San Juan. Con el municipio de Istmina nos orientamos teniendo presente que primero fue creado Tadó como municipio, y hacía parte de la Provincia del cantón del San Juan perteneciente a la región del Cauca”. Con esto en cuenta, Tadó estaría cumpliendo 444 años.

2. Tadó tuvo el levantamiento de personas esclavizadas más grande de la historia del país 

Desde el 1 de noviembre de 1727 se tiene registro del inicio de la lucha del rey Barule, un esclavo que fue traído de Jamaica a Tadó y decidió rebelarse contra la corona española. Barule no se sometió y buscó otros aliados para emanciparse, por eso nació el Palenque de Tadó y la primera lucha libertaria que se hizo en el Pacífico colombiano.

Según la serie documental ‘Invisibles’, de Señal Colombia, donde se cuentan las historias particulares y colectivas de afrodescendientes que hicieron aportes significativos a la construcción de Colombia, Tadó tuvo el levantamiento de personas esclavizadas más grande de la historia del país en noviembre de 1727. Aunque empezaron unos pocos, bajo el liderazgo del rey Barule, más de 2000 cimarrones se congregaron en Tadó y lucharon contra el ejército español. Desde ese momento lograron autonomía administrativa, cultural y política. Unos meses después, en 1728, Barule y sus aliados fueron encerrados y asesinados.

Tras este levantamiento de personas esclavizadas en el Chocó se sentaron las bases de la independencia del departamento y con esto un modelo de producción nuevo basado en la minería. El palenque de Tadó terminó desatando una cadena de asesinatos de amos en otras partes y despertó una especie de red con la que intentaron poner en jaque el sistema esclavista de Popayán y las ciudades cercanas.

3. En Tadó se dio el primer acto de rebelión de una mujer en Chocó

Agustina fue una de las primeras personas esclavizadas que llegaron al Tadó antiguo, conocido como Pueblo Viejo, en el año de 1795. La mujer adelantó un proceso de denuncia contra su esclavista Miguel Gómez por abusarla y haberla dejado embarazada. 

Aunque lo denunció ante las autoridades españolas, la ‘justicia’ de ese entonces determinó que debía ser azotada como castigo, causándole un aborto. Ante tal injusticia, la mujer incineró la hacienda de Miguel Gómez. Este fue el primer acto de rebelión de una mujer registrado en Chocó, incluso provocó revueltas en diferentes sectores de la región.

Hernán Valderrama, exdiputado y líder del municipio, reseña a Agustina como una mujer que “se enfrentó a sus opresores que la hicieron abortar y quien arremetió contra su amo”. Incluso, Wilson Murillo, se atreve a decir que fue la primera mujer de América que tuvo la valentía de luchar y enfrentarse a su esclavista por razones de género.

4. Tadó nació en Carmelo

El primer lugar que conformó Tadó es el corregimiento de Carmelo, antes llamado Monte Carmelo. De allí la comunidad se trasladó a Pueblo Viejo y luego, al casco urbano. Este fue el primer rey de Minas del Chocó. Era la categoría que se le daba a una localidad o distrito donde su principal actividad económica era la minería. Fue un título, según historiadores, instalado por la corona española para promover actividades económicas a partir de la extracción de minerales.

“El nombre de Carmelo se dio en honor a la virgen Carmelita o del Carmen, el significado de Carmelo en hebreo quiere decir tierra fértil, y fue la tierra prometida que Moisés no pudo pisar. De acuerdo a los informes que Sergio Arboleda y Nicassio Arboleda enviaron a Popayán en Carmelo la corona española hicieron su primer campamento”, indica Helmer Sinisterra. 

Lo mismo manifiesta Wilson Murillo, otro historiador tadoseño, quien asegura que las primeras personas esclavizadas fueron traídas por españoles después de pasar por los ríos Atrato y Andágueda el 16 de julio del año 1533. Por eso, para muchos historiadores Tadó cumpliría 491 años.

5. Tadó ha tenido dos nombres y se debe a tres santos

Según Helmer Sinisterra, en el año de 1772 fue la primera consagración del municipio de Tadó a un santo, por eso el primer nombre de Tadó fue San Francisco.Hoy un barrio lleva ese nombre. El cual fue consagrado por el reverendo Francisco Antonio Cerezo. 

Sin embargo, cada compañía religiosa que venía al Chocó adoraba a un santo; los jesuitas, en el año de 1800, cambiaron el nombre de San Francisco por San José de Tadó, como es ahora conocido.

El historiador tadoseño resalta que en el año de 1900 los marianos a través del padre Salazar consagraron a Tadó con la virgen María o la virgen de La Pobreza.

Los primeros barrios fundados en Tadó fueron San Francisco y Modelo, después del incendio de 194. Estos barrios fueron organizados por el padre Francisco Onety que también fue el encargado de organizar las festividades en honor a la virgen de la pobreza.

El dato: Tadó en Katio significa sal profunda, río de sal y en lengua africana significa muralla.

Desde el 5 de febrero varias instituciones en municipios del sur del departamento han tenido dificultades para recibir a los alumnos por problemas con la infraestructura, falta de cupos y de profesores. Lo único que parecía estar listo, según anunció la Secretaría de Educación Departamental, era la contratación del PAE y el servicio de transporte escolar para los 12 municipios no certificados. Los dos contratos con mayor presupuesto en el ámbito educativo.

Este año el contrato para el servicio de transporte escolar se firmó desde finales de 2023 con la Unión Temporal Aleewaa, conformada por las empresas Transportes Relaturg (en su tercer contrato para este servicio) y Express Caribe Radiante. El tiempo de ejecución del contrato es de 87 días calendario escolar y se dio por un valor de 28.736 millones de pesos.

Sin embargo, en algunas veredas de Fonseca y San Juan del Cesar aún no llegan los buses ni las camionetas. Además, aunque la Gobernación aseguró que este año se aprobaron más rutas y vehículos, para los líderes de varias veredas todavía es insuficiente.

En la vereda Los Toquitos, en Fonseca, el servicio no ha iniciado, además, la comunidad prevé que no será suficiente, pues llevan pidiendo más cupos para todos los niños desde el año pasado. “Para este año estamos en la misma situación. Es complicado porque además de la intermitencia, son camionetas viejas, con llantas en mal estado y van con sobrecupo. Este año tenemos más niños, es un solo carro para Quebrachal y Los Toquitos, donde quebrachal tiene 20 niños y Los Toquitos 21. Son 41 niños, no es suficiente, así es imposible que nuestros niños estudien”, denuncia Díaz.

Para Fonseca y sus veredas el año pasado se aprobaron 16 vehículos y 16 rutas. Este año, según la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, solamente se aumentó una ruta y un vehículo. Por su parte, para San Juan del Cesar, el año pasado funcionaban 43 vehículos que cubrían las 38 rutas aprobadas. Mientras que para este año fueron asignados 50 vehículos y se aprobaron dos rutas más que el año anterior.

Un historial de contratos con tintes políticos

Este es el tercer contrato para prestar el servicio escolar en los 12 municipios no certificados que obtiene la empresa Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira “Transportes Relaturg”. En 2018 y 2019 (periodo que se alargó hasta 2022 por la pandemia) la empresa resultó ganadora de los contratos en medio de licitaciones públicas que tuvieron varios reparos. El común denominador en cada proceso fue que el gobernador o gobernadora de turno tenía el respaldo político del clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por Alfredo Deluque, actual senador del partido de la U en la comisión primera.

Transportes Relaturg tiene más de 20 años de experiencia en el sector del transporte en el departamento. La empresa era propiedad de Edgar Acosta Romero quien falleció en 2021 y era primo del exministro de minas Amilkar Acosta, y excandidato a la alcaldía de Riohacha por el partido Conservador. En el departamento se dice a voces que los Deluque y los Acosta siempre han sido aliados políticos. 

El primer contrato para prestar el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados del departamento se firmó en 2018 con Tania María Buitrago, quien fue designada por el expresidente Juan Manuel Santos como Gobernadora Encargada de La Guajira. Buitrago fue presentada como parte de una terna entregada por el Partido Conservador y el Partido de la U para culminar el período del suspendido gobernador Wilmer González Brito.

También es conocida por ser uno de los alfiles políticos del grupo de Alfredo Deluque. Él mismo celebró el nombramiento en su momento: “Fui un incansable luchador del tema de la terna, no porque tuviera algo en contra del gobernador Weildler Guerra Curvelo, ni su equipo de trabajo, todo lo contrario en muchas ocasiones me puse a la orden para ayudar en lo que estuviera a mi alcance en favor de La Guajira”, dijo el congresista.

El proceso de adjudicación del contrato, que finalmente fue por 28,881 millones de pesos, inició siendo polémico. Desde que se lanzó la licitación, el entonces director del área de licitaciones, Manuel Durango García, envió un oficio a la Gobernación pidiendo que se modificaran varios aspectos del pliego de condiciones pues impedían la pluralidad de oferentes.

A esto se suma que la propuesta de Relaturg era 2.537 millones de pesos más alta que la del otro proponente, la Unión temporal Guajira 2018, cuya propuesta era por 24.869 millones. En ese momento, Yamir Durán, representante de la Unión Temporal Guajira 2018, envió un documento al procurador Fernando Carrillo y al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez denunciando que el tiempo del proceso para concursar se alargó injustificadamente.

Aunque el contrato fue firmado finalmente por la representante legal de la empresa, Yolanis Beatríz Varela, en la audiencia pública para definir quién se quedaba con la licitación, la persona que fungió como apoderada legal de Relaturg fue Rita Deluque, prima del mismo Alfredo Deluque.

En 2019 el contrato de transporte escolar fue adjudicado a la unión temporal Eikajuluin, que estaba conformada por Relaturg, con una participación del 99 por ciento, y la empresa Busservi del Caribe S.A.S con solamente el uno por ciento. El encargado de firmar fue el gobernador encargado, John Fuentes, cinco días antes de que se posesionara Nemesio Raul Roys, quien llegó a la gobernación apadrinado por Alfredo Deluque. El contrato fue por un costo superior a 27.926 millones de pesos.

En ese momento, en redes y algunos medios, se denunció  que Édgar Acosta tenía aparentes intereses en la campaña de Nemesio Roys a la Gobernación y que en la sede de la empresa había vallas publicitarias de estos candidatos, así como en varios buses. 

Aunque Acosta negó ese apoyo, según el reporte de Roys al Consejo Nacional Electoral, para su campaña en 2019, uno de los contribuyentes fue José Domingo Acosta Hernandez, uno de los 16 hermanos de Édgar Acosta Romero, quien aportó 18 millones de pesos.

Este proceso de licitación también tuvo el mismo problema del primero. La Procuraduría General de la Nación solicitó al entonces Gobernador de La Guajira, John Eduardo Fuentes Medina, aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa. 

Además, al proceso de licitación final solo se presentó la unión temporal Eikajulin después de que la gobernación tomara la decisión de no realizar el anticipo del contrato, dejando sin la posibilidad de participar a seis empresas que estaban interesadas. Este contrato estuvo atravesado por la pandemia, por lo que en medio de prórrogas terminó funcionando hasta septiembre de 2022.

El contrato para 2024 fue firmado el 17 de noviembre de 2023, dos semanas después de la elección de Jairo Aguilar Deluque, primo y alfil principal de Alfredo Deluque en las elecciones. Aguilar es de la misma línea de Nemesio Roys, incluso fue nombrado Secretario de Gobierno de La Guajira durante su administración.

La encargada de firmar el documento fue la gobernadora Diala Patricia Wilches, cercana al congresista Alfredo Deluque. Wilches formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de él en la Cámara de Representantes de Colombia entre 2015 y 2016. Además, la jefe de la oficina asesora de contratación del departamento, encargada de revisar el contrato, fue Rita Deluque.

El contrato de transporte escolar para los 12 municipios no certificados de La Guajira no es el único que tiene Relaturg actualmente. Según una investigación de El Tiempo, la empresa  está contratada para ejercer “control y seguimiento” al suministro de los 40 carrotanques contratados por la Ungrd para entregar agua en el departamento. Un contrato por un poco más de 133 millones de pesos.

Además, tuvo otros tres contratos en 2023: dos para el transporte escolar de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en Riohacha, por valores de más de 1.600 millones de pesos cada uno; y otro para transportar al contralor de La Guajira, por 21 millones de pesos. También fue contratada durante 2022 para prestar el servicio de transporte escolar en Riohacha, por 3.806 millones de pesos; y en Barranquilla por más de 7.700 millones.

Por su parte, Express Caribe Radiante, es una empresa de transporte de pasajeros, actividades de operadores turísticos y organización de convenciones y eventos comerciales ubicada en Santa Marta. 

El antiguo representante legal, y propietario del 80 por ciento de la empresa, es Daniel Elías Ceballos Brito, diputado de La Guajira por el partido ASI, uno de los partidos que conformaron la coalición que le dio el aval al actual gobernador Jairo Aguilar Deluque.  Daniel Ceballos y su padre Rafael Ceballos Sierra exalcalde de Riohacha, apoyaron a Jairo Aguilar Deluque para la gobernación.

Durante 2022 la empresa de Ceballos prestó el servicio de transporte escolar en Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha. Contratos que lo llevaron a transitar dos demandas de pérdida de investidura que terminaron siendo negadas. Además, en 2023 fue contratado para prestar el servicio de transporte terrestre especial para los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd) en el departamento “con ocasión a la temporada de lluvias y huracanes”. Un contrato de 56 millones de pesos.

Las inconsistencias

Aunque no es contra la ley contratar continuamente con el mismo operador en procesos de licitación pública, Óscar Hernández, gerente regional de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, una organización que trabaja para lograr que la información de compras públicas en el país sea accesible, recomienda revisar los procesos para asegurar que sí se esté dando pluralidad de oferentes y se descarten posibles hechos de corrupción.

 “Lo primero que hay que ver es sí se  están presentando otros proveedores a competir. Si la respuesta es no y año tras año se le sigue adjudicando al mismo a través de un proceso que “es competitivo”, entonces hay que preguntarse cómo está estructurado ese contrato y si se está generando de alguna forma una barrera de entrada para los demás proveedores. Porque sabemos que muchas veces se hacen licitaciones públicas que ya están amarradas”, apunta el experto.

Transportes Relaturg ya ha sido protagonista de varios escándalos por presentar documentos falsos durante los procesos de licitación y, presuntamente, tener vehículos en mal estado. En 2022 se presentaron nuevamente para obtener el contrato de transporte escolar, pero en medio del proceso la otra empresa que estaba participando denunció que uno de los documentos aportados por Relaturg era falso. 

Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre, después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. De acuerdo a la Superintendencia de Transporte, el paz y salvo que Relaturg  anexó al proceso de licitación para la prestación del servicio de transporte escolar, correspondía a otra empresa de transporte. 

Además, en 2019 la empresa Unión Temporal Guajira 2018 denunció que, supuestamente, Relaturg no contaba con buses con aire acondicionado y que habrían utilizado camionetas de segunda mano provenientes de Venezuela. También que los certificados que presentó del curso de seguridad vial que debían tener los conductores no contaban con el aval del Sena y que, al parecer, sus vehículos estarían matriculados en Venezuela y no en Colombia, como lo pedían los requisitos de la licitación en ese entonces.

El precio de los pasajes en mototaxis subió este año 500 pesos en la zona urbana y 4.000 pesos por trayecto en la zona rural, esta modificación en los precios se realizó sin hacer una socialización previa con la comunidad. Los pasajeros, que a diario hacen uso de ese transporte, reclaman que no hay una planilla que deje claro cuánto cuesta el servicio.

En Tadó hay 600 mototaxis y motocarros, dado que este es el principal medio de transporte de sus habitantes, y a su vez, la mayor fuente de empleo en los hogares. Sin embargo, en este municipio el mototaxismo no está legalmente constituido y es un transporte informal.

Hasta el año pasado, un pasaje en mototaxi por persona costaba 2.000 pesos antes de las 8:00 de la noche, luego de esta hora el servicio valía  3.000 pesos. Ahora, para ambos horarios el trayecto tuvo un incremento de 500 pesos por servicio, algo que afecta a las comunidades que cuentan con menos recursos. Por otro lado, en la zona rural los pasajes subieron hasta 4.000 pesos. Por ejemplo, antes, transportarse a Playa de Oro costaba 8000 pesos,  ahora el pasaje está en los 10.000 pesos; mientras que  en otras zonas, como Mumbú, el trayecto oscila en los  20.000 pesos, o a Tabor en 15.000 pesos, un incremento en ambos pasajes de 4.000 pesos con respecto al 2023. 

¿Qué dice la gente?

Desde comienzos de este mes hay inconformidad de algunas personas de la localidad, debido al incremento del pasaje y la falta de claridad en las tarifas. Sandra Perea, habitante de Tadó, cuenta que sus ingresos son insuficientes como para  pagar 5.000 pesos en una salida. “Entiendo que los mototaxistas tienen un gremio, pero no estoy de acuerdo con ese incremento. Deben hacer una reunión y hablar con la comunidad, en esto debe haber un diálogo. Se sabe que la gasolina está cara y con esos 5.000 pesos en una salida puedo usarlo en el almuerzo”, agrega.  Perea puntualiza que sus hijos deben pagar mototaxis para ir a estudiar y cuando no les alcanza, les toca caminar. 

“Cuando me dijeron que un trayecto costaba 2.500 pesos me sorprendí, porque la economía está muy difícil y pagar hasta 1.000 pesos más es muy duro. Me di cuenta cuando me monté al vehículo y el conductor me dijo de la nueva alza. Le respondí que ellos no tenían la culpa, pero los invité a que se reunieran y revisarán cómo está la situación económica en la localidad”, dice una mujer que pidió no revelar su nombre. 

Por su parte, el gremio de mototaxistas informa que el aumento se dio luego de una reunión con los conductores. Se acordó un aumento de 500 pesos por pasaje en sectores cercanos y para los barrios Reinaldo, San Pedro, y Villas del Remolino este tiene un costo de 3.000 pesos. A pesar de que  estas  distancias no superan los  10 minutos.

Además, aclaran que no todos son propietarios de los vehículos y que deben entregar utilidades a los dueños entre los 35.000 a 40.000 pesos por día, lo que hace que las tarifas tengan que aumentar. 

Jefferson Hinestroza, conductor de mototaxi, asegura que hay gente que pelea cuando se les cobra los 2.500 pesos y él prefiere mantener el precio para evitar problemas. “Hay quienes se quejan cuando uno le cobra los 500 pesos de más, pero yo no lucho con ellos y les recibo los 2.000 pesos, y les recalco que la gasolina subió y también tenemos cosas por responder”, agrega. El galón de gasolina actualmente está en 16.200 pesos y para tanquear sus motos gastan al día 32.000 pesos.

Nelson Ampudia, uno de los líderes del gremio de mototaxistas, afirma que con este servicio se sostienen muchos hogares en Tadó y pide a la gente entender que no puede mantenerse el mismo precio. “Entre líderes y compañeros concertamos que se debe subir la tarifa y buscamos a las autoridades competentes como el alcalde, el secretario de Gobierno y les comunicamos que no podemos sostener la tarifa y por eso el alza. Necesitamos un consenso”, dice.

“Al principio hubo inconvenientes porque algunos mototaxistas cobraban 2.500 pesos y otros 3.000 pesos y por eso se hizo la reunión, para que se pida lo mismo. La comunidad tadoseña hoy se queja por el alza del pasaje, pero no dicen nada por el incremento del precio de los productos de la canasta familiar, como  el queso, la carne, el huevo, el pollo, y el pescado”, puntualiza.

¿Qué dicen las autoridades?

Deisner Luis Palacios Mosquera, secretario de Gobierno, aclara que hasta el momento no se ha aceptado que aumenten las tarifas. “Este es el principal medio en el cual se mueven los habitantes del municipio. Es importante manifestar que el mototaxismo es un medio de transporte informal y que no está regulado como transporte público por la normatividad colombiana. Hemos venido trabajando con ellos, ya que decidieron para el año 2024 establecer unas nuevas tarifas, toda vez que aducen que se elevó el precio de la gasolina, de la canasta familiar, y están afectados con las alzas”, indica.

Según Palacios, el gremio de mototaxistas estableció una tarifa de 2.500 pesos para lugares cercanos y 3.000 en zonas lejanas. Sin embargo, aclara que estos precios no están regulados y desde la Alcaldía se pidió revisar el tema: “Le manifesté al gremio de rapimoteros la necesidad de que se pusieran en los zapatos de la comunidad, la cual esta sufriendo por el tema económico y que mantengan la tarifa de los 2.000 pesos para los lugares más cercanos y pudieran hacer un alce de 500 pesos para las distancias largas”.

Lo que sigue

El gremio de mototaxistas indica que pondrán en orden todos sus documentos para iniciar trámites que los constituyan legalmente. Es importante destacar que seguirán prestando el servicio con normalidad. Además, se adelantan capacitaciones en seguridad vial y normas de tránsito con policía de carreteras.

La Secretaría de Gobierno también plantea que en el municipio haya una oficina de Tránsito y Transporte para que se pueda orientar a los conductores. 

Frente a las tarifas, la comunidad impulsa que se deje en cada mototaxi una planilla con todos los precios de los pasajes y que este sea previamente socializado. Mientras tanto, algunos mototaxistas dicen que aceptarán que se paguen las tarifas del año pasado hasta que se llegue a un acuerdo. 

Las obras de la vía que conduce de Fonseca hasta Sitio Nuevo llevan 14 meses de retraso. Aunque la fecha de entrega inicial de esta obra era el 14 de diciembre de 2022, inconvenientes con el material, el personal, los pagos y la contratación, han demorado la entrega de una carretera que solamente tiene 12.7 kilómetros.

Actualmente hay maquinaria haciendo trabajos de relleno y pavimento en cerca de cinco kilómetros. Según la respuesta que dio la Secretaría de Planeación de Fonseca a un derecho de petición enviado por Consonante, la obra se encuentra en un avance físico del 89 por ciento y la nueva fecha que se prevé para la entrega es el 12 de abril de 2024.

A dos meses de la posible entrega, los habitantes de Sitio Nuevo no están conformes con los trabajos y tienen varias dudas sobre lo que recibirán al final. “Desde que se reactivó todo ha sido como a las carreras, no he visto que tengan los tiempos para el material óptimo sino que enseguida echan asfalto”, dice Esau Mendoza, habitante del corregimiento de Sitio Nuevo.

Con este panorama los concejales de Fonseca citaron el 14 de febrero a Hernando José Quintero, secretario de Planeación del alcalde Micher Pérez, a un debate de control político para que respondiera por el proceso y estado de la obra. Este no es el primer cuestionamiento al proyecto, dado que desde el 2022 tiene dos investigaciones por parte la Procuraduría y la Contraloría por la alta probabilidad de incumplimiento y posibles inconsistencias en la destinación de los recursos.

Hay inconsistencias y contradicciones en la nueva administración

Oscar Pérez, concejal de Fonseca, fue quien lideró el debate de control político en el que además se cuestionó al secretario por la construcción de  las 563 viviendas rurales, los servicios públicos en El Hatico, entre otros temas. Durante la sesión, que duró más de tres horas, los concejales expresaron su preocupación porque el secretario aseguró que se desembolsó el 92 por ciento del dinero dispuesto para la obra: “yo he hecho el recorrido de esa vía y puedo decir que, si el plan tortuga en ejecución se mantiene como está, ni cuatro años más van a alcanzar para la terminación de esa obra”, aseguró  en el debate el concejal Deiver Guerra.

Los concejales aseguraron que las suspensiones de la obra son, entre otras cosas, por cambios en las intervenciones de varios puntos. Incluso, en el encuentro Subregional Sierra Nevada – Serranía del Perijá realizado el año pasado, el entonces alcalde de Fonseca, Hamilton Garcia, dijo que tuvieron que cambiar los diseños del puente de Sitio Nuevo y que hubo cambios en el material: pasó de asfalto a concreto rígido. Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, Hernando Quintero aseguró que la obra no había tenido ningún cambio en el diseño inicial.

Tampoco hay consenso sobre el estado actual de la obra. Aunque en la respuesta al derecho de petición el secretario aseguró a Consonante que la obra estaba en un avance del 89 por ciento, en el debate Quintero habló de un 65 por ciento:  “Yo estoy asombrado, el concejal del periodo pasado tenía que entrar a revisar. El contrato está pagado casi el 92 por ciento, mejor dicho, está pagado casi todo al contratista, pero hoy no está en un 65 por ciento (...) Le hicieron dos adiciones de tiempo y estoy seguro que hoy no cumplen en cabalidad a terminar la obra en su tiempo”, aseguró Quintero.

Las respuestas del secretario no fueron satisfactorias para los concejales, por lo que esperan un informe detallado a final del mes. “Uno cita un debate y hace sus preguntas, si uno no queda satisfecho se hace lo que estamos haciendo: conformar una comisión accidental para investigar a fondo lo de esa vía”, explica Óscar. La Secretaría de Planeación tiene plazo para entregar el informe a esta comisión antes de terminar febrero. 

Según datos de la Secretaría de Planeación, el contrato inicial se efectuó con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por 31.327 millones de pesos con Meg Obras de Valledupar a un plazo inicial de 12 meses. El 29 de septiembre de 2023 se aumentaron 414 millones de pesos por modificaciones al contrato. El total del contrato está actualmente en  31.742 millones de pesos.

Este contrato está en la lupa de la Contraloría desde octubre del año pasado. En el último informe la Contraloría reportó hallazgos administrativos por 37 millones de pesos. "Se observó que el contratista incluyó en el plan de inversión del anticipo del contrato de obra un ítem correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF (4x1.000) por valor de $37.443.022, advirtiendo que es un gasto que debe asumir el propio contratista, toda vez que el anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos, insumos básicos y costos de personal", dice el documento.

Los habitantes denuncian riesgo de inundaciones y falta de transparencia

La obra ha tenido problemas desde el inicio y se ha suspendido en cuatro ocasiones. En abril de 2022 se realizó un paro porque para la construcción de la obra no contrataron gente de la comunidad. “El primer problema fue que la contratación de la mano de obra calificada no era del corregimiento. Hemos hecho paros, protestas y nada”, comenta un líder que pidió no ser identificado.

Las otras suspensiones fueron en noviembre y diciembre de 2022 y febrero de 2023. Según la Secretaría de Planeación, por problemas técnicos y financieros. “Lo manifestado por el contratista para argumentar el atraso de la obra es la suspensión de carácter técnico y financiero y debido a ello, fue imposible seguir ejecutando hasta no resolver dicha problemática. De igual manera, se ha presentado modificatoria del contrato, lo que ha ocasionado el atraso del mismo” dice en la respuesta al derecho de petición.

Sin embargo, en la comunidad denunciaron que no han recibido información de manera oportuna: “nunca nos han notificado las razones por la cuales ellos (los contratistas) han parado, a pesar de que yo he pasado cartas, derechos de petición a la administración anterior preguntando por que el cese de actividades y nunca fue respondida la solicitud“, manifiesta un habitante de Sitio Nuevo que pidió reservar su identidad.

El segundo problema se dió con el cambio de material, pues cada vez que llueve el agua se estanca en la carretera. “Se le pasó una queja al alcalde actual porque en dónde pega el asfalto con el (concreto) rígido, como en 50 metros, queda un hundimiento y va a ocasionar un estancamiento. Pensábamos que iban a hacer que las aguas salieran a la calle y cogieran su curva natural o por medio de cunetas las transportaran a la alcantarilla más cercana, pero eso no se hizo y hay muchas casas que se van a inundar”, cuenta  Esau Mendoza.

Otro de los problemas es el estado del puente de La Quebrada, que comunica al sector de Trigo con Sitio Nuevo. Entre los habitantes no hay claridad de cómo será incluido en la obra. “Tenemos una duda del puente de La Quebrada en la vereda Las iguanas, porque ese puente no está apto para el tránsito; eso quedó en que se iba a meter en la adición, pero estamos esperando que eso llegue para que la obra esté al 100 por ciento”, comenta Julián Brito, representante legal del Consejo Comunitario de Sitionuevo. 

“Me preocupa el puente de La Quebrada porque no lo van hacer y ojala Dios no lo permita pero en cualquier momento puede colapsar y puede quedar incomunicada la región, dicen que el puente cuesta varios millones que no entraron en el presupuesto o no lo aprobaron”, denuncia una líder que pidió no ser citada.

Además, hay denuncias de trabajos incompletos; Jaider Granadillo, quien trabajó nueve meses en la vía, cuenta que en La Vereda Las Iguanas no hicieron unos filtros. “En Las Iguanas tenían que colocar unos filtros y no los colocaron. Echaron unas piedras y volvieron y sellaron”, comenta. En la vereda temen que más adelante se presente un hundimiento en la carretera por el agua y la humedad provenientes de las siembras de arroz que hay en la zona.

Además, hay preocupación por la resistencia de la carretera: “Se rumora que ese asfalto tenía que ser de 15 y se lo redujeron a 10 diciendo que iban a recortar gastos para invertirlos al puente, al puente que ya no van hacer porque el puente de La Quebrada ya no va”, dice un empleado de la obra. Comenta, además, que la mayoría de los box culvert (alcantarillas) ya están agrietadas.

A esto se suma que, para proteger los cimientos del puente de Sitio Nuevo, crearon unos gaviones dentro del río, lo que redujo el cauce y ha causado la acumulación de materiales de desecho: “lo hicieron sin salvaguardar la integridad de la comunidad, porque eso ahí puede causar apalancamiento y eso causaría desbordes del río a nuestra comunidad”, comenta un habitante. También denuncian que por el tránsito de la maquinaria pesada hay daños en otras calles que no han sido resueltos.

Los y las estudiantes de Fonseca han tenido un regreso a clases atropellado. A pesar de que la fecha estipulada para volver a las aulas era el cinco de febrero, la mayoría de las instituciones educativas tuvieron problemas para tal inicio porque todavía no hay personal contratado para prestar el servicio de aseo y vigilancia y los cupos no son suficientes para atender a todos los estudiantes. A esto se suman problemas en la infraestructura de los colegios, que ya cumplen más de 80 años de uso.

Por ejemplo, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca denuncian daños graves en las instalaciones del colegio, como lo manifiesta el rector Francisco Javier Núñez: “Han pasado 80 años, entonces es una infraestructura vieja. El tema del cerramiento es un problema grave, la tapia es muy bajita, tiene muchas grietas y huecos. Tenemos problemas con las baterías sanitarias, que también están en mal estado”, cuenta.

Esto obligó a que el ingreso se hiciera de manera gradual entre el 5 y el 14 de febrero, una vez culminen las vacaciones por los carnavales. En Consonante revisamos qué está listo y qué no para que los estudiantes regresen a las aulas. Esto es lo que encontramos: 

Los problemas no son nuevos

Desde hace varios años el panorama para el inicio de las clases es el mismo: aulas que están en mal estado y en las que ya no caben los niños, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas y salones sin pintura.

En esa situación recibió la escuela el nuevo rector de la institución Juan Jacobo Aragón: ”En términos generales la infraestructura está muy deteriorada, recursos cero, con muy poco personal de aseo y de vigilancia”. confirma Leonel Rizo Gnecco. 

Por eso José Alberto Velázquez Romero, rector de la Institución Ernesto Parodi Medina, cuenta que decidieron no iniciar las clases a tiempo. “El domingo (4 de febrero) la Asociación de rectores del departamento de La Guajira nos reunimos y acordamos no entrar a clases por el mal estado en que se encuentran las instituciones, no solamente el Ernesto Parodi, sino que esto es a nivel departamental”, dice. 

A los problemas de infraestructura se suma la demora en la llegada de nuevos docentes, el poco incremento de nuevas plazas y la falta de transparencia en el proceso que han denunciado varios maestros en el departamento. Para las cuatro sedes de la I.E. Ernesto Parodi, llegaron  17 docentes nuevos dos semanas tarde, sin embargo, aún faltan tres para la sede principal. “Me preocupa la falta de docentes, los que venían con horas extras este año no quisieron aceptarlas y ha quedado cierta cantidad de horas disponibles en diferentes áreas. Por ejemplo, el profesor de educación física, el de artística y de matemáticas”, explica Velázquez, rector de la institución.

Esto a pesar de que la población estudiantil de La Guajira ha aumentado el 13 por ciento entre el 2019 y el 2023. Según el reporte del SIMAT a corte 30 de septiembre del 2023, había 82.583 estudiantes matriculados en los 12 municipios no certificados: 31.521 pertenecientes a comunidades indígenas y 51.062 estudiantes no étnicos. En 2024, según afirma la Gobernación, se espera una cifra de 90.000 estudiantes. “La población creció y las aulas quedaron muy reducidas para el número de estudiantes”, denuncia Zulay Amaya, rectora de la Institución Agro ambiental José Pérez de El Hatico. En esta escuela faltan cinco docentes.

Además, el año pasado las escuelas de los 12 municipios no certificados de La Guajira sufrieron por la falta de contratación de personal de aseo y vigilancia. Esto se tradujo en que varios colegios en Fonseca fueron víctimas de robo y tuvieron que iniciar clases este año sin algunos enseres. “Los bienes del colegio están expuestos a los ladrones, ya que se nos llevaron varios aires acondicionados, no podemos dejar nada de valor en el colegio porque se lo llevan. Además no tenemos aseadoras, los niños encontraron las aulas sucias, los patios y le toca a un padre de familia barrer”, manifiesta Amaya.

Por el momento, lo único que está seguro es el transporte y la alimentación escolar. Para el transporte escolar, por primera vez en más de cuatro años, aumentaron la cantidad de rutas y vehículos contratados. 

Para la prestación PAE en la población mayoritaria –urbana y rural no étnica– en los 12 municipios no certificados del departamento, la Gobernación suscribió un acuerdo de cooperación internacional con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). El contrato, para toda la vigencia del 2024, es por 39.000 millones de pesos. 30.000 millones que aporta la Gobernación y 9.000 millones que aporta el PMA, estos últimos representados en costos de implementación, soporte y asistencia técnica. 

Por su parte, la alimentación escolar de 31.521 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, será atendida por 20 operadores indígenas. Para esto se destinaron 25.000 millones de pesos.

Los padres de familia piden aumento de cupos y atención a la infraestructura

Yuleisy Fernández es miembro de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Villa Hermosa y madre de dos niñas que estudian en el colegio Ernesto Parodi Medina. Su mayor preocupación es por los niños que no alcanzan a tener  cupos. “Me siento con inconformismo porque hay muchos estudiantes que están sin cupos y queda uno con un sinsabor de esos niños que no tiene acceso a la educación. Ahora con la salida de los niños de los CDI se colapsaron los colegios de estudiantes y el problema más grave es que no le buscan una solución. Yo fui a buscar unos cupos y me dijeron que no había porque estaban colapsados”, cuenta.

Yuleisy reclama también la falta de ventilación de los salones “Hay fallas en las estructuras del colegio. Ellos se la pasan desde las 12 hasta las 6 dando clases sin abanicos, con unas condiciones bravas porque estas temperaturas se ponen tesas”, agrega.

Nailin Molina, por su parte, tiene dos hijos que estudian en la I.E. Agroambiental Jose Pérez de El hatico, donde cursan tercer y sexto grado. Uno de los problemas que más le preocupa es la ausencia de personal de seguridad y la poca cantidad de salones. “El año pasado estuvieron sin vigilante y ya se han presentado robos en el colegio. Además se necesita más infraestructura porque dijeron que iban a construir más salones pero no se sabe cómo va ese proyecto y hay grados nuevos que van a comenzar este año. No todos los salones cuentan con aire o ventiladores”, explica Nailin.

No hay soluciones a la vista

El primero de febrero los rectores del departamento de La Guajira tuvieron una reunión con el nuevo gobernador, Jairo Aguilar, y la secretaría de Educación Departamental, Ladys Diana Ochoa. Durante el encuentro los rectores expusieron todas las problemáticas, sin embargo, sienten que no hay soluciones de fondo. 

“Llegamos con un optimismo muy bajo porque no plantearon soluciones de fondo. Yo le decía que esta institución tiene 4.6 hectáreas, 2000 estudiantes, y tengo una sola aseadora. Pero el gobernador Jairo Aguilar se fue de la reunión sin dar una solución a la problemática”, puntualiza Leonel Rizo.

Angelica Solano, secretaria de Desarrollo Social con competencias en salud y educación en Fonseca, reconoce las deficiencias pero asegura que poco pueden hacer desde la alcaldía. “La infraestructura lleva más de 80 años, se encuentran bastante deterioradas, no hay garantías para tener a nuestros estudiantes bajo esta inseguridad. No todo le corresponde al municipio, pero sí vamos a trabajar en armonía. Hay que tocar puertas para poder convenir con los actores y mirar de qué manera minimizamos estos problemas. Yo creo que este proceso va a ser lento, pero créanme que hay mucho compromiso de parte de la administración”, explica Solano.

María Victoria Palacios Umaña, o la “Flaka palacios”, es una mujer trans, negra, y creadora de la Fundación Latidos Chocó, una de las pocas organizaciones del Chocó que acompaña y asesora a las personas LGBTIQ+. 

Con su liderazgo, y el apoyo de otras lideresas trans, crearon en 2022 la Red de Alianza de Mujeres Trans del Pacífico, o red Doroty, que trabaja defendiendo los derechos de las mujeres trans negras en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

Ese trabajo hizo que Red Doroty fuera merecedora del premio Tulipán de Derechos Humanos, que entregó el 2 de febrero la Embajada de los Países Bajos en Colombia como reconocimiento a la labor de un defensor o defensora de los derechos humanos.

Más allá del premio, María Victoria se ha convertido en impulsora de políticas públicas que incluyan a personas trans y garanticen derechos como el acceso a servicios de salud. Hoy espera que en todo el departamento se respete y proteja la diversidad sexual.

Consonante: ¿Qué significa para usted este premio?

Maria Victoria Palacios: El premio Tulipán para los Derechos Humanos, otorgado por la Embajada de Países Bajos, es un premio que nos da fuerza y resiliencia para seguir aportando a la transformación social del territorio; principalmente para las mujeres trans afro del Pacífico. Nuestra tarea es recuperar el tejido social en medio de la vulneración histórica que hemos sufrido como mujeres, más cuando hablamos de mujeres trans, y aún más cuando hablamos de mujeres trans afro en territorios como el Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

C.: ¿Usted cree que hoy se puede decir que hay igualdad de derechos en estos territorios?

M.V.P: Para mí la igualdad es darle a todos por igual. Yo hablo más de equidad, porque no es lo mismo ofrecer un empleo a un hombre que a una mujer. Entonces más que darle trabajo a todos por igual miremos la equidad del trabajo: ¿Será que las mujeres estamos ganando al mismo ritmo que ganan los hombres?, ¿cuál es el trabajo que ejercen los hombres y cuál es el trabajo que ejercen las mujeres?

Buscamos esa transformación, dejar ese yugo histórico en el que se ha enmarcado a las mujeres por verse como el sexo débil, pero no se reconoce como esa mujer aguerrida, empoderada y transformadora.

C.: ¿Qué cree que hace falta para lograr esa equidad?

M.V.P: Para hablar de esa equidad falta mucho más que un decreto o una ley. Hace falta reconocimiento, empatía y comenzar a hablar de transformación social.

C.: ¿Qué hace la Fundación Latidos Chocó?

M.V.P: Latidos Chocó es una organización sin ánimo de lucro que nació en 2015. En 2018 se constituyó legalmente y comenzó a hacer un trabajo mucho más amplio en todo el territorio, lo que ha llevado a que hoy muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y una línea muy gruesa de población LGBTIQ+  pueda acceder a la justicia y pueda tener garantizado sus derechos.

Hablo mucho de la reconciliación, de la paz y del amor porque es desde allí que nace Latidos Chocó, una apuesta de amor y respeto para desmarcar esos prejuicios y estereotipos frente a la diversidad sexual.

C.: ¿Cómo ha sido su trabajo para lograr un Chocó más diverso e inclusivo?

M.V.P:  El Chocó ha sido históricamente un departamento bastante machista, que poco reconoce los derechos de las mujeres y mucho menos cuando hablamos de la mujer diversa. 

Por eso hemos impulsado mucho a los territorios a visibilizarse, a hablar desde su cuerpo, pero su cuerpo en su territorio. No es lo mismo hablar desde el municipio de Quibdó, la capital chocoana, que venga a hablar un líder o lideresa en Baudó, en Bagadó, en Pizarro o en Juradó, que son territorios bastante apartados al que el acceso y comunicación es bastante difícil.

Hoy lo que buscamos es que desde nuestro quehacer misional como mujeres trans afro del Pacífico, y de lo que hemos venido desarrollando en cada uno de los espacios, se entienda que la mujer es la base fundamental para el cambio social, para la paz, para que desde ese amor que ella emana se pueda seguir reconstruyendo el tejido social que día a día hemos ido perdiendo.

C.: ¿Cómo es el trabajo en el municipio de Tadó?

M.V.P: En Tadó tenemos una organización que está aportando a esa transformación social, a ese cambio sistemático. 

Quiero felicitar a Daniel Benítez por su trabajo y su aporte al territorio. Daniel está haciendo una apuesta de transformación desde el arte y la creatividad para vernos mucho más allá de solamente un discurso. También  están otros chicos, chicas y chiques que están dando esa batalla para que el territorio pueda ser un territorio de paz y amor.

Siento que hoy no solamente en Tadó, sino todo el San Juan hay una  red  de líderes y lideresas que se creó en 2021 gracias al apoyo de Christian Aid mediante Colombia Diversa.

C.: ¿Qué retos tiene la fundación?

M.V.P: No contamos con músculo financiero, lo que ha dificultado en gran parte accionar mucho más allá de ciertos temas. Entonces lo que buscamos hoy son procesos que nos permitan auto sostenernos y poder seguir con las acciones que hemos venido emprendiendo.

C.: ¿Cuáles son los principales problemas y trabas de las instituciones que enfrenta la población trans?

M.V.P: La dificultad de reconocimiento de las identidades, pero también la falta de reconocimiento de los procesos que cada uno y cada una ha venido desarrollando. Todavía seguimos con prejuicios y estereotipos frente a los temas de diversidad sexual.Se necesitan garantías, respeto y reconocimiento.

C.: ¿Existe una política pública para la población trans?

M.V.P: Quibdó cuenta con una política pública LGBTIQ+ para la garantía de derechos. Se comenzó a trabajar, hay mucho interés y el alcalde está muy interesado en que esa sea una herramienta que garantice esos derechos.

Buscamos también que la Gobernación también pueda iniciar un trabajo de construcción de política pública y que cada uno de los municipios pueda facilitar también ese reconocimiento y esa garantía mediante políticas públicas en los territorios.

C.: ¿Qué le puede decir a esas personas que tienen miedo a "salir del clóset"?

M.V.P: El clóset ha sido uno de los espacios más violentos en los que se ha encasillado a las personas LGBTIQ+. Yo siempre digo que la libertad, y como ya he dicho mucho, el amor y el respeto son las bases fundamentales para transformar la sociedad, el tejido social y lograr la reconciliación de esos espacios. 

Que la familia entienda que no es malo, que la sociedad entienda que no es malo, que la sociedad entienda que no somos peligrosas, que somos seres humanos llenos de amor, llenos de resiliencia y de muchas ganas de conquistar el mundo.

La construcción de viviendas en sitio propio en Fonseca, una promesa de la administración del exalcalde Hamilton García, sigue con retrasos y en medio de varias críticas. El proyecto de vivienda ha generado choques entre los beneficiarios y la entidad responsable del contrato (Comfacesar) por supuestas irregularidades que se han presentado en el desarrollo de este programa de interés social con la designación de los beneficiarios y con la falta de servicios públicos en las viviendas ya entregadas.

El programa “construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio de Fonseca” consta de 563 viviendas rurales. De estas, 212 son en el corregimiento de Conejo, 140 para El Hatico, 13 para Jawey, 7 para El Puy, 8 para Hatico Viejo, 70 para Los Altos, 41 para Los Toquitos, 4 para Mamonal, y 68 para Quebrachal. 

De las 563, hasta el momento se han entregado 450 y la actual administración de Micher Pérez tendría a cargo unas 113 faltantes.

¿Qué dice la gente?

Maydelin Martínez, beneficiaria del proyecto en el corregimiento de El Hatico, cuenta que no ha podido habitar la casa porque hay inconsistencias en la construcción. “Al principio fue traumático, ya que a eso le metieron política, pero al final pude obtener mi vivienda. No la he podido habitar ya que tiene inconsistencias en la construcción, el techo se mueve, las puertas se atrancan y no cierran bien, las cerraduras están dañadas y son de mala calidad”, dice. 

“Adquirir mi vivienda fue difícil, me pusieron muchos obstáculos, yo obtuve el terreno en el patio de la casa de mi madre, que es bastante amplio, pero me toco tumbar una parte”, indica. Además, tanto ella como otros vecinos informan que se han registrado robos, se han llevado partes de los baños y la cocina.

Otro de los problemas principales ha sido que las listas de beneficiarios se han cambiado en varias oportunidades. “Mi hermano Marvin Martínez estaba en el listado y cuando lo publicaron nuevamente ya no aparecía. Él es de acá, se crió acá, su familia está acá, tiene el terreno y no tiene vivienda. Ya he instaurado denuncias, tutelas y estoy haciendo todo de manera legal para que se le respete su derecho a una vivienda propia”, agrega Maidelyn Martínez.

Pero el corregimiento de El Hatico no es el único que presenta inconvenientes, casos similares se registran en Conejo. Así lo dio a conocer el líder social Deiber Guerra: “Muchas de las viviendas están siendo entregadas con deficiencias, tanto estructurales como funcionales. Se están entregando sin el funcionamiento de los servicios públicos, sin alcantarillado, algunas sin energía eléctrica y esto ha generado que los nuevos dueños realicen acometidas eléctricas sin cumplir ningún estándar de calidad y dejando cualquier cableado. No son viviendas dignas”.

“Hay personas que han sido revictimizadas porque no contaban con viviendas, vivían en un cambuche el cual les hicieron destruir porque les iban a construir su vivienda y al final ni una cosa, ni la otra”, agrega Guerra. Estas personas aparecían en los listados y luego fueron excluidas aduciendo que no aplicaban para el subsidio de vivienda porque ya tenían una.

Guerra cuestiona el costo de las viviendas: “El precio de cada una es de unos 70 millones de pesos y por ese dinero se podría conseguir una excelente vivienda en Fonseca en condiciones realmente dignas. Se han interpuesto todos los recursos necesarios ante las entidades correspondientes, pero esto no ha servido de nada”, finalizó.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Fonseca, Micher Pérez Fonseca, indica que el proyecto está financiado en su totalidad y que seguirán las obras. “Las casas se seguirán construyendo como se ha venido haciendo, este proyecto está financiado en su totalidad y se le entregará la vivienda a quien tenga su adjudicación. No vamos a vulnerar los derechos de ningún beneficiario siempre y cuando todo esté en el marco de legal”. Frente a las quejas por irregularidades, Pérez dice que “quienes presenten algún inconveniente, se les brindará todo el acompañamiento y apoyo y asesoría para solucionar el problema que tengan”.

Por su parte, el exalcalde Hamilton García le dijo a Consonante en diciembre que en Fonseca se habían entregado 300 viviendas y que el proyecto iba en un 80 por ciento. “Hemos entregado más de 130 de las 212 que corresponden allá, la intención es que la vivienda que vamos haciendo, vivienda que vamos entregando.”, agregó en su momento.

García dijo, como confirmó Micher Pérez, que este proyecto tiene los recursos garantizados. “Está contratado y deberá seguir con su ejecución normalmente de la mano con Comfacesar quienes serían los responsables de seguir con su ejecución”, puntualizó.

Por su parte, Deiner Torres, secretario de Planeación departamental y quien fue secretario de Planeación en la administración de Hamiltón García, cuenta que ha recibido información de viviendas que han sido pintadas de amarillo y con modificaciones en las fachadas y puntualiza que durante los primeros cinco años no se podían hacer modificaciones o esa era causal de perder la vivienda y que sea entregada a otra familia.

Lo que sigue

Se espera que este proyecto continúe sin mayores contratiempos y se solucionen las quejas de las familias sobre presuntas inconsistencias. Por otra parte, la comunidad ha pedido revisión de los entes de control para revisar los hallazgos alrededor del proyecto.

Este viernes 12 de enero, cuando un alud de tierra sepultó a 39 personas, la carretera que conduce de Quibdó a Medellín volvió a ser noticia. El desastre natural ocurrió en el sector de El 17, a dos horas del casco urbano de El Carmen de Atrato.

Sin embargo, la tragedia que hoy enluta al Chocó no ha sido la única: en 2009 ocurrió una tragedia similar a la reciente en la que 41 personas murieron después de que un desbordamiento de tierra hiciera que el conductor de un bus de Rápido Ochoa cayera a un precipicio. Y entre 2012 y 2018 más de 100 personas fallecieron en accidentes de tránsito.

La historia se ha repetido a lo largo de los años: en junio de 2016 hubo por lo menos seis muertos y dos heridos por otro derrumbe en el sector del 20. Y entre 2022 y 2023 murieron otras tres personas en los sectores de El 16 y el 20.

La promesa de terminar esta vía, además, se ha hecho gobierno tras gobierno desde hace más de 15 años. Terminarla, incluso, fue el compromiso institucional del gobierno Santos asumido tras dos paros cívicos que detuvieron al Chocó en 2016 y 2017. 

Desde el inicio de la obra en 2009, sin embargo, toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y obstáculos han retrasado la entrega de un trayecto que no suma más de 127 kilómetros. 

De las casi 200 familias que viven en la zona, la mayoría pertenecen a las 28 comunidades indígenas que hay en El Carmen de Atrato. Hoy, estas familias vuelven a sentir el miedo y la zozobra de que ocurra otra emergencia en cualquier momento.

Un saneamiento ancestral

Después del deslizamiento el presidente Gustavo Petro prometió la destinación de medio billón de pesos para terminar, en un año, la pavimentación de la vía y hacer las obras de seguridad en los puntos críticos. Aunque líderes y lideresas de comunidades que viven alrededor celebran los anuncios, piden diferenciar otras acciones urgentes. 

Hay, por ejemplo, una solicitud de intervención con enfoque ancestral para esta vía. Claudia Domicó, guardiana del río Atrato por la mesa departamental indígena y habitante del sector de El 17, solicita que se tenga en cuenta el saneamiento territorial: “La intervención no es de la manera en que piensa el mundo occidental, sino desde lo espiritual, desde el saber y el conocimiento ancestral, porque se han movido muchas cosas del territorio que han afectado a las diferentes comunidades indígenas que existen en la zona”.

Lo mismo opina Javier Arrieta, coordinador de la mesa departamental de los pueblos indígenas: “La vía Quibdó- El Carmen de Atrato es un territorio sagrado, la vía también tiene su cosmogonía y hay que hacerle un saneamiento espiritual; si no, la tierra, la naturaleza, nos va a seguir cobrando”.

Uno de los tres derrumbes que cayeron el viernes pasado causó afectaciones en una vivienda en el resguardo Abejero y allí, según cuenta Domicó, la familia está en estado de shock: “No hablan mucho de lo que pasó y solamente lloran”, cuenta la guardiana. 

Por eso, otra de las solicitudes que tienen los líderes es apoyo psicológico y cursos de emergencia para enfrentar riesgos de avalanchas y otros desastres naturales. 

Aunque el secretario de planeación Cristian Ruíz aseguró a Consonante que ya se está prestando apoyo psicosocial en la zona, esta familia aún no recibe ningún tipo de acompañamiento. “La atención se concentró en el gran derrumbe. No han tenido en cuenta que de ahí para abajo hubo otros derrumbes que hicieron daño a otras familias”, denuncia Domicó.

Eso lo corrobora Froilan Zapata, a quien el deslizamiento le dañó su sembrado de chontaduro, árbol de pan, yuca, caña, marañones y guayacanes. “Desde el miércoles se me han venido cinco derrumbes por el fenómeno del niño, y el talud que ya estaba resentido, la vía lo botó y eso afectó la pata de la montaña”, cuenta.

Por eso José Manuel Correa Henao, conocido como Marmato, campesino y presidente de la junta de acción comunal de El 15, donde vive desde hace más de 13 años, aunque conmovido profundamente por la tragedia reconoce que lo que sucedió fue producto de las lluvias, por un lado, pero por otro por falta de profesionalismo en la intervención de la vía. 

“Lo que pasó es por culpa de estas montañas tan movidas que están y el invierno, acá llueve día y noche. Pero que trabajen con más técnica y tecnología y que la adecuación en la topografía no tenga que lastimar tanto a las montañas”, comenta el líder.

Correa no es el único habitante que tiene la percepción de que no se ha hecho el tratamiento adecuado para mejorar la seguridad vial. Isabel Rincón, presidenta de la junta de acción comunal El 11 y  El 12, dice que en varias ocasiones la comunidad ha pedido que hagan “terraceo”, una técnica para estabilizar la tierra y evitar posibles nuevos deslizamientos. “Aquí nunca le han puesto atención a los taludes, hemos pedido que por favor hagan terraceo y dicen que no se necesita, que eso ya está peinado”, afirma.

Montañas lastimadas

Según afirma el ingeniero chocoano Leyner Mosquera, quien tiene amplia experiencia en desarrollo, análisis económico y financiero y quien realizó un estudio sobre la vía para la Universidad de los Andes, la percepción de una intervención inadecuada en la vía no es errada. 

El problema técnico, explica el académico, sería una de las posibles causas del accidente y debería ser una de las prioridades. “Al Chocó se le mira con ese pincel de hacer cosas un poco mediocres. Entonces, esta obra contempló la pavimentación pero no contempló el aseguramiento de los puntos críticos que son esos taludes que sostienen la montaña para que no se venga abajo”. 

Mosquera añade, a su vez, que no se hizo un ejercicio juicioso de incorporar en el análisis financiero ese aseguramiento de la tierra.

Según le aseguró el Invías a Consonante en marzo de 2023, los diferentes contratos que estaban en ejecución en la zona tenían prevista su culminación para el segundo semestre del año pasado, pero esto no pasó.

Los retrasos han sido por varias razones. Primero, están los constantes paros que han hecho las 28 comunidades indígenas que habitan la zona para pedir que las empresas que intervienen la vía y les causan afectaciones, cumplan los compromisos que han hecho en la última década. 

Por ejemplo, las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del Invias de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020.

En segundo lugar están los problemas con algunos de los consorcios que han detenido tramos de la obra por varios meses. Entre esos el contrato 1456 de 2017 que estaba a cargo del consorcio Vías para el Chocó, que incluía dos de las empresas involucradas en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50 por ciento) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20 por ciento). Para ese momento, el Invias tuvo que suspender el contrato y la obra duró siete meses sin avances.

Lo que sigue

Las comunidades de la zona han celebrado la declaración de desastre natural que expidió el presidente Petro y el anuncio de la inversión. Sin embargo, plantean la necesidad de hacer comités de seguimiento a la inversión.

“Hay que crear comités y veedurías ciudadanas para la inversión en todo el municipio, tanto en la cabecera municipal, como los resguardos indígenas y en las veredas. Porque en esa vía solo han cortado y tirado cemento, más no le han hecho los muros de contención o los trabajos requeridos en los puntos que siempre han sido críticos, además de incumplir acuerdos pactados con las comunidades”, dice Claudia Domicó.

Mientras tanto, las gobernaciones de Antioquia y Chocó firmaron el año pasado los estatutos de la Rap de los Dos Mares en las que se propone, entre otras cosas, la construcción de un túnel de aproximadamente ocho kilómetros en una conexión de 26 kilómetros, entre el municipio de Ciudad Bolívar y el corregimiento de El Siete. 

La Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S, una empresa comercial del Estado con capital público varias entidades y la encargada de la obra,  aseguró que esta sería la solución final al problema de la vía. Sin embargo, esto está apenas en estudios preliminares que pueden durar, por lo menos, un año más y las comunidades no se sienten escuchadas ni conformes.

Escucha esta carta aquí:

Hola. Soy Yurlis Arleis Mosquera, periodista local de Consonante, y me place invitarte a un lugar maravilloso de mi tierra chocoana: Tadó, conocido como el mejor vividero del mundo.

Lo es porque se respira paz. 

Lo es porque hay mucha hermandad. 

Por ejemplo, hay familias que cocinan e incluyen la porción para pasarte. Por ejemplo, la comadre puede prestarte una cebolla, una libra de arroz, un poquito de aceite o lo que te falte para hacer el almuerzo. 

Es tanta la solidaridad que, cuando muere alguien, nadie está solo. El velorio y el entierro de un ser querido se acompaña comunitariamente, puede incluso llegar el barrio a tu casa. A veces, hasta el pueblo entero va vestido para acompañar a los dolientes en el novenario. 

En Tadó, el vecino es familia. En Tadó, la selva es familia. 

Si llegas desde Pereira, la vegetación, los ríos y quebradas te incitan a darte un chapuzón. Es un recorrido de cinco horas, aproximadamente, con grandeza natural a su paso.

Si llegas desde el cielo, despegando en avión desde Bogotá o desde Medellín, te recibe la pista de El Caraño de Quibdó. Pero temprano, para que alcances la camioneta que viene hacia Tadó en menos de una hora.

A 20 minutos de Quibdó está el municipio de Atrato, que se reconoce por el paso de un puente largo sobre el imponente y majestuoso río Atrato que, al igual que el San Juan, es uno de los más importantes del Chocó.

El trayecto sigue y con él, más sitios para deleitar el corazón y para sentarse a tertuliar un rato. 

A 25 minutos de Yuto está Certegui, allí te recomiendo visitar Recta Larga, un lugar donde venden los famosos chorizos Pertigueños, hechos por mujeres chocoanas que le ponen todo el amor a su preparación. 

Diez minutos después está la Ye, un corregimiento del municipio Unión Panamericana. Por ahí está la vía al Mar Pacífico, por ahora en construcción, pero tan pronto se termine nos llevará hasta Nuquí vía terrestre: ¡Qué maravilla!

En Tadó te recibe el barrio San Pedro y luego pasas el puente sobre el río San Juan y adivina: te encuentras con el centro del pueblo. Te reirás de felicidad y luego verás, entre árboles milenarios, al Rey Barule al lado de la iglesia catedral. 

Junto al Rey Barule está la Negra Agustina, los dos fueron grandes activistas y defensores de las personas afrodescendientes. Ellos gestaron y lideraron grandes batallas hasta lograr el respeto de los colonos.

El parque es un lugar mágico. Ahí se reúnen estudiantes, amigos, vecinos, propios y visitantes a pasar un rato ameno. Tienes que degustar un delicioso chontaduro, la fruta representativa de esta bella tierra. Pero no es lo único: hay un puesto donde venden diferentes jugos afrodisiacos, lo verás, y que dan mucha energía: está el famoso arrechón (un tipo de jugo preparado con cola granulada, huevo de codorniz y otros ingredientes). El puesto es especial porque lo atienden dos mujeres cabeza de familia, amables, que también ponen su amor en cada bebida.

Tú solo ubícate en el parque y observa a la gente. Te aseguro que de ahí saldrás con muchos conocidos, pues la gente tadoseña es amable, hospitalaria y con un espíritu de alegría contagioso.

Con el calor, el plan de baño es infaltable. Te recomiendo ir a Mumbú, solo hay que tomar un mototaxi, que es un tipo de transporte urbano donde caben tres personas. El viaje es de 45 minutos hasta llegar a las aguas cristalinas del río que atrapan a cualquiera con su belleza y nos hacen olvidar que existe otro mundo.

Al llegar a Mumbú solo hay que preguntar por Martha y su mamá, Rosa, a la que le dicen “Rosa Culebra” porque es una mujer muy activa. Son mujeres líderes de la comunidad y muy hospitalarias en cuya casa tienen varias habitaciones en la parte alta. "La hice grande para darle posada a quienes visiten esta comunidad y quieran quedarse a dormir", dice ella.

Y Mumbú no es el único río. También está Arrastradero, Bochoromá, el Pureto y el mismo río San Juan. Incluso se puede ir a la piscina, o a la playa Senén, en el río Tadocito, un lugar muy concurrido por su belleza. Allí puedes realizar un paseo de olla o llevar la comida preparada.

Tadó es el mejor vividero del mundo. Camina por sus calles sin zozobra, sin miedo. Disfruta de su belleza y del valor heredado de los cimarrones, los mismos que gestaron batallas hasta conseguir el respeto de sus opresores. Arrópate con lo poco o mucho que tengan, porque es un gesto para que te sientas parte de lo que somos.

Nos vemos, hasta pronto.