Más cobertura para la educación superior; proyectos de salud mental; protección de los recursos hídricos y la no explotación minera en Cañaverales son algunas de las peticiones que resultaron de la primera Asamblea Departamental de Juventud. Esta ocurrió en diciembre de 2023 por iniciativa del Consejo y la Plataforma Municipal de Juventud, no del alcalde.
Aunque la Ley 1885 de 2018 contiene el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que estipula que las administraciones locales deben celebrar la Semana de la Juventud en el mes de agosto; en San Juan del Cesar se realizó luego de que representantes del Consejo y Plataforma Juvenil se comunicaran con la Secretaría de Gobierno.
Con un documento público que demostraba que había sido aprobado por la administración pasada un presupuesto de $32.431.000, las y los jóvenes del municipio se congregaron a celebrar sus días desde el 13 hasta el 17 de diciembre de 2023 con una serie de actividades: ciclorutas, murales contemporáneos, cuadrangulares de fútbol y vóleibol, fogata por la salud mental y el taller de arteterapia, entre otros, promovieron una agenda para llevar a cabo la Asamblea Departamental de Juventud que rescató sus prioridades.
Tras buscar a la Secretaría de Gobierno insistentemente y exigir la ejecución del presupuesto asignado, cuenta la consejera Sarit Benjumea que hubo silencio institucional. Díaz, por su parte, asegura que tuvieron que meter presión, “recurrimos a la Defensoría del Pueblo pero lo único que se cumplió el año pasado de la agenda juvenil anual fue celebrar nuestra semana”.
“El principal obstáculo siempre ha sido la falta de apoyo de la administración”, corrobora Elías Jiménez, presidente del Consejo, para quien todo lo que se dio en los últimos días de gobierno de Álvaro Díaz demostró, entre otras, las dificultades para cumplir con las agendas como con los roles que voluntariamente asumen.
“En comparación con otros municipios, nosotros seguíamos en pañales; no teníamos garantías ni un lugar dónde seccionar, siempre dependíamos de la sala de juntas de la Alcaldía Municipal o de la casa del presidente del Consejo”, agrega Izamar Díaz, consejera por la curul de víctimas y actual presidenta de la Plataforma de Juventud.
Así fue como la falta de atención y escucha ocasionaron, en palabras de los consejeros, que tanto la Plataforma como el Consejo se fueran debilitando y no funcionaran como la ley lo establece. De hecho, de quince consejeros que iniciaron, solo permanecían cuatro activos.
La Plataforma, además, estuvo inactiva hasta que a finales de diciembre sus integrantes la reactivaron. Hoy está revitalizada con 13 organizaciones que trabajan activamente por la juventud en el municipio.
La falta de garantías para el buen funcionamiento de estas instancias no solo ha ocurrido en San Juan del Cesar y no es un problema de ahora, esta misma situación pasó en gran parte del país como lo demostró Consonante en una investigación.
Tras 4 años complicados, el panorama parece cambiar este 2024 para el Consejo Municipal de Juventud y la Plataforma. A mediados de enero se reunieron para llevar a cabo la primera Comisión de Concertación y Decisión con el nuevo alcalde, Enrique Camilo Urbina, y representantes de algunas de las Secretarías.
De esa reunión, dice Izamar Díaz, hoy presidente de la Plataforma y consejera, que obtuvieron varios logros: “Avanzamos en conseguir un lugar donde podemos reunirnos y seccionar, es decir, tenemos una casa de la juventud”.
Urbina les entregó un lugar para operar donde antes funcionaba el Concejo Municipal de San Juan del Cesar, pero desde hace varios años estaba abandonado. Recibirlo implicó una remodelación y adecuación que fue prometida por parte de la Alcaldía. Sin embargo, también han sido los mismos jóvenes quienes han asumido esa tarea con donaciones de la comunidad en general.
“Estaba en las peores fachas, pero cada uno lo está levantando, barriendo, lavando y poniéndolo en óptimas condiciones, hemos recibido aportes de mucha gente”, dijo Díaz a Consonante.
Sarit Benjumea, por su parte, reconoce que el tener una casa ha sido un avance significativo, pero pide que la Administración les brinde un apoyo más consolidado: “Si bien nos entregaron un sitio que está en malas condiciones y que puede restaurarse; para nadie es un secreto que todo necesita recursos y nosotros no tenemos presupuesto para poder sacarlo adelante por nuestra cuenta”.
Los jóvenes han recibido acompañamiento en la limpieza del lugar con la empresa Interaseo y los bomberos, por gestión de la Alcaldía. Por medio de redes, además, realizan una campaña para recoger insumos que permitan el mejoramiento y adecuación de su nueva sede.
Además de un lugar para seccionar, la juventud logró presentar en esa Comisión a la administración actual su cronograma de actividades y Enrique Camilo Urbina hizo un compromiso que, según Izamar Díaz, esperan sea cumplido: “Necesitamos un capítulo diferencial y el Alcalde quedó comprometido en asignarlo, pero antes vamos a tener una mesa de trabajo solo para sacar adelante la Política Pública Municipal de Juventud, que es lo más urgente”.
Otro compromiso acordado en la reunión con el Alcalde tiene que ver con elegir un enlace de juventud idóneo. “El año pasado asumí este cargo pero sin recibir un salario y no quiero volver a pasar otro año más ayudando a una persona que ni siquiera leyó el Estatuto”, concluye Díaz.
El alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, abre las puertas de su despacho a Consonante después de atender una emergencia en la que cerca de 40 personas perdieron la vida. Toda su atención se volcó al caso, del que afirmaron tuvo que ver la falta de adecuación oportuna de taludes en la vía que conduce de Quibdó a Medellín, a la altura del municipio que hoy gobierna.
“Venimos de una tragedia en la que hemos estado muy ocupados”, corrobora el Alcalde. “Apenas el lunes cerramos operaciones y hemos estado reunidos con ministerios y con la vicepresidencia”. Entre sus prioridades están atender y adecuar con condiciones óptimas vías que lo necesitan y, por otro lado, sacar adelante el hospital municipal. Para el primer proyecto, que ya está aprobado, la Alcaldía destinará 16.000 millones de pesos en pavimentación en el tramo de El Siete a El Carmen. Y para el hospital destinará cerca de 35.000 millones de pesos.
Herrera asegura que el accidente evidenció cómo el hospital de El Carmen de Atrato no cuenta con las capacidades de atención deseables. “Tuvimos que sacar a la gente hacia Antioquia porque no había espacio, no teníamos camillas”, agrega y señala que es preocupante, porque la maqueta del hospital se hizo hace 12 años.
“Eso tiene que ser ya y hay que decirle al ministro de Salud: mire, tengo fotos de heridos acostados en el suelo porque no teníamos dónde recibirlos. Venga y denos la plata para el municipio porque puede haber otras emergencias en la vía, en el casco urbano, en las veredas…”, relata el funcionario.
El próximo 5 de febrero Herrera promete reunirse con instituciones nacionales facultadas para aprobar proyectos y destinar recursos. Mientras su agenda avanza, dice a Consonante cómo encontró el municipio al que sedujo con sus propuestas en las pasadas elecciones.
Consonante: ¿Cuál será la prioridad de su gobierno en el primer año y qué resultados espera?
Jaime Arturo Herrera: Recuperar a la juventud porque hoy el 40 o el 50 por ciento de la juventud en la cabecera municipal se está yendo por el camino de las drogas y el del alcoholismo. Pero la culpa no es de ellos, es de los padres de familia, de los mandatarios y de la autoridad competente. El artículo del menor de edad no sé está aplicando porque si fuera así, no veríamos niños en la calle a las 12 de la noche.
C.: ¿En qué estado general encontró El Carmen de Atrato?
J.A.H.: Veo un municipio confundido. El parque está lleno de basura. Los ambientalistas parece que sólo tocaran la puerta cuando necesitan un proyecto. Me tocó llegar a lavar el parque, organizarlo, mejorarlo. Pero lo que más me preocupa es el desorden administrativo que encontré y el desorden en tema vial. Tendré una reunión con el Ministerio de Transporte porque vamos a buscar que el tránsito nacional llegue al municipio para organizarlo. Aquí los jóvenes andan como por su casa, tiene más seguro un aguacate hass que una moto. Acá en la cabecera municipal parquean una moto donde se les da la gana. En El Siete ve una mula a la derecha, otra a la izquierda, camiones por todo lado y uno no sabe por dónde pasar. Pero deme una espera y le organizo esto como organicé El Siete, que quité la maleza que ya estaba llegando a la vía. Vamos lento pero vamos.
C.: ¿Cómo lo va a lograr?
J.A.H.: Dándole oportunidades a los jóvenes que nos están pidiendo a gritos escenarios deportivos. Ni en la vereda La Argelia ni en el pueblo de la Memoria Histórica hay escenarios deportivos. En la cabecera municipal está el espacio del Seminario que es puro pasto, como si fuera un potrero. Por eso, como alcalde, he estado hablando con la Diócesis de Chocó para hacer un convenio de transformación para esa cancha. De esa forma vamos a cambiar a los jóvenes el chip del consumo por el de la cultura.
C.: Además de escenarios deportivos, en el municipio piden atención en salud mental. ¿Qué acciones realizará para cumplir con las necesidades de la gente?
J.A.H.: A La Puria también le estoy proponiendo que en El Seminario se pueda montar un centro de rehabilitación donde hoy hay un espacio que usan para reuniones. Como líder social me gusta ayudar al prójimo, lo hice con tres jóvenes que estaban cansados de las drogas para que se rehabilitarán, pero en Medellín. Por eso pienso que es mejor montar un centro local, con los psicólogos y profesionales de aquí y que quienes ingresen puedan también estar cerca a su familia.
C.: En cuanto a la generación de oportunidades en educación y empleo, ¿qué hará?
J.A.H.: Como concejal, durante dos años, gestioné la universidad que hay en El Carmen. Me daba tristeza ver cómo el señor Jaime Roble se sentaba en esta silla y no ayudaba a los jóvenes ni con lo que costaba la inscripción a la universidad. Nosotros empezamos con cuatro carreras habilitadas y después de que la ministra de Educación vino al municipio, ya se nos aprobó otras dos más. Eso es una muestra de que estoy comprometido.
También estoy comprometido con el turismo. Muchos carmeleños se van para Bolívar, pero acá hay veredas como Guaduas, La Argelia, La Clara, que se pueden visitar. Un turismo al que le hace falta que el gobierno municipal, departamental y nacional le preste atención.
C.: Su propuesta principal ha sido impulsar el campo y que la economía gire en torno a la agricultura, ¿qué hará para cumplir con esta propuesta y la de turismo, si las vías tanto internas como externas están en mal estado?
J.A.H.: Si en seis meses no pasa nada con la UMATA, la liquido. No vamos a tener cuatro funcionarios sentados que no van a visitar las veredas. En ese caso propongo montar una Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que nos permita que el presidente Gustavo Petro le invierta al campo Carmeleño. Hoy está totalmente descuidado. Con el gerente de la UMATA estoy planteando montar algo ambicioso; llevo 20 días en el cargo y ya estoy formulando un proyecto de café por 7.000 millones de pesos. Petro y la ministra de Agricultura han dicho que sí hay plata para el tema rural, pero que necesitan proyectos. El mío es el campo porque yo nací ahí, soy campesino. Y cuando miras a la derecha, a la izquierda o al frente ves campo o encuentras caña, café, ganado o truchas.
"Si en seis meses no pasa nada con la UMATA, la liquido. No vamos a tener cuatro funcionarios sentados que no van a visitar las veredas. En ese caso propongo montar una Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que nos permita que el presidente Gustavo Petro le invierta al campo Carmeleño"
Jaime Arturo Herrera
C.: ¿Cómo va a trabajar con la mesa triétnica que está en el sector de la trocha?
J.A.H.: No conozco el proceso de fondo. Sé que en el restaurante de El 18, que ha sido de los afros, los paramilitares hicieron una masacre y varias personas tuvieron que desplazarse. Ahí el Estado tiene la responsabilidad de indemnizarlos. Estoy esperando que el Ministerio de Interior me convoque a una reunión para conocer en qué va el proceso. Eso lo tendrá que definir un juez de reposición de tierras, yo no tengo nada que ver; lo único que puedo hacer es rodear y querer a los afros como lo hago con los indígenas y los mestizos.
C.: ¿Cómo va el inicio del PAE y cuál es el estado del inicio de clases en las zonas rural y urbana?
J.A.H.: El pueblo carmeleño debe sentirse muy orgulloso porque el 14 de enero comenzó el PAE. Ese día teníamos la plata e hizo presencia la Ministra de Educación, la vicepresidenta Francia Márquez; la Secretaria de Educación Departamental, la Coordinadora de Educación Municipal. También hay que decir que hace 20 años veredas como La Argelia están pidiendo transporte escolar para los niños. Esa fue una de las cosas que me contaron y pidieron en campaña. Acá decían que no había presupuesto, pero el gobierno enviaba la plata, si la querían embolatar es otra cosa.
C.: ¿Cuáles son sus propuestas para las mujeres del municipio? ¿Qué pasó con la política pública de mujeres, la casa de la mujer, entre otras?
J.A.H.: Le puedo abrir todas las oficinas y va a encontrar más mujeres que hombres. Eso es una muestra de que estoy comprometido con las mujeres porque ellas sufren mucho. Con respecto a la Casa de la Mujer, el contrato va avanzando y ayer hubo una reunión técnica con los contratistas, pero las cuentas no me dan para lo que se invirtió. Por ahora no puedo asegurar nada porque estoy esperando el informe de ingenieros, técnicos y el jefe de planeación para saber cómo está la obra.
C.: Más allá de la infraestructura de la Casa de la Mujer, ¿qué tipo de espacios o capacitaciones se van a dar en este lugar?
J.A.H.: El primer piso ya viene funcionando. En el segundo piso habrá un auditorio que, tengo entendido, ya está en avances. Ese auditorio no será de la administración, será público, para la comunidad porque acá no hay espacio para reunirnos. Vamos paso a paso, apenas llevo 20 días, déjenme avanzar. De a poco las mujeres me van a invitar, vamos a decir quién es la que va a seguir de presidente este año o los dos años siguientes. Aquí van a tener un alcalde que quiere a sus mujeres, que no las va a vetar porque yo si las veto, veto hasta a la mujer mía. Y entonces, ¿en qué estamos?
C.: Los principales empleadores en el municipio son la mina y la Alcaldía, ¿Cuál es su propuesta para generar más opciones de trabajo en el municipio?
J.A.H.: Administrando uno encuentra que todo lo dejaron amarrado, porque aquí hay mucha gente que está por concurso. Los que yo nombre fueron jefes de Gabinete, no más fueron seis, y la persona representante de víctimas. De resto, ayuda del gobierno departamental pidiéndole a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba abrir las puertas para generar empleo. Acá la gente decía que iba a traer a todos los negros de Quibdó y aquí está toda la nomina carmeleña. ¿Cómo iba a traer una nómina de otros municipios? Primero hay que darle posibilidades a los de la casa porque si yo no comienzo con la casa, entonces, ¿en qué estamos?, ¿cuál es mi esperanza?, ¿para quién es la esperanza?, ¿para la gente de afuera o para la gente del pueblo?
C.: ¿Cómo es su relación con la gobernadora Córdoba Curi?
J.A.H.: Tenemos la mejor relación… tanto que impulsamos el trabajo de la tragedia del sector del 17 y lo enfrentamos los dos. Creo que la comunidad carmeleña y chocoana se siente orgullosa de las 300 personas que trabajamos ahí. ¿Sabes cuánto costó para mí? Para mí no fue plata, para mí fueron 40 muertos; la tragedia más grande que ha habido en El Carmen de Atrato y en el Chocó. Volviendo a la Gobernadora, estamos trabajando unidos para el desarrollo. Estoy esperando que ella me dé un espacio en su agenda para llevar unas inquietudes e ir definiendo.
C.: Miner S.A tiene una deuda con la nación y funciona con la licencia de explotación vencida, pero también es una empresa poderosa en el municipio, los últimos tres alcaldes han trabajado ahí y tiene una amplia influencia social. ¿Cómo será la relación de su gobierno con esta empresa?
J.A.H.: A la mina hay que tenerla porque es la fuente de empleo del pueblo. Genera 1350 empleos entre directos e indirectos, pero no voy a recibir migajas. A la mina hay que tratarla con seda, hay que dialogar y decirle: ‘aquí hay una deuda con El Carmen, con los niños, con el pueblo’. Voy por cosas grandes, no para mí sino para el municipio que lo necesita. Hay que hacer algo macro para que cuando esto se acabe (la mina o los recursos) no vaya a quedar un pueblo fantasma. No es una hoja de zinc o 10 varillas de hierro, no, este es el proyecto que necesita el pueblo. La mina no se va, hay que sostenerla y hay que tratarla como familia. Como empresario que soy no voy a acabar la mina, tenemos es que ponernos de acuerdo en que las utilidades queden en El Carmen y hagan cosas por el pueblo. Lo que hay que preguntarle al último mandatario es: ¿y dónde quedó la plata?
"Como empresario que soy no voy a acabar la mina, tenemos es que ponernos de acuerdo en que las utilidades queden en El Carmen y hagan cosas por el pueblo"
Jaime Arturo Herrera
C.: ¿La licencia se va a renovar?, ¿qué hará su administración?
J.A.H.: Ese tema tampoco lo conozco, pero allá está pegado el que dice si la puede renovar o no. Eso le corresponde al presidente Petro, el jefe máximo. Yo solo soy un carmeleño más. Es el ministerio de Minas y Energías el que da el aval.
C.: En su programa de gobierno habla de fortalecer las organizaciones de base en el municipio. ¿Cómo piensa hacerlo?
J.A.H.: Primero tenemos que reunirnos con las Juntas de Acción Comunal para que me cuenten cómo va el proceso y en qué los puedo apoyar. Como ellos están comenzando apenas, no tienen plata y entonces, ¿de quién se pegan?, de la Administración. Nos dicen que necesitan ir a Bogotá a poner un proyecto, los apoyo. Si como Asocomunal consiguen un proyecto de 4.000 millones que necesitamos para una placa huella en La Argelia, yo los felicito porque eso trae progreso, viene más turismo y la comunidad se va a sentir más segura. Me he retratasado para ir a visitarlos por la tragedia del kilómetro 15, pero tengo que ir a todas las veredas con el secretario de Planeación para preguntarles cómo va el proyecto, qué les hace falta, en qué ayudo.
C.: ¿Cuál es el presupuesto de la alcaldía y en qué se va a destinar?
J.A.H.: Tenemos 19.000 millones de pesos y la mitad se la llevan las EPS. Nos quedan unos 10.000 millones. ¿Qué hago con 10.000 millones de pesos? Lo que le he propuesto a los carmeleños es que recen mucho por mí a ver si consigo dos o tres proyectos para el municipio para traer plata y progreso.
C.: Nos dijo que hay contratos amarrados, cuéntenos…
J.A.H.: Hasta el 31 de diciembre, no dejaron contratos amarrados, pero sí las cuentas vacías. No he firmado contratos, apenas los de los jefes de Gabinete porque es una orden. No me he robado una sola puntilla y el Personero ya me ha mandado unos 50 requerimientos. Pero pa’ eso le pagan, pa’ que vigile al alcalde. Voy a seguir trabajando honradamente por el pueblo. Del presupuesto queda lo que llega cada mes. Este mes llegaron 700 millones de pesos y hay que repartirlos con los pueblos indígenas, las veredas, la educación, el deporte. Díganme, ¿cuánto me queda para el funcionamiento? No encontré ni cafetera. El alcalde anterior no me pudo entregar el documento del empalme, apenas lo recibí ayer. Hay cosas que me entregaron, pero también muchas cosas que borraron los funcionarios públicos. Puedo decir que la señora Greicy, que era la jurídica, borró todo. Ahí no encontramos nada. Encontramos una administración muy desordenada y con los funcionarios que tenemos vamos a tratar de organizar estos seis meses que no es fácil.
Desde la firma del Acuerdo de Paz los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) han recibido capacitaciones en diferentes áreas. Muchas de estas relacionadas con trabajos audiovisuales ya que excombatientes, principalmente mujeres, se inclinan por la realización documental desde las filas guerrilleras.
Después de siete años de reincorporación y procesos formativos, el equipo de comunicaciones de Pondores en Coompazcol, la cooperativa de los firmantes de paz, fundó una productora de cine comunitario bautizada Cañahuate producciones.
Conformada por excombatientes, personas de la comunidad de acogida y migrantes venezolanos, esta productora se lanzó el pasado 16 de enero en el corregimiento de Conejo y reunió alrededor de 300 personas, tanto del territorio como de distintas partes de La Guajira.
Aunque empezó dedicada a la gestión audiovisual exclusivamente, Cañahuate producciones es el resultado de un año de formación con la escuela y productora audiovisual, Historias en Kilómetros, un laboratorio de la industria del cine alternativo que forma a equipos en regiones apartadas de Colombia y el mundo.
Esta es una oportunidad que le aporta a la reincorporación social y económica de los excombatientes ya que, a partir de la capacidad instalada, el equipo toma decisiones creativas y editoriales.
El evento contó con la presencia de la primera dama del municipio, Yenis Gamez Molina, quien se puso a disposición para apoyar las actividades culturales que aporten a la reconciliación en el territorio, además resaltó la importancia de las actividades culturales en el municipio: “Esto es interesante porque refleja algo importante de la cultura y el acercamiento a las comunidades con alegría, dejando una enseñanza”, dijo Gamez Molina a Consonante.
La función comenzó en voz de Alcides Manjarrez y su escuela de piquería y continuó con la proyección de cuatro cortometrajes. Los tres primeros fueron documentales sobre las madres comunitarias de Conejo; los siete años del Acuerdo de Paz y un homenaje en vida al exponente y gestor Manjarrez.
El cuarto producto fue un cortometraje de ficción basado en la resistencia de los pueblos en contra de los proyectos de multinacionales mineras. Todas las exhibiciones resaltan las problemáticas del territorio y cada comunidad protagonista estuvo presente para verse en la pantalla gigante.
Daniela Uriana, una joven migrante que vive hace cuatro años en el AETCR de Pondores, cuenta que ha venido trabajando con excombatientes en los distintos proyectos de la comunidad y asegura que hacer parte de Cañahuate producciones ha sido fundamental para su integración en el extranjero: “el cine comunitario es muy hermoso. Con él puedes dar a conocer todas esas historias que están pasando en tu territorio y cumplir un sueño, a pesar de las dificultades de ser migrante”.
Durante la ceremonia la recién inaugurada productora hizo la invitación a los jóvenes de Conejo y de las comunidades visitantes a vincularse con la iniciativa de contar historias. Además, Historias en Kilómetros anunció que, luego de la presentación de los cortometrajes a las comunidades protagonistas de las grabaciones, los proyectos audiovisuales concursarán durante un año en festivales de cine comunitario nacionales e internacionales para luego ser públicos por redes sociales.
“También estoy muy contenta con que la mayoría de asistentes fueran niños y jóvenes, porque nos da la esperanza de que las futuras generaciones no dejarán morir el cine”.
Daniela Uriana
Uno de los asociados de Coompazcol e integrante de la nueva productora, Diego Gutiérrez, expresó que decidieron incursionar en el mundo del cine porque es una actividad que está relacionada directa o indirectamente con la construcción de paz y considera exitoso el proceso, ya que tuvieron buena recepción: “La aceptación en el territorio ha sido excelente; nos apoyaron y dejaron que nosotros contáramos sus historias porque saben por qué lo hacemos”.
Además, Gutiérrez cree que esta es una oportunidad que le aporta a la reincorporación social y económica de los excombatientes ya que, a partir de la capacidad instalada, el equipo toma decisiones creativas y editoriales y difunde los intereses comunitarios que muchas veces los medios tradicionales no evidencian. En ese orden, el realizador agrega que lo más valioso del ejercicio formativo fue la horizontalidad con que fueron instruidos para continuar con un camino que ya han andado.
“Para la construcción de paz tenemos diversas acciones que adelantamos individualmente pero esta es una forma de trabajar en un nodo articulado y sabemos que a través del cine hay cómo evidenciar lo que hacemos territorialmente”, dijo Gutiérrez.
La Presidencia de la República declaró como desastre natural el derrumbe ocurrido el 12 de enero en la vía de Quibdó que conduce a Medellín, kilómetro 40, sector ‘el 17’ o conocido como Las Toldas, en Chocó.
Un alud de tierra hirió de muerte a 38 personas entre más de 190 personas que fueron reportadas desaparecidas cuando comenzó la búsqueda. De inmediato se instaló el Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo junto a organismos de socorro y el sistema departamental de prevención con liderazgo de la Gobernación de Chocó (que declaró tres días de luto en el departamento).
Estas han sido las medidas institucionales locales, regionales y nacionales para afrontar la emergencia cuando todavía rescatistas del Ejército, salvamento minero, Guardia Indígena y otras autoridades hacen presencia en el derrumbe:
El alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, anunció en un comunicado que el cierre de la vía se debió a arreglos previos en puntos con deslizamientos de tierra y no a tomas de vías por parte de paros cívicos de las comunidades indígenas, como sugirieron medios de comunicación al rato de ocurrir la tragedia:
“Desmiento categóricamente la información incorrecta que sugiere que la vía habría sido cerrada por los indígenas. (...) La población esperaba mientras se realizaban las pertinentes adecuaciones”, escribió Herrera en el comunicado 001 de la Alcaldía Municipal.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha coordinado las actividades de búsqueda y rescate a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental conformado por la Policía, el Ejército y la Unidad de Gestión en Riesgo, en coordinación con la Sala de Crisis Nacional. Este PMU ha sido el encargado de dar reportes preliminares sobre búsquedas y hallazgos de personas desaparecidas.
El presidente Gustavo Petro prometió la destinación de medio billón de pesos que deberá pasar a INVIAS para terminar, en un año, la pavimentación de la vía a la altura del municipio de El Carmen de Atrato y hacer las obras de seguridad en infraestructura en los puntos críticos. Asimismo, ordenó la construcción de un puente aéreo entre Quibdó y Medellín:
“500 mil millones de pesos se van a trasladar de la ANI a Invías para que se pueda cometer no solo el final de la obra, sino también lo que no se hizo”, dijo Petro desde el lugar de los hechos.
Petro declaró en alerta roja todo el pacífico colombiano hasta la cordillera occidental por derrumbes y remociones de tierra en masa y lo atribuyó a las lluvias del Fenómeno del Niño. Además, anunció la expedición de varios decretos para hacer frente a la situación con un aviso anticipado:
“Para este tipo de carreteras hay una presupuestación pobre, en regiones pobres; mientras que en regiones más ricas hay presupuestaciones más ricas”, dijo en Chocó.
La vicepresidenta Francia Márquez hizo presencia este 15 de enero en El Carmen de Atrato, visita anunciada previamente por el alcalde Herrera en su comunicado 002. A Márquez la recibió la gobernadora Córdoba Curi, con quien trabajará desde el PMU y en unos eventos programados para atender el inicio del calendario escolar y las necesidades de las familias afectadas:
“Toda la semana estaremos desde el departamento del Chocó atendiendo la emergencia que enlutó a Colombia. Acompañamos la decisión de que se designe un presupuesto histórico para que se terminen las obras en construcción”, escribió Márquez en sus redes sociales.
La gobernadora Córdoba Curi aprovechó para denunciar la especulación cotidiana en los precios de los tiquetes aéreos para salir e ingresar al Chocó y reportó aumentos de costos durante el desastre natural.
A esto también reaccionó Petro, quien pidió a la Aeronáutica Civil investigar a las aerolíneas que elevaron el precio de los tiquetes aprovechando la tragedia. “No se debe establecer negocios sobre la sangre”, añadió el mandatario sobre el tema.
El más reciente comunicado de la gobernadora Córdoba Curi asegura que el gobierno dispuso todas las condiciones logísticas para el traslado de las víctimas mortales a la ciudad de Quibdó en los casos en que las familias así lo quieran.
“Con apoyo de la policía nacional el traslado de los féretros también será aéreo. Esperamos recibir a las víctimas y a sus familias en la próxima hora. Los últimos cuerpos recibidos serán trasladados el día de mañana”, trinó en las últimas horas la Gobernadora.
“No es un virus que invade los cuerpos, sino que quita, que despoja del espíritu, somete al miedo y no permite vivir en paz”, dice el investigador Camilo Villamizar sobre el informe "Jaūriperabu: la enfermedad del susto", que emplea una palabra embera para hablar de las secuelas causadas por la violencia en Colombia.
El informe fue presentado el 27 de noviembre en El Carmen de Atrato. Cerca de 25 personas, incluyendo víctimas y victimarios, participaron en un taller de apropiación para difundir el extenso documento de 560 páginas. Lo mismo ocurrió al otro día, el 28 de noviembre, cuando se socializó con la comunidad indígena de Sabaleta.
Jaūriperabu: la enfermedad del susto, una investigación liderada por Camilo Villamizar y su equipo, recoge las voces de las víctimas y la resistencia de quienes han vivido toda una vida enfrentando el conflicto armado en Colombia. Específicamente, del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) —una disidencia del ELN que operó entre 1993 y 2008 en seis departamentos del país—. El estudio comenzó en 2021, se fundamentó en el trabajo de campo, entrevistas individuales y la contrastación con fuentes documentales como sentencias e informes.
Desde agosto de 2021 inició la investigación específicamente del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). En septiembre se establecieron contactos y se llevaron a cabo entrevistas con ex miembros del ERG, lo que permitió obtener información relevante sobre las motivaciones y acciones de este grupo guerrillero en El Carmen de Atrato.
Se entrevistaron a 125 víctimas y testigos, así como a 22 ex integrantes del ERG procedentes de diversas comunidades, incluyendo Chocó, El Carmen de Atrato, Tadó, Bagadó, Lloró, Pereira-Risaralda, Mistrató, Apía, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Andes, Ciudad Bolívar, así como en Medellín y Bogotá.
Camilo Villamizar enfatiza en la resistencia de las comunidades, uno de tantos sustratos que ofrece el informe: "Más que un punto final, es un punto de partida para que se puedan escuchar las otras voces que de pronto no quedaron aquí plasmadas", advierte.
El informe comprende seis capítulos:
Guerrilla: Este presenta la historia cronológica del ERG, desde su creación en 1993 hasta su desmovilización en 2008. Examina los hitos más destacados, la caracterización del grupo según las fuentes de la Fiscalía, las razones detrás de su vinculación a un grupo armado ilegal (ya sea por motivos ideológicos o forzados), y relatos sobre la violencia, incluyendo eventos específicos como el asesinato de líderes en la vereda Guaduas y EL Carmen de Atrato.
Las Víctimas: se enfoca en los diferentes tipos de delitos cometidos por el ERG, clasificándolos en categorías como secuestro, atentados, violaciones a los derechos humanos, homicidios y desapariciones. Se estudia la distinción entre las víctimas civiles, supuestos enemigos e integrantes del propio grupo. Según el investigador Camilo Villamizar el ERG fue víctima de su propio invento: “el ERG cabó su propia tumba porque gran parte de esas victimizaciones eran a sus propios integrantes”, dice el experto. Además en este capítulo se conoce que hay hallazgos que relevaron variedad de delitos cometidos contra una única víctima, donde una niña reclutada podría ser victima de reclutamiento forzado, víctima de violencia sexual, víctima de violencia obstétrica, asesinatos y desaparición.
Los Territorios: este es un capítulo que cuenta las violaciones a los derechos humanos causadas por los grupos armados en el territorio, incluyendo policías y ejército y que es organizado por municipios, iniciando cómo ocurrió en cada uno y en El Carmen de Atrato, con datos generales, líneas de tiempo y mapas para ilustrar la distribución de los delitos.
Los Daños e Impactos: este aparte analiza los efectos individuales y colectivos en la población, tanto en términos económicos como productivos. También examina el impacto de la guerra en la participación social y en las organizaciones, propiciando estigmas y debilitando comunidades. Es donde se presenta el concepto de "Jaūriperabu" como la enfermedad del susto que afecta no solo a las personas sino también al territorio y a la naturaleza.
Como ejemplo de este capítulo, Villamizar explica que la gente dejó de ser menos participativa. “Antes las personas nos contaban pero ahora no porque el que se mete a una junta de acción comunal cree que lo van a matar o el que se mete a la organización de víctimas entonces cree que le va a ocurrir algo o tendrá una consecuencia negativa”, agrega el investigador.
José Jesús Sánchez, más conocido como ‘el profesor Jota’, escritor y poeta, dio clases en la vereda Guaduas por más de 20 años y fue estigmatizado y amenazado, dijo entre lágrimas en el evento del lanzamiento del informe: “a mí me cogió el ELN porque supuestamente todos los de Guaduas, mi vereda, eran guerrilleros… Y me hicieron ir de El Carmen de Atrato. Mejor dicho: me cambiaron el tiro de gracia por el destierro”, contó públicamente.
Las Resistencias: este capítulo rinde homenaje a las comunidades que resistieron de diferentes maneras. El Carmen de Atrato conoce de muchos tipos de resistencia y en cada corregimiento se logra a su manera: no hicieron lo mismo las comunidades afro del Dieciocho que lo que hicieron las personas indígenas de Sabeleta, el Doce y la Puria. A pesar de ser el mismo territorio, no pasó en términos de violencia lo mismo en la cabecera municipal a lo que pasó en zona rural de Guaduas. Este aparte demuestra que las poblaciones que expusieron su vida sufrieron volúmenes de crueldad diferentes y que quienes lograron sobrevivir rechazan civilmente la violencia honrando su memoria.
Los Resguardos Indígenas: el último capítulo cuenta las situaciones específicas de los resguardos indígenas y se enfoca en cómo la presencia de actores armados afectó a Sabaleta, el Doce y la Piuria.
El investigador Villamizar cuenta, además, que este último capítulo se traducirá a lengua indígena: “a emberá chamí y a emberá katio será traducido y sí es un pendiente que tenemos”.
Una de las tareas pendientes para reglamentar la Ley del Viche 2158 (expedida en 2021) tiene que ver con el registro sanitario de la bebida del pacíficio colombiano como una de categoría artesanal étnica.
Aunque son varias las entidades responsables, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes es el encargado de articular las otras dependencias como el Ministerio de Salud, el Invima, el DANE, el Ministerio de Comercio, entre otras, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley que menciona el Comité Interinstitucional.
A partir de la expedición de la Ley se ha llevado a cabo una serie de avances, entre estos la construcción del Plan Especial de Salvaguardia y el Paisaje Cultural Bicheros, dos documentos que están próximos a firmarse.
Asimismo, se han hecho talleres de formación en construcción de marca de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el INVIMA son los responsables de concretar el borrador del decreto reglamentario que busca otorgar a este producto, específicamente, su cualidad territorial étnica.
Raúl Alejandro Delgado, asesor del despacho de la viceministra de cultura Adriana Molano Arenas, cuenta en entrevista exclusiva para Consonante los retos después de dos años de haber sido propuesta la Ley.
Consonante: ¿Cómo ha sido el proceso de divulgación de la Ley del V(b)iche para las y los productores territoriales?
Raúl Alejandro Delgado: La relación con los productores y productoras de v(b)iche ha sido en dos vías: por un lado, el diálogo y el trabajo que se ha realizado con los delegados del Chocó (en este caso con Jackson Ramírez y Ana María Martínez, y dos más) que hacen parte del Comité Interinstitucional. Ellos son los encargados de dinamizar la implementación de la Ley, liderar el proceso participativo y socializar lo que se vaya determinando.
Por otro lado, el Ministerio de Cultura, al menos en este gobierno actual, ha propuesto ampliar la participación desde la Dirección de Poblaciones. En el 2022 se realizaron cinco encuentros con productores y productoras, de los cuales dos se realizaron en Chocó; uno en Boca de Amé y el otro en Novita, con el fin de que quienes producen la bebida conozcan el contenido normativo y sepan cuáles son las implicaciones.
C.: ¿Cuáles son esas implicaciones?
R.A.D.: Son varios los retos que estamos enfrentando. Cada vez se complejiza más la implementación de la Ley del v(b)iche porque aparecen nuevos actores, intereses, interpretaciones, demandas y cuestionamientos para que el Ministerio de Cultura actúe en una o en otra forma. Entonces la carga administrativa, además de que es bien grande, se robustece cada vez porque al tiempo que se debe ampliar la participación de productores y productoras del v(b)iche, también se tiene que realizar un gran trabajo de articulación intersectorial.
También hay requerimientos a nivel distrital, departamental y/o nacional y nosotros ―como Ministerio― procuramos responder de la mejor manera. Vemos vacíos jurídicos, también, y eso ha sido bastante complejo porque los ajustes institucionales, para poder responder a la carga de trabajo alrededor de los asuntos del v(b)iche, no depende de una sola institución pública.
El otro gran reto es ampliar la participación, hacer pedagogía, defender la tradición y proteger a los productores y las productoras. No es un secreto que existen los más variados intereses alrededor y no todos están encaminados a proteger la tradición o a honrarla, como dice la Ley.
También está el asunto de la concertación que teníamos que realizar para que el decreto reglamentario que expide el Ministerio de Salud con el INVIMA y el Ministerio de Cultura no perjudique a las y los productores, es decir, que se mantenga el carácter tradicional del v(b)iche y se evite la industrialización comercial y no territorial. No ha sido fácil.
C.: ¿Cuál sería el rol de los consejos comunitarios ―tan mencionados en la Ley del v(b)iche― para el proceso de caracterización y divulgación?
R.A.D.: Nuestro propósito fundamental, además de ampliar la participación, ha sido, efectivamente, involucrar a los consejos comunitarios. Cuando realizamos los encuentros lo primero que buscamos fue que las autoridades territoriales estuvieran presentes y estas son, básicamente, los consejos comunitarios. Corroboramos que no fueron tenidos en cuenta en los procesos de la pre y posterior Cumbre V(b)ichera, entonces, al ser las máximas autoridades territoriales en estos lugares, claro que merecen y tienen que estar al tanto de lo que se defina para la implementación de la Ley del v(b)iche.
Institucionalmente creemos que los consejos comunitarios tendrían que dinamizar las acciones en favor de los productores y las productoras y, seguramente, van a tener que ver con la certificación y la regulación de procedencia del v(b)iche, entre otras. Al ser las máximas autoridades territoriales entendemos que son idóneas para dar cuenta quién es productora o productor originario.
C.: ¿Cómo se puede regular la comercialización del v(b)iche, ya que hay empresas que no tienen nada que ver con la tradición y están comercializando? Además, son las que mayores beneficios reciben, pero los y las productoras no se benefician directamente como propone la Ley…
R.A.D.: Ese es otro de los vacíos existentes para la implementación. Es cierto… Nos referimos a la protección de la tradición y la definición de quiénes serían productores y productoras de v(b)iche, pero la Ley no especifica concretamente lo relacionado con la regulación de los registros de marcas, por ejemplo. Tendríamos que analizar cómo proteger más la producción artesanal y uno de los instrumentos adecuados para ese fin es justamente el Plan Especial de Salvaguardia. Si bien tenemos una base de datos lista, será necesario socializar, definir y concertar algunos aspectos.
C.: ¿Esa base de datos es pública?
Es que están emergiendo marcas que solicitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio permiso para realizar esta actividad económica, entonces ese es, sin duda, otro asunto que necesitará ser regulado junto a los productores y productoras tradicionales del v(b)iche.
Hay que ver cómo proceden estas empresas al registrar un negocio de este tipo ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Cámara de Comercio, donde suele verse el grado de participación accionaria en estos emprendimientos. Este es uno de los cuellos de botella de la Ley del v(b)iche y que necesitará ser solventado. Lo que sí estamos haciendo es que estamos conectando a los productores y productoras directamente con los establecimientos para que haya un trato directo.
¿Qué es, entonces, lo que hace falta para reglamentar por fin la Ley?
R.A.D.: Lo más urgente es el registro sanitario con categoría artesanal étnica. Ese es el principal reto y no es menor porque implica una confección diferente a la industrial, o al menos eso propone la teoría. Ese borrador de decreto ya existe pero nuestro llamado de atención ha sido con la concertación, la misma que creemos necesita realizarse en el territorio con experiencias de campo y diálogos específicos con productores y productoras tradicionales para que se atienda una realidad sociocultural y se responda a las características de los lugares donde se produce el v(b)iche.
La Ley está expedida pero no reglamentada y, por eso, cuando hablamos de estos comercios que están ofreciendo el v(b)iche, sabemos que lo hacen, justamente, porque la norma no ha entrado en vigencia.
Hace 46 años San Juan del Cesar recibe el mes de diciembre con el Festival nacional de compositores de música vallenata. Para sus habitantes el evento es una exaltación a la música campesina para lograr que trascienda de generación en generación.
Desde que en 1977 José Parodi Daza convocó a una parranda en su casa, que con el tiempo tomó la forma de una competencia entre verseadores, el festejo se convirtió en un escenario apetecido para artesanos, poetas y compositores de toda la región.
Álvaro Álvarez, presidente de la Fundación Cultura y Desarrollo, asegura que para esta edición se invirtieron 800 millones de pesos y que el encuentro lo hacen anualmente para fortalecer la cultura a través de la poesía y el son, asimismo para dinamizar la economía del municipio.
“Buscamos que las tradiciones de nuestros abuelos y de nuestros padres no se pierdan y que la juventud y los niños asuman el compromiso de mantenerlas. Esto hay que blindarlo y protegerlo no solo para que la lírica prevalezca”, agrega el presidente.
Durante los tres días de festival, del 8 al 10 de diciembre, se realizan concursos de piquería infantil y profesional, canción inédita aficionada y profesional, y además de oferta para el público asistente, Álvarez destaca la activación de comercios.
El temor de ‘Triple A’, como coloquialmente se le conoce a Álvaro Álvarez, es que no se dé una sucesión de la cultura como se dio después del fallecimiento de grandes compositores como Isaac Carrillo, Hernando Marín, Máximo Móvil. “Y aunque nosotros continuamos con Roberto Calderón, Roberto Daza Urbina, Mando Pitillo Urbina, Miromel Mendoza, entre otros, estamos de sesenta y tantos años cada uno y hay una juventud que debe meterse en esto; yo en cualquier momento doy un paso al costado”, advierte.
Álvarez asegura que el relevo generacional entre compositores es lento. “Los poetas están estancados y cantándole al facilisimo, no se inspiran, cantan a un computador, se han vuelto materialistas y ya no se le compone al sentimiento alma, al corazón", dice. A esto se suma, que en el municipio hay solo tres escuelas de música de las cuales dos son privadas.
Consonante habló con tres compositores más del municipio para que contestaran en verso si la participación en el Festival es suficiente para reconocer el oficio musical. También, sobre cuál cree que debería ser el lugar que ocupen dentro del ámbito cultural nacional. Estas son sus respuestas:
Joven de 23 años de edad, vive en el corregimiento de Los Pondores. Estudiante de V semestre de contaduría pública. Desde niño compone versos y además le gusta cantar.
Los nombres que más han sonado en el mundo del vallenato han sido aquellos de los hombres, pero Yanina Gámez es una excepción a la regla. Reconocida compositora del municipio de San Juan del Cesar.
Compositor y habitante del Corregimiento de Cañaverales. También cantante y repentista y ha sido ganador del concurso de piquería del Festival Cuna de Acordeones.
Hace once meses que no se presta el servicio de vigilancia en ninguna de las sedes de las instituciones educativas de Fonseca. Esto, sumado a la delincuencia arraigada en el municipio, disminuye la calidad del servicio educativo de los cerca de tres mil estudiantes matriculados en al menos cinco centros que han sido blanco de hechos delincuenciales.
El 20 de septiembre cinco colaboradoras encargadas de la preparación de alimentos de la Institución Educativa Ernesto Parodi Medina, de la sede Calixto Maestre, denunciaron ser víctimas de hurto y agresiones por parte de dos sujetos que entraron a la escuela con armas blancas.
Las mujeres, además de haber sido ultrajadas, aseguran que les fueron robados sus celulares y que pudieron ser víctimas de abuso sexual por tocamientos y forcejeo previo. Entre ellas alarmaron a los vecinos del sector para evitar que el episodio vandálico llegara a mayores.
Este es uno de los hechos más recientes, por el que Lenio Arocha, presidente de la Junta de acción Comunal del Barrio Primero de Julio, manifiesta: "es momento de hacer un pronunciamiento público frente a la problemática que hemos tenido con las instituciones educativas, donde personas inescrupulosas no piensan en esos niños y jóvenes que buscan formarse y recibir alimentación, que además nos brinda el gobierno nacional”.
Muchas instituciones se han visto afectadas por el flagelo de la delincuencia focalizado ante la falta de vigilancia escolar. Las denuncias, asimismo, son desatendidas por parte de los entes encargados y las autoridades competentes.
Alexander Ibarra, rector de la IE Juan Jacobo Aragón, también denunció padecer el problema. “La falta de vigilante nos ha afectado mucho, sobre todo en la sede de Rafael Manjarrez donde este año, en tres oportunidades, la delincuencia ha hecho de las suyas”. Asegura que ingresaron y se llevaron abanicos, un video beam, televisores y otros enseres y hasta lograron entrar al restaurante escolar e irse con gran parte de los alimentos de los estudiantes.
Esa fue la misma situación de la IE Ernesto Parodi Medina, donde además del asalto a las mujeres, reportaron el robo de electrodomésticos, materiales didácticos y de los alimentos que reciben del Programa de Alimentación Escolar PAE.
La Institución Educativa Roig y Villalba también ha sufrido las consecuencias de las prácticas delincuenciales al igual que la Institución Educativa Agropecuaria, donde también hubo robos. Nelvis Peralta, coordinadora de tres de las sedes de esa institución, manifiesta que durante todo este año no han tenido el servicio de vigilancia pese a que ha sido una solicitud permanente, “por eso las escuelas están vueltas nada, pero no ha llegado nadie a prestar ese servicio”, reitera, y agrega que no tiene información de ningún tipo por parte de la Secretaría Departamental, ente encargado de operar este servicio.
“Aquí en Fonseca, en todas las escuelas de primaria, no es nada más es que miren que llega la alimentación de los niños, para meterse y robarse todo”, asegura Peralta. “En el caso de la sede Clotilde Povea, todo el mundo sabe que hasta las varillas y los tubos del parque se los han llevado. Ya no tenemos nada. La sede Tomás Emilio, que fue focalizada en el municipio para tener una sala de informática, la destruyeron por completo”, concluye.
A cargo de la prestación del servicio de vigilancia está la Gobernación de La Guajira a través de la Secretaría de Educación que, según las fuentes consultadas, no ha hecho ninguna gestión por contratar una empresa que preste el servicio a las instituciones ni por brindar escucha y soporte.
La situación para la coordinación escolar ha hecho que hoy los centros de enseñanza y sus estudiantes sean vulnerables a los delincuentes. Pero ni eso ha llamado la atención de los entes públicos.
La Secretaría de Educación municipal, en cabeza de Luisa Margarita Acosta, reporta que la respuesta que ha recibido a nivel departamental es que desde el Ministerio de Educación girarán recursos que aún no llegan. De estos se destina el rubro para la vigilancia y habría que esperar hasta el próximo año, 2024, pues tomará tiempo el empalme electoral regional para que se comiencen a hacer las gestiones pertinentes.
La información ha sido la misma en la vigencia de 2023 y lo que preocupa a los rectores es el comienzo del período vacacional donde las IE estarán aún más desprovistas de seguridad y no es suficiente con la que ya cuentan. “En la sede principal de la Juan Jacobo Aragón, por ejemplo, muy a pesar de que tenemos unos vigilantes, no son suficientes para cubrir todo el perímetro de la institución”, agrega Alexander Ibarra, rector.
El panorama de fin de año para los centros educativos es desalentador. En años anteriores, Ibarra recuerda que el personal de vigilancia llegaba contratado mínimo por cuatro o seis meses, pero ahora, en una temporada en que suele haber refuerzos en sus sedes, no los tienen.
La problemática, además, lo amerita. “A pesar de que la alcaldía hizo una entrega de 150 abanicos, no fue sino que nosotros los instaláramos para que los malhechores se los llevaran”. Por eso, el rector pide a las autoridades que, para este cierre de año, haya contratación. “Pero no solo hasta el 31 de diciembre, como se acostumbra, sino que se proyecten los contratos del 2024, para que al menos contemos con las cosas que hemos dejado en las instituciones cuando retornemos, y durante el próximo calendario escolar”, dice.
Lenio Arocha, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Julio, asegura que no es la primera vez que hacen ruido para que haya acciones ministeriales. “Siempre hemos venido denunciando estos robos y haciendo el llamado a las autoridades competentes, al gobierno departamental ―por medio de la Secretaría de Educación― para que implemente una estrategia clara para solucionar esta problemática que nos acosa a todos”, declara.
“Están expuestas las instituciones y pedimos a la fuerza pública que nos brinde ese apoyo incondicional mientras que llega la solución del gobierno, más cuando se aproximan las vacaciones y los malhechores pueden saquear las instituciones”, concluye el líder.
Grandes extensiones de tierra adornadas por bosque amazónico ocultan largas hileras de mata de coca. Son las seis de la mañana y el amanecer tiñe de naranja el cielo de Orito, un municipio al sur de Colombia, conocido por su herencia petrolera y sus planicies inundadas por el verde vibrante de las hojas entre la vegetación. Todas refulgen ante el equipo observador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); que reporta un incremento del 13 por ciento de nuevas hectáreas sembradas de coca en Colombia, con 20.000 en Putumayo.
Eso deja al departamento en el primer lugar en aumento de cultivos de la planta de coca y en el tercer lugar entre los que cuentan ahora con mayor siembra de ésta en el país, además de que concentra el 10 por ciento de las nuevas hectáreas (230.000 ha).
Sandra* siembra desde hace diez años coca y produce pasta base. Años atrás, dedicarse al cultivo y cuidado de 15 mil matas, que daban como resultado un kilo de pasta base, era una opción rentable mientras su esposo se dedicaba a jornalear la tierra y al comercio de motos. Les daba para la manutención de ambos y de sus dos hijas. Según dice ella, el dinero llegaba directamente hasta su vereda. “No había necesidad de andar buscando compradores, llegaban hasta la casa. De ahí pagaba uno a los obreros y también compraba lo que le hiciera falta”, recuerda.
Cuando el gobierno llegó al Putumayo en 2017 con la propuesta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Sandra vio una oportunidad de entrar a un negocio legal y más tranquilo para ella y para otras mujeres campesinas.
La decisión de erradicar se tomó en familia y Sandra se dispuso a arrancar las matas que cuidó y cosechó durante meses. Extraerlas de raíz fue parte de un acto de voluntad que el gobierno exigía como prueba de que los cultivadores estaban comprometidos con el proceso. “Cuando nos metimos a este programa la gente estaba decidida a cambiar los cultivos ilícitos pues, como mostraban que era un buen proyecto, más de uno decidió cambiarse porque cultivar no es fácil”, dijo.
Pero las fallas reiteradas para la erradicación dejaron a la comunidad en el limbo y progresivamente, con la falta de garantías para nuevos proyectos, el retorno a la siembra de la coca volvió a ser la principal fuente de sustento. En palabras de Sandra, “la gente después de ver el incumplimiento, dijo: ahora sí hay que sembrar. Si no se cultiva coca, ¿qué vamos a hacer?”, expresa.
Francisco Mora es un campesino que dejó el cultivo de coca desde hace más de una década, antes de que existiera el PNIS, cuando los procesos de erradicación, más que ser voluntarios, se hacían a punta de aspersiones de glifosato.
Hoy se dedica a la venta de loterías y a ejercer como representante veedor del campesinado en la implementación del PNIS. Con los ojos entrecerrados por el sol, se acomoda al respaldo de la iglesia principal de Orito para confesar lo que para él es obvio: sembrar coca es una necesidad.
Lo que suelen decir en el municipio es que tanto el movimiento del mercado cocalero como su estancamiento determina en gran medida la economía rural. Mora explica que las comunidades campesinas saben que se encuentran en una actividad ilícita por la que pueden ser estigmatizadas y perseguidas. Pero, aclara: “el campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”.
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, el 72 por ciento de cultivadores en el país dependen de la coca para sobrevivir. Y de acuerdo con el informe la UNODC, citado en la Política Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia, las zonas fronterizas como el Putumayo “tienden a ofrecer mejores oportunidades para esta actividad ilegal, debido a la facilidad de ingreso de insumos químicos, fragilidad institucional, además de dominio de grupos criminales”, cita el documento.
María Pantoja, campesina, manifiesta que aunque está inscrita al PNIS y recientemente arrancó y vendió los lotes donde tenía su cultivo, la coca era una garantía para su subsistencia mientras sus palos de cacao dan frutos. Al igual que ella, otros campesinos se encuentran en un momento donde la coca parece una opción de sustento atractiva que cada tanto se reactiva y resurge con pequeños brotes de siembra. “En un tiempo nos ayudaron pero luego no le cumplieron a toda la gente. Nos tocó volver a sembrar para poder seguir adelante”, dijo.
Pese a que el informe de la UNODC atribuye el incremento de cultivos ilícitos en el Putumayo a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias Comandos Bolivarianos de Frontera- Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central con el Frente Carolina Ramírez, veedores como Mora atribuyen a una sola causa el aumento: “la gente siembra la coca meramente por necesidad, no porque otra persona u otro grupo, llámese como se llame, esté obligando a sembrar”, puntualiza.
Pedro Arenas, investigador de la oenegé Visor Mutop, considera que la realidad del aumento de cultivos de coca es más compleja que sólo la falta de sustento ante la escasa inversión en otros proyectos distintos al cultivo de uso ilícito, y asegura que se puede entender con tres variables.
Una, explica, consiste en reconocer que para el caso del Putumayo, al igual que para Nariño y Norte de Santander, la condición fronteriza y la precaria estructura institucional del Estado (en términos de infraestructura, educación, salud, vías y acceso a servicios públicos, etc.), propicia el fortalecimiento de la economía ilegal que controlan grupos armados y, a su vez, consolida la dependencia del campesinado al cultivo y producción de pasta base de coca.
Otra variable tiene que ver con que los grupos armados tienen una estructura con capacidad transfronteriza para mover cargamentos, insumos, armas y sobre todo, poder militar para ejercer control sobre las comunidades y sus territorios.
Y otras más con el comercio de la cocaína que, según el experto, “sigue activo y estable e incluso con tendencia a crecer en países de Oceanía y de África”, comenta. Lo que implica que mientras exista una demanda nacional e internacional de consumo, la oferta de pasta base de coca se va a mantener.
Lisandro Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Acae, dice que la labor de cultivar coca se relaciona con una necesidad tan básica como comer, vestir y costear su educación.
Él, quien estaba en medio de una minga con los vecinos de su vereda, se aparta del grupo para aclarar que los campesinos que no hacen parte del PNIS y mantienen sus cultivos de coca no sufren presiones por actores armados. “Nadie nos ha amenazado, tampoco han venido a decir que no pueden meterse en el programa”, reitera.
No se acogió al PNIS porque en ese momento el municipio requería tener un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado, que no tenía. Ese fue el primer síntoma de sospecha sobre posibles incumplimientos del programa con la comunidad, asegura. “El PNIS hace parte de una solución, pero un solo programa no va a sacar las necesidades del campo ni va a acabar con las necesidades de todos los cultivadores”.
El PNIS se diseñó como un proyecto que iba a desembolsar un total de 36 millones de pesos para cada familia inscrita, desde mayo del 2018 hasta septiembre de 2020. Este monto sería entregado en 5 etapas: asistencia alimentaria, asistencia técnica, seguridad alimentaria y proyectos productivos de sustitución a ciclo corto y ciclo largo.
Las dos últimas fases, que corresponden al proyecto productivo de sustitución a corto y largo plazo, sin embargo, fueron pospuestas por 14 meses más de lo planteado inicialmente.
De acuerdo con Sandra, el proyecto en un comienzo estaba cumpliendo su objetivo de reducir los cultivos y la economía ilegal. Pero los subsidios por 19 millones de pesos prometidos para el sostenimiento de otros proyectos productivos fueron intermitentes y eso la llevó nuevamente a la siembra de coca; esta vez no de una sino de tres hectáreas.
“Hubo gente que no firmó, imagínese, se puede decir que le fue mejor que a uno, porque nosotros arrancamos y uno pensó que con esa plata [del PNIS] se iba a poder sostener, pero eso no fue así”, afirma.
En 2019 el gobierno de Iván Duque ejecutó el pago de la tercera fase con el desembolso de 12 millones de pesos, en la que cada dos meses se entregaban dos millones y un apoyo de un millón 800 mil pesos como parte de un subsidio alimentario. Mientras que el pago de los 19 millones destinados a la implementación de los proyectos, se congeló. Ante ese abandono de los compromisos del Estado para lograr la sustitución, las familias productoras de hoja de coca expresaron sentirse utilizadas.
Para Hermán Hoyos, coordinador departamental del PNIS en el Putumayo, el gobierno del expresidente Duque no tuvo voluntad política de asistir y cumplirle a los campesinos inscritos al programa. Eso descrito por Hoyos se manifiesta en las posteriores dilataciones en las fechas para ejecutar pagos y la falta de asignación de recursos desde Bogotá.
“Pasaron cuatro años y no se cumplió la parte del proyecto productivo, ciclo corto y ciclo largo. Entonces las familias no pudieron establecer una manera de generar ingresos en el corto y mediano plazo”, explica Hoyos.
El incumplimiento del Estado con los campesinos cultivadores de coca provocó una gran decepción y volver a sembrar ha sido una respuesta inmediata para tener una entrada económica.
“La gente no se deja morir de hambre. Una vez pasan los años y no te entregan las cosas para establecer tu economía, es probable que muchos vuelvan a sembrar, de pronto, no en el predio donde arrancaron [la coca], pero sí en otros”, expone Hoyos.
En medio de la incertidumbre y desconfianza, varias familias inscritas al PNIS empezaron nuevos cultivos de coca en porciones de tierra distintas a las inscritas previamente en el programa. En palabras de María Pantoja, algunas personas tienen los predios con coca “de engorde”, mientras aumenta el precio de la hoja y la pasta base. Incluso, comenta que ella también tenía una hectárea que erradicó para comprar otro lote que va a arar no para la coca, sino para el cacao.
Francisco Mora insiste en que este programa no ha sido eficiente desde su formulación. Cuenta que campesinos como él, que tienen cultivos de cacao, café, piña, pimienta o hasta con ganado, “es porque lo han logrado con su propio esfuerzo, no con apoyo del gobierno nacional. Eso tiene que estar claro”, dice.
Tal fue el caso de Carlos Viera, otro campesino que tuvo hasta 8 mil palos de coca y que en 2019 se propuso tener una finca cafetera. Hoy asegura que su proyecto fue posible gracias a capacitación y dinero que recibió pero de organizaciones no gubernamentales.
Mora añade que otro obstáculo para la sustitución tiene que ver con la inflación. El líder explica que el dinero destinado al ciclo productivo fue calculado a partir del precio de insumos y de mano de obra para el trabajo que corresponden al 2017, una estimación que caducó comparada al gasto real. “Los costos han subido: los jornales, los insumos, el precio de las herramientas, las semillas, todo ha subido de precio”, declara.
De acuerdo con Sandra, los sobrecostos por parte de los proveedores contratados por el programa también son otra de las falencias, pues conoce casos en los que si “un machete costaba 10 mil pesos, lo registraban a 30 mil pesos”. esto sin dejar de lado la calidad de los insumos: cuenta que en la vereda El Sábalo, por ejemplo, el gobierno entregó purina para aves de engorde que retrasaba hasta 4 o 5 meses la cría de estas e, incluso, hubo aves que murieron por la mala calidad de la purina.
Luego de conocer el caso de la vereda, Sandra se negó a recibir la purina que el proveedor del PNIS le entregó para aves de engorde, ya que sabía que era de mala calidad. La respuesta que recibió por parte del funcionario de Tecniagro, empresa contratada como proveedor de insumos, no la satisfizo. “Hicieron lo que quisieron: me dijeron que si nosotros recibimos eso, bien, o si no, que se perdía”. Sandra pidió un cambio de purina por maíz para alimentar gallina de finca y el proveedor le insistió en aceptar lo que ofrecían.
Estos tratos para Sandra son un abuso al campesinado por parte del intermediario. Redactó entonces una queja y aclara que lo más importante para el campesinado es que les den lo que “les pertenece”, asegura. “Es que esto no es regalado, esto lo están entregando después de que nosotros arrancamos [plantas de coca]”.
“El campesino no siembra coca por capricho ni porque quiera enriquecerse, ni porque sea narcotraficante. El campesino siembra coca porque es la única fuente de ingresos que tiene para sostener a su familia”.
Francisco Mora
Otra de las críticas al PNIS la hizo el mismo coordinador departamental, Herman Hoyos. Afirma que durante el diseño del programa hubo procesos de socialización y concertación con las familias campesinas que integran la economía del cultivo de coca. Pero, durante la implementación, la participación de las comunidades para proponer alternativas y soluciones acordes a sus necesidades ha sido limitada.
“Muchas veces esa concertación es manipulada, ya viene algo prefabricado: te dejo participar, pero participas dentro de un rango”, advierte.
Para Sandra es necesario que el gobierno escuche las necesidades y demandas de los campesinos, pero sobre todo que les dé soluciones sin intermediarios y con más agencia. Aunque según la lideresa si desde el inicio los campesinos no fueron tenidos plenamente en cuenta, el fracaso es cercano. Incluso cuando al campesino le destinan recursos, cuenta, “el contratista es el que se lleva la mejor parte”.
José Luis Mansisoy, otro líder campesino recolector de coca, vive solo en su finca por amenazas en razón de su liderazgo que le obligaron a sacar a su familia de la vereda El Jordán, donde un gallo anuncia todas las mañanas la llegada del sol en el Bajo Putumayo y él se prepara para ir a fumigar.
Dice que es necesario asegurar que los proyectos productivos tengan posibilidad de comercio nacional. “Nosotros cambiamos, sustituimos cultivos de coca a pancoger”, expresa mientras señala unas matas de plátano y unos árboles de cacao en su patio. Pero como él, varios campesinos señalan que el PNIS no tiene ningún enfoque comercial para la venta de estos productos fuera del departamento.
Maria Pantoja, campesina, resalta que ese acceso al campesinado es importante. Para ella, vender a buen precio es cuestión de suerte, cuando no, vende barato y pierde. “Es necesario un espacio donde las personas puedan tener una buena renta”, dice.
El campesinado pide evaluar la posibilidad de exportar todos los productos distintos a la coca para no saturar el mercado local. Si las familias empiezan a sembrar plátano o crían pollos, dice Sandra, en tiempo de cosecha “nadie va a tener a quién venderle” porque todos han cultivado, entonces van es a pérdida.
La única opción para reemplazar la coca, dicen, es que el PNIS y el Estado orienten al campesino a proyectos productivos que sean de tipo exportación y de transformación de materia prima, después de la soberanía alimentaria. Pero las vías de acceso son otro gran problema que entorpece la sustitución para el campesinado del Putumayo. Quienes viven en las zonas rurales, tienen una precaria infraestructura que les impide comercializar sus productos dentro y fuera del departamento.
Según Sandra, los campesinos en las veredas no cuentan con buenas vías terciarias y al transportar productos como plátano, yuca, piña o papaya por los caminos destapados se estropean los alimentos, incluso antes de llegar al casco urbano.
Para el líder veredal, Lisandro Cortés, el PNIS es apenas una sola solución de las tantas que demanda el campesinado de Orito frente a los problemas que impiden lograr la sustitución. Para él es importante el apoyo económico que el Estado les pueda brindar, pero este no es suficiente si no hay asistencia, capacitación e industrialización de procesos. Pese a que no está inscrito en el PNIS.
Sandra concluye que hay desesperanza. En el departamento no hay la suficiente oferta de educación pública universitaria ni oportunidades laborales. Esta situación, dice la campesina, refuerza la dependencia del joven a la economía ilegal, la que parece más próspera para la obtención de ganancias comparada con cualquier otro producto agrícola.
En la avenida Marco Fidel Suarez, en el centro de Orito, campesinos de las 117 veredas de la zona rural esperan en fila frente a las puertas del Banco Agrario con una nueva promesa: la reactivación del proyecto.
El pago de dos millones de pesos prometido por el actual gobierno de Gustavo Petro a cada familia son parte del adelanto de los 19 millones de pesos pendientes del PNIS. La estrategia, llamada “Hambre Cero”, se inició para solventar el impacto por el estancamiento del mercado de la coca en la región. Esta primera estrategia forma parte de la política pública: “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Política nacional de drogas 2023-2033”.
La política, que es decenal, busca cumplir con los compromisos adquiridos por el PNIS estatalmente, es decir, saldar en 36 meses las falencias de un proyecto que lleva seis años de implementación. Hoyos, coordinador departamental del PNIS, menciona que la premisa desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos es entregar, para el 24 de diciembre de 2023, 190 mil millones de pesos que corresponden a los 19 millones de pesos que las familias que aún integran el programa no han recibido y, tal vez así, recobrar la confianza de los campesinos en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
A pesar de que esta iniciativa espera cumplir con los pendientes en un tiempo récord, para las familias cultivadoras y líderes campesinos existe el temor de que la historia se repita. “Están acostumbrados a engañarnos y ahoritica no nos vamos a dejar engañar. Por acá dicen que ya nos engañaron una vez; otra vez si ya no”, protesta Sandra.
En los últimos 20 años, según el Ministerio de Defensa, el Estado colombiano ha invertido 76 billones de pesos para erradicar la coca, un cultivo que con el paso del tiempo se fortalece mientras que la fe en el proceso de sustitución y en el Estado se debilita.
* Los nombres fueron cambiados para proteger la integridad de las fuentes.
Texto
Maria Paula Sierra Jiménez
Hugo Cárdenas González
Productora
Esta historia fue posible gracias a la iniciativa de Yessica Torres Galindez, lideresa campesina que hizo parte del diplomado en formación periodística de Consonante en Orito, Putumayo.
Videos
Hugo Cárdenas
Edición
Manuela Saldarriaga Hernández
Antes de conocer los resultados electorales la suerte parecía echada. Las dos principales opciones para gobernar el Chocó, los próximos cuatro años, eran visiblemente diferentes.
Por un lado, el veterano político Patrocinio Sánchez Montes de Oca, a quien las encuestas previas pronosticaban como ganador y quién volvía a presentarse respaldado por varias fuerzas políticas. Una figura conocida por hacer parte de una de las principales familias con poder político en el departamento y, también, por haber sido condenado a 18 meses de carcel por irregularidades en los contratos cuando fue alcalde de Quibdó.
Su principal rival, una mujer: la abogada Nubia Carolina Córdoba Curi, doctoranda en política y gobierno en la Universidad de Córdoba, Argentina, y Magíster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona.
En la noche del domingo 29 de octubre, el conteo de votos la determinó a ella como ganadora. Obtuvo 49 por ciento de votos, cuatro puntos por encima de su contendor político.
Su experiencia en el sector público más cercana ha sido vinculada como Secretaria del Interior y de Gobierno Departamental de la pasada administración, de la mano del gobernador Ariel Palacios Calderón, donde Córdoba Curi exaltó la importancia de enlazar la gobernación con los planes de desarrollo municipales y las políticas públicas locales para la administración territorial general.
Si bien es cierto que la familia Córdoba ha sostenido el poder durante años en el Chocó, la lideresa de Tadó Sandra Perea admite que, como esa, la mayoría de familias chocoanas con mando en el departamento han sido liberales. Cree, sin embargo, que a pesar de las discordias e investigaciones dentro de la tradición del partido nacional, “hay que dejar de utilizarlo para estigmatizar a las mujeres que respaldan o creer que tienen menos derecho. Ese, en cierto punto, es no dejar que alguien haga las cosas mejor”.
La gestión de Córdoba Curi es bien evaluada por otras lideresas políticas como Natalia Mazo, exsecretaria de Salud de El Carmen de Atrato y aspirante en este período a la alcaldía del municipio. “Ella es muy capacitada y durante la pandemia tuvo que lidiar con las dificultades que se vivieron, y los resultados fueron buenos”, asegura.
Consonante consultó a diferentes mujeres líderes para conocer cómo podría repercutir el liderazgo de Córdoba Curi en el departamento.
El liderazgo de Córdoba Curi no está cuestionado, dice Mazo, “lo que sigue es que ella comience a buscar soluciones a los problemas tan graves que vive el Chocó, como son la pobreza y el desempleo”. Además de tener que mejorar la conectividad de inmediato e intentar quitar el estigma de que “Chocó es corrupto e ineficiente”, declara la líder política.
La pobreza en cualquier municipio del Chocó, sin embargo, no va a ser fácil de erradicar. El que no haya oportunidades para todos no se resuelve en un período electoral. Eso lo sostiene la lideresa Sandra Perea, docente del municipio Tadó, Presidenta de la Casa Social de la Mujer, integrante del programa Adulto Mayor y Madre Líder de Familias en Acción. “La gobernadora podrá, simplemente, minimizar o bajar un poquito los índices, generar empleo para mejorar la calidad de vida y entregar responsabilidades a quienes tienen liderazgo”, complementa.
Según la gestora de proyectos sociales Luz Nelis Palacios, la gobernadora podría impulsar iniciativas departamentales que respondan a las necesidades específicas de los distritos y barrios, como lo ha sido históricamente la construcción de infraestructura o la reiterada promoción de empleo. Igualmente, confía en que Córdoba Curi sabrá cómo promocionar para Quibdó “la inclusión, la equidad, la igualdad, reducir el índice de violencia, la construcción de entornos protectores y el mejoramiento en la salud que es precaria”, asegura.
La lideresa afro Anny Rodríguez, desde El Carmen de Atrato, propone que la recién electa gobernadora convoque a las lideresas para que ajuste el plan de desarrollo que exhibirá después de que se posesione. “Tiene que asignar presupuesto para la generación de empresas en El Carmen de Atrato, para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades; también proyectos para formalizar a los vendedores ambulantes y otros específicamente para las mujeres en el campo”.
Para Natalia Mazo, la victoria de Córdoba Curi, según dice, permite romper una hegemonía de hombres en el poder y cambiar las dinámicas internas al dejar la oportunidad a más mujeres en el departamento en puestos de liderazgo.
“Siempre que una mujer llega al gobierno se rompe un esquema de exclusión”, expresa la aspirante a un cargo de representación. “Por primera vez, por voto popular, una mujer es elegida gobernadora, una mujer afro, chocoana, en un cargo de este nivel”.
Por lo mismo, la lideresa afro Rodríguez espera que la señora Curi, en sus palabras, sea la que implemente una política pública con un enfoque étnico y diferencial en el Chocó. Aunque esos aspectos a promover han estado presentes en su discurso, así como en su plan de gobierno, el énfasis de desarrollo que esperan las lideresas es que se dé con las mujeres.
Sandra Perea coincide con el entusiasmo contagiado por la gobernadora electa. “Gracias a esa gallardía que tiene Córdoba Curi ―anticipa―, muchas mujeres que están en otro ámbito ven en ella un impulso para dejar el miedo y el silencio en el Chocó y hacer notar el empoderamiento”, declara la lideresa.
Una de sus expectativas está puesta en la empleabilidad, específicamente, para campesinas y no campesinas. “Como las mujeres cabeza de hogar, porque Córdoba Curi promueve un cambio enfocado en nuestra profesionalización y en la transformación del territorio por medio de asociaciones o emprendimientos que muchas mujeres hemos liderado”.
Asimismo, la gobernadora electa ha sido enfática con el progreso económico del departamento apoyado en quienes no han tenido ―por racismo o por falta de acceso― oportunidades a nivel nacional. “En Chocó requerimos un empleo digno y, que pueda ser real con este gobierno, claro que nos interesa”, añade Perea.
Para la gestora de proyectos sociales Luz Nelis Palacios, en el Chocó la gobernadora deberá dar vía libre a más políticas de inclusión. “Eso implica promover su política feminista y trabajar en múltiples niveles para lograr la igualdad de género y los derechos de las mujeres”, y añade que todavía muchos espacios son inaccesibles para ellas en el departamento.
En Tadó, al menos para Luz Nelis Palacios, la nueva gobernadora podría enfocarse en la educación inclusiva y en la sensibilización frente a la igualdad en colegios y universidades; en la extensión de charlas, talleres y campañas de concientización sobre los problemas que enfrentan las mujeres; en fomentar su participación política y en la representación equitativa de género para la toma de decisiones.
Esas, y el apoyo a leyes y políticas de igualdad, es decir, “trabajar para respaldar proyectos que protejan los derechos de las mujeres y promuevan la igualdad de género”, es algo que Córdoba Curi podría atender municipalmente.
“Ella se puede involucrar en campañas de promoción, firmar peticiones y unirse a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en Tadó. Puede promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de la igualdad salarial, el acceso a oportunidades laborales y el fomento del emprendimiento”, añade Palacios.
Tan solo en Quibdó, hay tres organizaciones trabajan en la reducción de estas agresiones dirigidas (La Red Juvenil de Mujeres Chocoanas, la Fundación Mujer Afro Empoderada y Círculo de Estudios Culturales y Políticos). “Córdoba Curi puede trabajar para que las mujeres reciban el apoyo necesario y tengan acceso a servicios como refugios, asesoramiento jurídico, etc.”, dice la lideresa.
Y según Sandra Perea, en Tadó es igual de necesario el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, quienes deberían estar entre sus prioridades como lo estuvieron las personas menos atendidas, según aseguran las fuentes consultadas, durante su cargo como Secretaria del Interior y de Gobierno Departamental.
Sandra Perea cree, además, que es una buena señal que Córdoba Curi haya recorrido todo el departamento antes de quedar electa. Por eso cree que en Tadó, y en otros municipios, también la nueva gobernadora podría ayudar en la conectividad entre centros poblados y la cobertura de servicios. “Por sus propios medios se dio cuenta cómo las personas que viven en zonas rurales apartadas no tienen una vida digna. Son personas en unas condiciones que se pueden transformar por medio de programas y ayudas puntuales dirigidos a territorios nunca antes visitados por otros, que esperamos lleguen”, advierte.
En El Carmen de Atrato, particularmente, es favorable su victoria, según explica Mazo, porque Córdoba Curi ha mostrado interés en la especialización del territorio, “este municipio representa un potencial muy importante en el marco de la agricultura, de los derechos del Río Atrato y el campesinado”. Al menos Mazo espera que “haga un gobierno donde las personas sean nombradas por sus méritos”. Y la líder afro, Anny Rodríguez, se suma: “si la señora Curi quiere gobernar bien, deberá ser independiente”.
Córdoba Curi asumirá el cargo a partir del 1 de enero del 2024 y, aunque enaltecen en el poder su género en una región donde más del 50 por ciento de la población es mujer (Dane), su camino tiene una precursora que ha sido olvidada. Doryla Perea de Moore, su antecesora, nació en Quibdó en 1929 y fue considerada una de las mejores gobernantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia (1974), al mando del Chocó. “Los medios, por ganar auge o porque aquí en el departamento nunca se ha mirado con cuidado, siempre la olvidan”, concluye Perea.
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Reportería:
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Maira Fragozo
Manuela Saldarriaga Hernández
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Gabriel Linares López
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Jonathan Bock Ruíz
Carolina Arteta Caballero
«Lo más difícil es la comprensión de que
Ángela María Salazar Murillo Q.E.P.D.
los negros hacemos parte del relato nacional».
Yo no sé y quiero saber. Una frase que solía decir Ángela Salazar Murillo, exintegrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
“Una mujer que nunca se quedó callada. Que, frente a sus inquietudes, nunca tuvo temor de preguntar. Que decía: No entiendo, quiero que me expliquen”, expresa Lucía González, exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín y compañera de Salazar en la Comisión de la Verdad, aunque la conoció mucho antes de compartir escenario.
Ángela Salazar, según González, fue muy importante para el país porque lideraba muchos temas, especialmente: la memoria, las víctimas y el acompañamiento a las mujeres. “Estuve todo el tiempo cerca de ella, hasta que se fue a Apartadó, donde murió”, dice.
«Hablé con mujeres que están seguras de que deben recuperarse las funebrías tradicionales, los ritos funerarios de raíz comunitaria, los alabaos, los gualíes, el levantamiento de tumbas, la labor de los rezanderos y rezanderas».
Esto lo escribió Salazar tres meses antes de fallecer, el 7 de agosto de 2020, cuando se conmemora en Colombia la Batalla de Boyacá. Murió por una complicación respiratoria, hospitalizada, antes de presentar el informe final de la Comisión de la Verdad ―que reúne lo más dramático en 50 años de conflicto armado que ha vivido el país―.
Como integrante de la Comisión de la Verdad, Salazar brindó una escucha especial a mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras de Colombia, que fueron víctimas de violencia, como ella.
En la labor de agrupación de la Comisión de la Verdad aportada a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, se encontró el registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por daños provocados entre 1957 y 2016.
«Estas mujeres, que llegaron a la ciudad por el desplazamiento y que en este momento trabajan por la reconstrucción del tejido espiritual del país, anhelan que los grupos armados las dejen realizar sus rituales funerarios, momentos comunitarios muy importantes para los pueblos étnicos».
González dice que Salazar iluminó con sus nociones, conceptos y observaciones su trabajo: aportar la verdad del pueblo negro al relato nacional. “Fue una maestra, un ejemplo de vida, de coherencia y de alegría ―que es un valor escaso en estos tiempos―. A pesar de que ella vivió cosas muy duras, se mantenía con mucha esperanza, con una capacidad de ponerse a la altura de todas las condiciones. Nunca la sentí desfallecer ―prosigue González―, cuando se fue a Apartadó, estaba muy bien, pero el Covid 19 le impidió volver a la Comisión”. Salazar fue una mujer muy fuerte que, a pesar de los años: iba, venía y volvía, sin quejarse de nada.
«Cuando habíamos creído que la guerra quedaba atrás, que la fuerza y la importancia de la vida, de los usos y tradiciones comunitarias podían recuperarse, es muy duro que no podamos enterrar a nuestros muertos».
Nació en 1954, en Tadó, el mejor vividero del departamento del Chocó, como decía Ángela Salazar. En su adolescencia se fue a vivir al Urabá, donde desarrolló su vida familiar en una finca bananera. Allí empezó su trabajo social como alfabetizadora de niños y niñas en la comunidad.
Su obsesión temprana fue enseñar a algunas mujeres a leer y a escribir y a trabajar con ellas, sobre todo, en el empoderamiento femenino.
«Acompañamos a las mujeres en alzar su voz de protesta por el maltrato frente a una posición machista, racista, denigrante frente a nuestros cuerpos. Y decir a toda la sociedad colombiana que el cuerpo de la mujer no está en venta, se respeta, se cuida y se protege».
Con toda la violencia que se desató en el Urabá en las décadas de los 80 y 90, Salazar trabajó en los campamentos bananeros. Luego se fue para el municipio de Apartadó, del que tuvo que irse más tarde por la masacre de La Chinita, que perpetraron las Farc y en la que fallecieron 35 personas. Más tarde, Salazar se vuelve cofundadora del barrio obrero.
Hizo parte de la Junta de Acción Comunal y promovió la creación de la Casa de la Mujer de Apartadó ―que hoy lleva su nombre―. Allí fortaleció su liderazgo y empezó a sobresalir a nivel nacional.
Trabajó principalmente en toda la zona del Urabá y tuvo mucha cercanía con movimientos comunitarios en cabeza de mujeres. González también refiere que Salazar tenía una capacidad que aportó de manera franca a la Comisión, “porque ella vivió el conflicto muy de cerca”.
«Nosotras las mujeres negras, desde el arte y la cultura, estamos diciendo qué nos pasó y qué dejó en nosotras lo que pasó».
Hizo parte de la Red de Mujeres de Urabá y fue escogida como la representante nacional en la Iniciativa de Mujeres por la Paz IMP, en 2001. En esta, Salazar trabajó con Carmenza María Álvarez, quien dice que “toda la información que recogió Ángela de las mujeres, fue por esa confianza que ofreció a todas para que pudieran denunciar sus casos y contarle todo lo que pasaba al interior de sus vidas”. Su amiga cercana asegura que Salazar nunca tuvo algún tipo de dificultad durante estos procesos de escucha y recopilación de información, “pero sí fuimos amenazadas a mediados del 2008 y 2009, cuando Ángela estaba apoyando la Ley de Víctimas y empezó a visibilizar sus historias”, aclara.
«Uno de los avances que hemos tenido es lograr posicionar las necesidades específicas de nosotras las mujeres en la palestra pública y decir, en el marco del conflicto, lo que hemos vivido: las manchas que han dejado en nuestro cuerpo y en nuestra mente».
El trabajo de Salazar permitió que el ojo de algunos organismos internacionales volteara a ver al Urabá, cuando nunca lo hacían. Eso asegura Carmenza Álvarez, y que también la voz de la Excomisionada contribuyó para que varias organizaciones sociales y públicas asumieran el deber de restablecer los derechos de las mujeres víctimas en Colombia.
Willinton Albornoz, quien trabajó como asistente de Salazar, coincide en decir que “ella fue un ser humano entregado al servicio de todas las defensas de las mujeres, de las víctimas, de los niños y las niñas, fue una persona que se comprometió en el Urabá como gestora de procesos de empoderamiento de las mujeres, pero no alcanzó a ver terminado su trabajo”.
Las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con Salazar repiten lo que siempre la caracterizó a ella como líder: su biografía está llena de valentía, escucha y de humildad.
María Nelly Murillo Perea, cuñada de Salazar, refiere que “fue una muchacha, en pocas palabras, que nació en cuna de oro, porque su padre no era de Colombia y, para donde él iba, llevaba a su hija”. En el álbum familiar, sin embargo, aparece con el uniforme de la Normal de Nuestra Señora de las Mercedes de Itsmina, Chocó. Después de que su padre muere, es cuando su vida coge otro rumbo.
«Dicen que cuando habitaban las cabeceras de los ríos, en las orillas las tradiciones podían honrarse, pero hoy ni en las riberas ni en la ciudad podemos acompañar a nuestros familiares para que descansen en paz».
Se fue para Medellín, pasó dificultades, trabajó como empleada doméstica en casas de familia para salir adelante. Y siempre volvió al Chocó. “Cuando podía venía a Tadó, si tenía comía y si no tenía, también comía, porque nunca reparé con ella. Ángela era una mujer muy humilde”, dice María Nelly Murillo Perea. “Cuando estaba de visita en el municipio, le llevaba mucha información al personero y hasta le dejaba folios”, agrega.
«Al río lo mancharon de sangre, lo llenaron de dolor y le ahogaron su voz con el trueno de las armas. Me dicen que es necesario hacerle un ritual de sanación a todo el Atrato; que en su nacimiento necesita arrullos, que en el medio Atrato deben hacerse balsadas con flores y mucha chirimía para sacarle el mal, y que en el bajo Atrato es necesario hacer una alumbrada con velas y mechones, cantarle alabaos y ayudar a las almas perdidas en el agua a subir al cielo y liberar al río».
González también resalta la humildad de Salazar y, sobre todo, su sabiduría. Dice que era sabia porque escuchaba, sabia porque sabía pensar y qué preguntar. Sabia porque quería aprender. “Sabia porque no se sintió menos por venir de una comunidad pobre o no tener la formación que tenía el resto de los comisionados; ella se sintió siempre a la altura”, afirma González. “Porque Ángela era una mujer muy estudiosa, se la pasaba leyendo e investigando”.
«Desde sus prácticas tradicionales, en San Basilio de Palenque proponen revivir la memoria viva del río, curar y recuperar el alma de su arroyo, para que vuelva a ser de ellos y de sus deidades ancestrales; quieren llamar a los espíritus del agua en lengua palenquera para que vuelva a contestar y se recupere su esencia desde los cantos, los bailes y el poder de sus ritos».
Por eso, para su compañera González, Salazar no le tenía miedo a nadie. Tenía mucha fortaleza moral, porque fue capaz de comprender muy a fondo las razones de la guerra y, también, la importancia de la movilización de las comunidades. “Fue muy generosa en su hacer, su entrega fue total”.
Salazar fue una gran lideresa social y comunitaria de la región del Urabá y de Colombia, dice Álvarez. “Cuando uno salía con Ángela, tenía que llenarse de paciencia y no podía hacer otras cosas. Andar con ella era como andar con una reina de belleza: en toda parte se paraba a saludar, a conversar; a ella no le gustaba dejar a nadie con la palabra en la boca”.
«Pobladores del Atrato me dijeron en su ribera que su río debe ser sanado, porque además de haber sido usado como autopista de muerte, de que en él se sembró terror con los sonidos de las lanchas que traían la destrucción y llenaban los pueblos de monstruos, de que a sus dueños ancestrales se les prohibió la movilidad en él y sus afluentes, lo llenaron de mercurio y de cachamas, que llegaron con la guerra y, cuál hermanas de las pirañas, han desplazado al bocachico y se han apropiado de las aguas».
Solo las memorias del Encuentro de diálogo y escucha entre las organizaciones de mujeres de Antioquia y la Comisión de la Verdad, al que asistieron Ángela Salazar y Lucía González, dan cuenta de que durante semanas castigaban a las niñas amarrándolas de un árbol, abusadas en varias oportunidades y por múltiples actores.
Además, hubo mujeres con hijos producto de una violación ―lo hacían también con varios objetos―; otras contagiadas de VIH y otras más que terminaron con cáncer. “En esta región, culturalmente, se decía que casarse o ser la mujer de un paramilitar era la mejor opción”.
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz JEP acaba de abrir el macrocaso de Violencia basada en género, sexual, reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa, en el marco del conflicto armado colombiano; para las fuentes consultadas el Estado está pendiente de indemnizar a la población que ha sufrido el flagelo de la guerra.
“La Ley de Justicia y Paz lleva 18 años. Lastimosamente es un proceso que ha avanzado muy poco y son pocas las mujeres que hasta el momento han logrado ser reparadas”, dice Carmenza Álvarez. Salazar fue activista de las leyes 975 de 2015 y 1448 de 2011 -que regula los derechos y garantías de las víctimas de pueblos indígenas, comunidades Rrom y negras-. “A pesar de que hubo muchos casos que fueron reconocidos por estos actores, hasta el momento a muchas de ellas no se les ha dado su verdadera reparación que le compete al Estado”, añade Álvarez.
«Cuando se camina con las víctimas se aprende a escuchar. Mi compromiso es hacer visible la verdad de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y paquelenqueros».
Para el asistente de Salazar, todo lo que tenía que ver con la Ley 975 de Justicia y Paz le trae un recuerdo: “la gente nunca fue a la Fiscalía a poner la denuncia, siempre buscó a Ángela y era por medio de ella que la Fiscalía actuaba”. Coincide con carmenza álvarez en que la Ex comisionada no alcanzó a ver a todas esas mujeres que venía acompañando no solo reparadas, sino con una reparación integral, como lo establecen las leyes.
“También le faltó haber sido ella quien contara esa verdad. Que su voz y mensaje de paz y reconciliación llegara a más colombianos y colombianas en el momento de la presentación de este informe final de la Comisión de la Verdad, sobre todo lo que tenía que ver con las comunidades afro”, dice Willinton Albornoz.
Ángela Salazar, por su parte, sí hizo la tarea completa. “Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Si le faltó vida, le faltó para seguir haciendo la tarea familiar, comunitaria y nacional”, dice Lucía González.
«Es el aporte de las comunidades a la reconstrucción de nuestras verdades. Esclarecer qué nos pasó, en qué momento nos pasó, quién fue el autor, pero también quiénes se beneficiaron. Este ejercicio de esclarecer la verdad queremos que sea desde los territorios hacia la nación».
* Dada la magnitud del subregistro y los vacíos de información que existen sobre los hechos a investigar, la Sala hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.
La caza, el rezago del conflicto armado, la percepción de seguridad ciudadana y la posición geográfica cercana a Venezuela, que hace una millonaria inversión en armamento y lo distribuye por la frontera, son razones por las que se volvió cotidiana la tenencia y porte de armas en San Juan del Cesar.
En Colombia, donde está prohibido, más de 330 mil personas naturales cuentan con permiso para tener armas y un número incalculable las tiene y usa sin permiso. Tan solo en La Guajira, en 2022, la policía incautó más de medio millón.
En este municipio, al sur del departamento, para algunos es oficio y para otros es tradición. Según datos extraoficiales, las armas que más se mueven son las de tipo traumáticas. Se consiguen en varias presentaciones y precios que podrían variar desde los doscientos mil hasta quinientos mil pesos, y el tiro (o bala) se consigue por tres mil quinientos pesos. Para las fuentes consultadas, son asequibles. Eso creen que tiene que ver con las personas que las usan, que aseguran son principalmente jóvenes sin empleos formales.
“La primera arma que ví fue cuando tenía la edad de 7 años”, cuenta Juan*. “Mi papá y un tío, con los que vivía, tenían escopetas en la casa y me enseñaron a cazar”. Su primera experiencia en el monte fue a sus 12 años, cuando las piernas le temblaban al sostener la escopeta. “Fue con la de un vecino, que me la prestó. Salimos a cazar y en una de esas vi un conejito, y le disparé. El animal quedó enredado en unos bruscos, me prestaron un machete para limpiarlo, pero yo seguía temblando después de haber disparado", expresa.
Conejos, palomas, iguanas y hasta cauqueros, parecidos al venado, son traídos del monte después de ir de caza. La piel del mamífero la secan para colgar en las paredes y también los cachos. En el caso de la iguana, los huevos se comercializan y la carne se come con yuca.
Hoy, dieciséis años después, Juan tiene esos recuerdos de su infancia y en su poder dos escopetas. Una de 12 milímetros y otra de 16 milímetros. Ninguna con papeles. Asegura que las compró en San Juan del Cesar a un conocido, pero se abstiene de dar el nombre y mucho más de dar información del lugar donde las venden.
“Aquí se pueden conseguir armas pero es confidencial, para evitar problemas, porque es ilegal”, advierte. Para evitar rendir cuentas a las autoridades, Juan decidió guardar las armas fuera de su casa. Ambas las deja en fincas cercanas a los lugares donde va de cacería o donde un amigo. No transita con ellas en las calles por temor a una denuncia o a encontrarse con la policía.
La caza es una actividad muy apetecida por los pobladores de este municipio y la desempeñan para poder llevar comida a sus casas o solo por hobbie. Juan asegura que tener un arma es importante y atractivo por el oficio que desempeña, pero considera que no es indispensable y mucho menos cuando se usa para otros fines como la delincuencia.
“En mi caso es atractivo porque es algo que viene de generación: mi papá y familiares son cazadores de oficio y ahí fue que me nació el gusto de portar armas para cazar. Pero hay muchas personas que las utilizan con el fin de atracar, hacer daño y eso afecta a la población", concluye.
Como Juan, Elías* también se crió en un entorno familiar donde había armas. Hoy, con 44 años, asegura que en su familia se conserva una escopeta de caza de 16 milímetros, pero también un revólver calibre 38 ―el arma con la que más se mata en Colombia― que consiguió hace unos años. “El arma larga (escopeta) es la que sirve para el sustento de la familia ―de ese modo crecí―, y el arma corta (revólver) la guardo como una manera de protegerme de la violencia que atropella estos lugares”, asegura.
San Juan del Cesar es uno de los municipios que más víctimas puso en el conflicto de toda La Guajira. Datos de la Unidad de Víctimas confirman que la cifra abarca más de 22 mil personas que recibieron violencia de muchos tipos.
La presencia de grupos armados como las Agc, la guerrilla de las Farc y el Eln dejaron una huella imborrable. Desplazamientos, asesinatos y delincuencia común son unas de las tantas consecuencias del conflicto que hoy producen temor a que la historia se repita.
Pero no es sólo una percepción. De acuerdo con Hugo Acero, sociólogo, experto en seguridad ciudadana, secretario y asesor de seguridad en varias ciudades del país, el conflicto armado es un factor determinante para el porte de armas en cascos urbanos y rurales.
Se ha comprobado que algunas de las armas que portan los habitantes son las que han quedado de actores desmovilizados que, tras la desmovilización, son vendidas. “Con todos los conflictos armados, una vez se logra el proceso de desarme, pasa que algunos ex miembros encuentran en sus manos un capital, una inversión o un objeto de gran valor al que no están dispuestos a renunciar”, dice el experto refiriéndose a las armas. “Además, no todos los grupos entregan la totalidad de su armamento, algunos terminan entregando cosas viejas o medianamente usadas, y lo nuevo, terminan guardándolo y vendiéndolo en el mercado negro, eso sucede en todos los conflictos”, asegura Acero.
Las armas que tienen los ciudadanos provienen de la guerra, y no solo en Colombia. “La desmovilización de casi todos los conflictos internos del sur de América deja armas en todos sus países en manos de particulares”.
San Juan del Cesar es conocido en la zona como “el deshuesadero” de carros. Ponen tachuelas en las vías que pinchan las llantas de los vehículos y, después de asaltar a las personas al punto de dejarlas malheridas, se llevan todo. Frecuentemente se ve el robo de teléfonos, motos y este año, como en el pasado, se encuentran jóvenes muertos sin identificar a los responsables.
Los habitantes de este municipio consideran que vivir en él ya no es seguro. Por eso, para ellos tener un arma es sinónimo de protección, más que un simple gusto o lujo.
En los últimos años, la población ha crecido y la despensa de recursos es menor. La escasez está directamente relacionada con la consolidación de los grupos que se dedican a la delincuencia común, por la pobreza.
La gente manifiesta que ni siquiera en sus propias casas tiene tranquilidad de poder pasar la noche. Es el caso de Raúl*, quien hace poco fue atracado en horas de la madrugada, mientras dormía con su esposa. Ambos viven en un barrio periférico de este municipio con sus tres hijos.
"Fui víctima de un atraco nocturno, se metieron en mi casa y nos sometieron a mi esposa y a mí por unas horas”, anticipa. “A raíz de ese evento de forma forzosa, para seguridad mía y de mi familia, tomé la decisión de comprar un arma a pesar de que no estoy a favor del porte”, recuerda Raúl, todavía con algo de miedo por esa noche.
Después del episodio, se dirigió hasta el batallón militar La Popa ubicado en la ciudad de Valledupar, a 45 minutos de San Juan del Cesar, para poder comprar el arma que, en ese entonces, le costó alrededor de 9 millones de pesos e incluía los papeles de porte necesarios.
"Aquí en La Guajira siempre se ha mantenido que el hombre es el macho de la casa y ante el otro siempre está la rivalidad, el machismo y el poder que impone el ego para la resolución de conflictos. El ego, relacionado con la rabia y el uso de las armas, puede terminar en una desgracia", reconoce Raúl.
Aunque el ciudadano sabe que violencia produce violencia, reclama que no hay control de estos episodios delictivos por parte de las autoridades y que la justicia, en estos casos, opera en contra de quienes emplean armas en su defensa y a favor de los delincuentes que agreden e intimidan.
Con eso coincide Emiliano*, "el que realmente necesita un arma, no la puede portar porque la policía no hace convenio con uno, sino que vienen y se lo llevan preso. Mientras que el bandido sí porta el arma con libertad”.
Emiliano tiene 25 años y es dueño de un establecimiento comercial nocturno en la avenida Manuel Antonio Dávila en San Juan del Cesar. Los establecimientos comerciales han sido las principales víctimas del hurto que ha crecido en los últimos años, según dice Emiliano. Aunque reconoce que portar un arma en su negocio podría hacer que la policía se lo cierre, desde hace más de tres años tiene un arma de fuego que guarda en un lugar al que solo él tiene acceso.
"Tengo mi arma para protegerme y proteger lo mío”, anticipa Emiliano, “pero es un riesgo grandísimo porque uno no tiene los papeles pertinentes y lo pueden meter preso". La consiguió en un municipio cercano al ver constantes robos en el sector. "El hurto, las extorsiones, la inseguridad que está manejando el pueblo, le hace a uno conveniente portar su arma" relata.
Como él, hay otros comerciantes de establecimientos, incluso diurnos, que portan armas legales o ilegales. También comerciantes informales, como Luis*, de 25 años de edad, quien lleva un arma sin papeles porque asegura que la necesita para su trabajo, como ‘pago diario’, en el que opera como un cobrador de dinero prestado.
Entre las estribaciones de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, está San Juan del Cesar. Esa es zona fronteriza con el país de Venezuela. Por muchos años, además de migración humana, este ha sido un corredor de gasolina, droga y armas de fuego que se distribuyen de lado a lado.
"Está probado que algunos miembros de las fuerzas armadas venezolanas han comercializado material bélico con grupos armados colombianos", agrega Acero. Según el experto, la frontera se mueve con armas nuevas, usadas y con las que algunos países dan de baja al mercado. “Son utilizadas después por los contrabandistas y mafiosos para regar ese material en distintos lugares”, añade el experto.
Con la llegada de migrantes, también se evidencian roces entre una cultura y otra. Eso, además, altera la percepción de seguridad que tienen los sanjuaneros. “No digo que sea un problema [la migración], sé que ha sido un factor que altera la seguridad del municipio por hurtos y enfrentamientos entre las personas”, dice José*, quien fue víctima de un robo.
En 2018, el Gobierno de Colombia reportó la incursión de un camión de artillería venezolano con misiles y armamento antiaéreo que, a pesar de que se dirigía para el estado de Táchira, pisó suelo ajeno. Desde hace décadas caen redes de tráfico de armas y explosivos provenientes de Maicao. Según una denuncia de Ariel Ávila, al país entran armas de Venezuela por la zona de Guasdualito, en Arauca; por el Catatumbo y ahora también por Uribia, en La Guajira. Por información pública, Venezuela actualmente obtiene este arsenal al comprarlo principalmente de Irán y Rusia.
“Los mercados ilegales son dinámicos, como los carros que se venden nuevos y de segunda. Quizás sea más rentable el comercio ilegal de armas porque las guerras, la delincuencia, los enfrentamientos y el narcotráfico las demandan. Para este tipo de organizaciones, el mercado legal no es rentable, entonces implica ir a otros países a hacer los procesos requeridos", agrega Acero. “Todo eso se ha normalizado socialmente, pero no es normal y tampoco legal”.
* Los nombres de algunas fuentes fueron cambiados para proteger su integridad.
Del Caribe surgen noticias con cadáveres de jaguares, como las de Tadó, entre unas 25 y 30 veces por año. Después de los Andes, en donde se produjo un éxodo por la transformación de la tierra, esta es la zona donde más confrontación y muertes de jaguares hay, por unidad superficial, en todo Colombia.
Carlos Castaño-Uribe, antropólogo ambiental y quien durante 40 años ha investigado ese conflicto latente entre especies, comparte el censo de riesgo, y dice con plena certeza que el caso de los ataques a muerte de dos jaguares en Chocó es uno de tantos sustratos de un conflicto que lleva muchos siglos: “a lo largo de estos últimos 500 años, desde la Conquista hasta nuestros días, es evidente que el jaguar se ha llevado la peor parte”, anticipa.
En este panorama, según el experto, hay mucho por analizar como lo es la pérdida del carácter sagrado del jaguar; la radiografía violenta que la situación imprime del país y las consecuencias de la extinción del felino como primer animal de la cadena trófica (o alimenticia), entre otros matices que, en cualquier caso y según el académico, tienen lamentables consecuencias.
“Si este animal se extingue, como ya lo hemos podido comprobar desde el punto de vista ontológico, ecológico y sistémico, entra en deterioro sucesivo la composición natural que nos rodea”, dice Castaño-Uribe, quien también dirige la Fundación Herencia Caribe y durante una década estuvo al frente de los Parques Nacional Naturales de Colombia.
Los constantes ataques que recibe el jaguar corresponden a un contexto más amplio en términos de la problemática ambiental que representa. Aunque esta no es la única especie atacada por humanos o por los efectos que estos producen en el entorno; sí es, según el antropólogo, uno de los pocos felinos que se reviste de una connotación divina percibida durante siglos y con orígenes amerindios.
Además, el jaguar es un animal sostén dentro de su comunidad biológica, lo que quiere decir que de él depende que la energía y los nutrientes fluyan de un lado a otro. Con esto en riesgo, todas las especies de la cadena alimenticia lo están y, en consecuencia, los sistemas neotropicales que el felino habita: en América, desde México hasta Argentina.
“Más del 50 por ciento del territorio del jaguar ha desaparecido en el continente ―aclara Castaño-Uribe―. En gran parte de América se logró su extinción, como en Uruguay y en países centroamericanos. Y en otros tantos, como Colombia, estamos en una carrera desbocada por la transformación de todo el territorio a tal suerte que las oportunidades de supervivencia del jaguar son cada vez más restringidas”.
La Fundación Herencia Caribe, encargada de proponer un Plan de Conservación de Felinos, PCFC, desde 2007, ha hecho presencia en las serranías del Darién, Perijá, San Lucas y en la Sierra Nevada de Santa Marta, también en el Nudo del Paramillo y otros territorios cercanos a grandes humedales como La Mojana, la Depresión Momposina u otros ribereños del Bajo Magdalena.
De su experiencia, Castaño-Uribe tiene mucho para aportar ahora que, con el caso de los jaguares atacados por indígenas, surgió la idea de una posible creación de un corredor ecológico a 905 km de distancia del Caribe, por la Ruta del Sol, en Chocó.
Consonante entrevistó al experto.
Consonante: Es usual recibir noticias de jaguares atacados por humanos en todo el país, ¿de estudiar con esmero el conflicto entre especies, específicamente felinas, qué cree que es apremiante decir?
Carlos Castaño-Uribe: Es un conflicto tan complejo como lo es nuestro país: cargado por una secuencia secular de violencia que nos ha agobiado en medio de una serie de ofertas maravillosas de la naturaleza.
Nuestro país ha sido diagnosticado muchas veces: es un sistema de cosas interrelacionadas que no interactúa; aquí se exhiben por separado una gran cantidad de comportamientos que no logran sumar y, por el contrario, tienden a antagonizarse. Aunque tenemos numerosas regiones naturales e idiosincrasias, no se articulan en un proceso de interés nacional e identitario. En lugar de rescatar las fortalezas enormes de eso, seguimos en la dicotomía del conflicto desde lo social, cultural, ambiental y político que nos convierte en uno de los países con mayor riqueza natural pero, a la vez, con el rótulo de hot spot. Es decir, somos un área caliente que cuenta con una gran oferta de biodiversidad y con una enorme destreza y rapidez para destruir y atentar contra ella.
C.: Usted dice que el jaguar está revestido de un enorme poder, ¿lo ha perdido?
C.C.U.: Hemos logrado antagonizar de tal forma nuestra propia naturaleza que vemos un cambio muy dramático entre, haber considerado durante siglos al jaguar como una deidad, a ser hoy el principal enemigo en los territorios rurales del país.
C.: ¿Qué lo produjo?
C.C.U.: Con las sociedades prehispánicas, antes de la conquista, había un concepto de integración enorme con el medio natural, mucho más próspero y profundo que en la actualidad. Dentro de todo ello, el jaguar era un factor fundamental de arraigo, pervivencia, reunía una gran cantidad de valores y elementos estructurales del pensamiento. De modo que el concepto de ‘la jaguaridad’ se volvió transversal en la forma filosófica de todos o de la gran mayoría de los pueblos indígenas, tanto como para llevar al jaguar al lugar más distintivo dentro de un pensamiento cosmogónico y hasta entender el flujo de la propia existencia con esta especie.
La gran mayoría de pueblos no sólo tenían una relación estrechísima con la idea de ‘la jaguaridad’; también emulaban al felino permanentemente como una de sus figuras más icónicas desde lo simbólico y desde un perspectiva de la organización social y cultural. Eso fue, entre otras cosas, lo que causó una precaución enorme por parte de las huestes españolas: darse cuenta, por ejemplo, de que los indígenas salían con el jaguar a repeler la invasión europea después de que se demostró ese interés totalmente extractivo.
Venir a apropiarse de la seguridad y sobrevivencia de esos pueblos, lo sabemos todos, fue un estímulo más por exfoliar el territorio que por conservarlo.
C.: ¿Cómo se desvanece la noción de ‘la jaguaridad’?
C.C.U.: La gran mayoría de las comunidades, independiente de su familia lingüística, de su nivel de desarrollo sociocultural y sus proyecciones en los modelos económicos, parecían tener una muy clara preferencia por utilizar al jaguar como un elemento estructurante del conocimiento. Lo llegaron a imitar, incluso, desde cualquier perspectiva: chamanes, cazadores, guerreros, entre otros, tomaron atributos felinos que admiraron. Eso pasó desde la penetración del hombre a este continente y prevaleció durante siglos. Pero se acaba rápidamente con un cambio de visión profunda: el jaguar se vuelve indeseable porque es vendido, por parte de los españoles, de una forma fuerte y secular. Lo entronizan y lo estimulan ―desde una perspectiva de la religión católica― como la representación diabólica, lo que tiene consecuencias dramáticas en todo el fluir del pensamiento aborigen, que empieza a hacer estigmatizado desde entonces hasta nuestros días.
C.: ¿Pierde el jaguar el lugar de animal tótem, de poder o sagrado?
C.C.U.: En todo el territorio de conquista. El jaguar, que fue llamado por los españoles como tigre, se convierte en el símbolo de lo salvaje, el otro enemigo profundo. Eso costó vidas enteras en medio del proceso de los indígenas que aprendieron a tratar el tema, que los obligaba a separarse de todas sus creencias y a no seguir demostrando ningún tipo de culto a este felino. Los conquistadores, y todos su séquito, se encargaron de torcer la relación hasta cortar el vínculo espiritual tan fuerte que existía.
Uno de los factores a través de los cuales la Corona permitió durante mucho más tiempo la esclavitud de las comunidades indígenas, de hecho, dependía fundamentalmente del relacionamiento que demostraba tener una población con el jaguar. La cultura de la conquista seguía ritos "nefandos" ―que era como los españoles entendían lo del jaguar―, y se volvió un arma muy contundente para perseguir poblaciones que, por demás, recibían la valentía y la sapiencia del felino justo antes de los ataques, algo que los indígenas programaban para repeler a los conquistadores.
El catolicismo, rápidamente, también se sirvió mucho de poder satanizar al jaguar y proponer analogías con éste y el demonio y el culto de los indígenas, por lo tanto, “satánico”. Estos comían carne humana como los jaguares: parte del gran mito que se propagó y que fue peligroso. Y lo fue no porque no hubiera indígenas que emplearan la antropofagia como un instrumento ceremonial y religioso (particularmente para entronizar en el poder de sus muertos), sino porque se utilizó para hacer propaganda de salvajismo contra los indígenas, como si los españoles no lo hubieran sido con toda nuestra geografía.
Cuando los chamanes morían, cuenta el antropólogo, una de las prácticas era quemar el cuerpo y consumir comúnmente sus cenizas, con bebidas hechas con maíz, y encarnar en el cuerpo todas las virtudes del recién fallecido.
C.: Hay quienes atribuyen el desplazamiento de estos felinos cerca a caseríos por la deforestación u otras actividades que han generado movimientos entre especies, como históricamente con los cambios en el ambiente. ¿Es normal o asistimos a una disputa territorial sin precedentes?
C.C.U.: Detrás de la gran vulnerabilidad que tiene esta especie silvestre, está que los hemos ido arrinconando de una forma superlativa: llevamos muchos siglos transformando nuestro territorio. Tratando de replicar, además, una forma de desarrollo territorial que es lo más inconveniente que pueda haber para nuestro país ―tropical biodiverso―, pero, esa realidad absolutamente nadie la ha entendido y, por el contrario, eso que es nuestro gran capital a futuro, cada vez más evidente se ha venido destruyendo.
Desde hace mucho tiempo estamos remedando la visión eurocéntrica de desarrollo que nos dejaron con la Conquista. Estamos tratando de revelar la forma de apropiación de territorios a través de actividades económicas que nada tienen que ver con nuestra realidad ecuatorial. A este patrimonio, exquisito y sorprendente que nos permite tener recursos a granel, lo estamos cambiando para aplicar el modelo de países tórridos y templados. Lo que hay de por medio es una subvaloración de lo que tenemos.
C.: ¿Qué recomienda para el Chocó después de aplicar el plan de conservación de felinos en el Caribe?
C.C.U.: Lo que hemos visto, tratando de aplicar diferentes modelos, es que matar a un jaguar tiene un valor: se vuelve un trofeo por haber sometido a la naturaleza y a esta figura asociada con “lo perverso”, con lo “no deseable”. Eso es algo que no hemos logrado contrastar con un requerimiento indispensable ―y uno de los aspectos donde falla profundamente la política del marco legal―: los instrumentos estatales para poder abordar adecuadamente el tema de la identidad territorial. Esto quiere decir que no se puede abordar este conflicto sin tener en cuenta cómo rescatar los valores de la tradición, de la cultura, el arraigo junto al jaguar como lo que ha sido siempre, el dueño de la selva.
C.: ¿Es un conflicto cultural?
C.C.U.: Lo que pasó en Tadó, Chocó, claramente es una cosa que ocurre en cientos de localidades en Colombia, desde hace mucho tiempo. En el Canal del Dique ―que separaba las aguas del río Magdalena de las ciénagas―, a 20 minutos de Cartagena, se veían jaguares en 2005. Durante nuestro trabajo de observación, notamos que este era un camino pasacaballos y, a lo largo de muchos puntos de la cuenca, se veían jaguares. Pero sus cabezas tenían precio por parte de los ganaderos. En este sitio había un club de casa extraoficial que llevó, incluso, a expresidentes de la República a ir de cacería en esta región también conocida como los Montes de María. La implementación de un corredor ecológico, en este sitio, implicó abordar todos los problemas secundarios: violencia, lucha armada, desplazamientos, que es lo que ocurre en el resto de Colombia. Esto tiene enfrentadas tres grandes columnas: la ambiental, la social y la cultural.
C.: Mencionó una grieta del marco legal, ¿la normatividad que existe es suficiente?
C.C.U.: No me desvela mucho ese aspecto, pero sí me preocupa mucho más que la normatividad no logre aterrizar en lo práctico, en el día a día de las comunidades locales, que son las que tienen que vivir esta dificultad. Y el ordenamiento territorial es transversal a todo esto. El problema más complicado que tiene que resolver Colombia, desde mi perspectiva, es cómo frenar la deforestación. En los últimos cinco años se disparó de una forma aterradora y no ha habido ningún instrumento idóneo para atenuar progresivamente los efectos del deterioro ―como el tránsito del jaguar a centros poblados―, que es la raíz de muchos de nuestros males. Para la creación de un corredor ecológico se requiere algo más que un interés biológico, se requiere un interés espiritual.
Cuando Jesús Fernández tenía 13 años empezó a cantar en el coro del Centro de Recursos Educativos Municipales de Fonseca, CREM. Su primer escenario oficial fue el Festival del Retorno, cuando las escuelas todavía tenían participación en la ‘Tarima Tierra de Cantores’ de la plaza principal y profesores de música, como Jorge Luis Daza Pacheco y Yizza Peñaranda que acompañaron a Fernández, recibían invitación cada año con los niños y jóvenes. Esto es cosa del pasado.
El Festival del Retorno, que durante años fue un evento para recibir a los fonsequeros y visibilizar las distintas disciplinas ―como la composición, la interpretación de la guitarra, el acordeón, la danza y otras expresiones―; dejó de lado la participación local al punto de exiliar a la juventud que encontraba en este escenario un lugar para trascender con su talento.
Hoy ‘Chu Fernández’, a sus 23 años, no está en Fonseca sino en Bogotá, donde participó en la novela de Leandro Díaz, en 2022, una oportunidad que lo motivó a iniciar su carrera actoral. No abandonó su pasión por el canto, de hecho pasó por el concurso Talento Zipaquireño y se llevó el primer puesto, pero asegura que la búsqueda de crecimiento profesional y de espacios para impulsar su carrera lo obligaron a salir de su municipio.
“Me gusta decir las cosas pelao y raspao: para nadie es un secreto que para los nuevos artistas todo es muy difícil y que a muchos nos ha tocado buscar otros rumbos”, expresa. Y aunque sus planes actuales son seguir dándose a conocer en la capital, ‘Chu Fernández’ no descarta regresar y presentarse en la plaza principal, donde está su primera tarima, pues reconoce que para cualquier artista es un sueño actuar en su tierra.
En Fonseca el único escenario habilitado para los artistas es la ‘Tarima Tierra de Cantores’, pero no al cien por ciento. En los últimos años, la población creció y según el DANE, en 2023 hay más de 50 mil habitantes con un solo escenario principal que se construyó para albergar menos de la mitad de la población actual.
Aunque hay pequeñas tarimas en corregimientos como Conejo y el Hatico, así como en el barrio 1° de julio, estas no dan abasto para la magnitud que el evento adquirió con el tiempo. En el barrio San Agustín, incluso, se hacía en algún momento una tarima provisional para niños y jóvenes como parte de un evento previo al Festival del Retorno, llamado Retornito, que desapareció.
Me parece muy bueno el festival pero no le da oportunidades a los nuevos artistas como lo hacían antes.
Chu Fernández
Cerca a la ‘Tarima Tierra de Cantores’ están las instalaciones del CREM, otro escenario que podría funcionar para promover la cultura, sin embargo, no está siendo utilizado para su verdadero propósito. Como lo reportó Consonante en 2022, el CREM se convirtió en la oficina de atención de Ingreso Solidario y de funcionarios de Migración Colombia y, hasta la fecha, no ha recuperado la misión con la que fue creado.
Otro de los lugares donde se podría incentivar el talento local, aunque se está cayendo a pedazos, es la antigua Casa de la Cultura, pero le pertenece al Club de Leones, entonces es un espacio privado. Y, a la falta de escenarios, se suman las quejas de los vecinos de la plaza principal, ya que la mayoría de estos residentes son adultos mayores y para protegerlos del ruido, la Administración no aprueba la realización de actos que perturben su tranquilidad.
La tarima del barrio 1° de julio servía para los niños y jóvenes pero desapareció al mismo ritmo que los recursos destinados para fomentar las diferentes disciplinas como la piqueria, la décima, las danzas tradicionales, entre otras.
En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la Secretaría de Gobierno aseguró que el presupuesto cultural es de más de 770 millones de pesos (770’709.289) y que para la promoción de festivales se destina el 79 por ciento. Los habitantes denuncian, sin embargo, no ver la inversión de esos recursos. Y el único fundador vivo del Retorno aseguró a este medio que el evento deja más pérdidas que ganancias.
Dasnelli Bolívar Torres, socia de la Fundación Luis Enrique Martínez “El Pollo Vallenato”, confiesa que recibe recursos de la Gobernación de La Guajira y del Fondo Mixto Distrital de Cultura pero no de la Alcaldía. La Fundación, sin ánimo de lucro, se sostiene también por el apoyo de los padres de niños y jóvenes en formación que compran instrumentos para patrocinar el aprendizaje.
“A pesar de no tener apoyo local, nos interesa seguir insistiendo en que el aprendizaje no se pierda”, dice Bolívar Torres. “Hemos venido desarrollando actividades en el Festival del Retorno y en las fiestas de navidad, pero este año no participamos porque no tuvimos un horario adecuado para los niños”.
Jane Fernández es una joven artista del género vallenato. Nació en Cardonal, otro corregimiento de Fonseca. A sus 26 años, después de trabajar como segunda voz con el cantante Jhon Daza, inició su carrera como solista.
En la pasada edición del Festival del Retorno, el 25 de agosto, era ella la encargada de cantar en el acto de apertura tras recibir la invitación del alcalde, Hamilton Peñaranda, y del presidente del evento, Jacob Parodi. “Pero después de tener mis instrumentos sobre el escenario, llegó un empresario y mandó a bajar a los músicos. Por esa gracia, casi se agarran a cachetadas detrás de la tarima uno de los organizadores con el presidente”, cuenta Jane Fernández.
Aunque la artista se reserva el nombre del empresario, asegura que este la agarró del brazo a la salida del camerino. “Me batuquea y me dice: tú no vas a tocar aquí, tú quién eres, quién te crees…”. Eso la llevó a tomar el micrófono y decir a los asistentes: “Me dirijo ante ustedes porque lo que se ha cometido es una falta de respeto. Aparte de que me quitaron el espacio para abrir el festival, ciertos empresarios vienen a creerse dueños del evento en pueblo ajeno y me quitan la oportunidad que el mismo alcalde me dió”.
Fernández interpretó el rechazo más tarde como una represalia por haber grabado antes del Festival un jingle para el candidato opositor al actual alcalde. “Pasé por ese momento de humillación por no ir con su corriente política y perdí la oportunidad de presentarme por primera vez como solista para mi pueblo”. El encargado de la apertura fue un artista que es amigo personal del alcalde.
La joven artista cree que no solo están excluidos los jóvenes de la programación, también géneros musicales tradicionales, como las décimas, y otros contemporáneos, como el reguetón, la balada y la champeta, que han sido apropiados en los últimos años por nuevas generaciones.
Cuando Diomedes Díaz tenía 20 años participó en el mismo escenario que ‘Chu Fernández’. Fue al Festival del Retorno a cantar y con su participación ganó una grabadora que le entregó Neida Cujia en la ‘Tarima Tierra de Cantores’.
Esa anécdota la recuerda Drigelio Campo Ariza, Licenciado de Bellas Artes de la Universidad La Sabana y ex docente por más de 40 años del colegio Juan Jacobo Aragón, quien hoy reitera que “anteriormente la juventud participaba tanto en el Festival, que hasta Diomedes Díaz, siendo un muchacho, quería estar en Fonseca”.
Cuando las escuelas tenían la responsabilidad de la organización del evento, muchos más jóvenes encontraban un espacio porque los profesores de artes creían que fomentar la cultura servía para algo. Según Campo Ariza, el pueblo está en mora con ese compromiso y con actores como Luis Francisco Mendoza Pitre ‘Geño’, quien trajo músicos internacionales como Celia Cruz, Oscar de León y más de otros géneros como Cuco Van y su banda, Nelson Enrique, Lirio Pastor López, con los que también actuaron los locales.
Las tres entregas de este especial de Consonante demuestran que el Festival, a pesar de que es reconocido como patrimonio, está decayendo por la falta de pertenencia y de atención a las expresiones locales, así como poco apoyo a los jóvenes que buscan un proyecto de vida en el arte. No hay gestión alrededor de la creación de escenarios ni hay transparencia en la inversión de recursos destinados para el evento. Todo esto en medio de silencio de la administración pública.
“No sé por qué hay personas que se han proclamado fundadoras del Festival del Retorno. Solo fuimos cinco, de los cuales soy el único que hoy puede contar la historia”, dice Manuel de Jesús Escalante García, quien cumplirá 90 años. “Los otros cuatro fundadores me tomaron la delantera”.
Junto a Escalante, Narciso Velásquez, Manuel Esteban Cuello, Marina Cerchar y Nicolás de Luque buscaron que la celebración de las fiestas del Santo patrono San Agustín sirvieran para algo más: traer de vuelta al municipio a los fonsequeros que habían partido a otras ciudades —por toda Colombia y fuera de ella— . Y es cuando, en 1972, aparece la frase emblemática: Fonseca, volver a ti es repetir la dicha de nacer.
Esta proclama es de autoría de Efraín Medina “Fracho”, a quien falsamente se le atribuye ser fundador del Festival del Retorno pero fue en realidad el precursor de la “Bula del Retorno” y un contribuyente activo en el tiempo.
La bula del Retorno es un decreto alegórico donde, de manera jocosa, se invita a propios y foráneos a desarmar los corazones, entrelazarse en un lazo de hermandad y dar rienda suelta al disfrute tomando chirrinchi, comiendo iguana con coco y bailando al son de caja, guacharaca y acordeón hasta que raye el sol después de cuatro días de festejo.
Consonante entrevistó al fundador Escalante García para conocer los orígenes del Retorno y al profesor José Manuel Romero Orozco, conocido como “Changa”, y quien hizo parte de la corporación del Festival. Ambos evidencian cómo el evento ahora deja más gastos que lo que contribuye a fortalecer la cultura de Fonseca y cómo se convirtió, paulatinamente, en un fortín político.
¿Por qué hay confusión con los fundadores del Retorno?
Manuel de Jesús Escalante García (EG): Efraín Medina “Fracho” fue un invitado en el segundo festival, en 1973, y nos trajo dos grandes aportes y sus inquietudes para enriquecerlo. Por lo que hubo confusión, como también la hubo con Fermín ‘El Taco’ Peralta, Francisco ‘Kiko’ Toncel y Tomás ‘Tomacho’ Enrique Peralta.
Ellos se vinculan al Festival desde sus inicios puesto que eran pudientes y personas muy bien vistas en Fonseca. Fue en el patio de Kiko Toncel, en una reunión festiva, donde nació la idea de crear el certamen. Tomás Enrique Peralta, por su parte, fue propietario de una de las más antiguas estaciones de gasolina y se convirtió en Alcalde. Y Fermín Peralta ‘El Taco’, gran jugador de billar, como agricultor y ganadero se convirtió en el hombre más rico de la región.
¿Cómo se dio esta iniciativa?
EG: Mis compañeros fundadores y yo fuimos invitados al distrito de Mara, cuya capital es Moján, en Venezuela, por el señor Ciro Bermúdez, quien era el cónsul de Venezuela en Maicao. La invitación llegó directamente a Narciso Velásquez, presidente del Concejo Municipal y a mí, que era presidente del Club de Leones, en el año 1959. Conformamos una comisión y fuimos a la celebración del Retorno en Venezuela, es decir, de allí nació la idea y claro que realizamos algunos cambios para adaptarlo a nuestra idiosincrasia.
¿Cómo fue ese proceso?
EG: Al comienzo nadie creía en nosotros. Organizamos el primer Festival contra viento y marea, como decía Winston Churchill, con lágrimas, sudor y llanto. Tanto así, que cuando organizamos el segundo, en 1973, fue tremendo y la gente voluntariamente quería venir a vincularse con aportes económicos y en especie. En los primeros festivales, los premios no fueron en efectivo sino en artículos significativos como grabadoras, que llamaban mucho la atención en esa época. Además, nosotros nos dimos a la brega de nombrar capitanas y capitanes en todas las ciudades de Colombia y Venezuela, las más cercanas, para que nos hicieran un censo y nos pasaran la lista de los fonsequeros que estaban por allá para invitarlos oficialmente.
¿En donde se realizaba el Festival?
EG: Se realizaba en la carretera, hoy avenida principal. La primera tarima fue un planchón o remolque de arrear madera de propiedad de Oscar Parodi y lo colocamos diagonal a la casa de Berta Caldera. Así fue en los primeros años, luego comprometimos a la familia Vélez, que era propietaria de un aserradero, a que nos donara la primera tarima en madera, así fue, la construyeron frente —y no diagonal— a la casa de mi comadre Berta Caldera. Algo curioso, como anécdota, el primer jurado para concurso lo escogimos al azar, iba pasando el Dr. Adelso Gámez (Q.E.P.D), quien iba a atender a un niño y le dijimos: vaya y lo esperamos que usted va hacer jurado, y con decisión aceptó la invitación.
¿Había otros festivales en la zona?
EG: No, no existía ninguno. Los pueblos festejaban la parte religiosa: Barrancas lo hacía con su Virgen del Pilar y San Juan del César con San Pedro y San Pablo y así cada municipio hacía su fiesta patronal pero no eran festivales.
Esas fiestas dieron origen a las dos kazetas (KZ) más célebres de Fonseca: La Estrella y El Diamante. Cuando hicimos el Festival del Retorno, vino una vez como invitada Consuelo Araújo —quien era en ese momento Directora de la Fundación Festival Vallenato de Valledupar y sería más tarde Ministra de Cultura—, y me dijo, detrás de la tarima:. “¡Carajo!, tenemos que pararle bolas al festival de nosotros porque este festival está muy bueno”. Por eso, es mentira que el del Retorno era competencia del Festival Vallenato.
¿Para qué le servía a Fonseca el Festival además de hacer retornar a sus hijos?
EG: Para muchas cosas. Por ejemplo: recuerdo que en Fonseca no había teléfonos y decidimos invitar al Ministro de Comunicaciones que, para ese entonces, era el señor Juan Fernández, dueño del periódico El Heraldo de Barranquilla. Se le hizo la solicitud, el quedó comprometido, y antes de un mes ya estaban haciendo las mediciones para instalar los teléfonos fijos.
¿En qué momento se comienza a perder el objetivo social del Festival?
EG: Eso se lo debemos a un señor alcalde, cuyo nombre no quiero decir porque fue un juramento con los otros cuatro fundadores de llevarnos ese secreto hasta la tumba. Ellos cumplieron y de igual manera lo haré yo. Ese alcalde, en algún momento nos abordó y nos dijo: “si no me dan la dirección del Festival, no los ayudo y no doy permiso”. Ahí comenzó la decadencia porque el alcalde era quien mandaba, quien nombraba y fue cuando dije: yo no me meto más en esto, y me retiré.
¿Qué se buscaba con el retorno de los hijos fonsequeros?
José Manuel Romero Orozco (RO): La idea primordial era que los fonsequeros, desde los puestos que ocupaban como profesionales o a aquellos a los que les había ido bien económicamente afuera, regresaran a su tierra y ayudaran al pueblo a salir adelante.
¿Y funcionó?
RO: Incluso con quienes no eran fonsequeros. En una ocasión invitamos al expresidente Ernesto Samper a quien se declaró ‘hijo adoptivo’ de Fonseca y quien, en agradecimiento, donó decenas de instrumentos musicales al municipio como acordeones, trompetas, trombones, flautas, clarinetes, saxofones e instrumentos de percusión. Sin embargo, todo desapareció.
¿Qué se hacía en Fonseca con los recursos que dejaba el Festival?
RO: Lo poco que se recaudaba, servía para ayudar a las escuelas y colegios con necesidades. Por ejemplo, antes se les entregaba la realización del Festival a esas instituciones e iba rotando entre el hoy Juan Jacobo Aragón, el Roig y Villalba o la Institución Técnica Agropecuaria. Cada una invertía las ganancias que obtenía en lo que era más apremiante: cerramientos, consecución de pupitres, construcción de aulas múltiples, etc.
¿Y qué pasó?
RO: Al comienzo todo iba bien. Luego empezaron a llegar personas que no trabajaban previamente por el Festival, pero sí aparecían los cuatro días de fiesta a mandar, figurar y parrandear. Por esa razón, yo también renuncié de la corporación, que hoy se encuentra endeudada y que ya no tiene un rol protagónico. Ese rol lo asume el mandatario de turno y quien hoy dice: yo pongo el recurso, entonces yo mando. Ahí se fregó todo, porque no sabemos dónde están los diez pesos que el Festival deja y esa es ahora una fiesta privada.
Las fuentes consultadas por Consonante añoran que se le devuelva el Festival a la Villa de San Agustín, como originariamente los fonsequeros llaman a su pueblo. Consideran que hay una deuda que saldar para que el Festival del Retorno recupere su esencia en lo folclórico y en lo social, los dos estandartes que en otrora lo hicieron grande.
A principios de agosto, José Ovidio Dovígama, indígena embera katío del resguardo El Silencio, en Tadó, estaba mirando en una parcela cercana a sus animales y, de repente, se le abalanzó un jaguar encima. Tenía su arma de caza y no dudó en usarla. Bercelia Rentería escuchó los disparos y unos gritos media hora después de haber llegado a trabajar a la finca El Carrizal, en el corregimiento El Tabor.
Juan Carlos Palomeque, su hijo, supo por ella que en el resguardo habían matado a un jaguar. “La finca queda a cinco minutos de El Silencio”, explica Palomeque. “Ese día ella tomó la decisión de no llevar el perro porque los indígenas que trabajan alrededor le dijeron que por ahí había un tigre”. Para los indígenas es un tigre-jaguar.
Estos felinos recorren la selva espesa cerca a las cuencas del río San Juan y del río Atrato en zona rural de la subregión del San Juan. Allí comparten con otras especies más de 500 kilómetros cuadrados de tierra en los que el que no caza es la presa.
Bercelia escuchó la bulla y fue al resguardo. Ese día, varios indígenas estaban reunidos, muy alarmados, y otros estaban en un predio no muy lejano. “Al rato llegó uno de esos, muy agitado, diciendo que necesitaba apoyo porque el animal había atacado a otro que 'afortunadamente' también llevaba una escopeta”. Palomeque dice que los hombres con armas de caza eran tres.
Aldemar Dovígama, hijo de José Ovidio, cuenta que al animal lo mataron entre cinco. Y que este no fue el único, que este año ya habían matado a otro jaguar.
“Mi mamá había visto a indígenas muy alarmados porque encontraron a una vaca en el suelo con la cabeza desgarrada”, cuenta Palomeque. “En la parte alta del filo del Cerro La Vieja, en donde viven familias de indígenas, tenían su ganado, casi diez cabezas, y todo se lo comieron. Por eso se bajaron de allá y entiendo que pusieron en conocimiento de las autoridades competentes”.
Es un hecho que los animales están deambulando en esta región porque es la tercera en el país con mayor abundancia de esta especie. Pero sí es la primera vez que la población se siente tan amenazada. “Nunca los jaguares habían estado tan cerca del casco urbano”, asegura Palomeque.
Y es que a pesar de que la piel les permite a estos felinos camuflarse, el progresivo aumento de la deforestación, que ha reemplazado paulatinamente el monte por la pradera, ha llevado a que las comunidades descubran su presencia más fácilmente. Es decir, los cambios del ecosistema han hecho del jaguar una especie vulnerable. La selva, su hábitat natural, es según el Ideam lo más talado en Colombia.
Se tumban árboles para ganadería, minería ilegal, extensión de la frontera agrícola, siembra de cultivos de uso ilícito ―con previos incendios forestales―. Y, cuando los jaguares se desplazan por la desertización, en busca de agua y alimento, son cazados para traficar con sus cuerpos o para convertirlos en alimento.
En febrero de este año encontraron sus huellas en cinco corregimientos de Tadó. Entonces, las autoridades de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y del Parque Nacional Natural Tatamá, especificaron que se trataba de un jaguar y su cría.
Lo concluyeron por el tamaño de las mordidas en los cadáveres de los animales. También por el tamaño de su rastro en el barro.
Desde entonces, habitantes de El Tapón, Corcovado, Tabor, Gingarabá y Guarato, en Tadó, contaron varios de sus animales de corral muertos. A mediados de mayo, incluso, familias indígenas Embera Katío del resguardo El Silencio se tuvieron que desplazar.
Cuando percibieron la presencia de un animal salvaje, a principios de año, pensaron que se trataba de alguno común en la región: jabalí, mono, armadillo. Pero cuando se comió su ganado, se dieron cuenta de que no era pequeño ni el animal ni el riesgo y corrió el rumor de que el animal transitaba por Mumbu, Gingarabá y Guarato ―ubicado en la vía que conduce a Quibdó, en el Chocó, con Risaralda―. Y en Bagadó también.
“Los indígenas siguieron el rastro por los pastos y los caños y los taparon para que el animal no los atravesara, pero entendimos que consiguió dar la vuelta y regresar”. Por eso, dice Palomeque, pasó lo que pasó. “La comunidad indígena advirtió al resto que si el animal los atacaba, se iban a defender”.
Según información de la Fundación Panthera, una oenegé que se dedica a la preservación de 40 especies de felinos silvestres en todo el mundo, es poco probable que un jaguar ataque sin ser provocado. No lo hacen en condiciones ideales, sólo en legítima defensa o cuando una hembra perciba que otra especie está intentando tocar a su cría. De hecho, los jaguares tienen hematofobia, una condición que lleva a que se alarmen ante conductas de escape y se vuelvan más frenéticos en presencia de sangre.
Sin embargo, los indígenas que habitan la zona rural de Tadó lo perciben como un animal feroz. “Ese animal es muy bravo”, dice Aldemar Dovígama. “No es fácil hablar del tema como comunidad ―anticipa― porque se han dicho muchas cosas sobre nosotros, hasta que estamos delirando”, cuenta Dovígama.
Dice que días antes de avistar el primer jaguar estaban asustados porque ya quince de los perros con los que salen a cazar habían desaparecido. Aldemar asegura que para ellos el peligro es inminente pues calculan que el animal puede coger a un niño que salga a caminar y comérselo o atacar a una mujer bañándose en el río. “Es que para ustedes en la ciudad es algo bueno, pero para nosotros es peligroso”, sostiene.
“Lo que vea se come ese animal. Las vacas, las gallinas, los cerdos, los terneros… Pero qué pasa: que nosotros somos muy pobres. Tenemos esos animalitos para comer entre familia y el tigre estaba acabando con todo. Nosotros tenemos susto, pero también tenemos hambre”.
Cuenta que además de lo que tienen sembrado, buscan la comida en el monte. “Comemos platanito primitivo o lo que encontremos, porque somos muy muy pobres. ¿Con qué vamos a tener para comer otra cosa? Aquí animal muerto, es animal comido”, dice.
Los hombres buscan alimentos en los árboles pero los murciélagos ya han ruñido los frutos. Otras veces se acercan a algunos cultivos pero el maíz que queda lo están custodiando las aves. La confrontación entre humanos por el dominio sobre la tierra ha sido una contienda entre sí y con otras especies.
“Es un conflicto por los alimentos”, dice Perea desde las oficinas de la unidad adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (UMATA). “El felino consume unos alimentos que consiguen los indígenas cuando salen de cacería y, cuando el felino no los encuentra, se desplaza y están los animales con los que se alimentan los indígenas”.
Como controladores biológicos, los jaguares tienen muchas dietas. Aunque se pueden alimentar de aves, reptiles, anfibios y peces cuando los encuentran; cuando no, su destreza como depredador ―capaz de atravesar la piel de un cocodrilo, despedazar el caparazón de una tortuga y tragar un venado―, la han tratado de equiparar con armas los humanos.
Los jaguares están presentes en casi todo el territorio nacional (Orinoco, Amazonas, Caribe y Pacífico), por eso surgen casi semanalmente, desde todas las regiones, noticias que enseñan sus cadáveres.
Este mes los medios registraron la muerte de dos jaguares en el departamento del Chocó. Seis meses desde la primera vez en que las comunidades de Gingarabá y Guarato reportaron que habían visto a un animal rondando.
Una foto enseña el lomo del jaguar con los disparos y otra muestra al animal sobre el reguero de su sangre. Otra foto muestra a un jaguar con una estaca clavada por la boca que sobresale por encima de su dorso. En otras imágenes aparece un indígena con una herida propinada por las garras del felino. Su cabeza luce como un mango recién pelado con el cerebro como pulpa. Y luego más imágenes con varios hombres sosteniendo un jaguar enorme con la cabeza desvencijada.
Parte del registro fue publicado a mediados de agosto por la abogada y periodista María José Castaño en Twitter, integrante activa de la Fundación Herencia Caribe, oenegé dedicada a la conservación del jaguar en Colombia que, entre muchas otras, se ocupa de trabajar conjuntamente con otras instancias para crear un corredor ecológico en la Serranía del Perijá, después de haberlo procurado en Montes de María (Serranía de San Jacinto). En su publicación, donde aparece el felino ya sin ojos, la ambientalista asegura que la presencia no de uno sino de dos jaguares, los mismos que mataron, ya había sido notificada a las autoridades pertinentes.
A los dos días de esa publicación, la ministra de ambiente Susana Muhamad contestó. Pidió leer el contexto y compartió el comunicado que Codechocó emitió oficialmente. En este aseguran que las comunidades sí reportaron a las autoridades desde febrero.
Sin embargo, tanto las imágenes de la estaca como las del indígena herido con un rasguño casi letal, no son claras para Aldemar, del resguardo El Silencio, en Tadó. Aunque asume que allí mataron dos jaguares este mes, dice que el indígena herido es del municipio de Bagadó, en el resguardo del Alto Andágueda, donde viven 32 comunidades Embera Chamí, organizadas en cuatro cabildos mayores, en el suroriente del departamento.
Desde la UMATA solo reportaron la muerte de un felino, no dos ni tres. “Apenas hubo un animal, contrario a lo que se rumorea”, asegura Perea. Y según Daivan Valoyes, ecólogo de Codechocó, las escenas más grotescas no serían de Colombia sino de una comunidad en Perú.
En cualquier caso y pese a la confusión, hay una cifra de mínimo dos ataques a animales en vía de extinción en treinta días.
Ante esta situación, la UMATA y de Codechocó les recomendaron a los indígenas, a través de talleres de sensibilización, “el montaje de muñecos impregnados con creolina, pólvora y luces led con sensores” para ahuyentar a los animales.
Los indígenas Embera Katío cuentan que se acercaron en mayo a la alcaldía de Tadó para ver qué podían hacer ante la presencia de los jaguares en su territorio. Aldemar dice que de Codechocó los visitaron a las semanas de reportar, pero que él entendió de sus autoridades indígenas más tarde que de la Policía, la Alcaldía y la Fiscalía dijeron que mataran al jaguar. “Porque aquí también vienen paisas a los que les gusta cazarlo”.
Marcelo Perea, director de la UMATA, asegura que la instrucción nunca fue deshacerse del animal. “A mí me informó de la presencia del felino el señor Armeiro Scarpeta cuando en su finca, en la vereda Gingarabá, se comieron unos terneros. Por eso nosotros nos reunimos con la comunidad, gente de Parques Nacionales Naturales y Codechocó, para hablar sobre conservación y proponer técnicas de ahuyentamiento”.
Pero reconoce que no fue suficiente. “Hay que encontrar, para la próxima, una manera de capturar al felino para que no corra peligro y tampoco la integridad de las personas”, dice. Una forma, según el experto, es aprender entre todos a adormecer el jaguar.
Valoyes afirma que en estos casos hay una respuesta eficiente del gobierno nacional, al menos en redes sociales, pero que éste no actúa con tal celeridad para atender previamente las solicitudes de apoyo que les permita hacer algo más que talleres pedagógicos.
En el marco del Plan de Acción Institucional y Plan Operativo anual, Codechocó cuenta con un proyecto de atención a la fauna silvestre donde se enmarcan actividades direccionadas a la conservación de todos los felinos: margay, puma, ocelote, oncilla, jaguarundí y jaguar. “Eso contempla atención a especies amenazadas; acciones de educación ambiental y otras actividades del cumplimento a los objetivos de los instrumentos de gestión ambiental”, explica el funcionario de Codechocó e insiste que necesitan una mayor inversión para fortalecerse.
“Se requiere de la implementación de unas herramientas tecnológicas para construir un centro de monitoreo y hacer seguimiento en red a los ecosistemas de nuestra jurisdicción”, dice. Pero todo esto requiere asistencia del gobierno en todos los niveles pues, según el experto, el objetivo es impactar positivamente a la fauna sin ignorar el contexto de las comunidades. “No es tan fácil, en las condiciones en que vivimos, generar espacios de coexistencia real en el territorio”.
El caso del asesinato del jaguar o los jaguares en Tadó sigue siendo investigado por ambos entes territoriales, Codechocó y Tatamá, y el gobierno nacional desde el Ministerio de Ambiente. Entidades que hace años sostienen una mesa de diálogo con autoridades de los resguardos y con campesinos.
Daivan Valoyes, de Codechocó, argumenta que con más recursos podrían crear un corredor ecológico como en el Caribe y fomentar como empleo real la protección en toda la región conocida como Pacifico Biocultural, una zona de comunidades afro, mestizas e indígenas que viven con y entre miles de especies y donde la preservación del ecosistema podría ser una ocupación remunerada.
Hace falta, asimismo, una revisión entre instituciones para ver cómo atender episodios confrontativos entre especies. “Los indígenas dijeron que el jaguar se estaba comiendo sus vacas y sus cerdos, pero nunca nadie se acercó a preguntar qué significaba eso o si podían reponer sus animales”, anticipa Perea de la Umata. “Muchos campesinos tienen créditos enormes con el Banco Agrario, que los tomaron además para poder comprar sus vacas o sus animales de corral y lo que siembran, entonces es muy duro que no reciban apoyo del Estado en estas circunstancias, cuando siguen pagando una deuda al Estado”.
Cantando digo mi nombre
por si no me conocieran,
yo soy amigo de ustedes
mi nombre es Emilio Robles
uno de los pobladores
de un poblado pequeñito,
pero créanme que toditos
somos personas decentes
y aquí me tienen presente
represento a Potrerito.
Con esta décima, Emilio Robles, de 81 años, habla desde Potrerito. Es una vereda cerca del caserío de Quebrachal y de la localidad de Mamonal, en el municipio de Fonseca. Y él es uno de los tres decimeros que mantienen vigente una tradición en La Guajira que hoy está en riesgo de desaparecer.
En las décimas, los acontecimientos se promulgan cantados en estrofas que contienen diez versos de ocho sílabas que riman entre sí, y que están escritos con elementos típicos del sentir cotidiano que celebran el campo, bendicen el amor y narran historias populares.
Hoy en el municipio están preocupados porque solo quedan tres juglares decimeros: Emilio Robles; Luis Mariano Urbay, de 63 años y Nivaldo Ortega, de 53 años, quienes se iniciaron en la décima desde muy jóvenes cuando lo aprendieron de sus padres.
Pero para que esta expresión no desaparezca hace falta inversión pública que fomente el aprendizaje en las nuevas generaciones y asistencia institucional para los exponentes del género que viven en condiciones precarias comparado con lo que ha sido su aporte al folclor.
Fonseca es reconocida como la tierra de cantores y epicentro musical de la región Caribe, pero como en los últimos años los portadores de estas tradiciones no reciben apoyo para vivir de su arte ni asistencia por su edad; temen que se pierda el valor popular y continúe la falta de contribución a su identidad, así como las tradiciones, prácticas y conocimientos que nutren de historia a los pueblos.
Han muerto muchos grandes decimeros: Gregorio Robles, Salomón Brito, Juan de la cruz Urbay, Manuel García, Luis Fernando García, Miguel “el mocho” Álvarez, Abel Molina, Alonso Ortega y Andrés Avelino Robles Mendoza. La mayoría de ellos no sabían leer ni escribir.
Uno de los más famosos exponentes es Carlos Huertas, quien se inmortalizó como el cantor de Fonseca a pesar de no haber nacido en el municipio.
Soy de una tierra grata y honesta
La que su historia lleva mi nombre
Yo soy aquel cantor de Fonseca
La patria hermosa de Chema Gómez.
“Yo nací dentro de la décima”, dice Emilio Robles. “Mi padre era Gregorio Robles conocido como Goyito Robles, uno de los buenos decimeros, y me encanta lo que aprendí de él, porque la décima es un reflejo real de una narrativa, una historia cantada donde el campo es el protagonista principal, esta es una costumbre nativa”.
Emilio Robles cuenta que acompañaba siempre a su hermano, Antonio Díaz, a interpretar sus décimas, a quien llamaban ‘el rey de la improvisación’. “Nadie va a superar a esa mente: era capaz de nombrar a todos los que estábamos en una reunión (15, 20, 30 personas) y, sin saber el nombre, él decía: ‘voy a hacer un verso involucrándolos a todos. A cada uno que vaya señalando, me va diciendo el nombre, así yo puedo cotejarlo’. Solamente Antonio Díaz lo lograba, no hay todavía más nadie que pueda hacerlo”.
Tanto Emilio Robles como Luis Mariano Urbay y Nivaldo Ortega aprendieron a hacer décimas de manera fácil porque tenían a un maestro en casa: diariamente veían y escuchaban a sus padres con sus compadres cantando. Y aunque se propusieron componer décimas hasta convertirse en cantores, no viven de ese arte. Uno es conductor, otro albañil y otro cultiva la tierra.
¿En mi vida, como decimero saben cuánto he ganado?, pregunta Robles. Dice que se hizo un evento cultural en diciembre de 2022 en el corregimiento de Los Altos ―cerca a Potrerito―. “Ahí me dieron un incentivo de 150 mil pesos. Eso he recibido en mi vida como decimero”.
Luis Mariano Urbay vive en el casco urbano de Fonseca, en el barrio El Retiro. Cree que uno de los motivos por los cuales este oficio está en riesgo de perderse es porque a las nuevas generaciones les interesa más componer canciones que versos. Esto último solo parece ser de interés de los mayores.
Nivaldo Ortega está desempleado y se sostiene con el día a día que hace de las actividades del campo. Vive también en la vereda de Los Altos, que describe como “un territorio muy tranquilo, armonioso y de un clima soleado”. Para él, esta expresión cultural está amenazada porque no hay atención de los gobernantes. “No hay apoyo de las instituciones locales ni nacionales para promover estas costumbres que nos identifican y nos hacen diferente de los demás”, dice el decimero Ortega.
Los tres han pedido que se firmen convenios que defiendan, impulsen y promuevan el folclor de las comunidades. “El problema siempre ha sido la falta de apoyo”, relatan los portadores de la tradición. “A nombre de todos los decimeros, los que se nos han ido y los presentes, y por el futuro de nuestra cultura, declaramos que este saber, que es muy importante en gran parte de La Guajira, no ha sido protegido por el Estado”, concluyen.
Para apoyar a los representantes del género, a nivel nacional, el Ministerio de Cultura maneja una estampilla llamada Procultura que requiere unos trámites.
Cada ciudadano debe acceder o aplicar a la convocatoria con unos requisitos que excluyen las características de los decimeros de Fonseca: la edad es de 50 a 56 años, para las damas, y 60 años para los hombres. Además, no deben estar inscritos en régimen contributivo ni recibir ninguna otra asistencia del Estado.
A nivel local hay un subsidio a través de recaudos de la Alcaldía que tampoco se otorga a mucha gente. Según explica Yubeidis Epiayu, coordinadora de Cultura Municipal, el único verseador y no decimero beneficiado es Alcides Manjarrés, un hombre con 67 años y una discapacidad visual, que vende hielo en su casa para recibir algo más de ingresos y pagar los servicios públicos. “La que ingresó recientemente fue María Álvarez, representante de una cultura que promueve una danza local conocida popularmente como colita abierta y colita cerrada”, dice Epiayu.
En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la Secretaría de Gobierno informa que “actualmente no existe ningún tipo de programa o ayudas económicas a artistas que rescatan las expresiones culturales: decimeros, compositores, repentistas y percusionistas”. Lo anterior, a pesar de que para el municipio hay un presupuesto de más de 770 millones de pesos (770’709.289) y que para la promoción de festivales se destinan el 79 por ciento.
Hoy los creadores y portadores de estas tradiciones quieren que en el municipio se habiliten espacios para enseñar, visibilizar y mantener vivas las prácticas de las diferentes manifestaciones que le dan identidad a su territorio.
Todos los decimeros aseguran que la décima les ha dado satisfacciones inmensas porque a la gente le gusta escucharla. “Pero es como la paz, todos hablan de ella como hablan de la décima, pero nadie se compromete”, dice Robles.
Robles, por ejemplo, recuerda a otros grandes decimeros importantes en momentos menos festivos de Fonseca. Primero escuchó de un grande: Juan Vicente Ariño. Era conocido como el mejor intérprete porque amanecía cantando tanto en una velación como en una fiesta patronal (de las que se hacían antes de San Antonio, de San Martín, San Pedro y San Pablo) sin repetir un solo verso.
“No repetía una décima a menos que se la pidieran”, asegura Robles. “Ariño tenía una inmensidad de décimas aprendidas, no sé cómo se las aprendió y de quién venía eso”, asegura Robles.
Las tarimas principales de estos exponentes estaban siempre en las veredas, en medio del campo, pero con la necesidad de un espacio de celebración popular, el Festival del Retorno apareció 49 años atrás como una alternativa. Sin embargo, desde los años 90, el evento no ofrece un espacio privilegiado para los decimeros.
Los exponentes del género perdieron valor como concursantes del Festival y aunque algunas veces han sido invitados para cantar, tanto los versos como el tiempo que ponen a disposición del evento no parecen tener ningún valor para los organizadores.
“Del Festival del Retorno virtual (2021) puedo contar que Luis Mariano y yo (Robles) estuvimos haciendo una presentación en décimas. Esperábamos que se nos retribuyera en algo, ni siquiera dinero”. El cantor asegura que hubo un compromiso por parte de la administración de crear una escuela para décimas y nada ocurrió.
“Se me había dicho que debería ser yo uno de los instructores”, relata Robles. “Yo con mucho gusto lo pude haber hecho, y sigo con ese ánimo de ofrecer a los niños y a los jóvenes, y a todos los que quieran, porque yo no quiero que la décima muera”, entona.
Pero, ¿qué motivación puede tener un joven que ve que todos los recursos se van para las canciones de música vallenata?, se pregunta el decimero, porque cree que nadie quiere entrar a aprender la décima cuando no hay un solo incentivo.
“Estamos convencidos ―dice Luis Mariano Urbay― que los jóvenes tampoco se interesan por esta modalidad porque no hay competencia”. En la lógica del compositor, al no haber espacios de presentación y estímulos, será cada vez más poca la gente que se interese.
Robles enfatiza que una persona que se dedica a hacer décimas no tiene dónde hacer una presentación ni dónde cantar su obra. “Y tampoco se gana un peso, entonces, como decimero tienes que dedicarte a tus labores cotidianas como es el caso mío: soy campesino y de eso vivo”, declara.
Los exponentes creen que por medio de las escuelas de formación se puede crear conciencia sobre el valor y el respeto de estas expresiones culturales. Aunque el apoyo a decimeros sería un paso importante e histórico en la cultura del municipio, y permitiría un reconocimiento más digno a esta herencia musical, la alcaldía no tiene una respuesta activa a las inquietudes de los artistas o de la gente.
Según habitantes del municipio, el Festival Vallenato opacó al del Retorno y eso también desestimula el talento más originario. Sin contar que los decimeros ponen de sus propios recursos para llevar este saber a otros territorios.
“El más grande sueño sería llegar a ser reconocidos por nuestros pueblos como personas que impulsaron una tradición para que las nuevas generaciones tengan algo que contar”, agrega Urbay. “Sería muy importante que de cada decimero haya una historia escrita y un recuento con el que alguien diga fulano de tal fue esto y cantó esto y que queden, por lo menos, las anécdotas de lo que somos los decimeros en Fonseca”.
A otro decimero que conoció Robles fue a Luis Manuel Brito en Oreganal, “un señor muy lírico, muy eficaz, tenía una voz muy clara”, dice. Era un gran decimero, conocido como el gran repentista por sus Hermanos Mayores ―como se llaman entre cantores―. “Muchos aprendimos de él, voy a incluirme, porque lo escuché muchas veces y cuando uno escucha tanto, algo toma de eso”.
No todos tienen el don para hacer una décima, dice Urbay. Muchos creen que la hacen cuando solo están verseando y otros son decimeros repentistas porque, según el juglar Urbay, hacerlo implica tener la capacidad de componer de manera improvisada, con temas sugeridos o un pie forzado.
Hay tres tipos de décima. Para hacer una, se deben tener los conocimientos de las reglas. Según los juglares hay que tener presentes las siguientes:
Décima libre: una décima que tiene 5, 10, 20 versos o más y no obliga a repetir una palabra como tema sino a esbozar el objeto tomado por tema para hacer la composición.
Décima tema: el tema es una obligación. Todos los versos tienen que caer en esa misma palabra, porque se escogió.
Décima corregida: tiene una cabecilla de cuatro palabras para formar cuatro estrofas de 4 palabras cada verso. Se toman las cuatro palabras de la cabecilla como guía porque cada una de las estrofas de la décima corregida tiene que caer en una de las cuatro palabras de la cabecilla. Y así sucesivamente hasta llegar al cuarto.
Felicito a Consonante
por su magnífica idea
de tomarse esta tarea
y sacar esto adelante
es que este es muy importante,
pero ya se está extinguiendo
porque nos estamos yendo
ligerito uno tras otro
y estamos quedando pocos
la décima está muriendo
y estamos quedando poco
la décima está muriendo
desde aquí lanzó un SOS
en pro de esta tradición,
si no prestan atención,
seguro, desaparece
a todos nos pertenece,
pero nada, estamos haciendo
será que no estamos viendo
o que no nos interesa
y esto a mí me da tristeza
la décima está muriendo
y en el pueblo de Fonseca
la décima está muriendo.
