A las cinco de la mañana comienza a escucharse el canto de las aves en San Vicente del Caguán, municipio donde se han avistado unas 140 especies. Guacamayas, loros, golondrinas, entre otras, vuelan entre las copas de los árboles en busca de alimento y cuidar sus nidos. Su recorrido alcanza la zona del aeropuerto donde comparten el mismo espacio, un mismo cielo, con los aviones.

Para proteger tanto la biodiversidad como la seguridad aérea es necesario realizar un monitoreo constante. Tarea que desde hace cinco años está a cargo de Cristián Guerrero, biólogo de la Universidad del Valle y especialista en peligro aviario. Su jornada comienza cuando salen las aves, entre las 5 o 6 de la mañana, en cuatro puntos estratégicos del aeropuerto, en bloques de tres horas para controlar la presencia de aves y fauna silvestre. 

“Desde el 2020 se han identificado unas 140 especies de aves, pero hay unas que no son frecuentes en el aeropuerto y que no generan riesgo, por ejemplo, los tucanes, turpiales y mochileros (...) Hay aves muy vistosas, exóticas y bonitas. Por ejemplo, el guacamayo amarillo, la guacamaya roja, los loros, los juncos, los azulejos, las tangaras. Mi favorita podría ser la guacamaya roja”, describe. 

Guerrero debe monitorear un radio de 7 kilómetros desde el centro de la pista de aterrizaje por eso también visita y capacita a los dueños de fincas aledañas al aeropuerto. “Mi misión es hacer monitoreos y mantener fuera de riesgo las operaciones aéreas en cuanto a la presencia de aves y fauna. Tratamos de que no haya ratas, culebras o cualquier animal que pueda presentar riesgos tanto para las operaciones aeroportuarias como para el personal”, dice.

En este aeropuerto, según explica, lo que más se ven son chamones, garzas, azulejos, betis rojos, gallinazos, canarios, golondrinas, loros y guacamayas. “No es que vivan en el aeropuerto, pero pasan por esta zona entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde, cuando salen de los nidos”, afirma.

Sin el debido control y vigilancia de aves y fauna este proceso sería muy peligroso para los pilotos. El personal del aeropuerto debe verificar si un ave hace nido o está buscando refugio, o si están cruzando por el campo aeroportuario. “El análisis de peligrosidad consiste en identificar los horarios en los que las aves frecuentan más la zona”, asegura el biólogo.

La principal herramienta para su trabajo son los binoculares, con estos observa por horas: “Hay aves que se pueden diferenciar; por ejemplo, el gallinazo tiene las puntas de las alas blancas y el guala tiene todo el ala blanca por debajo. A las guacamayas y a los loros los diferenciamos por el sonido, o a otras por la forma de volar (el forrajeo), otras si se perchan (quedarse en un lugar para descansar). Los vuelos de los gallinazos (catartes) utilizan remolinos de viento para volar sin gastar energía, por eso vuelan en círculos porque están montados en una térmica y cuando están comiendo empiezan a bajar por tandas”. 

Además de los binoculares, Cristián Guerrero tiene una bitácora donde registra las especies que observa, con detalles y horarios, una cámara fotográfica y un dron autorizado para su trabajo. 

Hay aves que vuelan en bandadas de 100 a 150, y por ello se crearon estrategias para disminuir el peligro aviario y mantener la seguridad del transporte aéreo. “Uno no puede decir que las aves no pasan, eso es imposible. Lo que hay que hacer es controlar la presencia y disminuir los atractivos potenciales: por ejemplo, el problema de San Vicente es el gallinazo, es el ave más peligrosa que tenemos en el aeropuerto. Hay gente que hace un mal manejo de los residuos orgánicos y de los animales muertos y esto atrae a los gallinazos (...) Nuestra labor es capacitar a los dueños de las fincas alrededor del aeropuerto para realizar un manejo que logre disminuir la presencia de gallinazos y el buen uso de los residuos orgánicos de su finca”, agrega Guerrero.

Cuidado de las especies

El aeropuerto de este municipio es tipo 4c. lo que quiere decir que solo se permite el aterrizaje de aviones pequeños como los de Satena. Desde allí vuelan a Bogotá y Neiva, los martes y los sábados. Para garantizar la seguridad también se dejan señales con pintura, bandas y luces de aproximación.

Las aves, según explica, llegan por varios atractivos como los charcos de agua o en las orillas de la pista de aterrizaje para hacer sus nidos, los árboles, cananguchales y ríos. “Nosotros analizamos en el aeropuerto cuál es el atractivo que hay dentro del aeropuerto para las aves. Algunas buscan refugio o nidos, por ejemplo, los alcaravanes hacen los nidos en la zona de seguridad donde está el pasto (...) Hay un ave que es muy grande muy peligrosa que le dicen el junco, una grandota que tiene un cuerno y andan en parejas, buscan los charcos de agua”, destaca.

“Cuando llueve mucho se generan cuerpos de agua que son un atractivo para muchas aves en busca de comida. También allí se albergan ranas, insectos y otros animales”, agrega. Si hay nidos se hace su traslado buscando no afectar el ecosistema.

Guerrero indica que no se ha registrado ningún accidente grave. En marzo de 2022 un avión de Satena impactó contra un chamón sin mayores daños. Esta ave busca arbustos altos, por lo que se deben mantener cortos. 

Néstor Espejo, licenciado en biología de la Universidad Distrital y ornitólogo, considera que el cuidado depende del hábitat en el que se encuentren las aves. “Se debe controlar los hábitats potenciales para aves que presenten riesgo de colisiones de aeronaves, entre más grande sea el ave mucho más peligroso será el daño. Los más peligrosos son los que llamamos chulos que alcanzan unas alturas considerables y que tienen una masa corporal grande. Para evitar esos accidentes se modifican los hábitats cercanos”, indica.

Espejo destaca que las rutas migratorias más grandes que tenemos en Colombia son las que conectan poblaciones de aves de Norteamérica, que vienen a pasar el invierno en el trópico, en los bosques y humedales: “Lo mejor para que no pierdan sus rutas es mantenerlos conservados, con la creación de áreas protegidas y un enriquecimiento de cultivos agroforestales para que puedan llegar a sus cuarteles de invernada que son los bosques”.

Peligro aviario

En Colombia hay 45 biólogos en los aeropuertos cuya labor es hacer que las operaciones aéreas sean amigables con el medio ambiente y tratar de tener el máximo respeto, entendiendo que los aviones comparten parte del espacio con las aves.

Sin embargo, las herramientas que usan pueden ser agresivas como la pólvora, voladores, totes, entre otros. “Nosotros tratamos de no usarlas. Si observamos que los vuelos de los gallinazos en verano son entre las 8 de la mañana y 3 de la tarde, pedimos que los vuelos sean a las 4 o 5 de la tarde, así no espantamos a las aves y las operaciones no corren riesgo”, asegura Guerrero.

Desde el 2014 se adelanta en el municipio el programa de gestión de riesgo de peligro aviario y de fauna, en el que se ha involucrado a la Policía, el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica), bomberos, entre otros.

Como parte de la sensibilización a la comunidad, además de las visitas a los finqueros se realizan campañas en colegios. “San Vicente tiene un déficit en educación ambiental. Los estudiantes no conocen el territorio, la biodiversidad ni las especies de aves y plantas que hay”, cuestiona. Guerrero propone que se trabaje en la construcción de un jardín botánico en el municipio para hacer recorridos y enseñar sobre la naturaleza.

El proyecto de creación y operación del organismo de tránsito en San Juan del Cesar ha mantenido en alerta a mototaxistas y transportadores en las últimas semanas. Este viernes en la madrugada nuevamente salieron a protestar en rechazo de que en el Concejo municipal se realicen sesiones extraordinarias para la discusión y aprobación del documento. El bloqueo se registra a la entrada del municipio, cerca del peaje.

El pasado 2 de diciembre la comunidad cerró la vía que comunica a San Juan del Cesar con el norte de La Guajira para ser escuchados por la administración municipal. Luego de una reunión con el alcalde Urbina, las partes acordaron no sancionar el proyecto y la realización de mesas técnicas para radicar un nuevo documento. Aunque la primera reunión estaba programada para el 13 de enero, desde el 26 y hasta el 30 de diciembre se citaron sesiones extraordinarias en el Concejo para discutir el proyecto.

El gremio de transportadores considera que seguir discutiendo el proyecto, sin realizar las reuniones con la comunidad, es un incumplimiento de los acuerdos, y por esto salieron de nuevo a las calles. Este jueves en la noche también se registraron bloqueos en la vía que comunica a San Juan del Cesar con Distracción, en el sector conocido como "la Y". Los manifestantes argumentan que la llegada del organismo de Tránsito no traería beneficios al pueblo y se convertiría en una suma de quejas si no se socializa correctamente ni se realizan los censos de los mototaxistas y de quienes trabajan con vehículos particulares.

San Juan del Cesar es un punto de paso obligado para parte de la movilidad de carga y pasajeros en la región. Según datos del IRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras) por sus corredores viales se movilizan entre 5.000 a 6.000 vehículos. Y un tránsito anual de 1.807.863 vehículos mixtos, según Invías. 

Gran parte de sus habitantes trabajan en el transporte público. En este municipio funciona el servicio de mototaxis, la mayoría sin licencia de conducción, y el transporte en vehículos particulares para moverse hacia  la zona rural, municipios cercanos y a Valledupar.

Álvaro Peralta, transportador de la ruta San Juan-Valledupar, cuestiona que podría repetirse la historia de Fonseca: “Mi posición siempre ha sido no al tránsito porque estamos viendo una situación similar en Fonseca en el que hay un tránsito que ha venido golpeando al pueblo y con esa misma intención lo quieren traer en San Juan, trayendo fotomultas y comparendos”.

“A los de transporte informal nos trataron de ilegales en ese proyecto, somos informales y venimos haciendo la labor de la mejor manera, nunca he sido un delincuente. Las cifras que muestran en los estudios son absurdas”, agrega Peralta. En el proyecto se estima que entre 1.800 a 2.000 motociclistas se dedican al transporte público informal y que, en promedio, realizan 30 carreras al día. Sin embargo, el gremio cuestiona que no se ha realizado un censo.

Peralta asegura que de llegar el tránsito, el bolsillo de los transportadores de la zona rural se verían afectados económicamente, porque este es el oficio que les permite llevar el sustento diario a sus casas. “Cómo van a tener esos carros de Caracolí y de las otras partes para sacar la tecnomecánica, seguro y licencia. Se sabe que son vehículos que vienen en sobrecupo y se van a ver afectados directamente”, se pregunta Peralta.

José López, el único concejal declarado en oposición, asegura que el proyecto no fue socializado: “Aquí no se llamó al grupo de mototaxis, no se llamó el sector comercio, no se llamó al Concejo. Simplemente radicaron un proyecto para aprobarlo. Ahí no se vivió un debate, fue una imposición por parte los concejales. Nos dijeron dilaten, hagan lo que quieran, que esto lo vamos a aprobar ya”.

López reconoce que hay problemáticas en la movilidad, pero asegura que no es necesario un organismo de tránsito. “Las motos sin luces en las noches son un peligro latente, falta respeto por la señalización, falta delimitación de las zonas para parqueo, pero para eso no necesitamos un organismo de tránsito y menos en sociedad de economía mixta (entidades públicas autorizadas por la ley y constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, en las que confluyen aportes de capital público y privado)”. 

El proyecto aprobado en el Concejo, con 10 votos a favor y 3 en contra, autoriza al alcalde para que cree el organismo de tránsito en San Juan del Cesar y se autoriza la fijación de las tarifas de los servicios de tránsito que se ofrecerán a los ciudadanos, haciendo referencia a los procesos de registro nacional automotor y de conductores, entre los más relevantes: matrículas, licencias de tránsito, traslados, renovaciones y expedición de licencias. 

“En primer lugar asignando y responsabilizando a la administración pública por la adecuada planeación y regulación del tránsito, el transporte y la seguridad vial, con la creación de un organismo de tránsito rector de la actividad, y en segundo lugar, aprovechando las posibilidades que nos brinda la ley para vincular a la comunidad y al sector privado en la eficiencia y sostenibilidad del mismo, la generación de recursos de inversión y el empleo formal, con la creación de una entidad pública del tipo sociedad de economía mixta, que apoye las tareas delegables del organismo de tránsito”, dice el proyecto de ley.

Los mototaxistas, transportadores y la comunidad ven cómo en Fonseca, municipio cercano, no se socializó la llegada del organismo de Tránsito, no hubo debate en el Concejo ni se han atendido los cambios que pide la comunidad. Estos hacen parte de sus argumentos para pedir revisión del proyecto.

Este es el proyecto:

Un Tránsito en Fonseca que no funciona 

Desde su llegada en 2015, la concesión Millennium Systems y el Instituto de Tránsito, encargadas de la movilidad en el municipio, no han rendido cuentas del dinero recaudado en multas ni de su gestión y las quejas por presuntas irregularidades en la operación se siguen sumando mientras es paso obligado para  el transporte público y de carga entre el norte y el sur del país. 

Al contrato le restan 8 años, pero con tantas quejas e incumplimiento de acuerdos, se habla de poder finalizar antes la participación de la concesión Millennium Systems y se propone que la operación quede al 100 por ciento bajo el poder de la alcaldía. En este momento, la concesión recibe el 75 por ciento de los ingresos y la administración el 25 por ciento. 

En medio de protestas por parte de conductores y de la comunidad, y de citaciones al Concejo municipal ante comparendos injustificados y multas sin fundamentos, las dos entidades acordaron en mayo de 2023  los retenes a la entrada y salida del municipio y, en febrero, tuvieron que desmontar la cámara de foto detección y los más de 40.000 comparendos impartidos.

Sin embargo, la operación del tránsito en el municipio no ha mejorado. Este año han pasado tres personas por la dirección del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon). Hasta febrero estuvo José Vicente Velázquez, designado por la administración del exalcalde Hamiltón; luego, llegó Luis Emiro Idarraga Peña. Este último salió del cargo el 13 de diciembre y el alcalde Micher Pérez Fuentes nombró mediante acto administrativo a Julio Blanchard Iguarán como director encargado. Blanchard se venía desempeñando como inspector de tránsito y transporte.

En vista de las posibles irregularidades, el 1 de noviembre fue citado a audiencia ante el Concejo Municipal de Fonseca el entonces director Luis Emiro Idarraga Peña. Allí asistieron afectados por los comparendos para exponer sus quejas. Esta ha sido la única vez que se ha hablado del tema de cara al público.

Luis Emiro Idarraga Peña, exdirector del Tránsito, habló de las irregularidades que encontró al llegar al cargo. “La deuda de servicios públicos en estos momentos supera los 120 millones de pesos. En el parqueadero encontré a una pareja wayuu con un niño, quienes cuidan, atienden y custodian los automotores, están sin ningún contrato, ni seguridad social. Al llegar a la oficina de Tránsito no encontré funcionarios, ni secretaria, ni abogado, nada. Solo se cuenta con el nombramiento de dos reguladores de tránsito”, dijo en el Concejo.

Peña sostuvo que los procesos se dificultan por depender de la concesión Millennium Systems SAS. “Les hice el requerimiento de vinculación de cada uno de los empleados y nunca llegó. A estos empleados se les deben salarios, no tienen seguridad social y así hay muchas inconsistencias. Hemos ido legalizando ciertos actos administrativos, pero existen casos que solo pueden ser solucionados por la concesión”.   

Peña también envió un comunicado a la concesión Millennium Systems SAS, que opera en Fonseca, indicando que no es posible instalar las cámaras fotomultas. En este habla de “un detrimento patrimonial para la entidad y un enriquecimiento sin justa causa a favor de la concesión”, y añade: “La Dirección de Infraestructura y Vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial jamás ha realizado requerimientos sobre el inicio de las operaciones del sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito en Fonseca”.     

La concesión Millennium Systems SAS no da entrevistas ni responde correos. La comunidad incluso manifiesta que, cuando se reúne con las autoridades, lo hace a puerta cerrada y sin avisar. Desde Consonante se han enviado varios derechos de petición solicitando información sobre los ingresos y el reporte de gestión por comparendos y copia del contrato y no se ha recibido respuesta.

Por su parte, el concejal Deyber Guerra advierte que el problema del tránsito municipal es “histórico”. “El Tránsito Municipal anteriormente era una empresa extorsiva, no me da miedo decirlo. Te quitaban el vehículo a los puños, golpes, como fuera y luego te pedían un recurso para devolverte la moto. El problema de movilidad en el municipio sigue aumentando, al director hay que exigirle que cumpla con sus funciones, pero para eso necesita unas garantías”.

La concejala Eredis Brito también se refirió a las irregularidades mencionadas. “Como fonsequera estoy preocupada, no es la primera vez que se escucha esto en el recinto. Está en los audios, las denuncias, y debe salir una posible solución. Las consecuencias recaen sobre el municipio”.

Juan Manuel Díaz, alcalde encargado del municipio de Fonseca, expresó su desacuerdo con tener una concesión. “Definitivamente, todo redunda en un solo objetivo y son las arbitrariedades que ha venido cometiendo el Tránsito y la concesión que ha resultado dañino para la comunidad. Se necesita denunciar ante los entes de control competentes para que dejen de ser solo comentarios, por eso solicité la intervención de la Contraloría departamental para que intervenga al Tránsito”.

El gremio de conductores, quienes han sido los más afectados por los cuestionados procedimientos del Tránsito y la concesión Millennium Systems SAS, también alzó su voz de protesta.  Fidel Pitre, representante de los conductores, habló sobre la falta de transparencia: “Nos preguntamos a dónde fueron a parar los recursos de las 40 mil fotomultas. Aún cuando han comprobado que estos comparendos son ilegales, no los han quitado. Esto se debe denunciar ante los entes de control, no podemos seguir siendo permisivos ante estos abusos”.

El actual director del Tránsito, Julio Blanchard Iguarán, indicó que busca dar solución a las quejas. “Asumo con mucha responsabilidad esta nueva tarea con mi municipio en busca de lograr la normalización de contratación del personal. Tenemos claro que hay que sentarse con el sector privado para llegar a acuerdos que mejoren la relación, especialmente debido a los incumplimientos que ellos han venido teniendo con el Tránsito. Hay que reactivar los diálogos y buscar soluciones”.

Blanchar reiteró que no tiene conocimiento de la instalación de fotomultas: “No se instalarán dispositivos de fotodetección en el municipio en lo que resta del año, ni al inicio del próximo. Hay que ser muy prudente con ese tema; si el Gobierno lo ordena, habría que evaluarlo”.

Unas 700 familias de El Hatico, corregimiento de Fonseca, llevan 18 años esperando que terminen las obras de alcantarillado y el proyecto sigue inconcluso. En el barrio Bazurto, por ejemplo, hay varios problemas de salubridad ya que frente a sus casas hay una alcantarilla abierta que provoca el desbordamiento de las aguas residuales.

El proyecto se realizó bajo el mandato del exgobernador de la Guajira, José Luis González (2004-2007). En 2012, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 10 años de cárcel por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.

¿Qué dice la gente?

La comunidad advierte que en el proyecto hubo fallas desde la planificación del acueducto en el que, por ejemplo, no se conocieron los estudios. “No hay alcantarillado porque a un genio se le ocurrió tirar unos tubos y hacer unos manjoles (alcantarillas) en dos y tres calles del corregimiento. No tienen pozos sépticos (sistema de tratamiento de aguas residuales). Eso no tiene salida, no tiene nada”, cuestiona Luis Pérez, exconcejal de Fonseca. Tampoco se realizó una laguna de oxidación y quedó un manjol (una alcantarilla) que se rebosa y faltó una planta de tratamiento. 

Ante estas fallas, las familias realizaron excavaciones y construyeron pozos sépticos artesanales en los patios de sus casas, contaminando los pozos de agua potable. Y aunque se sabe que es un servicio que no funciona, se conectan a un sistema inexistente que genera malos olores y problemas ambientales. 

“¿Cómo voy a tirar los desechos que me van a quedar en esa tubería? Lógicamente se tiene que rebosar. Yo ahí le echo la culpa a los habitantes que están conectados y que saben que no hay servicio”, agrega Luis Pérez.

Pérez considera que, para que el alcantarillado funcione, se necesita una intervención de la Gobernación porque a nivel municipal se salió de las manos. “El proyecto tenía un costo cercano a los 60 mil millones de pesos. Se mencionó un subsidio con la cooperación de España, pero tocaba realizar un convenio entre las dos naciones y nunca se avanzó”, cuenta Luis Pérez.

Mónica Cantillo, habitante de El Hatico desde hace 10 años, advierte que lo que más le preocupa son los malos olores. Ella tiene 39 años y vive con sus dos hijos y una nieta. “Tenemos problemas porque la alcantarilla se desborda dado que no está funcionando y hay casas que están conectadas. Ese alcantarillado todo el tiempo está manando agua y va a caer a la acequia que está a la salida del pueblo que es donde se bañan nuestros hijos. Sabemos que nosotros no nos podemos sentar al frente de nuestras casas porque el mal olor es impresionante”.

“Cuando el olor es muy fuerte nos vamos al patio porque sabemos que no es bueno que estemos oliendo eso”, agrega.

Tahiris Quintana Arguelles tiene 34 años y lleva toda su vida viviendo en El Hatico. Es ama de casa y vive con sus cuatro hijos y su esposo. “El alcantarillado lleva más de 10 años con ese olor tan terrible y a los dos niños pequeños les afecta y nadie hace nada”, cuenta. 

“Aquí no está funcionando el alcantarillado y hay casas conectadas, eso ya está lleno y el agua busca por dónde salir. Las personas son conscientes de que no está funcionando y nos tiene a nosotros perjudicados”, agrega.

Tahiris evita salir de su casa para no sentir malos olores. “Eso nos genera problemas respiratorios y uno no sabe si, a largo plazo, pueda tener otras complicaciones. Ese olor es de todos los días, a cada rato, a veces frena una o dos horas y otra vez. Eso es todo el tiempo y ahora está peor porque ya hasta se le hundió la tapa. Cualquier persona puede caerse y tener un accidente grave”, puntualiza. 

Maria Lucía Martínez tiene 24 años y siempre ha vivido en El Hatico. Es auxiliar contable en una ferretería y vive con su esposo. “El problema es que el alcantarillado está rebosado y los malos olores y los zancudos aumentan. Desde que nací no ha funcionado el alcantarillado. He probado varias cosas en la casa y no se van los zancudos”, dice. 

“Escuché que habían firmado un contrato de un proyecto en el mandato pasado con unos españoles y se acabó el mandato y todavía estamos esperando”, agrega.

Autoridades no dan respuesta

Durante dos meses desde Consonante nos intentamos comunicar con Hernando Quintero, secretario de Planeación, y María José Brito, secretaria de Gobierno, y nunca se recibió respuesta. La comunidad también cuenta que no han recibido comunicación de qué seguirá en el proyecto. 

Lo que sigue

Los habitantes de El Hatico esperan una pronta solución a los daños que ha dejado un alcantarillado inconcluso. Por lo pronto, la recomendación a corto plazo es que las viviendas se desconecten para evitar que se desborde. Sin embargo, también requieren orientación con el tema de los pozos sépticos.

Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones? y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?

Desde la tierra de compositores les contamos la historia del Festival Nacional de Compositores y de los concursos, una tradición que se realiza cada año en San Juan del Cesar. El festival comenzó este viernes, 13 de diciembre; y va hasta el 15.

En el marco de esta celebración se realizan concursos de piqueria infantil y mayores, canción inédita profesional y aficionado. Espacios para que todos los compositores de San Juan y de la región muestren su destreza para componer canciones inspiradas en las costumbres del pueblo, el amor, la belleza de la mujer, la naturaleza, los paisajes mágicos de esta tierra y su luna sanjuanera.

También, les mostramos cómo preparar un plato especial para estas fechas: el chivo guisado con bollo de mazorca.

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Hace dos semanas, un grupo de 80 comerciantes se reunió con la Policía de Fonseca, al sur de la Guajira, para alertar sobre su preocupación por el aumento de atracos, robos y extorsiones de los que son víctimas. “Las cosas están horribles, en su peor momento. Acá atracan todos los días, hay fleteos y robos de hasta 40 millones”, denuncia un comerciante, quien pidió reservar su nombre por seguridad.

Algunos comerciantes consultados mencionan que han considerado cerrar sus negocios por la falta de garantías en la seguridad. “Sabemos que esta es la principal fuente de empleo del municipio, pero no soportamos más extorsiones ni robos. Si la situación no mejora, nos vamos”, cuenta otro comerciante. Los mensajes y llamadas, según afirman, se han difundido a todo el comercio, y los grupos criminales, que se identifican supuestamente como integrantes del Clan del Golfo, piden 30, 40 y hasta 50 millones de pesos para no ser declarados como “objetivo”. Sin embargo, los comerciantes creen que detrás de esto no solo está el Clan del Golfo, sino también otros grupos armados.

Los mensajes de extorsión son enviados por WhatsApp con nombre y apellido. El delincuente se presenta como el supuesto comandante financiero del Ejército Gaitanista de Colombia y habla de una “citación para tratar temas correspondientes a su apoyo y retomar dicho acuerdo”.

Son varios los hechos de violencia que los comerciantes han documentado: el dueño de un local comercial recibió dos disparos en las piernas, en otro negocio se llevaron los celulares de todos los empleados, en un almacén se robaron 14 millones de pesos y a una empleada de Coca Cola le robaron 50 millones de pesos a la entrada del banco. 

Y aunque, después de la reunión con la Policía de Fonseca, se capturaron a 7 personas que extorsionaban bajo el nombre del Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia), para la comunidad el miedo persiste: “Nos sentimos vulnerables y hace falta acompañamiento del Gobierno. Estamos prevenidos y pedimos al Ejército, a la Policía y a la Fiscalía que intervengan”. A pesar del miedo, se atreven a denunciar porque quieren hacer visible el problema y pedir garantías para su seguridad: “No queremos más heridos, somos unos 2.000 comerciantes que pagamos impuestos y, si tenemos que cerrar y bloquear las vías, lo haremos”.

“No contesto números desconocidos porque me llaman para pedir plata. No hay apoyo de las autoridades, dan estadísticas que no corresponden a la realidad. A un comerciante le robaron el camión y la misma Sijin le dijo que pagara 20 millones para que lo devolvieran, no hacen operativos, no hay policías (...) Nos están matando y atracando, y el alcalde y la Policía no hacen nada”, reclama otro comerciante.

El Gaula de la Policía informa que se han instaurado denuncias por extorsión en los municipios de Fonseca, Barrancas y San Juan del Cesar en contra de comerciantes, ganaderos y agricultores. Solo en noviembre se identificaron a 4 víctimas y se capturaron a 3 personas relacionadas en los delitos. Para contrarrestar las extorsiones, el grupo de prevención e investigación criminal del Gaula realizará para la siguiente semana desplazamientos en los municipios para atender las denuncias.

Sin embargo, el Gaula advierte que no tiene confirmada la responsabilidad del Clan del Golfo: “Si bien es cierto se tiene presencia el Clan del Golfo, no podemos afirmar que las extorsiones mencionadas por los comerciantes en Fonseca se atribuyan a este grupo criminal, hasta no adelantar los respectivos actos investigativos a que dé lugar”.

Amenazas a Supergiros 

Para los vendedores de Fonseca, las amenazas están relacionadas con las recientes denuncias en Supergiros. “Es una advertencia para los comerciantes, ellos se hacen sentir metiéndose con nuestros empleados, no hay una seguridad completa”, advierten. 

El 4 de noviembre Marlen Fernanda Mozo, trabajadora de Supergiros, fue asesinada en el municipio de Bosconia, en Cesar, durante el día y en su lugar de trabajo. La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que el responsable de las amenazas y ataques que recibió la empresa de giros y apuestas venían al parecer del Clan del Golfo.

El 22 de noviembre en Luruaco, Atlántico, dispararon contra otra empleada de Supergiros y al día siguiente, hombres armados atacaron a otra mujer en el centro de Barranquilla. En el lugar, los delincuentes dejaron un panfleto firmado por el Ejército Gaitanista en el que amenazaban a quienes “operaban sin acuerdo”.  Por estos hechos, esta semana la Policía capturó a 12 personas que al parecer estarían detrás de los ataques.

Consonante intentó comunicarse, tanto por llamadas como por correo electrónico, con la Secretaría de Gobierno de Fonseca para conocer qué se ha adelantado y cómo se ha garantizado la seguridad en el municipio, y no obtuvo respuesta. Por su parte, la Policía de Fonseca tampoco dio declaraciones sobre el tema aunque fue contactada en varias ocasiones.

La violencia se expande en el departamento

Desde 2023, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), la violencia armada en Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar se ha intensificado debido a la disputa territorial entre grupos armados. Lo que ha incrementado los desplazamientos individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, masacres, homicidios selectivos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Este año se han registrado 1.356 desplazamientos en La Guajira, mientras en 2023 se registraron 956, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Este incremento, según el informe, obedece al desplazamiento masivo en la zona rural de Riohacha desde finales de febrero, que afectó a los corregimientos de Las Palmas y Juan y Medio: “Las principales causas de estos desplazamientos forzosos incluyen los enfrentamientos entre los grupos armados, el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado, las amenazas hacía los líderes sociales y las diferentes acciones armadas ejercidas por los mismos”.

Más de 2.800 personas de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos Wiwa y Kogui  fueron confinadas, entre febrero y mayo de este año, en zona rural de Riohacha debido a los enfrentamientos y la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia). “Los confinamientos dificultan a la población civil el acceso a servicios básicos, como la salud, la educación por la interrupción de ciclos escolares por el cierre de instituciones educativas y la obtención de alimentos debido al deterioro de sus medios de vida. Las comunidades optan por el confinamiento como medida de autoprotección, arraigo a su territorio y a las condiciones y características que este les brinda”, dice el documento.

Y, por último, la Ocha advierte que la circulación de panfletos en la zona rural de Riohacha ha generado temor y estigmatización social, lo que repercute en la agudización de los riesgos para la protección y la salud física y emocional de las personas, además de vulnerar el derecho a la libre circulación.

“La seguridad está alterada por la presencia de grupos armados en el territorio. La troncal Caribe está afectada por el narcotráfico. Las noticias de cuerpos desmembrados son cada vez más comunes”, dice una habitante de la región. 

La Defensoría del Pueblo mantiene vigente la alerta temprana de inminencia 025 de 2023 en la que advierte sobre los riesgos de los impactos humanitarios por la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC, relacionados con los negocios de contrabando y narcotráfico en la Troncal Caribe y áreas cercanas. 

Aunque la Defensoría alerta sobre la disputa territorial, también identificó otros hechos de violencia como las extorsiones y amenazas. “La utilización del terror como mecanismo de un mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control sobre la población civil a lo que se agrega la imposición de exacciones, extorsiones, amenazas de muerte, y restricciones a la movilidad que recaen sobre ella”, dice la alerta temprana 025 de 2023. La población en situación de riesgo incluye a comerciantes, hoteleros, pescadores, operadores de turismo formal e informal, transportadores, docentes, ganaderos, finqueros, jóvenes en contextos de vulnerabilidad, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.

En la Defensoría se han reportado denuncias de extorsiones a docentes, quienes han sido intimidados exigiéndoles el pago de un porcentaje a cambio de permitirles continuar con sus labores en los corregimientos de Dibulla, sobre la Troncal del Caribe. En algunos corregimientos de este municipio, grupos armados ilegales han realizado citaciones a líderes y lideresas sociales para imponer normas de conducta y cobros de dinero a cambio de “seguridad”.

Para la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios el registro de emergencias humanitarias, como el confinamiento, es un indicador del recrudecimiento del impacto del conflicto armado. Junto con la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas piden una respuesta humanitaria de todas las autoridades locales para garantizar la seguridad de las comunidades. 

“Siempre que entro les digo: ‘Con el permiso de ustedes, vengo a recoger lo que me regalan, gracias por la comida’. Les canto que son hermosas”. Ana Lucila Cañón cruza entre los alambres que dividen su finca y la zona de cananguchales en La Patagonia, una vereda a 40 minutos de Montañita, en el Caquetá. Lleva unas botas de caucho cubiertas de barro, una caneca para recoger los frutos de canangucha y una gorra para protegerse del sol, aunque podría no ser necesaria porque las hojas de las palmas forman sombrillas y refugio de todos los que lleguen al humedal.

El crujir de las hojas secas a su paso se mezcla con el canto de algunas aves, el susurro del agua y el aleteo de las palmeras con el pasar del aire. “Allá hay un racimo”, señala Lucila y ve hacía lo alto de la palma, que puede alcanzar los 35 metros de altura . “Esa está cargadita, pero todavía no está madura”, continúa y sigue en la búsqueda. Esa tarde su caneca salió vacía, pero sabe que en ocho meses podrá volver a recoger los frutos rojizos de canangucha (con nombre científico Mauritia flexuosa), o quienes otros llaman aguaje, moriche, morete y burití.

Lucila y su esposo, Lorenzo Cuellar, recogen los frutos cuando caen para no treparse por las palmas. “Los cananguchales son magníficos, son un regalo de la naturaleza. Sus raíces tienen un colchón de musgo y son las que retienen agua”, sostiene. Su casa queda a 15 minutos a pie de la zona de cananguchales, un ecosistema propio de la Amazonía que se encarga de conservar el agua y funciona como sumidero del gas de efecto invernadero. Este espacio es a la vez refugio de diferentes especies como reptiles, aves e insectos. Es fuente de vida y alimento.

“Cuando estoy entre las palmas siento paz, armonía, siento que me comunico con ellas. Cuando las veo secas y tristes le digo: ‘¿Qué pasó mija? ¿Por qué se cae?’ Luego veo que salen plantas nuevas, que son su reemplazo. Ellas también tienen su ciclo de vida”, resalta Lucila. Su amor a esta planta la llevó a tener en la parte trasera de su finca cultivos de canangucha, son jóvenes, miden hasta ahora unos tres metros y tienen sus hojas muy verdes. “Estas palmas hacen una gran labor sin recibir nada a cambio por eso da tristeza cuando la gente las maltrata, las trepa, debemos esperar a que el fruto caiga”, agrega. 

Lucila trabaja con otras 96 mujeres que hacen parte de la Asociación de Mujeres Rurales de Colombia y El Caquetá (Asmucoca), la cual cumplió 10 años de creación. María Daisy Bermeo, líder de la organización, cuenta que en el proyecto participan mujeres de Puerto Rico, Florencia y Montañita. 

“Nosotras hacemos la transformación de la canangucha en yogurt, arequipe, mermeladas, tortas, cupcakes y quesillo. Buscamos que la gente lo consuma, nosotras no vendemos. Llevamos la degustación para poder mostrar lo que tenemos”, destaca María Daisy desde la planta de tratamiento del fruto. El grupo de mujeres produce el aceite cosmético Doña Canangucha. “Cuando les doy a oler el aceite me dicen que huele a bosque, sirve para las manchas, las cicatrices y las arrugas”, resalta.

María Daisy llama a los cananguchales oro verde: “Es un oro que debemos trabajarlo y cuidarlo. A nosotros nos produce agua, oxígeno y tranquilidad por eso es oro verde”.

Un estudio del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y Corpoamazonía, publicado en 2007, identificó la presencia de la palma de canangucha en Colombia, Brasil y Perú, a lo largo de zonas inundadas y cursos de agua. En Colombia abarca las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas y el piedemonte de la cordillera de los Andes. Según encontraron, cada palma puede producir entre 4 y 8 racimos y cada uno puede contener entre 470 y 730 frutos de canangucha. Los investigadores además recomiendan el uso de la palma canangucha para recuperar áreas pantanosas deforestadas o para proteger suelos susceptibles a la erosión.

Palmas sagradas y resistentes

Esta palma es una planta sagrada para los pueblos indígenas y las comunidades. Diego Díaz Vargas, del pueblo Uitoto, afirma que deben cuidarse por servir de refugio y proveer alimentos: “Es la casa del protector o del jefe de los seres del agua que es la boa. Todos dependemos del agua, nosotros lo llamamos el líquido amniótico porque como humanos duramos nueve meses dentro del agua para después salir a esta superficie y seguir viviendo. Los cananguchales son un eje fundamental en nuestra cosmovisión y cosmogonía”.

“Para mí los cananguchales son como una mujer. Sus palmas son bonitas y diferentes a los demás, dan tranquilidad, son fuente de alimento y generan vida, pero también la quitan”, agrega. Pese a esta comparación, para los Uitoto solo los hombres pueden entrar a algunos cananguchales que consideran sagrados, puesto que creen que la mujer al menstruar está enferma y debe alejarse.

Igual que Diego, el ingeniero forestal Esteban Cabuya también reitera las creencias alrededor de este ecosistema: “La naturaleza tiene cristales sagrados y algunos lo interpretan como diamantes y esto le ha permitido a las palmas sobrevivir a las talas y a las quemas. Las palmas crecen en terreno húmedo, son socias, gregarias y hacen un buen equipo. La naturaleza les ha dado facultades para que se cuiden junto con las serpientes y por eso sobreviven”. 

Esteban Cabuya resalta que las palmas son resistentes incluso a las intervenciones del hombre: “La carretera les empezó a reducir la entrada de agua y la posibilidad de oxigenación, pero siguen resistentes. El cananguchal hace el proceso de riñón, es capaz de filtrar el agua y lograr mantenerse (...) Para mí es el equivalente del manglar que tanto adoran en el biopacífico colombiano”.

Por su parte, la ingeniera Agrónoma Mercedes Mejía considera que los ecosistemas de canangucha deben estar en la categoría de máxima protección, igual que los humedales: “Los cananguchales son muy importantes, ellos tienen su propia vida, su propia energía y biodiversidad. Son fuentes de agua y por eso debemos propender por cuidarlos, mantenerlos y aumentarlos”.

“Cada cananguchal debería estar georeferenciado y ser intocable. Hablar de un cananguchal es hablar de agua y son clave para la humanidad”, agrega. 

Un territorio por explorar en San Vicente 

San Vicente del Caguán tiene un área aproximada de 21.923,7 km², cuenta con una reserva forestal, una reserva campesina y un distrito de conservación del agua, según datos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía).  Sin embargo, el Fondo Europeo para la Paz alertó este año que el departamento perdió entre 2002 y 2021, 474.000 hectáreas de bosque primario húmedo.

A lo largo del departamento predomina el ecosistema natural acuático de humedales conocidos como cananguchales o morichales. Tan solo en el casco urbano de San Vicente del Caguán hay 13 humedales, con características y dimensiones diferentes. Uno de ellos está en el balneario turístico Club Burití, con 1.000 metros cuadrados de corredores de canangucha bajo el cuidado de Elizabeth Murcia Caviedes, ingeniera Agroforestal: “Con mi familia nos hemos dedicado a conservar la naturaleza y el medio ambiente por 10 años. El calor es infernal, estamos en noviembre y ya es verano, no debería ser así, se está afectando el cananguchal porque baja su cauce. Intentamos proteger, limpiar y cuidar para que en un futuro sigan observando la fauna que hay”, menciona Elizabeth. 

En San Vicente del Caguán, a diferencia de la experiencia de las mujeres de Montañita, no se ha aprovechado su fruto para la alimentación. Las palmas de aguaje tienen una buena producción de fruto, con racimos de 45 kilos aproximadamente. Varias especies habitan este ecosistema: tortugas, babillas, peces, cangrejos, guacamayas, loros, pavas, arañas, ranas, entre otros. “Ellos viven por el agua, si no hay agua ellos no tienen vida”, afirma Elizabeth y agrega que es un lugar lleno de magia donde es posible creer en muchas de las historias y mitos: “Dicen que la canangucha es una culebra que va de acuerdo con el fruto; si el fruto está verde la culebra es verde, si el fruto ya está amarillo, la culebra es amarilla y cuando ya está rojo, sale la culebra roja llamada X (Bothrops asper)”, agrega.

Antes no era necesario el manejo de este ecosistema, pero con los veranos fuertes, causados por la crisis climática, la familia de Elizabeth hace barricadas para evitar las fugas de agua y alimentan el cananguchal de otras fuentes para el funcionamiento sistémico. Otro factor de riesgo es la mano del hombre, personas externas que cazan las babillas, pescan los bocachicos o espantan a los animales.

Cristian Guerrero, biólogo y oficial de peligro aviario y de fauna en el aeropuerto Eduardo Falla Solano, se encarga de registrar las especies de animales alrededor del aeropuerto y garantizar la seguridad en el espacio aéreo. Desde su labor ha encontrando cananguchales de diferentes dimensiones debido a la tala indiscriminada para formar potreros, carreteras y hasta viviendas.

 “Algunas de las causas de la disminución de las palmas es la falta de educación ambiental y apropiación por el territorio, para un campesino de a pie el cananguchal es una barrera natural que impide la movilidad del ganado y en extensiones muy grandes se asocian a otras especies como helechos y arbustos lo cual impide una movilidad”, menciona Cristian Guerrero. 

La evidente reducción del cananguchal que rodea el aeropuerto se ve en islas de palmas secas y en palmas que resisten erguidas en medio de la potrerización.

La fuerza de los cananguchales es lo que más impacta a todo aquel que se acerca a este ecosistema. “Se mantiene resistente a la presión del sol, la pisada de animales y la tumba a mano del hombre”, explica Guerrero y agrega que el ciclo del cananguchal radica en la apertura de la raíz en la profundidad de la tierra: en épocas de lluvia almacena la mayor cantidad de agua generando una asociación entre especies “como una comunidad” y cuando llega el verano va expulsando agua de a poco, logrando aguantar hasta las siguientes lluvias. 

En tiempos de sequía, algunos frutos secos caen logrando integrarse entre el barro y germinar, lo que permite una reproducción natural y una esperanza para su preservación.

Una palma que resiste

En los límites del municipio de San Vicente del Caguán están los barrios de invasión Yarumales y Nueva Esperanza. 130 familias construyeron varias viviendas a unos 8 metros del humedal. 

Luis Alexander Acosta, fiscal del barrio Nueva Esperanza, reconoce que para construir sus casas algunos de los miembros de la comunidad tumbaron varios árboles, pero ahora están en la búsqueda de reforestar. “Estamos gestionando con Corpoamazonía y la administración municipal más árboles para sembrar y cuidar las zonas verdes. Nosotros estamos dispuestos a trabajar e inculcar el cuidado del cananguchal”, agrega. 

María Parada, presidenta del asentamiento Nueva Esperanza, describe al cananguchal como una especie única. “Es majestuosa porque ocurre el nacimiento de agua que es muy importante para nuestro medio ambiente  y sirve para la protección y el cuidado”. 

“No queremos afectar este cananguchal, sabemos  la importancia para el medio ambiente. Desde pequeña vi como mis padres los aprovechaban, y por eso tengo buenos recuerdos”, agrega por su parte Isabel Rodríguez, vicepresidenta del asentamiento Yarumales. 

Quienes han trabajado por años en la Amazonía concuerdan en que la restauración ecológica debe ser una labor conjunta entre comunidades campesinas, indígenas y afro con el acompañamiento de las instituciones educativas. El ingeniero agroecólogo Cristian Camilo Bautista López resalta que las comunidades conocen las dinámicas de lluvia, de verano y las épocas de siembra: “Ellos conocen sus predios y tienen la necesidad de conservar y restaurar ciertas áreas. Si saliera un proyecto de restauración de fuentes hídricas todos lo apoyarían, porque a todos nos interesa tener agua limpia”.

Sobre la formación y capacitación a niños, adolescentes y jóvenes, Cristian Bautista precisa que se puede acompañar la elaboración de viveros escolares “donde los niños vean la importancia de germinar una semilla, el manejo de los suelos, el ciclo del agua, la importancia de un árbol en un sistema amazónico y que las nuevas generaciones tengan esa conciencia de conservación del ecosistema y no traer ideas aisladas desde los escritorios”.

En esto coincide Dailer Montoya Díaz, especialista en derecho del medio ambiente: “La restauración de los cananguchales es una estrategia clave para garantizar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático. Las iniciativas de reforestación con la palma de aguaje y otras especies nativas, combinadas con la implementación de políticas de gestión sostenible del agua, pueden ayudar a recuperar la capacidad de estos humedales para regular el ciclo hídrico”.

Para ambos el acompañamiento de la academia es fundamental para fomentar la investigación sobre los ecosistemas y recursos naturales con los que se cuenta. “En la canangucha están muchas respuestas, se pueden conservar pero hay que investigarlos y hay que también transformarlos para que la gente realmente viva del bosque, es decir una industria comunitaria”, concluye Dailer Montoya.

Las comunidades han aprendido el poder protagónico de los cananguchales como fuente de agua y refugio de muchos animales. Mientras unos promueven su cuidado, otros buscan sembrar árboles a las orillas de los cuerpos de agua para que lleguen más aves y que los cananguchales sigan vivos.

Desde el 6 de febrero del año pasado las madres comunitarias le han pedido al gobierno que se dignifique su trabajo y se dé atención inmediata a sus reclamos: acceder a una pensión digna, dotación para los centros de atención, capacitación y reconocimiento de sus estudios y el aumento de la minuta alimenticia.

El 28 de octubre, luego de un paro de tres días -entre el 21 y el 23 de octubre-, se llegó a varios acuerdos que fueron firmados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi) y el ICBF. También estuvieron representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Educación Nacional y Fiduagraria.

Estos fueron los principales acuerdos:

• Subsidio pensional: Sintracihobi solicitó al ICBF que atiendan los procesos de postulación de subsidio pensional, que están en los decretos 325 de 2022 y 2182 de 2023.  Actualmente hay madres comunitarias que tienen la edad de pensión y no han podido hacerlo.

• Presupuestos: El ICBF se comprometió a garantizar el presupuesto para la gestión de recursos para la atención en primera infancia hasta el 31 de diciembre de 2024.

• Estabilidad laboral: Las madres comunitarias reclaman que se están quedando sin cupos en los servicios de atención tras la apertura de los Centros de Educación Inicial. El ICBF se comprometió a articular a las madres comunitarias. 

• Entregas de raciones: Se darán orientaciones para entregar los alimentos con valores nutricionales. 

Para el 2025 debe haber un gestor de alimentos contratado por el ICBF que apoye a las madres comunitarias. 

¿Qué piden las madres comunitarias? 

Reclaman que no está claro qué pasará con las demoras en la contratación y los retrasos que se dan en el ingreso a los centros cada año. Piden ser contratadas por el ICBF a término indefinido y que no se les excluya de los nuevos programas.

Nelcy Erazo, madre comunitaria del centro Pasito de Amor en Villa Hermosa y presidenta del sindicato de madres comunitarias Sintracihobi de Fonseca, cuenta que el 11 de febrero de 2023 llegaron a unos acuerdos con el ICBF, pero hasta la fecha no ninguno se ha materializado. “Una de las cosas que nos llevó a retomar este paro es que el 11 de febrero del 2023 llegamos a unos acuerdos con el ICBF y no se cumplieron. Se habló de  la alimentación de los niños, el bono pensional, la dotación de los CDI, la dotación a las madres comunitarias y no se han cumplido. Por eso entramos a paro”, cuenta Erazo.

Las madres comunitarias han sido las pioneras de estos programas y le piden al ICBF ser tenidas en cuenta y que se les dé un trato justo. “Nosotras hemos sido creadoras y hemos sostenido esos programas por más de treinta años. No es justo que con este nuevo tránsito las madres comunitarias prácticamente nos vamos (con las manos) vacías a las casas. No hay formalización para las madres comunitarias, ¿qué pasará con nosotras que hemos entregado nuestra juventud y ahora estamos enfermas? Le pedimos al Gobierno del cambio que no se nos vulneren más nuestros derechos”, agrega Erazo.

¿Qué pasará con nosotras que hemos entregado nuestra juventud y ahora estamos enfermas? Le pedimos al Gobierno del cambio que no se nos vulneren más nuestros derechos

Nelcy Erazo, madre comunitaria del centro Pasito de Amor en Villa Hermosa

Yohelis Medina Amaya, madre comunitaria desde hace 14 años y quien labora en el hogar comunitario Travesuras de El Hatico, nos cuenta: “Estamos en paro porque en febrero de 2023 se hicieron esas peticiones y siguen sin cumplirnos. Las madres comunitarias hemos sido vulneradas en nuestros derechos tanto laborales como personales. Estamos exigiendo algunas garantías para los niños que son los más afectados cuando hacemos cese de actividades”, agrega.

Medina cuenta que antes los contratos de las madres comunitarias eran de dos años y ahora son de cuatro meses. “Con los contratos de cuatro meses hay un mes muerto y afecta la seguridad social (...) El paro es para que el Gobierno entienda que las madres comunitarias somos indispensables para la formación de nuestra niñez”, concluye.

Marelvis Ariza, de 54 años y habitante de San Juan del Cesar, advierte que les preocupa que nunca tendrán pensión. “A las madres comunitarias no nos quieren tener en cuenta para el bono pensional. Sí nos contratan cada dos o tres meses cuándo vamos a alcanzar a cotizar todas las semanas que necesitamos para pensionarnos. No nos quieren dar una continuidad en la contratación y necesitamos un contrato indefinido. Queremos también la dotación de las unidades de servicio y de talento humano. Ni uniformes nos han entregado”, dice Ariza con indignación.

Como Marelvis varias madres comunitarias de Hato Nuevo, Barrancas, San Juan del Cesar, El Molino, y Villanueva, municipios del sur de La Guajira, se reunieron el 22 de octubre en las instalaciones del ICBF de Fonseca para reclamar por sus derechos.

Otro caso es el de Arelis Contreras. Es madre comunitaria desde hace 22 años y trabaja en el centro de atención Carmen y Medina del barrio El Centro. “Venimos con una lucha constante con el ICBF, tenemos un pliego de peticiones para mejorar nuestros salarios y la atención en los centros de desarrollo. No queremos ser tercerizados y queremos que los contratos sean directos con el ICBF (...) Este paro fue una continuidad de los reclamos de 2023 porque no han dado respuesta al 100 por ciento al pliego de peticiones. Esperamos que esta vez sí nos cumplan”, dice.

Las madres comunitarias también buscan espacios para la formación. “Con la revolución de la educación en el 2014 salió el Conpes donde motivan a las madres a formarse profesionalmente para mejorar el programa, pero fuimos engañadas en cuanto a los salarios porque a las madres comunitarias que no tuvieron la oportunidad de ser profesionales les bajaron el sueldo. Eso es una injusticia”, afirma Arelis Contreras.

Arelis pide mejores condiciones laborales y un salario digno: “Necesitamos transitar al Ministerio de Educación Nacional porque están implementando un nuevo programa en el cual los niños y las niñas de cuatro o cinco años van a pasar a la escuela. Nosotras estamos capacitadas para que transitemos con ese nuevo programa, hay muchas madres comunitarias que somos licenciadas en pedagogía y que tenemos las capacidades y la experiencia. Ser profesional es importante, pero tener la experiencia para el cuidado también lo es”, puntualizó.

Madres de familia molestas por un mal servicio 

En las Unidades de Cuidado (UCAS) hay un servicio intermitente debido a que la  contratación no se garantiza durante todos los días del año. Cada vez que las madres comunitarias entran en paro, los niños son enviados a sus casas y los padres deben mirar qué hacen para alimentarlos, cuidar de ellos y dejarles actividades de aprendizaje para que no pierdan el hábito.

Kendry Aragon Martinez tiene 37 años de edad y vive en El Hatico con su esposo y sus 4 hijos. Kendry es madre usuaria de la UCA Flores de Mi Jardín, en El hatico,  donde tiene un niño de tres años que estuvo sin clases por 20 días: “Las clases comenzaron el 9 de mayo cuando debieron iniciar  los primeros días de febrero. Comenzó tarde y en septiembre volvió y se paralizó el servicio a causa de que la contratación la hicieron hasta julio”.

“Cuando llegaron a hacer la concertación nos encontramos con la sorpresa de que le habían firmado el contrato del 17 de octubre hasta el 30 de noviembre donde la contratación tenía que haber sido hasta el 15 de diciembre. Entonces nuestros niños quedarán desamparados esos 15 días de diciembre”, cuestiona Aragón.

Wendy Paz es ama de casa y tiene 29 años. Vive en El Hatico y tiene un hijo de 19 meses que asiste a la UCA Flores de Mi Jardín. “No sabemos por qué el ICBF llegó a estas instancias porque la verdad es un tema muy delicado. Ellos (ICBF) nos hablan de que primero se debe salvaguardar la integridad y los derechos de los niños y les privan a ellos de estar en un lugar donde tengan con quién relacionarse, cómo desestresarse y cómo aprender. No entendemos por qué a ellos se les privó de ese beneficio y de ese derecho que tienen”.

Ante la ausencia del servicio, las madres se han visto en la obligación de aprender a realizar algunas labores del UCA. “Ellos están guiados por una nutricionista que les dice el número de porciones para que no estén en sobrepeso o desnutridos. Para ir a trabajar tengo que buscar quién lo cuide y estar pendiente de que esa persona lo esté cuidando bien”, dice Wendy.

Lo que sigue

Antes de que se acabe este año, el ICBF deberá brindar estabilidad laboral a sus empleados, garantizar el ingreso al subsidio pensional, asignar los presupuestos para la atención a la primera infancia, capacitar al personal y entregar las raciones de alimento adecuadas, entre otros acuerdos.

Mientras tanto las madres comunitarias esperan que no haya irregularidades que afecten las actividades en los hogares comunitarios. 

En San Vicente del Caguán los apagones frecuentes y bajones de energía eléctrica se han convertido en una preocupación constante para la comunidad en general. Un problema que afecta el trabajo, la economía, la salud, la educación y la calidad de vida de las personas. 

Cuando no hay luz todo se pausa en el municipio, todo se detiene. No hay música, ni televisión, los ventiladores dejan de funcionar y el calor, que en ocasiones alcanza los 40 grados, se siente más fuerte. Se descargan los celulares y las llamadas se caen.  

Entre agosto y la segunda semana de octubre se registraron 27 cortes e interrupciones sin previo aviso. Por esas fallas en el servicio de energía se han dañado electrodomésticos, maquinaria, equipos eléctricos, contadores y transformadores. Estas interrupciones afectan las actividades académicas y el desempeño de labores comerciales y económicas al no poder mantener la refrigeración de alimentos y medicamentos. Otros comerciantes tienen problemas para trabajar en los talleres, operar las maquinarias y cumplir con los plazos de entrega.

En el municipio se han registrado interrupciones prolongadas del servicio eléctrico de hasta 14 horas. Por ejemplo, el lunes 19 de agosto no hubo energía desde las 3:30 a.m. hasta las 5:55 p.m. en siete municipios del norte del Caquetá (Montañita, Milán, Paujil, Doncello, Solano, Puerto Rico, San Vicente) y la Macarena, en el Meta. En su momento Jaime Zapata, coordinador de la zona norte, informó que el daño se dio porque una iguana quedó atrapada entre una de las redes de Doncello que proporciona el servicio.

El sábado 24 de agosto se registró otro corte del fluido eléctrico desde las 9:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. del domingo 25 y ese mismo día se cayó el servicio desde las 12:30 p.m. hasta las 3:00 p.m. Los siguientes días: lunes 26, martes 27 y miércoles 28 hubo cortes de entre tres a cuatro horas. El 5 de septiembre dos cortes: a las 5:37 a.m. y a las 11:57 p.m.  El 6 de septiembre a las 7 p.m. y el 18 de septiembre a las 9:32 a.m., entre otros.  

¿Qué dice la gente?

Daniel Pineda, propietario del establecimiento comercial Adán e integrante de la Asociación de Comerciantes, indica que cada bajón de energía genera pérdidas en los negocios locales y afecta la atención al cliente. Los comerciantes han comprado plantas eléctricas de gasolina para proveer los ventiladores y otros equipos, pero los sistemas no funcionan de manera efectiva. “Los equipos no operan y el fluido es muy diferente con la planta eléctrica. Los bombillos empiezan a parpadear y algunas instalaciones no funcionan como debe ser. Una planta eléctrica no puede mover los congeladores como lo haría la distribución eléctrica normal. Las plantas tienen cierta capacidad y hay pérdidas económicas grandes”, dice.

“La situación de los apagones en San Vicente del Caguán nos pone en jaque a todos los comerciantes. Se va la energía y automáticamente el internet se vuelve lento y no funciona, tanto que la facturación electrónica ha sido difícil. El sonido de las plantas eléctricas es tan abrumador no solo para los clientes sino para los transeúntes. Los apagones no son de 20 minutos sino de 6, 7 y hasta 14 horas. El apagón más corto aquí dura dos horas y por esto los comerciantes han tenido que comprar plantas eléctricas”, advierte.

Edwin Vanegas, emprendedor independiente de productos lácteos Monilac, cuenta que varios comerciantes compraron plantas eléctricas de gasolina y se incrementaron los gastos de operación. “Es muy desgastante estar al tanto de las máquinas cada vez que se va la energía, correr a instalar y encender la planta de forma manual para contener la cadena de frío de los lácteos. Además, se compraron protectores de voltaje para evitar que se dañara la licuadora, la nevera y el enfriador; aunque es un gasto adicional a la compra de gasolina, no veo otra solución. Estos elementos son la forma más factible ante la falta de energía”, agrega Vanegas.

Sin embargo, como advierte Vanegas la mayoría de daños no se reportan: “No hemos interpuesto quejas porque es un proceso tortuoso para que nos escuchen. Es muy difícil que ‘le paren bolas’, entonces siempre preferimos dejar eso ahí”.

El sector educativo no ha sido ajeno a las afectaciones por las fallas en el servicio de energía. Erick Zúñiga Lizcano, rector de la Institución Educativa Rural Arenoso, de la sede La Pradera, comenta que hay varios daños en el colegio. “Los computadores tanto de la oficina como de la sala de sistemas, donde se dictan clases, han sufrido daños. Incluso los estabilizadores y los contadores de energía se han dañado. En el restaurante escolar la nevera también estaba fallando y el comité de alimentación escolar la mandó a arreglar”, afirma. 

Con las fallas de energía también se afectan las comunicaciones. “Se va el internet y no se puede trabajar en el computador, no se puede tener información, no se puede abrir un correo y los datos no funcionan. En las casas los niños no pueden hacer las tareas, los efectos no solo están en la institución sino en los hogares”, agrega Erick Zúñiga.

Para Rosa Taborda Daza, odontóloga de profesión, estos apagones limitan poder brindar una atención oportuna. “No puedo realizar profilaxis, entregar  trabajos como prótesis y pierdo clientes porque prefieren ir a otro sitio (...) Sin electricidad no se puede trabajar, toca aplazar y muchas veces son personas del campo. No se puede atender ni una urgencia”.  

Para Séfora Mejía, ama de casa de 62 años de edad, quien reside en el barrio La Pradera, son varias las afectaciones: “Se me han dañado las frutas, la carne de la nevera, tengo que comprar a diario porque con esos apagones se daña todo lo que uno tiene, hasta el televisor y el equipo de sonido”. 

Bepsy Edith Villegas, una mujer de 33 años y quien labora en la Institución Educativa Los Colonos, dice que no ha podido cumplir sus funciones de secretaria con normalidad. “Tengo dificultades para trabajar, mi computador tiene que estar conectado para funcionar. Tengo dos hijos estudiando y no pueden hacer sus consultas del colegio, se retrasan los planes y los horarios de los niños para presentar las tareas,” concluye.

Yessica Losada, modista local, también dice que su labor se ha retrasado. "Los apagones me han afectado en mi trabajo. Si no hay energía no puedo trabajar, pierdo no solo dinero sino clientes porque la maquinaria requiere de energía para funcionar. Hay clientes que se enojan y otros son comprensivos, pero además se descargan los celulares y no puedo avisarle a los clientes sobre su trabajo”. 

“Las pérdidas económicas son de herramientas y días de trabajo. No se puede recuperar el día y uno se va retrasando en el arriendo, los servicios, porque el recibo sí llega puntual”, sostiene Alfonso Montero, mecánico de motocicletas.

Henry Ortiz Tafur, técnico en mantenimiento y reparación de equipos de cómputo en Tecnipartes, advierte que en la última semana de agosto los apagones fueron más constantes. “La luz se fue desde 4 hasta 10 veces al día y en la empresa se tuvo que comprar un panel solar. Aunque para la fibra óptica e internet no hay solución, necesitamos avanzar en el trabajo que realizamos. Hemos perdido varios equipos por estos apagones, la situación impacta en las ventas y la confianza de los clientes”, añade Ortiz.

El diputado Wilman Fierro comenta que el problema radica en que el departamento no cuenta con una generadora eléctrica propia. “Dependemos del municipio de Altamira, en el Huila, donde está la última subestación de distribución. El gerente nos dice que en una semana se reporta el daño de 11, 15 y hasta 25 transformadores que hemos llegado a tener que cambiar o reemplazar por daño de contracorrientes, de rayos, de cortos que levantan un transformador y se queman”. 

¿Qué dice la empresa Electrocaquetá? 

En San Vicente del Caguán existe una oficina de atención al usuario que solo funciona como receptora e intermediaria de peticiones, quejas y reclamos. Estas reclamaciones son remitidas a la oficina central en Florencia, Caquetá. Desde San Vicente se responde solo por la reimpresión de facturas, pero cuando se trata de fallas por los cortes de energía se quedan solo en la recepción de un documento.

Al visitar el punto de atención en San Vicente de Caguán, un funcionario de Electrocaquetá explicó que las reclamaciones solo se aceptan por escrito. “Recibimos peticiones, quejas y recursos. Los usuarios deben interponer esto por escrito porque nosotros somos auxiliares y recepcionamos la documentación y las peticiones de los usuarios. Deben tener un recibo y un teléfono para poder comunicarse cuando esté lista la respuesta, se les da un radicado y deben esperar respuesta de la oficina central en un plazo de 15 días hábiles”, indicó. Las quejas también pueden interponerse en la línea directa de atención al cliente  (608) 4366413 extensión 115, celular: 3502118707 y whatsApp: 317447 4437. 

Electrocaquetá S.A. indica en un comunicado que la actual línea de interconexión (Altamira-Florencia de 115 Kv) ha enfrentado dificultades debido “a la alta carga, nivel de antigüedad y las condiciones climáticas recientes”. La empresa agrega que se está evaluando la realización de una segunda línea de interconexión teniendo en cuenta que la infraestructura eléctrica tiene más de 46 años de operación. Los estudios, según informan, terminarán en junio de 2025 y la construcción tardará de dos a tres años.

Por su parte, desde la administración municipal se hizo una reclamación el 29 de agosto a Electrocaquetá por las frecuentes fallas en el servicio de energía. Norely Oyola Paredes, coordinadora encargada de las peticiones, quejas y recursos, reconoció en un documento las fallas y comentó que se está monitoreando el sistema eléctrico de manera remota: “Desde el 24 de agosto hemos experimentado fallas debido a los fuertes vientos, las descargas atmosféricas y el clima adverso. La mayor falla se presentó sobre la línea 34.5 kv Puerto Rico - San Vicente por el sector de la vereda La Doncella. Contamos con equipos telecontrolados que nos ayudan a reducir tiempo de respuesta ante fallas y permiten una mejor gestión de la red eléctrica, especialmente en situaciones de emergencia”, dice el documento del 2 de septiembre.

El 22 de agosto la empresa Electrocaquetá se comprometió ante la Superintendencia de Servicios Públicos a revisar los puntos afectados e informar sobre los planes de contingencia para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en San Vicente del Caguán. Sin embargo, no han llegado a todos los puntos con daños. Por ejemplo, la presidenta del barrio La Paz informa que la empresa no ha ido a ver el transformador y que hay descargas eléctricas cerca a un árbol.

Incluso, Juan Carlos Durán, Secretario de Hacienda municipal, advierte que Electrocaquetá no ha cumplido con todos los compromisos: “Con la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios se adquirieron unos compromisos que hasta ahora no se han visto. El 20 de septiembre de 2024 la Superintendencia desarrolló una jornada pedagógica con el objetivo de promover los derechos y deberes de los usuarios, aunque contó con poca participación ciudadana, se creó la esperanza de conformar el comité de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios que  les permite a usuarios, comerciantes y líderes sociales tener una voz en la empresa Electrocaquetá y lograr respuestas efectivas en temas de servicio”.

Sergio Leonardo Bautista, concejal del municipio, manifiesta que en mayo se hizo una sesión de control político donde asistió la electrificadora y quedaron otros compromisos que tampoco se cumplieron: “Es necesaria hacer una redistribución de un nuevo punto eléctrico especialmente en la zona urbana y la electrificadora se comprometió a instalar la subestación en el casco urbano del municipio (...) Ayudaría mucho para que la energía no se vaya constantemente y sea fluida, la empresa se comprometió a instalar un transformador industrial eléctrico en la parte del barrio El Jardin, zona industrial que consume bastante energía”. Bautista agrega que se han revisado las respectivas quejas sobre  los daños o la quema de los electrodomésticos porque la energía no es la adecuada y por los apagones.

Lo que sigue

La comunidad busca conformar el comité de control y desarrollo social de servicios domiciliarios y tener un vocero de los usuarios para que tanto las autoridades como Electrocaquetá atiendan oportunamente las quejas.

Aunque el gerente general Luis Enrique Trujillo López confirma la necesidad de mejorar el sistema de energía actual, que lleva más de 46 años en servicio, la comunidad reclama garantías sobre el servicio y recibir respuestas claras sobre cómo proceder ante los daños ocasionados por fallas en el suministro.

La Ley  2232 de 2022 que busca la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso lleva 87 días de vigencia en el país. Tenderos y comerciantes de pequeños y grandes negocios poco a poco han ido pidiendo a los clientes que lleven sus propias bolsas.

En la lista de plásticos que se retirarán están: bolsas de punto de pago, bolsas de rollo del Fruver, bolsas de empaque de revistas y recibos, bolsas de lavandería, soportes plásticos de bombas, copitos de algodón, pitillos y mezcladores. Según Minambiente, hasta 2030 se irán sumando restricciones a más productos.

La ejecución de la medida no ha sido fácil. En Fonseca, algunos habitantes han cumplido, pero otros insisten a los comerciantes para que les den bolsas. Además, recorriendo las zonas de comercio se evidencia que las personas están vendiendo bolsas plásticas a las afueras de las tiendas de cadena. 

Falta de socialización

Algunos habitantes de Fonseca consideran que hace falta socialización de la ley por parte del Gobierno y las autoridades locales. Una de ellas es Ana Isabel Amaya, quien administra desde hace 2 años la tienda Granero Medellín, ubicada en la carrera 23 con calle 15 en el barrio Villa Jardín, en Fonseca. 

Ana Isabel atiende en su negocio entre 50 y 60 clientes a diario y menciona que desde que supo de la implementación de la ley en el municipio  trata de que la gente se concientice de que el plástico genera  una contaminación inmensa. Ya no despacha mercancía en este tipo de bolsas y les pide a sus clientes que lleven las propias en otros materiales, ya sea  tejidas, reutilizables o sacos.

“Aquí a muchos les ha tocado llevarse los productos en las manos porque no traen en qué llevar. La única manera para que aprendan es así. He estado en ese tira y afloje con la gente”, dice Ana Isabel. También cuenta que ha tenido inconvenientes con los clientes: “Un domingo estaba sentada afuera de la tienda cuando llega un joven y me pide que por favor le venda dos pañales, se los di sin bolsa y se enojó. Le dije que no se los llevara y le devolví su dinero”, agrega.

Ana Isabel destaca la implementación de la ley:  “A mí me pareció bien, pero el Gobierno tiene que socializar y concientizar porque eso no ocurre de un día para otro”, puntualiza.

Otro es el caso de Arnulfo Montoya. Tiene 48 años y llegó a Fonseca hace 19 años. Es propietario del Autoservicio Medellín, un supermercado que vende artículos de la canasta familiar como: azúcar, harina, aceite, frutas, verduras, bebidas y también tiene una sección de venta de artículos plásticos. Su negocio está ubicado en la diagonal 12 con carrera 20, a pocos pasos del round point de este municipio y a diario atiende al menos a 200 personas. 

Montoya considera que la ley de plásticos del Gobierno es buena, pero que todavía falta concientizar al pueblo fonsequero de que es una medida que aplica tanto a grandes negocios como a pequeñas tiendas.  “Como somos pequeños negocios, los clientes quieren que uno les dé las bolsas y en los almacenes de cadena aceptan que deben comprarlas. Vienen y quieren que se les dé la bolsa gratis”, dice.

Fanor Montoya tiene 45 años y lleva 8 meses viviendo en Fonseca. Es administrador de un almacén llamado Desechables y Lencería Fonseca. En este sitio se puede encontrar gran variedad de artículos plásticos como: vasos desechables, bolsas, tenedores, cucharas, platos, bolsas de empaques, entre otros. Montoya cuenta que el valor de estos productos asciende a más de cien millones de pesos, por lo que deshacerse de estos insumos no es una opción. “Estamos esperando a ver qué hacen las empresas y el Gobierno. Sin embargo, para uno tomar una decisión de dejar este negocio es muy difícil”, agrega.

Montoya considera que la medida del gobierno actual es muy buena para salvar el planeta, pero pide que se implemente poco a poco: “Es una idea que requiere tiempo, no es de un día para otro. Se debe implementar poco a poco porque hay muchos desechables en los depósitos y negocios”.

Montoya cuenta que la ley se ha ido implementando poco a poco y ha escuchado nuevas propuestas de platos, tazas y tenedores en material de bagazo de caña. Mientras tanto él sigue despachando sus productos en bolsas plásticas hasta que se tomen acciones definitivas por parte del Gobierno.

Por su parte, los almacenes de cadena como Ara, El Canasto, D1 y Olímpica están implementando la ley de plástico. Los clientes llevan bolsas de papel, de saco, fique y diferentes técnicas de bordados, que en estos establecimientos puede costar entre 2.000 y hasta 7.000 pesos. Otros llevan bolsas biodegradables que pueden variar entre 200 y 500 pesos.

Roberto Burgos tiene 57 años y vive en Fonseca hace tres años. Es cliente de la tienda Granero Medellín y considera que hace falta mayor socialización y difusión en medios de comunicación como televisión y redes sociales, ya que no todas las personas saben cómo les afecta esta ley. 

Una ley para tomar conciencia del uso de residuos 

Sergio Luis Iseda Suárez, ingeniero ambiental y especialista en gestión ambiental de la Universidad de La Guajira, ratifica que la implementación de esta ley es un poco apresurada y que los habitantes necesitan adaptarse primero a esos cambios. “Me parece que está un poquito acelerada y que no hubo socialización”, dice. 

Iseda considera que es un trabajo educativo, publicitario y de sensibilización ya que la medida no es fácil de digerir y las personas necesitan tiempo para acostumbrarse a ese nuevo ritmo de vida.

“Se debe divulgar a través de la radio o televisión, por canales nacionales, regionales,  locales, comunitarios y del Estado para que la información llegue constantemente a las personas. En las redes sociales se ha hecho un trabajo, pero sabemos que no todos tiene redes sociales y que no es fácil tampoco”, agrega. 

Iseda considera que la medida traerá efectos positivos al medioambiente, para proteger y contribuir a la conservación. “Necesitamos productos que los reemplacen en el mercado. Pero todo se va a ir normalizando a medida que pasen los días”, dice el ingeniero Sergio Iseda.

En el recorrido por Fonseca se encontró que en ninguno de los negocios hay carteles que hablen de la implementación de la ley. Si bien la medida se está cumpliendo a mayor escala en los almacenes de cadena como Olímpica o en El Ara, con bolsas de papel y biodegradables, es evidente que hace falta articulación entre el comercio, las autoridades locales y una mayor responsabilidad social.

El aumento en la demanda de bienes y servicios ha llevado a un consumo exhaustivo de recursos naturales y por ende mayor producción de residuos.  De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, para 2015 la mala calidad de aire generó alrededor de 8.052 muertes en el país, con costos asociados de aproximadamente 12,2 billones de pesos, cifra que equivale al 1,5% del PIB de ese año.

Según Minambiente, el no cumplimiento de la norma podría traer sanciones entre los 100 hasta los 50.000 SMLMV, el decomiso de los elementos plásticos y hasta la clausura definitiva del establecimiento.

Lo visto en Fonseca es una muestra de que el cumplimiento de esta ley es una tarea de todos, no solo de los tenderos y los almacenes de cadena. El Gobierno debe hacer frente a esta situación y los usuarios, que son los consumidores finales, tienen una gran responsabilidad con el planeta. Así lo sostiene Ana Isabel Amaya, administradora del granero Medellín: “La contaminación nos está matando, eso es verdad. Debemos cuidar los ríos, los mares y la tierra. Las bolsas acaban con todo, es hora de tomar conciencia”. 

Once familias campesinas de la comunidad Pachito Peñas están en riesgo de perder sus cultivos de primitivo, banano, cachaco (tipo de plátano), chontaduro, entre otros,  por el aumento del caudal del río que se ha ido llevando los sembrados.

Según los agricultores, su preocupación radica en la forma en la que el río ha ido socavando la tierra poniendo en peligro no solo sus cultivos, sino el quedarse sin un terreno donde volver a sembrar. Esta es su principal fuente económica y sustento. Además de ello también invierten recursos en jornaleros, para que realicen trabajos de rocería.

Algunos recuerdan que hace once años y por causa del picudo (un tipo de plaga) se dejó de producir chontaduro en Tadó. La producción volvió a normalizarse en el 2019 y ahora temen que la fuerza de la naturaleza acabe con las plantaciones. 

¿Qué dice la gente?

Luis Reinerio Rodríguez Mosquera, presidente del consejo comunitario local de ASOCASAN y agricultor afectado, cuenta que lleva unos 50 años cultivando la tierra y que esto es todo lo que tiene.

“Nosotros estamos en la comunidad de Pachito Peñas Blancas, donde son dos comunidades, pero es un solo consejo comunitario. Llevo más de cincuenta años cultivando la tierra y hoy nos enfrentamos a un grave problema: la erosión de nuestros terrenos. Necesitamos urgentemente la ayuda de las autoridades, ya que, aunque somos capaces de producir, lo poco que tenemos se nos está agotando”, recalca Rodríguez.

Luis Reinerio Rodríguez afirma que sus ingresos han bajado y que no tiene cómo sostenerse: “Le pedimos al Estado algún tipo de ayuda económica para poder seguir trabajando, ya que estamos perdiendo nuestros cultivos de frutales, como el marañón y diversas variedades de plátano. También contamos con otros cultivos, como la papa china, que están en riesgo. Lo más alarmante es que hemos perdido churcos de palmas de chontaduro. Este producto dejó de cultivarse debido a la plaga del picudo en 2008, pero gracias a los productos agrícolas, desde 2019 hemos podido volver a producirlo”.

“El chontaduro es la base de la economía en nuestro municipio y la erosión del río San Juan pone en peligro nuestra producción y genera una profunda tristeza en nuestra comunidad”, puntualiza.

José de los Santos Mosquera Ramírez es otro de los agricultores afectados. Tiene 75 años y lleva 63 de ellos trabajando en la parcela conocida como El Palmar, ubicada en la comunidad de Pachitos Peñas Blancas. “La pérdida de tierra se debe a que el río San Juan ha ido erosionando nuestros terrenos, especialmente en un área llamada el Brazo de Peñas Blancas. Es importante destacar que, anteriormente, el río corría mucho más adentro de lo que está ahora, lo que ha provocado que se desplace hacia donde trabajamos y se lleve consigo parte del terreno”, cuenta.

“Esto nos está ocasionando mucho daño porque se nos está llevando churcos de plátano, primitivo, banano, cachaco, palmas de chontaduro y árboles frutales” agrega Mosquera.

Al igual que Luis Reinerio Rodríguez y José Los Santos Mosquera Ramírez hay otras familias afectadas. En la lista, promovida por la comunidad, están: José Juvenal Rodríguez Mosquera, Cosme Damián Ampudia, Eduar Antonio Perea, Decio Antonio Mosquera Ramírez, Pedro Emilio Mosquera, Diofanor Copete, Julio Copete, Alfonso Minota, y Raúl Minota. Para todos la preocupación radica en perder sus cultivos y la tierra en la que siembran.

¿Qué dicen las autoridades?

Frente al impacto ocasionado por la naturaleza, los agricultores han buscado apoyo de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Unidad de Gestión del Riesgo para restablecer los terrenos de cultivo, pero hasta ahora no se ha dado una solución.

Consonante habló con el coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo, Kattier Lesión Agualimpia Gutiérrez, quien manifestó que este era un tema exclusivamente de la oficina de la UMATA.

Por su parte, Jorge Betín Pino, director de la UMATA, indica que algunos cultivos se encuentran en áreas protegidas. “Realicé un recorrido por la zona del bajo San Juan para evaluar la situación del chontaduro y me percaté de la problemática que enfrentan estas comunidades a causa de la erosión de las orillas de los ríos. Hemos tomado medidas basadas en el decreto 2811 de 1974, que establece áreas a lo largo de los cuerpos de agua consideradas de utilidad pública y protección ambiental, pertenecientes a la Nación, con un margen de treinta metros”. Betín aclara que las  medidas pueden variar dependiendo de las características de las cuencas, el tipo de agua y las decisiones de las autoridades ambientales competentes.

Sin embargo, Betín afirma que se iniciará un proceso de sensibilización y concienciación con las comunidades del alto y bajo San Juan para delimitar los terrenos destinados para los cultivos. “Es importante que la gente comprenda cuál es el espacio que le corresponde al Estado  y cuál deben respetar. Además, muchas especies de árboles, que protegen las orillas de los ríos, están siendo taladas, lo que está causando la erosión”, recalca.

Sobre esto último, los agricultores entrevistados señalan que han trabajado durante más de 60 años en las riberas de los ríos porque son más fértiles y que nadie les habló de límites ni áreas protegidas. Además, reclaman que no se les da respuesta a la reubicación que han solicitado ni a las labores que ayuden a contrarrestar el caudal del río.

En Fonseca hay 1.800 personas censadas y certificadas con alguna discapacidad, según cifras de la Alcaldía. Sin embargo, tener un certificado no les garantiza acceder a oportunidades de empleo, ni  educación e incluso, tampoco pueden movilizarse en su municipio.

Solo hasta esta semana, luego de nueve meses de espera, llegó como representante Mailon Toncel, quién sería el nuevo coordinador del comité de discapacidad. Él se encargaría de ser el enlace de los proyectos para esta población y de garantizar sus derechos.

“Esta gran responsabilidad es un reto que me prueba como profesional y como persona con discapacidad. Me estoy capacitando y con las ganas necesarias ayudar (...) Hay varios temas que son prioritarios y de atención inmediata que deberé atender. La primera, la creación urgente del comité”, dijo Toncel en entrevista con Consonante. Sin embargo aclaró que su nombramiento aún no es oficial sino que actúa como representante.

La preocupación de la gente es no tener un representante fijo en la administración local, porque las necesidades y problemas de las personas con discapacidad, y de quienes se encargan de su cuidado, están sin respuesta.

Es el caso de Rosa Hervirá Merchán, una fonsequera de 57 años y cuidadora desde hace más de 10 años de José Luis Díaz, quien tiene una discapacidad cognitiva. Él no es su familiar, pero lo considera un gran amigo y por eso decidió apoyarlo. “Esto lo hago por dedicación y amor”, dice.

Rosa se desempeña como lavandera cuatro días a la semana, siendo esta su única fuente de ingreso. Advierte que desconoce sobre los recursos y programas disponibles para mejorar la calidad de vida de José Luis y que solía entregar la documentación en la Alcaldía, esperando recibir alguna ayuda u orientación, pero las llamadas nunca llegaron. “Todos los años meto los papeles de Luis en la Alcaldía para ver si hay algo en lo que me puedan apoyar, pero nunca recibí ni una llamada”, expresó decepcionada.

Este año Rosa Hervira no ha llevado los papeles de Luis. Asegura que ya está cansada de no tener una respuesta. “Ya me cansé de llevar papeles ¿para qué? Si allá ya los tienen. Uno solo gasta el pasaje para allá, para que ni lo llamen”, asegura.

En el transcurso de este año, la población con discapacidad de Fonseca no ha tenido representación constante en la Alcaldía. Durante dos semanas de julio estuvo a cargo una psicopedagoga (Fania Corzo), pero luego salió del cargo y ahora está bajo la atención de Mailon Toncel. 

La ausencia prolongada del personal que atienda las inquietudes de la población con discapacidad ha traído la sensación de exclusión en la toma de decisiones sobre su comunidad y el acceso efectivo de derechos. No hay un canal al que puedan acudir para resolver problemas y conflictos.

Los comités municipales de discapacidad, agrupados en la Ley 1145 de 2007 y la resolución 3317 de 2012, son grupos de trabajo que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad en los distintos municipios. Sin embargo, en Fonseca no se ha activado este comité y se espera que con la llegada de un nuevo coordinador se dé inicio a los trámites.

Tatiana Yelena Rodríguez Mojica, activista y directora de la fundación de personas con discapacidad “Sirius”, sostiene que a pesar de que en Colombia el marco jurídico está muy avanzado y existen herramientas como la ley estatutaria 1618 del 2013 que defienden los derechos de las personas con discapacidad, el problema es que no se divulgan ni se garantizan los derechos y existen barreras que impiden su plena participación. Entre las quejas más frecuentes está el poco acceso a un empleo inclusivo y digno, y la falta de orientación y apoyo. 

Orlando Antonio Guerra, habitante del corregimiento de Conejo, cuenta que no ha tenido oportunidades de trabajo desde que sufrió un accidente que le afectó su pierna izquierda. “A pesar de tener experiencia laboral, nadie me da una oportunidad de trabajo. A una persona con discapacidad no le dan espacio. Es un poco difícil que a uno lo empleen, entonces uno se rebusca por allí con lo que salga”.

Orlando se dedica a oficios varios, entre esos, coser zapatos, y otros empleos no formales. La falta de inclusión laboral a personas con discapacidad es una situación que se ha normalizado, lo que ha provocado que esta población esté sumida en una situación de exclusión y pobreza, impidiendo que las familias salgan adelante.

Para Tatiana Rodríguez Mojica, la historia de Orlando es un reflejo de la dura realidad que enfrentan muchas personas con discapacidad en Colombia, donde la falta de inclusión y accesibilidad laboral es una barrera para salir adelante: “El 83 por ciento de la población con discapacidad vive de la informalidad, no tiene un trabajo estable y el 73 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza”. 

Una Alcaldía para los que tampoco son prioridad

El plan de desarrollo municipal “Fonseca, Potencia del Desarrollo” (2024-2027) solo toma tres puntos u objetivos para trabajar en su periodo de gobierno con la población con discapacidad y vulnerable del municipio. 

De las 254 páginas del plan de desarrollo solo en tres de estas hablan del tema. Estos puntos son: apoyar la educación inclusiva para personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad, garantizar la educación adecuada y fortalecer el apoyo social integral.

Hoy todas las actividades por las que tendría que responder el enlace de discapacidad estaban frenadas hasta esta semana. Entre estas: recepcionar las historias clínicas para generar certificados, visitar las Eps, divulgar la política de inclusión a las entidades públicas y privadas del municipio y articular con el SENA.

“Aquí no hay nadie que nos escuche, estamos en el aire”, puntualiza Orlando Antonio Guerra.

Desafíos de la educación con inclusión

La educación inclusiva es un derecho fundamental que no se garantiza en las instituciones educativas de Fonseca. Consonante, junto con líderes de la población con discapacidad, realizó un recorrido por tres instituciones educativas, Calixto Maestre, Ernesto Parodi y Juan Jacobo Aragón, y se identificó la falta de adaptación de los espacios para garantizar la movilidad independiente de los niños con discapacidad.

De las tres instituciones educativas visitadas, Juan Jacobo Aragón es la que cuenta con la mayor población de estudiantes en situación de discapacidad. De 936 estudiantes en la institución, 48 alumnos tienen esta condición.

Karen Fernández, psicóloga y docente orientadora de la institución, cuenta que ha hecho falta apoyo tanto a nivel municipal como departamental para superar las barreras y garantizar una educación inclusiva: “Resulta de mucha importancia que exista siempre una articulación con programas y proyectos externos a la institución para que brinden el acompañamiento”.

“Hay ausencia a nivel municipal y departamental en este tema de inclusión, aún no se han generado las actividades pertinentes para el acompañamiento dentro de las instituciones, estamos a la espera porque ya se nos está haciendo tarde”, agrega.

Fernández destacó, además, que para la inclusión educativa es fundamental habilitar espacios que permitan a los estudiantes con discapacidad desarrollarse con plenitud, resaltando el caso de un estudiante en silla de ruedas: “Tenemos a un niño con silla de ruedas y aunque es un niño motivado, responsable y activo es un niño que necesita la adecuación de espacios. Aquí, por ejemplo, no contamos con rampas y lo que hacemos es que los docentes y los estudiantes están muy atentos y prestos a colaborar, pero no es su responsabilidad”, puntualiza Fernández.

En la misma línea, la experta Tatiana Rodríguez Mojica explicaba que la mayoría de los niños y niñas con discapacidad dejan sus estudios por las barreras arquitectónicas y actitudinales que se encuentran en las instalaciones educativas. 

“A veces creemos que para disminuir todas estas barreras es una inversión muy cara o que es imposible y la mayoría de veces ni es una inversión cara ni es imposible, es solo un asunto de actitud”, expresó.

Rodríguez advirtió que las familias no están preparadas para tener un hijo con discapacidad y, por ello, es crucial que los comités o enlaces estén activos: “Muchas familias no están preparadas y lo ven como una carga o un problema. Es allí donde los comité de discapacidad ayudan a las familias y orientan y garantizan que esos niños y niñas con discapacidad tengan acceso a la educación”, destaca.

También puntualiza que otro imaginario social que afecta a esta población, es la infantilización de las personas con discapacidad, especialmente niñas y niños: “Esa normalización nos hace daño y genera que las niñas y los niños crezcan con falta de autonomía y que se traten como niñas y niños por siempre”.

Yuleisy Fernández, líder de la población con discapacidad, contó que siente impotencia y abandono por parte de la administración y pide que la persona que llegó comience a trabajar pronto: “Estamos en cero, durante nueve meses no hubo nadie (...) Necesitamos a alguien que se preocupe por toda la población con discapacidad, que le duela y que sienta en carne propia, lo que nosotros sentimos”, agrega.

Nuestra Señora de la Pobreza es la patrona del municipio de Tadó, en el Chocó, y esta semana se celebra en todo el pueblo una fiesta religiosa y cultural en su honor. La conmemoración de este año es especial porque se cumplen cien años de la realización de las fiestas, y se incluyó como tema “la familia”.

Desde el 28 de agosto con el Carnavalito, en el que participaron los grados inferiores de distintas instituciones educativas del municipio, se dio inicio a las fiestas patronales en honor a la Niña María, la "Virgen de la Pobreza". Estas festividades comienzan formalmente el 30 de agosto con la bajada (recorrido) de la virgen y la participación de los diferentes barrios, e instituciones. Los eventos terminan este domingo, 8 de septiembre.

Durante la celebración de los 100 años, según los integrantes de la cofradía en Tadó, se rinde homenaje a la familia con el fin de promover la paz en todos los hogares tadoseños.

Estas festividades han tenido varias tradiciones: la bajada de la virgen y el recorrido de bundes donde se danza, se brinca, y se hacen coreografías al son de la tambora, clarinete, platillos, y la requinta.

Estos son los cinco datos curiosos de las festividades en honor a la Virgen de La Pobreza en Tadó:

1.    ¿Un municipio que celebra la pobreza?

Algunos se preguntan cómo es posible que en el municipio de Tadó se celebre la pobreza. Según el historiador tadoseño y presidente de la cofradía, Wilson Murillo, algunas personas creen que, al celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Pobreza, se hace referencia a la situación económica del municipio. Sin embargo, él aclara que no es así: “El nombre de la virgen proviene de la aparición de una mujer humilde y devota, conocida en la comunidad como "Pobreza", quien siempre estaba dispuesta a colaborar con la iglesia”.

Por otro lado, Luz Mila Perea Hinestroza, integrante de la cofradía y devota a la Virgen de La Pobreza, refiere que “Pobreza, de oficio lavandera, se dedicaba a lavar los ornamentos de la iglesia, y mientras los lavaba se le apareció la virgen por eso en honor a ella conmemoramos a Nuestra Señora de la Pobreza”.

Perea resalta que esta festividad no es porque seamos pobres material o económicamente, sino porque somos pobres de fe, por eso el ocho de septiembre es el nacimiento de la niña María bajo la vocación de Nuestra Señora de La Pobreza.

“La Virgen de la Pobreza no solo se conmemora en Tadó, también se rinde tributo en la Pepe, en Tutunendo, en el Chocó, y en ciudades de otros departamentos  como Pereira y Cartago, en este último está la Catedral de la Virgen de la Pobreza”. En la Catedral San José de Tadó hay un busto y un cuadro de la virgen.

2. La bajada o el recorrido de la virgen ya no es por el río

En los últimos años, los cambios en la bajada de la virgen han sido notables. Antes se utilizaban botes, canoas o balsas para el descenso, partiendo desde Pueblo Viejo y pasando por el río San Juan. Ahora, la bajada se realiza por vía terrestre, comenzando desde el sector de Villas del Remolino.

Este año, para la bajada de la Niña María se tuvo en cuenta a los centros poblados del Alto San Juan, iniciando desde Playa de Oro y pasando por los diferentes corregimientos y veredas. En cada uno de ellos, se preparó un altar para recibirla.

La bajada de la virgen desde el Alto San Juan ha sido de gran acogida y todas las comunidades se unen para rendir homenaje.

Asi lo confirma la profesora Luz Mila Perea Hinestroza: “La bajada de la virgen anteriormente se hacía desde Pueblo Viejo, pero ante muchas dificultades y especialmente con los niños que se lanzaban desde el puente o de algunos puertos que hay alrededor del río San Juan, se optó por trasladarla en carro desde el ancianato. Finalmente, la cofradía propuso que se bajara desde el corregimiento de Playa de Oro porque en las fiestas deben participar los corregimientos y veredas”.

En los próximos años se espera desplazar a la virgen desde el corregimiento de Guarato, ya que también hace parte de este municipio.

Cuando la virgen era desplazada por el río se veían a mujeres que lavaban a la orilla del río San Juan, las familias sacudían un pañuelo blanco y cantaban con mucho fervor el himno que identifica a la reina celestial.

Yilmar Moreno Agualimpia, miembro de la cofradía Nuestra Señora de la Pobreza, explica el cambio: “Este año nuestra amada madre cumple cien años y se quiso rendir homenaje de una manera distinta. La tradición era bajarla por el agua y ahora va por todos los pueblos”.

Según Agualimpia, en reunión con el alcalde y los presidentes de los barrios surgió la idea y fue acogida unánimemente para permitir que la virgen fuera bajada desde el Alto San Juan involucrando a toda las comunidades. Se decidió transportar a la virgen en vehículo desde Playa de Oro hasta la cabecera municipal, haciendo el recorrido con las bandas de paz de las distintas instituciones educativas.

“Fue algo significativo, se observó que hay fe en el pueblo tadoseño y algo gratificante fue el encuentro de San José con la niña María. Es decir que los esposos se encontraron y se unieron en la Catedral San José de Tadó”, agrega.

3. Bundes y verbenas

Los bundes son ritmos y danzas que hacen parte de la tradición cultural en Tadó. Se baila al son de una requinta, clarinete, bombos y platillos, y es la música que identifica a la chirimía. En los bundes se hace un recorrido por los diferentes barrios, llenos de coloridos, y no puede faltar la “chucha”, que es donde se salta o se brinca. Las verbenas se realizan en los diferentes puntos del barrio que le corresponda y se hacen al aire libre.

Una de las controversias de este año es que se obligue a que los bundes deban salir a las 2:00 p.m. y regresar al punto de partida a las 6:00 p.m. Si algún barrio incumple esta regla, los músicos están autorizados para retirarse en cualquier punto del recorrido. Por ejemplo, si el barrio Popular sale y no llega al punto de partida antes de las seis, dicho barrio llegará sin chirimía, además de quedar descalificado y no ser considerado para la premiación. Para algunos no se puede disfrutar del evento porque “son llevados como entierro de pobre, corriendo, con aras de poder llegar a la hora acordada para que no descalifiquen al barrio que le corresponde”.

De igual forma pasa con las verbenas, este año los dos primeros barrios (Ciudadela, y Reinaldo) no pudieron realizar verbenas debido a la furia de la naturaleza, tras los fuertes vientos acompañados de tempestad que los dejó sin fluido eléctrico.

En cuanto a lo referente a la salida de los bundes, según el coordinador de cultura Darlington Yurgaky, las opiniones son divididas. “Hay quienes dicen que es muy poco tiempo, otros dicen que salir a las dos de la tarde con este sol es muy difícil y, otra parte del sector está contento con las medidas porque saben que lo que se busca es proteger a la población, para tener unas fiestas en paz, teniendo en cuenta la seguridad”.

Yurgaky resalta que esta es una decisión que no se tomó directamente desde la alcaldía, sino que fue acordada con los presidentes de los distintos barrios, la cofradía y las autoridades.     

Yilamar Moreno, integrante de la cofradía, comenta que esta medida ha generado descontento entre los jóvenes: “Algunas personas han llegado a decir que esta ha sido una de las peores fiestas de nuestro ente territorial”.

4. 100 años de la celebración de las fiestas patronales, esta vez bajo el lema de la familia

Según algunos historiadores, las festividades en honor a Nuestra Señora de la Pobreza tuvieron sus inicios en los años 1940-1941.

Por ello Darlington Yurgaky refiere que son 100 años de tradición. “Es el momento de unir a las familias, que haya construcción de valores y luchar por esos antivalores que se forman en algunos sectores. Lo que se quiere es tener una comunidad unida”.

Luz Mila Perea Hinestroza, quien hace parte de una familia muy devota a Nuestra Señora de la Pobreza, refiere que es momento para que las familias estén unidas. “Debemos orar porque los jóvenes andan muy desubicados, y a algunas madres los hijos se les han salido de las manos, los que quieren mandar en la casa son los hijos por eso surge la idea de conmemorar estas festividades bajo el eslogan de la familia”.

“Se busca que haya unión familiar y regocijo en el pueblo tadoseño, que se acaben las rencillas, el odio, y que nos podamos unir en una sola causa y así aprovechar nuestras fiestas patronales”, dice Yilmar Moreno.

5.    Bundes acompañados de comparsas como los años anteriores

En los últimos años, esta fiesta ha experimentado cambios notables. Las personas se han centrado más en la creación de "cachés" llenos de coloridos, dejando de lado las comparsas que solían llevar mensajes de reflexión o expresar, a través de los cantos, la inconformidad ante las malas gestiones, ya fueran locales, departamentales o nacionales.

Para mediados de 1996 el barrio San Pedro sacó una comparsa con el siguiente mensaje: “Le toca al barrio San Pedro y la calle está invitándolos a que vengan y puedan escuchar lo que vamos a recordar. El mal estado de la carretera y que no había hospital. Y sin carro de bomberos para apagar el incendio (...) Este es el fruto, este es el fruto, de lo que nos tocó luchar. Para que el gobierno también nos pudiera escuchar”

Con rencillas como esta se llevaban los mensajes a las diferentes autoridades, y se presentaban de manera especial en la casa cural.

Luz Mila Perea, integrante de la cofradía y devota a la virgen de Nuestra Señora de la Pobreza, cuenta que las festividades de La Pobreza anteriormente eran netamente religiosas y no se realizaban verbenas. “Se hacían tres comparsas: una a las doce del día, a las tres, y otra a las ocho de la noche. Ahora no hay sentido de pertenencia. A los jóvenes no les gusta participar de las comparsas, este año son pocos los barrios que han sacado comparsas, entonces si las fiestas son a la Santísima Virgen María, a ella deben ser los honores. Primero debemos dar gracias y después celebrar”.   

“A través de las comparsas se hacían protestas al gobierno local, departamental, y nacional e incluso a personalidades a nivel mundial se le hacían remembranzas”, puntualiza Yilmar Moreno.

El maestro Hugues, como lo llaman sus amigos, lleva 77 años dedicado a la escritura y a la composición. Puede que algunos no reconozcan su nombre pero sí han cantado y bailado su principal éxito “Que lloren las estrellas”, canción que fue grabada en el 2001 por el cantante guajiro Jorge Celedón Guerra y el acordeonero Jimmy Zambrano en el álbum titulado “Llévame en tus sueños”.

Peñaranda cuenta que desde los 12 años descubrió que tenía talento para la composición y escuchaba otros géneros como la ranchera y el bolero para inspirarse. Su vida como compositor la alternó con trabajos en construcción para poder solventar sus gastos. Sin embargo, a los 55 años tuvo que abandonar su labor como obrero porque empezó a padecer una fuerte alergia ocasionada por el contacto con la cal y el cemento.

Hugues nació el 4 de diciembre de 1935 en Fonseca, para unos la tierra de cantores y para otros la Villa de San Agustín, el túnel natural de América. Vive en su finca en La Vega, en el barrio San Agustín, donde se ubican las últimas casas del municipio. 

La Vega es un paraje en la rivera del río Ranchería,  atravesado por una acequia, a su alrededor se ven árboles de mango, cocoteros y guayabos. Cruzando el puente hay una tarima de cemento, con una pequeña pista de baile, que está deteriorada y abandonada. Este mismo escenario fue testigo de conciertos con Iván Villazón, Beto Villa, los Diablitos del vallenato, los Muchachos, los hermanos Zuleta, Silvio Brito, entre otros.

El maestro Hugues camina a paso lento pero firme y se vale por sus propios medios para desplazarse. Le gusta vestir de manera clásica y sencilla. Al momento de la entrevista llevaba un pantalón de lino color negro, bota recta y una camisa manga larga de color azul claro. 

Afirma que la edad nunca ha sido un impedimento. El maestro Hugues se graduó como bachiller académico en el 2001 a la edad de 66 años por intermedio de la caja de compensación Comfamiliar de La Guajira. Y hoy, a sus 89 años, afirma que quiere cumplir su sueño de grabar sus composiciones.

Consonante: ¿A qué atribuye el reconocimiento que ha ganado en Fonseca?

Hugues Peñaranda: Todo se lo debo a mis canciones, escribo poesías y tengo una novela por ahí que no ha sido publicada. Las canciones tuvieron más fuerza en la década de los 70, pero ahora no salen con tanta frecuencia porque producir una canción es muy costoso.

C: ¿Cuál de sus composiciones considera la mejor?

H.P.: La canción que más me ha ayudado y que es una excelente composición es “Que lloren las estrellas”, que grabó Jorge Celedón. Es una canción muy bien lograda y bonita, esa canción la hice para que la grabara Rafael Orozco con el Binomio de oro. Fui a una parranda a San Juan del Cesar, en La Guajira, y allí llegó Rafa, aproveché y le comenté que yo quería que me grabara una canción y él, muy amable me dijo: “envíame tres para escoger una”, con tan mala suerte que al poco tiempo lo mataron y no alcancé ni siquiera a enviarle las canciones. Las otras canciones fueron “Ámame” y “Tú no tienes la culpa", que aún son inéditas.

No sé si Rafael hubiese escogido “Que lloren las estrellas", porque las otras dos canciones también son lindísimas, la canción “Ámame” siempre he querido que me la grabe Jean Carlos Centeno, pero no ha sido posible.

C: ¿En qué o en quién se inspira para componer?

H.P.:  Eso es natural, soy un tipo enamorado de la vida, de mis hijos, de mi finquita, de los amigos y de las mujeres, y ahí encuentro la inspiración. La canción “Tú no tienes la culpa” se la hice a una muchacha, tuve una hija con ella y con el tiempo nos separamos. 

C: ¿Qué otros géneros musicales compone?

H.P.: He compuesto valses, rancheras y boleros. La primera canción que compuse creo que fue un bolero ya casi no recuerdo, la segunda se titula “Capullito de rosa”, la grabó Jesús Torres con Joaquín Soto para el sello Victoria en Medellín.

C: ¿Qué opinión tiene sobre los nuevos compositores?

H.P.: Pienso que todo evoluciona. A estos nuevos muchachos compositores e intérpretes, los quiero, los adoro, los respeto, pero eso que están haciendo algunos no es vallenato.

Lo que queremos hoy es que se vuelva al vallenato autóctono, legítimo, el de Alejo, Escalona y Hernando Marín. Antes solo era caja, guacharaca y acordeón, hoy está el bajo, la guitarra eléctrica, el piano, los pitos y todo lo demás, eso es diferente. Y resaltó a muchos de estos nuevos artistas porque son diferentes dentro del mismo vallenato, no puedo decir que Jorgito Celedón es mejor que fulano, cada cual con su estilo y eso hay que respetarlo.

C: ¿Para usted, el compositor nace o se hace?

H.P.: El compositor nace, es algo natural. Algunos se hacen, pero no es igual. La mayoría de los compositores de antaño no sabían de letras y mejores no pudieron ser. Con los años uno se va puliendo, pero definitivamente el compositor nace. Cuando yo inicié tenía muchas dudas y fui donde el maestro Julio Vásquez y le pregunté: “qué se necesita para ser compositor”, y me dijo: “tener la inspiración, eso sale del alma”. Eso me bastó. Yo hago mis melodías silbando y agarro la guitarra y comienzo a tocar, por estos días la tengo abandonada porque me duelen las manos y se me dificulta. Pero toco muy bien la guitarra. 

C: ¿Cómo es su día a día?

H.P.: Me levanto temprano. Soy un hombre independiente, no trasnocho y no me gusta estar molestando. Vivo en mi finquita “La Vega” con el hijo de una expareja. Lo he criado desde que tenía 27 días de nacido y es quien me acompaña. Soy un hombre tranquilo y el tiempo libre lo utilizo para escribir, componer canciones y repasar mis poesías. Ya no fumo, no bebo y lo que me gano lo utilizo para comprar mis cosas y tratar de vivir mejor.

C: ¿Cuántos hijos tiene?

H.P.: Tengo 14 hijos, siete mujeres y siete hombres. 13 de ellos crecieron a mi lado y al mayor no lo conocí. Tuve tres hogares y vivo orgulloso de mis hijos porque tienen buenos principios y son bien educados.

C: ¿En qué piensa cuando le mencionan o recuerda “El Festival del Retorno"?

H.P.: El Festival del Retorno es una fiesta que le da alegría al pueblo, un poco apareada con la fecha de nuestro santo patrono San Agustín, pero se convirtió en una fiesta folclórica. No tuve la suerte de ganarme la canción inédita, tampoco la ganaron Carlos Huertas, ni Julio Vásquez que tanto le cantaron a Fonseca y hoy esas canciones son los clásicos que representan nuestro pueblo. Las recuerdo como unas fiestas sabrosas, sanas, y donde no había peligro. Del nuevo festival me gustan los concursos, pero definitivamente necesitamos paz, dignidad y honestidad para que las cosas marchen mejor.

C: ¿Qué agrupaciones musicales amenizaban las fiestas de El Retorno?

H.P.: La orquesta de los Pitres, Nelsón Enríquez y sus estrellas que venían de Venezuela, Pastor López, La Pelotica, los Caciques de La Guajira, Alfredo Gutiérrez, Los Corraleros de Majagual y muchos más.

C: ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como compositor?

H.P.: El Super Combo Los Tropicales, agrupación venezolana, me grabó una canción que se llama “Labios de seda”. La Típicas Playera, también de Venezuela, me grabó la canción “La Piquería”, que era una piquería entre nuestro santo patrono San Agustín y el patrono de Valledupar Santo Ecce Homo. Los Extraños, de Venezuela, me grabaron un paseo que se llamaba “El aventurero”, y no podría faltar “Que lloren las estrellas” mi canción más conocida y grabada por Jorgito Celedón Guerra. Esta canción narra el desespero de un enamorado por la ausencia de su amada quien decide alejarse.

C: ¿Cuál es su más grande sueño?

H.P.: Todos los días al levantarme le pido a Dios que no me lleve de este plano sin haber grabado mis canciones en mi propia voz, bien arregladas como debe ser. Tengo un proyecto en un estudio de grabación con un muchacho que se llama Chema Gil, hay dos canciones comenzadas, pero no he podido avanzar porque no tengo la plata y eso es caro. Ese es mi más grande anhelo y no me quiero morir sin realizarlo.

C: ¿Usted cree que en Fonseca le han dado la importancia que usted merece?

H.P.: No, no me la han dado. Yo no he podido ganar la canción inédita, además de eso el 4 de diciembre cumplo 90 años y yo no tengo un auxilio de nada por parte del gobierno, no tengo ni derecho a mercados. El municipio está en deuda conmigo por lo que represento cultural y folclóricamente.

C: ¿Qué significa La Vega para usted?

H.P.: Este sitio yo lo quiero, lo quiero tanto que le digo a mis hijos que cuando me muera caben un hueco bien hondo y me entierren aquí, porque después de muerto da lo mismo en el cementerio que aquí. Escuche que Sayco (sociedad de autores y compositores) le va a dar a los compositores un apartamentico, yo lo deseo para vivir cerca, en el mismo barrio, y vivir en una mejor condición.

C: ¿Cómo se sostiene económicamente?

H.P.: Yo recibo un incentivo de Sayco trimestralmente que equivale al salario mínimo mensual vigente. Cuando esa platica llega, compro mis cosas de uso personal, mis medicinas y alimentos, y como no tengo vicios de ningún tipo la plata me rinde. Me gusta ser independiente y no quiero que tengan que darme la comida en la boca, que me lleven, que me traigan.

*Quien aparece en los videos es Jhony Solano, su gran amigo. Pidió agregar esta frase: “Al maestro Hugues lo conozco de toda la vida, ha sido un referente para mí y para Fonseca.  Siempre he sentido admiración por el maestro, creo que no ha llegado a su fin. Es una persona noble, muy inteligente y a pesar de sus problemas de salud, siempre está inspirado"

Hace cinco meses Lucila Itriago, de 67 años, ocupa como vivienda un espacio de 4 metros cuadrados en el espacio con la obra abandonada que pretendía convertirse en el mercado y, al tiempo, la terminal de transporte de San Juan del Cesar. Allí vive con su esposo, un hijo y un hermano luego de quedar sin dinero para pagar arriendo. 

“Teníamos dos meses atrasados y al ver que no nos íbamos, la dueña de la casa decidió quitar el techo y dejarnos a la intemperie. Buscando y durmiendo de aquí para allá, encontramos que este lugar estaba solo y nos metimos”, cuenta Itriago. Ella es de Venezuela y llegó con su familia hace cuatro años a Colombia.

En esta obra, la Gobernación de La Guajira destinó $ 1.778.919.563. El contrato se firmó en julio de 2009 entre el exgobernador Jorge Pérez Bernier con la Unión Temporal Cerco, la cual se identificó con el Nit. 900.294.458-5. En respuesta a un derecho de petición, la Secretaría de Obras Públicas y Vías Departamentales del departamento de La Guajira informa que la obra “fue terminada satisfactoriamente, pero no fueron entregadas  formalmente al municipio de San Juan, beneficiaria con la infraestructura, ni mucho menos fueron recibidas por este”. 

En todo el municipio se conoce que esta obra es un “elefante blanco” (obras que nunca terminaron o no están en funcionamiento). 15 años después de ejecutarse el contrato, a la fecha no hay quién rinda cuentas del dinero que allí se perdió. El contrato fue firmado por el exgobernador Jorge Pérez Bernier y el representante legal de la Unión Temporal Cerco, José Consuegra Cerpa. La unión temporal además la conforman la Compañía de Ingeniería, Negocios y Servicios S.A. y Jairo Efraín Ceron Martínez.  (Ver abajo el contrato)

Itriago y su familia viven en este lugar, pero las condiciones no son las mejores. En el espacio solo hay un techo y paredes; no hay puertas, ni ventanas, no tiene baño y es inseguro. Se ha convertido en un botadero de basura y algunos jóvenes se reúnen para tener encuentros sexuales y consumir sustancias psicoactivas. “Estamos acá por la necesidad y porque no tenemos cómo pagar un arriendo. Nadie quiere vivir en un lugar como este”, asegura Itriago.

Cuando llueve se les inunda todo. “Ponemos plásticos para no mojarnos, pero no es suficiente. Nos ha dado gripa y fiebre”, asegura José Luis Rodríguez, esposo de Lucila.

Rodríguez sale todos los días en su carrito en busca de alguna oportunidad para trabajar en cualquier oficio, ya sea limpiando patios, arreglando cosas o reciclando. De él depende que su familia se alimente. Sin embargo, Rodríguez dice que en ocasiones no encuentra nada y regresa con los bolsillos vacíos. “No sabemos a dónde iríamos si se llega a recuperar este espacio, dónde Dios nos lleve”, recalca.

A un costado de la entrada de la terminal, funciona la llantera de Óscar Orozco,  de 49 años de edad. Luego de sufrir un desalojo, Orozco vio la oportunidad de poder trabajar en esa obra abandonada. “Ahí tengo mi llantería. Si no trabajo no tengo qué comer y mucho menos qué darle a mis hijos”, relata.

Para Orozco la construcción de esta obra significaba progreso para San Juan. En ese tiempo aún estudiaba y vivía en el barrio El Carmen, al norte del municipio, y tenía que ir hasta el centro a buscar el transporte o hacer las compras.  “En ese tiempo pensaba que ya no tenía que coger para el centro porque el mercado y el transporte iba a estar más cerca. Esas eran mis expectativas de que la terminal funcionará, nunca imaginé que terminaría así”, cuenta. 

Actualmente, el municipio no cuenta con un terminal de transporte. Los carros que transportan a las personas en las diferentes rutas del departamento están ubicados a un costado de la avenida Manuel Antonio Dávila, y las empresas de transporte que se encargan de las rutas fuera del departamento están dispersas por todo San Juan. Entre las más importantes están Cootrasan, Brasilia, Copetran, Cootracosta y Costaline.

El abandono estatal en el que quedó está obra fue aprovechado por los dueños de lo ajeno. Según Orozco, poco a poco lo fueron desvalijando. Se llevaron los baños, los cables, las luces, los portones, las puertas. Solo quedaron las paredes y unas estructuras en el techo. 

Del otro lado de la infraestructura, en condiciones similares, están las instalaciones de lo que sería el mercado municipal. Allí también habitan algunas personas que no tienen un techo. Una de ellas es Julio Vega, de 66 años, quien vive ahí desde hace más de 15 años.

Antes de que se construyera esta obra, Vega tenía un negocio de bebidas frías al frente de dónde quedaría la terminal. “Yo tenía un quiosco de lata en la carretera y quedaron de darme un local a los 8 meses en el mercado nuevo”, cuenta.  Luego de esto, se vio obligado a trasladar su quiosco a varios lugares del municipio, y poco a poco se fue deteriorando, hasta que no quedó nada. Sin empleo y al ver que no se hizo efectiva la promesa, decidió ocupar uno de los locales que están en el mercado. Allí vive y funciona su negocio. Es un pequeño cuarto donde tiene un carro colchón, escoba, un enfriador, canastas de cerveza y mesas para jugar dominó, cartas y siglo. 

En el municipio siempre se ha rumorado que la obra no se entregó. Pero Vega asegura que se entregó en el año 2010 al entonces alcalde Jesús Lamus Rodríguez (2009-2011): “Yo fui testigo, aquí vinieron y el doctor Lamus cortó el listón, pusieron una placa, tomaron fotos y se fueron”. “De la noche a la mañana lo dejaron abandonado. Y los rateros lo desvalijaron”, agrega. 

Vega considera que la construcción de esta obra y su abandono sólo han significado para el municipio un atraso. No hay por dónde caminar y el sitio con el tiempo se ha deteriorado. “Aquí hay un chiquero de puerco”, dice.

El exalcalde Álvaro Díaz (2020-2023) tuvo como objetivo recuperar el espacio público y trasladar el mercado viejo a esta infraestructura y no lo logró. Su último intento fue el año pasado cuando convocó a vendedores ambulantes para hacerle limpieza al lugar. “Lavaron esto, pusieron el agua porque no se puede hacer más. Todos los alcaldes dicen que le van a meter pecho y no pasa nada”, agrega Vega.

Para Fredy Mendoza, de 73 años y también residente del mercado, esta acción del exalcalde fue un engaño para los vendedores. “En campaña dijo que iba a arreglar esto,  engañó a la gente y luego como ya tenía que entregar resultados mandó a meter a la gente aquí, aun con el mal estado en el que se encuentra”, asegura.

Mendoza nació en San Juan del Cesar, pero fue criado en Venezuela, allí se desempeñó como monitor deportivo y practicó varios deportes como boxeo, béisbol y atletismo. Retornó a su natal San Juan con la intención de impulsar esos deportes. Al llegar se acercó a la alcaldía municipal, pero no le dieron la oportunidad porque en ese entonces solo apoyaban al fútbol. “Vi que el mercado estaba solo y me metí a vivir en esos cuartos”, relata. 

Mendoza vive solo en un cuarto donde antes quedaba un expendio, allí se dedica al arreglo de estufas y demás electrodomésticos. Cuenta que los delincuentes se han llevado portones, ventanas, las láminas del techo y rollos de alambre.

“Yo no iba a dejar acabar esta obra porque el pueblo la necesitaba, iba donde el alcalde Lamus (Jesús Lamus Rodríguez) a ponerle la queja, me faltó arrodillarme para que no lo dejaran acabar. Le quitaba a los ladrones los rollos de alambre y los llevaba a la Policía, pero allá se perdían y no hacían nada”, agrega Mendoza. 

Sus esfuerzos no fueron suficientes. El lugar está totalmente perdido: hay basura, monte y malos olores que imposibilitan la entrada. “A los que vivimos en el barrio nos da pena y vergüenza caminar y asomarse ahí en esos locales. Aquí no llega ni siquiera sanidad”, relata.

“Vivo aquí porque no tengo donde meterme. No voy a aceptar, que me tiren como un perro a la calle después de cuidar tanto tiempo”, reclama.

Una promesa más de recuperar el espacio

La administración del actual alcalde Cubita Enrique Camilo Urbina ha fijado como uno de sus principales objetivos la recuperación de algunos de los sitios denominados “elefantes blancos”. Para esto, solicitaron a la Gobernación y a la Contraloría una aclaración del estado en el que se encuentran las obras. “Pensamos rescatarlas, ya se hizo la inspección y visita a los lugares. Se está formulando nuevamente el proyecto para hacer una inversión, pero buscamos que nos definan la situación jurídica”, cuenta Urbina.

“Esa es una obra que quedó como un elefante blanco y sería de mucha importancia para el pueblo sanjuanero, nos permite desarrollarnos económicamente y sacar la plaza del mercado actual del mal llamado hoyito”, agrega.

Según el alcalde Urbina, la obra nunca fue entregada al municipio y por esa razón no se hizo una inversión desde las pasadas administraciones. “Hubo problemas con la contratista, dejaron hasta vencer las pólizas. En general eso fue un robo”, asegura Urbina.  A pesar de todo lo sucedido con la obra y de tantos años que han pasado, hasta el momento no hay ninguna investigación judicial.

“El inmueble se encuentra libre de acciones judiciales o algún tipo de gravamen. Al momento de dar esta respuesta, es necesario señalar que a la fecha no se existen acciones de naturaleza fiscal por el órgano de control”, respondió la Gobernación en respuesta al derecho de petición el 1 de agosto.

La administración actual del gobernador Jairo Aguilar informa que tiene como objetivo recuperar algunas obras inconclusas a nivel departamental. En San Juan se destaca el coliseo cubierto, el estadio Enrique Brito y la plaza de mercado y terminal de paso.

“Para lograr tal cometido entre la administración departamental y la administración municipal de San Juan, se han adelantado una serie de reuniones. incluyendo visitas al sitio de las obras, con miras a desarrollar un proyecto que permita adelantar tareas constructivas de recuperación de las obras y dar, definitivamente, funcionalidad a las mismas”, dice la Gobernación en el derecho de petición. Sin embargo, aclara que no se tiene claro de cuánto será ese presupuesto y que para esto se adelanta un inventario de lo que se necesita. 

La recuperación de esta obra hace parte de una iniciativa de la Contraloría denominada “compromiso Colombia” que busca rescatar los “elefantes blancos”. En La Guajira la Contraloría ha identificado 70 proyectos de este tipo y que suman 828. 804  millones de pesos. Según información del Departamento Nacional de Planeación, durante el 2023 se financiaron 67 proyectos por un valor de 510 millones de pesos, de estos 446 corresponden a los recursos del Sistema General de Regalías. 

Desde Consonante enviamos un derecho de petición a la Contraloría para obtener más información sobre los hallazgos en esta obra, pero no se obtuvo respuesta.

“Voté con la esperanza de que hubiera un cambio y poder volver a mi país”. La frase de Daniela Hernández, de 25 años, reúne la voz de varios venezolanos que desde Fonseca salieron a votar el pasado 28 de julio con la esperanza de que su país mejorara, pero hoy se mantiene el caos. Al municipio fronterizo han migrado más de 8.800 venezolanos.

Han pasado dos semanas de las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral, que declaró la victoria de Nicolás Maduro, con el 51, 95 por ciento de los votos, no ha publicado ni verificado las actas electorales. Por su parte, la oposición dice tener pruebas de la victoria de Edmundo González Urrutia, con un 67 por ciento de los votos. Desde los comicios del 28 de julio se calcula que el gobierno de Maduro ha detenido a unas 2.400 personas que han sido enviadas a las cárceles de máxima seguridad, como Tocuyito y Tocorón; y, hasta este lunes, el fiscal de Venezuela confirmaba 25 personas muertas durante las protestas.

Era la primera vez que Daniela Hernández ejercía su derecho al voto y aprovechó para ver a algunos familiares. Al evidenciar el caos en el que se encuentra su país habla con tristeza, pero mantiene la esperanza de que la cosas mejoren: “Pienso que se debería hacer un cambio de presidente porque esto es dictadura a todas luces, debería existir un cambio y que el régimen le dé la oportunidad a otra persona con otra manera de pensar. Seguimos esperanzados en que exista un cambio para poder volver a nuestro país, si se compone Venezuela me devuelvo”. 

Daniela migró a Colombia hace 5 años. No se ha decidido por un lugar fijo para vivir, ha recorrido desde Barranquilla hasta Fonseca en busca de mejores oportunidades de trabajo y actualmente vive en el corregimiento de Conejo dónde trabaja por días haciendo aseo en casas de familia. Por ahora, prefiere estar cerca de la frontera para visitar a su padre que vive en Venezuela.

Ese 28 de julio era un escenario importante y decisivo para Daniela y sus connacionales en Fonseca. Para muchos la mejor opción era cruzar la frontera porque en los puestos de votación que se habilitaron en los consulados (en el caso de La Guajira fue en Riohacha) se debía contar con un pasaporte, documento que no tienen quienes entraron a Colombia de manera irregular. Algunos de los entrevistados contaron que un pasaporte cuesta 400. 000 pesos y les quedaba más fácil viajar a Venezuela con un aproximado de 200. 000 pesos. 

Aunque Fonseca es un municipio fronterizo con Venezuela, los caminos o fronteras físicas son intransitables ya que deberían cruzar la Serranía del Perijá. Por ello, resulta más fácil viajar por la frontera de Paraguachón, en Maicao.

Según datos de Migración Colombia, hasta el 30 de abril del 2024 se encontraban en Colombia 2.813.997 venezolanos. En el departamento de La Guajira hay 159.962 personas (el 5,68 por ciento) y en Fonseca 8.842.

Igual que Daniela Hernández, fue la primera vez que Dariannis Montero votó. Viajó sola hasta el estado de Zulia, en Venezuela, con la esperanza de sumar con su participación a un cambio. “Yo quiero todo lo que quiere un joven de Venezuela, conocer otra alternativa de gobierno”, recalca.

Tiene 20 años y llegó con su hermana mayor hace cuatro al corregimiento de Conejo en Fonseca. “Pasé todo el día llorando, viendo los videos y las publicaciones por redes sociales. Eso me ponía mal, no sabía qué hacer, solamente llorar. ¿Qué puedo hacer si ya con mi voto no se hizo nada?”, dice.

“Siento que todos los venezolanos estamos unidos y nos va a ir bien y le brindaremos a la juventud cambios (…) No hay que quedarse callado, están matando a la gente que solo sale a marchar”, puntualiza.

Dariannis recalca que solo ha conocido un gobierno en Venezuela, por lo que esperaba que quedara una opción diferente: “A veces entro en discusión con mi mamá, no lo voy a negar, porque ella apoya al gobierno presente y yo quiero algo diferente”.

Otro caso fue el de María Sencial, una mujer wayuú de 40 años. Ella viajó desde Fonseca hasta Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela para ir a votar y regresar el mismo día. Cuenta que viajó desde las 3 de la madrugada para evitar los retenes de seguridad y otros contratiempos. “Uno va seguro desde aquí hasta Maicao y de la frontera para allá no sabe qué va a encontrar”, asegura.

“Destiné el día para ir a votar, pero lo primero que hice al llegar a Maracaibo fue ir a la casa de mi mamá para verla y abrazarla”, agrega. María migró a Colombia hace seis años con sus hijos debido a la situación económica de su país y se radicó en el corregimiento de El Confuso, en el municipio de Fonseca.

María apoya al gobierno presente, sin embargo, expresó que se ha sentido afectada por la situación que está viviendo su país: “Me da tristeza que el pueblo esté dividido y estén pasando esas cosas en el país porque no estoy de acuerdo con la violencia ni en que los políticos la promuevan”.

Aunque Daniela, Dariannis y María votaron por partidos contrarios, todas añoran regresar algún día a su patria.

Baja votación en el exterior

Txomin Las Heras, venezolano e investigador del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indica que la mayoría de los venezolanos que están en el extranjero no pudieron ejercer el derecho al voto en los consulados, debido a que no cumplían con los requisitos de inscripción. “La mayoría de los venezolanos que se encuentran en el exterior están en una situación de migración irregular, hablamos de índices altos, alrededor de un 80 por ciento”, resalta.

Además, explicó que no hubo un interés del gobierno venezolano en facilitar la inscripción de las personas que se encontraban fuera del país, tomando en cuenta que la legislación electoral de ese país lo único que exige es tener la cédula de ciudadanía.

Por su parte, Tulio Hernández, sociólogo venezolano, cuenta que muchos ciudadanos viajaron por caminos difíciles con la ilusión de un cambio para su país. “Las personas que viven cerca de la frontera generalmente atraviesan por la frontera y si los paran entonces utilizan las trochas, los ríos, pero siempre es un gran riesgo (…) En las fronteras de Venezuela y Colombia operan las fuerzas más oscuras de ambos países, donde se ha denunciado tráfico de órganos, de drogas, de personas y de armas”.

Por ejemplo, Blanca Vera, migrante venezolana de 39 años, desistió de viajar a votar por temor a la situación de violencia. “Yo quería salir a votar, me alisté y todo para salir, pero después me dio miedo, pensé que eso sería un desorden y muy peligroso”, dice.

Blanca llegó hace 5 años a Fonseca y dice que aún no se ha adaptado a vivir en Colombia. “Hay momentos en los que quiero regresar a Venezuela, sino que allá las cosas están duras y más ahora con las elecciones. Siempre mantengo el contacto con mi familia y con mis amigos”, puntualiza.

Retornos o nuevas migraciones después de las elecciones

Txomin Las Heras sostiene que los resultados de las elecciones en Venezuela eran cruciales para las personas que aún no se decidían a migrar, pero considera que en ninguno de los escenarios posibles habría retornos masivos. “La evidencia histórica señala que los migrantes no toman decisiones drásticas de volver inmediatamente a sus países de origen. Una proporción importante tiende a quedarse en sus países de acogida porque han comenzado a hacer vidas nuevas, han creado raíces que hace que sea difícil regresar. A corto plazo no creo que haya un regreso masivo en ningún caso”, resalta. El investigador destaca que por parte del gobierno de Maduro no hay propuestas concretas de política migratoria para facilitar el regreso de los ciudadanos.

Por lo tanto, Las Heras considera que es probable que los eventos desatados por los resultados electorales influyan en nuevas migraciones: “En vista de los escenarios de inestabilidad que parecen que se van a cernir sobre Venezuela en los próximos meses y los problemas políticos que se van a desencadenar indudablemente, debido a las acusaciones de fraude, es muy posible que ciertos sectores de la población venezolana emprendan decisiones de migración, en primer lugar la gente joven, que busca estudiar”.

“Puede haber un fenómeno de reunificación familiar que se vea presionado por los temas de inestabilidad política y que impulsaría el fenómeno migratorio. Antes de las elecciones muchas encuestas mostraban una proporción importante de la población venezolana que manifestaba su intención de emprender el camino migratorio si no se producía algún tipo de salida política a la situación actual en Venezuela”, agrega.

Para el experto Tulio Hernández se estima que en los próximos cuatro meses se empiecen a ver nuevas migraciones. “Se calcula que en los próximos cuatro meses van a venir por lo menos 800.000 venezolanos y venezolanas. No podemos asegurarlo, pero según las estimaciones, se dividirán 400.000 a Colombia y 400.000 a Brasil”.

La situación de violencia en Venezuela se da en medio de un tercer mandato de Nicolás Maduro marcado por la desinformación e investigado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2014, 2017 y 2019.  

Nastassja Rojas Silva, profesora y consultora en derechos humanos, indica que la sociedad venezolana lleva años denunciando la falta de institucionalidad, la falta de transparencia y la represión. “Los poderes públicos han sido absorbidos por el ejecutivo para legitimar sus decisiones no democráticas. La ciudadanía no espera que se publiquen las actas de manera transparente o que haya una corrección, sabemos que eso no va a suceder”, señala.

Frente a las implicaciones en migración, Rojas resalta que el aumento se dará en lo que resta de este año. “Antes de las elecciones había unos sondeos que hablaban que el 25 por ciento de la población tendría intención de migrar en caso de que Maduro continuara en el poder y me atrevería a decir que incluso ese porcentaje va a aumentar por esa represión generalizada”, agrega.

“Vemos a menores de edad detenidos, personas que tienen una condición de discapacidad, nadie está teniendo acceso a una defensa ni a que su familia pueda conocer sobre su situación. Hay un temor y miedo generalizado y se han bloqueado las páginas web”, denuncia Rojas.

El gobierno de Maduro ha bloqueado X (antes Twitter) y todas las aplicaciones VPN de conexión internacional. “Solo podemos ver lo que ellos digan”, dicen desde Venezuela. La comunicación entre las familias de Venezuela y de quienes viven en la frontera se ha dificultado: “Estamos bien, siguen las protestas. Pero no podemos hablar nada malo ni decir nada. Nos están viendo las redes sociales”, fueron las cortas palabras que escribió otro ciudadano por Whatsaap a su familia en Fonseca.

Se ha denunciado que los policías revisan los celulares y las conversaciones en redes sociales para detenerlos. “Les piden el teléfono, obligan a dar la clave y si ven algún mensaje de convocatoria, de una manifestación o un rechazo a los resultados electorales los llevan presos. Esto de Venezuela es el primer totalitarismo del siglo XXI más que una dictadura, los que estamos aquí en Colombia estamos con el corazón reventado, con el corazón roto. Es como si estuviéramos secuestrados y sin ninguna esperanza”, puntualiza el venezolano Tulio Hernández.

A cinco meses de vencerse el nuevo plazo que la Alcaldía de Fonseca y la caja de compensación familiar del Cesar, Comfacesar, acordaron para culminar el proyecto de construcción de viviendas en sitio propio solo se han entregado 330 casas, de las 563 que se plantearon construir en las veredas Conejo, El Hatico, El Jawey, El Puy, Hatico Viejo, Los Altos, Los Toquitos, Mamonal y Quebrachal. Es decir, que las entregas van en un 59 por ciento.

El contrato entre el municipio de Fonseca y Comfacesar cuenta con una inversión del Sistema General de Regalías por 40.920 millones de pesos y debía entregarse el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Alcaldía otorgó una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024, según informó la administración en un derecho de petición, “debido a la necesidad de realizar una revisión minuciosa de los casos de los potenciales beneficiarios de los proyectos”. 

El 21 de diciembre de 2023, cuatro días después del triunfo de Micher Pérez, la administración del exalcalde Hamiltón García asignó 139 cupos. Sin embargo, esa resolución fue revocada el 9 de febrero por Pérez y a la fecha no se han asignado nuevos beneficiarios. El valor de cada casa, sin impuestos, es de 72.682.000 millones de pesos.

La Alcaldía de Fonseca indicó el 17 de mayo, en respuesta a un derecho de petición de Consonante, que el cambio de resolución se hizo porque “el procedimiento administrativo estaba viciado”. “Quien no cumple con los requisitos, no puede acceder a la vivienda. Sin embargo, como primera medida se publicó un edicto, el cual contenía un listado de las personas que no cumplían con los requisitos con la finalidad que por el término de 10 días subsanen las falencias encontradas. Luego, se volvía a realizar el respectivo estudio para así determinar si dichas personas continuaban en el proceso para acceder a la vivienda”, agrega. La alcaldía también informó que las escrituras públicas serán entregadas cuando se culmine en su totalidad el proyecto y que son las empresas públicas quienes deben proporcionar los servicios públicos.

Los cambios en las listas de beneficiarios han sido una constante en este proyecto, que sumado al incumplimiento en los tiempos de entrega ha llevado a plantones y en tutelas de familias afectadas contra la alcaldía argumentando que se está vulnerando el derecho a la vivienda digna, a la igualdad y al debido proceso.

Aunque la Secretaría de Planeación menciona que el contrato se encuentra en etapa de ejecución, la información dada por Comfacesar confirma que el proyecto está suspendido desde hace dos meses porque no se tienen las listas de beneficiarios. En varias oportunidades, tanto por teléfono como en su oficina, Consonante solicitó entrevista con el secretario de Planeación, Hernando José Quintero Manotas, para ampliar esta información, pero la solicitud fue negada.

Además, Deimer Pérez, coordinador de proyectos de vivienda de Comfacesar, indica que las obras no han avanzado porque no tienen el listado de quienes son las personas beneficiadas de las viviendas. “El tema de los beneficiarios es exclusiva responsabilidad del municipio de Fonseca. Están haciendo los trámites administrativos para hacer la revisión de esos beneficiarios que hacen falta y poder entregárselo a la caja de compensación y nosotros a su vez a los constructores para que terminen la ejecución de las viviendas”, cuenta.

Comfacesar aclara que el contrato se dividió en dos grupos. El primero fue designado al consorcio Fonvivir para trabajar en los corregimientos de El Hatico, El Jawey, Quebrachal, Los Toquitos, Potrerito, El Puy y Mamonal. De estos, se han entregado 126 viviendas y están en ejecución 195. El segundo grupo está a cargo del consorcio Fonvisol para la construcción de las casas en los corregimientos de Conejo y la vereda Los Altos.

Para acceder al beneficio las familias deben cumplir con ciertos requisitos de priorización y de focalización, entre estos, tener el Sisbén bajo y que sean poseedoras de lotes en donde se pueda construir la vivienda propia.

Consonante visitó a tres madres de familia (Colombia Carias, Juliana Sánchez y Rosales Añez) que llevan ocho meses en espera a que se resuelva si pueden acceder a los subsidios. 

Colombia Carias

Colombia Carias tiene 52 años y es una de las 139 beneficiarias que el exalcalde Hamilton García escogió a través de la resolución 517 del 21 de diciembre para acceder al subsidio. Sin embargo, el 9 de febrero, con la resolución 039 de 2024 del alcalde Micher Pérez quedó por fuera del proyecto de vivienda. 

Cuenta que ese 21 de diciembre le dijeron que hacía parte de las familias con subsidio. Pero su nombre en esa lista solo duró dos meses. Ella conserva el acta de notificación de asignación de cupos de vivienda nueva firmada por el exsecretario de Planeación, Deymer Torres. 

Colombia vive con su mamá, de 84 años; dos hijos, de 22 y 18 años; y dos nietos, ambos de 5 años en una casa arrendada en Fonseca y donde paga 350 mil pesos mensuales. La casa está en obra gris, en ladrillos y el techo y las paredes tienen grietas. Colombia está desempleada y cubre los gastos de su hogar con los ingresos que le envía una hija que está en Chile desde hace 5 años . 

Antes vivían en Potrerito, pero Colombia y su familia tuvieron que desplazarse a Fonseca para que ella pueda recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia, ya que padece cáncer de útero. Además, es hipertensa y diabética.

Colombia recibía ayudas cuando cobraba el Ingreso Solidario, pero debido a que el gobierno de Gustavo Petro retiró el programa ya no tiene el beneficio. “No tenemos dónde vivir. Desde 1975 hemos estado pidiendo que nos reconozcan como víctimas de la violencia porque mataron a mi padre en Conejo. Mi mamá no tuvo ayuda del Gobierno para nada y nunca llegamos a tener una casa propia. Yo quiero descansar y vivir en una vivienda digna”, dice.

“Soy una persona con discapacidad, vengo de un proceso de quimioterapia y radioterapia. Soy paciente oncológico y no veo prudente que el señor alcalde me quiera excluir luego de estar fija”, agrega. 

Colombia asegura que a la fecha no tiene una respuesta de la Alcaldía. “El alcalde saliente nos dejó inscritos en una carta, nos dio ese privilegio y nos visitaron para ver si éramos aptos para que nos dieran esa vivienda. El ingeniero me dijo que mi solar (lote) estaba en buenas condiciones y estaba excelente, le pido al alcalde, que por favor, nos dé respuesta”, puntualiza Colombia.

Rosaura Añez

Rosaura Añez tiene 48 años y vive en la vereda Los Toquitos. El 21 de diciembre recibió un acta donde le notificaron que le asignaban un cupo y hoy está por fuera.

Es madre cabeza de familia y tiene tres hijos— de 16, 13 y 6 años— que están estudiando. Rosaura es desplazada por la violencia en Colombia y aunque hizo su declaración ante las autoridades, nunca fue incluida en el registro de la Unidad para las Víctimas. Según cuenta, le han informado que está en base de datos e investigación.

“Estoy entre los propietarios de las 139 viviendas pero hasta hoy no hemos visto esa luz de inicio porque no hemos recibido la visita de Comfacesar para ver si nuestro terreno aplica o no”, dice Rosaura.

Actualmente está desempleada y vive en una casa de bahareque construida por ellos. Cuenta con dos habitaciones, una cocina con un fogón en leña y no tienen ningún servicio público.

“Soy discapacitada porque tengo una limitación en la pierna izquierda, soy madre cabeza de hogar, desplazada y por eso apliqué al subsidio. A otras personas (antiguos beneficiarios) se les brindó una oportunidad y muchos no tenían el lote, no tenían el perfil, tenían vivienda y tengo a mi mano una constancia que certifica que yo soy propietaria de esa vivienda”, cuenta. Rosaura hace parte de un grupo de familias que esperan que se resuelva una tutela contra la alcaldía reclamando una vivienda digna.

“Hicimos el plantón para que el alcalde nos dijera por qué nos sacó del último listado del 21 de diciembre. Nos hemos asesorado con varios abogados y nos dicen que con la certificación nosotros podemos pelear esa vivienda”, puntualiza.

Juliana Sánchez 

Juliana Sánchez tiene 27 años y vive con su esposo, de 34 años y quien trabaja como albañil; y sus tres hijos - de 5, 8 y 10 años-. Igual que Colombia y Rosaura. Juliana fue seleccionada por el alcalde Hamilton García entre los 139 beneficiarios el 21 de diciembre.

Su adjudicación, según cuenta, se dio porque el exalcalde llegó a su vivienda con un documento donde le confirmaban que era beneficiada.

Juliana vive desde hace 6 años en una casa en Conejo que cuida. Está hecha de ladrillos, con techo de tejas y palos. Tiene dos cuartos, un baño, sala y cocina. No tiene lavaplatos y tiene que lavar su loza con dos poncheras (recipientes en plástico).

Juliana hace aseo en casa y le pagan 100 mil pesos mensuales y vende hielo y bolis (un helado a base de agua o leche). Para Juliana tener casa propia es importante para darle seguridad a sus hijos. “Necesito la vivienda porque vivo en una casa que cuido y de más de 70 años y que ya está que se me cae encima. Ahora llueve y tengo que poner bañera y tinas por todos lados, le dijimos al alcalde que nos viniera a visitar para que él nos viera como vivimos. Necesitamos que nos den una explicación”, concluye.

Mientras la alcaldía de Micher Pérez define quiénes serán los beneficiarios de los 139 cupos pendientes, Juliana, Rosaura y Colombia aseguran que seguirán luchando con tutelas, plantones y con todos los recursos necesarios porque todavía guardan las esperanzas de tener una casa propia.

En el último año, con los cambios y las reformas en las Eps, las quejas de los usuarios contra el sistema de salud en el Chocó han aumentado. Los pacientes cuestionan el servicio, y cuentan la odisea que les toca vivir para tomar una cita médica o reclamar medicamentos, este proceso se complica  mucho más si requieren atención especializada o remisión a un nivel más alto de complejidad. Además, los docentes que pertenecen a un régimen especial no logran las citas médicas a tiempo.

En el departamento del Chocó hay ocho Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las cuales tienen 451. 653 usuarios. La Nueva Eps con el 47 por ciento de usuarios; CCF del Chocó con el 38 por ciento; Eps Sanitas con el 10 por ciento; el régimen de excepción, que atiende a un 2,85 por ciento; Coosalud con 1,9 por ciento; y por último, con poca participación, Salud Total Eps, Eps Sura y AIC Epsi.

¿Qué dice la gente?

Mercedes Mosquera, una trabajadora social de 35 años de edad, va con frecuencia a solicitar atención médica a Coosalud para revisar una afección cardiaca y cuenta que su Eps no le presta un buen servicio: “Coosalud me tiene muy decepcionada, es muy mala Eps porque ellos solo dan 60 fichos (turnos) que reparten a las 7 de la mañana, por lo que al usuario le toca exponerse madrugando con toda la inseguridad que hay en este pueblo”. Mercedes vive en un barrio a las afueras de Quibdó y debe ir hasta el centro a solicitar las citas médicas.

Mercedes ha tenido que asumir el pago de servicios que debería cubrir su Eps. “Autorizan unos exámenes a unas IPS que no nos atienden porque se les debe. Por ejemplo, me autorizaron un electrocardiograma para Cardiodiagnóstico IPS y luego de hacer una fila por varias horas, me informaron que no me lo podían hacer porque Coosalud no les había pagado y a mí me tocó pagar 79.000 pesos para hacérmelo por mi cuenta. Esperé unos 20 días y no me habían resuelto nada”, asegura.

Mercedes también paga 200 mil pesos en citas particulares con un especialista en Medellín. “En medicina interna tampoco me autorizaron el electrocardiograma, me toca buscar un médico particular y la consulta cuesta 200 mil pesos, y además de eso los pasajes y alojamiento”, puntualiza. Ella recalca que puede cubrir sus transportes por su trabajo, pero piensa en quienes deben esperar hasta que las Eps asignen las citas.

Mercedes tiene un hijo de 10 años que fue diagnosticado con un retraso mental leve, pero que no fue atendido oportunamente por su Eps. “Siempre que lo llevaba al médico solicitando una evaluación me respondían que no tenía nada, que estaba todo bien. Me tocó hacer un sacrificio y llevarlo por mi cuenta a un neurólogo pediátrico quien diagnosticó a mi hijo, solo ahí fue que la Nueva EPS tomó el caso”, agrega Mercedes.

Como Mercedes hay otros usuarios reclamando a sus Eps que los atiendan de manera oportuna y les presten todos los servicios a los que tienen derecho. Luis Ramón Mosquera, de 84 años de edad, quien padece de cáncer de próstata y tuvo una cirugía de corazón en el año 2014, ha tenido que esperar hasta seis meses para que lo atiendan en Coosalud. “A veces pienso que como soy un hombre de la tercera edad al que ya no le quieren prestar el servicio. Soy operado de corazón abierto e hipertenso y para que me autoricen los exámenes y medicamentos a veces han pasado hasta seis meses y en muchas ocasiones me ha tocado iniciar procesos de solicitud de nuevas citas porque se han vencido las órdenes”, cuenta.

Luis Ramón también ha tenido problemas con la entrega de medicamentos. “Siempre me entregan los medicamentos de menor importancia como el acetaminofén y dejando de último los de la presión arterial y la próstata”, puntualiza.

Por otro lado, hay quejas de los usuarios del sistema de salud del magisterio. Los usuarios llaman a unos números telefónicos y no responden, van a las instalaciones para tomar un turno o ficho y deben permanecer hasta 12 horas esperando información sobre el servicio que necesitan. La entrega de medicamentos se demora unas 8 horas y una remisión con un médico especialista debe pasar por varios filtros, lo cual obliga al docente a tener que buscar dinero y asistencia particular.

Ángel Ezequiel Salinas Piedrahita, vicepresidente de la Agremiación de Maestros Emancipadores del Chocó (MAEMCHO), dice que la  improvisación en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio es evidente: “Muchos docentes y sus beneficiarios continúan pagando de sus bolsillos citas médicas particulares, exámenes de laboratorio, medicamentos y hasta el transporte porque el Fomag (nuevo administrador de salud) no se lo ha garantizado, en contraposición con las normas y legislación en materia de salud. El Fomag carece de experiencia en la contratación de servicios con IPS y hospitales”.

“Los docentes y beneficiarios deben permanecer más de 6 horas en la central de Fomag en Quibdó (Sumimedical Fomag) para que le reciban una orden y pueda ser autorizada, y después de muchos días, volver a hacer cola de más de 6 horas para recibir la orden autorizada”, agrega.

Salinas cuenta que, ante tantas irregularidades en el servicio, los profesores han acudido a agremiaciones sindicales para interponer derechos de petición y tutelas, con copia a la Supersalud, para que le sean reconocidos sus derechos.

“Se requiere urgente un verdadero cambio sin improvisaciones y violación de derechos, en donde exista una adecuada contratación, con operadores que hagan presencia en todos los municipios del departamento del Chocó y se garantice la atención especializada, entre otros”, puntualiza Ángel Ezequiel Salinas Piedrahita.

Celenia Aguilar es docente de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. Es paciente hipertensa y diabética por lo que debe estar en control de sus enfermedades frecuentemente y en Tadó no le entregan sus medicamentos y debe reclamarlas hasta Quibdó, a hora y media del municipio. “Fui a la farmacia de Tadó a reclamar mis medicinas de control y no me las entregaron aduciendo que no había, por lo que debía reclamarlas en Quibdó. Le pedí el favor a una compañera docente y a ella le tocó estar durante dos días desde las 8 de la mañana hasta las 6 y 45 de la tarde para que le autorizaran todos los medicamentos, que tal si hubiera ido hasta allá”.

“Se hacen filas de más de 6 horas para que entreguen medicamentos que en muchas ocasiones cuestan muchísimo menos que el transporte. Si este sistema de salud antes era malo ahora está peor”, sentencia Celenia Aguilar.

¿Qué dicen las autoridades?

Consonante contactó en varias ocasiones a Jefferson Córdoba, Secretario de Salud del departamento del Chocó, para solicitar una entrevista y fue negada. En dos llamadas telefónicas dijo que enviaría las respuestas vía WhatsApp sin obtener resultados y en una visita a su oficina tampoco fue posible encontrarlo.

Por su parte, Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, indica que las principales quejas que se reciben son porque no se garantizan los servicios de salud como citas médicas, la demora en la entrega de medicamentos, falta de insumos, y la demora en la autorización para cirugías y otros procedimientos médicos.

“Hay muchas barreras para prestar el servicio a los usuarios. Barreras de acceso, geográficas, negación, demoras y fragmentación de servicios. Las EPS son intermediarias a las que se les entrega el dinero público para que organicen los modelos de atención a través de redes de servicios.  Una mejora al sistema de salud se obtendría eliminando esa intermediación financiera que hoy hacen las Eps y a cambio hacer pagos directos a las Instituciones Prestadoras de Servicios”, puntualiza Francisco Castellanos.

Para Castellanos, la reforma a la salud es una necesidad del país. “Es el camino para fortalecer las redes públicas de atención, eliminar inequidades, barreras de acceso y sobre todo, la mercantilización de la salud haciendo realidad la salud como derecho y no como mercancía. Una reforma a la salud debe acabar la corrupción que por décadas ha permitido fraudes y desfalcos billonarios al sistema en Colombia”, aseveró.

Las lluvias constantes siguen ocasionando deslizamientos de tierra en El Carmen de Atrato. La última emergencia se registró el 20 de mayo en el sector El 6, en La Gaviota, un corregimiento ubicado en  la vía que conduce de Quibdó a Medellín. En ella resultaron afectadas cuatro familias de esa vereda quienes se vieron obligadas a desocupar sus viviendas bajo la incertidumbre de que sus casas quedaran bajo tierra como ha pasado en otras zonas. El hecho más grave en esta vía ocurrió el 12 de enero de este año, cuando un derrumbe sepultó a 40 personas en el sector de El Diecisiete.

Las cuatro familias desplazadas se dedican a las labores del campo y dependen de la tierra para su sustento. Dos de estas fueron reubicadas temporalmente en la vereda Habita, mientras que las otras dos fueron trasladadas al casco urbano de El Carmen. La situación es compleja y difícil para ellos. “La vida en el campo es muy diferente a la del pueblo. La tranquilidad, el espacio y las actividades de nuestro día a día ahora están interrumpidas”, dice Orlando Paniagua López, un campesino de 68 años de edad, quien fue reubicado en una habitación en el casco urbano.

Paniagua López ha vivido en El Carmen de Atrato por 17 años. Él logró construir su casa trabajando cultivando café, plátano, yuca, frijoles, piña, mora castilla, árboles de limón, naranjos y cebolla. Su casa está a cinco minutos a pie del derrumbe. Tras la emergencia, las paredes quedaron con grietas, el piso se bajó de nivel y el terreno sigue inestable.

La casa de Orlando tiene tres habitaciones, baño, sala y cocina. Estaba feliz porque había terminado de construir un lugar para secar el café y un espacio con un fogón de leña. 

Además su casa presenta grietas en el baño, en el corredor, y en la sala. “Me dijeron que tenía que irme de mi casa cuando empezara a llover y que no podía ir a trabajar”, recuerda Orlando. Él lleva 30 días desde que le tocó salir de su casa y ahora duerme en una habitación en el casco urbano de El Carmen. 

La Alcaldía le dijo que, para responder a la emergencia, le pagaría el arriendo solo por tres meses. Sin embargo, según cuenta, no le han cancelado a la dueña de la casa los 200 mil pesos del alquiler. “No han pagado el arriendo. Ella me dijo que si no le pagan de aquí al viernes, me sacarán de su casa. Solo me dieron un mercadito, pero necesitamos una solución porque desde Invías nos dijeron que comprarían otro terreno, pero hasta la fecha, no han hecho nada”, agrega.

Orlando no tiene familia y aún sigue trabajando en su finca, de 13 hectáreas, porque es su único ingreso económico. Todos los días gasta 8.000 pesos, yendo y viniendo del pueblo que queda a ocho kilómetros.

La jornada de Orlando ha cambiado y no puede producir lo mismo debido a las dificultades de transporte en su comunidad. “Tengo que levantarme a las 3 de la mañana para refrescarme y prepararme para tomar el turno que empieza a las 5 de la mañana. Antes trabajaba hasta las 6 de la tarde o incluso más, pero ahora trabajo hasta las 3 de la tarde”, comenta visiblemente cansado. La ruta Surandina, que debería ser una solución, a menudo no pasa a tiempo, obligándolo a depender de otros medios de transporte.

Sin una moto, Orlando debe tomar un carro. “Si empiezo a pedir el carro todos los días, me cobran 25.000 pesos solo por un trayecto”, explica. 

Yulieth Suárez es otra de las damnificadas. Ella tiene 41 años y vive desde hace más de ocho años en El Carmen de Atrato. Yulieth recuerda con nostalgia el día en que esta falla geológica obligó a su familia a abandonar su hogar. “La vía debajo de mi casa siempre ha tenido pequeños deslizamientos, pero esta vez fue diferente. Vimos que estaba bajando más de lo habitual. Cuando el derrumbe de doña Ofir ocurrió, ya era evidente que se había desprendido una gran parte de la montaña”, comenta.

La casa donde vivían era prestada, y al lado construyeron otra vivienda a la que pensaban mudarse. “Estábamos terminando las obras de nuestra casa. Ya solo faltaba poner el techo”, dice Yulieth. La montaña, drenada por las autoridades, comenzaba a estabilizarse, pero el peligro inmediato les obligó a marcharse.

“Llegaron los de la Unidad para la Gestión del Riesgo de la Alcaldía y la Defensa Civil un sábado en la tarde. Yo no lo asimilé de inmediato. Hice la comida como de costumbre y nos acostamos a dormir”, recuerda Yulieth. Al día siguiente, la Defensa Civil llegó para ayudarles a empacar: “Amarramos los colchones, cogimos la ropa, y cargamos todo. Fue muy impactante ver a tanta gente colaborándonos a salir”, recalca sobre ese día.

“Empacar después de vivir siete años en esa casa fue realmente difícil”, puntualiza Yulieth. “Ese día no pude hacer mucho más que preparar algo de comida para los miembros de la Defensa Civil, quienes trabajaron tan duro. Ellos estaban agotados de cargar equipaje y trabajar en la montaña. Mi única preocupación era asegurarme de que tuvieran algo que comer”, cuenta.

Yulieth describe cómo mientras los equipos de rescate cargaban los colchones y los demás enseres, ella se veía limitada a estar sentada, observando: “Fue difícil, pero al menos lo indispensable ya está aquí con nosotros”.

La adaptación a su nueva vivienda no ha sido fácil. “Aunque estamos en el pueblo y es más cómodo, no es lo mismo. En la finca había rutina, los animales, la tienda de mi hermanito. Aquí no sé qué hacer, me siento perdida”, confiesa Yulieth. A su padre, de 66 años, también le pasa lo mismo: “Él no deja de pensar en la vaca, el burrito Chimuelito y las gallinas. Todo eso necesita cuidado y ahora no sabemos cómo vamos a manejarlo”.

Lo mismo le pasa a Orlando, quien emocionalmente no ha estado bien. “La situación ha descontrolado completamente mi rutina. Ahora debo irme desde el pueblo hasta mi casa, lo que implica llegar y salir en horarios diferentes de lo habitual”, explicó. Esta adaptación constante ha sido un desafío enorme para él.

“No vaya a creer que es fácil”, dice con voz entrecortada de no saber qué pasará con su casa. La Alcaldía e Invías le informaron que se evaluará la situación de su terreno y cultivos, pero a la fecha no hay soluciones claras. En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, el Instituto Nacional de Vías (Invías) solo informa que está llevando a cabo un proyecto de instalación de equipos de monitoreo en 10 puntos críticos de esta vía con el objetivo de prever posibles deslizamientos que pudieran afectar a los usuarios de la vía, pero no reportan cuáles serán las ayudas que entregarán a las comunidades desplazadas.

Una de las decisiones más difíciles que Orlando enfrenta es qué hacer con su cultivo de café. “No sé si dejar perder el cultivo de café que son más de 5.000 palos o seguir trabajándolo, arriesgándome a perder mi inversión si tengo que abandonar la tierra definitivamente”, expresa con preocupación.

El Carmen de Atrato es una de las zonas con más pluviosidad del país. Llueve casi todos los días porque está atravesada en el bosque tropical del Pacífico. Según un estudio del ambientólogo Germán Portillo, una de las causas principales de los deslizamientos de tierra, que son movimientos del suelo a gran escala provocados por la inestabilidad de las laderas, son las lluvias intensas.  En regiones como el Chocó, caracterizadas por altos niveles de precipitación, las lluvias intensas juegan un papel crucial en la desencadenación de estos eventos geológicos.

Esto lo reconoce Orlando. “Aquí las tierras son buenas, pero las lluvias son constantes. He andado muchas tierras, y estas son muy productivas, pero llueve mucho. Si no estabilizamos el suelo, seguiremos teniendo problemas”, comenta. 

Familias piden vivir de la tierra

“La tierra es mi vida”, recalca Orlando. Él deja claro que el dinero es lo de menos y que lo que realmente necesita es su tierra para poder trabajar y seguir adelante: “Ojalá me dieran una tierra como la que tengo y una casa, estaría dispuesto a venirme a vivir aquí o en otra parte. No tengo problemas con eso. Lo importante es seguir trabajando la tierra”.

“Lo que menos quiero es plata, si me toca irme de mi finca que me reubiquen en otra casa, pero que tenga la tierrita para sembrar, porque de nada sirve que me den una casa sin con qué sembrar”, agrega.

Por su parte, Yulieth mantiene la esperanza de regresar algún día a su hogar. “Nos han dicho que en tres meses, cuando menos, podríamos volver. Pero mientras tanto, la incertidumbre es muy difícil”, dice. “Una cosa es verlo en televisión y, otra es vivirlo en carne propia”, asevera.

Después de paros, movilizaciones y protestas en los últimos meses contra el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca y la concesión Millennium Systems SAS por los malos procedimientos adoptados en el municipio en materia de movilidad, las dos entidades presentaron el 20 de mayo una lista de compromisos para este año.

El primero de estos es que no habrá fotomultas en el municipio, que era uno de los principales reclamos de la comunidad. La última cámara, instalada el 30 de diciembre de 2023, fue desmontada el 19 de febrero de 2024, luego de reclamos de conductores. Para ese momento, se registró un aproximado de 7.000 infracciones que tuvieron que anularse.

“Bajo ninguna circunstancia voy a permitir la instalación de cámaras de fotomultas en el perímetro del municipio de Fonseca”, afirmó el alcalde Micher Pérez Fuentes en la reunión en la que estuvieron los secretarios de despacho. En el mismo, el Instituto de Tránsito y Millennium Systems SAS presentaron un informe sobre su operación y el funcionamiento con las obligaciones que le competen.

¿Qué dice la gente?

José Brito Lozano, conductor particular, indica que la autoridad de tránsito ha mejorado en el municipio. “La verdad ya no se ve la persecución que había, eso era impresionante. Hasta los reguladores se escondían para hacerle el comparendo a uno. Ojalá esto mejore porque se necesita”, dijo.

Los representantes de las cooperativas de transportadores intermunicipales y el gremio de mototaxistas se muestran optimistas con las actividades que se han iniciado por parte de la entidad. Así lo corrobora el transportista Lemnio Arocha González: “Estamos seguros de que las cosas van a mejorar, el gremio está unido y dispuesto a colaborar para que todos cumplamos con la legalidad y seamos el ejemplo. Las cosas van despacio, pero se nota seriedad en esta ocasión”.

Odilio Berti, conductor particular, dice que también se necesita mayor compromiso de la comunidad y que respeten las normas de tránsito. “La legalidad es importante, pero la prudencia salva vidas. La gente no acata las señales, no guarda distancia, no sabe usar los cruces y desconocen las normas básicas de tránsito y eso hace que movilizarse en Fonseca sea toda una odisea”.

Por su parte, el presidente del concejo municipal de Fonseca, Luis Manuel Campo Mendoza, cuestiona la gestión de  Millennium Systems SAS y su falta de transparencia. “Es un tercero que no está recaudando impuestos, sino multas y sanciones de tránsito. Nosotros hemos solicitado en repetidas ocasiones que nos dé una explicación del destino de esos recursos que se encuentran explícitos en el mismo contrato de concesión y donde se establece que el 75 por ciento será para la empresa recaudadora y el 25 por ciento para el funcionamiento de tránsito”.

“Desde el Concejo hemos dicho que no estamos de acuerdo con esa concesión, creemos que en Fonseca puede funcionar con todas las garantías una Secretaría de Tránsito para disponer el 100 por ciento de los recursos recaudados”, puntualiza Campo. El Instituto de Tránsito y la concesión Millennium Systems, quienes están a cargo de la movilidad desde el 2015, no han rendido cuentas del dinero recaudado en multas tampoco su gestión.

¿Qué dicen las entidades?

El director de tránsito y transporte “Instrafon”, Luis Emiro Idárraga; y el representante de la empresa Millennium Systems, Miguel Peñaloza, no han entregado gestión de los recursos obtenidos. En la reunión solo se comprometieron a desarrollar un plan de acción que beneficie a la comunidad y al mejoramiento de la movilidad urbana. Este plan, según informaron, incluye actividades pedagógicas y de prevención vial, la instalación de señalización adecuada y la presencia de la entidad en zonas escolares y lugares de alta afluencia vehicular.

“Está en marcha la regulación en puntos críticos de la ciudad, como los almacenes de cadena, las entidades bancarias y las instituciones educativas. Se están fabricando las nuevas señales de tránsito para reemplazar las averiadas, esto será en junio”, aseguró Luis Emiro Idárraga, director de Tránsito y Transporte del municipio de Fonseca.

Sin embargo, Idárraga indicó que no se tiene fecha de los cambios de semáforos y que ese dinero saldrá de los nuevos recaudos por las multas: “Estos serán desmontados en los próximos días y reemplazados por otros modernos, para esto no hay una fecha específica. Esto se realizará con dineros recaudados por la entidad y que se invertirán en la optimización de la señalización de la localidad”. Los tres semáforos instalados por la Alcaldía en el centro de la ciudad no funcionan desde julio del año pasado.

Consonante intentó obtener el pronunciamiento del representante de la concesión Milenium System SAS, Miguel Peñaloza, pero después de tres intentos en los que se solicitó agenda para una entrevista no fue posible.      

Lo que sigue

Los líderes de transporte que estuvieron adelantando las protestas contra estas dos entidades encargadas de la movilidad informan que estarán atentos al cumplimiento de los compromisos. Uno de los puntos que se sigue reclamando y que ninguno de los dos ha entregado son los estados financieros y las ganancias por multas de tránsito.

Al año en el municipio de Tadó se gradúan en promedio 310 estudiantes de bachillerato. Sin embargo, no se tienen cifras de cuántos de ellos ingresan a la universidad o acceden a algún programa de educación superior. De ese municipio, según datos de la Universidad Tecnológica del Chocó, hay 375 personas con el beneficio de gratuidad en la matrícula que comprende a todos los estudiantes inscritos en los últimos años.

En el departamento, la UTCH es la principal universidad pública y la que acoge a los estudiantes de los 32 municipios. Esta oferta se queda corta y cuenta con pocos cupos. Este semestre se inscribieron 3.362 personas y se admitieron 2.580. Como la mayoría son de territorios lejanos, la universidad tiene Centros de Desarrollo Subregional en otros municipios como Tadó, Istmina, Bahía Solano, Riosucio, Medio Atrato y Baudó. 

El indicador de acceso a la educación superior en el Chocó está en el 34 por ciento mientras que a nivel nacional está en el 54. Es decir, tres de cada diez estudiantes logran un cupo en la universidad. 

El Rector de la UTCH, David Emilio Mosquera Valencia, cuenta que han ampliado la cobertura con el programa de gratuidad, pero que no es suficiente. “Una de las grandes debilidades que había para la educación superior en El Chocó era la falta de recursos para pagar la matrícula. Pasamos de 9.800 en el 2018 a 15.000 estudiantes en el 2024. Hace cinco años el indicador de acceso a la educación superior estaba en el 24 por ciento y hoy está en el 34 por ciento. El problema es que solo se cubre la matrícula y debemos buscar recursos para alimentación y sostenimiento”, indica. Este año, la UTCH entregó subsidios a 100 estudiantes. Sin embargo, las ayudas se quedan cortas y reconocen que hay casos de deserción por no tener para el sostenimiento y por la violencia que se vive en algunos municipios. 

Mosquera también agrega que necesita más asignación de recursos por el Gobierno Nacional: “Esta universidad ha crecido en los últimos cinco años un 50 por ciento en cobertura y tenemos los mismos recursos. Nos dan 6 millones per cápita y a otras universidades les dan 22 millones. Pedimos ampliar la cobertura y los recursos para poder llegar a una oferta mayor y seguir trabajando en la acreditación de alta calidad”, puntualiza.

Lo mismo opina Yineth Rentería, asesora en educación en El Chocó y miembro de la red de liderazgo de Manos Visibles, quien resalta que los recursos que llegan al departamento no son suficientes. “Se necesita una articulación frente a los programas que se ofrecen y lo que hay en el mercado laboral. Requerimos una mayor cobertura en las universidades en el territorio, mejorar su infraestructura y llegar a más municipios. Necesitamos mayor inversión de acuerdo con el contexto de la comunidad, no es lo mismo trabajar en El Chocó que en las ciudades capitales donde no hay organizaciones y fundaciones que apoyen a las comunidades más vulnerables”. 

En Consonante consultamos a tres estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó para que contaran su experiencia de ingresar a una carrera universitaria y las dificultades que han tenido:

Diana Garro

Diana es estudiante de VI semestre de Trabajo Social. Tiene 36 años y desde hace dos años está becada con el programa de gratuidad de la educación. Inició su carrera durante la pandemia por el covid- 19, en 2021. Al comienzo tenía que ir desde Tadó hasta Istmina para ver las clases y pagando unos 60 mil pesos diarios.

Luego el programa empezó a dictarse en Tadó los fines de semana y se pudo ahorrar este dinero. “Antes no tenía los recursos para empezar a estudiar, pero gracias a la ley del Gobierno que aceptó a personas mayores de 30 años ya es más flexible poder estudiar y capacitarnos. Mi sueño era estudiar, pero no contaba con los recursos para sostenerme, los transportes y materiales. Quiero terminar mi carrera y poder trabajar como profesional”, indica.

“Con la beca me ahorro unos 430 mensuales. Soy madre soltera y tengo una hija que está en el colegio, me dedico a oficios varios como lavar ropa para sacar dinero para las dos”, agrega.

Diana indica que se necesita un centro de salud mental en el municipio y que esa es su principal motivación para estudiar trabajo social. “Esta es una carrera que nos permite ponernos en los zapatos de las otras personas, ver que no somos ajenos a esa situación y ayudar a los más vulnerables. En el municipio necesitamos un lugar especializado donde trabajemos en salud mental y se pueda apoyar a toda la población víctima”, dice.

Diana cuenta que tiene compañeras que viven en El Tabor, a una hora y media de Tadó, que no han podido asistir a clases por falta de dinero para pagar los transportes. “Le hemos pedido a la universidad revisar esos casos y contemplar más ayudas porque no son suficientes, quienes viven lejos no tienen ni para el transporte ni para conectarse a las clases virtuales”, agrega.

A sus 36 años, Diana agradece estar becada y que no se exija un límite de edad para estos beneficios.

Enith Johana Becerra Espitia

Tiene 33 años. Es estudiante del nivel VII de trabajo social y vive en Tadó. Enith es contadora pública, pero no ha logrado conseguir trabajo en esta área por lo que decidió estudiar otra carrera. Durante los primeros semestres estuvo beneficiada con la matrícula cero, pero ahora perdió el beneficio porque en el programa de gratuidad se pide que no tengan título universitario.

“Soy contadora pero no tengo trabajo. Acá todo se da por favores políticos y quienes hacen parte del programa de turno, no tengo un padrino que me ayude a ingresar. Estudio trabajo social porque es una carrera que me apasiona, quiero ayudar a la transformación social y tener otras oportunidades laborales”, dice.

“Esta carrera me ha ayudado a ser más crítica, construir conocimiento y espero en un futuro tener una fundación que ayude a nuestras comunidades y donde el pilar sean los niños y las mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar”, agrega.

Enith estudió becada durante los tres primeros semestres y desde el cuarto ha tenido que pagar la matrícula. Para el nivel IV pagó 337.000 pesos; en los niveles V y VI,  391.000 y ahora en el nivel VII pagó 438.000. Los días de clases son los viernes, sábados y domingos. 

Su familia le ayuda a pagar la matrícula, la alimentación y el sostenimiento. “Nos vemos apretados, pero es una manera de seguir adelante. Le digo a las personas que aprovechen las oportunidades y todas las becas”, agrega. Igual que Clecner, Enith dice que se necesita incorporar otras carreras porque son muy pocas las que llegan a Tadó. 

Clecner Mosquera Mosquera 

Tiene 28 años. Es estudiante de nivel V de Trabajo Social en la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba. Vive en Santa Cecilia, a dos horas de Tadó, y debe pagar 70 mil pesos en transporte para asistir a las clases los viernes, sábados y domingos. 

“Viajo todos los fines de semana hasta Tadó y he pedido ayudas para que en la universidad se implemente un bono de transporte y de alimentación para todos los que no vivimos allí”, dice. 

Clecner hizo un técnico de asistente en trabajo social con el SENA y su meta es profesionalizarse. “El técnico fue algo muy básico y luego empecé a averiguar para seguir la carrera y ser profesional. Me gusta que en esta profesión somos catalizadores de problemas, somos guías y quienes contribuimos al desarrollo social. He aprendido a ser mejor persona y apoyar a la comunidad”, cuenta. Además, recuerda que el ingreso al programa fue reñido. En el proceso de selección se inscribieron 300 personas y solo pasaron 80.

Para Clecner no ha sido fácil asistir a clases todos los fines de semana. En ocasiones su familia no cuenta con el dinero para los pasajes, pero ella le va pidiendo a conductores para que la acerquen. “Pido que me lleven en moto o en bus, como sea”, afirma. Otra de sus preocupaciones es cuando debe asistir a reuniones de trabajo en grupo y debe asumir más gastos. También cuando necesita materiales o libros.

“Mi sueño es seguir ayudando a la comunidad, hay mucho por hacer en salud mental. Me gusta trabajar con líderes sociales. En el proceso de selección fui la mejor, siempre he estado becada y he motivado a los demás para que se impulsen a estudiar”, agrega.

Clecner actualmente no tiene trabajo y depende de su familia y esposo, con el que tiene una hija de 8 años. “La matrícula 0 llegó para cambiar vidas, es lo que nos permite ingresar a la universidad. Pero hemos pedido para los jóvenes que vivimos lejos ayudas para la alimentación, el sostenimiento y los transportes. Si voy tres días me gasto 210 mil a la semana. No tengo cómo pagar eso”.

Por último, dice que ella tuvo la oportunidad de estudiar lo que quería y lo que se sueña haciendo en el futuro, pero otros, ingresaron a esa carrera porque era lo que les tocaba, ya que son pocas las carreras ofertadas.