Hace poco la población de San Vicente del Caguán se despertó con una sorpresa: el muelle fluvial estaba bajo el agua. La obra se fue hundiendo poco a poco en las aguas del río Caguán desde el mismo año de su entrega en 2023. Pero solo hasta hace unas semanas la estructura de hierro cedió ante la creciente por las fuertes lluvias que cayeron en el departamento de Caquetá.
La estructura fue una obra contratada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) por un valor de $1.540.753.464. Se inauguró para beneficiar principalmente a pescadores, transportadores fluviales, comerciantes y usuarios del río. Aunque desde hace un tiempo se advirtió sobre sus fallas, el punto crítico llegó cuando las crecientes coincidieron con el deterioro de piezas necesarias para que la plataforma flotante se adaptara al nivel del agua.
La obra fue concebida durante la administración del exalcalde Julián Perdomo Losada, en el marco de una convocatoria pública de Invías para la construcción de infraestructura fluvial. De acuerdo con el contrato 1159 de 2021. Gracias a esa postulación, el municipio obtuvo la aprobación para construir dos muelles fluviales: uno en el casco urbano de San Vicente del Caguán y otro en la inspección de Puerto Betania. Invías, a través del consorcio Promuelles, ejecutó y construyó ambas obras.
El muelle urbano fue presentado como una alternativa para ordenar y facilitar el movimiento por el río: pasajeros que llegan de zonas ribereñas, transporte de productos como queso y leche, pequeñas remesas, pescadores y usuarios que se desplazan en canoas. Juan Carlos Jaramillo Correa, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de San Vicente del Caguán, organización constituida en 2002 y que agrupa alrededor de 30 familias, recuerda que la infraestructura sí alcanzó a prestar servicio: “Empezamos a utilizarlo. Me parece que el servicio del muelle es excelente porque da mucha facilidad para el ingreso y la salida de personal y de mercancía”.
Sin embargo, desde el inicio hubo dudas sobre el punto escogido. Aunque la comunidad identificaba como sitio tradicional el sector conocido como el puerto de Los Paisas, Invías habría descartado esa alternativa por razones técnicas. “Algunas personas dijeron que fuese el puerto de Los Paisas, donde se ve claramente que era más lo que se necesitaba en este lugar, pero según Invías, allí no era viable por conceptos técnicos”, señala la concejal Astrid Amézquita.
Las decisiones que hundieron el muelle
El hundimiento del muelle respondió a la combinación de varias causas. Las crecientes del río arrastraron basuras, madera y palizadas que golpearon la estructura; al mismo tiempo, varios elementos fueron hurtados o dañados, entre ellos luminarias, láminas, tornillos y piezas asociadas al mecanismo flotante. De acuerdo con Wilman Fierro Lugo, diputado de la Asamblea Departamental, el muelle fue instalado en “una parte muy compleja”, cerca del barrio Puerto Redondo, donde algunas personas “empezaron a retirar algunas piezas, como chapetas de metal, luminarias o lámparas solares”.
Uno de los puntos más sensibles fue el daño o retiro de los rodillos que permitían que la plataforma subiera o bajara según el caudal. Fierro Lugo sostiene que esos elementos eran determinantes para el funcionamiento del muelle: “Los rodillos eran los que permitían que hicieran el trabajo de mantener a flote el muelle”. Por eso, agrega, “en el momento en que el río Caguán vuelve y crece y carece de estos rodillos, desafortunadamente el muelle queda sumergido porque fue tapado por las aguas y no tuvo cómo rodar y poder flotar más”.
A esa situación se sumó una posible falla de diseño advertida por los pescadores. Para Juan Carlos Jaramillo, el frente de la plataforma no contaba con una estructura que desviara los troncos y la basura arrastrada por el río. “Aproximadamente en el mes de diciembre empezamos a notar que había algún inconveniente porque al frente del muelle no se le construyó una especie de estructura que desviara la palizada hacia los lados, sino que el frente quedó plano”, señaló.
La acumulación de palizadas, según el líder de los pescadores, fue progresiva. “Cuando llueve, siempre el río baja palizadas de las orillas y entonces se iban estrellando contra la parte frontal y se fueron acumulando. Nosotros pasamos aviso a la administración municipal y ellos hicieron su respectivo requerimiento a Invías. Llegamos a quitarla, pero llegó un momento en que nuestras herramientas no fueron suficientes para ello. Solicitamos ayuda, pero realmente no se contó”, afirma.
El impacto para los usuarios fue inmediato. Jaramillo afirma que, una vez que el muelle colapsó, las familias pesqueras tuvieron que dispersarse: “Ahorita estamos en diferentes lugares, porque ahí no hay ninguna posibilidad. Está completamente colapsado. Son tres módulos, dos de ellos están hundidos”. Además, la asociación tenía expectativas de aprovechar el espacio para proyectos comunitarios y turísticos: “Siempre han manifestado que qué pesar de esa inversión que no se esté pudiendo dar uso, porque nosotros teníamos ahí proyectado el tema de turismo”.
A estos problemas se les suma el antecedente de la decisión sobre la ubicación del muelle. Este es uno de los puntos más cuestionados. El muelle se construyó en un sitio diferente al tradicional puerto de Los Paisas, espacio reconocido por el movimiento fluvial, la cercanía con el comercio y la costumbre de los navegantes. Aunque el argumento técnico fue que en el antiguo punto había dificultades en época de verano por el bajo nivel del río, varios testimonios coinciden en que el nuevo lugar no logró consolidarse como punto de llegada.
Juan Carlos Jaramillo afirma que la Asociación de Pescadores no participó en la definición del proyecto: “Realmente nosotros no tuvimos la oportunidad de participar en consulta para eso. Por lo menos no nos enteramos; no puedo asegurar si la hubo o no, pero a nosotros no llegó información sobre el tema”. Aunque reconoce que la nueva ubicación tenía una leve ventaja en verano, insiste en que no todos los usuarios migraron hacia el nuevo punto: “Realmente solamente le estamos dando uso los pescadores y no todos, porque la gente sigue arrimando al antiguo muelle”.
Desde el Concejo, Astrid Amézquita coincide en que el sitio escogido no respondió a los hábitos reales de los usuarios. “Allí la gente no estaba acostumbrada o nunca se acostumbró a poder llegar ahí con sus embarcaciones”, dice.
Para Wilman Fierro Lugo, el objetivo inicial era garantizar una llegada más segura para las comunidades que usan el río, pero el sitio tradicional estaba en otro punto. “El muelle genuino está ahí cerca del almacén Los Paisas, que es donde está también el grueso del comercio y el grueso de la llegada de todos los habitantes que navegan”, afirmó. Por eso considera necesario revisar:
“quién fue el directamente responsable de que se tomara como punto de construcción del muelle flotante ahí donde desafortunadamente está sumergido”.
“Creemos que no era conveniente hacer este muelle en ese lugar”, afirma Amezquita. Y agrega: “una inversión de cerca de 2.000 millones de pesos para algo que no iba a ser funcional, pues es una inversión innecesaria de alguna manera”.
Lo que sigue
El Concejo Municipal ha adelantado acciones de control político, aunque con resultados muy limitados. Según relata la concejal Astrid Amezquita, desde la corporación se han realizado llamados a la administración local y se ha citado a la Secretaría de Infraestructura para que entregue informes sobre el estado de la obra. Sin embargo, señala la concejal, el proceso no ha pasado de la remisión de documentos y de la explicación de que la responsabilidad corresponde a Invías y al contratista.
“Yo, como concejal, hice el llamado en ocasiones; otros compañeros también hicieron el llamado a la administración actual para que le dieran mano a esto, ya que con las crecientes que ha tenido el río Caguán y con las basuras que han llegado hasta el lugar, se veía que se estaba deteriorando, que se estaba acabando. Se hizo el llamado; la verdad, nunca lo atendieron”, dice Amézquita.
La concejal señala que la administración ha respondido que la obra no fue entregada formalmente al municipio. “Siempre nos decían que le habían oficiado a Invías y que Invías finalmente nunca hizo la entrega como tal. Es decir, que ellos lo construyeron, pero nunca lo dejaron como un inmueble ya del municipio, sino que ellos debían continuar con el mantenimiento”, dice.
Wilman Fierro Lugo también advierte ese vacío: “Invías cometió un error y es que no le entregó formalmente el muelle flotante al municipio”. En su criterio, mientras no exista una entrega formal, la entidad nacional sigue teniendo responsabilidad sobre la infraestructura: “En este momento Invías todavía tiene a cargo ese muelle porque no lo dejó plasmado de manera formal en un documento”.
Aunque de acuerdo con el contrato suscrito, la posible garantía de la obra por parte del consorcio constructor se enmarca en la Garantía Única de Cumplimiento, específicamente en el amparo de estabilidad y calidad de la obra. Esta póliza cubre el 30 por ciento del valor final de la construcción y tiene una vigencia de cinco años contados a partir de la firma del acta de entrega y recibo definitiva. Bajo esta cláusula contractual, el contratista es el responsable directo de asumir, a su propio costo, todas las reparaciones necesarias si la infraestructura presenta defectos o amenaza ruina, como colapso total o parcial derivado de deficiencias en los procesos constructivos, la mala calidad de los materiales o problemas de localización.
Para activar este mecanismo, el Instituto Nacional de Vías debe notificar por escrito al contratista para que repare los daños en un plazo determinado; si la empresa constructora no cumple con estas reparaciones de manera oportuna durante el periodo de vigencia de la póliza, Invías está plenamente facultado para hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada.
Fierro Lugo advierte que el tiempo de la garantía no debería dejarse correr sin una decisión institucional. “Si ellos dilatan, pasaría el tiempo de las pólizas y quedaría eso ahí enterrado, hundido, porque ahí sí nadie prácticamente respondería”, afirmó. Por eso considera que el municipio debería insistir ante Invías para que se active la ruta de recuperación: “El municipio es el que debería exigir y darle a Invías para que se garanticen las pólizas y puedan recuperar el muelle”.
A pesar de la pérdida de esta millonaria inversión, el accionar del Concejo se ha estancado en este punto institucional. La concejal Amezquita confirmó que, al menos desde su gestión personal, no se han activado rutas legales para denunciar o escalar el caso ante entidades de control disciplinario y fiscal, como la Contraloría o la Procuraduría, desconociendo si algún otro compañero de la corporación lo ha hecho.
Mientras se resuelve quién activa de manera efectiva las garantías y quién lidera la recuperación física de la obra, el muelle sigue bajo el agua.
