“Aquí estoy, nojoñe, en esta revolución. Esto es lo que a mí me gusta y me vo’ a morí en la revolución”, le promete 'La Mocha' a su hijo menor mientras atiza el fogón para la sopa de costilla que venderá en el Festival de Los Laureles en el municipio de Distracción, al sur de La Guajira. “Vamo a pelá yuca, ponela a cociná”, le ordena.
Es el primer día de las fiestas que celebran la música vallenata y las bandas marciales. Son las 11:30 de la mañana. Todo lo que escucha 'La Mocha' es el sonido de los calderos y las voces de sus clientes. Muy al fondo, una canción de Poncho Zuleta. “Mocha”, dame una sopa ahí. “Mocha”, echale bastante presa. Así le dicen a Ermelinda Cecilia Daza Arias, una de las cocineras con mejor sazón de la región. 'La Mocha' sonríe y responde a gritos, casi siempre con algún chiste vulgar. Es alta y tiene unas manos grandes con las que manipula un cuchillo filoso para despresar la costilla y cortar las verduras. 'La Mocha' agarra unos plátanos con su mano izquierda y con la derecha empuña la cacha del cuchillo. La maniobra deja ver su dedo índice, al que le hacen falta dos falanges.
—¿Por qué todos te dicen 'La Mocha'? —le pregunto.
—Me lo mocharon cuando pequeña. El deo, no otra cosa. Tenía tres años cuando sucedió en un sitio que se llama San Luis, que pertenece al caserío de Los Hornitos en el balneario El Silencio, cuando Distra pertenecía a Fonseca. Bueno, allá me lo mocharon y desde entonces soy alias 'La Mocha' —cuenta en medio de una carcajada.
Está al mando de una de las diez carpas de gastronomía local del festival. La estructura metálica la protege del sol y de las lluvias que suelen caer en esta temporada. Su puesto de comida está en uno de los puntos más estratégicos, en toda la plaza principal, diagonal a la Casa Cural. Allí, entre mesas, sillas, ollas, platos y cucharas, termina de cocinar el menú del día.
—“Mocha”, ¿y qué tienes para hoy? —le pregunto sin poder terminar la frase.
—Tengo de todo pa todos esos muérganos: carne asada, pechuga a la plancha, cerdo guisado, chivo guisado, iguana en coco y sopa de costilla y de mondongo levanta muerto. Menos el muerto de abajo, a ese tienen que comprarle es una lápida y de esa vaina yo no vendo —dice en medio de una risotada.
Son 40 años los que esta mujer ha dedicado a la venta de comida ambulante en La Guajira. 'La Mocha' empezó ofreciendo sus platos en un restaurante en Fonseca, pero luego le apostó a cocinar para cada uno de los festivales del sur del departamento. Su tour comienza en febrero en las fiestas del Carnaval de Fonseca y termina en diciembre en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar.
Sin embargo, 'La Mocha' y los más de 50 vendedores ambulantes de los festivales se enfrentan constantemente a varios obstáculos que afectan su rentabilidad y su seguridad: la persecución de los organizadores, los cortes de energía, las riñas, los robos y las lluvias, ya que cuando llueve baja la asistencia de personas a la plaza y, con ello, también las ventas.
“Últimamente esto está fregado, los organizadores no nos quieren dejar trabajar a nosotros, los vendedores, salchipaperos, chuzeros y caveros. Y un festival sin vendedores no es festival”, dice 'La Mocha'. Antes, recuerda, eran varias las mujeres que se dedicaban a este oficio: “estaban las Peñaranda, las Pitre, las Idalide y una señora de Distracción que no recuerdo el nombre”. Ahora ella es la única representante de la culinaria en los festivales del sur.
“Recuerdo que a mí no me daban ni carpa para trabajar porque no me conocían. Estos bellacos, los que organizan, no nos dan importancia. Ahora es que más o menos me paran bolas porque yo peleo y peleo con ellos. Les digo sus cuatro y al final me atienden, y después se ríen cuando vienen a comer. Me dicen que yo soy tesa y les respondo: ‘Pendeja es que no soy, huevo muerto, ¿qué queréis?’. Y hasta ahí llega la pelea, muerto de la risa todo el mundo”, cuenta.
'La Mocha' defiende lo suyo porque es gracias a esas ventas en los puestos de comida itinerante que ha podido sacar adelante a ‘El Mono’ y ‘El Indio’, sus dos hijos. También apoya económicamente a sus 15 nietos y 10 bisnietos. Según ella, “todos han comido de este trabajo, hasta las yernas y los hijos adoptivos”.
A unos 20 metros de la carpa de 'La Mocha', exactamente frente a la Casa Cural, hay tres comisarios de la organización del festival cobrando el impuesto de $100.000 a cada uno de los vendedores. Luego del pago, los comisarios entregan una escarapela que los oficializa como vendedores en las fiestas. Una vendedora de comida rápida les dice que no puede pagar el impuesto en ese momento.
—Entiendan que nosotros tenemos que organizar esto y el que no esté a paz y salvo lo sacamos de la plaza; esa es la orden —les explican los comisarios.
—¿Cuál orden? Ya yo hablé con el presidente del festival y acordamos que más tarde le pagaría y me dijo que sí —responde la mujer con calma.
—Nosotros no sabemos nada de esa orden, y aquí la ley es para todos.
—Oye, pero escúchame. Cálmense. Mira a la señora de allá de la esquina; se colocó ahí y nadie le dice nada, y se supone que ahí está prohibido colocar venta. Yo, que estoy en el sitio que me asignaron, ¿a mí es que me la van a montar? —les reprocha.
—Comadre, pague para darle la escarapela. Pilas, que nos está haciendo perder el tiempo. A esa señora ya la vamos a quitar de ahí con la policía; de eso nos encargamos nosotros.
—Pero hijo, entiende que yo vine a trabajar y todo lo tengo invertido aquí. Deja que venda algo y pasa en la tardecita y te pago.
La vendedora es Ingrid Mercado, una mujer procedente de San Juan del Cesar. Al igual que 'La Mocha', viaja de pueblo en pueblo buscando el sustento para ella y su familia en las diferentes fiestas guajiras. Pasan por el Festival Francisco el Hombre, en Riohacha; el Festival de la Cultura Wayuu, en Uribia; el Festival de la Integración Minera, en Albania; el Festival de la Amistad Leandro Diaz, en Hatonuevo; el Festival del Carbón, en Barrancas; el Festival del Retorno, en Fonseca; el Festival de los Laureles, en Distracción; el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en San Juan y el Festival Cuna de Acordeones, en Villanueva, entre otros.
Ingrid Mercado atraviesa todo el sur del departamento vendiendo salchipapas, perros calientes, pollo frito, arepas rellenas y orejita de puerco. Es una mujer morena de 40 años y 1.75 metros de estatura. Viste una blusa de tiritas y una licra ajustada, con una pañoleta en la cabeza.
Para trabajar durante las celebraciones, Mercado debe pasar la noche en la calle y buscar algún lugar donde hacer sus necesidades básicas: “Me tocó buscar un baño alquilado en una casa y me cobran $3.000 por cada vez que lo usemos [...] Cuando traemos a los niños es más difícil, porque aunque tenemos familia no nos gusta dejarlos al cuidado de otras personas. Dormimos aquí mismo en el sitio de trabajo, encerramos esto con polisombra y nos acomodamos”, cuenta.
Mercado cuenta que quería ser enfermera, pero dejó sus estudios para dedicarse a cuidar a su primera hija. Hoy tiene tres hijos, la mayor terminó el colegio y quiere ingresar a la Policía, el hijo del medio tiene ocho años y está en tercer grado, y la menor tiene cinco años y está en primero de primaria.
“La verdad me gustaría cambiar de vida. A veces lo tratan mal a uno en los pueblos, la gente cree que uno no tiene casa, que uno anda así en esta vida y que no tiene ni familia y están equivocados. Toca aguantar de todo un poco porque no hay oportunidades de trabajo, esto es lo que hay y tocó enfrentarlo con berraquera”, dice Mercado. Mientras tanto, su compañero lava los utensilios de cocina y empieza a acomodar todo para la llegada de la noche.
Cuando oscurece, Mercado acomoda una colchoneta debajo de la mesa donde se exhiben los alimentos. Unos canastos de cervezas vacíos hacen las veces de cama. Sobre ellos, una colchoneta pequeña cubierta con una sábana y una almohada. Ahí dormirán dos de sus hijos mientras ambos atienden a los clientes.
En esa misma carpa, Julia*, una niña de 14 años, trabaja pelando cientos de papas. Ella es una de los tantos menores de edad que aprovechan las fiestas para llevar dinero a sus hogares. “Esto lo hago para poder comprar mis cosas personales y ayudar a mi mamá, me tuve que salir del colegio porque es muy difícil para mí estudiar y trabajar. Si estudio, no como y si trabajo, no estudio. Preferí trabajar y ahorrar para volver el otro año”, cuenta la joven, que cursaba séptimo grado.
En sus primeros festivales, Julia sentía pena porque la vieran trabajar, pero ahora, dice, “ya no, no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para salir adelante, yo quiero regresar a estudiar”, cuenta la joven mientras pela las papas sentada sobre una silla plástica con los codos apoyados en sus piernas.
Hay otro grupo de vendedores que reportan el mayor movimiento en ventas. Se trata de los vendedores de bebidas alcohólicas, principalmente de cervezas, a los que se le conoce como ‘caveros’. Estos resultan afectados cuando los derechos a espectáculos nocturnos o conciertos musicales se negocian con terceros y se establecen tarifas muy altas en impuestos por las ventas.
“¿Cómo va a ser que aquí, en el Festival del Retorno en Fonseca, va a venir alguien de afuera a apoderarse del festival y hacer lo que le da la gana? Tenemos cuatro días de estar aquí apartando un puesto y ahora nos quieren cobrar $150.000 por cavero. Nunca se había visto esto y, para rematar, nos quieren obligar a venderles el producto a ellos. O sea, no nos lo pueden poner las empresas que los distribuyen, sino venderles a ellos y darnos a ganar $500 por producto. Vamos a trabajar para ellos”, dice Gladis Torres, vendedora de cerveza.
Así como 'La Mocha', Ingrid Mercado y Gladis Torres, son más de 50 personas entre hombres, mujeres, adultos mayores, adolescentes y hasta niños y niñas que trabajan en ventas durante el jolgorio propio de las fiestas en La Guajira.
A las 10 de la mañana del lunes, los vendedores empiezan a abandonar la plaza principal. El Festival de Los Laureles ya acabó, pero 'La Mocha' aún está sirviendo comida en los platos, porque sus comensales son los mismos vendedores y trabajadores de las fiestas. Mientras tanto, su hijo ‘El Mono’ recoge y organiza los chécheres que ya no utilizarán.
—Vengan a comer, nojoda, que ya me voy de esta jodía —grita 'La Mocha' frente a su carpa. Cuando venda todo, regresará a su casa en el barrio San Agustín de Fonseca y, dentro de unos días, comenzará su trajín de nuevo. Se irá para el Festival Nacional del Carbón en el municipio de Barrancas. Allí se volverá a escuchar la frase que grita con alegría cada vez que llega a una nueva fiesta: “¡Llegué yo, 'La Mocha', así que atesense nomejoñe!”.
En la casa de Mary Sijona y Antonio Jiménez no hay luz eléctrica desde febrero. El único abanico que tienen permanece apagado y la nevera está desconectada. Los alimentos se refrigeran en la casa del vecino y, en las noches, duermen con las ventanas abiertas para que entre la brisa. Aunque no cuentan con el servicio de energía, cada mes reciben una factura cuyo costo sube, a veces se estabiliza y luego vuelve a subir. Ha llegado en 84, 176, 179, 180, 204 y 211 mil pesos.
A finales del año pasado, María Micaela Jiménez, la hija responsable de pagar el servicio, se quedó sin trabajo y no pudo cumplir con el pago de las facturas de diciembre y enero. El 15 de febrero, un funcionario de la empresa Air-e llegó para cortar el suministro, recuerda. Su madre se quedó incluso con el pedazo de un cable cortado. “¿Cómo es posible que nos sigan cobrando un servicio que no tenemos?”, se pregunta María Micaela Jiménez mientras rebusca entre la casa de sus padres, en el barrio Las Tunas, todos los recibos de este año. La deuda suma un total de $1.578.770.
Aunque el caso de la familia Jiménez Sijona parece excepcional, en la oficina de la Personería de Riohacha, La Guajira, están acostumbrados a recibir este tipo de denuncias. De hecho, el 60 por ciento de quejas presentadas son en contra de Air-e, dice el personero municipal Yeison Deluque. “Toda la ciudadanía está cansada de los abusos y de las imposiciones de la empresa, el alza en las facturas, las fluctuaciones y el mal servicio que se presta en la región Caribe. La gente deja de comer o de hacer mercado para pagar las altas tarifas de energía”, cuenta.
Un informe de la agencia S&P Global Ratings lo ratifica: el precio de la energía en Colombia es el más alto de América Latina. En septiembre, el costo alcanzó un máximo de $932,5 por kilovatio-hora, según la firma XM, que administra el mercado eléctrico mayorista en el país. La situación es más crítica en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde opera Air-e. Y en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, donde opera Afinia. Ambas empresas llegaron hace cuatro años como una solución ante la liquidación de Electricaribe.
Desde entonces, las tarifas han seguido subiendo. A pesar de los esfuerzos para que sean más justas para la ciudadanía, lo cierto es que ni la intervención del Gobierno a la empresa Air-e, ni la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas, ni los descuentos de algunas generadoras, son una verdadera solución. En este reportaje, Consonante explica las razones por las cuales persisten los altos costos y un posible camino para empezar a regularlos.
Uno de los mayores problemas encontrados durante la intervención a Air-e es que los contratos actuales solo aseguran el 50 por ciento de la energía que requiere la región, según lo reconoció el agente interventor, Carlos Diago, en una entrevista publicada en El Heraldo. Esto significa que el 50 por ciento restante deberá cubrirse a través de la compra de energía en bolsa y al precio más caro del mercado.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”, explicó Diago. Según sus cálculos, esto significa comprar la energía a 900 pesos el kilovatio-hora, aún cuando el precio estaba en 120 pesos a comienzos de julio. Al final, ese costo se traslada al usuario y hace, en palabras de Diago, “que las tarifas definitivamente sean impagables”.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”
Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, ese método de compra de energía es “perverso” y debería reducirse al máximo. “La compra en bolsa permite la especulación, porque el precio se va formando en el transcurso del día y dependiendo de los oferentes, entonces es el más volátil. Por lo mismo, la energía se compra generalmente en un 80 por ciento a través de contratos bilaterales y solo un 20 por ciento en bolsa”, explica Alarcón.
“Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”.
En esto coincide Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe ya, quien considera un “problema” la falta de regulación que favorece a las generadoras de energía. “Hay un oligopolio en la generación de energía que nos somete a un precio de mercado que hoy nos tiene en una crisis”, advierte.
El 16 de septiembre, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas de los hogares en La Guajira, Atlántico y Magdalena. Este componente es una especie de deuda, principalmente de los estratos 1 y 2, que empezó a crecer durante la pandemia luego de que el Gobierno de Iván Duque congelara una parte de las tarifas de energía para aliviar, en su momento, el bolsillo de los usuarios.
Con el tiempo, ese dinero se convirtió en un déficit de $4,9 billones, de los cuales $987.520 millones correspondían a Air-e y $1.507.566 millones a Afinia, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Para recuperarlos, ambas empresas comenzaron a cobrarlos en las facturas.
El problema es que “los dueños de Air-e tomaron la decisión malévola de cobrar esos dineros precipitadamente”, señala Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. “Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”. Por esta razón, la opción tarifaria representaba un 24 por ciento de la tarifa total.
Con la suspensión de ese cobro, que empezó a regir el primero de octubre, el Gobierno busca aliviar la situación de más de 5 millones de usuarios. Pero la realidad, advierte Alarcón, es que “ya nosotros lo pagamos en su mayoría”, pues se han cobrado 10 de las 12 cuotas. En otras ciudades, ese pago se difirió a diez años. Por eso, dice Alarcón, la propuesta es que el Gobierno asuma esas pérdidas y regrese el dinero a los usuarios de Air-e.
Además de la tarifa de energía, en las facturas de la región Caribe se cobran otros servicios. En La Guajira se incluyen tarifas de aseo, alumbrado público y se cargan las pérdidas técnicas y las pérdidas por robo a los usuarios. En el Atlántico se cobra, además, una tasa de seguridad. Estas adiciones, aunque no impactan el precio de la energía, suben el valor de la factura hasta un 30 por ciento.
“Lo que hacen es amarrar otros servicios en la factura de energía e inflarla. Esto obliga al usuario a pagar esos rubros adicionales por temor a que le corten la luz. Es un modelo perverso porque la gente está pagando un servicio de aseo que debería existir y ser óptimo, pero eso no ocurre. Lo mismo pasa con el alumbrado público; tú pasas por muchas calles y no hay”, cuestiona Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
En el caso de los cobros por pérdidas técnicas y pérdidas por robo, opina Yeison Deluque, personero de Riohacha, “al ciudadano le están cobrando algo que ni siquiera consume, entonces ahí no hay justicia tarifaria”. Para Deluque, “esa responsabilidad la debe asumir el Estado o el ente territorial, pero no el usuario, porque le incrementan el valor de la facturación”.
Este 2 de septiembre, el agente interventor Carlos Diago anunció que Air-e dejará de recaudar la tasa de seguridad, alumbrado público y aseo para los usuarios, al considerar estos cobros "anticonstitucionales".
Una de las razones más evidentes por las cuales las facturas de energía son más costosas en el Caribe son las altas temperaturas, que exigen un mayor gasto energético. “El calor hace que necesitemos climatización de una manera distinta”, dice Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe Ya. “Nosotros necesitamos abanicos y aires acondicionados. A los aires y las neveras les cuesta más encontrar una temperatura para enfriar. Eso hace que, obviamente, consumamos más energía”, explica.
De las diez regiones del país medidas por XM, es el Caribe la que registra el mayor consumo de energía, con 2.001,58 gigavatio-hora, según cifras de agosto de este año. Le siguen los departamentos del centro, con 1.600,14 gigavatio-hora, y oriente, con 979,18 gigavatio-hora.
Ahora, con el fenómeno de El Niño, los niveles de los embalses bajan debido a la reducción de las lluvias, lo que podría impactar los precios de la energía en bolsa y generar una presión al alza en la tarifa de energía. El panorama es tan desalentador que las condiciones hidrológicas de agosto y septiembre han sido las más desfavorables de los últimos 40 años. Esto podría afectar la operación del sistema eléctrico hacia finales de 2024, advirtió XM.
Debido a lo anterior, la Creg y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que el sistema eléctrico nacional pasa de estado de vigilancia a estado de riesgo, por lo que se activarán las generadoras térmicas de energía para permitir que los sistemas de embalses descansen y recuperen sus niveles de agua.
Para exigir tarifas más justas, los personeros de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla presentaron una acción popular en contra del Gobierno nacional. El 26 de agosto, el Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de la ciudadanía y le ordenó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar y ajustar los componentes de la fórmula tarifaria.
En cumplimiento de este fallo, el 16 de septiembre se llevó a cabo una audiencia pública de la Creg en Barranquilla. Allí, el gobernador del Atlántico y exdirector general de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Eduardo Verano, solicitó al Gobierno Nacional que asuma los costos de las pérdidas en vez de trasladar esos rubros a la ciudadanía. "La solicitud que estamos haciendo es que a los usuarios de la región Caribe se nos compense; puede ser con una obra que el sector eléctrico debe hacer en la región para mejorar la calidad, las condiciones, las mediciones y la eficiencia del servicio”, dijo Verano.
Dos semanas después de este encuentro, la Creg expidió los autos 354 y 355 de 2024, que buscan ajustar varios de los componentes de la fórmula tarifaria. En total son 13 resoluciones que contemplan regular los precios de la energía que se compra en bolsa y reducir esa práctica al máximo. Además, la entidad propone dejar de trasladar al usuario los cobros por fraudes, inversiones futuras y la tasa de comercialización.
Para Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Creg, estas medidas “deben ser la solución a un modelo que es perverso para el usuario y que enriquece a un empresario en detrimento de toda una población”.
Es 31 de marzo, diez y media de la mañana. Una de las cámaras trampa de la vereda Pueblitos, en la zona de reserva campesina El Pato-Balsillas, en San Vicente del Caguán, registra a un oso de anteojos jugando con el dispositivo. La cámara solo enfoca las patas delanteras del oso hasta que él mismo la acomoda. Por unos segundos se le va la cara. Tiene un hocico blanco y una mancha en la frente que se extiende hasta el pecho.
Dos meses después, el 2 de mayo a las tres de la tarde, se ve salir entre los matorrales del bosque a un oso de anteojos que desfila ante la cámara de la vereda Toscana. El oso comienza a acercarse curiosamente y la olfatea con su hocico pálido. En el video se ven sus dos orejas pequeñas y varias líneas blancas que rodean sus ojos redondos y cafés.
Desde enero de este año, las comunidades campesinas han podido seguir de cerca las huellas de esta especie que está en situación de vulnerabilidad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). A través de las cámaras trampa pueden monitorear también a otras especies sin necesidad de una intervención directa. Esto les ayuda, por ejemplo, a poner en práctica varias estrategias para evitar que el ganado deambule por las mismas zonas que el oso.
Son seis cámaras ubicadas a lo largo del corredor biológico del oso de anteojos, un proyecto que busca conservar más de 12 mil hectáreas de bosque andino. Desde su instalación se han logrado hacer más de 20 avistamientos de al menos nueve especies. Solo entre abril y junio se vieron cuatro osos andinos (Tremarctos ornatus), un venado (Mazama), un puma (Puma concolor), una tayra (Eira barbara), dos tigrillos (Leopardus tigrinus), dos guaras (Agouti paca), tres borugas (Cuniculus paca), dos zorros (Vulpes vulpes) y tres ardillas (Sciurus granatensis).
Las cámaras están ubicadas en puntos estratégicos y a distintas alturas en las veredas Balsillas, Toscana, Libertadores y Pueblitos. El objetivo: tener una visión integral de la fauna de la región, explica Alfonso Tovar, coordinador del proyecto. “Estas cámaras se instalan en lugares que son pasos obligatorios para los animales y que resultan lejanas para la población civil. Cuentan con una vegetación amplia, están cerca a una fuente hídrica y son caminos para llegar a un lugar específico”, dice Tovar. Cuando un animal pasa frente a ellas, las cámaras se activan a través de sensores de movimiento y detección de calor. Así graban los videos y toman las fotografías.
De las especies registradas este año por las cámaras trampa, hay seis que resultan clave, destaca Wilmar Sánchez. El puma (Puma concolor) y el tigrillo (Leopardus tigrinus) juegan un rol crucial en el control de las poblaciones de presas como ciervos y roedores. Su presencia, explica, ayuda a mantener el equilibrio en la cadena alimentaria y promueve la salud de los ecosistemas al prevenir el sobrepastoreo de vegetación.
La tayra (Eira barbara), por su parte, actúa como un depredador. Esta especie de mamífero carnívoro regula las poblaciones de animales pequeños y la dispersión de semillas. Algo parecido ocurre con el zorro (Vulpes vulpes), que tiene un rol de depredador y carroñero, con lo cual influye en la estructura de la comunidad de especies.
El venado (Mazama temama) también es una especie importante para el corredor biológico del oso andino. Su papel como herbívoro ayuda a moldear la estructura de la vegetación y mantener el equilibrio en los ecosistemas forestales. También sirve como presa para grandes depredadores, lo que es fundamental para la dinámica de las cadenas alimentarias.
Finalmente, el oso andino (Tremarctos ornatus), el único úrsido que habita en América del Sur. Es especial porque es un guardián de su propio ecosistema y, al protegerlo, se protegen también otras especies y sus hábitats. El oso de anteojos también es considerado el jardinero del bosque, pues al moverse abre claraboyas que permiten el paso de la luz a través de los árboles. Además, como consume una variedad de frutas y hojas, contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración del bosque.
”El oso andino es una especie sombrilla que desempeña un rol fundamental en la conservación del ecosistema al mantener el equilibrio ecológico en este corredor vital”, agrega Alfonso Tovar, coordinador del proyecto.
Su presencia en lugares que no frecuenta, lejos de significar que sus poblaciones están aumentando, es una alerta de que su hábitat natural ha sido ocupado, lo que los obliga a buscar el alimento en otras áreas más cercanas a las zonas pobladas. Por eso, registrarlos en las cámaras trampa es clave, coinciden los expertos.
Para Carolina Murcia, integrante del Club de Monitoreo Huellas del Oso, “las cámaras trampas han sido esenciales para conocer mejor la fauna presente en las cuatro veredas”. Gracias a esa tecnología, “hemos logrado identificar y documentar una variedad de especies que habitan en estas zonas, lo cual es crucial para desarrollar estrategias de conservación efectivas y para entender el impacto del proyecto en la biodiversidad local”.
Junto a Murcia, un grupo de 25 personas se encargan de los monitoreos de las cámaras trampa. Del Club de Monitoreo Huellas del Oso hacen parte distintas familias de la zona rural, así como estudiantes y egresados de la Institución Educativa Guillermo Ríos Mejía y miembros de la Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria Zona Balsillas (Coopabi).
“Este Club de Monitoreo Huellas del Oso trabaja en conjunto para llevar a cabo el monitoreo de las cámaras trampas, asegurando que se obtengan datos precisos y representativos sobre la fauna en las veredas”, destaca Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas y licenciado en educación ambiental.
Al conocer las especies que coexisten en el sendero del oso andino, las comunidades pueden entender mejor la red de relaciones y dependencias en su territorio. Es decir, pueden identificar posibles competidores, presas y otras especies con las que el oso de anteojos podría interactuar. El registro de distintas especies también les permite evaluar la salud general del ecosistema y la eficacia de las estrategias de conservación.
“Registrar una mayor variedad de especies en el área de estudio es crucial para comprender mejor el ecosistema en el que el oso andino vive. Identificar y documentar otras especies que comparten el mismo hábitat proporciona una visión integral de las interacciones ecológicas y las dinámicas del ecosistema”, dice Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas,
Es así cómo, en sus palabras, “hemos podido ajustar nuestras prácticas y garantizar la protección de los ecosistemas y especies que dependen de ellos”.
Para lograr esa conciencia, los miembros de Coopabi han realizado jornadas de capacitaciones y acompañamientos a la comunidad para mostrarles la biología de la fauna, las épocas en las que transitan ciertas especies y los alimentos que consumen. De esta manera, cada fincario tiene más herramientas para planificar el diseño de su finca respetando el corredor biológico del oso andino.
“Esto ha permitido que las comunidades mitiguen la cacería y el conflicto con la fauna. Por ejemplo, los campesinos aíslan sus potreros para que los felinos y osos no puedan atacar a los animales vacunos o simplemente sacan sus animales del potrero para que los osos se alimentan de las cosechas de los árboles, como el roble”, dice Alfonso Tovar.
El corredor biológico del oso de anteojos de la reserva El Pato-Balsillas conecta el Parque Regional Siberia—Ceibas, el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y el Parque Regional Miraflores—Picachos. La ruta busca proteger la vida de esta especie y su ecosistema, garantizando el tránsito de los animales y la provisión de sus alimentos, explica Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas y licenciado en educación ambiental.
“Con el proyecto se ha buscado no solo mejorar las condiciones en la frontera agropecuaria, sino también enriquecer los bosques circundantes, fortaleciendo así la conectividad ecológica y promoviendo la sostenibilidad ambiental en la región", destaca Sánchez.
Para eso, se han establecido 50 acuerdos prediales y cuatro acuerdos veredales de conservación entre las familias y las Juntas de Acción Comunal. Estos acuerdos incluyen la reforestación. En la reserva, por ejemplo, se han sembrado 25 mil plántulas de arrayán, pino, arboloco, nacedero, guayabo, roble, entre otros, que proporcionan alimento a los osos.
El proyecto ha sido financiado por USAID de la mano de la Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria Zona Balsillas (Coopabi), las Juntas de Acción Comunal y la Institución Educativa Guillermo Ríos Mejía.
El viaducto de Tadó, que abastece de agua a más de tres mil familias, está al borde del colapso debido a la erosión del río Mungarrá. La estructura se encuentra deteriorada y con tuberías que rozan peligrosamente el agua. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, quienes temen quedarse sin suministro de agua de manera indefinida.
En el municipio, este viaducto es la principal fuente de captación de agua de la quebrada Santa Catalina, a la altura del barrio El Esfuerzo. La otra alternativa es un sistema de bombeo que traslada el agua hacia la planta de tratamiento, lo que podría encarecer el servicio debido al elevado consumo de energía.
Desde el año pasado, varios líderes comunales han solicitado a la alcaldía y a la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó (ESPAT) una intervención urgente en el viaducto para evitar un posible desabastecimiento. Actualmente, alrededor del 75 por ciento de la población cuenta con el servicio de agua, pero quienes lo tienen aseguran que es intermitente y poco confiable. En el mejor de los casos, pueden abastecerse de agua durante una o dos horas seguidas, sin saber cuándo volverán a tener acceso.
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano, lamenta la falta de respuesta de las autoridades ante la solicitud de la comunidad de intervenir el viaducto. Para él, “si el viaducto se cae será responsabilidad únicamente de las autoridades, quienes deberán atender la situación”.
“Nosotros sabemos que el suministro de agua por bombeo genera unos costos elevados a la empresa y por ende a la comunidad. También sabemos que el sistema de bombeo presenta problemas en su operación debido a que tiene una de sus bombas en mal estado, así que no hay garantías de una operación en óptimas condiciones”, cuenta Asprilla.
"Sabemos que el sistema de bombeo presenta problemas en su operación debido a que tiene una de sus bombas en mal estado, así que no hay garantías de una operación en óptimas condiciones”
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano
De acuerdo con un ciudadano que pidió proteger su identidad por temor, “la alcaldía no ha realizado los trabajos y esto va generar un inconveniente grande para el pueblo”. Para él, las comunidades acuden a los líderes “para que ellos hablen con el gerente y el alcalde sobre la situación, porque nosotros somos escuchados. Además, nos da miedo hablar por la situación de violencia y los actores armados que hacen presencia en el municipio”, cuenta.
Francisco Valderrama, gerente de la ESPAT, explica que el viaducto “está en riesgo de caerse desde hace tiempo, no solo desde esta administración, sino desde muchas anteriores”. Advierte que “ahora el río golpea con más fuerza y podría colapsar en cualquier momento por una creciente”.
De acuerdo con Valderrama, en los últimos diez años se han realizado operaciones “muy mínimas” en la reparación de las tuberías del viaducto. “Hoy nos encontramos funcionando con un solo motor de bombeo, el cual no es suficiente”, cuenta. Sin embargo, asegura que la alcaldía municipal ya tomó cartas en el asunto y está realizando los respectivos trámites.
Según Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, “se están realizando gestiones con el batallón de ingenieros del Ejército Nacional para ver cómo se aborda el problema”. El mandatario reconoce que “la situación del viaducto no se resuelve con pañitos de agua tibia”, sino que requiere una “gran inversión”.
“Por el momento se están realizando estudios para obras de mitigación, pero aún no se ha definido el plan de acción. Podría hacerse un reforzamiento o construir un muro de contención para estabilizar el talud. Ya hicimos visitas técnicas al sitio y estamos elaborando un plan para que, cuando se atienda la situación, no se afecte la prestación del servicio del acueducto”, explica Eduar Andrés Moreno Sánchez, de la Secretaría de Planeación.
Sin embargo, el municipio no cuenta con un presupuesto para la gestión de riesgos, ya que “no existe ningún fondo municipal", advierte Leison Agualimpia Gutiérrez, coordinador de Gestión del Riesgo. Esta situación, explica, “lleva a que, cuando se presenta una calamidad, se afecten otros rubros”.
Para poder actuar con urgencia, el secretario de Planeación, Deiner Adolfo Mosquera, sugiere que se decrete una emergencia, pues “esto permitirá tomar recursos de otros rubros”.
“Las autoridades de varios gobiernos han omitido diferentes actividades en el río, como dragados y el uso de maquinaria pesada. Desde entonces, el río comenzó a buscar su cauce, pero ninguna autoridad ha podido controlar esa situación”, explica Mosquera.
"Las autoridades de varios gobiernos han omitido diferentes actividades en el río, como dragados y el uso de maquinaria pesada. Desde entonces, el río comenzó a buscar su cauce, pero ninguna autoridad ha podido controlar esa situación".
Deiner Adolfo Mosquera, secretario de Planeación
El 31 de julio quedó radicado en el Congreso el proyecto de Ley Integral de Identidad de Género, que para el movimiento trans y no binario de Colombia es un hito en su historia y su lucha. La iniciativa legislativa tiene un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de las personas con identidades diversas a través de acciones para garantizar los derechos humanos que les han sido negados en el país.
El proyecto de ley es resultado de una juntanza sin precedentes a través de 100 procesos colectivos en los que participaron distintos líderes y lideresas del movimiento. En total se escucharon las voces de más de 1.300 personas trans, travestis y no binarias, activistas independientes, madres, padres y familiares de infancias trans de distintas regiones. El proceso incluyó a personas en la ruralidad, con pertenencia étnica y en condición de discapacidad.
De esta forma, la ley acoge sus principales demandas frente a temas como identidad, salud, educación, trabajo, cultura, recreación y deporte. Además, incluye un capítulo sobre el conflicto armado en el que se proponen medidas para garantizar que sean incluidas en los procesos de reparación y memoria.
En esta entrega de El Explicador, cinco líderes y lideresas trans del Chocó, Caquetá, Cesar, Valle del Cauca y Cundinamarca nos explican los puntos clave y la importancia que tiene esta iniciativa para sus vidas en las regiones.
En primer lugar, es un proyecto de ley ciudadano. Uno ambicioso, que busca establecer un marco integral para llenar los vacíos legales en la protección de los derechos humanos de las personas trans y no binarias en el país. En ese sentido, consideran que representa un acto de reparación histórica para una población que ha sido —y sigue siendo— vulnerada y discriminada.
“Es una oportunidad para la pobrería del país que se identifica como transgénero o no binaria, para que se establezcan medidas de erradicación de la violencia por ser distintas y se garanticen los derechos que nos han negado”, dice Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia.
Por el contrario, “no es un conjunto de acciones que pretenda privilegiar o incitar a transformaciones corporales o mentales”, precisa Linda Sofia Baquero, mujer trans y coordinadora de Orígenes, organización social de mujeres étnicas afro de Valledupar. “Tampoco buscamos atacar a la familia tradicional, sino reconocer que hay otras formas de organización social”, agrega Christopher Derek, persona transmasculina de Buenaventura.
Para Lina Quevedo, activista transmasculino y líder de la plataforma Ley Integral Trans, una de las principales razones tiene que ver con los enormes riesgos y peligros que enfrenta la población trans en el país. De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, “algo que la humanidad superó en la Edad Media”, asegura Quevedo.
Aunque en Colombia la identidad de género es un derecho constitucional, la realidad es que la violencia contra las personas LGBTIQ+ no se detiene. Este año, 26 personas con orientación sexual e identidad de género diversas han sido asesinadas, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos Caribe Afirmativo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró 290 casos de violencia entre enero y mayo.
“Tenemos un sistema jurídico con vacíos que necesita ajustes para garantizar nuestros derechos. Es una reparación histórica y un camino hacia la reconciliación con un Estado que, antes de la Constitución de 1991, tenía medidas que criminalizaban las identidades trans. Ya no las tiene, pero al no estar actualizado, sigue generando violencias”, explica Quevedo.
La iniciativa legislativa deberá ser debatida en el Congreso, que en este tercer año tiene la agenda llena de proyectos. Allí se enfrentará a los partidos más conservadores y al poder del lobby religioso, que suele oponerse radicalmente a las iniciativas de la comunidad LGBTIQ+.
Este año, por ejemplo, la Comisión Primera del Senado hundió por segunda vez un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual. La iniciativa quedó archivada por falta de apoyo y tiempo, luego de que los senadores opositores modificaran el orden del día para evitar que se debatiera. Quevedo explica que esto ocurre, en gran parte, debido a la desinformación que existe alrededor de las identidades de género diversas.
“Nos enfrentamos a un panorama de desinformación sobre las experiencias de vida trans y sobre lo que busca el proyecto. Muchos creen que solicitamos derechos especiales, pero no es así; lo que buscamos es garantizar los derechos humanos que tienen todas las personas”.
Lina Quevedo, sociólogo y activista transmasculino.
Para Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia, es fundamental que se reconozca la existencia de las personas trans en el campo y se garantice su permanencia en los territorios. “En la ruralidad también existimos, pero no podemos ser por toda la violencia social”, dice Iglesias.
“Debemos ser sujetas de protección en la ruralidad, para que, por ejemplo, quienes quieran acceder a la tierra y beneficiarse de la Reforma Rural o participar en la titulación de la tierra, también puedan”, asegura.
En ese sentido, el proyecto de ley plantea promover la inclusión de la población trans en el desarrollo rural y ambiental, así como la creación de lineamientos para asegurar que las políticas agrarias y ambientales tengan en cuenta sus experiencias de vida.
El proyecto busca garantizar el acceso inclusivo a servicios de salud integral, incluyendo la atención médica especializada, los tratamientos de afirmación de género y los servicios de prevención de enfermedades de transmisión sexual y apoyo psicológico.
“Uno va al médico como persona trans y el sistema no lo registra, entonces nos niegan la atención por un asunto burocrático. Yo no he podido hacerme ningún proceso ginecológico porque el sistema no lo permite por ser una persona transmasculina. Eso es muy violento”, considera Christopher Dereck, de Buenaventura.
“Yo era un niño gordo, gafufo, marica y muy estudioso, así que te puedes imaginar los hostigamientos que sufrí en el colegio porque mi expresión de género estaba más cerca de lo femenino que de lo masculino. Era un foco de violencias, persecución y discriminación”, recuerda Linda Sofía Baquero, mujer trans de Valledupar.
Para proteger a las infancias y juventudes, la iniciativa plantea mecanismos para que puedan acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de condiciones. Para esto, proponen medidas de prevención y atención de las violencias, lo que incluye la formación del personal docente para crear entornos seguros y libres de discriminación.
La Ley Integral Trans promueve la inclusión laboral de personas con identidades de género diversas, especialmente de las poblaciones más vulnerables. La iniciativa busca que las políticas públicas y de empleo contemplen capacitaciones, asesorías e incentivos para las empresas que deseen contratar personas trans. También establece medidas para prohibir cualquier forma de discriminación en este campo.
“A nosotras se nos ha permitido ocupar sobre todo los espacios de trabajo sexual y belleza, y pasa que cuando estamos puteando nos matan y cuando intentamos salir adelante en la peluquería tenemos que pagar vacunas. Necesitamos poder acceder también a otros espacios laborales”.
María Victoria Palacios, mujer trans afro y directora de Latidos Chocó, organización que acompaña y asesora a las personas LGBTIQ+ en esta región.
La plataforma reconoce que las personas con identidades de género diversas han sido discriminadas y excluidas sistemáticamente por la sociedad y el Estado. Por eso, como una forma de reparación, propone la implementación de políticas que aseguren la igualdad y no discriminación en el presente y futuro.
Además, en un país que ha vivido un conflicto armado prolongado, estas medidas se conectan con un marco más amplio de justicia y reparación para las víctimas, para que estas se integren mejor a los procesos de paz.
“Es un reforzamiento constitucional frente a hechos victimizantes y a procesos de victimización en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Fuimos unas de las poblaciones más violentadas, atacadas, borradas y aniquiladas”, asegura Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia.
Esta iniciativa apuesta por la generación de entornos familiares seguros en los que se reconozca el valor del trabajo de cuidado y el derecho a recibir atención de calidad durante todos los ciclos de vida, a partir del apoyo guiado a las familias durante procesos como el tránsito de género.
Por otro lado, busca que, desde el Sistema Nacional del Cuidado y en enlace con otras políticas públicas, se genere una cobertura para personas con identidades de género diversas en condiciones de vulneración socioeconómica.
“Hay madres trans que cuidan a aquellas que son desterradas y condenadas al ostracismo. Les dan un nombre, identidad, techo, ropa y todo lo necesario para desarrollarse, aunque desde sus limitaciones porque ellas también hacen parte de un ciclo de violencia”, cuenta Christopher Derek, persona transmasculina de Buenaventura. Esas experiencias están recogidas en el informe El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas*: prácticas de cuidado que han creado las personas trans ante la ausencia estatal, una investigación de la Liga de Salud Trans.
De acuerdo con Lina Quevedo, activista transmasculino y uno de los líderes de la plataforma, el sueño de la población trans y no binaria es “que sea ley”. “Queremos generar un consenso nacional con actores políticos clave. Para esto, buscamos establecer un mayor relacionamiento con actores estratégicos en los territorios, pero también con congresistas, para pedagogizar y lograr un voto favorable”, dice Quevedo.
Conchita Narváez pasó los últimos meses de su vida pidiéndole a su nieta, María del Carmen Guevara, que no la dejara sola. Le decía: “ven, mi María, ¿dónde andas? Me pongo nerviosa cuando no estás”. Guevara atendía siempre a su llamado con cariño, recuerda. Durante más de diez años, solo tomaba algunos turnos como enfermera y regresaba apresurada a su casa para cuidarla el resto del día. La ayudaba a bañarse, le preparaba la comida, le daba sus medicinas, hacía limpieza en su cuarto y permanecía a su lado. Conchita murió hace cuatro meses, a los 109 años.
Ahora, Guevara continúa al cuidado de sus tíos Melfa y Pedro, de 83 y 76 años. Los tres viven en una casa antigua con un patio lleno de árboles de papaya y caimo, en Mocoa, Putumayo. “Yo la cuidé [a Conchita] todos los días con mucho cariño y paciencia, porque era mi abuelita y porque cuidar es mi vocación. Los últimos días tocaba bañarla en la cama, darle el alimento en la boca y estarla moviendo de posición. Ahora pienso en cómo pude con tanto”, cuenta Guevara.
Ese cuidado que Guevara ofreció a su abuela, y continúa ofreciendo a su familia, es indispensable socialmente porque sostiene la vida de otros. Sin embargo, es uno de los trabajos históricamente invisibilizados. De hecho, hay siete millones de mujeres en el país dedicadas a cuidados no remunerados, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, de 2019.
Se trata de una distribución desigual, porque estas tareas recaen sobre todo en las mujeres. Entre 2020 y 2021, el 90 por ciento de las mujeres y el 63 por ciento de los hombres realizaron actividades de cuidado no remuneradas. Mientras las mujeres dedican en promedio siete horas al día a estos trabajos, los hombres dedican apenas tres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Esa carga es más desproporcionada en las zonas rurales, porque las mujeres de los municipios más alejados de los centros de poder dedican hasta ocho horas y media a estas labores.
“Es muy importante reconocer la feminización que culturalmente y a partir de los estereotipos de género están arraigados en los cuidados. El cuidado en América Latina y en el mundo es algo que tiene cuerpo de mujer y de niña. Eso y el hecho de que se consideran secundarios, porque lo que se prioriza es la productividad sobre la reproductividad, hacen que sean trabajos muy precarios”, explica Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam, una organización internacional que busca combatir la desigualdad.
"El cuidado en América Latina y en el mundo es algo que tiene cuerpo de mujer y de niña. Eso y el hecho de que se consideran secundarios, porque lo que se prioriza es la productividad sobre la reproductividad, hacen que sean trabajos muy precarios".
Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam
Los trabajos del cuidado representan, además, una especie de motor oculto de la economía. Solo en 2021, el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fue de 462.295 miles de millones de pesos en el país, según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
Solo en 2021, el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fue de 462.295 miles de millones de pesos en el país, según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
Para reconocer y garantizar el derecho al cuidado, el Gobierno creó en junio de 2022 el Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales apuestas del Ministerio de la Igualdad. La iniciativa surgió para el cumplimiento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" para coordinar y articular políticas públicas a favor de los cuidados. Estas políticas proyectan desde subsidios a madres cabeza de hogar y a cuidadores de personas con discapacidad hasta programas de cuidados comunitarios y formación para cuidadoras. Con este sistema, que está todavía en diseño, Colombia se convertiría en el segundo país de América Latina, después de Uruguay, en impulsar un proyecto así.
“Las cuidadoras necesitamos una remuneración para sostenernos y mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos apoyo psicológico y emocional, porque muchas veces no tenemos a quien acudir. El cuidador se enferma, pero no puede parar de cuidar”, afirma Zulma Gómez, una cuidadora en Popayán que hace parte del Sindicato Nacional de Cuidadores de Vida.
En este momento, considera Luisa Almazo, representante legal del sindicato, las “cuidadoras no tenemos ninguna ventaja”. “Las madres o los hijos que cuidan a algún miembro de su familia que lo requiere porque tiene alguna condición de discapacidad o está enfermo, no reciben ningún reconocimiento económico por eso. Ni siquiera están acogidos por el sistema. Hay niños que cuidan en sus casas. Yo fuí esa niña”, recuerda Almanzo, quien cuida a su hermano con discapacidad cognitiva desde que tenía once años.
¿Por qué hay pocas garantías de derechos para las personas cuidadoras? De acuerdo con Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam, además de la feminización e invisibilización de los cuidados, “hay un debilitamiento de los Estados producto de las políticas neoliberales que se han asumido en América Latina”.
“Esa ha sido la tendencia desde los ochenta y especialmente en los noventa, que ha llevado a que los Estados cuenten con menos recursos y privaticen sus obligaciones y funciones. Por eso creemos que retomar el rol del Estado como garante de derechos es clave para frenar su reducción de capacidades para atender las obligaciones que por derecho tenemos las personas”, señala Noriega.
Estos derechos, precisa, están especialmente consagrados en instrumentos universales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “También está en nuestras constituciones, donde se habla del derecho a la igualdad. Esta no se garantiza porque los Estados no se han propuesto tomar medidas efectivas para cumplir su rol. Por eso la propuesta es que recauden más y mejor, porque dinero sí hay pero no se distribuye de manera justa”, explica.
La idea es que el Estado garantice los derechos de las personas cuidadoras y que los costos y esfuerzos puedan ser asumidos de forma corresponsable por todos los actores: Estado, sector privado, familias y comunidades. Así lo propone la economía feminista, que plantea cuatro procesos clave: reconocer, reducir, redistribuir y representar los cuidados, según el informe “Los cuidados en Latinoamérica y El Caribe”.
Es decir, que las políticas públicas deben, primero, reconocer el cuidado como un trabajo que hace parte de los esquemas monetarios y que necesita de profesionalización. Además, deben proveer sistemas sólidos de salud, jardines materno-paternales, casas de cuidado de personas adultas mayores, centros de cuidado especializado, entre otros. También buscar que estos trabajos sean asignados equitativamente para hombres y mujeres, hogares, instituciones empleadoras, comunidades. Y, finalmente, deben representar a los sindicatos e incluir el trabajo de cuidados en las agendas del Estado.
Sandra Moreno despierta cada día a las 5:30 de la madrugada. Prepara el desayuno, también el almuerzo, barre, trapea y ayuda a su hijo menor a alistarse para ir al colegio. A eso de las 8 de la mañana ya está en otra casa, la de sus jefes, para repetir las tareas: prepara el desayuno, barre, trapea, limpia la cocina, arregla los cuartos y hace el almuerzo. A las dos de la tarde regresa a su casa para continuar con otras labores del cuidado y, por fin, descansar.
Esa ha sido la rutina de Moreno desde hace 12 años, cuando empezó a trabajar como empleada doméstica en Tadó. “Mi mamá me enseñó desde muy joven que una tiene que trabajar. Una no sabe qué día el hombre se va de la casa, y si una no sabe trabajar, le toca ofrecer el cuerpo. Ya he trabajado en más de seis casas y esta me gusta mucho, porque los dueños han aprendido a quererme”, cuenta Moreno, de 37 años.
Su lista de labores diarias, que a menudo se duplican y triplican, es la misma que la de Ericka Vega, empleada doméstica en San Juan del Cesar, o que la de Nidia Artunduaga, en San Vicente del Caguán. Por esos trabajos reciben entre 400 mil y 500 mil pesos al mes. Ninguna cotiza al sistema de seguridad social, ni salud ni pensión, y tampoco tienen ARL. No reciben primas; en el mejor de los casos les dan bonos o una liquidación cada seis meses.
“Nosotras somos seres humanos y este trabajo es el que más deberían valorar las personas porque es muy arduo y de mucha responsabilidad. En cambio es muy desagradecido”, considera Artunduaga. “Nosotras nos sentimos desesperadas, vivimos a la deriva de Dios, arañando para ver qué podemos conseguir”, agrega Adela Molano, quien también es empleada del servicio en San Vicente del Caguán.
"Nosotras somos seres humanos y este trabajo es el que más deberían valorar las personas porque es muy arduo y de mucha responsabilidad. En cambio es muy desagradecido".
Nidia Artunduaga, empleada doméstica en San Vicente del Caguán
Ellas, así como 649 mil mujeres que dedican su vida al trabajo doméstico, forman parte de uno de los sectores más precarizados laboralmente en el país. De acuerdo con la ley 1788 de 2016, todas las empleadas domésticas tienen derecho a recibir una prima de servicios equivalente a 30 días de su salario por año, que debe ser pagada semestralmente. Sin embargo, solo el 24 por ciento ha recibido una prima en su vida, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane en 2022. Es decir que el 76 por ciento no la ha recibido nunca.
Solo el 24 por ciento de las empleadas domésticas ha recibido una prima en su vida, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane en 2022. Es decir que el 76 por ciento no la ha recibido nunca.
Ese incumplimiento es solo una de las barreras que mantiene a las trabajadoras alejadas del acceso a un empleo justo. Además de tener prestaciones sociales, “también necesitamos acceder a un sistema de salud seguro, estar afiliadas al sistema de riesgos profesionales, tener una caja de compensación y que esa labor sea realmente reconocida, porque es un trabajo que está muy mal remunerado”, señala Luisa Almazo, representante legal del Sindicato Nacional de Cuidadores de Vida.
Por eso, una esperanza para mejorar las condiciones laborales es la Reforma Laboral, que plantea un proyecto de ley para exigir que las empleadas domésticas sean vinculadas mediante un contrato de trabajo formal. Este sería un paso importante, porque “la existencia de un contrato de trabajo escrito otorga a las trabajadoras del servicio doméstico una prueba para que exijan, en un futuro, todos los derechos que lleguen a ser desconocidos por sus empleadores”, explica Daniela Alvear, asesora de seguridad social del Consultorio de la Universidad del Norte.
De acuerdo con Juliana Morado, codirectora del Observatorio Laboral de la PUJ de la Universidad Javeriana, el proyecto de Reforma Laboral también incluye una propuesta de registro de los contratos de trabajo en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, que quedó aprobada en la Comisión Séptima. “Esto puede contribuir a la formalización porque es un trámite sencillo y conocido por los usuarios. La crítica que se hacía antes era porque el registro debía hacerse ante el Ministerio de Trabajo, lo que podía ser costoso y generar el efecto contrario de promover la informalidad”, explica.
Mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas es mejorar sus condiciones de vida. A Sandra Moreno, por ejemplo, le preocupa el pago de la universidad de su hijo, ilusionado por ser algún día un médico cirujano. “Creo que tengo que aterrizarlo porque no puedo pagar eso, pero mi sueño es que mis hijos se vean en el espejo de nosotros, sus padres, para que sean mejores. No quiero que trabajen en una casa de familia, sino que tengan una buena calidad de vida”, dice Moreno.
Rodamin Perea escucha voces mientras duerme. Una noche —recuerda— sintió a una persona acercándose al oído para susurrarle que era hora de componer un canto fúnebre. “¿Qué canción voy a componer si no tengo ninguna idea y estoy durmiendo?”, respondió Rodamin. Pero la voz le insistió, le dijo “hágale, que Dios le da la oportunidad”. Rodamin obedeció, se levantó de su cama a las cuatro de la madrugada, aún somnoliento, y escribió el alabao que le dictó la voz.
Aquí está Jesucristo el hijo de Dios
con su manto divino
digno de la bendición.
Ya la entran a la iglesia
a escuchar la palabra de Dios
que los ángeles la reciban
en la presencia de Dios.
Rodamin tiene 52 años. Es uno de los cantaores y compositores de alabaos de Tadó. Su voz guía la tonada en los velorios, las novenas, las últimas noches de los difuntos, y se escucha en los encuentros del grupo de alabaos del municipio. Todavía quedan diez cantaores en el grupo, pero Rodamin es el único que enseña a niños y niñas a interpretarlos, para que estos cantos continúen existiendo y no se silencien con la muerte de los mayores.
"Queremos organizar grupos de semilleros para preservar las tradiciones culturales de los corregimientos y del municipio. El objetivo es hacer parte de la tradición de los gualíes, alabaos y levantamientos de tumbas del Medio San Juan, e intentar rescatar las tradiciones y culturas de los ancestros que ya no están”, cuenta.
Por eso se unió a la iniciativa ciudadana de crear la primera escuela de alabaos en Tadó. El proyecto lo inició la coordinadora de la biblioteca pública municipal, Marcela Quinto, preocupada por cómo se apagan los cantos durante los velorios. “Una vez sentí mucha tristeza en un velorio de la funeraria Santísima Trinidad porque se notaba el vacío de los cantaores. Antes se llenaba la sala de velación con hasta más de treinta personas cantándole al difunto. En el municipio había grandes cantaores y ahora casi no hay quien cante”, lamenta Quinto.
Esa pérdida de la tradición, cuenta, ha sido más evidente luego de la muerte de cantaoras mayores como Helena Mosquera, cuyo legado no continuó nadie. En otros municipios del Chocó, como en Andagoya, Baudó y Certeguí, los profesores incluyen en el plan de estudio de los colegios la enseñanza de los alabaos. De esta forma, los niños se acercan a los cantos fúnebres y los rituales mortuorios desde pequeños. Pero esto no ocurre en Tadó.
Para llenar ese vacío, Quinto comenzó en abril de este año a difundir a través del voz a voz y de mensajes en las redes sociales la apertura del semillero. Desde entonces, el salón de la biblioteca se llena todos los días, de 2 a 5:30 p.m, con hasta cincuenta niños jugando, aplaudiendo y entonando alabaos por primera vez.
“Es una experiencia muy bonita para mi niña. Tiene seis años y está muy motivada, se la pasa cantando en la casa. Ahora no ve la hora de que sean las dos de la tarde para ir a la biblioteca. A mí me alegra mucho que continúe con la tradición porque así podrá seguir el legado de los ancestros. Me la imagino más grande cantando en los velorios”, cuenta Mery Quiñonez, habitante del barrio Villas de Remolino.
"Es una experiencia muy bonita para mi niña. Tiene seis años y está muy motivada, se la pasa cantando alabaos en la casa. A mí me alegra mucho que continúe con la tradición porque así podrá seguir el legado de los ancestros".
Mery Quiñonez, habitante de Tadó
Esa misma sensación la tiene Isabel Perea, madre de un niño de 10 años. “Yo soy una mujer mayor y no conozco las canciones de los alabaos. Si les enseñamos a los niños, que son el futuro, podemos rescatar esas raíces perdidas. Veo a mi hijo ensayar en la casa y de verdad me alegra. Me siento muy satisfecha y contenta por Neymar", dice.
De acuerdo con Elizabeth Moreno, lideresa chocoana y defensora de los derechos humanos, mejor conocida como "Chava", instalar una escuela de alabaos es "una manera espectacular de recuperar las tradiciones". "Que se agrupen los colegios, los procesos organizativos de los territorios y que se articulen jóvenes y mayores para la transmisión de saberes", dice.
“Antes, en las charlas sentados a la orilla de un río o a bordo de una canoa, labrando el canalete, tejiendo el chinchorro o armando canastillas, uno hacía un doble aprendizaje. Aprendía sobre el canalete, pero también conocía los cuentos, las adivinanzas y los alabaos. Esos espacios hay que retomarlos, porque son una forma de resistencia”, considera Moreno.
Tres días ante mi muerte
me tengo que confesar
para ir derecho al cielo
y no tener que penar.
Estando muerto y tendido
prendan las cuatro velas
para cantarle toda la noche
hasta llevarme a la tierra.
En el Chocó, honrar a los muertos a través de ritos como los alabaos y los gualíes es un principio fundamental. Esa adoración a los difuntos —también a los santos— es tan propia de las comunidades del sur de la costa pacífica como del sur del Valle y del norte del Cauca, donde los muertos hacen parte de las familias de los vivos.
Por eso los alabaos son un pedazo de ellos mismos. De su dolor, alabanza y esperanza. Son cantos, pero también oraciones y plegarias a varias voces para despedir con regocijo a quienes se van y acompañar a las familias que se quedan. Una práctica ancestral de la liturgia afrocolombiana declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación en 2014.
“Los alabaos hacen parte de un sistema espiritual complejo que pone juntos ritos, cantos, signos y objetos. Estos signos sagrados que hoy adornan las tumbas y resuenan en los velorios y en las fiestas patronales, tienen una larga tradición. Son el resultado de circunstancias históricas como la espiritualidad africana, la violencia de la esclavización y la catequización de los cautivos. No podemos pensar en alabaos sin pensar en todo lo que los rodea. Es un canto para honrar la gente del más allá vinculado a toda una ritualidad afrodescendiente”, explica Martha Luz Machado, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la espiritualidad y la estética afrocolombiana.
"Los alabaos son resultado de circunstancias históricas como la espiritualidad africana, la violencia de la esclavización y la catequización de los cautivos. No podemos pensar en alabaos sin pensar en todo lo que los rodea".
Martha Luz Machado, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la espiritualidad y la estética afrocolombiana
Los conocimientos sobre los alabaos, gualíes y levantamientos se transmiten de generación en generación, “como se aprende a ser partera, curandero, raicero o médico ancestral”. Por eso, dice Machado, “es revelador que se creen escuelas para enseñarlos en lugares donde ese traspaso generacional pareciera que está desapareciendo”.
Esa “desaparición” ocurre únicamente en Tadó y en Istmina, considera Héctor Rodríguez, creador del Encuentro de Alabaos, Gualíes y Levantamiento de Tumbas, que se celebra en Andagoya hace 27 años, un evento que reúne a más de 40 grupos de municipios y corregimientos del Chocó. “En Andagoya nosotros llevamos los sabedores a los salones de clase, tenemos incluso niños indígenas que cantan alabaos, eso antes no se veía”, cuenta. “La falta de cantaores se ve en algunos municipios como Tadó e Istmina, porque a veces no hay mucho interés y apoyo de las administraciones municipales, pero eso en los demás pueblos no está pasando”, señala Rodríguez.
"La falta de cantaores se ve en algunos municipios como Tadó e Istmina, porque a veces no hay mucho interés y apoyo de las administraciones municipales, pero eso en los demás pueblos no está pasando".
Héctor Rodríguez, creador del Encuentro de Alabaos, Gualíes y Levantamiento de Tumbas de Andagoya
Por eso es tan importante tener semilleros, dice, “para que cuando los adultos mueran, los jóvenes sigan con la tradición y les enseñen a cantar alabaos a los niños. Esa es una forma de salvaguardar las manifestaciones”, aunque es un proceso que toma años, advierte.
Rodríguez recuerda la vez que los alabaos estuvieron en peligro en Andagoya por el temor que sentían las personas durante el conflicto armado. “Cuando los actores armados hacían presencia y caminaban por las calles de los pueblos, la gente se asustaba y dejaba de cantarle a sus muertos, los muertos ya ni se veían”, cuenta. “Por eso creamos en 1997 el encuentro de alabaos, para proteger y defender nuestras tradiciones”.
Para llevarme a la tierra
Voy junto con mis hermanos
Allá me dejan solito
Para que me coma el gusano
Aunque el gusano me coma
Yo aquí tengo que volver
A recoger mi celaje
Lo que en el mundo dejé
Los alabaos que se cantan en Tadó son diferentes a los de otros municipios, explica Rodamin Perea. Tienen una musicalidad especial y, muchas veces, cambios en algunas de las letras: palabras que no se pronuncian completamente, significados que cambian. Pero todos exigen mucho vocalmente a los cantadores, que suelen interpretarlos mientras beben aromáticas envenenadas con aguardiente y zumo de limón, para poder cantar por horas hasta el amanecer.
En Tadó, los velorios se siguen realizando siempre en la noche y en comunidad. Esa tradición no se ha perdido. Los tadoseños tienen la costumbre de recoger dinero entre los vecinos para ayudar con los gastos fúnebres y, como agradecimiento, las familias del muerto ofrecen café, aromáticas, confites, panes, galletas y aguardiente. Los eventos comienzan con el primer rosario hasta completar cinco. Luego se cantan los alabaos, que van acompañados con un salve o un avemaría.
Camino más adelante, un triste ciego encontré
Ciego dame una naranja, para el niño aplacar su sed
Súbase al palo señora, coja la que merece
Cojala de una en una, cojala de dos en tres
Desde la primer naranja, ya el ciego empezó a ver
Ciego que nada no via, ciego que nada no ve
Salve, salve, salve virgen
Dolorosa madre.
Darlington Yurgaky, secretario de Cultura de Tadó, celebró la iniciativa ciudadana de crear la primera escuela de alabaos. “Me parece excelente la idea que tuvo Marcela [Quinto] desde la biblioteca para rescatar costumbres y tradiciones. Hacia allá debemos apuntar, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.
De acuerdo con el funcionario, “sería bueno hacer estos talleres en otras instituciones educativas y llevarlos al alto San Juan, para que la gente vaya enriqueciendo sus conocimientos, valore las tradiciones y toda esa cultura bonita que tenemos”.
La idea, aseguró Yurgaky, es que los niños y las niñas de la escuela de alabaos puedan participar en el Encuentro de Alabaos, Gualíes y Levantamiento de Tumbas de Andagoya. “La tradición hoy se está perdiendo y con base en eso tenemos que tomar acciones”, reconoce.
La virgen cogió el camino
del valle para Belén
y en la mitad del camino
el niño pidió agua a beber
Salve salve virgen
dolorosa madre.
Agua te daré mi niño
agua te daré mi bien
porque los ríos están turbios
ríos y mares también.
Cada vez que Avelina Jiménez tiene que ir al médico, se despierta a las tres de la madrugada. Solo si se levanta a esa hora puede llegar a tiempo para esperar por horas hasta conseguir un turno en el hospital San Agustín de Fonseca.
Jiménez es una madre comunitaria del hogar Saltarines de Conejo, corregimiento ubicado a 14 kilómetros del casco urbano. Sufre de hipertensión y, hace dos años, fue diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que a pesar de que esté superada, requiere de controles constantes en el área de oncología. Pero este servicio no se presta ni en el puesto de salud de Conejo ni en Fonseca, razón por la que conseguir un turno es apenas el primer paso para llegar al hospital en Valledupar.
El camino que debe recorrer Avelina Jiménez es el mismo para todos los habitantes de la zona rural con enfermedades que requieren una atención de tercer nivel. Pero incluso para quienes necesitan servicios básicos como medicina general, se enfrentan a odiseas como la de Jiménez.
“Para mí es pésimo el servicio. A veces tengo que autorizar a mis hijas, y ellas deben madrugar y exponer la vida por ahí para poder conseguirme un ficho”, cuenta Jiménez.
En la zona rural de Fonseca hay cuatro puestos de salud: El Hatico, Conejo, Sitio Nuevo y Mayabangloma. Estos ofrecen únicamente servicios de enfermería, medicina general, odontología y toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas. Pero solo atienden una vez a la semana y no cuentan con personal médico permanente. El único que presta atención cuatro días a la semana es el del resguardo indígena de Mayabangloma.
Por eso, una de las principales peticiones de los veedores ciudadanos y presidentes de las Juntas de Acción Comunal en Fonseca es acondicionar los puestos de salud rurales, para que las personas que habitan en las zonas más alejadas al casco urbano cuenten con una prestación de servicios digna.
En La Guajira, el 96,5 por ciento de la población rural hace parte del régimen subsidiado en salud, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del Dane en 2023. Sin embargo, las personas que viven en la zona rural son las que menos acceden a los servicios de salud. Solo el 3,7 por ciento de quienes registraron afectaciones de salud y se dirigieron a los centros médicos viven en la zona rural, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila.
Según ese sistema, los eventos registrados que más afectan la salud de la población en La Guajira son las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, las infecciones respiratorias agudas graves, el dengue y la morbilidad materna. Pero ninguno de los centros de salud rurales tiene la capacidad para atender estos eventos.
Consonante hizo un recorrido por los corregimientos de El Hatico, Conejo y Sitio Nuevo, el resguardo Mayabangloma, y las veredas Pondores, Las Colonias y Las Marimondas, para conocer la calidad del servicio de salud y las principales necesidades de la población rural.
Las veredas más alejadas del casco urbano de Fonseca están en la serranía del Perijá. Allí, los habitantes se ven obligados a caminar por más de una hora para encontrar un transporte que los lleve hasta el puesto de salud de Conejo o hasta el hospital San Agustín de Fonseca.
El trayecto es largo y agotador para las personas. Carlos García tiene 63 años y vive en la vereda Pondores, dice que solo hace ese recorrido por necesidad, porque “conseguir transporte es lo más difícil a la hora de salir de la finca”.
Para llegar a tiempo a sus citas médicas, García debe caminar durante una hora y media. En varias ocasiones, su hipertensión lo obliga a buscar una moto que lo traslade desde su finca hasta el hospital. Pero este es un servicio poco común en la vereda, porque la vía está en pésimas condiciones. “Yo tengo mi control de hipertensión en Fonseca y la mayoría de las veces me toca irme caminando porque ninguna moto se quiere meter por acá”, cuenta García.
Pero su travesía no termina allí. En el hospital, García debe esperar dos horas aproximadamente para ser atendido. “Yo no sé por qué los que vivimos en la zona rural no tenemos prioridad en el hospital. Uno llega tarde y enseguida pierde la cita”, lamenta.
"Yo no sé por qué los que vivimos en la zona rural no tenemos prioridad en el hospital. Uno llega tarde y enseguida pierde la cita".
Carlos García, habitante de Pondores
Esa es la situación de todos en Pondores, donde no hay ningún puesto de salud en funcionamiento. El módulo de atención más cercano es un pequeño local improvisado para las jornadas médicas, que se encuentra en el AETCR de la vereda, pero que dejó de funcionar en 2019.
“Antes [el módulo] contaba con un médico, una enfermera y una ambulancia. Con los años ese esquema se fue deteriorando. Ahora solo tenemos cuatro jornadas extramurales al año y un doctor que solo viene para eso”, cuenta Heiner Arrieta, reincorporado del AETCR.
En las veredas Las Colonias y Las Marimondas, hay dos centros de atención que están abandonados, sin personal médico ni equipos básicos. Esto obliga a los residentes a viajar al centro urbano en busca de atención.
Los residentes de Las Colonias, por ejemplo, tienen que recorrer 34 kilómetros hasta el hospital San Agustín en Fonseca, una travesía que toma tres horas debido al mal estado de la carretera. En situaciones críticas, algunos deben caminar hasta 15 kilómetros en terreno montañoso para llegar a Conejo, donde pueden encontrar transporte.
Esta es la opción más viable para los habitantes, pues viajar en camión desde Las Colonias puede costar entre 150 y 180 mil pesos, mientras que en motocicleta cuesta entre 30 y 40 mil pesos.
“La atención en salud en Las Colonias es nula. Cuando tenemos emergencias médicas solo contamos con la colaboración de algún vecino con vehículo que nos brinda el auxilio para ir hasta Fonseca. El puesto de Conejo no tiene atención permanente y por eso vamos derecho hasta Fonseca”, cuenta Esneider Torres, habitante de la vereda.
"La atención en salud en Las Colonias es nula. Cuando tenemos emergencias médicas solo contamos con la colaboración de algún vecino con vehículo que nos brinda el auxilio para ir hasta Fonseca".
Esneider Torres, habirante de Las Colonias
El resguardo indígena Mayabangloma tiene un puesto de salud que atiende a 1.300 familias. Es el único centro médico en la zona rural que ofrece atención casi todos los días y recibe visitas regulares de la unidad odontológica. Además, cada dos o cuatro meses se realizan jornadas de citologías y vacunación.
Aunque no hay una enfermera fija, una promotora de salud wayuu se encarga del puesto médico. Ella es el apoyo del médico de turno, que visita el lugar cuatro días por semana. Durante cada jornada, se atienden alrededor de 15 personas
“Acá se prestan servicios de consulta externa, control de enfermería, odontología, control prenatal, crecimiento y desarrollo, control de la juventud, de la primera infancia y de la vejez, hipertensión y diabetes. Estamos abiertos lunes, martes, miércoles y viernes”, cuenta Aurora Solano, promotora de salud wayúu.
Estos servicios se ofrecen gracias a un convenio entre el cabildo y el Hospital San Agustín de Fonseca. Este acuerdo fue establecido entre el gobernador del cabildo, Oscar Uriana, y la administración del exalcalde Pedro Manjarrez Fragoso. El objetivo es mejorar la atención a la comunidad wayúu, afiliada a la E.P.S Dusakawi, que cuenta con más de 5.000 miembros. A pesar de los cambios en la administración municipal, este acuerdo se mantiene y respeta.
La principal queja de la población es la falta de infraestructura adecuada en el centro de salud. No hay equipos médicos ni de oficina disponibles. El lugar se reduce a una casa con una terraza grande que funciona como sala de espera, un corredor angosto y dos habitaciones utilizadas como consultorios.
“Me atienden bien, pero me gustaría que hubiera más privacidad. Uno entra y las otra personas entran cuando lo están revisando a uno, eso no me gusta. Necesitamos algo más grande, más presentable y con más gente que nos atienda. No hay sillas para sentarse y estar de pie o sentada en el sardinel cansa”, expresa Landis Patricia Ramírez, habitante de La Loma.
El corregimiento de Sitio Nuevo, con una población de 610 habitantes, tiene la mejor infraestructura en salud de la zona rural de Fonseca. El centro de atención cuenta con una sala, dos consultorios, dotación de equipos médicos y de oficina.
“Nosotros tenemos un centro de salud que cuenta con una buena infraestructura, dotación y toda la logística necesaria para su buen funcionamiento, pero falta el recurso humano. Queremos que la atención sea permanente o al menos tres veces por semana”, cuenta Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC de Sitio Nuevo.
"Nosotros tenemos un centro de salud que cuenta con una buena infraestructura, dotación y toda la logística necesaria para su buen funcionamiento, pero falta el recurso humano".
Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC de Sitio Nuevo
Ese fue uno de los compromisos que asumió el gerente del hospital San Agustín de Fonseca quien visitó el mes pasado a la comunidad para hacer un diagnóstico del servicio que reciben en salud. “El jueves 16 de mayo tuvimos un fortalecimiento en materia de atención personalizada con la unidad móvil médico- odontológica en nuestro puesto de salud. Así esperamos que se cumpla todo lo dicho”, afirma Villalobos.
En El Hatico, un corregimiento con alrededor de 3.800 habitantes, los servicios de salud son limitados. Solo una vez a la semana, los lunes, una empleada del Hospital San Agustín abre el centro de salud y entrega 15 fichas a pacientes. Estos serán atendidos al día siguiente, el martes, cuando llega el médico de turno para realizar servicios básicos como medir la presión arterial, talla y peso, monitoreo fetal y vacunación.
El puesto de salud está compuesto únicamente por dos habitaciones y un corredor pequeño. En el corredor hay nueve sillas que funcionan como sala de espera. Al fondo, un escritorio de madera donde permanece la secretaria. Las habitaciones funcionan como consultorios, pero solo hay un médico de turno. No hay enfermeras ni equipos médicos ni tecnológicos.
“Me atienden bien, pero me gustaría que brindaran otros servicios para no tener que ir tanto a Fonseca, porque yo vivo en La Laguna y a veces me ha tocado por emergencias ir al hospital de Fonseca sin importar la hora”, cuenta Dina Luz Cabana, habitante de El Hatico, quien puede gastarse hasta 30.000 pesos en transporte.
Para Luz Cabana, es necesario contar con una enfermera permanente, una unidad odontológica, jornadas de citologías y computadores para una atención más ágil y efectiva. “O que al menos las jornadas de salud fueran continuas y con especialistas, no solo medicina general”, dice.
Por su parte, a los habitantes de la vereda de Guamachal del corregimiento de El Hatico, a 15 minutos de la cabecera municipal, se les facilita acudir al hospital Nuestra Señora del Pilar del municipio de Barrancas, a solo cinco minutos de distancia.
“Nosotros no tenemos centro de salud acá en Guamachal, por eso al momento de una urgencia nos toca acudir a Fonseca o a Barrancas, que nos queda más cerca. Para ir a Fonseca tenemos que recorrer 14 kilómetros hasta llegar al hospital, mientras que a Barracas solo son cuatro kilómetros”, cuenta Jimmy Redondo, habitante de la vereda de Guamachal.
“El mes pasado realizaron una brigada de salud y prestaron los servicios básicos, algo que hace más de cuatro años no pasaba", recuerda Redondo. “Nosotros merecemos un puesto de salud y somos los únicos que no tenemos”, lamenta.
El 9 de mayo, la empresa nacional promotora de desarrollo territorial ENterritorio S.A y el Ministerio de Salud anunciaron la puesta en marcha de un convenio para construir y mejorar los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en 44 corregimientos de 11 municipios de La Guajira, incluyendo Fonseca.
El convenio está valorado en $82.029 millones de pesos y prioriza a las poblaciones de Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva. Con su ejecución se espera “beneficiar a 7.200 personas con acceso oportuno y de calidad al sistema de salud a través de los CAPS", dice Lina Barrera, presidenta de ENterritorio.
“Se hará en algunos una reposición, en otros ampliación y en otros unas adecuaciones para mejorar los servicios, con alta calidad y sobre todo, con un enfoque en la prevención y promoción de la salud”, explica Barrera.
Desde el 12 de marzo llegó la autoridad de tránsito y transporte a Tadó. Ese día, un cuerpo especializado de tres agentes provenientes de Quibdó empezó a regular el cumplimiento de las normas de tránsito en el municipio. Su llegada ha generado descontento y críticas entre los ciudadanos y conductores, especialmente en el gremio de mototaxistas, dado que este es el principal medio de transporte y la mayor fuente de empleo en los hogares.
La presencia de los agentes es el resultado de una decisión tomada por la Dirección de Tránsito Departamental del Chocó, ante la inexistencia de un Instituto de Tránsito Municipal en Tadó y, por ende, de una autoridad local que ejerza el control de las normas viales. Según la ley 2251 de 2022, siempre que un municipio no cuente con su propio organismo de tránsito, la jurisdicción y competencia recaerá sobre el organismo departamental.
De acuerdo con Wilson Dabey, director de tránsito del Chocó, los agentes llegaron a los municipios de Tadó, Istmina, Condoto, Yuto y El Carmen de Atrato “con el propósito de hacer control”. “Nosotros no somos enemigos de ninguna persona, nuestra actividad es ayudar a que la gente tenga su documentación en regla y así salvar vidas”, asegura Dabey.
Los agentes están ubicados en varios puntos estratégicos: en la estación de Policía del barrio Popular, en la entrada de Tadó que comunica con Unión Panamericana, en la entrada del colegio Nuestra Señora de la Pobreza y en la calle Carmelita, a la altura del puente principal. Con su llegada, los mototaxistas y conductores de vehículos temen infringir las normas e incurrir en multas, razón por la que muchos evitan circular por esos puntos.
En Tadó hay 600 mototaxis y motocarros que prestan el servicio de transporte de manera informal, dado que el mototaxismo no está legalmente constituido. Además, es común que los conductores no cuenten con documentación como la licencia de conducción activa, la tarjeta de propiedad del vehículo, la revisión técnico-mecánica y el seguro obligatorio (SOAT). Por eso, las autoridades de tránsito llegaron a un acuerdo con los transportadores para dar plazo hasta el 30 de mayo de ponerse al día con los documentos necesarios.
Francisco Asprilla, veedor ciudadano, expresa su preocupación por las afectaciones económicas que puede generar la presencia de los agentes de tránsito en el municipio. Señala que, desde su llegada, hay una sensación de confinamiento entre los conductores, especialmente de los mototaxistas, quienes no podrían costear los gastos por las multas.
“Muchas familias dependen del ingreso diario generado por un conductor de mototaxi. Después de cubrir gastos como el alquiler del vehículo y la compra de combustible, apenas les quedan unos pocos pesos para necesidades básicas como alimentos. ¿Cómo estos conductores podrían costear los elevados costos de legalización de documentos que pueden alcanzar cifras de hasta uno, dos o incluso tres millones de pesos?”, cuestiona Asprilla. Por esta razón, considera, “la llegada del tránsito al municipio de Tadó es un verdadero atropello a la economía local”.
"Muchas familias dependen del ingreso diario generado por un conductor de mototaxi. Después de cubrir gastos como el alquiler del vehículo y la compra de combustible, apenas les quedan unos pocos pesos para necesidades básicas como alimentos".
Francisco Asprilla, veedor ciudadano
Kevin Estiven Perea Palacios, conductor de transporte público, también manifiesta su preocupación. En sus palabras, "los agentes llegaron al municipio de Tadó y nos cogieron de sorpresa. Es algo que no se avisó, no se anticipó y que tiene a la gente muy angustiada. Nunca se hizo ni una capacitación para uno empaparse sobre el tema".
"Los agentes llegaron al municipio de Tadó y nos cogieron de sorpresa. Es algo que no se avisó, no se anticipó y que tiene a la gente muy angustiada. Nunca se hizo ni una capacitación para uno empaparse sobre el tema".
Kevin Estiven Perea Palacios, conductor de transporte público
Según Perea, alrededor de un 60 por ciento del gremio de rapimoteros se siente afectado por esta situación. “La presencia de los agentes ha resultado en una disminución del flujo vehicular, lo que dificulta a los ciudadanos conseguir transporte en horas específicas cuando los agentes están presentes”, dice.
Además, señala que el turismo en la zona también se ha visto afectado. El domingo hubo retención de vehículos en la vía que conecta el municipio de Unión Panamericana con Tadó. Esta situación obligó a las personas a regresar a su lugar de origen, ya que no podían llegar a los destinos turísticos de la localidad, cuenta Perea.
“Me siento molesto con la llegada del tránsito porque se debió hacer una socialización. Aunque ellos digan que no hay la necesidad, sí la deben hacer por el pequeño motivo que es municipal, y aducen que es un convenio con la Gobernación”, coincide un ciudadano que prefirió mantener su anonimato.
De acuerdo con Wilson Dabey, director de tránsito del Chocó, el 80 por ciento de los conductores de motocarro no poseen licencia de conducción. Además, dice, “un alto número no tiene seguro obligatorio”. “A pesar de eso les hemos colaborado para que saquen sus documentos, porque la verdad es que algunos conductores prestan el servicio como les da la gana. Por eso están incómodos los guardas”, considera Dabey.
Deisner Luis Palacios Mosquera, secretario de gobierno de Tadó, asegura que la presencia de los agentes de tránsito tomó por sorpresa incluso a la administración municipal. Sin embargo, afirma que , “aunque se ha mencionado que la llegada de los agentes podría afectar la economía”, no comparte esa opinión.
“Recientemente tuve la oportunidad de dialogar con los agentes de tránsito y me tranquilizó saber que están adoptando un enfoque flexible en su labor. Cuando les pregunté sobre el número de vehículos inmovilizados, me sorprendió saber que apenas había uno. Esto es notable, considerando que han estado desempeñando sus funciones durante casi un mes. Si realmente estuvieran actuando de manera tan rigurosa como algunos sugieren, seguramente habría una gran cantidad de vehículos retenidos en el parqueadero”, explica Mosquera.
De acuerdo con el secretario, “los agentes de tránsito están llevando a cabo acciones pedagógicas y ejerciendo un control efectivo, lo cual es crucial para garantizar la seguridad vial en nuestro municipio. Confío en que su presencia contribuirá positivamente al ordenamiento del tránsito y, en última instancia, al fortalecimiento de nuestra economía local”.
Para el personero municipal, Guillermo Cuesta Paneso, la llegada de estos agentes sí está teniendo un impacto negativo en la economía local. Paneso subraya la importancia del gremio de mototaxistas, no solo para quienes utilizan sus servicios en el municipio de Tadó, sino también para aquellos que dependen de esta actividad como medio de subsistencia.
Además, Paneso señala que, como representante del Ministerio Público en esta localidad, no recibió ninguna notificación oficial sobre la llegada de esta dependencia al territorio. También asegura que ninguna queja formal ha sido presentada ante su despacho en relación con esta situación.
El 30 de mayo termina la etapa pedagógica del control de tránsito y transporte en Tadó. A partir de esa fecha, los agentes de tránsito de la Dirección de Tránsito Departamental del Chocó impondrán comparendos por infracciones a normas de tránsito. Las multas pueden ir, dependiendo del tipo de infracción, desde 152 mil pesos hasta tres millones.
En Tadó las personas ruegan que llueva para abastecerse y recolectar agua lluvia. El sistema de acueducto es deficiente, el agua que trata la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó no es potable, no hay suficiente cobertura y las tuberías presentan fugas. Por eso, una de las peticiones constantes que hace la ciudadanía es la del mejoramiento del sistema. Así quedó expuesto durante las mesas técnicas para la construcción colectiva del Plan de Desarrollo Municipal, el instrumento de planeación que será hoja de ruta del alcalde Juan Carlos Palacios para la asignación de recursos y ejecución de proyectos.
En los encuentros participaron líderes sociales de distintos sectores y presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), quienes destacaron la importancia de que sus propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo Municipal, ya que históricamente han sentido que sus necesidades no han sido atendidas.
“Por primera vez en la historia de Tadó el gobierno municipal solicitó a las Juntas de Acción Comunal presentar sus necesidades para que quedaran incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal. Esperamos que en esta ocasión las propuestas podamos trabajarlas de la mano de la administración a través de proyectos en conjunto”, dice Jesús Amín Orejuela, vicepresidente de la JAC del Barrio Escolar.
"Por primera vez en la historia de Tadó el gobierno municipal solicitó a las Juntas de Acción Comunal presentar sus necesidades para que quedaran incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal".
Jesús Amín Orejuela, vicepresidente de la JAC del Barrio Escolar
Durante las reuniones, los líderes de las organizaciones comunales también priorizaron el mejoramiento del sistema de acueducto, el fortalecimiento de los proyectos productivos de los tasodeños, la inversión en la infraestructura de los espacios deportivos y de los planteles educativos del municipio.
En Tadó, el sistema de acueducto funciona a medias. Alrededor del 75 por ciento de la población cuenta con el servicio pero, quienes lo tienen, aseguran que es intermitente y que nunca se sabe cuándo llegará o se irá nuevamente. En el mejor de los casos, las personas pueden abastecerse de agua durante una o dos horas seguidas. Pero no está bien tratada, por ende no es agua potable.
“Consumir esta agua que no es tratada afecta la salud humana. Nos da enfermedades, nos da parasitosis y fiebre”, cuenta Rocío Gutiérrez, presidenta de la JAC del barrio Reinaldo.
Muchas veces, el agua que distribuye la empresa se pierde entre las viviendas porque las tuberías están averiadas, explica Amín Orejuela, miembro de la JAC del barrio Escolar. “No solo se necesita más cobertura sino también que arreglen las fugas que existen en todas las calles y que se sensibilice a la comunidad sobre el uso del agua en sus hogares para que puedan tener sostenibilidad el tanque de almacenamiento”, dice.
Para Aristarco Parra, presidente de la JAC del barrio San Pedro, los sectores que más abandonados están en materia de servicio de agua potable son Ibordo y Pantanito, en San Pedro; Villas de Remolino y Guayacán, en La Ciudadela; y la urbanización Villa Esperanza, en el barrio Reinaldo.
“La gente solo puede abastecerse de agua del acueducto por unas horas. Toca recurrir a las aguas lluvias y comprar bolsas de agua”, cuenta Fausy Yurgaki, de la JAC del barrio La Ciudadela.
Para apoyar a los campesinos y emprendedores en Tadó, los líderes de las Juntas de Acción Comunal proponen que se destinen recursos especialmente para fortalecer los proyectos productivos y de soberanía alimentaria a través de la entrega de insumos e incentivos, así como de capacitaciones en educación financiera y sostenibilidad.
Aristarco Parra, presidente de la JAC del barrio San Pedro, asegura que los emprendedores necesitan impulso económico, tecnológico y empresarial. “Los emprendedores necesitan que el gobierno les ayude a comercializar sus productos, que les enseñen de mercadeo y finanzas para sacar adelante sus negocios”.
Para Rocío Gutiérrez, presidenta de la JAC del barrio Reinaldo, es necesario incentivar la capitalización de los emprendedores porque “ellos tienen iniciativa, pero no hay apoyo del Estado para fortalecer sus pequeñas empresas, por eso fracasan”.
"Los emprendedores tienen iniciativa, pero no hay apoyo del Estado para fortalecer sus pequeñas empresas, por eso fracasan".
Rocío Gutiérrez, presidenta de la JAC del barrio Reinaldo
En Tadó hay cuatro instituciones educativas en la zona urbana y dos en la rural, con 23 sedes que albergan 5.200 estudiantes. Todas necesitan una intervención, coinciden los líderes comunales, porque se encuentran en mal estado: los baños tienen baterías sanitarias dañadas; los techos presentan goteras; los salones no tienen ventiladores y, en algunos casos, las escuelas no cuentan con computadores ni servicio de transporte escolar. Esos problemas se presentan principalmente en el Instituto Técnico Agroambiental, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Pobreza y la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo.
Por esta razón, los rectores de los planteles educativos enviaron cartas al alcalde Juan Carlos Palacios solicitando acciones urgentes para mejorar las condiciones de la infraestructura en cada escuela del municipio.
Danilo Copete, rector del colegio Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro cuenta que “las escuelas necesitan un cambio de cubiertas, mejorar las baterías sanitarias, un encerramiento y la reubicación de las escuelas de Mumbú, Carmelo y Tabor”.
Para Gabriel Copete, exrector del colegio Nuestra Señora de la Pobreza, el mal estado de las instituciones educativas afecta el aprendizaje del estudiante porque “la educación también se desarrolla en la interacción entre compañeros y maestros en un mismo espacio”. “La situación es compleja porque algunos rectores no invierten los recursos de la mejor manera y creen que todo lo debe hacer el alcalde”, cuestiona Copete.
Los tadoseños cuentan solo con seis escenarios deportivos en el casco urbano. Hay tres canchas de fútbol, pero todas están llenas de maleza; un polideportivo y dos canchas múltiples, que también están deterioradas.
De acuerdo con Yesid Cossio, integrante del club de atletismo, “el único escenario deportivo que se encuentra regular es el polideportivo, los demás no están aptos para las prácticas deportivas porque al estar en mal estado pueden causar lecciones a los deportistas”. Para Cossio, también se necesita una pista de atletismo porque no hay ningún espacio para practicar este deporte.
Para Carlos Mario Mosquera, líder del club deportivo Mineritos, es clave que la Alcaldía realice un diagnóstico de los escenarios deportivos e intervenga cada uno de ellos, teniendo en cuenta su estado. “Los problemas de los escenarios deportivos están incluidos en el acuerdo municipal y tienen una estampilla llamada pro-deporte. Lo que falta es que los gobiernos cumplan con la ley”, destaca Mosquera.
En la zona rural de Fonseca hay cuatro puestos de salud, pero ninguno funciona eficientemente y solo uno cuenta con dotación e infraestructura adecuadas. Hay cuatro colegios con subsedes, pero todos tienen problemas estructurales y carecen de profesores. Es un sector netamente agrícola, pero los campesinos no cuentan con insumos ni maquinaria propia, muchos menos con vías en buen estado para distribuir sus productos.
Estas fueron algunas de las necesidades principales que las comunidades rurales plantearon durante los encuentros para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. En las reuniones participaron presidentes de Juntas de Acción Comunal, miembros de la población LGBTI, representantes de víctimas del conflicto armado, líderes sociales de los distintos sectores, tanto campesinos como integrantes del gremio de transportadores y comerciantes.
“La participación fue muy amplia por parte de las juntas y de la comunidad. Vimos el compromiso de la administración para solucionar los problemas que ventilamos y que plasmamos en el documento”, destaca Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC del corregimiento de Sitio Nuevo.
Aunque los líderes celebraron que fueran tenidos en cuenta, también manifestaron su preocupación con respecto a la metodología virtual usada para recopilar sus propuestas, teniendo en cuenta la falta de conexión que caracteriza a la ruralidad en el municipio. "Son muchas las necesidades y el mecanismo utilizado para el desarrollo de las mesas técnicas no fue el adecuado. Había que tener datos móviles, pero uno de nuestros principales problemas es la mala conectividad”, reclama Jesús Molina, presidente de la JAC de El Chorro.
El Plan de Desarrollo es la hoja de ruta que debe seguir la administración para destinar recursos a los proyectos priorizados y alineados con los objetivos de desarrollo territorial durante el periodo de gobierno. Este año, deberá ser aprobado por el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental a más tardar el 31 de mayo.
Consonante habló con distintos líderes y presidentes de las JAC de la zona rural, especialmente de los corregimientos de El Hatico, La Laguna, El Chorro, Jagüey y Sitio Nuevo, donde se desarrollaron las mesas de trabajo, para visibilizar las principales propuestas y necesidades planteadas por las comunidades.
La principal actividad económica en la ruralidad de Fonseca es la producción agrícola. En la región se produce arroz, yuca, guineo, maíz, ají, auyama, frijol, papaya, guineo, plátano, melón, entre otros. Sin embargo, los pequeños productores no cuentan con insumos ni maquinaria propia para sacar adelante sus cultivos, por lo que deben alquilar tractores, máquinas cortadoras de arroz, sembradoras y otros implementos para la preparación de la tierra.
Para mejorar su productividad, los agricultores solicitan que el Plan de Desarrollo Municipal incluya la creación de un banco de maquinaria agrícola que les permita cultivar con mayor autonomía. “La solicitamos para que el agricultor pueda hacer uso de él, para que no se pierdan las cosechas por carecer de los recursos para pagar el arriendo de estas máquinas”, dice Darwin Rodríguez, de El Hatico.
"Solicitamos un banco de maquinaria agrícola para que el agricultor pueda hacer uso de él, para que no se pierdan las cosechas por carecer de los recursos para pagar el arriendo de estas máquinas".
Darwin Rodríguez, presidente de la JAC de El Hatico
En esto coincide Jhon Guerra, presidente de la JAC de Jagüey, para quien “este tipo de maquinaria sería muy buena y de gran ayuda después que se le dé el manejo correspondiente”. “De esta forma se ayuda al campesino, al pequeño y mediano productor que no cuenta con recursos para contratar estas maquinarias".
En Fonseca hay un registro de 11.647 víctimas del conflicto armado, según las cifras más recientes de la Unidad para las Víctimas, por hechos violentos como desaparición forzada, homicidios y secuestros, que abrieron una dolorosa herida en sus habitantes. Sin embargo, solo 781 víctimas han recibido 850 indemnizaciones por 6.150 millones de pesos.
En El Hatico, más de 800 personas quedaron confinadas y atemorizadas luego de los asesinatos ocurridos el 13 de diciembre del 2000. Ese día, más de 50 hombres encapuchados, armados y vestidos con prendas de las fuerzas armadas, asesinaron a tres personas en la plaza principal: Francisco Sajauth León, conductor de 47 años; Fanor Antonio Martínez, tendero de 55 años; y José Laudebith Perez, agricultor de 60 años. Después de 24 años de este suceso, los familiares de los asesinados, así como las víctimas de otros hechos violentos, reclaman y esperan una reparación por parte del Estado. Por eso piden que sus necesidades sean priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal.
“Soy víctima desde el 2000, a raíz de un tío que me mataron, y por eso hemos recibido ayudas económicas por 900 mil pesos en dos oportunidades. Hace poco nos citaron para una actualización de datos, pero desde el año pasado no pasa nada, lo último que dijeron es que ya estábamos listos para la indemnización”, contó Jose Aurelio Sajauth.
Yolima Díaz, habitante de El Hatico y víctima del conflicto armado, cuenta que hace cuatro años los delegados de la Unidad para las Víctimas no llegan al corregimiento. “Yo perdí unas ayudas por falta de información y la respuesta que dan es que uno tiene que estar molestando”, asegura.
Una espera similar ha vivido Arturo Suárez, de El Hatico, quien asegura nunca haber recibido alguna reparación. “He acudido muchas veces, pero cuando veo la cosa que no camina desisto. Hay mucho trámite, a uno lo mandan para Riohacha, para El Molino, para donde unos funcionarios que nunca están en la oficina y uno se cansa. Yo soy una persona de la tercera edad y tengo que trabajar”, lamenta Suárez.
"Hay mucho trámite, a uno lo mandan para Riohacha, para El Molino, para donde unos funcionarios que nunca están en la oficina y uno se cansa".
Arturo Suárez, habitante de El Hatico
En la zona rural hay cuatro colegios: la Institución Educativa Técnica Agroambiental José Pérez de El Hatico, con sedes en Jagüey, El Chorro y Guamachal; el Centro Educativo Mayabangloma; el Centro Educativo Almapoque; la Institución Educativa Agrícola Departamental de Conejo, con sedes en Las Colonias, El Confuso, Cardonal y Sitionuevo. La mayoría de esos planteles educativos presentan daños significativos en su infraestructura: salones en mal estado, grietas en las paredes, baños deteriorados y techos agujereados.
La Institución Educativa Técnica Agroambiental José Pérez, por ejemplo, no cuenta con una cocina adecuada, ni con un comedor en ninguna de sus sedes. En El Hatico, los estudiantes deben turnarse para recibir los alimentos. “Desde el año pasado fue aprobada la jornada única, pero los estudiantes no han podido tener su almuerzo o desayuno y solo se les está suministrando alimentos procesados por falta de una cocina”, cuenta Jhon Guerra, presidente de la JAC de Jagüey. Además, señala Guerra, "la escuela necesita mejoras en el techo y mantenimiento en las aulas educativas porque se pone en peligro la seguridad de los estudiantes y de los profesores”.
"La escuela necesita mejoras en el techo y mantenimiento en las aulas educativas porque se pone en peligro la seguridad de los estudiantes y de los profesores".
Jhon Guerra, presidente de la JAC de Jagüey
Para Darwin Rodríguez, presidente de la JAC de El Hatico, “urge” que se realice una ampliación y reestructuración de la Institución Educativa Técnica Agroambiental José Pérez para subsanar todas las deficiencias que presenta y poder albergar la cantidad de estudiantes que demanda la comunidad.
Por otra parte, dice Rodríguez, el centro comunitario El Hatico “está en total abandono, en cualquier momento se puede presentar un accidente”, teniendo en cuenta que las paredes están agrietadas, el techo está en malas condiciones, no se cuenta con turbina para el abastecimiento de agua y los baños están deteriorados.
Los corregimientos de Fonseca han sufrido históricamente por la falta de centros de salud bien dotados, con personal médico y con servicios básicos eficientes. Por eso, dependen de brigadas y jornadas de salud para recibir visitas médicas, las cuales no son suficientes, coinciden los presidentes de las JAC rurales .
De los cuatro puestos de salud existentes, solo el ubicado en Sitio Nuevo cuenta con infraestructura digna y equipamiento, pero carece de personal para prestar atención médica. En otros corregimientos, como El Hatico, el panorama es más desolador, ya que el centro de salud se encuentra en abandono.
“El Hatico no cuenta con un puesto de salud apto para la prestación del servicio. Aquí viene un médico cada 10 o 15 días, solo abre los lunes para apartar citas y atender los martes, pero muchas veces no hay atención. El puesto de salud está en total abandono, las paredes están deterioradas, se necesitan consultorios, no hay unidad odontológica. Tampoco hay quien haga mantenimiento general”, dice Darwin Rodríguez.
"El Hatico no cuenta con un puesto de salud apto para la prestación del servicio. Aquí viene un médico cada 10 o 15 días, solo abre los lunes para apartar citas y atender los martes, pero muchas veces no hay atención".
Darwin Rodríguez, presidente de la JAC de El Hatico
El presidente de la JAC de El Hatico pide también que “se brinde un servicio integral”. “Aquí cuando hay alguna urgencia, la gente expone su vida para llegar al hospital de Fonseca porque no hay un médico permanente”. “Además, sería bueno contar con personal de enfermería permanente para brindar los primeros auxilios, suturas, toma de presión, toma de muestras de laboratorio y vacunación. Acá se presentan muchos accidentes de trabajo y sería bueno contar con este servicio”, agrega Rodríguez.
En la Serranía del Perijá, la situación es más compleja porque los habitantes deben recorrer largas distancias a lomo de animal y, en algunas ocasiones transportan en hamacas a sus enfermos hasta la cabecera municipal ante la ausencia de centros de salud y personal médico. Por eso, piden que se incluyan propuestas para mejorar el sistema de salud en la zona rural.
Claudia Peláez* descubrió a comienzos de este año que su clasificación en el Sisbén IV, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, había cambiado significativamente. Pasó de A1, el grupo para la población en pobreza extrema, a B5, el grupo para quienes viven en pobreza moderada. Peláez, madre cabeza de familia, responsable de cinco hijos (todos menores de edad y uno menor de cinco años), se angustió, porque sabía que con ese cambio quedaría por fuera de la Renta Ciudadana; el programa del Estado que ofrece un ingreso de hasta 1 millón de pesos a las familias para superar la pobreza extrema.
Claudia Peláez vive con sus hijos en la vereda La Argelia, en El Carmen de Atrato, donde no hay servicio de agua potable. Su casa no cuenta con energía eléctrica ni mucho menos con conectividad. En esa zona no hay ningún centro de salud cerca y aunque la mayoría de sus hijos va a la escuela rural, su hija mayor debe trasladarse a diario hasta el casco urbano para estudiar. ¿Por qué una mujer con sus condiciones quedaría por fuera de la Renta Ciudadana?, se preguntó Peláez, quien se trasladó hasta la oficina del Sisbén para conocer los motivos de ese cambio y manifestar su desacuerdo.
“La funcionaria del Sisbén revisó y me dijo que aparecía en el régimen contributivo, pero yo dejé de trabajar hace tres meses. Ella contestó que hasta que no dejara de aparecer, no se podía hacer ningún cambio. Me contó que ella había dejado de trabajar también y el sistema se demoró cuatro meses para reportar el cambio. Y aunque cambie, no significa que bajará el puntaje”, cuenta Peláez, para quien la Renta Ciudadana representa una ayuda fundamental en el sostenimiento de su familia.
"La verdad uno no entiende cómo el Gobierno revisa las ayudas. Yo realmente necesito esa platica, si no hubiera sido porque recibí ese recurso a principios de año, no sé cómo le hubiera comprado los uniformes y todos los útiles a mis niños. Ya llevo tres meses sin encontrar trabajo y debo rebuscar la comida para mi familia, no cuento con transporte y vivo bastante lejos, en el campo, donde las condiciones son muy difíciles para nosotras las mujeres", lamenta.
La verdad uno no entiende cómo el Gobierno revisa las ayudas. Yo realmente necesito esa platica (...) Ya llevo tres meses sin encontrar trabajo y debo rebuscar la comida para mi familia".
Claudia Peláez, habitante de La Argelia, en El Carmen de Atrato
Esto mismo le ocurrió a Martina Gutiérrez*, habitante de la vereda de Guaduas. Gutiérrez perdió hace tres años a su esposo, quien trabajaba la tierra y llevaba el sustento a la casa. Hoy, a sus 69 años de edad, vive sola en la finca y sin ayudas del Estado. Ha buscado ser beneficiaria del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, que entrega subsidios económicos para adultos mayores desamparados, pero Gutierrez no puede aplicar porque su clasificación en el Sisbén es C2, el grupo para la población vulnerable, y este no está priorizado.
Gutiérrez también se ha acercado a la oficina del Sisbén para pedir una revisión, pero no ha logrado ningún ajuste en su grupo de clasificación. "Ellos le dicen a uno que los puntajes los cambian desde Bogotá revisando unas bases de datos, pero para mí eso lo manipulan desde acá. ¿Cómo puedo tener un puntaje tan alto sin trabajo, sin marido y sin ayuda de nadie? Yo lo único que tengo es esta tierra que a veces hasta me estorba porque no tengo ni un peso para trabajarla", cuestiona.
"¿Cómo puedo tener un puntaje tan alto sin trabajo, sin marido y sin ayuda de nadie? Yo lo único que tengo es esta tierra que a veces hasta me estorba porque no tengo ni un peso para trabajarla".
Martina Gutiérrez, habitante de Guaduas, en El Carmen de Atrato
Los cambios preocupan tanto a las comunidades rurales como a las urbanas. El Sisbén es el primer filtro que la población debe superar para aspirar a los beneficios de los programas sociales del Estado y la reclasificación puede dejar por fuera a los hogares de las ayudas que reciben.
En esta entrega de El Explicador, Consonante resuelve las principales dudas sobre la actualización que puso en marcha el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada del Sisbén; las implicaciones que tiene en los hogares y qué pueden hacer las personas en caso de que consideren que el grupo asignado no encaja con su situación actual.
En diciembre del año pasado, el DNP informó sobre la actualización de la información económica de más de 20 millones de personas, es decir el 60 por ciento de los inscritos en el Sisbén, gracias a la inclusión de nuevas bases de datos. El objetivo: “tener un panorama más actualizado de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares”. Según la entidad, este cambio permitiría una mayor eficiencia en el gasto público, pues es gracias al Sisbén que el Gobierno focaliza la inversión social en quienes más lo necesitan.
Luego de haber puesto en marcha este ejercicio, 2 de cada 10 hogares inscritos en el Sisbén fueron reclasificados. Un total de 732.740 hogares que pertenecían al grupo A del Sisbén, que representa a un 17,8 por ciento de los inscritos en el sistema, dejaron de hacer parte del grupo de familias en condiciones de pobreza extrema y pasaron al grupo B, que representa a las personas en condición de pobreza moderada.
En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una posible vulneración de derechos fundamentales con la actualización del Sisbén. Con la reclasificación, advirtió, muchas personas “podrían perder su condición de beneficiarios”.
“La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60 por ciento del total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva categorización. Es preocupante que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Si bien los cambios podrían interpretarse como una mejora en la condición socioeconómica de los hogares colombianos, el defensor manifestó su preocupación porque “la reubicación en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital”.
El DNP, por su parte, aclara que el Sisbén “es imparcial a las ayudas y programas sociales nacionales y territoriales”, teniendo en cuenta que esta actividad es responsabilidad exclusiva de las entidades que administran programas sociales como Pensión Familiar, Vivienda Rural, Familias en Acción, Ingreso Solidario y Mi Casa Ya.
“Al momento de ingresar a un programa, las entidades que los administran son las encargadas de definir los criterios por los cuales focalizar a sus beneficiarios, así como las condiciones para permanecer o salir del programa. Durante el proceso de actualización vía registros administrativos, el DNP recomendó a los programas sociales hacer periodos de transición en caso de ser necesario, pero ellos son autónomos al momento de establecer o no este tipo de medidas”.
Para actualizar la información de los hogares, el Sisbén utiliza datos del Registro Social de Hogares. Esta es una plataforma en línea que integra información de registros administrativos de entidades públicas y privadas a nivel local y nacional sobre la identificación de las personas y sus características socioeconómicas poblacionales y territoriales.
El Registro Social de Hogares cuenta con 40 bases de datos nacionales y 860 bases de datos de entidades territoriales, provenientes de 32 gobernaciones, 20 capitales y 1.007 municipios, incluyendo la información que provee el Sisbén. Un ejemplo de esas bases de datos son las del Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Icfes, Migración Colombia, Icetex, Agencia Nacional de Tierras y Supersalud, entre muchas otras.
De acuerdo con el DNP, la información de la encuesta del Sisbén se actualiza cuando se presenta alguna validación de información en otros registros, o cuando existe nueva información reportada por el Registro Social de Hogares. La clasificación del Sisbén cambia, en otras palabras, dependiendo de la ficha socioeconómica que se actualiza a partir de nuevas bases de datos.
De acuerdo con la entidad, este cambio “permite no solo contar con la información más reciente del hogar sin que se requiera un trámite de actualización por parte del ciudadano, sino también disminuir la manipulación de información autodeclarada en el momento de la encuesta”.
Por motivos de seguridad de la información, explica el DNP, solo pueden acceder al Registro Social de Hogares las entidades que previamente hayan firmado un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, en caso de que las personas quieran conocer más detalles de su ficha socioeconómica del Sisbén, deberán solicitar la información personal haciendo el requerimiento completo al DNP, únicamente a través del formulario en línea.
En caso de que las personas tengan dudas sobre su clasificación, pueden hacer la consulta pública con su tipo y número de documento a través de la página web del Sisbén. Durante la consulta, indica el DNP, “la persona encontrará una nota técnica que indica que la información suya o de algún miembro del hogar ha sido actualizada a través de registros administrativos”.
Por ejemplo, explica la entidad, “un hogar realizó la encuesta en 2020 y en ese momento uno de los miembros se encontraba estudiando en el colegio. Sin embargo, con la información de registros administrativos identificamos que esa persona del hogar ya no está en el colegio, sino que está en la universidad, y por lo tanto se actualiza la información en el Sisbén. Teniendo en cuenta que la clasificación se otorga a partir de la información registrada, cualquier novedad o actualización de la encuesta puede hacer que la clasificación varíe”.
Las personas que tengan inconformidades con su grupo de clasificación en el Sisbén pueden acercarse a la oficina de su municipio para verificar la información de su encuesta y, en caso de ser necesario, solicitar una encuesta nueva para actualizarla. En estos casos, explica el DNP, “una vez el municipio envíe la información al DNP, deben surtirse los procesos de depuración, validación y publicación”.
Por otra parte, quienes tengan inconformidades con la actualización de su información en el sistema, deben acercase a la oficina local del Sisbén y solicitar los datos de su ficha socioeconómica. Al final, explica el DNP, encontrará la lista de entidades que los suministraron. Por seguridad, en caso de que la persona quiera conocer los detalles, deberá solicitarlos únicamente a través de este formulario. En caso de encontrar información errada, la entidad recomienda pedir la corrección directamente a la entidad que provee esa información.
No. El Sisbén, de acuerdo con el DNP, utiliza un modelo con más de 200 variables de las características de los miembros del hogar y su entorno, que ayudan a estimar el ingreso per cápita por persona. Esto quiere decir que el sistema “no utiliza información de bancos ni el ingreso auto reportado por los hogares, sino que hace una presunción de ingresos a partir de múltiples condiciones”.
“Este ingreso estimado en el Sisbén se compara con las líneas de pobreza oficiales del DANE, lo que hace que la clasificación final esté acorde con las mediciones de pobreza oficial. Por eso, gracias a la actualización realizada vía registros administrativos, la cantidad de personas clasificadas como pobres extremas o moderadas se acercan al número de personas en esa condición de acuerdo con la medición oficial de pobreza monetaria del DANE”, explica el DNP.
No. El DNP explica que la clasificación del Sisbén “no se asigna ni puede variar a discreción del DNP, ni de los funcionarios de las alcaldías municipales”. “La clasificación es el resultado del análisis de la información declarada bajo juramento en la encuesta por el hogar, que es validada con información del Registro Social de Hogares, y analiza condiciones de diferentes dimensiones tanto del hogar como de su entorno”, precisa la entidad.
Sin embargo, es común que las personas se encuentren con personas que les prometan cambiar su clasificación e incluso sospechen de funcionarios con este tipo de prácticas. En ese caso, pueden hacer la denuncia a través de la página web del Sisbén.
Según el DNP, la entidad realiza visitas constantes de monitoreo a las oficinas locales con el propósito de “revisar su funcionamiento y la forma de atención al ciudadano para, en caso de ser necesario, hacer recomendaciones de mejora”.
Por otro lado, explica, se analiza la información suministrada en las encuestas para identificar irregularidades en el proceso de recolección de la información. “A partir de los resultados se han implementado medidas de alerta, y donde en la mayoría de las ocasiones es necesario repetir el procedimiento. Un ejemplo son los casos en verificación por distancia donde se encuentra que los encuestadores no realizan la encuesta en la vivienda”, advierte la entidad.
Dependiendo de la gravedad, “es posible allegar los mismos a los respectivos entes de control para que realicen las diligencias necesarias en su competencia”, precisa el DNP.
*Los nombres de las personas fueron cambiados para proteger su privacidad.
A Carlos Acosta Sierra, habitante de Valledupar que visitó La Guajira a comienzos de este año, todavía le aparecen siete comparendos por $4.729.160 interpuestos por la cámara de fotomultas en la vía Fonseca-Barrancas. Esta es apenas una de las 20 mil infracciones que registró ese sistema en menos de dos meses, entre el 29 de diciembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024, y cuyos comparendos debieron quedar anulados en un plazo de 30 días, a más tardar el 19 de marzo.
A esto se comprometió el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca, que desmontó la cámara de fotomultas luego de las constantes quejas y protestas del gremio de conductores y mototaxistas de las principales ciudades del sur de La Guajira. Aunque el acuerdo quedó establecido en un acta firmada por representantes de cada una de las partes, más de un mes después, los líderes del gremio reclaman que aún no se ha cumplido con la eliminación de las multas, pues a muchos todavía les aparece el registro en la página web del SIMIT.
De acuerdo con Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito de Fonseca, hasta el 27 de marzo fueron anulados 17.957 comparendos, es decir, el 90 por ciento de las multas. El 5 de abril, informó, es el nuevo plazo para llegar al cien por ciento.
"El proceso de desmonte es más complejo de lo que parece, razón por la cual se amplió el plazo tres semanas más, hasta el 5 de abril, fecha donde se espera llegar a la meta del desmonte del 100 por ciento de estos reportes en el SIMIT", dijo Idárraga a Consonante.
A Carlos Acosta Sierra, residente en Valledupar, le preocupa la gran deuda que sigue activa en el SIMIT por una serie de infracciones que detectó el sistema de fotomultas en la vía hacia Barrancas. “Después de esperar más de un mes, mi deuda por más de 4 millones de pesos sigue apareciendo en el sistema. Esto me ha perjudicado, yo iba a vender mi carro y por tener estos reportes el negocio no se pudo realizar”, lamenta Acosta.
Edwin Ramírez, del norte del Valle del Cauca, es otro de los afectados por la cámara de fotomultas, con nueve comparendos por un valor de $7.622.760. “Lo que más me llama la atención es que nunca he viajado a la costa, no conozco La Guajira, para que me aparezcan estos comparendos", advierte.
"Lo que más me llama la atención es que nunca he viajado a la costa, no conozco La Guajira, para que me aparezcan estos comparendos".
Edwin Ramírez
Ante esta situación, Ramírez cuenta que envió derechos petición al SIMIT y al Instituto de Tránsito de Fonseca, e interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pero “aún no me bajan estos reportes que afectan mi trabajo, mi buen nombre y mi tranquilidad, ya que diariamente me llaman con la amenaza de que si no pago esos comparendos me van a reportar ante las centrales de riesgo financieras sin yo haber incurrido en ninguna falta".
Sobre ese caso en particular, Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito, asegura que “habría que analizar, porque puede que el carro esté enrollado con otro que esté por la costa, que su propietario no sepa y por esto aparezca reportado en el sistema”.
Carlos Rodríguez, residente en Fonseca, cuenta que aunque ha esperado pacientemente, “hoy siguen apareciendo cinco comparendos que ascienden a una suma de $5.128.000”. “Me he acercado a la oficina y lo que manifiestan los funcionarios es que espere un poco más, que pronto los van a desmontar. Esta situación es algo desconcertante porque uno no sabe con qué pueden salir y si realmente van a cumplir con lo consignado en el acta”, asegura Rodríguez.
El viernes 22 de marzo se realizó una reunión de seguimiento al desmonte de las multas interpuestas por el sistema en la vía Fonseca-Barrancas. Al encuentro asistió el alcalde Micher Pérez, el secretario de Gobierno Misael Velázquez y los representantes de los gremios de transporte, comercio y líderes sociales, quienes solicitaron al Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca y a Millenium System SAS un balance del proceso, teniendo en cuenta que son muchas las personas que todavía tienen reportes en el SIMIT.
Fidel Pitre, presidente de la Asociación de Cooperativas de Transportadores del Sur de La Guajira (Asocoopsur), manifesta su preocupación porque “llegó el 19 de marzo y la dirección de Tránsito y Transporte de Fonseca no cumplió con el objetivo de bajar las fotomultas en un 100 por ciento, tal como se había pactado en los acuerdos del 19 de febrero”.
"Llegó el 19 de marzo y la dirección de Tránsito y Transporte de Fonseca no cumplió con el objetivo de bajar las fotomultas en un 100 por ciento, tal como se había pactado en los acuerdos del 19 de febrero".
Fidel Pitre, presidente de la Asociación de Cooperativas de Transportadores del Sur de La Guajira
“Estos retrasos están generando inconformidad en muchos conductores que hoy exponen sus quejas al no ver reflejado el desmonte de estos comparendos en el SIMIT”, añade Pitre, quien espera que sí se cumpla con lo acordado para el 5 de abril.
Entre esos acuerdos, destaca Pitre, “dejamos claro que no se debe realizar ningún cobro por bajar las fotomultas, porque tenemos quejas de algunos usuarios que han llegado hasta las oficinas a resolver su problema y les han cobrado. No queremos que eso sea una causa para empañar el proceso, queremos que se cumpla con exactitud el acta que se firmó”, asegura.
Sobre los retrasos en la anulación de los comparendos, Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca, explica que “no ha sido fácil para nuestro equipo resolver miles de trámites”. “A penas llevaba 13 días en el cargo y me tocó estudiar el problema para resolver todas las peticiones y quejas. Hemos hecho un gran esfuerzo por cumplir con lo pactado en el acta. Estamos garantizando el proceso, ya solo nos falta desmontar alrededor de tres mil comparendos”, dice Idárraga.
La vía que comunica a San Vicente del Caguán con el centro poblado de Campo Hermoso es clave para el comercio de leche, carne y queso, productos que se comercializan en todo el país y son la base económica del municipio. El mal estado de la vía ha producido daños en los vehículos que la transitan e incremento en el costo del transporte.
Por eso, desde el 2021, varias Juntas de Acción Comunal de la inspección de Campo Hermoso se unieron para presentar el proyecto que hoy está en marcha: pavimentar dos kilómetros de la vía. Aunque es un tramo pequeño, para la comunidad significa un gran cambio en tiempos y costos y un primer paso para continuar con la propuesta para terminar todo el corredor. Para eso propusieron una cofinanciación en la cual las juntas aportan la mano de obra y la maquinaria.
El proyecto lo presentaron ante el programa Rutas Pdet, que hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que nacieron del Acuerdo de Paz con las Farc, y cuyo fin es cerrar brechas en los municipios más golpeados por el conflicto armado, como San Vicente del Caguán. Rutas Pdet, programa liderado por el gobierno nacional, tiene como fin mejorar la infraestructura vial vinculada a las cadenas productivas de lácteos y cacao en Caquetá, Putumayo y Nariño. Para lograrlo reciben recursos de la Unión Europea a través de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia (Adelco), una institución privada sin ánimo de lucro.
El proyecto fue aceptado y a las cuatro Juntas les dieron un presupuesto de 1.750 millones de pesos para ejecutarlo (más de 350 millones de pesos para cada una). Es la primera vez que las Juntas de las veredas Nuevo Palmichales, El Progreso, Circasia y Campo Hermoso manejan un presupuesto tan alto. A pesar de los desafíos que esto ha significado, la inversión y el trabajo de la comunidad empiezan a reflejarse en el territorio con un avance de casi la mitad de la obra según Ángela González, presidenta de la JAC de Nuevo Palmichales.
Llegar a ese punto no ha sido fácil para la organización comunal de Campo Hermoso. Primero, por la documentación que requerían para presentar a los proyectos y por los vacíos que tenían en temas de contratación. Segundo, porque la ejecución de los proyectos implica requisitos y formalidades, como la facturación electrónica o la digitalización de los documentos, que pueden ser difíciles de lograr en la ruralidad.
Sin embargo, la obra también ha sido un proceso de aprendizaje que los comunales quieren continuar y que consideran que los prepara para futuros proyectos. En especial con un Gobierno Nacional que ha querido empoderar a las JAC y darles mayor protagonismo en el desarrollo territorial.
El proceso para pavimentar la vía no empezó con la presentación del proyecto, sino con la capacitación a los comunales para que pudieran construirlo y concursar para su financiación. Hace cerca de cuatro años, Corpomanigua, una corporación que trabaja en la Amazonía y busca dinamizar procesos sociales, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) empezaron a dictar talleres sobre contabilidad y procesos administrativos a miembros de las juntas directivas y de la comunidad. Su fin era orientarlos en la gestión y manejo de proyectos.
Ángela González, presidenta de la vereda Nuevo Palmichales dice que al inicio de las capacitaciones asistían unas 11 veredas de la región, pero sólo las cuatro que se quedaron con el proyecto terminaron el proceso. “Algunas veían difícil cumplir con documentos como personería jurídica o libros sellados de tesorería y de inventarios”, cuenta González. Reducir los requisitos para participar en las convocatorias del Gobierno nacional ha sido una de las peticiones de los comunales.
Las capacitaciones fueron cruciales porque de las cuatro Juntas de Acción Comunal que tienen el proyecto, sólo la mitad tenían experiencia en ese campo. Ese era el caso de la JAC de la vereda Nuevo Palmichales y de la del centro poblado de Campo Hermoso. Nelson González, expresidente de esta última, cuenta que gracias a los recursos de cooperación internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) llegaron a manejar proyectos de hasta 450 millones de pesos y a través de esto construyeron varias obras, una de esas fue el restaurante escolar de la institución del centro poblado de Campo Hermoso.
El cruce entre las cuatro Juntas de Acción Comunal unido a la experiencia de unas y a la formación que ganaron otras, logró que el proyecto fuera adjudicado. Para la comunidad se trataba de un logro de todos. “Con nosotros la plata rinde más y son las mismas comunidades las que sirven como veedoras de los proyectos”, comenta Nelson González. Habitantes de Campo Hermoso como Obet Montenegro, opinan similar: “es importante que sean las juntas las que también contraten, desarrollen y ejecuten obras. Con eso los líderes se van capacitando en el proceso de contratación y nos vamos empoderando de nuestros propios recursos”.
"Con nosotros la plata rinde más y son las mismas comunidades las que sirven como veedoras de los proyectos".
Ángela González, presidenta de la JAC de la vereda Nuevo Palmichales
Esa ha sido la motivación principal de los comunales que están al frente del proyecto, pero llevarla a cabo ha sido difícil.
Alexander Gutiérrez es veedor de la pavimentación de los dos kilómetros de la vía. Para él, uno de los problemas que ha tenido la ejecución del proyecto es que el presupuesto no es aprovechado en su totalidad debido a las condiciones técnicas que les exigen. “Uno conoce estas vías desde hace años y sabe que hay mucho tecnicismo que no es necesario. Sin eso podríamos aprovechar los recursos y hacer el doble o el triple de lo que nos propusimos, pero el dinero no rinde lo que uno espera”, cuenta Gutiérrez. Según dice, les han exigido estudios de suelo certificados por un ingeniero topográfico. Para ellos este requisito es innecesario porque, dicen, conocen la vía desde hace años y son los que han estado metiéndole mano cada que esta necesita una intervención.
"Uno conoce estas vías desde hace años y sabe que hay mucho tecnicismo que no es necesario. Sin eso podríamos aprovechar los recursos y hacer el doble o el triple de lo que nos propusimos, pero el dinero no rinde lo que uno espera".
Alexander Gutiérrez, veedor
Jhon Cleider Garzón, presidente de la JAC de El Progreso, comenta que además de la restricción en el presupuesto siente que las compras o la adquisición de elementos claves para el proyecto se han complicado por que les exigen cotizaciones, facturas electrónicas, entre otros documentos. Aunque siempre han sido cuidadosos con el dinero que manejan, antes lo hacían de forma empírica y ahora deben llevar un mayor control de cada peso que invierten. “Hasta para comprar una libra de puntillas hay que pasar por un proceso de aprobación. Es engorroso, pero estamos saliendo adelante”, dice.
Otras dificultades ha sido por conseguir elementos que normalmente no tienen a la mano, como la maquinaria para cargar el asfalto y realizar las adecuaciones del terreno. Conseguirla ha sido difícil porque son escasas y las pocas que hay se mantienen ocupadas en otras obras. Por eso han tenido que gestionar el préstamo de las maquinarias ante la Gobernación, pero son las comunidades las que deben asumir los gastos de combustible y alimentación de los operarios. Eso eleva los costos que tenían presupuestados en un principio y hace que, en ocasiones, deban meterse la mano al bolsillo para suplir estos requisitos.
Aún sin terminar, la obra ya muestra algunos impactos positivos en el territorio. Uno de estos es la generación de empleo: 12 personas del municipio han sido contratadas en labores como maestros de construcción, contadores, auxiliares administrativos y las llamadas ‘paleteras’ que regulan el tránsito en la vía y fueron capacitadas por el Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena). Esa contratación también ha sido ejecutada con perspectiva de género, pues del total de trabajadores, la mitad son mujeres. Más allá de cumplir con el requisito de emplear a un porcentaje de la comunidad para poder ejecutar la obra, la medida genera oportunidades laborales y aportan al sustento económico del municipio.
Por razones como estas, y por el aprendizaje que todos los líderes dicen haber visto en los desafíos que se han presentado, es que siguen esperanzados en que oportunidades como estas, de ser los que se hagan cargo de la infraestructura de su territorio, se repitan. “Esto ha sido de mucho aprendizaje y nos ha ayudado a conocer las capacidades de cada uno como líder”, dice Garzón, presidente de la JAC El Progreso.
Para que estos proyectos se sigan llevando a cabo y se perfeccionen, Ángela González de la vereda Nuevo Palmichales propone que los procesos no sean tan complejos ni técnicos. “Ojalá lo hicieran de otra forma, que no lo amarren tanto a uno con tecnicismo. Está bien que nos exijan tener personal que sabe del tema, pero en otros aspectos nos exigen como si fuéramos ingenieros y no lo somos”, cuenta González.
Además, dice que procesos como estos ayudan a formarlos y a que los recursos lleguen directamente a las comunidades. “Si estamos haciendo esto es porque lo necesitamos. En cambio, si viene un intermediario nos va a quedar por ahí la mitad del presupuesto. Para nosotros ha sido una buena oportunidad que nos dejen manejar recursos, hemos demostrados que somos responsables y hemos cumplido con todo”, asegura González
"Para nosotros ha sido una buena oportunidad que nos dejen manejar recursos, hemos demostrados que somos responsables y hemos cumplido con todo".
Ángela González, presidente de la JAC de Nuevo Palmichales
Ante esto, Obet Montenegro, habitante de Campo Hermoso, también hace un llamado a los líderes reconociendo las dificultades que implican las apuestas que hacen por la comunidad: “Hay que tener mucha resiliencia, capacidad de adaptación, paciencia y transparencia porque al final, lo que queremos todos, es que se vean los resultados junto con la honestidad de los líderes”
De los dos kilómetros de la vía, la comunidad ya ha pavimentado 900 metros, casi la mitad del proyecto. Todos los días, por el tramo en cuestión, las personas se dispersan entre los que cargan y descargan material, los que supervisan la obra y los que controlan el tráfico con el único fin de cumplirle a la comunidad de Campo Hermoso.
Elkin Sepúlveda es un firmante de paz de 43 años, miembro del Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y con Enfermedades de Alto Costo (CONELAEC). También es padre de dos pequeños, esposo y estudiante de Ingeniería Civil, una carrera que escogió para aportar desde ahí a reducir la enorme brecha de desigualdad que existe en la población con discapacidad en el municipio.
Sepúlveda comenzó su defensa de los derechos de las personas en condición de discapacidad luego de la firma de los Acuerdos de Paz, al sentir que no fueron realmente incluidos y que hizo falta un enfoque diferencial. Desde entonces, fundó la asociación 'No Hay Límites', conformada por alrededor de 40 integrantes, entre reincorporados, adultos mayores y personas con enfermedades.
A través de ese trabajo han logrado cumplir con algunos de sus propósitos: la entrega de un espacio de rehabilitación funcional en el Hospital San Agustín, la creación de un minimercado de autoservicios y un proyecto productivo colectivo ubicado en Pondores. Ahora sueñan con un censo de la población con discapacidad para facilitar su priorización en Fonseca. También con garantías para acceder a la salud, la educación y la vivienda, y con una mayor inclusión laboral, política y social.
“Una persona con discapacidad es una persona, un sujeto político y de derechos. Tiene derecho a trabajar, a estudiar, a emprender, a acceder a la salud y a la educación. (...) Yo espero una política pública de discapacidad real y efectiva, que no sea una casa en el aire como la de Escalona, si no que sea aterrizada”, dice Sepúlveda.
"Yo espero una política pública de discapacidad real y efectiva, que no sea una casa en el aire como la de Escalona, si no que sea aterrizada".
Elkin Sepúlveda
Durante el encuentro de construcción del Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira, se escucharon las propuestas de la mesa con enfoque diferencial en la que participó Sepúlveda. Consonante conversó con él para conocer las principales necesidades y propuestas para garantizar mejores condiciones y oportunidades a las personas con discapacidad en el territorio.
Elkin Sepúlveda: Significa que cada día tengo que esforzarme para estar al nivel de las otras personas. Tener una discapacidad implica un proceso de exigencia permanente para buscar igualdad de condiciones. No debería ser así, porque la ley establece unas acciones afirmativas, que en el papel se leen muy bonitas, pero en la práctica no lo son. La discapacidad no es una limitación para mí, nunca ha sido una limitante. Tengo esposa e hijos, estoy terminando mi carrera de Ingeniería de Sistemas, tengo un rol de liderazgo y soy una persona muy activa. Quizá otros me ven con una discapacidad, pero yo me veo como un ser humano total, normal, común y corriente. Nos hacen sentir diferentes en la medida en que las personas nos ven diferentes.
ES: Demasiado. Hoy Fonseca no tiene un censo de población con discapacidad. Si vas a la Alcaldía para preguntar cuántos somos, no saben. Ahí te das cuenta del nivel de compromiso de los diferentes gobiernos municipales, que utilizan a la población con discapacidad para canalizar recursos, porque llegan dineros a través de las regalías y de la reincorporación con enfoque diferencial. Lo que pasa es que esta población ha sido más vista desde un punto de vista asistencialista que como sujeto político y de derechos. Cuando hablan de personas con discapacidad dicen: démosle 100 mil pesitos a esta gente para un mercadito. Si nos vieran como sujetos políticos y de derechos, pensarían en articular procesos productivos o iniciativas para que una persona en silla de ruedas pueda emprender, por ejemplo.
"Los gobiernos municipales utilizan a la población con discapacidad para canalizar recursos (...) Esta población ha sido más vista desde un punto de vista asistencialista que como sujeto político y de derechos".
Elkin Sepúlveda
Como unos raros. En la calle los niños se sorprenden al ver una persona con discapacidad. En el caso mío dicen: mami, mami, le falta una mano. Los niños son seres inocentes, hacen comentarios sin malicia, pero esa es la sorpresa con la que crece un niño aislado de una población que en Fonseca representa a más de 1.000 personas. Por eso creo que si logramos que los colegios desde la primera infancia atiendan a la población diversa y en condición de discapacidad junto con los que no tienen alguna discapacidad, esa “diferencia” hará parte del entorno cotidiano. Somos vistos así precisamente porque no hay esa interrelación desde niños hasta jóvenes y adultos, sino que siempre permanecemos aislados. Debe haber una inclusión desde la educación.
ES: Me gustaría que tuvieramos las mismas oportunidades que tiene todo el mundo. Que cuando haya una convocatoria de trabajo nos podamos presentar sin ese pensamiento de que seguro vamos a fracasar y que es mejor darle el emprendimiento a otra persona. Una persona sin discapacidad termina la universidad y tiene la posibilidad de trabajar, pero una persona con discapacidad tiene que hacer una especialización o una maestría para poder ser visto al nivel de la persona que ni siquiera la tiene, entonces hay que igualar las oportunidades y aplicar la ley con ajustes razonables y acciones afirmativas, que son las medidas para que la población que tiene una discapacidad quede al mismo nivel de las demás.
Si se midiera a la gente del 1 al 10, a una persona con discapacidad le pondrían un 3 en una convocatoria por su condición. Nos ponen a competir en un proceso igualitario, pero que no es equitativo. Esa discriminación en la empleabilidad de la población con discapacidad ha hecho que no quieran estudiar porque para qué estudio, para qué me preparo si como estoy en silla de ruedas no me dan el trabajo. O para qué preparar a mi niño si cuando le ven la carita y ven que tiene síndrome de down no le van a dar el trabajo porque piensan que no es inteligente o que no es competitivo.
ES: El acceso va más allá de una simple rampa. A veces me dan risa algunos lugares porque dicen “aquí tenemos acceso para silla de ruedas”, pero toca pedir ayuda de dos personas y uno jalando adelante. En otros países las carreteras incluyen un sistema de braille para que una persona ciega pueda ir tocando mientras cruza una calle. En Colombia ni siquiera existe un modelo de vivienda para personas con discapacidad. Una vivienda de interés social tiene una puertica de 90 centímetros y unos baños súper chiquitos donde es posible que no pase una silla de ruedas. En eso estamos muy quedados en el país. Valdría la pena tener un modelo de vivienda con enfoque diferencial en lo mínimo. Lo mismo en los baños de los colegios, porque puede que haya una rampa en la entrada, pero si el baño no tiene los soportes para que una persona en silla de ruedas pueda entrar, pues ahí está el problema.
ES: Una persona con discapacidad es una persona, un sujeto político y de derechos. Tiene derecho a trabajar, a estudiar, a emprender, a acceder a la salud y a la educación. La rehabilitación de una persona con discapacidad debe ser integral, que le permita enfrentarse a la vida e impactar laboralmente, económicamente, socialmente y políticamente sin dejar atrás los procesos de rehabilitación permanentes. Yo espero una política pública de discapacidad real y efectiva, que no sea una casa en el aire como la de Escalona, si no que sea aterrizada. Eso no va a ser de la noche a la mañana, por eso se necesitan acciones concretas. Por ejemplo, si se van a dar 100 casas en el municipio de Fonseca, que prioricen diez de esas casas para población con discapacidad; si se van a abrir 20 plazas de trabajo, que prioricen cuatro de esas plazas para población con discapacidad; si se van a dar ayudas de interés social, que un porcentaje sea para la población con discapacidad.
"La rehabilitación de una persona con discapacidad debe ser integral, que le permita enfrentarse a la vida e impactar laboralmente, económicamente, socialmente y políticamente".
Elkin Sepúlveda
ES: Destinar un presupuesto para contar con un banco de ayudas técnicas para que cuando un usuario necesite reparación de su silla de ruedas pueda ir a ese lugar, le entreguen una en perfecto estado, y reciban la silla de ruedas dañada para que pueda ser reparada y entregada a otra persona que la necesite en el futuro. Eso mismo con las prótesis o con los recursos para prótesis. Así se hace en otros países del mundo.
Para mejorar el acceso educativo, pedimos no solamente la atención de todos los niños por igual, sino que se realice un proceso formativo diferencial para los profesores, que se les permita conectar con los niños en condición de discapacidad.
También un fondo de ayuda a emprendimientos de personas con discapacidad. Hay que ver quienes están en condiciones y tienen las ganas de emprender, para apoyar con recursos esos procesos que potenciarían al municipio y al departamento en temas de inclusión.
En San Vicente del Caguán, las mujeres quieren emprender con sus proyectos productivos, pero no tienen tierras propias para cultivar. Quieren proponer planes, programas y proyectos para beneficiar a otras mujeres, pero sienten que no son escuchadas. Quieren tener autonomía económica y trabajar juntas, pero no disponen de un lugar para llevar a cabo sus encuentros.
Por eso, entre las necesidades y propuestas que piden sean incluidas en los planes de desarrollo municipal y departamental, se encuentra la creación de políticas públicas para fortalecer el acceso y la formalización de tierras, garantizar su participación en la toma de decisiones y la construcción de una nueva Casa de la Mujer.
Estas peticiones van en línea con los objetivos establecidos en el plan de acción anual de la Mesa Municipal de Mujer y Género de San Vicente del Caguán, un espacio de interlocución y diálogo entre las mujeres y las entidades territoriales para crear iniciativas y emprender acciones a su favor dentro del municipio.
La política pública de la Mesa de la Mujer propone, por ejemplo, “contribuir a la transformación de las condiciones sociales y económicas que producen discriminación, desigualdad y subordinación en las mujeres, con el fin de avanzar en la eliminación de la pobreza y de la pobreza extrema y de las barreras que enfrentan para el ejercicio de sus derechos”.
“Es muy importante que las mujeres participen en la sociedad, porque somos parte de ella, no somos ajenas. Somos seres humanos que buscamos una equidad”, dice Raquel Espinoza, líder rural y representante legal de la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí.
"Es muy importante que las mujeres participen en la sociedad, porque somos parte de ella, no somos ajenas. Somos seres humanos que buscamos una equidad".
Raquel Espinoza, líder rural
En el Día Internacional de la Mujer, Consonante compila las principales peticiones de mujeres líderes de diferentes organizaciones rurales y urbanas, trabajadoras sociales e integrantes de la Mesa Municipal de Mujer y Género para los planes de desarrollo tanto a nivel municipal como departamental. Las mujeres esperan que estas propuestas se reflejen en las hojas de ruta del alcalde Luis Trujillo y el gobernador Ruiz Aguilar.
Las mujeres del área rural de San Vicente del Caguán coinciden en lo difícil que es lograr la titulación de predios, legalizar las organizaciones rurales y sacar adelante sus iniciativas en medio del conflicto de tierras entre Caquetá y Meta. Esto, consideran, obstaculiza el acceso de las mujeres a los proyectos productivos en seguridad alimentaria, producción de especies menores, mejoramientos de praderas, entre otros.
“No es suficiente con el reconocimiento como campesinos sujeto de derechos cuando los acuerdos plasmados en La Habana no han iniciado para estos territorios”, considera Raquel Espinoza, representante legal de la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí, Aampy. “Ni porque somos municipios PDET se ha visto algo, no sé a quiénes les han entregado tierra porque en esta zona no”, agrega.
“No es suficiente con el reconocimiento como campesinos sujeto de derechos cuando los acuerdos plasmados en La Habana no han iniciado para estos territorios”.
Raquel Espinoza, líder rural
Para Espinoza, es vital acceder a la tierra, ya que “no podemos hablar de proyectos productivos cuando no hay donde sembrar la mata de cebolla”. Por eso, dice, las mujeres esperan que el Programa de Adjudicación para Mujeres Rurales, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se trabaje para este cuatrienio en colaboración con la administración municipal y la departamental. Así quedó consignado en el documento de propuestas de la Mesa Municipal de Mujer y Género de San Vicente del Caguán para el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.
“Esperamos se pueda trabajar de la mano de la Gobernación del Caquetá para la adjudicación y formalización de la propiedad rural a nuestras mujeres campesinas urbanas y rurales (...) Vemos la necesidad de que el fortalecimiento de sus procesos sea en formulación, presentación, gestión y ejecución de proyectos, para de ésta manera gestionar recursos de otras fuentes de financiación como son los recursos de cooperación”, se lee en el oficio enviado al alcalde Luis Trujillo.
De acuerdo con las propuestas de las mujeres, es necesario que “desde la Gobernación del Caquetá se maneje una plataforma que permita informar los procesos sociales en general, así como las convocatorias públicas y privadas, motivando la búsqueda de recursos para el cumplimiento de sus funcionalidades”, dice el documento.
De acuerdo con Lizeth Ramírez, quien trabaja en iniciativas sociales para mujeres y jóvenes, son las mujeres las que proponen iniciativas ambientales y de seguridad alimentaria. “La creación de huertas caseras nos llama la atención. Siempre han sido las mujeres pensando en sostener su familia, pensando en sostener sus hijos”, dice.
En San Vicente las mujeres han reclamado por más de diez años la construcción de un espacio para hacer reuniones, actividades y trabajar en proyectos. En diciembre del 2019 recibieron una casa en comodato por parte de la Alcaldía. Sin embargo, la misma administración advirtió sobre el riesgo de ocupar ese lugar, ya que el inmueble se encuentra en mal estado: la cocina y los baños están destruidos, el techo tiene goteras, las paredes presentan humedad y no hay servicio de energía eléctrica ni de acueducto. Por esta razón, las mujeres no han podido utilizar la casa y reclaman la edificación de una nueva.
Para Oneida Escobar, presidenta de la Mesa Municipal de Mujer y Género, “esa es la gran urgencia y el llamado que le estamos haciendo tanto al ente territorial, departamental como municipal. No disponemos de un espacio, y siempre que queremos reunirnos, nos toca alquilar un lugar", cuenta.
No contar con la Casa de la Mujer, explica, “afecta nuestros emprendimientos”. “El año pasado quisimos capacitarnos en modistería, pero no pudimos hacerlo en la casa porque no teníamos lugar ahí. Al principio nos ubicamos en el solar de otra casa, pero era incómodo. Al final logramos que la sede del Centro Tecnológico de la Amazonía nos brindara un espacio un poco mejor”, recuerda Escobar.
Por eso, Dionilde Rodríguez, líder del barrio Oliverio Castillo, considera fundamental contar con “un espacio para el crecimiento y desarrollo de nosotras las mujeres”. “Si hubiera un computador o la oportunidad para trabajar en artes en la Casa de la Mujer, allá estaría aprendiendo”, dice.
“Queremos un espacio donde nos podamos sentar y apoyarnos. Tenemos el deseo de aprender muchas cosas, pero no tenemos la casa, no tenemos esa oportunidad. Ojalá que Dios permita que algún día tengamos ese lugar”, concluye Rodríguez.
"Queremos un espacio donde nos podamos sentar y apoyarnos. Tenemos el deseo de aprender muchas cosas, pero no tenemos la casa, no tenemos esa oportunidad".
Dionilde Rodríguez, líder del barrio Oliverio Castillo
En San Vicente, buena parte de las mujeres están vinculadas a procesos organizativos y participan activamente en espacios como los consejos territoriales de planeación, paz y de juventudes, así como de las Juntas de Acción Comunal. Incluso desde el Concejo Municipal cinco mujeres intentan abrir el camino de proyectos que beneficien a otras. A pesar de esa representación, las mujeres sienten que no son realmente escuchadas y que sus propuestas no son tenidas en cuenta.
“Siento que todavía necesitamos ser más reconocidas. Normalmente en las organizaciones y las comunidades, a pesar de que participan un número grande de mujeres, quienes toman las decisiones siguen siendo los hombres, ocasionando que las mujeres no se sientan totalmente representadas o tomadas en cuenta. Hemos venido trabajando fuertemente por la equidad de género, pero se siguen presentando barreras”, cuenta Lizeth Ramírez.
"A pesar de que participan un número grande de mujeres, quienes toman las decisiones siguen siendo los hombres, ocasionando que las mujeres no se sientan totalmente representadas o tomadas en cuenta".
Lizeth Ramírez, trabajadora social
Para Jennifer Rodríguez, concejal del municipio y líder social del área rural, aunque “la mujer está ocupando espacios importantes en la política, el nivel de inclusión no es marcado porque es una lucha que lleva muchos años”. Por eso, cuenta Rodríguez, se trabaja en la formulación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo para crear la Comisión de Género para la captación de iniciativas, planes y proyectos en pro de las mujeres.
Esto teniendo en cuenta la falta de garantías de derechos de participación, que van más allá de cumplir con la cuota de género. De acuerdo con Ramírez, las mujeres necesitan que se tengan en cuenta las implicaciones que hay para ellas cuando asisten a encuentros lejos de su hogar y de su hijos, el costo del transportarse de un lugar a otro y el peligro que corren al levantar su voz.
“Realmente no se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres como mamás y esposas a quienes se les presentan responsabilidades por ser mujeres. A veces no tienen en cuenta los horarios para reunirnos ni las situaciones de riesgo cuando vamos a dirigirnos a ciertos lugares. Hay mucho machismo todavía, es muy difícil. Las parejas a veces no creen en los liderazgos de las mujeres y éso hace que ellas retrocedan, desistan de los liderazgos”, dice Ramírez.
Para Rodríguez es fundamental que las voces de las mujeres de la zona rural trasciendan. “Yo soy del campo, mi representación siempre ha sido en el campo, pero hay muchos espacios a los que no podemos llegar”, lamenta.
Blanca Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Mujeres A Sabor de Campo, de la inspección de Campo Hermoso, lo reafirma, para ella, las oportunidades de participación no se garantizan a todas las mujeres: “Creo que nosotras las mujeres rurales también tenemos derecho a participar en todos los encuentros que haya” Gutiérrez.
La cámara de fotomultas en la vía Fonseca-Barrancas, que generó múltiples reclamos en el sur de La Guajira, fue retirada este 19 de febrero luego de un mes y medio de protestas del gremio de conductores y mototaxistas.
El sistema fue instalado el 30 de diciembre de 2023 y, desde entonces, registró más de 7.000 infracciones de tránsito que fueron notificadas a los infractores. Las multas oscilan entre 500 mil pesos y, en algunos casos, alcanzan hasta los 30 millones de pesos. Esto llevó a los conductores a bloquear las vías durante más de siete horas en los municipios de Fonseca, Barrancas, Albania, San Juan del Cesar y Villanueva.
En respuesta a las protestas, el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca retiró la cámara de fotomultas, instalada por la empresa Milenium System SAS, y se comprometió a eliminar los comparendos reportados en la página web del SIMIT entre el 29 de diciembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024, para lo cual fijaron un plazo de máximo 30 días.
Así quedó establecido en un acta firmada por el alcalde de Fonseca Micher Pérez, el secretario de Gobierno Misael Velázquez, el exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte, José Vicente Velázquez; un representante jurídico de Millennium System SAS, el representante de la Mesa de Diálogo y Concertación del sur de La Guajira, Jorge Bolívar; y Fidel Pitre, representante de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira (Asocoopsur), quienes sostuvieron una reunión extraordinaria el 19 de febrero.
Durante el encuentro, también acordaron crear una comisión para “dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante la reunión y coordinar las acciones necesarias para su cumplimiento”, se lee en el acta.
Para Fidel Pitre, líder de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, "la situación se estaba volviendo insostenible”. “En varias ocasiones se lo manifestamos a los dirigentes del tránsito municipal e incluso citamos al alcalde para debatir el tema, pero nadie resolvía nada y cada día las multas aumentaban, convirtiéndose en algo lesivo para todos los que transitan en este tramo vial", indica el líder.
De acuerdo con Pitre, “hasta en el comercio se notaba la afectación causada por las fotomultas, ya que la gente de otros municipios no quería venir a Fonseca por temor a aparecer reportados con algún comparendo".
"Hasta en el comercio se notaba la afectación causada por las fotomultas, ya que la gente de otros municipios no quería venir a Fonseca por temor a aparecer reportados con algún comparendo".
Fidel Pitre, líder de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira
En sus palabras, fue el descontento de cientos de personas “lo que llevó a tomar las vías de hecho y cerrar las carreteras en gran parte del departamento”. Con la finalidad de, según Pitre, solicitar a las autoridades “su mediación para que no siguiera creciendo de manera desbordada la imposición de los comparendos”. Con los acuerdos fijados durante la reunión del 19 de febrero, “ya no hay que hacer ningún trámite para que se desmonten los comparendos detectados por esa fotodetección”, destaca Pitre.
Marlon Molina, comerciante y transportador, celebra la decisión. "Era justo y necesario realizar esta protesta, la verdad esto era algo que me agobiaba porque al revisar la página del SIMIT me encontré con la sorpresa que mi deuda pasaba los 20 millones de pesos, una situación que me tenía al borde de la locura por no poder pagar dicha suma”. Por eso, Molina espera que “se dé cumplimiento a lo pactado y se pare esta problemática que nos llena de mucha preocupación”.
"Era justo y necesario realizar esta protesta, la verdad era algo que me agobiaba porque al revisar la página del SIMIT me encontré con la sorpresa que mi deuda pasaba los 20 millones de pesos".
Marlon Molina, comerciante y transportador
José Ortiz, profesor en el municipio de Barrancas, cuenta que a raíz de la instalación del sistema, tiene 21 multas en el SIMIT por valor de $15.878.040. “El día 30 de enero se me dio por consultar la página y aún no me aparecía nada. Después de escuchar a unos compañeros que aparecieron reportados, el 17 de febrero ingresé nuevamente al portal y me encontré con esa injusticia”.
De acuerdo con Ortiz, “nunca socializaron desde cuándo empezaría a regir el cobro de las fotomultas”. Luego de los acuerdos, dice Molina, “espero poder descansar de esta pena que nos ha causado muchas molestias”.
El secretario de gobierno departamental, Misael Velásquez, contó en una entrevista con Cardenal Stereo que “el alcalde había tomado la decisión de retirar la fotomulta y los comparendos, pero no alcanzó a divulgar y la gente desesperada tomó las vías de hecho en más de diez puntos”. Ante este panorama, dijo Velásquez, “se logró el acuerdo de retirar la cámara de fotomultas y bajar todos los comparendos a quienes fueron objeto de sanción”.
"En la reunión se logró el acuerdo de retirar la cámara de fotomultas y bajar todos los comparendos a quienes fueron objeto de sanción".
Misael Velásquez, secretario de gobierno departamental
Sobre el sistema de fotomultas en la vía Fonseca-Barrancas, el funcionario apuntó que “ese sitio donde estaba ubicada la cámara no es de alta accidentalidad, hay otros puntos más críticos. Preocupa que la autorizó la Agencia Nacional de Transporte en el 2021, pero la aplicaron en el 2023, lo que genera un perjuicio para todos”.
Por su parte, el inspector de Tránsito y Transporte de Fonseca, Julio Blanchard, desmintió en diálogo con Consonante la información que circula en audios falsos a través de WhatsApp sobre que los infractores deben hacer cursos pedagógicos o trámites para eliminar los comparendos del SIMIT. De acuerdo con Blanchard, las personas no necesitan hacer ningún pago o trámite. “En el Instituto de Tránsito y Transporte vamos a continuar con el proceso de descarga como se pactó en la mesa de trabajo”, puntualiza.
Hoy se nota en la floresta un ambiente de alegría...
Y el rumor del ranchería es más dulce y sabe a fiesta.
¡Claro!... si es que está en Fonseca el pueblo y San Agustín
Conmemorando el festín de esta tierra de cantores
En donde los acordeones saben llorar y reír.
En el Carnaval de Fonseca, una celebración impregnada de músicas, danzas, desfiles y tradiciones arraigadas en la cultura del sur de La Guajira, existen personajes, lugares y costumbres representativas que hacen que la fiesta sea popular y única. Aunque muchas de ellas se transmiten de generación en generación, hay otras que se pierden y, por eso, son añoradas en el municipio.
Luego del Carnaval, que este año se realizó del 9 al 11 de febrero, Consonante hizo una selección de algunas de las costumbres que ya no están para recordarlas a través de los fonsequeros: la caseta La Estrella, la comparsa de los Solano, la tradición de los pilones y los personajes La Yeya y El Amigo son algunas de las tradiciones populares que despiertan la nostalgia de la gente.
Como cada año, los carnavales son protagonizados por los ciudadanos que se entregan a las fiestas, desde aquellos que bailan en las comparsas hasta quienes disfrutan en el público. Y son liderados por la Reina Central y el Rey Momo, elegidos por decreto para presidir las festividades.
Las actividades están marcadas por eventos públicos y gratuitos que ya son costumbre en Fonseca: la Lectura del Bando, los desfiles del Carnaval de los Niños, La Guacherna, la Gran Parada, la Batalla de Flores, y, por último, la noche de coronación. Durante estos eventos, los participantes visten trajes coloridos, llenos de lentejuelas y plumas para danzar al ritmo de músicas folclóricas y modernas. En Fonseca suena la cumbia, el mapalé, el garabato, las colitas, el vallenato, la champeta, entre otros géneros.
Aunque estas músicas y formas de vivir las fiestas se mantienen, estas son algunas de las costumbres que se han perdido:
Fue una comparsa que estuvo activa durante 15 años y en la que participaban más de 40 parejas conformadas por niños, jóvenes y adultos. Brisas del Mar era conocida por integrar a todas las generaciones de la familia Solano, quienes dejaron de desfilar hace cuatro años luego de la muerte de las tías Rosa Cecila Solano Bonilla y Virginia Solano Bonilla. A pesar de su ausencia en los desfiles, los Solano son muy recordados porque en varias oportunidades fueron ganadores de la mejor comparsa del Carnaval. “Era una empresa familiar, por llamarlo así, donde todos aportamos desde nuestro saber para que la comparsa se luciera con las danzas y el vestuario que usábamos”, recuerda Leonarda Solano Manjarrez, quien solía llevar la bandera de los Solano.
“Éramos todos de la familia o afines, los esposos, las novias, en fin, tenía que pertenecer a la familia directa o indirectamente para formar parte de la comparsa”, agrega Leonarda.
En Brisas del Mar, los bailarines llevaban vestidos coloridos y llamativos que cada año renovaban. “Eramos tan bailadores que la gente siempre a los que menos ritmo tenían los estimulaban y les hacían cumplidos en la calle por el entusiasmo que le ponían”, cuenta.
Máximo Martínez nació en Cañaverales, corregimiento de San Juan del Cesar, pero vivió gran parte de su vida en Fonseca. En los carnavales, ‘El amigo’ conquistaba los corazones de las personas por su forma de disfrutar las fiestas, sus disfraces coloridos y por llamar siempre a todos diciéndoles “amiga” o “amigo”. Máximo Martínez se paseaba entre la multitud y hacía gestos cómicos para hacer reír a la gente.
“El amigo fue un personaje muy grande y significativo para el Carnaval de Fonseca. Se vestía de mujer, se pintaba los labios, coqueteaba y bailaba. Era una persona que le inyectaba esa alegría a la fiesta y todos lo admiraban”, recuerda Alfonso Álvarez, compositor fonsequero.
Edilson Brito, también compositor, cuenta que “se disfrazaba todos los años y se caracterizaba por cargar siempre una grabadora en el hombro para escuchar música. Era un personaje querido por todos.”
La Estrella fue el lugar predilecto para las fiestas carnavaleras en los años 80 y 90 en Fonseca. Su insignia era una estrella en la puerta principal. Al entrar, las personas se encontraban con un espacio lleno de anuncios publicitarios coloridos, bancas de madera y una pequeña pista de baile donde los visitantes disfrutaban de los bailes carnavaleros.
En sus comienzos, la caseta era reconocida por proyectar películas a modo de teatro de cine, una iniciativa de su propietario Luis Antonio Mendoza Loaiza. Luego de la muerte de Mendoza, también se fue La Estrella.
“Esa caseta fue muy famosa, yo me atrevo a decir que los mejores carnavales después de Barranquilla estaban en Fonseca. Aquí tocaban Nelson Enrique, Jorge Oñate con los hermanos López, Alfredo Gutiérrez, Los Corraleros de Majagual, Lisandro Meza, Adolfo Echeverría y los fonsequeros Faustino Pitre, los caciques, Jesús torres y su conjunto”, recuerda Jose Manuel Romero, un docente fonsequero.
En ese entonces, las fiestas del municipio estaban marcadas por la presencia de grandes grupos musicales en vez de pickup. De esas celebraciones, así como de la caseta, “hoy solo quedan los recuerdos”, dice Romero.
Aurelia Antonia Martinez nació en 1914 en Cañaverales, corregimiento de San Juan del Cesar. Fue Reina del Carnaval y se convirtió en un personaje folclórico por su presencia en todos los desfiles y eventos, así como por su forma de gozar los carnavales, con disfraces llamativos y collares de colores.
Alfonso Álvarez, compositor, cuenta que “ella sobresalió en todas partes porque era un personaje muy grande del Carnaval. Recuerdo que para los carnavales del 2010 me tocó hacerle una canción. Ella tuvo ese lujo de montarse a la tarima y dijo aquí hay Yeya todavía por muchos años. Eso fue en febrero y lastimosamente se nos marchó en abril”.
Se prendió el carnaval temprano en Fonseca
lo voy a disfrutar con agua y maicena
ahí vienen las comparsas con la danza de la Yeya
todos brincan y saltan con la danza de la Yeya
Fue una tradición arraigada en los integrantes de las comparsas y los reyes del Carnaval, que se organizaban para buscar fondos económicos para solventar sus gastos durante las fiestas. Los pilones eran versos acompañados de tamboras en los que se pedía dinero a las familias en Fonseca.
“En Fonseca se ha perdido la tradición de los pilones. Antes las reinas y las comparsas salían en las tardecitas casi en la noche y con los pilones llegaban de casa en casa para pedir colaboración para la reina y su comparsa”, recuerda Miriam Hernández.
Según el relato de Hernández, los pilones “tenían un ingrediente adicional que eran sus disfraces, talcos y pinturas de colores para alegrar más la salida. Al que no daba plata le echaban la pintura en la cara, la ropa o en cualquier parte del cuerpo”. Los pilones decían:
A quien se le canta aquí
a quien se le dan las gracias
a los que vienen de afuera
o a los dueños de la casa…
Más de 50 personas, entre conductores y representantes del gremio del comercio, protestaron este martes 6 de febrero en contra de los comparendos interpuestos tras la instalación de una cámara de fotomultas sin previa socialización en Fonseca. Los manifestantes recorrieron la avenida principal, desde la calle 13 con carrera 22 hasta la carrera 2, donde se encuentra la unidad móvil que registra las infracciones de tránsito.
El sistema de fotomultas fue instalado el 30 de diciembre del 2023 junto a un aviso de detección electrónica por la empresa Milenium System SAS, contratada por el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca. En la primera semana de febrero, los conductores empezaron a recibir multas que van desde los 565.000 pesos y suman, en algunos casos, hasta seis millones de pesos por haber sobrepasado los 30 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad establecido.
Al revisar los comparendos, los infractores expresaron su rechazo al considerar que no se cumplió con la debida socialización del cobro de fotomultas. Además, alegan que esa zona no es de alta peligrosidad en accidentes, por lo que no se requiere una cámara de fotomultas.
De acuerdo con la ley 1843 de 2017, todo sistema para la detección de presuntas infracciones al tránsito debe cumplir con los criterios técnicos de seguridad vial establecidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que incluyen soportar los análisis de accidentalidad y flujo vehicular y peatonal en la zona.
“Tiene que haber un estudio que demuestre que es una zona de alta accidentalidad, que hay elementos de riesgos como tener una escuela muy cerca, donde la alta velocidad puede representar un riesgo. Ese estudio debe ser aprobado por el Ministerio de Transporte para poder expedir la resolución”, explica Víctor Cantillo, investigador y consultor en Ingeniería de Transporte y Movilidad de la Universidad del Norte.
Sin embargo, de acuerdo con Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS, la instalación del sistema de fotomultas en la vía Fonseca - Barrancas cuenta con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Fidel Pitre, uno de los líderes de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, considera que “esa cámara se instaló sin tener en cuenta el traumatismo social y económico. Ya se están viendo esas afectaciones y están llegando los comparendos. Estamos muy preocupados”.
“No queremos repetir la historia, porque la primera vez que pusieron una cámara de fotomultas en ese punto, de forma ilegal, y luego la quitaron, dejaron una cantidad de comparendos que ni pagando nos han bajado. Hoy tenemos ciudadanos y compañeros a los que les han embargado cuentas y el perjuicio ha sido irreparable”, cuenta Pitre.
"Esa cámara se instaló sin tener en cuenta el traumatismo social y económico. Ya se están viendo esas afectaciones y están llegando los comparendos. Estamos muy preocupados".
Fidel Pitre, miembro de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira
Jhon Jairo Otero, un empresario del sector exequial, manifestó su sorpresa al encontrar en la página web del SIMIT que “estaba reportado con una fotomulta del 4 de enero desconociendo la existencia de este dispositivo de detección de velocidad, ya que en ningún medio escuché o leí donde se socializara la instalación de una cámara fotomulta”.
José Ospino, un ingeniero que trabaja en Fonseca y Barrancas, cuenta: “Me aparecieron varias multas en mis dos vehículos que recorren diariamente esa vía”. Uno tiene comparendos por 4 millones 300 mil pesos y el otro por 5 millones 200 mil pesos, dice Ospino. “Nadie me informó hasta cuándo sería el límite de la fotomulta pedagógica. Además, me parece extraño tener estos reportes siendo una persona respetuosa de las leyes, así que espero una respuesta pronta por parte del tránsito de Fonseca para poder resolver esto”, agrega.
Evelmar Ramírez, trabajador de la empresa Dialnet, cuenta que “desde mi empleo me llamaron notificando que a la camioneta a mi cargo le aparecen dos fotomultas que suman más de dos millones de pesos y que debería buscar la forma de cancelarlos, situación que me tiene bastante preocupado porque mi salario no alcanza para pagar todo ese dinero y puedo perder mi empleo”. De acuerdo con Ramírez, “nunca he sobrepasado el límite de velocidad indicado, que es de 30 kilómetros por hora”.
"Esta situación me tiene bastante preocupado porque mi salario no alcanza para pagar todo ese dinero y puedo perder mi empleo".
Evelmar Ramírez, conductor
Andrea Cuesta, estudiante de Ingeniería Industrial, recibió una notificación falsa de fotomulta, “algo que me extrañó porque no tengo ni licencia de conducción ni mucho menos vehículo”. Según Cuesta, “me pedían entrar a un link y me pareció sospechoso, así que fui directo a la página del SIMIT y no me aparecía nada. Los malhechores se están aprovechando de los comparendos y mandan este tipo de correos para estafar”, advierte.
En entrevista con Consonante, Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS, anunció que “estamos analizando si se amplía el plazo de fotomultas pedagógicas, que estuvo desde el 30 de diciembre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024”. Esta decisión, en palabras de Peñaloza, se tomaría teniendo en cuenta “el alto porcentaje de infracciones cometidas”.
“Vamos a ver de qué manera le damos manejo a la situación y bajamos los comparendos. Así mismo, le pedimos a la ciudadanía que se culturice frente a las normas viales que se deben respetar para evitar hechos lamentables”, aseguró.
"Estamos analizando si se amplía el plazo de fotomultas pedagógicas, que estuvo desde el 30 de diciembre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024".
Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS
De acuerdo con Peñaloza, las personas que registraron sanciones deben “acercarse hasta nuestras oficinas para realizar el procedimiento correspondiente para tumbar la infracción”. De esta forma, los infractores no deberán cancelar las multas pero sí “hacer unos cursos obligatorios para poder quedar a paz y salvo del proceso”.
Fidel Pitre, miembro de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, asegura que, en caso de no ver resultados, “el gremio, la comunidad y los comerciantes iniciaremos una toma pacífica”. “No vamos a aceptar más atropellos por parte del Tránsito Municipal de Fonseca”, agrega.
Desde hace tres meses, 1.020 familias se asentaron en un terreno de 20 hectáreas destinado a la construcción de viviendas de interés social en San Vicente del Caguán. Los habitantes se organizaron para construir cambuches de lona y casas de madera como respuesta al incumplimiento por más de diez años de la Alcaldía.
A lo largo de tres administraciones municipales encabezadas por Domingo Emilio Pérez (2012–2015), Humberto Sánchez Cedeño (2016-2019) y Julián Alfredo Perdomo (2020-2023), los sanvicentunos esperaron la entrega de alrededor de 810 viviendas en la urbanización Villas de Marsella y 180 viviendas en Villa Joel.
Ante el constante incumplimiento, las familias, muchas de ellas de escasos recursos y víctimas del conflicto armado, se tomaron el sector conocido como Los Tubos, que llamaron Cataleya I. También ocuparon un terreno baldío del barrio La Orquídea, que bautizaron como Cataleya II, y una zona aledaña al humedal Yarumal, en la vía Palestro.
Para levantar su propia urbanización, los habitantes escogieron un vocero por manzanas distribuidas en 20 hectáreas. Las familias han contado con el acompañamiento de la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios Ambientales y Sociales (Coscopaz) y la guardia campesina del Losada Guayabero, un colectivo de protección territorial. Ambas organizaciones les han brindado apoyo técnico para su organización jurídica. En el caso de Yarumales, las 110 familias ya cuentan con Junta de Acción Comunal, mesa directiva y comités de concilio, deporte y trabajo.
Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I, cuenta que para todas las familias “la necesidad es muy fuerte”. “Al principio no teníamos agua, gracias a Dios ya tenemos. No tenemos energía y tampoco teníamos alcantarillado, así que tuvimos que hacer pozos sépticos”.
“Muchos somos padres y madres de familia, estamos acá por la necesidad. Necesitamos que el gobierno nos ayude, así sea que a todos nos toque pagar los lotes o reubicarnos en otro sitio porque también sabemos que este terreno era para otro proyecto, pero queremos que nos ayuden porque somos muchas familias, niños y ancianos que necesitan un techo donde vivir”, agrega Valverde.
"Muchos somos padres y madres de familia, estamos acá por la necesidad. Necesitamos que el gobierno nos ayude, así sea que a todos nos toque pagar los lotes o reubicarnos en otro sitio".
Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I
En eso coincide Ramón Antonio Rojas Martínez, un mototaxista habitante de Cataleya I. Para Rojas, lo más importante es tener “una casa, algo para habitar, porque el trabajo que uno tiene no da para mucho, alcanza solo para comer y para sobrevivir”.
Yuri Sisa, madre de dos niños y empleada doméstica, se mudó al asentamiento Yarumales porque “el sueldo para casi todas las mujeres es muy bajito, nosotras las las señoras que trabajamos en casa de familia no tenemos un salario mínimo y yo pagaba arriendo, pero no me alcanza”.
De acuerdo con Sisa, “lo único que le pedimos al gobierno es que nos den la oportunidad, que uno va pagando así de a poquito, porque uno no tiene toda la plata para conseguir un lote legalizado”.
Para mejorar las condiciones de vida en Yarumales, Shirley Muñoz, auxiliar de enfermería, le pide al alcalde que “trabajen de la mano” con las familias. “No queremos que nos regalen nada, pedimos un financiamiento para ir cancelando el lote”, dice Muñoz, quien destaca el trabajo de la comunidad. “Entre nosotros hemos construido la tubería, las cunetas y los pozos sépticos”, cuenta.
"Lo único que le pedimos al gobierno es que nos den la oportunidad, que uno va pagando así de a poquito, porque uno no tiene toda la plata para conseguir un lote legalizado".
Yuri Sisa, habitante de Yarumales
Para contar con el servicio de agua potable, las familias consiguieron el apoyo de Aguas del Caguán, cuenta Eduar Fabián Cano Almario, vicepresidente de Yarumales. Su prioridad ahora es lograr la ayuda de Electrocaquetá para contar con energía eléctrica. Sin embargo, dice Cano, “hemos hablado de eso en la comunidad, pero todavía la electrificadora no nos ha sacado el tiempo para dialogar”.
El alcalde de San Vicente del Caguán Luis Trujillo se reunió en diciembre del año pasado con un grupo de habitantes de Yarumales, Cataleya I y Cataleya II para escuchar sus necesidades y peticiones.
En una segunda reunión, que se realizó el 10 de enero de este año, el alcalde y su gabinete de trabajo anunciaron que adelantan gestiones de concertación con el Ministerio de Vivienda y Comfaca, la caja de compensación familiar para el Caquetá. Además, contó que se trabaja en un proyecto de acuerdo para presentar ante el Concejo Municipal en aras de resolver la situación, según informó el medio la Ventana Digital en su página en Facebook.
Luego de estos encuentros, Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I, cuenta que se espera que la Alcaldía realice un censo para conocer la situación de vulnerabilidad de las familias que habitan los asentamientos. “Viene una caracterización lote por lote, casa por casa, para hacer un filtro. Los estamos esperando en cualquier momento”, dice.
De acuerdo con Domingo Emilio Pérez, exalcalde del municipio, para sacar este tipo de proyectos adelante es muy importante que se “instale una mesa técnica con el gobierno nacional, departamental, municipal y con la constructora”. Y advierte: “hay un déficit de vivienda que debe estar incluido en la agenda de todo alcalde porque forma parte de la garantía de los derechos de las personas”.
