Este año al menos 54 personas, en su mayoría mujeres, que se dedicaban al cuidado de niños y niñas en Fonseca, se quedaron sin trabajo. Marta* iba a cumplir 10 años en este oficio. A pesar de la zozobra año tras año, a finales de 2025 le aseguraron que nuevamente sería contratada. Estaba acostumbrada a que los primeros meses del año no recibía sueldo, y que en marzo la vida se normalizaba. Pero este marzo, dos días antes de que los niños ingresaran al programa, le dijeron que su puesto de trabajo ya no existía.
“El Icbf sacó un comunicado hablando sobre la reducción de cupos, que algunas UCA tenían que desaparecer porque no contaban con la cantidad de niños, ni el presupuesto para pagarle al personal. En mi barrio había dos UCA y desapareció una. Es triste jugar con los sentimientos de una persona, con la manutención de una familia, con los sueños y proyectos de una persona”, dice Marta*. Como ella, otras ocho personas de la Unidad de Atención Comunitaria (UCA) en la que trabajaba quedaron sin empleo.
Para el 2026 el Icbf disminuyó en un 29,35 por ciento la contratación en las UCA de Fonseca. Según datos del Instituto, en la vigencia 2025 se generaron 184 empleos “directos” para trabajar en estas Unidades, mientras que en 2026 se contrataron solamente 130 personas. Esto, sin contar la reducción de personal de otros programas de atención a la primera infancia como los Centros de Desarrollo Infantil, que también se vieron afectados.
“La disminución en el número de UCA está relacionada con la reducción de cupos en la zona urbana, lo que ha llevado a la reubicación y reorganización de las unidades de servicio, concentrándolas en puntos más cercanos y con una mayor capacidad de atención, estimada en aproximadamente 40 usuarios por unidad. En cuanto a la zona rural, las unidades continúan operando con una capacidad promedio de 20 usuarios, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión geográfica y acceso de la población”, informa la Secretaría de Educación del municipio.
La crisis que enfrentan las trabajadoras de primera infancia del Icbf se agravó este año porque no hay suficientes niños para atender. En las UCA hay 251 niños menos: en 2025 se atendieron a 1.453 niños y niñas, mientras que este año solamente a 1.202, 798 en la zona urbana y 404 en la zona rural.
En los CDI la situación no es diferente. A pesar de que no se ha cerrado ningún centro, ya se redujeron los cupos asignados por el ICBF y, con ellos, muchos empleos: “Trabajé como docente hasta diciembre del año anterior en el CDI del barrio 12 de octubre; este año no me llamaron y las cosas se tornaron bastante difíciles. No quedé yo ni ninguna de mis cuatro compañeras de cocina y aseo. Yo tengo cuatro hijos, tres a mi cargo, no recibo ayuda de nadie”, cuenta Elexis Bolaño, esteticista de profesión y cuidadora por oficio.
A partir de este año escolar los niños de tres a cinco años, que eran población objetivo de los programas del Icbf, pasaron a ser atendidos por el Ministerio de Educación a través de las escuelas públicas, dejando a los otros programas con menos población. Hoy existe una crisis de cobertura que genera una gran preocupación e incertidumbre. En las trabajadoras se generó una especie de "competencia" por los niños, y por mantener el empleo.
Hoy las Madres Comunitarias deben responder por metas de asistencia que son difíciles de cumplir, mientras viven con la preocupación de si su puesto también será cancelado: “A mí se me acercan varias compañeras dentro de los CDI y me preguntan qué vamos a hacer. Me dicen que si su cupo de atención es de 20 niños, en realidad les llegan 10 ó 12, algunas siete, algunas cinco. Una realidad que se está viviendo dentro del municipio. Y no debería ser así porque a mí no me pagan por niño”, explica Nelcy Erazo, presidenta del sindicato de madres comunitarias en Fonseca.
El inicio de cada año para el gremio dedicado al cuidado está lleno de angustia por la falta de garantías laborales. El modelo de contratación tercerizado no les garantiza la continuidad cada final de año y el ciclo de preocupación vuelve a iniciar. Esto sumado a los retrasos continuos: los cinco CDI que existen en el municipio sólo atendieron niños hasta el día 25 de marzo, cuando debían empezar el 9 de febrero.
Las demoras en la contratación no solo impactan a los niños de familias de bajos recursos, quienes son los principales beneficiarios de estos centros, sino también a las madres comunitarias, los profesionales de la salud como nutricionistas y psicólogos, e incluso a vigilantes y aseadoras de los distintos centros. Todos ellos dependen de esta actividad económica y se ven obligados a esperar cada año más tiempo del previsto para que se formalicen sus contratos.
“El funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil se ha visto afectado por el retraso en la contratación de los operadores por parte del Icbf. Esta situación provoca interrupciones que impactaron negativamente en el desarrollo integral de los niños y niñas”, aseguran desde la Secretaría de Educación.
Los trabajos de cuidado siguen sin dignificarse
El trabajo que realizan Marta, Elexis, Nelcy, otras madres comunitarias y las demás funcionarias de los centros de atención es trabajo de cuidado; es decir, implica atender y acompañar a niños, niñas y personas mayores. Estas labores han sido históricamente asignadas a las mujeres y, en la mayoría de los casos, no son remuneradas. Cuando sí lo son, como ocurre en su caso, las condiciones laborales suelen ser precarias.
“En Colombia, según el DANE, las mujeres dedican en promedio casi ocho horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres apenas dedican tres. Y quienes se dedican al cuidado de manera remunerada —como las trabajadoras domésticas— enfrentan condiciones laborales precarias: extensas jornadas, bajos salarios, falta de afiliación al sistema de salud o pensiones, y tratos indignos”, resalta Dejusticia en el Informe “Reflexiones sobre el cuidado como derecho en Colombia”.
Esta falta de condiciones dignas para ejercer su trabajo tiene impactos graves en la vida de las mujeres, de sus familias y en sus comunidades: “Limita sus posibilidades de acceso a la educación, al desarrollo profesional, a oportunidades económicas y a participar en escenarios públicos como la política. Además, las hace más proclives a la pobreza y la exclusión social”, agrega el informe. Condiciones que se agravan con otros factores como la pertenencia étnica, la pobreza y la migración forzada.
El Icbf atendió durante 2025 a 12.132 niños y niñas en el departamento de La Guajira, a través de 952 hogares comunitarios y 43 unidades de servicio para la primera infancia. El departamento tiene las cifras más altas de feminización de los trabajos de cuidado remunerado, esto sin contar que la informalidad también es mayor en las mujeres cuidadoras en comparación a los hombres ocupados en el sector, lo cual profundiza la brecha en estabilidad laboral, ingresos y acceso a la seguridad social.
“La distribución territorial del empleo en el cuidado está estrechamente relacionada con los patrones de feminización regional, que se mantienen como una de las características estructurales más persistentes del sector. En la mayoría de los departamentos, las mujeres representan más del 70 por ciento del total de personas ocupadas en actividades de cuidado, con máximos en La Guajira (82,3 por ciento), Arauca (80,4 por ciento), Nariño (78,4 por ciento) y Atlántico (78,0 por ciento)”, dice el informe “Análisis del Cuidado Remunerado en Colombia”, publicado por el Servicio Público de empleo el 29 de octubre de 2025.
Este patrón, asegura el informe, reafirma la existencia de una doble desigualdad; por un lado, la sobrerrepresentación femenina en el sector, y por otro, su mayor exposición a condiciones laborales precarias.
Los incumplimientos del Icbf en Fonseca vienen desde 2023, tanto que en varias ocasiones las madres comunitarias han hecho paros tratando de que las escuchen. En 2024 el cese de actividades duró tres días y en la lista hay varios reclamos que persisten: demoras en las contrataciones, falta de formalización, pensión digna, dotación en centros de atención, capacitaciones, aumento de la minuta alimenticia, entre otros.
En enero de este año el gobierno anunció que más de 2.000 madres comunitarias aceptaron, firmaron y se vincularon a la planta del Icbf como las primeras trabajadoras oficiales en todo el país. Y aunque es un avance, el proceso ha sido lento.
En La Guajira existen 15.504 madres comunitarias, según la Caracterización de las madres y padres comunitarios que forman parte del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en el ICBF. De ellas, solo hay 17 madres formalizadas, cuenta Nelcy Erazo.
Según la misma caracterización, en Fonseca hay 430 madres comunitarias y solo una de ellas, explica Erazo, ha logrado la formalización o contratación directa con Icbf. El resto de las que lograron contratos siguen bajo el modelo de "tercerización" a través de entidades administradoras de servicio.
A esto se suma la precariedad en los salarios. En el mismo informe del Servicio Público de Empleo explican que aunque ha tenido pequeños aumentos, la estructura salarial del cuidado sigue siendo predominantemente de baja remuneración, lo que refleja la limitada valoración económica en el trabajo de cuidado. Más de la mitad de los puestos de trabajo de este sector (59,6 por ciento) se ubicaron en el rango salarial entre $1.000.000 y $1.500.000.
Sobre los sueldos, el Icbf le respondió a Consonante que de acuerdo con el manual operativo, las entidades que administran los servicios de Bienestar Familiar deben realizar convocatorias públicas para seleccionar al personal más idóneo, conforme a los requisitos establecidos. “La responsabilidad de la vinculación recae en estas entidades, quienes deben garantizar la contratación y el cumplimiento de sus obligaciones con el talento humano. El pago se define según los perfiles requeridos y está establecido en la canasta de costos que Bienestar Familiar fija para cada vigencia”, explican.
Estas mujeres, además, trabajan con pocos recursos. En Fonseca, la Secretaría de Educación ha llamado la atención sobre el mal estado y la falta de materiales pedagógicos e infraestructura idónea para prestar los servicios en los Centros de Desarrollo Infantil: “La limitación de recursos dificulta la adecuada operación de los CDI, restringiendo la disponibilidad de insumos, materiales pedagógicos y personal necesario para garantizar estándares óptimos de atención. Asimismo, se presentan dificultades en la infraestructura, evidenciadas en espacios que requieren mantenimiento, adecuaciones o mejoras, lo cual puede afectar las condiciones de seguridad, salubridad y bienestar de los beneficiarios”.
