Para muchos, lo que se vivió en Arauca a comienzos de año no fue una sorpresa. Desde 2018 la Defensoría del Pueblo había alertado que el conflicto en la región había recrudecido por la reagrupación y conformación de grupos armados integrados por disidentes de las Farc. La entidad también había advertido en 2019 que aproximadamente 69.000 personas de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame se encontraban en riesgo, al estar en un lugar estratégico para los grupos armados.
En lo que va del año al menos 35 personas han perdido la vida, varias han sido reportadas como desaparecidas y al menos 170 familias han tenido que desplazarse de sus tierras. Además, el 9 de enero se registró un atentado con explosivos contra la sede administrativa de la empresa comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena y varios líderes sociales han recibido amenazas. Los últimos hechos reportados fueron la detonación de un explosivo en la vereda El Consuelo en Saravena y la incineración de un bus de Copetran a la salida de Tame.
La Fundación Joel Sierra, organización no gubernamental conformada por delegados de las organizaciones sociales de base más representativas de Arauca, lleva 26 años documentando el conflicto en el departamento. Se ha dedicado a denunciar las violaciones al derecho internacional humanitario, acompañar a las víctimas y hacer pedagogía del Acuerdo de Paz. Juan Carlos Torregrosa, asegura que la única salida a este conflicto es superar las causas estructurales que lo originan.
Consonante: ¿Hay alguna novedad en la dinámica del conflicto que se ha registrado estos días?
Juan Carlos Torregrosa: Lo primero que hay que recordar es que el país sufre un conflicto social político y armado hace muchas décadas, que tiene un origen político y unas causas estructurales que están relacionadas con las desigualdades, la inequidad, el modelo de producción y con la falta de garantía de derechos humanos. Un conflicto que se vive con mayor rigurosidad en algunas regiones, como es el caso de Arauca.
Todo lo que está pasando es parte de la misma dinámica, pero yo creo que es importante tener en cuenta que antes había una estructura nacional de las Farc, que tenían unos ideales políticos, una propuesta campesina y de reforma agraria. Pero cuando se habla de las disidencias ya es destino. Yo creo que eso le da otro ingrediente.
Hay cosas que se han especulado. Se han acusado mutuamente. Se dice que supuestamente las Farc estaría trabajando con el gobierno, por todas estas pretensiones con Venezuela, pero también para todo el tema de fortalecimiento para poder asegurar lo de producción petrolera y demás. Entonces supuestamente están trabajando en conjunto. Pero ellos (las Farc) dicen que el Eln tiene infiltraciones, entonces los infiltrados son los que están trabajando con el gobierno. Pero todo eso está arbitrado por la presencia del Ejército, y de la fuerza pública. Alguno de los dos está trabajando con el Eln, no sé, pero ahí está la cosa. También se dice que la Nueva Marquetalia va a apoyar al Eln en esta lucha contra las disidencias de Gentil Duarte. Pero es un elemento nuevo. También en un comunicado del Ejército Popular de Liberación (EPL) decían que apoyaban lo que el Eln estaba haciendo.
Entonces, esto no se puede mirar dejando de lado el conflicto social-político, porque son las mismas causas estructurales.
C: Se dice que la región del Sarare es estratégica para los grupos armados ¿Por qué?
J.C.T: Esta zona ha estado totalmente abandonada por el Estado colombiano, pero cuando se trata de explotar los bienes de la naturaleza y de mano de obra barata, ahí si le interesamos al mundo. También es la zona de frontera más extensa con Venezuela, ahí también hay un interés.
A pesar de que la capital del departamento es Arauca, Saravena es la antena de la región del Sarare. Es la capital social, del emprendimiento y todo lo demás. Para sacar el petróleo para la costa tiene que atravesar el municipio. Además el alojamiento de los gringos y los militares se construyó en el cantón millar de acá. Sin embargo, el conflicto lo hemos vivido a lo largo de todo el departamento.
C: ¿Qué es lo que más les preocupa?
J.C.T: El movimiento social ha sido victimizado fuertemente en el marco de este conflicto.
El 9 de enero en horas de la noche ocurrió un atentado criminal contra la sede administrativa de la empresa comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, ECAAAS-ESP. Esta empresa es un proyecto producto de la iniciativa de gestión popular del pueblo organizado. Es un modelo de emprendimiento solidario, que se contrapone al modelo de empresas que prestan estos servicios.
Previo al lanzamiento de este explosivo, había circulado en redes sociales un audio con la voz de una persona que se nombra como Antonio Medina. Y se dice que es el comandante del frente 28 de las disidencias de la Farc. En este audio hace una amenaza directa a los miembros de las juntas de acción comunal, se menciona a Asojuntas, líderes sociales y en general a sus proyectos. Esto es preocupante.
C: ¿Había pasado algo así antes?
J.C.T: En el 2003 fueron asesinados cuatro compañeros de este proyecto comunitario por paramilitares, y muchos han sido judicializados; incluido el actual presidente que ha estado preso dos veces. También han aparecido grafitis en las fachadas de la empresa comunitaria a nombre de paramilitares, que decían “muerte a los trabajadores de ECAAAS” y “muerte a milicianos de ECAAAS- ESP”. El año pasado se había lanzado un artefacto explosivo en el marco de este enfrentamiento que hubo entre el Eln y las Farc.
C: ¿Por qué los amenazan?
J.C.T: Han estigmatizado y señalado el tejido social de este pueblo organizado porque se opone a las políticas de explotación de los recursos, y ha denunciado públicamente la hecatombe social ambiental y humanitaria que eso ha generado. Entonces esa estigmatización tiene que ver con las masacres, asesinatos selectivos, la persecución judicial, el desplazamiento, la desaparición forzada, las torturas, la invasión de la vida cotidiana, y la militarización a ultranza de este territorio.
Nos han dicho que pertenecemos al Eln, que otros pertenecen a las Farc, qué somos colaboradores y todo ese tipo de cosas. Entonces hemos sido víctimas de todos esos ejes, incluyendo cuando se implantó el eje del paramilitarismo. Somos el enemigo interno, porque nos oponemos a ese afán depredador de acumulación de ultranza de capital del mundo imperial.
Entonces, se persigue al movimiento social y se causa el daño a sus proyectos y sus planes de vida.
C: Usted menciona que esta dinámica de intimidación al movimiento social no es nueva, ¿por qué lo dice?
Unas 35 o 36 fueron acusadas de ser colaboradores o pertenecientes del Eln y las otras fueron acusadas de pertenecer a las Farc (...) Inicialmente salieron por vencimiento de términos, luego de seis largos meses de estar privados de la libertad, y finalmente el juzgado 41 penal del circuito de Bogotá los absolvió de toda responsabilidad penal, en el caso de rebelión que se les había acusado.
Nosotros hemos dicho que más de 2.000 líderes sociales, dirigentes comunales y demás, han sido judicializados en esta estrategia entre el año 2002 y 2013 en el informe que estamos presentando ante la Jurisdicción Especial para la Paz.*
*Según investigaciones de Verdad abierta se calcula que durante los enfrentamientos entre el Eln y las Farc entre 2005 y 2010 murieron cerca de dos mil personas, en su mayoría población civil.
C: Entonces, ¿ cómo tomaron la noticia del gobierno de militarizar el departamento?
J.C.T: El Estado ha sido el principal victimario en esta región. Todo esto (la militarización) ha servido para ejecuciones extrajudiciales, que aquí se han cometido muchas; para las masacres por parte del Estado, a saber la Fuerza Pública, como la de Santo Domingo donde murieron 17 personas, la de Caño Seco, entre otras. Ellos no vienen a proteger a la población civil. Es el departamento más militarizado y aun así el año pasado ocurrieron 148 asesinatos de civiles.
Hemos dicho que esta no es una respuesta al conflicto, no es una respuesta para la protección de las comunidades y sus proyectos de vida. Tiene que ver con la implementación de una política de Estado. Ya eso estaba programado con anterioridad. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad cuando se anunció lo de los batallones también se dijo sobre la construcción de la estación de Policía de Puerto Jordán. ¿Y eso tiene que ver con lo que está pasando? También se dijo sobre dos instalaciones militares en Aguachica y La Esmeralda; pero coincidencialmente esta zona de Saravena, Tame, Botalón y de Arauquita, están terminando los trabajos de exploración para la explotación petrolera. Van a seguir como una fuerza mercenaria al servicio de las trasnacionales.
C: ¿Cuál es el plan de vida que defienden los movimientos sociales?
J.C.T: Hay un tejido social que se ha ido construyendo y que se articula en torno a un plan de vida que el pueblo organizado ha ido construyendo de acuerdo a sus experiencias y saberes naturales y también a la formación política e ideológica de las comunidades. Lo hemos ido definiendo a partir de eventos, foros, cabildos y movilizaciones para plasmar nuestra visión de pasado, presente y futuro.
Se ha ido construyendo como un diagnóstico, de lo que pasa hoy, de las necesidades, y de los derechos de la gente. Entendemos que la supervivencia de las especies depende del cuidado que tengamos con la naturaleza, entendamos que somos parte de la naturaleza, que no estamos por encima entonces debemos coexistir. No digo que no existan las rivalidades pero hemos hecho un esfuerzo por caminar juntos. La unidad frente a los temas, la planeación, y el tener un objetivo que nos guíe es fundamental.
Se ha analizado si todo eso puede existir o no en este modo de producción capitalista. Se han hecho propuestas sobre la productividad, sobre derechos sociales, bienes de consumo colectivo, la producción avícola, para la industrialización de todos estos sectores. Hay propuestas para la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda, y el cuidado de la naturaleza. Hay propuestas para todo este tipo de cosas, y las hacemos con esa idea de que hay un mundo que tiene que hacer diferencia, debe haber una sociedad diferente. Relaciones emancipadas, cooperadas y del equilibrio dinámico; a partir del respeto, del trabajo colectivo, del trabajo democrático.
C: ¿Y estas propuestas han sido escuchadas?
J.C.T: Volvemos al principio de todo este tema del conflicto armado social y político, y de los intereses del Estado que son diferentes a los nuestros. Por eso es que aquí se ha iniciado todo esto desde los años 70. Por ejemplo, ya se destruyó el santuario de flora y fauna de lo que se conoce cómo la laguna del Lipa (...) Ahí vamos mal. Hemos denunciado y hemos exigido al Estado parar.
Por eso las movilizaciones, las marchas, los paros, los cabildos, los foros, y todo lo demás. De una parte, denunciamos todo lo que afecta nuestro plan de vida, pero de otra parte, siempre hemos estado dispuestos a coordinar, concertar, dialogar con el Estado y con las instituciones, hemos mostrado por dónde puede ser el camino y le hemos hecho los planteamientos y propuestas.
Pero también hemos ido ejecutando y trabajando. Hemos definido los Territorios Campesinos Agroalimentarios. Hemos creado empresas comunitarias para demostrar que sí se puede manejar de una forma distinta, no para acumular. Hemos ido adelantando con el gobierno, o sin el gobierno, cómo sea. Hay cosas como estas que nos tienen orgullosos, por ejemplo, busque una empresa en el país que preste con calidad los servicios públicos cómo ECAAAS. Tiene la potencialidad para convertirse en regional, y que ahora tiene 16 mil suscriptores, provee servicios a más de 67 mil casas y 70 mil usuarios, y dónde no se reparten las utilidades. Busque eso en otro lugar.
Y ahí estamos demostrando en la práctica cómo es que esto funciona. ¡Ah!, pero bueno, en toda esa marchas, todas esas movilizaciones hemos expuesto la vida y nos han judicializado, todo por hacer estas actividades.
C: ¿En qué aportó el proceso de paz a todo esto?
J.C.T: No sirvió para absolutamente nada. Eso que dijo Juan Manuel Santos que “llegamos al fin de la guerra”, pues será en otro lado porque acá no ha pasado un día sin conflicto y su intensidad sigue igual. Mire todo lo que ha pasado desde el 2016 para acá. Los ataques a la poblaciones, la judicializaciones, las violaciones a los derechos humanos; las ejecuciones extrajudiciales que se pensaban que eran cosa del pasado aquí se siguen presentando. Las víctimas que están registradas siguen esperando que algún día llegue la supuesta indemnización, que por cierto no repara integralmente nada; algunos desplazados han regresado pero no en las condiciones de protección y dignidad que habíamos exigido.
Eso se veía venir porque no se trata de unos diálogos para la desmovilización de una guerrilla y que se le hagan unas concesiones. Si no se superan las causas estructurales no podemos hablar de paz. ¿Qué es la paz? La vigencia plena de todos los derechos que permiten una vida en condiciones de dignidad.
C: ¿Cómo ve el panorama en los próximos meses?
J.C.T: No sé si la confrontación entre Eln y Farc vaya a terminar hoy, mañana, en un año; es difícil preverlo.
Para salir de este conflicto hay que superar las causas estructurales y eso se hace entendiendo el origen político del problema y avanzando en la solución de estas causas. Pero en el entre tanto, pedimos que los grupos armados dejen a la población civil por fuera de esto. Que el Estado colombiano decida tener un diálogo abierto y frontal con las organizaciones rebeldes, pero principalmente con el pueblo en general, y que atienda a las víctimas que están aquí. Es la única forma.
Aunque eso de momento se va a demorar hay cosas con las que se pueden empezar, como los diálogos con la población civil para atender sus necesidades.
