Cada mes Yomaira Gamboa realiza la misma rutina. Sale de su casa en el barrio San Pedro hasta el barrio Popular para reclamar los medicamentos que le formulan los médicos en la Nueva EPS. Llega a la IPS Humsalud, que es el gestor farmacéutico, pero a pesar de su insistencia, la respuesta siempre es la misma: no pueden entregarlos porque ella no está dentro de las poblaciones priorizadas.
Desde el 11 de octubre del año pasado, la Nueva EPS suspendió de manera parcial la entrega de medicamentos a sus usuarios en Tadó. En este municipio del Chocó, los pacientes empezaron a enfrentar la misma incertidumbre que hoy golpea a millones de afiliados en todo el país: fórmulas represadas, tratamientos interrumpidos y la angustia de no saber cuándo podrán recibir lo que necesitan para continuar con sus procesos de salud.
Desde finales de 2025, la escena se repite en distintos municipios: filas interminables en los dispensarios, estanterías vacías y respuestas que no llegan. La crisis en la entrega de medicamentos obedece, por un lado, a la terminación de contratos con operadores logísticos y, por otro, a una situación financiera marcada por deudas acumuladas, un cóctel que ha terminado trasladando el peso del problema a los usuarios.
Nada de esto es reciente. Desde hace un tiempo los usuarios han denunciado dificultades para que los gestores farmacéuticos entreguen las medicinas. De hecho, en marzo de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud interpuso una medida cautelar contra Audifarma, una de las empresas dispensadoras en el Chocó que presta servicios a la Nueva EPS, por el desabastecimiento de medicamentos de todo tipo, algunos tan básicos como el acetaminofén.
Esta situación pone en riesgo la vida de muchos pacientes. El caso de Yomaira Gamboa es un ejemplo. Ella tiene enfermedades como hipertensión y migraña, pero lleva meses sin que la EPS le suministre las medicinas que necesita: “me toca sacar de mi bolsillo para comprar los medicamentos para las enfermedades que padezco, como lo son: losartán, amlodipino, omeprazol y fencafen. Una pastilla de fencafen cuesta dos mil pesos y una tirilla de losartán cuesta ocho mil pesos. Son aproximadamente cincuenta mil que me gasto en mis medicamentos, porque si no los compro me puedo infartar”, afirma Gamboa.
Esta crisis ha afectado su calidad de vida, porque la obliga a vivir con molestias que podría evitar de tener sus medicinas, y también la afecta económicamente, porque debe ajustar los gastos en su casa cada mes para que le alcance para comprar especialmente el losartán, que es fundamental para evitar impactos serios en su salud. Este no es un gasto menor en un territorio en el que hay un nivel alto de trabajo informal, desempleo y pobreza; según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el nivel de pobreza multidimensional en Chocó es del 33,9 por ciento.
Un problema estructural
La Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud el 3 de abril de 2024, debido a una crisis financiera que ponía en riesgo el derecho a la salud de los afiliados. Esta intervención fue prorrogada hasta abril de 2026. A casi dos años del inicio de este proceso, la situación ha empeorado.
Según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la deuda de la Nueva EPS aumentó en un 198 por ciento. En 2022 era de 5,42 billones, pero en marzo de 2025 pasó a 21,37 billones de pesos.
Además, 95 instituciones de salud han interpuesto embargos por más de dos billones, debido a la falta de pagos por los servicios prestados.
En octubre del año pasado, Guillermo Andrés Cuesta, personero del municipio de Tadó, envió una carta a la Nueva EPS y a entidades correspondientes del Estado. En ella señala que la suspensión de la entrega de medicamentos vulnera el derecho fundamental a la salud: “Las personas afectadas han manifestado no recibir sus tratamientos sin que exista, hasta la fecha, una justificación válida oportuna ni un plan de contingencia visible por parte de la EPS”, se señala en la carta.
A través de este documento el personero le solicitó a la Nueva EPS restablecer de manera inmediata la entrega de medicamentos e implementar medidas de contingencia. Además de solicitar a los organismos de vigilancia que adelanten las acciones disciplinarias y de control correspondientes. Las entidades no dieron respuesta a la Personería, por lo que el 20 de noviembre se envió nuevamente una carta reiterando la urgencia de una respuesta institucional. A casi cinco meses de esta solicitud, la crisis persiste.
Brenda Yulieth Mosquera Sánchez, gerente general de la Alcaldía Municipal de Tadó, afirma: “Este es un tema bastante complejo. Como autoridad hemos hecho requerimientos, ellos (Nueva EPS) nos han respondido que los medicamentos que se van a entregar son para pacientes específicos por la crisis financiera que están viviendo. Aún así, realizamos gestiones pertinentes con las autoridades competentes en aras de garantizar el derecho a la salud de nuestra población”.
Según Mosquera, el 12 de diciembre de 2025 recibieron una respuesta oficial en la que la entidad señaló que la suspensión temporal en la dispensación de medicamentos obedecía a una situación de orden contractual.
Por su parte, la IPS Humsalud, gestora farmacéutica de la Nueva EPS en Tadó, envió contestación a la Personería el 23 de noviembre. En el documento reiteró la suspensión del servicio y advirtió que enfrenta una insostenibilidad operativa y financiera, atribuida al flujo insuficiente de recursos y a incumplimientos en los pagos por parte de la EPS.
“La no cancelación o retraso en los pagos por parte de la EPS afecta directamente la sostenibilidad del gestor farmacéutico, que depende exclusivamente de los ingresos derivados de la prestación de los servicios contratados. Ello limita la posibilidad de adquirir medicamentos, mantener inventarios, garantizar el talento humano y sostener la operación logística requerida para una atención eficiente y segura”, indica la IPS Humsalud.
Por esta razón, señalan que únicamente están entregando medicamentos a pacientes con patologías catastróficas, pacientes oncológicos y mujeres gestantes, para evitar afectaciones mayores en la población.
En Tadó algunas personas que cuentan con los recursos para movilizarse intentan conseguir los medicamentos en municipios cercanos, pero no cuentan con suerte. “Llega uno a las farmacias que suministran el medicamento en Tadó y no hay nada, llega a Unión Panamericana y Certegui que son municipios vecinos y tampoco hay nada”, señala Wilson Mosquera, presidente de la liga de usuarios del Hospital San José de Tadó.
La angustia por los cambios en el modelo de salud
Hace algunos días el Gobierno Nacional emitió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una norma que redefine el modelo de aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida busca garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud en todo el país, especialmente en zonas dispersas o de baja densidad poblacional, donde históricamente la atención ha sido más frágil e intermitente.
Sin embargo, la iniciativa ha despertado cuestionamientos. Una de las principales críticas apunta a que el decreto contempla la redistribución automática de millones de afiliados al sistema. La norma establece que las EPS que no alcancen un número mínimo de usuarios en determinados municipios deberán retirarse de esos territorios y perderán su autorización para operar allí. El calculo se realizará según la población y el número de afiliados. Además, se limitará la cantidad de entidades habilitadas en cada lugar. En ese escenario, los usuarios serían trasladados a otras EPS sin consulta previa y solo podrían ejercer su derecho a elegir una nueva entidad después de 60 días calendario contados desde el traslado.
Una de las preocupaciones que ha suscitado la medida es que se pueda incrementar aún más la carga en la Nueva EPS, actualmente la entidad con mayor cantidad de afiliados en el país, con cerca de 11,5 millones de usuarios. Según un comunicado de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), se afectarán millones de usuarios que podrán ser trasladados a entidades prestadoras de salud con dificultades operacionales, como es el caso de la Nueva EPS.
Para Acemi, esta entidad podría recibir 2,6 millones de nuevos afiliados, lo que significa un incremento del 22,5 por ciento en una EPS intervenida por el Estado y que actualmente no está cumpliendo con sus obligaciones.
“Una EPS cuya situación financiera se desconoce, que no ha presentado estados financieros desde 2023 y diariamente demuestra su incapacidad de atender a sus afiliados, dificultades con la red de prestación, demoras en la entrega de medicamentos, atenciones y procedimientos, no tiene desde ningún punto de vista la capacidad de recibir nuevos usuarios y garantizarles el correcto y oportuno acceso a los servicios de salud”, afirma Acemi.
El año pasado el Gobierno Nacional realizó un primer intento de generar este cambio en el sistema de salud a través del Decreto 0858 de 2025; sin embargo, el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente respondiendo a una demanda de nulidad en la que se argumentó exceso en la potestad reglamentaria del Gobierno, por tratar de reformar el sistema de salud sin pasar por el Congreso.
Este nuevo Decreto podría atravesar por la misma situación. De hecho, a pocos días de emitido, ya se han radicado demandas en el Consejo de Estado al Decreto 0182 de 2026, como la presentada por la representante a la Cámara y candidata Katherine Miranda.
Al margen de estas discusiones estructurales están los usuarios de municipios como Tadó, que siguen esperando sus medicamentos, además de una atención en salud digna y oportuna.
