Los departamentos con mayor silencio informativo en Colombia son los que más han padecido la crudeza del conflicto armado. El Chocó es un ejemplo, donde la cifra de confinamiento forzado es la más alta y donde solo en siete de sus 30 municipios hay medios que producen información local.
Pese a las iniciativas del actual gobierno por conectar esta zona con pruebas piloto de internet y televisión satelital, la velocidad de conexión es inferior a la de ciudades centrales y, por eso, el servicio de radiodifusión sigue siendo el capitán.
Según cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en 2023 había un total de 1.705 emisoras en el país entre comunitarias, comerciales y de interés público. El Chocó aporta tan solo 26 emisoras a esa cifra. Y, de esas, diez son comunitarias; cinco son comerciales y once son de interés público.
En 2024 la cifra crece: Colombia Estéreo 100.3 FM acaba de recibir una donación de 1.500 millones por parte del Comando de Asistencia de Seguridad del Ejército de Estados Unidos para aumentar su cobertura al 90 por ciento del departamento.
Además, deben entrar a operar las radios que fueron otorgadas en diciembre de 2023 por el MinTIC a 68 comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom.
En Chocó, para la Prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora Comunitario Étnico, cómo lo llamó el Gobierno, el Alto Baudó ganó por convocatoria. En esta recibieron 162 solicitudes.
De las once estaciones de interés público mencionadas, las que operan con mejor cobertura en Chocó son las de la fuerza pública, de la Policía y de la Armada Nacional, así como las cuatro emisoras de las alcaldías que hacen parte de este conteo, en el que también se registra una sola emisora de paz, creada a partir de la firma del Acuerdo Final en 2016.
Colombia Estéreo, sin embargo, no es la única frecuencia donde suena el Ejército en el Chocó. El 10 por ciento que no queda cubierto, lo tiene la emisora Colombia Estéreo Carepa, Antioquia, que transmite para Unguía, Riosucio, Acandí y Belén de Bajirá.
Y, según información de prensa del Comando de Acción Integral del Ejército, esta es la estación número 57 en el Pacífico colombiano.
Las redes de telecomunicaciones de alta velocidad en las principales cabeceras municipales del Chocó las terminó de instalar en 2018 el MinTIC, en pleno cierre del Gobierno Santos.
La promesa de mejorar una tecnología obsoleta no es reciente, pero la ejecución, sí. La geografía, el clima y los altos costos han sido los argumentos clásicos para justificar la desconexión chocoana, como lo manifestó el entonces ministro David Luna al cierre del Proyecto Nacional de Fibra Óptica y la Red de Alta Velocidad en ese departamento.
Pero los desafíos no son visibles ahora que la infraestructura de la emisora Colombia Estéreo los supera con inversión extranjera y la capacidad instalada del Ejército.
La frecuencia del Ejército alcanza todo el noroeste del país, incluyendo a las selvas del Darién.
Prensa Ejército Nacional de Colombia
Según el historiador y periodista Gonzalo Díaz Cañadas, actual director de la Radio de la Universidad Tecnológica del Chocó, la donación a la emisora del batallón, que hace parte de la Brigada de Quibdó, es bien recibida por una audiencia construida en el tiempo.
“La emisora Colombia Estéreo aspira dar un viraje en su programación: es un medio de comunicación pública con énfasis en las actividades de carácter militar. Ha sido una emisora que anima la tropa para que permanezca en el frente, acompaña en todas las actividades que le competen en materia de garantizar seguridad ciudadana, entre otras”, anticipa.
Díaz Cañadas, también director del Archivo Fotográfico y Fílmico del Chocó, explica que es importante no solo por lo que significa para su audiencia, también porque demuestra que en el Chocó esa tecnología es posible.
“Hay carencia de medios de comunicación y la radio chocoana se ha ido apagando poco a poco, lo que es muy preocupante para una región que requiere de una comunicación asertiva y de la capacidad de cobertura de todos los 47 mil kilómetros cuadrados que en la actualidad solo la tiene Colombia Estéreo”, dice Díaz Cañadas.
Ahora la emisora cuenta con una cobertura del 90 por ciento en toda el área, según expresó a medios el coronel Campo Elías López, y está dotada con equipos de 5.000 kilovatios, es decir, un radio de cobertura de 100 kilómetros a la redonda, como informó Presidencia.
La emisora de la Universidad Tecnológica del Chocó, que tiene 42 años de existencia y 5 kilovatios, logra una cobertura de un 40 a 50 por ciento de la geografía departamental. Eso, explica el investigador, limita el alcance de la información que a través de estos medios se proyecta, como pasa con la emisora Ecos del Atrato, que tiene también cerca de 40 años de estar al aire y una cobertura menor.
“Esas emisoras comunitarias y muchas otras han tenido problemas en los últimos años con el MinTIC, que aprieta y ahoga a la radio local con sus exigencias y con los cobros de Sayco Acinpro: eso es un desangre”, añade Díaz Cañadas.
Además, el alcance sigue siendo hiper local o localista, como dice el investigador. En el Chocó, un mensaje que se emite desde Quibdó no llega a Unguía, a Riosucio, tampoco a la Costa Pacífica. “Lo que sale de la sierra difícilmente llega a algunos municipios de la zona del San Juan”.
En cambio, la frecuencia del Ejército alcanza todo el noroeste del país, incluyendo a las selvas del Darién.
De acuerdo con Mónica Valdés, representante colombiana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), en el Chocó también hay emisoras comunitarias que tienen una audiencia ganada, como Cocomacia Stereo o Radio Canalete, que visibilizan a la sociedad civil y agregan valor a la agenda del movimiento social.
Asimismo, están las emisoras de interés público que funcionan en esta región y en otras zonas periféricas o fronterizas de Colombia con condiciones diferentes a las de las radios comunitarias.
“Obviamente tienen más restricciones en la normativa las emisoras comunitarias cuando la exigencia debería ir orientada a todo el ecosistema de medios. Por eso, hemos exigido que haya una política pública que involucre recursos y que se amplíe esa posibilidad de sostenibilidad y financiamiento”, dice Valdés.
Para la experta, en algunos casos las emisoras de las fuerzas armadas han sido espacios más para fortalecimiento institucional que social sin una propuesta de comunicación pública, “que deberían tenerla, en tanto tienen recursos de la nación”, dice.
Por las declaraciones del coronel Campo Elías López, Colombia Estéreo “será la voz del departamento”. Aseguró que la emisora difundirá “mensajes enfocados a combatir la minería ilegal y a impulsar la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, así como denuncias de presuntos actos de extorsión y terrorismo.
Pero Díaz Cañadas comenta que, en el relanzamiento de la emisora, aseguraron abrir sus micrófonos a otros sectores de la comunidad por orientación del Gobierno: “Aseguraron que no puede ser una emisora para la guerra o para la comunicación militar, como anteriormente estaba más o menos preconcebida”, dice a Consonante.
La participación ciudadana en los medios sigue siendo escasa. Y, como este gobierno habilitó diales para poblaciones étnicas, ahora debe garantizar su funcionamiento.
“Sin este antecedente”, anticipa Valdés, “diría que cómo van a priorizar una fuerza pública sin antes hacerlo con las organizaciones sociales. Pero ahora que hay una asignación de frecuencias amplia y suficiente en los territorios, estos proyectos necesitan el fortalecimiento técnico a través de una política pública”, reitera.
Los apoyos del gobierno no se ven como el pago de una deuda histórica, explica la experta, sino como una posible pérdida de autonomía editorial de las organizaciones sociales o incluso como ejercicios de comunicación gobiernista. Pero no se trata de una competencia por el espectro. “Porque en el espectro caben todos”, asegura la representante ante la AMARC.
De hecho, la experta cree que entre más pluralismo mediático haya, más democracia se puede garantizar.
“Entiendo el debate nacional sobre ese tema, pero también hay una gran necesidad de informar sobre la gestión del Gobierno y poner un relato donde el Estado tenga la agenda de la ciudadanía y donde la ciudadanía también interpele a ese Gobierno que, hoy en día, tiene un liderazgo muy significativo en el Chocó”, dice Valdés.
La experta considera que lo importante es reconocer que las emisoras de la sociedad civil llevan años batallando por conseguir equipos, apoyos, por gestionar para cumplir con todo lo que exige el MinTIC, “y en ese sentido, sería mucho mejor que si el Estado va a invertir como prometió en diciembre, apoye a estas emisoras”.
Para Díaz Cañadas, en cambio, sería propicia y muy bien llegada la ayuda de la cooperación internacional, como sucedió con Colombia Estéreo. “Ojalá se mire hacia los medios de comunicación alternativos, que cumplen un rol informativo muy importante”, asegura.
"Las emisoras reciben apoyos gubernamentales sin ánimo de lucro pero con ánimo de quiebra".
Neliño Rentería Ramírez
La emisora de la Universidad de Chocó fue, de hecho, una donación que en su momento hizo el gobierno de los Países Bajos con la embajada holandesa y con apoyo de Radio Nederland, que apadrinó los primeros 10 años de funcionamiento, “pero la cooperación es asistencialista porque se va de los territorios cuando cumple un ciclo y allí vienen la dificultades en materia de sostenibilidad de estas empresas de comunicación”, dice el investigador.
El director de la emisora comunitaria Cocomacia Stereo, con alcance en cinco municipios del Chocó y tres de Antioquia, dice también que esta funciona gracias a la inversión extranjera. “Alabamos que Colombia Estéreo pueda lograr una cobertura significativa y lamentamos no tenerla. Contamos con 26 kilovatios y emitimos para una población significativa, que son los 124 consejos comunitarios afro. La cobertura es muy corta para que el mensaje llegue a las personas que están en los lugares más lejanos”, dice Neliño Rentería Ramírez.
Para el periodista es preocupante que el MinTIC todavía no garantice ese robustecimiento para las emisoras comunitarias. “Cocomacia Stereo es la voz de las comunidades, pero si no podemos hacer que llegue a ellas, la tarea no está hecha”, repara.
Rentería Ramírez cree, como el historiador Díaz Cañadas, que la cooperación extranjera juega un papel fundamental. “Cocomacia Stereo nace también con el apoyo de la inversión extranjera y con el mismo apoyo se sostiene. Pero hemos estado en riesgo de sostenimiento por las mismas limitaciones en el tema de la pauta para medios comunitarios”.
El apoyo público no es desinteresado, según dice Rentería. Las emisoras están en detrimento económico desde hace años y las comunitarias tienen a la comunidad como única fuente de sostenimiento, explica.
“Las emisoras reciben apoyos gubernamentales sin ánimo de lucro pero con ánimo de quiebra. Porque los medios comunitarios no tienen cómo cumplir con los requerimientos institucionales, ni el Estado ofrece una alternativa para garantizar la permanencia en el tiempo mediante una política pública sólida”, concluye el periodista.
Nunca ha existido en Colombia la voluntad política que ofrezca ambientes de financiación al pluralismo mediático. Esa es la conclusión de Valdés, para quien el ecosistema de medios diverso ha sido una gran conquista de los movimientos sociales. Por eso, dice, sin la Constitución del 91, cuando por legislación se asignaron espacios de participación, no se habría garantizado la libertad de prensa en Colombia.
“Pero sigue haciendo falta que se garantice la libertad de recursos y también entender que el escenario de la participación ciudadana abarca los medios pero no se restringe a estos; entonces no puede haber una buena apropiación sin un fortalecimiento de la relación de las organizaciones sociales con el Estado”, explica la experta.
En esta medida, el debate es mucho más amplio sobre qué pasa si se abre un nuevo medio de comunicación, según Valdés, porque aunque el derecho a emitir y recibir información es de toda la ciudadanía, “todavía hay que trasladar la pregunta a los medios comerciales, que se llevan la mayor parte de la tajada de la publicidad y de los fondos privados, inclusive de los públicos, ¿qué pasa con la ciudadanía para que la respeten, respeten a los territorios y le den un lugar a la palabra de la gente?”.
Uno de los grandes desafíos al trabajar con derechos humanos es la restauración, dice la escritora afrocolombiana Velia Vidal. Por eso, que la gente del Chocó lea, es importante.
“La literatura permite imaginar o reconocer que otros mundos son posibles”, anticipa la autora. “Nosotros no creemos que haya una única forma de desarrollo, una única forma de vida, un único tipo de oficios o una sola manera de cumplir los sueños; pero sí creemos en que cada ciudadano debe tener la autonomía y la posibilidad de imaginarse”.
Vidal está a cargo de la consolidación de la Fiesta de la Lectura y Escritura del Chocó - FLECHO desde sus inicios, en 2018, como precursora de la idea desde la dirección de la Corporación Educativa y Cultural Motete.
Hace siete años, cuando se realizó en Quibdó la primera edición, el entonces presidente prometió la creación de una biblioteca pública en cada municipio del Chocó, un territorio con necesidades básicas insatisfechas y un alto índice de analfabetismo (DANE).
Hoy, en cada cabecera municipal, hay al menos una casa adecuada para garantizar el acceso al conocimiento y a la información gracias a esfuerzos institucionales pero, principalmente, a la iniciativa ciudadana.
Y hay también un evento literario que celebra la lectura, la escritura, las artes y la cultura durante un mes entre su gente.
FLECHO rodó desde el 24 de febrero hasta el 28 de marzo de 2024. La primera semana inauguró una estación más en su ruta habitual: Turbo, zona del Urabá antioqueño. Y así, con el siguiente encuentro en Bahía Solano, el tercero en Istmina y, finalmente, en Quibdó, cerró su itinerancia con una participación estimada de 12.943 personas entre aprendices, asistentes a talleres, procesos de formación y charlas (sin tener en cuenta el personal contratado).
“Hay pescadoras y pescadores sin doctorado pero que son claramente expertos en la navegación del Pacífico Colombiano; que estuvieran ahí, hablando al mismo nivel, es lo que permite escucharnos para narrar nuestra propia experiencia”.
Velia Vidal, escritora y directora de FLECHO
El Chocó es riquísimo en recursos naturales pero víctima de la pobreza extrema a causa de una inversión ineficiente, un fenómeno asociado, según Velia Vidal, al racismo estructural.
“Históricamente hemos sido narrados no solamente por otros, hemos sido narrados a través de los estereotipos y reproducimos también, inconscientemente, mucho de eso”. En comunicación con Consonante, la autora destaca que ha sido fundamental otorgar una relevancia a las historias locales.
“No queríamos hacer un evento que se tratara de traer a ‘grandes voces’ a darnos lecciones, y ese fue nuestro punto de partida”.
Para la elaboración de la programación académica, que incluyó conversaciones acerca de la pesca, el mar y las embarcaciones, entre otras, tuvieron en cuenta su contexto. “Hay pescadoras y pescadores sin doctorado pero que son claramente expertos en la navegación del Pacífico Colombiano”, anticipa Vidal, “que estuvieran ahí, hablando al mismo nivel, es lo que permite escucharnos para narrar nuestra propia experiencia”.
Ana Zita Pérez Serna fue una de las invitadas. Una mujer nacida y criada en Bahía Solano y tecnóloga pesquera de la Universidad Tecnológica del Chocó, uno de los escenarios de FLECHO. Ahora es la presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Chocoano.
“Compartí el escenario con dos pescadores artesanales de la comunidad y con el escritor Antonio Jaramillo Arango, a quien no conocía, y fue interesante porque últimamente venimos hablando de rescatar prácticas ancestrales e integrarlas a nuevas tecnologías. Una canoita y el canalete siguen siendo lo que hemos desarrollado nosotros en el tiempo. Poder sacar a la luz conversaciones que han estado guardadas, es importante”, dice Ana Zita a Consonante.
Para la pescadora, son reservados los pocos espacios donde se puede dialogar para beneficio de las comunidades sobre las áreas marinas protegidas, la pesca del tiburón, la conservación del Pacíficio norte o la delimitación de nuevas áreas junto a las cuatro vigentes.
“Hay personas en el país y en estos territorios que desconocen esas áreas protegidas que, además, han sido solicitadas y tramitadas por las mismas comunidades para defensa de la pesca ilegal”, complementa la tecnóloga.
Se refiere al margen costero de La Zeta en los municipios de Bahía Solano y Juradó; al Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) en Nuquí; a Cabo Corrientes en el Golfo de Tribugá y en el municipio de Bajo Baudó al Encanto de los Manglares.
“FLECHO fue un escenario para hablar de la defensa de esos recursos, así como de la solicitud de proteger el área del Litoral, porque esos temas no se discuten en el resto del país”, dice la pescadora.
Así como tuvo lugar un diálogo sobre las tensiones territoriales entre la pesca ancestral e ilegal, también el referente a la minería artesanal e industrial.
“Es el segundo año en el que volvimos a habilitar el contraste entre la minería. Y de todos esos temas complejos como el del ordenamiento territorial o los derechos del Río Atrato, que tienen que estar en la agenda”, confirma la autora Vidal. “Porque son temas que están en la vida”.
Para 2025 proyectan trabajar alrededor de la Rana Roja o incluir charlas sobre aves, ya que el Chocó es una región rica en avifauna y óptima para su avistamiento. Así, FLECHO se imagina como un escenario donde las investigaciones ambientales del Pacífico sean tan relevantes como la literatura para comprender la relación con el entorno.
Estos eventos son una manera de reivindicar la dignidad, según la pescadora artesanal, porque intentan responder a preguntas que a casi nadie desvelan.
“Tantas cosas quedan atrapadas detrás de los enfrentamientos de grupos armados que no dejan los espacio siquiera para hablar de las necesidades básicas”.
Velia Vidal, escritora colombiana
“El norte del Chocó es de una sola abundancia y a pesar de que está lleno de tiburón, no es un animal de nuestra gastronomía: usted no lo ve en ningún plato nuestro... Por eso, contestar a la pregunta de por qué se está desapareciendo a nosotros sí nos interesa, y hacerla unidos, porque unidos hemos llamado al gobierno para que nos mire”, agrega Ana Zita Pérez.
La tecnóloga considera que la lectura, como la pesca, es un refugio para prevenir en niños y jóvenes la captura de grupos ilegales. “Ambas actividades enriquecen, en lugar de estar al garete”, dice.
Ella misma trabaja con la juventud de Bahía Solano buscando que las familias pesqueras encuentren la manera de vivir dignamente de este oficio. Promueve la pedagogía de las ciencias del mar para que niños y niñas tengan desde temprana edad herramientas de conservación, así como caminos de vocación temprana.
“La dignidad está presente de muchas formas”, advierte Christian Vásquez, el responsable de la programación. “Rubiela Cuesta es una lideresa social y una mujer dedicada a la minería artesanal que encontró en este oficio una manera de emanciparse del maltrato de género y de eso estuvo hablando en Istmina. O Bernardino Mosquera, en Quibdó, que hace parte del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato - COCOMACIA, y habló de la dignidad en el ejercicio de la defensa ambiental”, dice Vásquez a Consonante.
Otros dos espacios que vale la pena entender en la misma perspectiva, según el programador, fueron el del ekobio Neil Alfonso Quejada Mena, sacerdote de la Diócesis de Apartadó y de la Pastoral Afro Nacional, que ha vivido y trabajado en Turbo y tiene un reconocimiento por su gestión comunitaria y, en palabras de Vásquez, inauguró el evento con una cátedra tremenda sobre teoría decolonial, con un lenguaje accesible para cualquier asistente.
“Otra conversación que ocurrió en Turbo y es relevante a propósito de la dignidad fue la que tuvo que ver con etnoeducación, con Tomasa Medrano y Glenis Gómez”, dice Vásquez. Medrano es líder social y maestra en ciencias sociales con una trayectoria de investigación sobre el área y fue también directora de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí. Gómez ha coordinado el movimiento Cimarrón Nacional en la región de Urabá y el énfasis de su pedagogía defiende la reivindicación política de la etnia afro. Ambas son lideresas con trayectoria en el departamento.
Vidal, por su parte, está de acuerdo con que la dignidad debe ser un principio en todo lo que hagan. “Este año el tema de convocatoria fue ‘Dignificar la vida, la escuela y los maestros’, porque particularmente en el Chocó lo merece su labor y que cuenten con espacios seguros y cómodos de formación, espacios que estén a la altura de lo que hacen por la gente”.
También fue un encuentro para destacar el liderazgo en otros ámbitos, no solo académicos. Según la directora de Motete, no podían pasar por alto a líderes sociales o hablar del valor de la vida, si están en un lugar con el índice de confinamiento más alto del planeta. “Tantas cosas quedan atrapadas detrás de los enfrentamientos de grupos armados que no dejan los espacio siquiera para hablar de las necesidades básicas”.
Esta fiesta literaria costó, aproximadamente, 600 millones de pesos y fue concertada con el Ministerio de Culturas, que por primera vez otorgó recursos extra, y con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, a través del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad (PNLEO). Además de incentivos públicos, contó con el patrocinio de organizaciones privadas y de la perseverancia de voluntarias y voluntarios en el tiempo.
“Hace siete años no había en el departamento eventos del libro de alto impacto; había una organización haciendo promoción de lectura con ejercicios tímidos y sin apoyo de la institucionalidad”, dice a Consonante la escritora Vidal, para quien el aporte revelación de esta edición viene de ambos sectores: el público y el privado.
Según sus organizadores, se buscó priorizar en el pago a los proveedores, animadores y promotores de lectura locales con todas las condiciones de legalidad. Esto enfrentado a algo que muchas veces es aparentemente simple; en Chocó el principal método de empleo funciona bajo la informalidad. Por eso, todos los convenios establecidos con la ciudadanía e instituciones municipales buscaron promover el cambio cultural de las condiciones contractuales habituales.
De hecho, una de las gestiones de las que más orgullosa se siente la directora de la Corporación Motete tiene que ver con el recaudo obtenido de las organizaciones privadas. Aún reconociendo esto, dice también que ese ejercicio está cundido de un ánimo casi misericordioso.
“Muchas instituciones creen que nos están haciendo un favor y esa mirada, desde la lógica de la caridad, ha llevado a que se basten con cualquier cosa; no importa el tipo de refrigerio, no importan las condiciones técnicas destinadas para lugares remotos. Entonces terminamos ofertando servicios y programas con condiciones inadecuadas no solamente en el Chocó, sino en casi todos los territorios que no sean capitales. Nosotros lo hicimos diferente y seguiremos defendiendo nuestra dignidad”, concluye la escritora y gestora chocoana.
Fonseca es un territorio principalmente agrícola en el que incursionar en proyectos que potencien las cosechas, como los de apicultura, tiene mucho sentido. Sin embargo, esta es una práctica poco común que no cuenta con el apoyo suficiente, lo que hace muy difícil emprender un apiario.
A 14 kilómetros del casco urbano, en el corregimiento de Conejo, existen tres iniciativas de apiarios que, entre otras, fertilizan y estimulan los cultivos mediante la polinización: Colmenas del Perijá, Abejas del Perijá y el Jornalero.
El primero es un emprendimiento apícola ubicado en la vereda las Marimondas de la Serranía del Perijá que trabaja, como todas, con un doble propósito: mejorar los cultivos y el aprovechamiento de la miel. Este emprendimiento es el más grande y cuenta con 47 colmenas de abejas africanizadas que han venido desplegando por toda la montaña, entre la parte baja y alta de la zona.
La idea de este apiario surgió cuando Carlos Osorio, excombatiente y campesino de la localidad, pensó en incrementar la producción de los cultivos de café de su finca y, a medida que la colmena creciera, beneficiara a toda su vereda.
“El proyecto apícola fue una idea individual que tuve por el tema del mejoramiento de la cosecha de café y, escuchando que las abejas eran las responsables de polinizar, supe que la diferencia de producción de un cultivo con abejas es de casi un 30% mayor que sin abejas. Fue ahí cuando arranqué con la iniciativa de invertir en abejas para mejorar la producción en la finca”, dijo Osorio a Consonante.
Su apiario lleva funcionando poco más de dos años y, al principio, solo tenía las abejas en su finca. A medida que fue obteniendo más colmenas y no contaba con suficiente terreno, las fue desplegando por la vereda para captar la acción de polinización por clasificación de los cultivos y según las diferentes temperaturas de la montaña.
“Las colmenas las tenemos divididas desde la parte alta de la montaña, a más de 1200 metros de altura por el tema del café, y en la parte media, para el tema de los cultivos de maíz y otros, para captar así la polinización. Tenemos la otra parte en la tierra más caliente, a 100 a 120 MSNM para el resto de cultivos”, agregó el campesino.
El segundo proyecto apícola, Abejas del Perijá, nació de la idea de trabajar con un Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR), a partir de un proyecto financiado por el Programa Mundial de Alimento (PMA) dirigido a las Juntas de Acción Comunal JAC de las veredas de Conejo.
Estos emprendimientos han generado nuevos aprendizajes en la zona sobre la importancia de las abejas en el medio ambiente y, asimismo, han generado empleos en el territorio, sobre todo para jóvenes que se han interesado en el área, según corroboró Osorio a Consonante. “Hay cuatro aprendices que nos acompañan y, sin embargo, cada vez que hay trabajo de exprimir miel pues se le paga sus días de trabajo”.
“Desafortunadamente en el departamento la apicultura es incipiente y en algunos municipios inexistente”.
Germán Sánchez, responsable de fauna silvestre en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA)
Uno de esos jóvenes ha encontrado en la apicultura una oportunidad de emprender, Miguel Ángel Navarro, habitante de la vereda Lourdes, que comenzó con la tercera iniciativa apícola desde hace 5 meses y que surgió después de ser aprendiz en el apiario de Carlos Osorio. “En Pueblo Paz estuve de aprendiz en el proyecto de los excombatientes y fue donde tuve la oportunidad de trabajar como gestor apícola por ocho meses y donde me volví más práctico hasta que decidí montar mi propio apiario”.
Este último apiario es un pequeño emprendimiento familiar que cuenta solo con 12 colmenas pero, como todas las iniciativas, tiene la esperanza de seguir creciendo en la región. La miel que produce es conocida como El Jornalero.
A pesar de que estas iniciativas llevan un tiempo funcionando y se les reconoce con el nombre de la miel que obtienen y comercializan, aún no se encuentran registradas legalmente. Siguen siendo los promotores de apicultura quienes, aunque carecen de implementos necesarios para el correcto funcionamiento de un apiario, quisieran más fortalecimiento en sus emprendimientos.
Germán Sánchez, responsable de fauna silvestre en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) resaltó la importancia de estas iniciativas en territorios donde poco se sabe sobre prácticas de enjambres. “Desafortunadamente en el departamento la apicultura es incipiente y en algunos municipios inexistente. Entonces son muy importantes los proyectos apícolas particulares, pues generan empleos y promueven servicios ecosistémicos”, dijo.
Dentro de los aspectos en común de los tres emprendimientos está el escaso apoyo de la institucionalidad. Para Ángel Navarro, que apenas está comenzando su apiario, conseguir los materiales para organizar las colmenas es muy difícil. “La cera, los marcos y otras cosas, uno no los encuentra en el municipio sino que tiene que encargarse de lejos y por eso todo sale más caro”, dijo. Esto ha dificultado el trabajo sobre todo de quienes quieren empezar.
"Falta mayor interés de las entidades y de las instituciones para generar más apoyos económicos en logística y difusión".
Albeiro Muñoz, apicultor profesional
No tener la materia prima necesaria para trabajar también ha limitado el crecimiento de la actividad productiva de los apiarios evitando que estos emprendimientos tengan un desarrollo sostenible en el territorio. Además, aún no tienen cómo sostener el costo de la unidad productiva de miel.
Albeiro Muñoz, profesional en el área de la apicultura que apoya las iniciativas más grandes en el territorio, explicó que los retos tienen que ver con generar una sensibilización sobre la importancia de las abejas para la producción agropecuaria, como también para el sostenimiento y equilibrio de los ecosistemas nativos de los territorios. Conducir a que las personas sepan que es una línea productiva que se tiene que armonizar con el resto de explotaciones agropecuarias, pues esta genera un doble beneficio, es urgente.
Además, Muñoz lamentó que en el territorio estas actividades no tengan más relevancia. “Falta mayor interés de las entidades y de las instituciones para generar más apoyos económicos en logística y difusión para que estas iniciativas se sigan desarrollando, pues esta actividad puede relacionarse perfectamente con el resto de las diferentes áreas de producción que se dan en el territorio”, declaró.
Mientras tanto, apiarios como el de Carlos Osorio siguen trabajando con recursos propios, de una manera casi anónima y con escaso acompañamiento. Sus prácticas empíricas siguen aportando al medio ambiente con capturas de colmenas en peligro de ser exterminadas. “Es un sistema casi aprendido en la cotidianidad que hacemos cuando sabemos que quieren quitar las colmenas silvestres para hacer algún trabajo y, si no las capturamos, las terminan matando”, comentó.
Colombia, de hecho, tiene tanto potencial para crecer con abejas que existe una ley que ampara la actividad apícola. El experto en el área de la Universidad Nacional de Colombia (GAUN), Giovanny Andrés Vargas, dijo a Consonante que “la Ley de fomento y desarrollo de la apicultura, establecida el 6 de enero del 2022, con la que se empezarían a regular todas las actividades que estén inmersas, aún no cuenta con reglamentación”, expresó.
La actividad de apicultura lleva más de 20 años en el país, según el especialista, y aún no se ha podido hacer una buena implementación en los territorios. “Todavía no hemos podido aterrizar, tampoco en el tema de organización y agremiación para que todos podamos salir adelante”. Por eso, ahora mismo avanzan en una solicitud desde los diferentes eslabones de la práctica apícola para exigir la reglamentación de la Ley.
De reglamentarse, por ejemplo, habría cuidado cuando debido a incendios o talas, los enjambres de abejas situados en fincas, viviendas y hasta colegios de la zona rural, como del casco urbano de Fonseca, se dispersen. Por no saber a quién acudir para el control de insectos, las personas queman o envenenan directamente a las abejas. En esos casos, han sido los apicultores rurales quienes evitan el daño al ecosistema y a la ciudadanía.
Nota: si ha visto un panal cerca que cree que pone en riesgo a la comunidad, comuníquese a los números de los apicultores rurales:
Ángel Navarro (+57 321 8853728) | Carlos Osorio (+57 350 6514112).
El celular de Anairis Loperena notificó varias llamadas perdidas cuando se acercó a una antena con señal en la noche del 26 de diciembre. El número registrado era de Edilma Loperena, la coordinadora de la Comisión de Mujeres Wiwa, a quien buscaba la Guardia Indígena del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco en El Barcino, a diez horas en mula desde el corregimiento La Junta de San Juan del Cesar hasta la Sierra Nevada de Santa Marta.
La integrante de la Comisión de Mujeres Wiwa, al comunicarse de vuelta desde El Encanto, Magdalena, escuchó a Edilma Loperena decir que subirían las dos al Resguardo. Llegaron la noche del 28 de diciembre, cuando la comunidad se disponía a sepultar el cuerpo de una niña vendada con una hamaca en una fosa natural.
La más conmocionada después de la población del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco pareció ser la de Atshintujkua, la capital indígena entre los departamentos del Magdalena, Cesar y Bolívar, donde se asienta el pueblo Wiwa.
“Él y su pareja llevaban aproximadamente tres meses de estar viviendo juntos y tenían problemas”, cuenta Anairis Loperena, quien llegó también junto a José Malo y Consuelo Carrascal, otra integrante de la Comisión que comprende trabajo articulado entre la Organización Wiwa Golkushe Tayrona (OWGT), la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) y la Organización de Campo Alegre.
“Esa noche, cuando lo vieron llegar en semejante estado de alicoramiento, las mujeres escondieron a su pareja para que no la maltratara porque había indicios. Pero él se fue a buscarla a su casa”, complementa la líder.
Las hermanas de la niña fueron testigos del feminicidio. Por entre los matorrales vieron sigilosamente todo lo que más tarde contarían a las autoridades. “Lo comenzaron a seguir desde que la sacó de la vivienda por la fuerza, haciendo el recorrido por donde la arrastró”, dice Loperena.
Las comisionadas pidieron llevarse el cuerpo de la niña porque querían saber si también tenía rastros de violencia sexual. Por eso, hablaron con la autoridad espiritual y el comisionado de derechos humanos y acordaron bajarlo hasta Medicina Legal. “Pese a que el día anterior pedimos apoyo a la Fiscalía y a la Policía para que se ocuparan del levantamiento de cadáver”, agrega Loperena.
Desde la vocería de la Comisión hablaron con contundencia para que las autoridades entendieran que este caso no cabía en la justicia especial indígena, como asegura Loperena. Así, el primer interesado en cooperar fue el padre del joven, quien lo entregó a la justicia ordinaria por temor a las represalias de su pueblo.
Yony Loperena está siendo procesado por feminicidio, una condena que, sin rebajas, sería aproximadamente de 20 años de cárcel.
Su padre lo entregó a la Guardia del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco por temor a lo que hiciera la comunidad. La más conmocionada después de esta pareció ser Atshintujkua, la capital indígena entre los departamentos del Magdalena, Cesar y Bolívar, donde se asienta el pueblo Wiwa.
En Atshintujkua lo recibió la Fiscalía y la Policía, junto a la Comisión de Mujeres y junto al cuerpo inerte de la niña y de allí hasta el casco urbano del sur de la Guajira. En el descenso, Edilma se fracturó dos costillas; Ana se lesionó una pierna y a Consuelo casi la tira una mula por un abismo. Según Loperena, no se le dijo a nadie que el joven era el responsable del feminicidio porque había gente demasiado brava que, en sus palabras, quería matarlo.
“En la Ley de Origen no están estipulados asesinatos, feminicidios ni violaciones porque nosotros profesamos paz y somos pacíficos”.
Edilma Loperena Plata, coordinadora Comisión de Mujeres Wiwa
La misma sed de reprensión hubo en San Juan del Cesar, donde las mujeres querían hacerse cargo. “Ellas sí sabían que nosotros íbamos a traer al joven, entonces se puso pero bien caliente”, agrega la comisionada. “Cuando llegamos con el capturado a la estación de policía, hubo mujeres que trataron de quitarnos al muchacho para hacer justicia por sus propias manos”.
Este caso es excepcional, según Pedro Manuel Loperena, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT). En su criterio, debió quedarse en la jurisdicción especial indígena aunque reconoce que no cuentan con las estructuras de juzgamiento necesarias. “Se requiere revisar cómo se juzgan estos actos dentro del pueblo Wiwa, para entender cuándo las autoridades deciden que no se puede administrar su propia justicia, y qué se lleva a las autoridades no indígenas para que apliquen las respectivas acciones de ley”.
Lo que ocurre dentro de las comunidades son de resorte propio de las autoridades tradicionales indígenas, reitera Pedro Manuel Loperena, por eso, son estas las que deciden qué es lo que pasa a la justicia ordinaria. Pero según explica el comisionado de derechos humanos en este caso no hubo consenso. Hubo un reconocimiento de que existe el machismo y prevalece la violencia asociada al consumo de licor, algo que no han podido contener por su cuenta hasta ahora.
“Por ejemplo un caso como el enfrentamiento por tierra con un campesino o un colono, hay veces que se ha tomado cartas en el asunto y hemos puesto el conocimiento eso tanto de las autoridades indígenas como las autoridades no indígenas. Pero otras veces, no se hace ni de un lado ni del otro”, asegura Pedro Manuel Loperena.
Edilma Loperena, coordinadora de mujeres del pueblo Wiwa, explica que es importante que este delito haya salido de su comunidad porque, en sus palabras, marca un precedente y hace notar algo que no está en su ley de origen. “No están estipulados asesinatos, feminicidios ni violaciones porque nosotros profesamos paz y somos pacíficos”, anticipa.
Según ella, quien estuvo con Anairis en El Barcino, las autoridades tradicionales dijeron que no tenían cómo sostener al joven que asesinó a la niña, “porque este delito no estaba dentro de su poder de juzgamiento ni hay garantías para que esa persona pague dentro del territorio lo que tiene que pagar”, explica Edilma Loperena.
La coordinadora de la Comisión de Mujeres asegura que dentro del territorio esas leyes no están claras para poder hacer un tipo de juzgamiento especial. “Y lo que queda es mucha impunidad así como niñas y familias revictimizadas, porque se tienen que encontrar con el agresor y tienen que compartir espacios con ellos”. Para ella, sí hace falta fortalecer su justicia interna y aplicarla en todo el sentido de la palabra en actos de violencia contra la mujer. “Nosotros no estamos en contra de la justicia propia sino pidiendo que se cumpla”, concluye.
Para tener una cifra exacta de casos de violencia contra la mujer y contra niños y niñas, la Comisión de Mujeres Wiwa necesita compilar el registro hecho por cada organización que, a su vez, atiende a diferentes comunidades.
El número de casos está diseminado. La Comisión atiende a 37 comunidades de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYVT); 12 comunidades de la Organización Golkushe Tayrona (OWGW) y nueve del lado de Campo Alegre. De esta manera, se requiere que cada una de las organizaciones tenga un juicioso registro en el tiempo de las casi 60 comunidades que se asientan entre los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena.
También se requiere trabajar de manera articulada con las instituciones que tienen incidencia en estos temas, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF que, según Anairis Loperena, presenta muchas falencias para prevenir y acompañar.
“Nosotras llevamos los casos de nuestras comunidades al ICBF y no prestan la atención necesaria a nuestras víctimas”. Además de ese racismo estructural, dice la comisionada, sus hogares se han vuelto centros de restablecimiento de derechos, incluso para recibir niñas y mujeres que han sido violadas. Por eso piden como mínimo tres salas del Instituto que se puedan adecuar para atención a población indígena.
Según un funcionario del ICBF consultado por Consonante, la poca atención prestada responde al cumplimiento de la Ley 2126 que dicta disposiciones a las Comisarías de Familia de facilitar, ampliar y garantizar el acceso a la justicia por medio de la atención especializada e interdisciplinaria, así como para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar.
La comisaria de familia seccional Mildred Yulitza Manjarrés dijo a Consonante que no tenía conocimiento sobre este caso y que era más probable que la policía municipal estuviera al tanto.
Para las mujeres que descendieron con el cuerpo de la niña, el papel de la policía desde Atshintujkua hasta San Juan del Cesar fue salvaguardar la vida del asesino, “porque era obvio que lo iban a matar; él mató a una niña indefensa”, dice Edilma Loperena.
Hay unos valores, sin embargo, que el Estado no va a poder inculcar como el de volver a sentir amor, eso concluye Pedro Manuel desde la Comisión de DDHH. “Eso hace falta ahora y será competencia de las autoridades indígenas, de los abuelos, sabios y sabias: enseñar a querer, que ha sido algo natural”.
Pedro Manuel Loperena, comisionado de DDHH de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).
Pese a que dentro de la adopción de medidas para la protección a mujeres está el auto 092 de 2008, emitido por la Corte Constitucional, y en este se apoyaron las del pueblo Wiwa para hacer pedagogía en contra de la violencia hacia las mujeres, la comisionada Anairis Loperena cree que es insuficiente para garantizar lo que las comunidades llaman ‘el buen vivir’.
Para las y los afrodescendientes del pacífico colombiano, así como para los pueblos indígenas, el concepto del ‘buen vivir’ implica imaginar otras formas de convivencia política que impliquen el respeto por los ecosistemas y los territorios ancestrales y que promuevan la dignidad de las comunidades para que un futuro plural tenga cabida.
La Comisión de Mujeres Wiwa viene trabajando en la instalación de una ruta de atención que funcione de la misma manera en todos los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Porque muchas veces cuando suceden estas cosas en el pueblo Arhuaco, esa persona que comete un delito viene para el pueblo Wiwa y viceversa. Lo mismo pasa con el pueblo Wiwa, que se va para el pueblo Kankuamo. Por eso estamos trabajando en una sola ruta en cabeza del Cabildo”, concluye Anairis Loperena.
Hoy admiten desde la Comisión que aun con la ausencia de cifras es posible decir que la violencia contra la niñez alcanzó los mismos índices de la violencia contra la mujer e insisten, Anairis y Edilma Loperena, en que el pueblo Wiwa necesita generar conversaciones importantes al interior.
Por su parte, el comisionado de derechos humanos reconoce la importancia de revisarse hacia dentro pero añade que hay unos valores que el Estado no va a poder inculcar como el de volver a sentir amor. “Eso hace falta ahora y será competencia de sabios y sabias: volver a enseñar a querer, que ha sido algo natural”.
La vereda Guaduas conecta al Chocó con el suroeste de Antioquia y Risaralda, además algunas de sus trochas conducen al departamento de Caldas. Este ha sido un punto estratégico altamente afectado por el conflicto armado entre 1996 y 2008 (en el año 1998 se recrudeció por acciones por parte del Ejército Revolucionario Guevarista y grupos paramilitares, y la vereda quedó desolada).
Ha sido un lugar en el que sus pobladores han sido víctimas de desplazamientos forzados masivos, despojo y abandono, lo que se tradujo en ausencia de políticas sociales del Estado y en deterioro de la infraestructura comunitaria. Por eso, entre las necesidades de la gente, siempre ha estado una vía de acceso.
Las familias que han retornado a la vereda, sin ningún acompañamiento, emprendieron la misión de seguir exigiendo las condiciones adecuadas que permitan no solo su movilidad, también la de su producción agropecuaria y forestal y, con ello, avanzar en propuestas de turismo comunitario y en el repoblamiento de lo rural.
María Fernanda Vélez, lideresa de Guaduas y delegada de la Junta de Acción Comunal (JAC) ante Asocomunal, cuenta que una de las problemáticas que les motivó a luchar por mejorar su vía de acceso fue la dificultad para sacar sus productos para la venta: “una vez, en la vuelta del muñeco, el carro de don Héctor se quedó sin frenos y casi nos matamos con el cargado. Además hemos perdido negocios porque los carros grandes de las empresas no entran a la vereda por las malas condiciones de la vía y algunos puntos muy estrechos”.
La lideresa explica que el proceso comenzó desde el periodo 2014 - 2018 cuando Liliana Montoya era presidenta de la JAC. Con el apoyo de Agroecotur —la asociación agropecuaria y turística, creada a través del proceso de reparación colectiva y acompañado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)—, radicaron un oficio en nueve instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Transporte.
Las respuestas a dicha petición corroboraron que la vía era y sigue siendo responsabilidad de INVIAS y que, por tanto, la Administración Municipal debe informar a la comunidad sobre su comisión y la posibilidad de cofinanciar las obras. Pero esa socialización es escasa.
Dice Marcela Sánchez, exsecretaria de Agroecotur y una de las coordinadoras de la plataforma del campesinado, que la motivación para que la comunidad contactara directamente a INVÍAS nació por un episodio crítico: “las quebradas La Cristalina y La Babosa presentaban muchos problemas más o menos desde 2019. Un día se crecieron, hubo varios accidentes de personas en motos, los carros no pasaban, hubo derrumbes y hasta una avalancha”.
Como resultado de ese primer oficio, y ante la constante presión de la comunidad para que la Alcaldía cumpliera su papel, se reunieron por primera vez INVÍAS, Planeación Municipal y delegados de la vereda. En esa ocasión, el ingeniero Janier Salas manifestó que a pesar de que la carretera contaba con 26 kilómetros en total —desde el puente de Los Sánchez—, solo se había contratado 15 kilómetros con INVÍAS.
Aunque la comunidad de Guaduas logró exponer los puntos críticos, según información de María Fernanda Vélez, ni INVÍAS ni la Administración Municipal levantaron un acta oficial de esa reunión. En su lugar, la Junta de Acción Comunal levantó el documento a mano alzada pero sin la firma de los funcionarios.
“Ese día tanto los presentes de la Alcaldía como el ingeniero de INVÍAS iban sin un solo papel en qué anotar. Únicamente tomaron algunas fotos y si la JAC no insiste en la construcción del acta, no hubiera quedado evidencia alguna de la visita, porque después tampoco entregaron nada”, dice a Consonante María Fernanda Vélez y agrega que este tipo de acciones generan desconfianza hacia el Estado, además de esperar su inoperancia a la hora de brindar soluciones reales a las comunidades.
En 2021 la comunidad sostuvo otra reunión con la Alcaldía, algunos miembros del Concejo y la Gobernación en Quibdó. Esta tuvo el propósito de avanzar en la obtención de recursos para la adecuación de la vía, exponer los pocos avances de INVÍAS y radicar un oficio más en el que se solicitó a la Gobernación la adecuación del tractor de la comunidad, con el propósito de que la JAC y la asociación hicieran los arreglos de cunetas y otras adecuaciones. De esta solicitud hubo respuesta oficial en la que indicaron que no son responsables de brindar esa atención.
Durante la presidencia de Ángel José Rentería en la JAC y con el apoyo de Agroecotur la comunidad logró que fueran destinados unos recursos que serían operados por la Organización Alianza para el Clima. Esta, junto a la Alcaldía y sumado al trabajo colectivo, cooperó a construir el puente en la Quebrada de La Cristalina, uno de los puntos más complejos de la vía y el que permite el acceso al centro poblado de la comunidad. Además, recibieron la donación de un puente metálico que antes estaba en la vereda La Arboleda.
En este mismo año INVÍAS realizó una nueva visita: “La hizo Janier Salas, en donde elaboró los documentos de planeación de lo que sería toda la intervención de la carretera y, después de la visita, envió los documentos a la JAC”, indica Marcela Sánchez.
En el año 2022 la comunidad hizo una movilización sobre el puente de Los Sánchez, durante tres días, después de un derrumbe que dejó incomunicada a la comunidad durante dos semanas. Días después, el INVÍAS realizó una nueva visita que generó expectativas positivas en la comunidad.
Para la lideresa Marcela Sánchez lo que detonó el primer plantón fue el desastre natural por el sector de La Leona sumado al silencio institucional. “Llevábamos dos semanas y no había solución porque la Alcaldía decía que la mina iba a prestar una máquina de oruga, pero que no tenían cómo moverla. El consorcio que estaba tenía cama baja para moverla pero diariamente decía que no la tenían disponible hasta que, a lo último, tomamos la decisión de salir a un plantón”, dice Sánchez. “Ahí fue donde logramos que INVÍAS se comunicara vía telefónica y, después de que levantamos el plantón, a la semana siguiente INVÍAS hizo otra visita en la que pensamos que iba a intervenir”, agrega.
El 20 de septiembre del mismo año la Secretaría de Planeación Departamental ofició a INVIAS solicitando la inclusión de los 25 kilómetros de la vía de Guaduas en el programa de actualización de los planes viales propuestos por el Ministerio de Transporte.
Sin embargo, en la última visita realizada por INVÍAS, el 25 de enero de 2024, nuevamente necesitaba revisar los puntos a intervenir e indicó que solo reconoce 15.5 kilómetros en su red vial.
El segundo plantón llegó en mayo de 2023, en el mismo punto, pero esta vez reclamando la intervención con obras como box culvert (una estructura subterránea de concreto que permite la canalización y el paso de agua de lluvia o de ríos pequeños por debajo de vías de tráfico, carreteras o cualquier otra superficie) y algunos muros de contención en puntos críticos, teniendo en cuenta que el tema de los puentes se había logrado subsanar.
Ese mes la comunidad recibió el certificado de disponibilidad presupuestal de 1.500 millones, además de recursos para la intervención y la interventoría. Fue informada, también, de que el convenio debía salir a licitación para encontrar el contratista.
Solo hasta el 24 de enero de 2024 INVÍAS se comunicó con Asocomunal para informar que realizaría una visita con el propósito de dar inicio al convenio. Esa visita ocurrió al día siguiente, el 25 de enero, con el acompañamiento del presidente de la JAC y un maestro de obra para verificar nuevamente los puntos críticos de intervención.
A pesar de que el ingeniero dijo a la comunidad que podía hacer una priorización sobre cuáles eran los puntos donde se debía intervenir primero, a través de un listado, aún no se tiene claridad acerca de los alcances del convenio y la comunidad envió un oficio a la Dirección Territorial de Chocó indicando los puntos que INVÍAS no destacó.
La comunidad de Guaduas también afirmó que no está de acuerdo con la construcción de placa huella por los altos costos y a través de un comunicado expresó su preocupación: “Nos permitimos dirigirnos a ustedes con el fin de hacer respetar la voluntad de la comunidad, manifestada en reunión el día sábado 3 del presente mes, donde se llegó al acuerdo: debido a que la comunidad ya construyó los puentes, el dinero que invias tenía para estos debe ser utilizado en las obras de drenaje y box culvert. Solo aceptaremos las obras que la comunidad le exigió a INVÍAS para que sean ejecutadas. Rechazamos rotundamente que nuestro dinero sea utilizado en placas huellas”.
El 3 de febrero de 2024 la JAC de Guaduas se reunió para llegar a acuerdos de revisión en la intervención y se acordó inscribir la veeduría ciudadana con cinco miembros de la comunidad en la personería municipal. El 5 de febrero tuvo lugar una reunión con el alcalde Jaime Arturo Herreray el 10 de febrero acordaron que las obras iniciarán en la parte más alejada de la vía de acceso inmediata. La comunidad espera que así sea.
El personero es el funcionario público que vela por la protección de los derechos de una comunidad y vigila a la administración local. Es, también, quien debe promover la transparencia de la ejecución del presupuesto público y la creación de las veedurías ciudadanas. Su elección es una tarea del Concejo municipal y debe hacerse de forma pública a través de un concurso en el que, se supone, debe ganar el mejor calificado.
El proceso comienza a partir de una convocatoria en la que se presentan universidades de todo país. La institución que cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley es la contratada para realizar el concurso de méritos. De ese concurso, se elige una terna sobre la que el Concejo decide quién será el personero.
A más tardar el 10 de enero del mismo año en el que empiezan los períodos de Concejo y Alcaldía tiene lugar ese mecanismo pero en San Juan del Cesar hay irregularidades.
En 2023, el entonces presidente del Concejo, Eduardo Mendoza, firmó un contrato con vigencia de cinco meses por un monto de 4,2 millones de pesos con Orlando Gregorio Seoanes, representante legal de la Universidad Popular del Cesar (UPC) y quien se desempeñó como vicerrector administrativo de esa institución.
El cronograma propuesto por la universidad, que iba desde el 17 de julio hasta el 10 de enero, estaba marchando y los avances eran públicos en la página web del Concejo. Pero, el 23 de diciembre, el contrato fue revocado por medio de la resolución 077.
Según el exconcejal Leonardo Gamez, la UPC se declaró impedida. “El proceso se cae, la mesa directiva del Concejo nos notifica que la universidad, en cierto punto, se declara impedida por problemas internos. Es por esto que el Concejo da por terminado de manera bilateral el contrato que se había realizado”.
Según un reportaje de Caracol Radio que retrata lo sucedido en el municipio de Corozal, Sucre, el vicerrector Orlando Gregorio Seoanes firmó contratos con más de 30 municipios para apoyar el proceso de escogencia de personeros sin contar con la autorización del rector, Rober Romero Ramírez.
En un comunicado del 9 de enero de 2024, la universidad asegura que no ha autorizado la ejecución de contratos ni convenios relacionados con el concurso público de méritos para la selección de personeros. “Por lo tanto, no se validará ningún proceso que se haya adelantado utilizando el nombre de la Universidad Popular del Cesar”, dice la publicación formalmente.
Aunque desde Consonante intentamos comunicarnos con el rector de la universidad, Romero Ramirez, para conocer más detalles sobre este caso, al momento de publicar la historia no contestó llamadas ni mensajes.
El exconcejal Gámez, por su parte, asegura que no hubo pérdida de dinero público (detrimento patrimonial) porque no hubo anticipos y el cobro total del dinero estaba pactado para girarse cuando finalizara el proceso.
Al Concejo entrante le corresponde iniciar de nuevo el proceso de elección. Lo está haciendo mediante una resolución emitida el 19 de enero con la que invita a las universidades e instituciones de educación superior, públicas o privadas, y a entidades especializadas en procesos de selección laboral, a presentar propuesta para el concurso de méritos de escogencia del personero.
Pese a que el cronograma de la resolución indica que desde el 22 de enero se publicó la invitación y que a partir del 8 de febrero se daría a conocer la entidad a la que se le adjudicaba; no ha sido así. El cronograma ha empezado a correrse. Por ejemplo, la adjudicación del contrato quedó para el 12 de febrero porque la mesa directiva del Concejo argumentó que, por “fuerza mayor”, tuvo retrasos
Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia, explicó que ese proceso puede tardar entre dos y cuatro meses: “Como es un concurso abierto, se pueden presentar muchos candidatos. Hay municipios en los que hay hasta 700 aspirantes, y luego viene el proceso de impugnaciones y revisiones. Por bien que les vaya, son dos meses”.
La actual personera va hasta el último día del mes de febrero. A partir de entonces, al Concejo le corresponde nombrar un personero encargado porque la Personería no se puede quedar sin el funcionario que la encabeza.
El Concejo ha dicho que la única institución que se postuló a la convocatoria fue el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) de La Guajira. Aunque el proceso de elegir personero se ha planteado como un concurso de méritos en el que las instituciones de educación superior tienen un papel importante, sigue siendo un proceso que tiene los ojos encima y que, en ocasiones, es cuestionado.
“Se supone que se trata de un concurso de méritos para que sea un proceso más transparente pero, muchas veces, quien termina elegido es el candidato cercano al alcalde, el que le conviene o por el que hizo lobby y le interesa que no le pise los talones en su gestión”, dice Zuluaga a consonante, refiriéndose a que el control disciplinario o la vigilancia del funcionario sea más suave con el alcalde de turno.
Zuluaga agrega que los cuestionamientos son de lado y lado. Por ejemplo, dice que hay Concejos que ponen requisitos amañados para beneficiar a determinado candidato, así como universidades que también juegan en esos espacios políticos.
“Las universidades tienen cierto margen de maniobra para calificar, entonces, lo que hacen algunas, es que entran en contacto con el político que está manejando el proceso y quitan, suman o asignan determinados puntajes o no validan ciertas credenciales para beneficiar o perjudicar a un aspirante. Eso lo hacen, por ejemplo, a cambio de dinero”, explica.
Por eso la elección del personero es un proceso largo y lleno de suspicacias que, al menos en San Juan, inquieta a la ciudadanía.
A inicios de febrero empleados del Hospital San Agustín de Fonseca protestaron frente a la sede del Banco de Bogotá para exigir respuestas sobre las cuentas del centro de salud. La movilización fue la respuesta de los trabajadores al retraso del pago del salario del mes de diciembre.
Este es un capítulo más de la confrontación por el liderazgo del hospital entre el asignado por la alcaldía anterior y el nombramiento del actual alcalde, Micher Pérez. La disputa ha generado preocupación entre los empleados de la entidad frente a sus salarios, contratos y la sostenibilidad financiera del hospital.
“Soy madre cabeza de hogar y no he podido matricular a mi hija en el colegio — dijo Eyelis Barrera, una de las enfermeras que protestaba frente al banco —. No es sólo la matrícula, hay que comprar listas, uniforme, zapatos. Las neveras de las casas están vacías y varios no tenemos ni para pagar la seguridad social”.
La enfermera asegura que junto con sus compañeros han exigido respuestas para saber qué pasa con el pago de sus salarios porque, hasta el momento, no entienden si las cuentas están bloqueadas o no, y quién fue el responsable de esto. “Pero todo el mundo se lava las manos”, agrega.
Al retraso de los pagos de los salarios y a la inestabilidad que genera la pelea por la gerencia se suma la renuncia de cuatro de los ocho médicos de urgencia. La noticia llevó a especulaciones sobre una posible crisis que, aunque parece cercana, aún no se materializa en falta de insumos ni en la interrupción del servicio de salud.
Consonante visitó la entidad y habló con personal asistencial y administrativo.
La coordinadora del área de Urgencias, Arlettis Gómez, asegura que de los cuatro médicos que renunciaron lograron convencer a dos para que, en sus palabras, continúen en la batalla por unos días. “En ningún momento ha faltado la atención. Incluso, cuando el hospital sólo contaba con cuatro médicos para esta área, el servicio fue continúo”, anticipa.
Consonante visitó el área y constató que el servicio se estaba prestando con un sólo médico, cuando normalmente hay dos. Debido a esto, el tiempo de espera entre los pacientes que requieren atención ha incrementado. Para los ocho que estaban en sala, la espera fue de entre 15 y 20 minutos. Aunque funcionó con normalidad, esa es la capacidad de respuesta de la entidad ante un número moderado que solicita atención. Pero no siempre el panorama es ese.
“Nos preocupa lo que viene —dice Gómez—. En el momento sólo tenemos tres balas de oxígeno que alcanzan para una o dos semanas. Una de esas balas se usa en la ambulancia y, por el momento, de las tres ambulancias que tenemos sólo una está funcionando por el tema del combustible; las otras dos están detenidas por falta de mantenimiento”.
El oxígeno es clave, por ejemplo, al momento de atender un paciente con covid, un infarto u otra afección respiratoria que haga indispensable el suministro de este producto. También lo es al momento de trasladarlo a otra entidad, ya que las ambulancias deben contar con, mínimo, una bala de oxigeno.
Frente a los insumos médicos el hospital tiene capacidad para surtir al personal asistencial por los próximos dos meses sin necesidad de comprar a proveedores. Así lo contó un funcionario administrativo que lleva varios años trabajando en la entidad y la conoce al detalle, pero que prefiere no ser nombrado para evitar tensiones. Lo que dijo fue corroborado por Consonante que visitó las bodegas de la entidad.
El mismo funcionario declaró que los pagos de los trabajadores no están bloqueados, sólo que no ha llegado la fecha en que normalmente se cancelan. Y Arlettis Gómez, quien lleva ocho años vinculada, confirmó que los pagos del mes de diciembre se efectúan entre el 10 y el 19 de enero, por lo que hasta el momento hay un retraso real de 11 días hábiles. Aseguró, sin embargo, que es la primera vez que se presenta un evento así.
El funcionario también afirmó que el hospital está al día con los servicios públicos, desmintiendo un posible corte de la energía o del internet. Y, frente a los rumores de que la empresa Coovig —que prestaba servicios de vigilancia en el hospital— se retiró por falta de pago del último mes, dijo: “Le adeudan cinco meses de la administración anterior y con el retraso de enero son seis. Debido a esto, no renovaron el contrato”.
Consonante intentó comunicarse con Coovig para conocer su versión pero al cierre de este artículo no brindó una respuesta. También consultamos al Banco de Bogotá para entender lo que está pasando con las cuentas del hospital.
Aunque empleados aseguran que las estarían bloqueadas, la entidad financiera explicó que desde el 11 de enero el tesorero del hospital solicitó desactivar el usuario mientras se aclara el tema de la gerencia. “Esto debe ser analizado jurídicamente para establecer el paso a seguir”, dijo el banco.
Gómez, por su parte, sigue a la espera de su pago: “Sé que mi derecho es recibir un salario pero también sé que los más afectados sin el servicio son los pacientes, que muchas veces no tienen las condiciones para ir a otro hospital u otro nivel de atención”. Por eso insistió en que quienes están involucrados en la problemática que tiene en aprietos al hospital deben sentarse y buscar la mejor salida posible. “Hay que humanizar esta situación”, dice Gómez.
En esta disputa por la gerencia del hospital San Agustín de Fonseca, considerado por la gente como la “segunda alcaldía” por su presupuesto elevado y el poder político que representa, ya entró el Concejo Municipal.
En la sesión del jueves 1 de febrero, el concejal Rogelio Amaya Flores del partido En Marcha, propuso citar a la gerente encargada del hospital, Kaila Amaya, para que explique lo que está pasando y responda a las preguntas de los concejales en una declaración abierta. A la sesión asistió el alcalde Micher Pérez quien se pronunció frente al caso: “Estoy dispuesto a abrir los espacios necesarios para terminar con esta situación”, dijo.
Hasta ahora el alcalde no ha dado muchas declaraciones sobre lo que sucede en el hospital. Sin embargo, en entrevista con Consonante, dijo que lo que está ocurriendo es una completa violación a los estatutos y leyes que rigen el funcionamiento del hospital. “Ya se instauraron las denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría, Supersalud para que intervengan y den claridad”.
Mientras el alcalde está a la espera de que los entes de control tomen las medidas correspondientes; la esperanza de los trabajadores y usuarios del hospital es que las cuentas puedan moverse antes de que una crisis, funcional y administrativa, toque las puertas y colapsen los servicios que presta.
Fonseca se dispone desde del mes de enero a recibir precarnavales y carnavales por decreto municipal. Con desfiles, comparsas, trajes llamativos y cantos cada año se concentra en la plaza principal el pueblo para hacer honor a lo mejor de sus tradiciones.
En los barrios la época festiva se recibe con equipos de sonido a todo volumen que repiten, año tras año, canciones en las que se puede conocer la historia de un pueblo que ha ido evolucionando pero, en su esencia, quiere conservar su arraigo.
Los sones Fonseca, Hermosos tiempos, El cantor de Fonseca, Tierra de cantores y Así es Fonseca son una manifestación de eso. Hace más de 50 años estas canciones en las voces de Los Hermanos Zuleta, Carlos Vives, Jorge Oñate y Alfredo Gutiérrez, respectivamente, suenan en cada parranda fonsequera en la que, aunque se oyen varios ritmos musicales, el vallenato es el dominante.
Por el gran reconocimiento que tuvieron y tienen, y por su peso comercial, se volvieron temas musicales emblemáticos en cada temporada de celebración popular y se posicionaron en Fonseca tanto como posicionaron a Fonseca en el panorama nacional. El municipio, además, ha sido fuente de inspiración para muchos y muchas que le han compuesto canciones y las han inmortalizado en escenarios como el del Festival del Retorno y en esta época carnavalera que se avecina.
En Fonseca hay composiciones que han quedado en el anonimato para el mundo pero no en el imaginario local. El docente Teddy Pérez manifiesta que esto se debe a que en ellas “está reflejada la idiosincrasia de lo que es ser fonsequero y es una demostración clara y precisa de lo que significa el pueblo en su hacer cotidiano”.
El académico declara que estas canciones no han perdido vigencia, en especial El cantor de Fonseca, del que dice “es un poema épico reconocido por la crítica no solamente por su carácter folclórico vallenato, también literario”, agrega Pérez.
El investigador Abel Medina, por su parte, dice que “cuando Carlos Huertas compone El cantor de Fonseca, este se vuelve un clásico y un modelo para los demás compositores de la región y fue de este que comenzó a surgir El cantor de Valencia, El cantor del Valle, El cantor de Villanueva y así de muchas partes”. Y añade el investigador que los compositores entendieron, a través de esta canción, que había la necesidad de refrendar un pacto de arraigo con su pueblo, en sus palabras, y que estaban en la necesidad de promocionar esos valores agregados del territorio.
Según el médico y compositor Adrián Villamizar, los autores que evocan su terruño lo hacen como una declaración de principios. En otras palabras, expresan con sus letras ‘esto es lo que soy, este es el material del que estoy hecho, esta es la gente a la que pertenezco y me siento orgulloso’. Y es una herramienta cultural que refuerza la identidad. “Lo es porque adondequiera que vaya, siempre verán en mí esto que represento: una bandera, un escudo, no solamente es emblemático para el autor, sino también emblemático para la gente”.
Dice el docente y gestor cultural David Hernández, para introducir las canciones, que “estas cuentan el modus vivendi del Fonseca de ayer, que pertenecen al vallenato tradicional, y que lo ayudaron a que fuese declarado por la UNESCO Patrimonio Material e Inmaterial de la Humanidad”. Son las siguientes:
Este vallenato inicia diciendo: Allá en Fonseca / donde brilla la luna / entre cardón y tunas / suena un acordeón. Esta canción en ritmo de paseo fue grabada en el álbum Río seco, interpretada por los Hermanos Zuleta en el año de 1974 y es del compositor José María (Chema) Gómez.
El autor de esta canción fue un odontólogo Fonsequero radicado en esos tiempos en Santa Marta. Con este canto, según las fuentes consultadas, relata la falta que le hace su patria chica y la tristeza que le causa estar lejos de ella enviando ese mensaje a todo el que está lejos de su tierra.
En otro de sus fragmentos dice: Canta la vida / de un pueblo y sus montañas / llanuras y mujeres / de noble corazón. / Cuando estés triste / cántale a tu tierra / así darás a ella / grata contribución.
Yo me crié en una región / de verdes cañaverales / de gemido de trapiches / y relinchos de caballos. / Y de muchachas bonitas / cual tardes primaverales, / tierra alegre, acordeón de fiesta y riñas de gallos.
Con letras melancólicas y una melodía cautivadora, la canción evoca recuerdos de momentos felices ahora lejanos. Su compositor es Carlos Huertas Gómez y con la letra expresa la esperanza de volver a esos tiempos dorados, pero también la resignación ante la realidad actual. La melodía fue grabada en 1972 en ritmo de paseo y suele ser emotiva transportando a quien la escucha a esos "hermosos tiempos"que ya pasaron.
Hay otro fragmento que dice: En el Fonseca de ayer yo me veo lleno de contento / cantando sus lindas mujeres / sus canciones provincianas. / Es difícil olvidar aquellos hermosos tiempos, / cuando suelo recordarlos / me duele y suspira el alma.
Esta canción inicia diciendo: Alguien me dijo de dónde es usted / Que canta tan bonito esa parranda / Si es tan amable tóquela otra vez / Quiero escuchar de nuevo su guitarra.
Es una canción que nace en Santa Marta en el barrio Maria Eugenia después de que a su autor le preguntaran de donde era. La letra exalta la tierra como semillero de grandes cantores y embajadores de este género.
El siguiente fragmento dice: Yo vi tocar a Santander Martinez / ha Bolañito a Francisco El Hombre / ha Lole Brito al señor Luis Pitre / los acordeones de más renombre.
Soy de una tierra grata y honesta / la que su historia lleva su nombre / yo soy aquel cantor de Fonseca / la patria hermosa de Chema Gomez
La canción es un homenaje a la rica tradición musical de la región, conectando con la identidad cultural y la pasión por el vallenato, generando un himno que trasciende. Grabada por Jorge Oñate y Miguel Lopez en el año 1973 en el álbum cantor de Fonseca pero también grabada por Carlos Vives en 1993.
Esta canción inicia diciendo: Hoy se nota en la floresta / un ambiente de alegría / y el rumor del Ranchería / es más dulce y sabe a fiesta. / Claro que sí está en Fonseca / el pueblo y San Agustín / conmemorando el festín / de esta tierra de cantores.
Es una canción popular de la música vallenata, interpretada por los Hermanos Zuleta, es un homenaje a Fonseca Guajira, conocida por su rica tradición musical y por ser cuna de reconocidos cantantes y compositores. La letra destaca la pasión y el talento de los habitantes de esta tierra, resaltando su amor por la música y su contribución al folclor colombiano.
La siguiente estrofa cuenta: Hoy se encuentran los retoños / de viejos compositores / surgirán composiciones / como frutos en otoño. / Y en este nuevo retorno / por lo que se trata y dice / el recuerdo de Luis Pitre / enmarcado en lontananza / crecerán con la esperanza / de un pueblo que lucha y vive.
Esta canción transporta a quienes la escuchan a la influencia de aquellos juglares provincianos de renombre y sus festivales.
Carlos Huerta, conocido como el original cantor de Fonseca, es el compositor de esta canción que fue grabada por Alfredo Gutiérrez en 1974 para el álbum Dina Luz. Es un vallenato que relata las vivencias y experiencias donde se cuenta la esencia de la cultura transmitiendo un mensaje. Huertas creó esta pieza musical que ha resonado en el público y se ha convertido en éxito dentro del género vallenato.
Inicia diciendo: Soy tan fonsequero / como cualquiera / que así se sienta / porque llevo dentro / de mis entrañas sabor a tierra. / A esa tierra hermosa / donde nacieron mis ilusiones / inspiradas todas / por sus ideales y sus pasiones.
Transmite un profundo sentido de arraigo y pertenencia a la tierra de origen. Expresa el orgullo y la conexión con las raíces, las ilusiones, los ideales y las pasiones que nacen de esa tierra hermosa. Es un canto a la identidad y al amor por la tierra que nos vio crecer.
Se mencionan nombres de músicos, musas de inspiración y lugares que evocan recuerdos y momentos especiales. La canción parece celebrar la riqueza cultural y musical de esa región, invitando a quienes escuchan a recordar y apreciar todo lo que representa Fonseca en su música, bailes, festividades y vivencias. Es un homenaje a la identidad y a las experiencias compartidas en ese lugar.
Con otro fragmento la canción lo refuerza: Aquel que no recuerde a Fonseca / no ha escuchado en sus acordeones / el bello son de Carmen Gómez / y el paseo de Bertha Caldera. / No ha bailado con sus morenas / ni ha amanecido en el Hatico / ni ha parrandea’o con tabaquito / en carnaval o en nochebuena.
¿Qué crees tú que estos compositores estaban impulsando con sus letras?
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Más cobertura para la educación superior; proyectos de salud mental; protección de los recursos hídricos y la no explotación minera en Cañaverales son algunas de las peticiones que resultaron de la primera Asamblea Departamental de Juventud. Esta ocurrió en diciembre de 2023 por iniciativa del Consejo y la Plataforma Municipal de Juventud, no del alcalde.
Aunque la Ley 1885 de 2018 contiene el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que estipula que las administraciones locales deben celebrar la Semana de la Juventud en el mes de agosto; en San Juan del Cesar se realizó luego de que representantes del Consejo y Plataforma Juvenil se comunicaran con la Secretaría de Gobierno.
Con un documento público que demostraba que había sido aprobado por la administración pasada un presupuesto de $32.431.000, las y los jóvenes del municipio se congregaron a celebrar sus días desde el 13 hasta el 17 de diciembre de 2023 con una serie de actividades: ciclorutas, murales contemporáneos, cuadrangulares de fútbol y vóleibol, fogata por la salud mental y el taller de arteterapia, entre otros, promovieron una agenda para llevar a cabo la Asamblea Departamental de Juventud que rescató sus prioridades.
Tras buscar a la Secretaría de Gobierno insistentemente y exigir la ejecución del presupuesto asignado, cuenta la consejera Sarit Benjumea que hubo silencio institucional. Díaz, por su parte, asegura que tuvieron que meter presión, “recurrimos a la Defensoría del Pueblo pero lo único que se cumplió el año pasado de la agenda juvenil anual fue celebrar nuestra semana”.
“El principal obstáculo siempre ha sido la falta de apoyo de la administración”, corrobora Elías Jiménez, presidente del Consejo, para quien todo lo que se dio en los últimos días de gobierno de Álvaro Díaz demostró, entre otras, las dificultades para cumplir con las agendas como con los roles que voluntariamente asumen.
“En comparación con otros municipios, nosotros seguíamos en pañales; no teníamos garantías ni un lugar dónde seccionar, siempre dependíamos de la sala de juntas de la Alcaldía Municipal o de la casa del presidente del Consejo”, agrega Izamar Díaz, consejera por la curul de víctimas y actual presidenta de la Plataforma de Juventud.
Así fue como la falta de atención y escucha ocasionaron, en palabras de los consejeros, que tanto la Plataforma como el Consejo se fueran debilitando y no funcionaran como la ley lo establece. De hecho, de quince consejeros que iniciaron, solo permanecían cuatro activos.
La Plataforma, además, estuvo inactiva hasta que a finales de diciembre sus integrantes la reactivaron. Hoy está revitalizada con 13 organizaciones que trabajan activamente por la juventud en el municipio.
La falta de garantías para el buen funcionamiento de estas instancias no solo ha ocurrido en San Juan del Cesar y no es un problema de ahora, esta misma situación pasó en gran parte del país como lo demostró Consonante en una investigación.
Tras 4 años complicados, el panorama parece cambiar este 2024 para el Consejo Municipal de Juventud y la Plataforma. A mediados de enero se reunieron para llevar a cabo la primera Comisión de Concertación y Decisión con el nuevo alcalde, Enrique Camilo Urbina, y representantes de algunas de las Secretarías.
De esa reunión, dice Izamar Díaz, hoy presidente de la Plataforma y consejera, que obtuvieron varios logros: “Avanzamos en conseguir un lugar donde podemos reunirnos y seccionar, es decir, tenemos una casa de la juventud”.
Urbina les entregó un lugar para operar donde antes funcionaba el Concejo Municipal de San Juan del Cesar, pero desde hace varios años estaba abandonado. Recibirlo implicó una remodelación y adecuación que fue prometida por parte de la Alcaldía. Sin embargo, también han sido los mismos jóvenes quienes han asumido esa tarea con donaciones de la comunidad en general.
“Estaba en las peores fachas, pero cada uno lo está levantando, barriendo, lavando y poniéndolo en óptimas condiciones, hemos recibido aportes de mucha gente”, dijo Díaz a Consonante.
Sarit Benjumea, por su parte, reconoce que el tener una casa ha sido un avance significativo, pero pide que la Administración les brinde un apoyo más consolidado: “Si bien nos entregaron un sitio que está en malas condiciones y que puede restaurarse; para nadie es un secreto que todo necesita recursos y nosotros no tenemos presupuesto para poder sacarlo adelante por nuestra cuenta”.
Los jóvenes han recibido acompañamiento en la limpieza del lugar con la empresa Interaseo y los bomberos, por gestión de la Alcaldía. Por medio de redes, además, realizan una campaña para recoger insumos que permitan el mejoramiento y adecuación de su nueva sede.
Además de un lugar para seccionar, la juventud logró presentar en esa Comisión a la administración actual su cronograma de actividades y Enrique Camilo Urbina hizo un compromiso que, según Izamar Díaz, esperan sea cumplido: “Necesitamos un capítulo diferencial y el Alcalde quedó comprometido en asignarlo, pero antes vamos a tener una mesa de trabajo solo para sacar adelante la Política Pública Municipal de Juventud, que es lo más urgente”.
Otro compromiso acordado en la reunión con el Alcalde tiene que ver con elegir un enlace de juventud idóneo. “El año pasado asumí este cargo pero sin recibir un salario y no quiero volver a pasar otro año más ayudando a una persona que ni siquiera leyó el Estatuto”, concluye Díaz.
El alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, abre las puertas de su despacho a Consonante después de atender una emergencia en la que cerca de 40 personas perdieron la vida. Toda su atención se volcó al caso, del que afirmaron tuvo que ver la falta de adecuación oportuna de taludes en la vía que conduce de Quibdó a Medellín, a la altura del municipio que hoy gobierna.
“Venimos de una tragedia en la que hemos estado muy ocupados”, corrobora el Alcalde. “Apenas el lunes cerramos operaciones y hemos estado reunidos con ministerios y con la vicepresidencia”. Entre sus prioridades están atender y adecuar con condiciones óptimas vías que lo necesitan y, por otro lado, sacar adelante el hospital municipal. Para el primer proyecto, que ya está aprobado, la Alcaldía destinará 16.000 millones de pesos en pavimentación en el tramo de El Siete a El Carmen. Y para el hospital destinará cerca de 35.000 millones de pesos.
Herrera asegura que el accidente evidenció cómo el hospital de El Carmen de Atrato no cuenta con las capacidades de atención deseables. “Tuvimos que sacar a la gente hacia Antioquia porque no había espacio, no teníamos camillas”, agrega y señala que es preocupante, porque la maqueta del hospital se hizo hace 12 años.
“Eso tiene que ser ya y hay que decirle al ministro de Salud: mire, tengo fotos de heridos acostados en el suelo porque no teníamos dónde recibirlos. Venga y denos la plata para el municipio porque puede haber otras emergencias en la vía, en el casco urbano, en las veredas…”, relata el funcionario.
El próximo 5 de febrero Herrera promete reunirse con instituciones nacionales facultadas para aprobar proyectos y destinar recursos. Mientras su agenda avanza, dice a Consonante cómo encontró el municipio al que sedujo con sus propuestas en las pasadas elecciones.
Consonante: ¿Cuál será la prioridad de su gobierno en el primer año y qué resultados espera?
Jaime Arturo Herrera: Recuperar a la juventud porque hoy el 40 o el 50 por ciento de la juventud en la cabecera municipal se está yendo por el camino de las drogas y el del alcoholismo. Pero la culpa no es de ellos, es de los padres de familia, de los mandatarios y de la autoridad competente. El artículo del menor de edad no sé está aplicando porque si fuera así, no veríamos niños en la calle a las 12 de la noche.
C.: ¿En qué estado general encontró El Carmen de Atrato?
J.A.H.: Veo un municipio confundido. El parque está lleno de basura. Los ambientalistas parece que sólo tocaran la puerta cuando necesitan un proyecto. Me tocó llegar a lavar el parque, organizarlo, mejorarlo. Pero lo que más me preocupa es el desorden administrativo que encontré y el desorden en tema vial. Tendré una reunión con el Ministerio de Transporte porque vamos a buscar que el tránsito nacional llegue al municipio para organizarlo. Aquí los jóvenes andan como por su casa, tiene más seguro un aguacate hass que una moto. Acá en la cabecera municipal parquean una moto donde se les da la gana. En El Siete ve una mula a la derecha, otra a la izquierda, camiones por todo lado y uno no sabe por dónde pasar. Pero deme una espera y le organizo esto como organicé El Siete, que quité la maleza que ya estaba llegando a la vía. Vamos lento pero vamos.
C.: ¿Cómo lo va a lograr?
J.A.H.: Dándole oportunidades a los jóvenes que nos están pidiendo a gritos escenarios deportivos. Ni en la vereda La Argelia ni en el pueblo de la Memoria Histórica hay escenarios deportivos. En la cabecera municipal está el espacio del Seminario que es puro pasto, como si fuera un potrero. Por eso, como alcalde, he estado hablando con la Diócesis de Chocó para hacer un convenio de transformación para esa cancha. De esa forma vamos a cambiar a los jóvenes el chip del consumo por el de la cultura.
C.: Además de escenarios deportivos, en el municipio piden atención en salud mental. ¿Qué acciones realizará para cumplir con las necesidades de la gente?
J.A.H.: A La Puria también le estoy proponiendo que en El Seminario se pueda montar un centro de rehabilitación donde hoy hay un espacio que usan para reuniones. Como líder social me gusta ayudar al prójimo, lo hice con tres jóvenes que estaban cansados de las drogas para que se rehabilitarán, pero en Medellín. Por eso pienso que es mejor montar un centro local, con los psicólogos y profesionales de aquí y que quienes ingresen puedan también estar cerca a su familia.
C.: En cuanto a la generación de oportunidades en educación y empleo, ¿qué hará?
J.A.H.: Como concejal, durante dos años, gestioné la universidad que hay en El Carmen. Me daba tristeza ver cómo el señor Jaime Roble se sentaba en esta silla y no ayudaba a los jóvenes ni con lo que costaba la inscripción a la universidad. Nosotros empezamos con cuatro carreras habilitadas y después de que la ministra de Educación vino al municipio, ya se nos aprobó otras dos más. Eso es una muestra de que estoy comprometido.
También estoy comprometido con el turismo. Muchos carmeleños se van para Bolívar, pero acá hay veredas como Guaduas, La Argelia, La Clara, que se pueden visitar. Un turismo al que le hace falta que el gobierno municipal, departamental y nacional le preste atención.
C.: Su propuesta principal ha sido impulsar el campo y que la economía gire en torno a la agricultura, ¿qué hará para cumplir con esta propuesta y la de turismo, si las vías tanto internas como externas están en mal estado?
J.A.H.: Si en seis meses no pasa nada con la UMATA, la liquido. No vamos a tener cuatro funcionarios sentados que no van a visitar las veredas. En ese caso propongo montar una Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que nos permita que el presidente Gustavo Petro le invierta al campo Carmeleño. Hoy está totalmente descuidado. Con el gerente de la UMATA estoy planteando montar algo ambicioso; llevo 20 días en el cargo y ya estoy formulando un proyecto de café por 7.000 millones de pesos. Petro y la ministra de Agricultura han dicho que sí hay plata para el tema rural, pero que necesitan proyectos. El mío es el campo porque yo nací ahí, soy campesino. Y cuando miras a la derecha, a la izquierda o al frente ves campo o encuentras caña, café, ganado o truchas.
"Si en seis meses no pasa nada con la UMATA, la liquido. No vamos a tener cuatro funcionarios sentados que no van a visitar las veredas. En ese caso propongo montar una Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que nos permita que el presidente Gustavo Petro le invierta al campo Carmeleño"
Jaime Arturo Herrera
C.: ¿Cómo va a trabajar con la mesa triétnica que está en el sector de la trocha?
J.A.H.: No conozco el proceso de fondo. Sé que en el restaurante de El 18, que ha sido de los afros, los paramilitares hicieron una masacre y varias personas tuvieron que desplazarse. Ahí el Estado tiene la responsabilidad de indemnizarlos. Estoy esperando que el Ministerio de Interior me convoque a una reunión para conocer en qué va el proceso. Eso lo tendrá que definir un juez de reposición de tierras, yo no tengo nada que ver; lo único que puedo hacer es rodear y querer a los afros como lo hago con los indígenas y los mestizos.
C.: ¿Cómo va el inicio del PAE y cuál es el estado del inicio de clases en las zonas rural y urbana?
J.A.H.: El pueblo carmeleño debe sentirse muy orgulloso porque el 14 de enero comenzó el PAE. Ese día teníamos la plata e hizo presencia la Ministra de Educación, la vicepresidenta Francia Márquez; la Secretaria de Educación Departamental, la Coordinadora de Educación Municipal. También hay que decir que hace 20 años veredas como La Argelia están pidiendo transporte escolar para los niños. Esa fue una de las cosas que me contaron y pidieron en campaña. Acá decían que no había presupuesto, pero el gobierno enviaba la plata, si la querían embolatar es otra cosa.
C.: ¿Cuáles son sus propuestas para las mujeres del municipio? ¿Qué pasó con la política pública de mujeres, la casa de la mujer, entre otras?
J.A.H.: Le puedo abrir todas las oficinas y va a encontrar más mujeres que hombres. Eso es una muestra de que estoy comprometido con las mujeres porque ellas sufren mucho. Con respecto a la Casa de la Mujer, el contrato va avanzando y ayer hubo una reunión técnica con los contratistas, pero las cuentas no me dan para lo que se invirtió. Por ahora no puedo asegurar nada porque estoy esperando el informe de ingenieros, técnicos y el jefe de planeación para saber cómo está la obra.
C.: Más allá de la infraestructura de la Casa de la Mujer, ¿qué tipo de espacios o capacitaciones se van a dar en este lugar?
J.A.H.: El primer piso ya viene funcionando. En el segundo piso habrá un auditorio que, tengo entendido, ya está en avances. Ese auditorio no será de la administración, será público, para la comunidad porque acá no hay espacio para reunirnos. Vamos paso a paso, apenas llevo 20 días, déjenme avanzar. De a poco las mujeres me van a invitar, vamos a decir quién es la que va a seguir de presidente este año o los dos años siguientes. Aquí van a tener un alcalde que quiere a sus mujeres, que no las va a vetar porque yo si las veto, veto hasta a la mujer mía. Y entonces, ¿en qué estamos?
C.: Los principales empleadores en el municipio son la mina y la Alcaldía, ¿Cuál es su propuesta para generar más opciones de trabajo en el municipio?
J.A.H.: Administrando uno encuentra que todo lo dejaron amarrado, porque aquí hay mucha gente que está por concurso. Los que yo nombre fueron jefes de Gabinete, no más fueron seis, y la persona representante de víctimas. De resto, ayuda del gobierno departamental pidiéndole a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba abrir las puertas para generar empleo. Acá la gente decía que iba a traer a todos los negros de Quibdó y aquí está toda la nomina carmeleña. ¿Cómo iba a traer una nómina de otros municipios? Primero hay que darle posibilidades a los de la casa porque si yo no comienzo con la casa, entonces, ¿en qué estamos?, ¿cuál es mi esperanza?, ¿para quién es la esperanza?, ¿para la gente de afuera o para la gente del pueblo?
C.: ¿Cómo es su relación con la gobernadora Córdoba Curi?
J.A.H.: Tenemos la mejor relación… tanto que impulsamos el trabajo de la tragedia del sector del 17 y lo enfrentamos los dos. Creo que la comunidad carmeleña y chocoana se siente orgullosa de las 300 personas que trabajamos ahí. ¿Sabes cuánto costó para mí? Para mí no fue plata, para mí fueron 40 muertos; la tragedia más grande que ha habido en El Carmen de Atrato y en el Chocó. Volviendo a la Gobernadora, estamos trabajando unidos para el desarrollo. Estoy esperando que ella me dé un espacio en su agenda para llevar unas inquietudes e ir definiendo.
C.: Miner S.A tiene una deuda con la nación y funciona con la licencia de explotación vencida, pero también es una empresa poderosa en el municipio, los últimos tres alcaldes han trabajado ahí y tiene una amplia influencia social. ¿Cómo será la relación de su gobierno con esta empresa?
J.A.H.: A la mina hay que tenerla porque es la fuente de empleo del pueblo. Genera 1350 empleos entre directos e indirectos, pero no voy a recibir migajas. A la mina hay que tratarla con seda, hay que dialogar y decirle: ‘aquí hay una deuda con El Carmen, con los niños, con el pueblo’. Voy por cosas grandes, no para mí sino para el municipio que lo necesita. Hay que hacer algo macro para que cuando esto se acabe (la mina o los recursos) no vaya a quedar un pueblo fantasma. No es una hoja de zinc o 10 varillas de hierro, no, este es el proyecto que necesita el pueblo. La mina no se va, hay que sostenerla y hay que tratarla como familia. Como empresario que soy no voy a acabar la mina, tenemos es que ponernos de acuerdo en que las utilidades queden en El Carmen y hagan cosas por el pueblo. Lo que hay que preguntarle al último mandatario es: ¿y dónde quedó la plata?
"Como empresario que soy no voy a acabar la mina, tenemos es que ponernos de acuerdo en que las utilidades queden en El Carmen y hagan cosas por el pueblo"
Jaime Arturo Herrera
C.: ¿La licencia se va a renovar?, ¿qué hará su administración?
J.A.H.: Ese tema tampoco lo conozco, pero allá está pegado el que dice si la puede renovar o no. Eso le corresponde al presidente Petro, el jefe máximo. Yo solo soy un carmeleño más. Es el ministerio de Minas y Energías el que da el aval.
C.: En su programa de gobierno habla de fortalecer las organizaciones de base en el municipio. ¿Cómo piensa hacerlo?
J.A.H.: Primero tenemos que reunirnos con las Juntas de Acción Comunal para que me cuenten cómo va el proceso y en qué los puedo apoyar. Como ellos están comenzando apenas, no tienen plata y entonces, ¿de quién se pegan?, de la Administración. Nos dicen que necesitan ir a Bogotá a poner un proyecto, los apoyo. Si como Asocomunal consiguen un proyecto de 4.000 millones que necesitamos para una placa huella en La Argelia, yo los felicito porque eso trae progreso, viene más turismo y la comunidad se va a sentir más segura. Me he retratasado para ir a visitarlos por la tragedia del kilómetro 15, pero tengo que ir a todas las veredas con el secretario de Planeación para preguntarles cómo va el proyecto, qué les hace falta, en qué ayudo.
C.: ¿Cuál es el presupuesto de la alcaldía y en qué se va a destinar?
J.A.H.: Tenemos 19.000 millones de pesos y la mitad se la llevan las EPS. Nos quedan unos 10.000 millones. ¿Qué hago con 10.000 millones de pesos? Lo que le he propuesto a los carmeleños es que recen mucho por mí a ver si consigo dos o tres proyectos para el municipio para traer plata y progreso.
C.: Nos dijo que hay contratos amarrados, cuéntenos…
J.A.H.: Hasta el 31 de diciembre, no dejaron contratos amarrados, pero sí las cuentas vacías. No he firmado contratos, apenas los de los jefes de Gabinete porque es una orden. No me he robado una sola puntilla y el Personero ya me ha mandado unos 50 requerimientos. Pero pa’ eso le pagan, pa’ que vigile al alcalde. Voy a seguir trabajando honradamente por el pueblo. Del presupuesto queda lo que llega cada mes. Este mes llegaron 700 millones de pesos y hay que repartirlos con los pueblos indígenas, las veredas, la educación, el deporte. Díganme, ¿cuánto me queda para el funcionamiento? No encontré ni cafetera. El alcalde anterior no me pudo entregar el documento del empalme, apenas lo recibí ayer. Hay cosas que me entregaron, pero también muchas cosas que borraron los funcionarios públicos. Puedo decir que la señora Greicy, que era la jurídica, borró todo. Ahí no encontramos nada. Encontramos una administración muy desordenada y con los funcionarios que tenemos vamos a tratar de organizar estos seis meses que no es fácil.
Desde la firma del Acuerdo de Paz los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) han recibido capacitaciones en diferentes áreas. Muchas de estas relacionadas con trabajos audiovisuales ya que excombatientes, principalmente mujeres, se inclinan por la realización documental desde las filas guerrilleras.
Después de siete años de reincorporación y procesos formativos, el equipo de comunicaciones de Pondores en Coompazcol, la cooperativa de los firmantes de paz, fundó una productora de cine comunitario bautizada Cañahuate producciones.
Conformada por excombatientes, personas de la comunidad de acogida y migrantes venezolanos, esta productora se lanzó el pasado 16 de enero en el corregimiento de Conejo y reunió alrededor de 300 personas, tanto del territorio como de distintas partes de La Guajira.
Aunque empezó dedicada a la gestión audiovisual exclusivamente, Cañahuate producciones es el resultado de un año de formación con la escuela y productora audiovisual, Historias en Kilómetros, un laboratorio de la industria del cine alternativo que forma a equipos en regiones apartadas de Colombia y el mundo.
Esta es una oportunidad que le aporta a la reincorporación social y económica de los excombatientes ya que, a partir de la capacidad instalada, el equipo toma decisiones creativas y editoriales.
El evento contó con la presencia de la primera dama del municipio, Yenis Gamez Molina, quien se puso a disposición para apoyar las actividades culturales que aporten a la reconciliación en el territorio, además resaltó la importancia de las actividades culturales en el municipio: “Esto es interesante porque refleja algo importante de la cultura y el acercamiento a las comunidades con alegría, dejando una enseñanza”, dijo Gamez Molina a Consonante.
La función comenzó en voz de Alcides Manjarrez y su escuela de piquería y continuó con la proyección de cuatro cortometrajes. Los tres primeros fueron documentales sobre las madres comunitarias de Conejo; los siete años del Acuerdo de Paz y un homenaje en vida al exponente y gestor Manjarrez.
El cuarto producto fue un cortometraje de ficción basado en la resistencia de los pueblos en contra de los proyectos de multinacionales mineras. Todas las exhibiciones resaltan las problemáticas del territorio y cada comunidad protagonista estuvo presente para verse en la pantalla gigante.
Daniela Uriana, una joven migrante que vive hace cuatro años en el AETCR de Pondores, cuenta que ha venido trabajando con excombatientes en los distintos proyectos de la comunidad y asegura que hacer parte de Cañahuate producciones ha sido fundamental para su integración en el extranjero: “el cine comunitario es muy hermoso. Con él puedes dar a conocer todas esas historias que están pasando en tu territorio y cumplir un sueño, a pesar de las dificultades de ser migrante”.
Durante la ceremonia la recién inaugurada productora hizo la invitación a los jóvenes de Conejo y de las comunidades visitantes a vincularse con la iniciativa de contar historias. Además, Historias en Kilómetros anunció que, luego de la presentación de los cortometrajes a las comunidades protagonistas de las grabaciones, los proyectos audiovisuales concursarán durante un año en festivales de cine comunitario nacionales e internacionales para luego ser públicos por redes sociales.
“También estoy muy contenta con que la mayoría de asistentes fueran niños y jóvenes, porque nos da la esperanza de que las futuras generaciones no dejarán morir el cine”.
Daniela Uriana
Uno de los asociados de Coompazcol e integrante de la nueva productora, Diego Gutiérrez, expresó que decidieron incursionar en el mundo del cine porque es una actividad que está relacionada directa o indirectamente con la construcción de paz y considera exitoso el proceso, ya que tuvieron buena recepción: “La aceptación en el territorio ha sido excelente; nos apoyaron y dejaron que nosotros contáramos sus historias porque saben por qué lo hacemos”.
Además, Gutiérrez cree que esta es una oportunidad que le aporta a la reincorporación social y económica de los excombatientes ya que, a partir de la capacidad instalada, el equipo toma decisiones creativas y editoriales y difunde los intereses comunitarios que muchas veces los medios tradicionales no evidencian. En ese orden, el realizador agrega que lo más valioso del ejercicio formativo fue la horizontalidad con que fueron instruidos para continuar con un camino que ya han andado.
“Para la construcción de paz tenemos diversas acciones que adelantamos individualmente pero esta es una forma de trabajar en un nodo articulado y sabemos que a través del cine hay cómo evidenciar lo que hacemos territorialmente”, dijo Gutiérrez.
La Presidencia de la República declaró como desastre natural el derrumbe ocurrido el 12 de enero en la vía de Quibdó que conduce a Medellín, kilómetro 40, sector ‘el 17’ o conocido como Las Toldas, en Chocó.
Un alud de tierra hirió de muerte a 38 personas entre más de 190 personas que fueron reportadas desaparecidas cuando comenzó la búsqueda. De inmediato se instaló el Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo junto a organismos de socorro y el sistema departamental de prevención con liderazgo de la Gobernación de Chocó (que declaró tres días de luto en el departamento).
Estas han sido las medidas institucionales locales, regionales y nacionales para afrontar la emergencia cuando todavía rescatistas del Ejército, salvamento minero, Guardia Indígena y otras autoridades hacen presencia en el derrumbe:
El alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, anunció en un comunicado que el cierre de la vía se debió a arreglos previos en puntos con deslizamientos de tierra y no a tomas de vías por parte de paros cívicos de las comunidades indígenas, como sugirieron medios de comunicación al rato de ocurrir la tragedia:
“Desmiento categóricamente la información incorrecta que sugiere que la vía habría sido cerrada por los indígenas. (...) La población esperaba mientras se realizaban las pertinentes adecuaciones”, escribió Herrera en el comunicado 001 de la Alcaldía Municipal.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha coordinado las actividades de búsqueda y rescate a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental conformado por la Policía, el Ejército y la Unidad de Gestión en Riesgo, en coordinación con la Sala de Crisis Nacional. Este PMU ha sido el encargado de dar reportes preliminares sobre búsquedas y hallazgos de personas desaparecidas.
El presidente Gustavo Petro prometió la destinación de medio billón de pesos que deberá pasar a INVIAS para terminar, en un año, la pavimentación de la vía a la altura del municipio de El Carmen de Atrato y hacer las obras de seguridad en infraestructura en los puntos críticos. Asimismo, ordenó la construcción de un puente aéreo entre Quibdó y Medellín:
“500 mil millones de pesos se van a trasladar de la ANI a Invías para que se pueda cometer no solo el final de la obra, sino también lo que no se hizo”, dijo Petro desde el lugar de los hechos.
Petro declaró en alerta roja todo el pacífico colombiano hasta la cordillera occidental por derrumbes y remociones de tierra en masa y lo atribuyó a las lluvias del Fenómeno del Niño. Además, anunció la expedición de varios decretos para hacer frente a la situación con un aviso anticipado:
“Para este tipo de carreteras hay una presupuestación pobre, en regiones pobres; mientras que en regiones más ricas hay presupuestaciones más ricas”, dijo en Chocó.
La vicepresidenta Francia Márquez hizo presencia este 15 de enero en El Carmen de Atrato, visita anunciada previamente por el alcalde Herrera en su comunicado 002. A Márquez la recibió la gobernadora Córdoba Curi, con quien trabajará desde el PMU y en unos eventos programados para atender el inicio del calendario escolar y las necesidades de las familias afectadas:
“Toda la semana estaremos desde el departamento del Chocó atendiendo la emergencia que enlutó a Colombia. Acompañamos la decisión de que se designe un presupuesto histórico para que se terminen las obras en construcción”, escribió Márquez en sus redes sociales.
La gobernadora Córdoba Curi aprovechó para denunciar la especulación cotidiana en los precios de los tiquetes aéreos para salir e ingresar al Chocó y reportó aumentos de costos durante el desastre natural.
A esto también reaccionó Petro, quien pidió a la Aeronáutica Civil investigar a las aerolíneas que elevaron el precio de los tiquetes aprovechando la tragedia. “No se debe establecer negocios sobre la sangre”, añadió el mandatario sobre el tema.
El más reciente comunicado de la gobernadora Córdoba Curi asegura que el gobierno dispuso todas las condiciones logísticas para el traslado de las víctimas mortales a la ciudad de Quibdó en los casos en que las familias así lo quieran.
“Con apoyo de la policía nacional el traslado de los féretros también será aéreo. Esperamos recibir a las víctimas y a sus familias en la próxima hora. Los últimos cuerpos recibidos serán trasladados el día de mañana”, trinó en las últimas horas la Gobernadora.
“No es un virus que invade los cuerpos, sino que quita, que despoja del espíritu, somete al miedo y no permite vivir en paz”, dice el investigador Camilo Villamizar sobre el informe "Jaūriperabu: la enfermedad del susto", que emplea una palabra embera para hablar de las secuelas causadas por la violencia en Colombia.
El informe fue presentado el 27 de noviembre en El Carmen de Atrato. Cerca de 25 personas, incluyendo víctimas y victimarios, participaron en un taller de apropiación para difundir el extenso documento de 560 páginas. Lo mismo ocurrió al otro día, el 28 de noviembre, cuando se socializó con la comunidad indígena de Sabaleta.
Jaūriperabu: la enfermedad del susto, una investigación liderada por Camilo Villamizar y su equipo, recoge las voces de las víctimas y la resistencia de quienes han vivido toda una vida enfrentando el conflicto armado en Colombia. Específicamente, del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) —una disidencia del ELN que operó entre 1993 y 2008 en seis departamentos del país—. El estudio comenzó en 2021, se fundamentó en el trabajo de campo, entrevistas individuales y la contrastación con fuentes documentales como sentencias e informes.
Desde agosto de 2021 inició la investigación específicamente del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). En septiembre se establecieron contactos y se llevaron a cabo entrevistas con ex miembros del ERG, lo que permitió obtener información relevante sobre las motivaciones y acciones de este grupo guerrillero en El Carmen de Atrato.
Se entrevistaron a 125 víctimas y testigos, así como a 22 ex integrantes del ERG procedentes de diversas comunidades, incluyendo Chocó, El Carmen de Atrato, Tadó, Bagadó, Lloró, Pereira-Risaralda, Mistrató, Apía, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Andes, Ciudad Bolívar, así como en Medellín y Bogotá.
Camilo Villamizar enfatiza en la resistencia de las comunidades, uno de tantos sustratos que ofrece el informe: "Más que un punto final, es un punto de partida para que se puedan escuchar las otras voces que de pronto no quedaron aquí plasmadas", advierte.
El informe comprende seis capítulos:
Guerrilla: Este presenta la historia cronológica del ERG, desde su creación en 1993 hasta su desmovilización en 2008. Examina los hitos más destacados, la caracterización del grupo según las fuentes de la Fiscalía, las razones detrás de su vinculación a un grupo armado ilegal (ya sea por motivos ideológicos o forzados), y relatos sobre la violencia, incluyendo eventos específicos como el asesinato de líderes en la vereda Guaduas y EL Carmen de Atrato.
Las Víctimas: se enfoca en los diferentes tipos de delitos cometidos por el ERG, clasificándolos en categorías como secuestro, atentados, violaciones a los derechos humanos, homicidios y desapariciones. Se estudia la distinción entre las víctimas civiles, supuestos enemigos e integrantes del propio grupo. Según el investigador Camilo Villamizar el ERG fue víctima de su propio invento: “el ERG cabó su propia tumba porque gran parte de esas victimizaciones eran a sus propios integrantes”, dice el experto. Además en este capítulo se conoce que hay hallazgos que relevaron variedad de delitos cometidos contra una única víctima, donde una niña reclutada podría ser victima de reclutamiento forzado, víctima de violencia sexual, víctima de violencia obstétrica, asesinatos y desaparición.
Los Territorios: este es un capítulo que cuenta las violaciones a los derechos humanos causadas por los grupos armados en el territorio, incluyendo policías y ejército y que es organizado por municipios, iniciando cómo ocurrió en cada uno y en El Carmen de Atrato, con datos generales, líneas de tiempo y mapas para ilustrar la distribución de los delitos.
Los Daños e Impactos: este aparte analiza los efectos individuales y colectivos en la población, tanto en términos económicos como productivos. También examina el impacto de la guerra en la participación social y en las organizaciones, propiciando estigmas y debilitando comunidades. Es donde se presenta el concepto de "Jaūriperabu" como la enfermedad del susto que afecta no solo a las personas sino también al territorio y a la naturaleza.
Como ejemplo de este capítulo, Villamizar explica que la gente dejó de ser menos participativa. “Antes las personas nos contaban pero ahora no porque el que se mete a una junta de acción comunal cree que lo van a matar o el que se mete a la organización de víctimas entonces cree que le va a ocurrir algo o tendrá una consecuencia negativa”, agrega el investigador.
José Jesús Sánchez, más conocido como ‘el profesor Jota’, escritor y poeta, dio clases en la vereda Guaduas por más de 20 años y fue estigmatizado y amenazado, dijo entre lágrimas en el evento del lanzamiento del informe: “a mí me cogió el ELN porque supuestamente todos los de Guaduas, mi vereda, eran guerrilleros… Y me hicieron ir de El Carmen de Atrato. Mejor dicho: me cambiaron el tiro de gracia por el destierro”, contó públicamente.
Las Resistencias: este capítulo rinde homenaje a las comunidades que resistieron de diferentes maneras. El Carmen de Atrato conoce de muchos tipos de resistencia y en cada corregimiento se logra a su manera: no hicieron lo mismo las comunidades afro del Dieciocho que lo que hicieron las personas indígenas de Sabeleta, el Doce y la Puria. A pesar de ser el mismo territorio, no pasó en términos de violencia lo mismo en la cabecera municipal a lo que pasó en zona rural de Guaduas. Este aparte demuestra que las poblaciones que expusieron su vida sufrieron volúmenes de crueldad diferentes y que quienes lograron sobrevivir rechazan civilmente la violencia honrando su memoria.
Los Resguardos Indígenas: el último capítulo cuenta las situaciones específicas de los resguardos indígenas y se enfoca en cómo la presencia de actores armados afectó a Sabaleta, el Doce y la Piuria.
El investigador Villamizar cuenta, además, que este último capítulo se traducirá a lengua indígena: “a emberá chamí y a emberá katio será traducido y sí es un pendiente que tenemos”.
Una de las tareas pendientes para reglamentar la Ley del Viche 2158 (expedida en 2021) tiene que ver con el registro sanitario de la bebida del pacíficio colombiano como una de categoría artesanal étnica.
Aunque son varias las entidades responsables, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes es el encargado de articular las otras dependencias como el Ministerio de Salud, el Invima, el DANE, el Ministerio de Comercio, entre otras, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley que menciona el Comité Interinstitucional.
A partir de la expedición de la Ley se ha llevado a cabo una serie de avances, entre estos la construcción del Plan Especial de Salvaguardia y el Paisaje Cultural Bicheros, dos documentos que están próximos a firmarse.
Asimismo, se han hecho talleres de formación en construcción de marca de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el INVIMA son los responsables de concretar el borrador del decreto reglamentario que busca otorgar a este producto, específicamente, su cualidad territorial étnica.
Raúl Alejandro Delgado, asesor del despacho de la viceministra de cultura Adriana Molano Arenas, cuenta en entrevista exclusiva para Consonante los retos después de dos años de haber sido propuesta la Ley.
Consonante: ¿Cómo ha sido el proceso de divulgación de la Ley del V(b)iche para las y los productores territoriales?
Raúl Alejandro Delgado: La relación con los productores y productoras de v(b)iche ha sido en dos vías: por un lado, el diálogo y el trabajo que se ha realizado con los delegados del Chocó (en este caso con Jackson Ramírez y Ana María Martínez, y dos más) que hacen parte del Comité Interinstitucional. Ellos son los encargados de dinamizar la implementación de la Ley, liderar el proceso participativo y socializar lo que se vaya determinando.
Por otro lado, el Ministerio de Cultura, al menos en este gobierno actual, ha propuesto ampliar la participación desde la Dirección de Poblaciones. En el 2022 se realizaron cinco encuentros con productores y productoras, de los cuales dos se realizaron en Chocó; uno en Boca de Amé y el otro en Novita, con el fin de que quienes producen la bebida conozcan el contenido normativo y sepan cuáles son las implicaciones.
C.: ¿Cuáles son esas implicaciones?
R.A.D.: Son varios los retos que estamos enfrentando. Cada vez se complejiza más la implementación de la Ley del v(b)iche porque aparecen nuevos actores, intereses, interpretaciones, demandas y cuestionamientos para que el Ministerio de Cultura actúe en una o en otra forma. Entonces la carga administrativa, además de que es bien grande, se robustece cada vez porque al tiempo que se debe ampliar la participación de productores y productoras del v(b)iche, también se tiene que realizar un gran trabajo de articulación intersectorial.
También hay requerimientos a nivel distrital, departamental y/o nacional y nosotros ―como Ministerio― procuramos responder de la mejor manera. Vemos vacíos jurídicos, también, y eso ha sido bastante complejo porque los ajustes institucionales, para poder responder a la carga de trabajo alrededor de los asuntos del v(b)iche, no depende de una sola institución pública.
El otro gran reto es ampliar la participación, hacer pedagogía, defender la tradición y proteger a los productores y las productoras. No es un secreto que existen los más variados intereses alrededor y no todos están encaminados a proteger la tradición o a honrarla, como dice la Ley.
También está el asunto de la concertación que teníamos que realizar para que el decreto reglamentario que expide el Ministerio de Salud con el INVIMA y el Ministerio de Cultura no perjudique a las y los productores, es decir, que se mantenga el carácter tradicional del v(b)iche y se evite la industrialización comercial y no territorial. No ha sido fácil.
C.: ¿Cuál sería el rol de los consejos comunitarios ―tan mencionados en la Ley del v(b)iche― para el proceso de caracterización y divulgación?
R.A.D.: Nuestro propósito fundamental, además de ampliar la participación, ha sido, efectivamente, involucrar a los consejos comunitarios. Cuando realizamos los encuentros lo primero que buscamos fue que las autoridades territoriales estuvieran presentes y estas son, básicamente, los consejos comunitarios. Corroboramos que no fueron tenidos en cuenta en los procesos de la pre y posterior Cumbre V(b)ichera, entonces, al ser las máximas autoridades territoriales en estos lugares, claro que merecen y tienen que estar al tanto de lo que se defina para la implementación de la Ley del v(b)iche.
Institucionalmente creemos que los consejos comunitarios tendrían que dinamizar las acciones en favor de los productores y las productoras y, seguramente, van a tener que ver con la certificación y la regulación de procedencia del v(b)iche, entre otras. Al ser las máximas autoridades territoriales entendemos que son idóneas para dar cuenta quién es productora o productor originario.
C.: ¿Cómo se puede regular la comercialización del v(b)iche, ya que hay empresas que no tienen nada que ver con la tradición y están comercializando? Además, son las que mayores beneficios reciben, pero los y las productoras no se benefician directamente como propone la Ley…
R.A.D.: Ese es otro de los vacíos existentes para la implementación. Es cierto… Nos referimos a la protección de la tradición y la definición de quiénes serían productores y productoras de v(b)iche, pero la Ley no especifica concretamente lo relacionado con la regulación de los registros de marcas, por ejemplo. Tendríamos que analizar cómo proteger más la producción artesanal y uno de los instrumentos adecuados para ese fin es justamente el Plan Especial de Salvaguardia. Si bien tenemos una base de datos lista, será necesario socializar, definir y concertar algunos aspectos.
C.: ¿Esa base de datos es pública?
Es que están emergiendo marcas que solicitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio permiso para realizar esta actividad económica, entonces ese es, sin duda, otro asunto que necesitará ser regulado junto a los productores y productoras tradicionales del v(b)iche.
Hay que ver cómo proceden estas empresas al registrar un negocio de este tipo ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Cámara de Comercio, donde suele verse el grado de participación accionaria en estos emprendimientos. Este es uno de los cuellos de botella de la Ley del v(b)iche y que necesitará ser solventado. Lo que sí estamos haciendo es que estamos conectando a los productores y productoras directamente con los establecimientos para que haya un trato directo.
¿Qué es, entonces, lo que hace falta para reglamentar por fin la Ley?
R.A.D.: Lo más urgente es el registro sanitario con categoría artesanal étnica. Ese es el principal reto y no es menor porque implica una confección diferente a la industrial, o al menos eso propone la teoría. Ese borrador de decreto ya existe pero nuestro llamado de atención ha sido con la concertación, la misma que creemos necesita realizarse en el territorio con experiencias de campo y diálogos específicos con productores y productoras tradicionales para que se atienda una realidad sociocultural y se responda a las características de los lugares donde se produce el v(b)iche.
La Ley está expedida pero no reglamentada y, por eso, cuando hablamos de estos comercios que están ofreciendo el v(b)iche, sabemos que lo hacen, justamente, porque la norma no ha entrado en vigencia.
Hace 46 años San Juan del Cesar recibe el mes de diciembre con el Festival nacional de compositores de música vallenata. Para sus habitantes el evento es una exaltación a la música campesina para lograr que trascienda de generación en generación.
Desde que en 1977 José Parodi Daza convocó a una parranda en su casa, que con el tiempo tomó la forma de una competencia entre verseadores, el festejo se convirtió en un escenario apetecido para artesanos, poetas y compositores de toda la región.
Álvaro Álvarez, presidente de la Fundación Cultura y Desarrollo, asegura que para esta edición se invirtieron 800 millones de pesos y que el encuentro lo hacen anualmente para fortalecer la cultura a través de la poesía y el son, asimismo para dinamizar la economía del municipio.
“Buscamos que las tradiciones de nuestros abuelos y de nuestros padres no se pierdan y que la juventud y los niños asuman el compromiso de mantenerlas. Esto hay que blindarlo y protegerlo no solo para que la lírica prevalezca”, agrega el presidente.
Durante los tres días de festival, del 8 al 10 de diciembre, se realizan concursos de piquería infantil y profesional, canción inédita aficionada y profesional, y además de oferta para el público asistente, Álvarez destaca la activación de comercios.
El temor de ‘Triple A’, como coloquialmente se le conoce a Álvaro Álvarez, es que no se dé una sucesión de la cultura como se dio después del fallecimiento de grandes compositores como Isaac Carrillo, Hernando Marín, Máximo Móvil. “Y aunque nosotros continuamos con Roberto Calderón, Roberto Daza Urbina, Mando Pitillo Urbina, Miromel Mendoza, entre otros, estamos de sesenta y tantos años cada uno y hay una juventud que debe meterse en esto; yo en cualquier momento doy un paso al costado”, advierte.
Álvarez asegura que el relevo generacional entre compositores es lento. “Los poetas están estancados y cantándole al facilisimo, no se inspiran, cantan a un computador, se han vuelto materialistas y ya no se le compone al sentimiento alma, al corazón", dice. A esto se suma, que en el municipio hay solo tres escuelas de música de las cuales dos son privadas.
Consonante habló con tres compositores más del municipio para que contestaran en verso si la participación en el Festival es suficiente para reconocer el oficio musical. También, sobre cuál cree que debería ser el lugar que ocupen dentro del ámbito cultural nacional. Estas son sus respuestas:
Joven de 23 años de edad, vive en el corregimiento de Los Pondores. Estudiante de V semestre de contaduría pública. Desde niño compone versos y además le gusta cantar.
Los nombres que más han sonado en el mundo del vallenato han sido aquellos de los hombres, pero Yanina Gámez es una excepción a la regla. Reconocida compositora del municipio de San Juan del Cesar.
Compositor y habitante del Corregimiento de Cañaverales. También cantante y repentista y ha sido ganador del concurso de piquería del Festival Cuna de Acordeones.
Hace once meses que no se presta el servicio de vigilancia en ninguna de las sedes de las instituciones educativas de Fonseca. Esto, sumado a la delincuencia arraigada en el municipio, disminuye la calidad del servicio educativo de los cerca de tres mil estudiantes matriculados en al menos cinco centros que han sido blanco de hechos delincuenciales.
El 20 de septiembre cinco colaboradoras encargadas de la preparación de alimentos de la Institución Educativa Ernesto Parodi Medina, de la sede Calixto Maestre, denunciaron ser víctimas de hurto y agresiones por parte de dos sujetos que entraron a la escuela con armas blancas.
Las mujeres, además de haber sido ultrajadas, aseguran que les fueron robados sus celulares y que pudieron ser víctimas de abuso sexual por tocamientos y forcejeo previo. Entre ellas alarmaron a los vecinos del sector para evitar que el episodio vandálico llegara a mayores.
Este es uno de los hechos más recientes, por el que Lenio Arocha, presidente de la Junta de acción Comunal del Barrio Primero de Julio, manifiesta: "es momento de hacer un pronunciamiento público frente a la problemática que hemos tenido con las instituciones educativas, donde personas inescrupulosas no piensan en esos niños y jóvenes que buscan formarse y recibir alimentación, que además nos brinda el gobierno nacional”.
Muchas instituciones se han visto afectadas por el flagelo de la delincuencia focalizado ante la falta de vigilancia escolar. Las denuncias, asimismo, son desatendidas por parte de los entes encargados y las autoridades competentes.
Alexander Ibarra, rector de la IE Juan Jacobo Aragón, también denunció padecer el problema. “La falta de vigilante nos ha afectado mucho, sobre todo en la sede de Rafael Manjarrez donde este año, en tres oportunidades, la delincuencia ha hecho de las suyas”. Asegura que ingresaron y se llevaron abanicos, un video beam, televisores y otros enseres y hasta lograron entrar al restaurante escolar e irse con gran parte de los alimentos de los estudiantes.
Esa fue la misma situación de la IE Ernesto Parodi Medina, donde además del asalto a las mujeres, reportaron el robo de electrodomésticos, materiales didácticos y de los alimentos que reciben del Programa de Alimentación Escolar PAE.
La Institución Educativa Roig y Villalba también ha sufrido las consecuencias de las prácticas delincuenciales al igual que la Institución Educativa Agropecuaria, donde también hubo robos. Nelvis Peralta, coordinadora de tres de las sedes de esa institución, manifiesta que durante todo este año no han tenido el servicio de vigilancia pese a que ha sido una solicitud permanente, “por eso las escuelas están vueltas nada, pero no ha llegado nadie a prestar ese servicio”, reitera, y agrega que no tiene información de ningún tipo por parte de la Secretaría Departamental, ente encargado de operar este servicio.
“Aquí en Fonseca, en todas las escuelas de primaria, no es nada más es que miren que llega la alimentación de los niños, para meterse y robarse todo”, asegura Peralta. “En el caso de la sede Clotilde Povea, todo el mundo sabe que hasta las varillas y los tubos del parque se los han llevado. Ya no tenemos nada. La sede Tomás Emilio, que fue focalizada en el municipio para tener una sala de informática, la destruyeron por completo”, concluye.
A cargo de la prestación del servicio de vigilancia está la Gobernación de La Guajira a través de la Secretaría de Educación que, según las fuentes consultadas, no ha hecho ninguna gestión por contratar una empresa que preste el servicio a las instituciones ni por brindar escucha y soporte.
La situación para la coordinación escolar ha hecho que hoy los centros de enseñanza y sus estudiantes sean vulnerables a los delincuentes. Pero ni eso ha llamado la atención de los entes públicos.
La Secretaría de Educación municipal, en cabeza de Luisa Margarita Acosta, reporta que la respuesta que ha recibido a nivel departamental es que desde el Ministerio de Educación girarán recursos que aún no llegan. De estos se destina el rubro para la vigilancia y habría que esperar hasta el próximo año, 2024, pues tomará tiempo el empalme electoral regional para que se comiencen a hacer las gestiones pertinentes.
La información ha sido la misma en la vigencia de 2023 y lo que preocupa a los rectores es el comienzo del período vacacional donde las IE estarán aún más desprovistas de seguridad y no es suficiente con la que ya cuentan. “En la sede principal de la Juan Jacobo Aragón, por ejemplo, muy a pesar de que tenemos unos vigilantes, no son suficientes para cubrir todo el perímetro de la institución”, agrega Alexander Ibarra, rector.
El panorama de fin de año para los centros educativos es desalentador. En años anteriores, Ibarra recuerda que el personal de vigilancia llegaba contratado mínimo por cuatro o seis meses, pero ahora, en una temporada en que suele haber refuerzos en sus sedes, no los tienen.
La problemática, además, lo amerita. “A pesar de que la alcaldía hizo una entrega de 150 abanicos, no fue sino que nosotros los instaláramos para que los malhechores se los llevaran”. Por eso, el rector pide a las autoridades que, para este cierre de año, haya contratación. “Pero no solo hasta el 31 de diciembre, como se acostumbra, sino que se proyecten los contratos del 2024, para que al menos contemos con las cosas que hemos dejado en las instituciones cuando retornemos, y durante el próximo calendario escolar”, dice.
Lenio Arocha, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Julio, asegura que no es la primera vez que hacen ruido para que haya acciones ministeriales. “Siempre hemos venido denunciando estos robos y haciendo el llamado a las autoridades competentes, al gobierno departamental ―por medio de la Secretaría de Educación― para que implemente una estrategia clara para solucionar esta problemática que nos acosa a todos”, declara.
“Están expuestas las instituciones y pedimos a la fuerza pública que nos brinde ese apoyo incondicional mientras que llega la solución del gobierno, más cuando se aproximan las vacaciones y los malhechores pueden saquear las instituciones”, concluye el líder.
Grandes extensiones de tierra adornadas por bosque amazónico ocultan largas hileras de mata de coca. Son las seis de la mañana y el amanecer tiñe de naranja el cielo de Orito, un municipio al sur de Colombia, conocido por su herencia petrolera y sus planicies inundadas por el verde vibrante de las hojas entre la vegetación. Todas refulgen ante el equipo observador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); que reporta un incremento del 13 por ciento de nuevas hectáreas sembradas de coca en Colombia, con 20.000 en Putumayo.
Eso deja al departamento en el primer lugar en aumento de cultivos de la planta de coca y en el tercer lugar entre los que cuentan ahora con mayor siembra de ésta en el país, además de que concentra el 10 por ciento de las nuevas hectáreas (230.000 ha).
Sandra* siembra desde hace diez años coca y produce pasta base. Años atrás, dedicarse al cultivo y cuidado de 15 mil matas, que daban como resultado un kilo de pasta base, era una opción rentable mientras su esposo se dedicaba a jornalear la tierra y al comercio de motos. Les daba para la manutención de ambos y de sus dos hijas. Según dice ella, el dinero llegaba directamente hasta su vereda. “No había necesidad de andar buscando compradores, llegaban hasta la casa. De ahí pagaba uno a los obreros y también compraba lo que le hiciera falta”, recuerda.
Cuando el gobierno llegó al Putumayo en 2017 con la propuesta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Sandra vio una oportunidad de entrar a un negocio legal y más tranquilo para ella y para otras mujeres campesinas.
La decisión de erradicar se tomó en familia y Sandra se dispuso a arrancar las matas que cuidó y cosechó durante meses. Extraerlas de raíz fue parte de un acto de voluntad que el gobierno exigía como prueba de que los cultivadores estaban comprometidos con el proceso. “Cuando nos metimos a este programa la gente estaba decidida a cambiar los cultivos ilícitos pues, como mostraban que era un buen proyecto, más de uno decidió cambiarse porque cultivar no es fácil”, dijo.
Pero las fallas reiteradas para la erradicación dejaron a la comunidad en el limbo y progresivamente, con la falta de garantías para nuevos proyectos, el retorno a la siembra de la coca volvió a ser la principal fuente de sustento. En palabras de Sandra, “la gente después de ver el incumplimiento, dijo: ahora sí hay que sembrar. Si no se cultiva coca, ¿qué vamos a hacer?”, expresa.
Francisco Mora es un campesino que dejó el cultivo de coca desde hace más de una década, antes de que existiera el PNIS, cuando los procesos de erradicación, más que ser voluntarios, se hacían a punta de aspersiones de glifosato.
Hoy se dedica a la venta de loterías y a ejercer como representante veedor del campesinado en la implementación del PNIS. Con los ojos entrecerrados por el sol, se acomoda al respaldo de la iglesia principal de Orito para confesar lo que para él es obvio: sembrar coca es una necesidad.
Lo que suelen decir en el municipio es que tanto el movimiento del mercado cocalero como su estancamiento determina en gran medida la economía rural. Mora explica que las comunidades campesinas saben que se encuentran en una actividad ilícita por la que pueden ser estigmatizadas y perseguidas. Pero, aclara: “el campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”.
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, el 72 por ciento de cultivadores en el país dependen de la coca para sobrevivir. Y de acuerdo con el informe la UNODC, citado en la Política Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia, las zonas fronterizas como el Putumayo “tienden a ofrecer mejores oportunidades para esta actividad ilegal, debido a la facilidad de ingreso de insumos químicos, fragilidad institucional, además de dominio de grupos criminales”, cita el documento.
María Pantoja, campesina, manifiesta que aunque está inscrita al PNIS y recientemente arrancó y vendió los lotes donde tenía su cultivo, la coca era una garantía para su subsistencia mientras sus palos de cacao dan frutos. Al igual que ella, otros campesinos se encuentran en un momento donde la coca parece una opción de sustento atractiva que cada tanto se reactiva y resurge con pequeños brotes de siembra. “En un tiempo nos ayudaron pero luego no le cumplieron a toda la gente. Nos tocó volver a sembrar para poder seguir adelante”, dijo.
Pese a que el informe de la UNODC atribuye el incremento de cultivos ilícitos en el Putumayo a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias Comandos Bolivarianos de Frontera- Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central con el Frente Carolina Ramírez, veedores como Mora atribuyen a una sola causa el aumento: “la gente siembra la coca meramente por necesidad, no porque otra persona u otro grupo, llámese como se llame, esté obligando a sembrar”, puntualiza.
Pedro Arenas, investigador de la oenegé Visor Mutop, considera que la realidad del aumento de cultivos de coca es más compleja que sólo la falta de sustento ante la escasa inversión en otros proyectos distintos al cultivo de uso ilícito, y asegura que se puede entender con tres variables.
Una, explica, consiste en reconocer que para el caso del Putumayo, al igual que para Nariño y Norte de Santander, la condición fronteriza y la precaria estructura institucional del Estado (en términos de infraestructura, educación, salud, vías y acceso a servicios públicos, etc.), propicia el fortalecimiento de la economía ilegal que controlan grupos armados y, a su vez, consolida la dependencia del campesinado al cultivo y producción de pasta base de coca.
Otra variable tiene que ver con que los grupos armados tienen una estructura con capacidad transfronteriza para mover cargamentos, insumos, armas y sobre todo, poder militar para ejercer control sobre las comunidades y sus territorios.
Y otras más con el comercio de la cocaína que, según el experto, “sigue activo y estable e incluso con tendencia a crecer en países de Oceanía y de África”, comenta. Lo que implica que mientras exista una demanda nacional e internacional de consumo, la oferta de pasta base de coca se va a mantener.
Lisandro Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Acae, dice que la labor de cultivar coca se relaciona con una necesidad tan básica como comer, vestir y costear su educación.
Él, quien estaba en medio de una minga con los vecinos de su vereda, se aparta del grupo para aclarar que los campesinos que no hacen parte del PNIS y mantienen sus cultivos de coca no sufren presiones por actores armados. “Nadie nos ha amenazado, tampoco han venido a decir que no pueden meterse en el programa”, reitera.
No se acogió al PNIS porque en ese momento el municipio requería tener un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado, que no tenía. Ese fue el primer síntoma de sospecha sobre posibles incumplimientos del programa con la comunidad, asegura. “El PNIS hace parte de una solución, pero un solo programa no va a sacar las necesidades del campo ni va a acabar con las necesidades de todos los cultivadores”.
El PNIS se diseñó como un proyecto que iba a desembolsar un total de 36 millones de pesos para cada familia inscrita, desde mayo del 2018 hasta septiembre de 2020. Este monto sería entregado en 5 etapas: asistencia alimentaria, asistencia técnica, seguridad alimentaria y proyectos productivos de sustitución a ciclo corto y ciclo largo.
Las dos últimas fases, que corresponden al proyecto productivo de sustitución a corto y largo plazo, sin embargo, fueron pospuestas por 14 meses más de lo planteado inicialmente.
De acuerdo con Sandra, el proyecto en un comienzo estaba cumpliendo su objetivo de reducir los cultivos y la economía ilegal. Pero los subsidios por 19 millones de pesos prometidos para el sostenimiento de otros proyectos productivos fueron intermitentes y eso la llevó nuevamente a la siembra de coca; esta vez no de una sino de tres hectáreas.
“Hubo gente que no firmó, imagínese, se puede decir que le fue mejor que a uno, porque nosotros arrancamos y uno pensó que con esa plata [del PNIS] se iba a poder sostener, pero eso no fue así”, afirma.
En 2019 el gobierno de Iván Duque ejecutó el pago de la tercera fase con el desembolso de 12 millones de pesos, en la que cada dos meses se entregaban dos millones y un apoyo de un millón 800 mil pesos como parte de un subsidio alimentario. Mientras que el pago de los 19 millones destinados a la implementación de los proyectos, se congeló. Ante ese abandono de los compromisos del Estado para lograr la sustitución, las familias productoras de hoja de coca expresaron sentirse utilizadas.
Para Hermán Hoyos, coordinador departamental del PNIS en el Putumayo, el gobierno del expresidente Duque no tuvo voluntad política de asistir y cumplirle a los campesinos inscritos al programa. Eso descrito por Hoyos se manifiesta en las posteriores dilataciones en las fechas para ejecutar pagos y la falta de asignación de recursos desde Bogotá.
“Pasaron cuatro años y no se cumplió la parte del proyecto productivo, ciclo corto y ciclo largo. Entonces las familias no pudieron establecer una manera de generar ingresos en el corto y mediano plazo”, explica Hoyos.
El incumplimiento del Estado con los campesinos cultivadores de coca provocó una gran decepción y volver a sembrar ha sido una respuesta inmediata para tener una entrada económica.
“La gente no se deja morir de hambre. Una vez pasan los años y no te entregan las cosas para establecer tu economía, es probable que muchos vuelvan a sembrar, de pronto, no en el predio donde arrancaron [la coca], pero sí en otros”, expone Hoyos.
En medio de la incertidumbre y desconfianza, varias familias inscritas al PNIS empezaron nuevos cultivos de coca en porciones de tierra distintas a las inscritas previamente en el programa. En palabras de María Pantoja, algunas personas tienen los predios con coca “de engorde”, mientras aumenta el precio de la hoja y la pasta base. Incluso, comenta que ella también tenía una hectárea que erradicó para comprar otro lote que va a arar no para la coca, sino para el cacao.
Francisco Mora insiste en que este programa no ha sido eficiente desde su formulación. Cuenta que campesinos como él, que tienen cultivos de cacao, café, piña, pimienta o hasta con ganado, “es porque lo han logrado con su propio esfuerzo, no con apoyo del gobierno nacional. Eso tiene que estar claro”, dice.
Tal fue el caso de Carlos Viera, otro campesino que tuvo hasta 8 mil palos de coca y que en 2019 se propuso tener una finca cafetera. Hoy asegura que su proyecto fue posible gracias a capacitación y dinero que recibió pero de organizaciones no gubernamentales.
Mora añade que otro obstáculo para la sustitución tiene que ver con la inflación. El líder explica que el dinero destinado al ciclo productivo fue calculado a partir del precio de insumos y de mano de obra para el trabajo que corresponden al 2017, una estimación que caducó comparada al gasto real. “Los costos han subido: los jornales, los insumos, el precio de las herramientas, las semillas, todo ha subido de precio”, declara.
De acuerdo con Sandra, los sobrecostos por parte de los proveedores contratados por el programa también son otra de las falencias, pues conoce casos en los que si “un machete costaba 10 mil pesos, lo registraban a 30 mil pesos”. esto sin dejar de lado la calidad de los insumos: cuenta que en la vereda El Sábalo, por ejemplo, el gobierno entregó purina para aves de engorde que retrasaba hasta 4 o 5 meses la cría de estas e, incluso, hubo aves que murieron por la mala calidad de la purina.
Luego de conocer el caso de la vereda, Sandra se negó a recibir la purina que el proveedor del PNIS le entregó para aves de engorde, ya que sabía que era de mala calidad. La respuesta que recibió por parte del funcionario de Tecniagro, empresa contratada como proveedor de insumos, no la satisfizo. “Hicieron lo que quisieron: me dijeron que si nosotros recibimos eso, bien, o si no, que se perdía”. Sandra pidió un cambio de purina por maíz para alimentar gallina de finca y el proveedor le insistió en aceptar lo que ofrecían.
Estos tratos para Sandra son un abuso al campesinado por parte del intermediario. Redactó entonces una queja y aclara que lo más importante para el campesinado es que les den lo que “les pertenece”, asegura. “Es que esto no es regalado, esto lo están entregando después de que nosotros arrancamos [plantas de coca]”.
“El campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”.
Francisco Mora
Otra de las críticas al PNIS la hizo el mismo coordinador departamental, Herman Hoyos. Afirma que durante el diseño del programa hubo procesos de socialización y concertación con las familias campesinas que integran la economía del cultivo de coca. Pero, durante la implementación, la participación de las comunidades para proponer alternativas y soluciones acordes a sus necesidades ha sido limitada.
“Muchas veces esa concertación es manipulada, ya viene algo prefabricado: te dejo participar, pero participas dentro de un rango”, advierte.
Para Sandra es necesario que el gobierno escuche las necesidades y demandas de los campesinos, pero sobre todo que les dé soluciones sin intermediarios y con más agencia. Aunque según la lideresa si desde el inicio los campesinos no fueron tenidos plenamente en cuenta, el fracaso es cercano. Incluso cuando al campesino le destinan recursos, cuenta, “el contratista es el que se lleva la mejor parte”.
José Luis Mansisoy, otro líder campesino recolector de coca, vive solo en su finca por amenazas en razón de su liderazgo que le obligaron a sacar a su familia de la vereda El Jordán, donde un gallo anuncia todas las mañanas la llegada del sol en el Bajo Putumayo y él se prepara para ir a fumigar.
Dice que es necesario asegurar que los proyectos productivos tengan posibilidad de comercio nacional. “Nosotros cambiamos, sustituimos cultivos de coca a pancoger”, expresa mientras señala unas matas de plátano y unos árboles de cacao en su patio. Pero como él, varios campesinos señalan que el PNIS no tiene ningún enfoque comercial para la venta de estos productos fuera del departamento.
Maria Pantoja, campesina, resalta que ese acceso al campesinado es importante. Para ella, vender a buen precio es cuestión de suerte, cuando no, vende barato y pierde. “Es necesario un espacio donde las personas puedan tener una buena renta”, dice.
El campesinado pide evaluar la posibilidad de exportar todos los productos distintos a la coca para no saturar el mercado local. Si las familias empiezan a sembrar plátano o crían pollos, dice Sandra, en tiempo de cosecha “nadie va a tener a quién venderle” porque todos han cultivado, entonces van es a pérdida.
La única opción para reemplazar la coca, dicen, es que el PNIS y el Estado orienten al campesino a proyectos productivos que sean de tipo exportación y de transformación de materia prima, después de la soberanía alimentaria. Pero las vías de acceso son otro gran problema que entorpece la sustitución para el campesinado del Putumayo. Quienes viven en las zonas rurales, tienen una precaria infraestructura que les impide comercializar sus productos dentro y fuera del departamento.
Según Sandra, los campesinos en las veredas no cuentan con buenas vías terciarias y al transportar productos como plátano, yuca, piña o papaya por los caminos destapados se estropean los alimentos, incluso antes de llegar al casco urbano.
Para el líder veredal, Lisandro Cortés, el PNIS es apenas una sola solución de las tantas que demanda el campesinado de Orito frente a los problemas que impiden lograr la sustitución. Para él es importante el apoyo económico que el Estado les pueda brindar, pero este no es suficiente si no hay asistencia, capacitación e industrialización de procesos. Pese a que no está inscrito en el PNIS.
Sandra concluye que hay desesperanza. En el departamento no hay la suficiente oferta de educación pública universitaria ni oportunidades laborales. Esta situación, dice la campesina, refuerza la dependencia del joven a la economía ilegal, la que parece más próspera para la obtención de ganancias comparada con cualquier otro producto agrícola.
En la avenida Marco Fidel Suarez, en el centro de Orito, campesinos de las 117 veredas de la zona rural esperan en fila frente a las puertas del Banco Agrario con una nueva promesa: la reactivación del proyecto.
El pago de dos millones de pesos prometido por el actual gobierno de Gustavo Petro a cada familia son parte del adelanto de los 19 millones de pesos pendientes del PNIS. La estrategia, llamada “Hambre Cero”, se inició para solventar el impacto por el estancamiento del mercado de la coca en la región. Esta primera estrategia forma parte de la política pública: “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Política nacional de drogas 2023-2033”.
La política, que es decenal, busca cumplir con los compromisos adquiridos por el PNIS estatalmente, es decir, saldar en 36 meses las falencias de un proyecto que lleva seis años de implementación. Hoyos, coordinador departamental del PNIS, menciona que la premisa desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos es entregar, para el 24 de diciembre de 2023, 190 mil millones de pesos que corresponden a los 19 millones de pesos que las familias que aún integran el programa no han recibido y, tal vez así, recobrar la confianza de los campesinos en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
A pesar de que esta iniciativa espera cumplir con los pendientes en un tiempo récord, para las familias cultivadoras y líderes campesinos existe el temor de que la historia se repita. “Están acostumbrados a engañarnos y ahoritica no nos vamos a dejar engañar. Por acá dicen que ya nos engañaron una vez; otra vez si ya no”, protesta Sandra.
En los últimos 20 años, según el Ministerio de Defensa, el Estado colombiano ha invertido 76 billones de pesos para erradicar la coca, un cultivo que con el paso del tiempo se fortalece mientras que la fe en el proceso de sustitución y en el Estado se debilita.
* Los nombres fueron cambiados para proteger la integridad de las fuentes.
Texto
Maria Paula Sierra Jiménez
Hugo Cárdenas González
Productora
Esta historia fue posible gracias a la iniciativa de Yessica Torres Galindez, lideresa campesina que hizo parte del diplomado en formación periodística de Consonante en Orito, Putumayo.
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Hugo Cárdenas
Edición
Manuela Saldarriaga Hernández
Antes de conocer los resultados electorales la suerte parecía echada. Las dos principales opciones para gobernar el Chocó, los próximos cuatro años, eran visiblemente diferentes.
Por un lado, el veterano político Patrocinio Sánchez Montes de Oca, a quien las encuestas previas pronosticaban como ganador y quién volvía a presentarse respaldado por varias fuerzas políticas. Una figura conocida por hacer parte de una de las principales familias con poder político en el departamento y, también, por haber sido condenado a 18 meses de carcel por irregularidades en los contratos cuando fue alcalde de Quibdó.
Su principal rival, una mujer: la abogada Nubia Carolina Córdoba Curi, doctoranda en política y gobierno en la Universidad de Córdoba, Argentina, y Magíster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona.
En la noche del domingo 29 de octubre, el conteo de votos la determinó a ella como ganadora. Obtuvo 49 por ciento de votos, cuatro puntos por encima de su contendor político.
Su experiencia en el sector público más cercana ha sido vinculada como Secretaria del Interior y de Gobierno Departamental de la pasada administración, de la mano del gobernador Ariel Palacios Calderón, donde Córdoba Curi exaltó la importancia de enlazar la gobernación con los planes de desarrollo municipales y las políticas públicas locales para la administración territorial general.
Si bien es cierto que la familia Córdoba ha sostenido el poder durante años en el Chocó, la lideresa de Tadó Sandra Perea admite que, como esa, la mayoría de familias chocoanas con mando en el departamento han sido liberales. Cree, sin embargo, que a pesar de las discordias e investigaciones dentro de la tradición del partido nacional, “hay que dejar de utilizarlo para estigmatizar a las mujeres que respaldan o creer que tienen menos derecho. Ese, en cierto punto, es no dejar que alguien haga las cosas mejor”.
La gestión de Córdoba Curi es bien evaluada por otras lideresas políticas como Natalia Mazo, exsecretaria de Salud de El Carmen de Atrato y aspirante en este período a la alcaldía del municipio. “Ella es muy capacitada y durante la pandemia tuvo que lidiar con las dificultades que se vivieron, y los resultados fueron buenos”, asegura.
Consonante consultó a diferentes mujeres líderes para conocer cómo podría repercutir el liderazgo de Córdoba Curi en el departamento.
El liderazgo de Córdoba Curi no está cuestionado, dice Mazo, “lo que sigue es que ella comience a buscar soluciones a los problemas tan graves que vive el Chocó, como son la pobreza y el desempleo”. Además de tener que mejorar la conectividad de inmediato e intentar quitar el estigma de que “Chocó es corrupto e ineficiente”, declara la líder política.
La pobreza en cualquier municipio del Chocó, sin embargo, no va a ser fácil de erradicar. El que no haya oportunidades para todos no se resuelve en un período electoral. Eso lo sostiene la lideresa Sandra Perea, docente del municipio Tadó, Presidenta de la Casa Social de la Mujer, integrante del programa Adulto Mayor y Madre Líder de Familias en Acción. “La gobernadora podrá, simplemente, minimizar o bajar un poquito los índices, generar empleo para mejorar la calidad de vida y entregar responsabilidades a quienes tienen liderazgo”, complementa.
Según la gestora de proyectos sociales Luz Nelis Palacios, la gobernadora podría impulsar iniciativas departamentales que respondan a las necesidades específicas de los distritos y barrios, como lo ha sido históricamente la construcción de infraestructura o la reiterada promoción de empleo. Igualmente, confía en que Córdoba Curi sabrá cómo promocionar para Quibdó “la inclusión, la equidad, la igualdad, reducir el índice de violencia, la construcción de entornos protectores y el mejoramiento en la salud que es precaria”, asegura.
La lideresa afro Anny Rodríguez, desde El Carmen de Atrato, propone que la recién electa gobernadora convoque a las lideresas para que ajuste el plan de desarrollo que exhibirá después de que se posesione. “Tiene que asignar presupuesto para la generación de empresas en El Carmen de Atrato, para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades; también proyectos para formalizar a los vendedores ambulantes y otros específicamente para las mujeres en el campo”.
Para Natalia Mazo, la victoria de Córdoba Curi, según dice, permite romper una hegemonía de hombres en el poder y cambiar las dinámicas internas al dejar la oportunidad a más mujeres en el departamento en puestos de liderazgo.
“Siempre que una mujer llega al gobierno se rompe un esquema de exclusión”, expresa la aspirante a un cargo de representación. “Por primera vez, por voto popular, una mujer es elegida gobernadora, una mujer afro, chocoana, en un cargo de este nivel”.
Por lo mismo, la lideresa afro Rodríguez espera que la señora Curi, en sus palabras, sea la que implemente una política pública con un enfoque étnico y diferencial en el Chocó. Aunque esos aspectos a promover han estado presentes en su discurso, así como en su plan de gobierno, el énfasis de desarrollo que esperan las lideresas es que se dé con las mujeres.
Sandra Perea coincide con el entusiasmo contagiado por la gobernadora electa. “Gracias a esa gallardía que tiene Córdoba Curi ―anticipa―, muchas mujeres que están en otro ámbito ven en ella un impulso para dejar el miedo y el silencio en el Chocó y hacer notar el empoderamiento”, declara la lideresa.
Una de sus expectativas está puesta en la empleabilidad, específicamente, para campesinas y no campesinas. “Como las mujeres cabeza de hogar, porque Córdoba Curi promueve un cambio enfocado en nuestra profesionalización y en la transformación del territorio por medio de asociaciones o emprendimientos que muchas mujeres hemos liderado”.
Asimismo, la gobernadora electa ha sido enfática con el progreso económico del departamento apoyado en quienes no han tenido ―por racismo o por falta de acceso― oportunidades a nivel nacional. “En Chocó requerimos un empleo digno y, que pueda ser real con este gobierno, claro que nos interesa”, añade Perea.
Para la gestora de proyectos sociales Luz Nelis Palacios, en el Chocó la gobernadora deberá dar vía libre a más políticas de inclusión. “Eso implica promover su política feminista y trabajar en múltiples niveles para lograr la igualdad de género y los derechos de las mujeres”, y añade que todavía muchos espacios son inaccesibles para ellas en el departamento.
En Tadó, al menos para Luz Nelis Palacios, la nueva gobernadora podría enfocarse en la educación inclusiva y en la sensibilización frente a la igualdad en colegios y universidades; en la extensión de charlas, talleres y campañas de concientización sobre los problemas que enfrentan las mujeres; en fomentar su participación política y en la representación equitativa de género para la toma de decisiones.
Esas, y el apoyo a leyes y políticas de igualdad, es decir, “trabajar para respaldar proyectos que protejan los derechos de las mujeres y promuevan la igualdad de género”, es algo que Córdoba Curi podría atender municipalmente.
“Ella se puede involucrar en campañas de promoción, firmar peticiones y unirse a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en Tadó. Puede promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de la igualdad salarial, el acceso a oportunidades laborales y el fomento del emprendimiento”, añade Palacios.
Tan solo en Quibdó, hay tres organizaciones trabajan en la reducción de estas agresiones dirigidas (La Red Juvenil de Mujeres Chocoanas, la Fundación Mujer Afro Empoderada y Círculo de Estudios Culturales y Políticos). “Córdoba Curi puede trabajar para que las mujeres reciban el apoyo necesario y tengan acceso a servicios como refugios, asesoramiento jurídico, etc.”, dice la lideresa.
Y según Sandra Perea, en Tadó es igual de necesario el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, quienes deberían estar entre sus prioridades como lo estuvieron las personas menos atendidas, según aseguran las fuentes consultadas, durante su cargo como Secretaria del Interior y de Gobierno Departamental.
Sandra Perea cree, además, que es una buena señal que Córdoba Curi haya recorrido todo el departamento antes de quedar electa. Por eso cree que en Tadó, y en otros municipios, también la nueva gobernadora podría ayudar en la conectividad entre centros poblados y la cobertura de servicios. “Por sus propios medios se dio cuenta cómo las personas que viven en zonas rurales apartadas no tienen una vida digna. Son personas en unas condiciones que se pueden transformar por medio de programas y ayudas puntuales dirigidos a territorios nunca antes visitados por otros, que esperamos lleguen”, advierte.
En El Carmen de Atrato, particularmente, es favorable su victoria, según explica Mazo, porque Córdoba Curi ha mostrado interés en la especialización del territorio, “este municipio representa un potencial muy importante en el marco de la agricultura, de los derechos del Río Atrato y el campesinado”. Al menos Mazo espera que “haga un gobierno donde las personas sean nombradas por sus méritos”. Y la líder afro, Anny Rodríguez, se suma: “si la señora Curi quiere gobernar bien, deberá ser independiente”.
Córdoba Curi asumirá el cargo a partir del 1 de enero del 2024 y, aunque enaltecen en el poder su género en una región donde más del 50 por ciento de la población es mujer (Dane), su camino tiene una precursora que ha sido olvidada. Doryla Perea de Moore, su antecesora, nació en Quibdó en 1929 y fue considerada una de las mejores gobernantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia (1974), al mando del Chocó. “Los medios, por ganar auge o porque aquí en el departamento nunca se ha mirado con cuidado, siempre la olvidan”, concluye Perea.
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Reportería:
Vivianey Balvin
Manuela Saldarriaga Hernández
Gabriel Linares López
Videografía:
Gabriel Linares López
Edición:
Jonathan Bock Ruíz
Carolina Arteta Caballero
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Reportería:
Betsabé Molero
Dalis Bolívar
Yonairo Gómez
Haitin Herrera
Oscar Peñaranda (Zehero)
Manuela Saldarriaga Hernández
Videografía:
Gabriel Linares López
Montaje:
Gabriel Linares López
Manuela Saldarriaga Hernández
Edición:
Jonathan Bock Ruíz
Carolina Arteta Caballero
