El 11 de noviembre un grupo de personas del corregimiento de Guamachal encontraron el cuerpo de Claudia Elena López a orillas del río César. Claudia era indígena wayúu, madre de dos niños y había llegado algunos días atrás desde Maicao a San Juan del Cesar, donde se estaba quedando en la casa de su prima. Claudia fue asesinada, pero todavía no se conocen detalles de lo qué pasó.
Cinco meses antes, el 14 de junio, Maritza Loperena iba a entrar a su vivienda en la vereda Piñoncito a preparar a sus hijos de 12 y 13 años para ir al colegio, cuando un hombre encapuchado le disparó. Maritza era ama de casa. Se dedicaba a cuidar a su familia y a cultivar su patio, en el que sembraba piña, yuca, guineo, auyama, entre otras verduras. Además, estaba en proceso de capacitarse para ser líder. Maritza murió de camino al hospital, transitando las dos horas de camino que hay entre Piñoncito y San Juan del Cesar.
Estos dos feminicidios han puesto en alerta a las mujeres sanjuaneras, especialmente a las indígenas. Y también han dejado en evidencia el desinterés de las autoridades por garantizar sus derechos o investigar estos casos para combatir la impunidad. Anairis Loperena, integrante de la Comisión de Mujeres del pueblo wiwa, dice que la justicia es lenta y discrimina a las indígenas. Cinco meses después del asesinato de Maritza, no se sabe quién lo hizo ni por qué. Tampoco ha habido una captura. “No vemos respuesta de la Fiscalía, no nos ha llamado a decirnos qué pasó con Maritza”, dice decepcionada y molesta. El mensaje que envía la inacción para estas mujeres es que no vale la pena denunciar. “Uno no sabe a dónde dirigirse. Uno se pregunta con quién se queja”, agrega Anairis.
Y eso, cuando se quejan. A pesar de que las organizaciones de mujeres han hecho un trabajo de varios años dando a conocer los derechos de las mujeres y los tipos de violencias que existen, en San Juan y en toda La Guajira el machismo sigue arraigado. Tanto en la población indígena, como en la afro y la mestiza, las mujeres siguen inmersas en un laberinto que a menudo les impide liberarse del maltrato. Son violentadas y muchas se quedan calladas por temor a que la situación empeore si hablan, y si deciden hablar, a menudo se encuentran con barreras institucionales: las autoridades minimizan sus denuncias o las hacen conciliar con los agresores. Cuando la violencia llega al feminicidio, la falta de investigación y de justicia las decepciona. Una prueba de esto último es que en mayo del año pasado, tras tres feminicidios en el departamento, un grupo de mujeres wayúu salieron a marchar para reclamar justicia y a pedir que no las revictimicen cada vez que hacen denuncias.
Este panorama de injusticia y violencia se multiplica en el resto del país. Según Medicina Legal, en lo que va del año 2 144 mujeres han denunciado que son víctimas de violencias basadas en género. O sea, 33 cada día. Esta cifra representa un aumento de 25 por ciento de denuncias frente al año anterior, explica la abogada María de los Ángeles Ríos Zuluaga, asesora técnica y jurídica de la Red Nacional de Mujeres, quien advierte que las cifras pueden ser mucho mayores. “Hay que partir de que hay un subregistro de estos casos”, explica.
Según Medicina Legal, en lo que va del año 2 144 mujeres han denunciado que son víctimas de violencias basadas en género. O sea, 33 cada día. Esta cifra representa un aumento de 25 por ciento de denuncias frente al año anterior
En cuanto a feminicidios, Medicina Legal ha recibido 659 alertas de feminicidio y ha confirmado 140 casos. Sin embargo, el conteo de la Red Feminista Antimilitarista es mucho mayor. Entre enero y octubre de 2022, esta organización registró 500 feminicidios. En La Guajira fueron seis, aunque ahí no está incluida Claudia Elena.
Todo lo que está mal en la atención a las víctimas
Anairis Loperena, junto a otras mujeres indígenas del pueblo wiwa, se ha dedicado los últimos 15 años de su vida a acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. También se ha dedicado a prevenirla. Por eso las autoridades ya la conocen y la escuchan. Sin embargo, asegura que eso no siempre sucede. “Cuando nos pegamos (a hacerle seguimiento) a estos casos en la Comisaría o Policía y hacemos el acompañamiento, hay un poco de respuesta. Pero cuando las lideresas no estamos ahí, a las mujeres no se les dan una respuesta. Quedan abandonadas”, asegura. El resultado es que, en muchos casos, las víctimas continúan siendo agredidas.
Rosa Daza, comisaria de familia de San Juan del Cesar, acepta que el seguimiento que se le hace a las denunciantes es poco. “El seguimiento que se hace es a través de informaciones de las mismas víctimas, porque son tantos los casos que se presentan… que si la víctima se presenta acá, que dice que se le están presentando algunas circunstancias, nosotros sí hacemos el seguimiento, el llamado y la alerta”.
Para Loperena esto no debería suceder. “Ellos (los funcionarios) tienen que estar haciendo seguimiento sin que nosotras tengamos que estar ahí”, afirma.
Además de la falta de seguimiento, las mujeres han notado que las autoridades le restan importancia a las denuncias por violencia de género. Esto no pasa solamente en San Juan. Norelis Uriana, coordinadora de Mujer, Familia y Generación del resguardo indígena de Mayabangloma en Fonseca, explica que “las autoridades a veces sí activan las rutas y a veces no. Cuando son casos de niños y niñas, enseguida actúan, pero cuando son casos de mujeres adultas no les prestan tanta atención”.
“Las autoridades a veces sí activan las rutas y a veces no. Cuando son casos de niños y niñas, enseguida actúan, pero cuando son casos de mujeres adultas no les prestan tanta atención”
Norelis Uriana, coordinadora de mujer, familia y generación del resguardo Mayabangloma
A esto se suma que pocas veces las autoridades tratan la violencia de género como tal. Por el contrario, entidades como la Comisaría de Familia de San Juan del Cesar, insiste en hablar de violencia intrafamiliar. “De violencia intrafamiliar hemos manejado cerca de 30 casos. Decir que se nos han presentado en el caso de género, no”, dijo Rosa Daza en una entrevista con Consonante. En esta misma entrevista sus respuestas dejan ver que sí atienden casos de violencia de género, aunque no los traten como tal: “A veces llegan personas manifestando su situación, que son maltratadas porque el agresor está muy celoso con la víctima, por cuestiones personales que son psicológicas o sexuales o también por ser de carácter económica porque a veces quieren evadir responsabilidades porque cuando la víctima quiere reclamar por cuestiones del hogar, se enfurece el victimario. Y llegan a este tipo de contratiempos”.
No hacer esta diferenciación tiene consecuencias. En primer lugar, según la abogada María de los Ángeles Ríos, tratar la violencia de género como violencia intrafamiliar le resta gravedad a los hechos. “Cuando es así, las violencias que sufren las mujeres son abordadas como problemas insignificantes o que ocurren en espacios específicos como la casa o la familia, y muchos funcionarios lo abordan como un problema que debe resolverse en ese mismo lugar. Eso le resta valor”, explica. La abogada dice que en estos casos impera la creencia de que “los problemas de la casa se quedan en la casa”.
En segundo lugar, cuando se aplica esta creencia, muchos funcionarios toman la decisión de hacer conciliaciones para mejorar el trato, pero esto tampoco está bien. “La violencia de género y la violencia intrafamiliar no son conciliables. Si un funcionario concilia o llega a un acuerdo después de un hecho de estas violencias, está actuando en contra de la ley”, explica Ríos.
Fabrina Acosta, investigadora guajira y creadora de la fundación Evas y Adanes, dice que en el sur de La Guajira sí se actúa en contra de la ley cuando se desincentiva la denuncia. “En La Guajira un comisario, un juez, un fiscal, es el compadre del victimario. Hay mujeres que me dicen: yo iba a denunciar, pero ya no he ido más, doctora. ¿Por qué? Porque el compadre me dijo: oye, pero sobrelleva al compadre. Y eso termina en feminicidio porque el agresor después ya no se siente satisfecho con partir la boca, sino que tiene que llegar a la muerte. Pero como el que debía activar la ruta es el compadre… imagínate en un pueblo en el que todo el mundo es familia”, explica.
Para la abogada Ríos las cosas deberían ser al revés y primero se tendría que proteger a las mujeres en sus casas: “Sabemos que las casas son el lugar más riesgoso para las mujeres y hay mucha invisibilidad sobre lo que ocurre, porque no se ve”, afirma.
Ninguna justicia protege a las mujeres
En Colombia hay alrededor de 33 normas que reconocen y explican cómo operan las violencias basadas, que las tipifican y buscan desincentivarlas. O sea, el problema no son las leyes. Para la abogada Ríos hace falta voluntad política para aplicarlas, además, hay ausencia institucional. “No todas las mujeres tienen la posibilidad de ir a una comisaría o a una fiscalía a denunciar. Pero, aún cuando la tienen, los funcionarios y funcionarios no tienen la información ni la capacitación de los mínimos que deben atender cuando recepcionan estos casos”. Las normas no son suficientes si los que deben aplicarlas no las comprenden ni las aplican.
A este panorama se enfrentan las mujeres indígenas guajiras cuando sacan sus casos de la justicia indígena para exponerlos ante la justicia ordinaria. Lo hacen cuando la justicia propia ya les falló. Norelis Uriana lo ha presenciado. “Nosotros tenemos unos reglamentos internos, que toca primero resolver aquí. Si usted maltrató a una mujer, tiene que pagar una falta. ¿Pero cuál es la sanidad para la mujer? ¿Qué se está evitando con ese pago? Si le pega la segunda vez, vuelve y tiene que pagar”, cuenta. En esos casos, si la mujer está de acuerdo, el caso lo pasan a la justicia ordinaria porque ya no confían en la justicia propia.
Las mujeres wiwa se han enfrentado a un problema similar. Las autoridades tradicionales minimizan la violencia, así que “la mayoría de las mujeres ya no confían en la justicia propia”, dice Anairis Loperena. Pero también les ha pasado que a veces el agresor hace parte de otro pueblo indígena de los que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta o que después de cometer la agresión se va para el territorio de otro pueblo. En esos casos, la justicia propia queda sin competencia. Por esta razón las wiwa están creando una ruta de prevención y justicia con las arhuacas, las kogui y las kankuamas, de modo que puedan aplicar justicia sin importar en qué pueblo esté el agresor.
Mientras el machismo sea la ley, no va a parar la violencia
En La Guajira, donde casi el 50 por ciento de la población es indígena, a menudo se ha justificado la violencia bajo un título: “usos y costumbres”. Fabrina Acosta lo rebate: “no puede ser ningún uso y costumbre violar a una niña de 12 años”. Para ella la explicación, lo que está debajo de la violencia en el territorio, tiene que ver con una cultura machista. “Machismo se escribe con c de cultura, no con m de mamá. Aquí se normaliza la violencia. Se dice normalmente que la niña de 12 años está embarazada, y eso es un delito. Se normaliza que se cosifique el cuerpo. Y hay que actuar sobre esa estructura cultural”.
Para varias expertas y líderes, el primer paso es transformar la forma en la que se aprende cómo se deben comportar los hombres y las mujeres, para romper con los estereotipos de género que condenan a las mujeres a aguantar las violencias. Para María de los Ángeles Ríos también se debe socializar la ley 1257 de 2008, que define la violencia de género y dicta las medidas para prevenirla y sancionarla. Si tanto las autoridades como las mujeres conocen la ley, Ríos confía en que no se darían tantas irregularidades en los procesos.
Además, Norelis Uriana y Anairis Loperena consideran que si la justicia actúa, a lo mejor más mujeres se animarían a denunciar y a romper el círculo de violencia. Norelis ha visto como muchas deciden “arreglar las cosas” con sus agresores en vez de ir a la justicia. En lo que coinciden todas es que tiene que pasar algo. Nunca más aceptarán que se trata de costumbres.
