¿Qué pasó?
Más de 50 líderes y periodistas estaban reunidos en una formación en derecho internacional humanitario la noche del miércoles en el edificio “Héctor Alirio Martínez” cuando estalló el vehículo. La explosión destruyó la mayor parte de las sede del ICA y afectó la estructura de la sede del Movimiento político de masas social y popular Centro Oriente de Colombia, donde trabajan organizaciones como Amar, Asojer, Asonalca, la Guardia Interétnica, Trochando sin Fronteras, la Fundación Joel Sierra , entre otras. También resultaron afectados restaurantes y residencias cercanas. Por el momento, se ha reportado un muerto, quien era el vigilante de la sede del ICA, y cuatro personas heridas.
Esta situación es producto del recrudecimiento de la confrontación entre el Eln y las disidencias de las Farc desde los primeros días del 2022. Esto es lo que ha pasado:
- En la madrugada del 2 de enero 23 personas fueron asesinadas en Arauca y sus cuerpos aparecieron abandonados en varias carreteras del departamento.
- El 9 de enero se registró un atentado con explosivos contra la sede administrativa de la empresa comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena. No hubo heridos.
- El 10 de enero hubo una detonación de un explosivo en la vereda El Consuelo en Saravena y la incineración de un bus de Copetran a la salida de Tame.
- Varias personas han sido reportadas como desaparecidas y al menos 170 familias han tenido que desplazarse de sus tierras.
- Desde el 2 de enero hasta hoy varias organizaciones sociales defensoras de derechos humanos han emitido alertas sobre las amenazas y atentados contra los líderes sociales. Entre los homicidios más recientes está el de Miguel Alexi Amado, miembro de Asonalca y José Avelino Pérez, integrante de la Fundación Joel Sierra, defensor de derechos humanos quien ya había presentado procesos de judicialización por parte del Estado en el 2021.
- En lo que va del año al menos 40 personas han perdido la vida.
Jonathan Camargo, presentador del Informativo Centro Oriente, cuenta que hace días circuló un audio de Antonio Medina, de las disidencias del frente 48 de las FARC, en el que señalaba que iban a atentar contra las organizaciones sociales. Para Jonathan, lo que ocurrió ayer estaba dirigido precisamente contra la sede de las organizaciones sociales. “En este momento la gente tiene miedo y mucha tristeza. Esto está dejando víctimas todos los días: asesinatos, bombas, persecuciones , amenazas, etc. Lamentablemente esto deja bastante roto el tejido social y deja unas huellas muy fuertes en la comunidad”, lamenta.
Para Eliécer Cáceres , periodista de la emisora comunitaria Arauquita Stereo, este es un atentado directo contra el tejido social, a los líderes, lideresas y el movimiento social del departamento de Arauca. Pero pese a la zozobra y el miedo mantienen su propósito claro y no piensan dejar de defender una vida digna en comunidad. “Como periodista seguiré denunciando estos hechos de terror que atentan contra la vida, contra un proceso social de más de 50 años en la región”.
Según Juan Carlos Torregrosa, abogado, activista y actual coordinador de la secretaría jurídica y seguimiento de casos de la Fundación Joel Sierra, con todo esto se corrobora lo que ya muchos venían declarando: “que la militarización del departamento no es lo que va a llevar a la protección de la vida e integridad de los líderes, lideresas y de la población civil, de sus bienes, procesos y proyectos”. Pero además, según Juan Carlos “pese a todas las amenazas que se han conocido y los documentos de alertas que han circulado por redes el Estado no ha hecho mayor cosa para proteger a la gente”.
Por su parte, Isneldo Gónzales, periodista defensor de derechos humanos, quien estaba en el edificio “Héctor Alirio Martínez” al momento de la detonación, comenta que lleva toda su vida viviendo inmerso en el conflicto y admite que ha tenido que aprender a llevarlo de la mejor manera. “Lo que dan ganas es de no irme de mi departamento. Porque esta es mi tierra, donde nací, donde me crié y donde he trabajado toda mi vida. Aquí seguiremos luchando”, comenta mientras sufre de un terrible dolor de cabeza a causa de la explosión.
José Luis Lasso, personero de Saravena, afirma que los habitantes de Saravena solo quieren la paz, y no se han cansado de pronunciarse y manifestarse al respecto. Pero según él, para que esto ocurra es necesario que el Estado repare integralmente a las víctimas para que se rompa el círculo de conflicto y pobreza en la que están inmersos. “El 50 por ciento de los habitantes de Saravena son víctimas del conflicto y llevan muchos años esperando por una mejor educación y vivienda digna; lo básico para el desarrollo y para que sean otros los horizontes”, comenta.
¿Qué piden?
El llamado que han hecho las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y las comunidades organizadas en el departamento es:
- A los actores armados, dejar a la población civil por fuera de sus acciones.
- A las autoridades competentes, actuar con celeridad y sin dilación frente a la crisis humanitaria, tomando medidas de protección y prevención .
- A los entes de control, como Defensoría y Personería, tomar las medidas necesarias y activar los protocolos para proteger a la población de Saravena, en especial a los líderes sociales que están siendo amenazados.
- Al gobierno nacional, cesar la estigmatización que posa sobre las organizaciones sociales.
- A los ciudadanos y movimientos sociales, condenar toda acción que atente contra la vida de cualquier colombiano y actuar con mayor solidaridad.
- El apoyo y solidaridad de todas las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales para que exhorte al gobierno colombiano a garantizar la vida e integridad de la ciudadanía en general.
La respuesta del gobierno
El presidente Iván Duque anunció medidas para fortalecer la seguridad en la zona; entre ellas incrementar la presencia con dos batallones de aproximadamente 600 hombres para hacer control territorial en los Centros Poblados de Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, Botalón y La Paz. La llegada de los militares se hizo efectiva el 7 enero. Sin embargo, desde entonces la medida ha generado rechazo entre la población que afirma que la presencia del Ejército no les genera tranquilidad. “Lo que ha traído es un estado de tensión de zozobra en la población”, comenta Jonathan.
Lo que sigue:
Miembros del Ejército y la Policía siguen haciendo presencia en Saravena, después de que las diferentes entidades municipales les exigieron actuar. Esto, pues a pesar de que la estación de Policía está ubicada a dos calles del lugar donde ocurrió la exploción anoche, los uniformados tardaron aproximadamente una hora en llegar al lugar. También se espera que se lleve a cabo un Consejo de Seguridad en las próximas horas, pero aún no se ha confirmado.
Para Jonathan y varios representantes de organizaciones de base del municipio urge el diálogo con los diferentes actores sociales, tanto armados como sociales para buscar una salida a esta crisis.
