Feminicidios en San Vicente del Caguán evidencian fallas en la ruta contra la violencia de género

El 9 de agosto, Angie Paola tenía un plan sencillo: encontrarse con su familia a las siete de la noche para celebrar el cumpleaños número cuatro de su hija menor. Desde hacía ocho meses se había separado de René Morales Perdomo, después de once años de una relación marcada por la violencia. Tenía 27 años, dos hijos de 9 y 4, y trabajaba en oficios domésticos para sostenerlos. Había logrado cierta calma.

Pero René no había desaparecido de su vida. La seguía, la hostigaba, la insultaba. Esa tarde, a las 4:30 aproximadamente, Angie se reunió con su cuñada y sus hijos en un lote que pretendía vender. René apareció. Lanzó insultos contra Angie y le exigía que volvieran, ante la negativa de ella, él sacó un cuchillo y la atacó varias veces delante de los niños y de su cuñada. Luego huyó en una moto.

René Morales Perdomo, de 35 años, se entregó a las autoridades el sábado 13 de septiembre en Florencia. La Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado. La violencia, sin embargo, venía de antes. Ocho meses atrás, según contó la familia, había golpeado a su hijo de nueve años cuando el niño intentó defender a su madre. Fue entonces cuando Angie decidió separarse y buscar ayuda.

A comienzos de este año acudió a la inspección de Policía y a la Fiscalía. Pidió una orden de alejamiento, alguna medida que la protegiera de su expareja. No la obtuvo. Nadie le explicó con claridad qué entidades debían responder ni cuáles eran los pasos a seguir en la ruta de atención. Volvió a su casa con la idea de que ya habían actuado a su favor. No era cierto.

Hoy, la familia de Angie habla de su nobleza, de su generosidad, de la manera en que cuidaba a sus hijos con una entrega que parecía no agotarse nunca. “Ese día ella llevaba el pastel de cumpleaños para reunirse con nosotros y compartir con nuestra sobrina, la suegra y la cuñada. Nosotras la aconsejamos mucho cuando se podía, porque él casi no dejaba que ella nos visitara. Últimamente veíamos mucho maltrato, pero ella no quería dejar a sus niños sin hogar. Tenía mucho miedo”, recuerda una de sus hermanas.

La voz de sus familiares se quiebra cuando recuerdan que pidió ayuda y no fue escuchada: “Si la hubieran atendido mejor, si le hubieran prestado una verdadera atención, desde un psicólogo en adelante, ella estaría viva. Ahora lo que quedan son los niños con un trauma. Mi sobrina dice a cada rato que su papá mató a su mamá, y nosotras no sabemos quién nos va a ayudar”.

"Ahora lo que quedan son los niños con un trauma. Mi sobrina dice a cada rato que su papá mató a su mamá, y nosotras no sabemos quién nos va a ayudar”.

"Si la hubieran atendido mejor, si le hubieran prestado una verdadera atención, desde un psicólogo en adelante, ella estaría viva"

Hermana de Angie, víctima de feminicidio

La historia de Angie Paola generó consternación entre la comunidad luego de conocer la poca acción de las instituciones. “No hubo respuesta oportuna para ella ni para sus hijos. Ella quería una medida de alejamiento que evitara lo que finalmente sucedió, no activaron la ruta y ella creyó que sí. Hicimos un llamado frente a la falta de personal idóneo dentro de cada institución y un equipo interdisciplinario completo en la Comisaría porque hay una desarticulación a tal punto que no supieron cómo actuar frente a la atención de estos niños quienes presenciaron tan fatídico hecho”, comenta Eliana Hernández, integrante de Fundación Mujeres por la Vida. 

Hernández sabe que la violencia golpea con más fuerza a las mujeres. Sabe también que la mayoría está desprotegida, sin respaldo físico ni psicológico. “Generamos una doble alerta porque muchas siguen viviendo episodios de violencia y, sin medidas efectivas, pueden repetirse hechos como este. Las mujeres necesitan protección: jurídica, psicológica y física”, advierte.

El Observatorio Nacional de Violencias de Género registró, entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2025, un total de 261 denuncias por violencia física en Caquetá. Ciento un casos corresponden a mujeres entre 29 y 59 años; ochenta y tres, a mujeres entre 18 y 28; y treinta y ocho, a adolescentes entre 12 y 17. Nueve de cada diez hechos ocurrieron en áreas urbanas donde la presencia de las autoridades es casi nula. En la mitad de los casos, la víctima no convivía con el agresor. Durante el 2024, según el observatorio, se reportaron 541 casos.

‘Solo me dijeron que debía cuidarme y me ignoraron’

Diana Marcela Arenas Osorio, 49 años, vive en la vereda San Jorge, cerca del caserío Guayabal, en la zona de reserva campesina. Durante dos años estuvo con Ricardo Mosquera González. La relación terminó después de múltiples agresiones verbales. Pero la separación no fue el final: él comenzó a perseguirla, a acosarla, a aparecerse en las rutas a su trabajo. Diana buscó ayuda en la Junta de Acción Comunal y en la Fiscalía. Nadie respondió.

Los sábados y domingos Diana vendía empanadas en Guayabal. El miércoles 27 de agosto, al regresar a casa, lo vio de nuevo. Ricardo la siguió y, en cuestión de segundos, la atacó con un cuchillo causándole catorce heridas. Una vecina la encontró, pidió auxilio, y logró que la trasladaran hasta Neiva. Allí sigue, intentando recuperarse.

“Después de lo que me pasó, una expareja de Ricardo me contó que a ella también la persiguió con un cuchillo. Si yo hubiera sabido esto antes no me meto con ese hombre”, dice Diana Arenas, sobreviviente de un intento de feminicidio. Habla desde el rechazo ante estas situaciones: “En estos entornos rurales convivimos con hombres muy machistas, que beben, que son manipuladores y autoritarios, y creen que una es de su propiedad. Pero al principio no lo muestran”.

“Después de lo que me pasó, una expareja de Ricardo me contó que a ella también la persiguió con un cuchillo. Si yo hubiera sabido esto antes no me meto con ese hombre”, dice Diana Arenas, sobreviviente de un intento de feminicidio.

Diana recuerda que lo denunció en la Fiscalía de San Vicente del Caguán, tres meses antes del ataque. Tenía pruebas: audios con amenazas de muerte. “Allí solo me dijeron que debía cuidarme y que lo ignorara completamente”, cuestiona.

Diana sabe que le espera un camino largo en busca de justicia. Ricardo tiene orden de captura, pero sigue libre. “Por acá nadie pide cédulas ni nada de eso. Los victimarios pueden moverse libremente”, dice.

En su caso, como en el de Angie Paola, no hubo respuesta institucional para prevenir la violencia. Tampoco en el de Denis Rojas Ortiz, de 47 años, asesinada el 22 de agosto en San Vicente del Caguán. Según su familia, había acudido a la Comisaría de Familia para preguntar cómo actuar frente a las agresiones, pero no encontró respuesta. Su expareja, Jair Rico, la atacó con un cuchillo. Hoy está detenido.

Una ruta de atención que no es integral 

Aunque San Vicente del Caguán cuenta con una ruta de atención integral para mujeres víctimas de violencia basada en género y se menciona una serie de pasos, instituciones y servicios para proteger y garantizar el acceso a la justicia, la realidad es otra. 

Esta ruta se basa en la Ley 1257 de 2008 que “establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Aborda diferentes tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica, patrimonial) y establece la ruta de atención integral para las víctimas, que debe ser coordinada por diferentes entidades del Estado”.

La ley establece que, sin importar a qué entidad acuda una víctima, el caso debe ser remitido a la Comisaría de Familia, al Hospital San Rafael y a la Fiscalía. El objetivo es garantizar una atención integral y coordinada. En la práctica, el proceso debería guiar a las mujeres hacia una solución frente a la violencia que enfrentan. Pero lo que encuentran, casi siempre, son barreras, revictimización y estigmas.

Para Diana Salcedo, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), la ruta de atención solo funcionará si va más allá de la urgencia. No basta con reaccionar frente a un hecho de violencia: se necesitan cambios en las bases que la sostienen. “Estamos hablando de desigualdad económica, sistemas de acceso al trabajo digno, remoción de estereotipos patriarcales, las maternidades y paternidades, y las responsabilidades de cuidado. Es importante que cualquier respuesta institucional abarque esas dimensiones. Mientras los hombres sigan pensando que las mujeres son su propiedad y que tienen el control y el mando, vamos a seguir teniendo situaciones como estas”, advierte.

Además, Salcedo recalca que se necesitan canales seguros para las mujeres y se requiere que el Estado avance en los sistemas de información. “Que una mujer no tenga que contar su relato más de una vez, más allá de ampliar los hechos en algunas circunstancias. También pedimos la humanización de la respuesta del Estado, nos encontramos con funcionarios que reproducen estas prácticas de violencia y estereotipos que son la primera barrera que se interpone entre las mujeres y el acceso a la justicia y, por eso, no hay confianza institucional”, puntualiza.

Desde Limpal han propuesto el robustecimiento de las Comisarias de Familia con un cambio del personal. “En estos lugares es donde más hay violencia institucional. Las mujeres requieren un lugar donde puedan recibir orientación libre de prejuicios. Se necesitan equipos móviles en los lugares más apartados para hacer un seguimiento continuo y acercar la institucionalidad en la ruralidad que es donde más se presentan casos graves”, enfatiza Salcedo.

Lo mismo opina Magaly Belalcázar Ortega, defensora de derechos de las mujeres, ecofeminista y educadora popular. Para Belalcázar, las instituciones se han vuelto permisivas al no contar con personal idóneo. “Estas entidades desconocen las normas, los derechos y las leyes. Cuando un funcionario omite su deber frente a un caso de violencia de género, hay complicidad en un feminicidio y en esas violencias. En la mayoría de los casos fatales, las mujeres habían denunciado y no se hizo nada. No es una ruta de prevención, es una ruta de la muerte. No es un camino hacia un lugar seguro, y lo que produce es pérdida de confianza en las instituciones”.

Según la ruta de atención, las mujeres pueden acudir a Instituciones de Salud en donde les brindan atención médica, psicológica y social. Desde la Comisaría de Familia se realiza la apertura de procesos, se dictan las medidas de atención y protección que se remiten a la Fiscalía y se ofrece asistencia y seguimiento. Por su parte, la Inspección de Policía (urbana y/o rural) deben recepcionar casos y remitir a la autoridad competente. La  Policía Nacional debe atender estos casos, recepcionar las denuncias, remitir a la autoridad competente y al ente investigativo, y realizar seguimiento a las medidas de protección. La Personería Municipal recibe la declaración a la víctima de violencia sexual, remite a la autoridad competente y vigila el debido proceso. La Fiscalía General de la Nación es encargada de recepcionar denuncias, investiga, acusa a presuntos responsables, solicita medidas de aseguramiento y emite medidas de protección.

La Secretaría de Salud departamental tiene a su cargo la inspección y vigilancia en los 16 municipios de Caquetá. Supervisa a alcaldías, hospitales, ESE, IPS y al personal de salud que pueda intervenir en la atención a víctimas dentro de la ruta.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), hasta la primera semana de agosto —semana 32— se habían reportado 803 casos de violencia en el departamento, una reducción del 3 por ciento frente al año anterior. Los municipios con mayor incidencia de violencias basadas en género son Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, El Doncello, Milán y Puerto Rico.

“En San Vicente del Caguán tenemos 82 casos de violencia hasta esta semana. El 75,5 por ciento de los 803 casos en el departamento corresponden a mujeres, y los rangos donde más se presentan son entre los 12 y 17 años y en la adultez”, señala Consuelo Losada Cruz, referente de Mujer, Diversidad de Género y Violencias en la Secretaría de Salud de Caquetá. Explica que hacen seguimiento a cada hecho, enviando correos a las entidades de salud y pidiendo reportes sobre la atención prestada a las víctimas.

Pero admite que las cifras son parciales: en las zonas rurales es casi imposible obtener datos reales y muchos casos nunca llegan a denunciarse.

Magaly Belalcazar, integrante de la Fundación Mujeres, Amazonía y Paz, cuestiona que la ruta no funciona: “Hay responsabilidad del Estado, del funcionario y de la institución y de una sociedad permisiva que ve los asesinatos, los feminicidios, la violencia sexual, la violencia de género y se ha normalizado en el departamento de Caquetá. No hay voluntad de llevar a las instituciones a las zonas rurales. Y los funcionarios y las funcionarias que están en las instituciones no cumplen con su obligación”, sentencia.

“Cuando una mujer se acerca a alguna de las instituciones, allí deberían brindarle medidas de protección como órdenes de alejamiento, casa refugio, dar acompañamiento psicosocial y garantizar que la denuncia llegue a la Fiscalía, pero nada de eso sucede”, cuestionó.

No hay justicia

Las mujeres y organizaciones de derechos humanos insisten en que la ruta de atención no opera como debería. La Comisaría de Familia, denuncian, no siempre cuenta con capacidad de respuesta inmediata; la Policía, en ocasiones, minimiza los hechos o no aplica medidas de protección urgentes. Los casos terminan archivados en el papel y pocas veces avanzan hacia sanciones efectivas.

“El problema es que las estrategias que tiene la entidad territorial no son acordes a las necesidades de las mujeres. Muchas de las que fueron asesinadas habían denunciado y activado la ruta de atención, pero luego deben regresar a su hogar sin ningún mecanismo de protección, con el arrepentimiento y la duda de haber acudido a las autoridades, y sin una respuesta oportuna. La ruta no está articulada y no hay claridad sobre cómo actuar. Debe haber formación para evitar la revictimización y, sobre todo, una acción conjunta entre entidades territoriales y judiciales”, advierte Eliana Hernández, integrante de la Fundación Mujeres por la Vida.

Organizaciones como Sisma Mujer advierten que estas violencias no son nuevas, sino que están ligadas al abandono estatal y al impacto del conflicto en la región. “La militarización de los territorios, la falta de inversión social y la ausencia de justicia transicional con enfoque de género han dejado a las mujeres expuestas a múltiples riesgos, incluso en tiempos de paz”, comenta Angie Milena Jaime Ortega, abogada de la corporación. 

En municipios como San Vicente del Caguán, la violencia de género no puede explicarse sólo como fallas puntuales en la atención institucional. Está atravesada por dinámicas más profundas: el machismo arraigado, la dependencia económica y las secuelas que dejó el conflicto armado, donde aún persiste la desconfianza hacia las instituciones.

“En territorios aislados, obviamente, existen secuelas del conflicto armado, y eso hace que persistan el control sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Y una triple carga, porque la violencia de género se cruza con la pobreza estructural y la violencia sociopolítica”, señala Gloria Navia, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres de San Vicente del Caguán.

Una trabajadora social del municipio, que pidió reservar su nombre, lo resume con crudeza: “La barrera sigue siendo el machismo y el patriarcado. Se normalizan las uniones tempranas, hay dependencia económica y emocional. Y muchos enlaces, no todos, no saben qué es género, no conocen los derechos de las mujeres, no tienen la mínima idea de cómo atender un caso de violencia de género. Creen que son favores que se hacen a las mujeres, cuando en realidad es un derecho y un deber atenderlas”.

Un llamado a seguir denunciando

Ante los feminicidios y las múltiples formas de violencia, en San Vicente del Caguán también crecen las acciones para exigir justicia. “La esperanza para las mujeres sigue siendo la ruta de atención integral para las víctimas de violencia de género, además de trabajar en reconocer los signos de alerta, implementando estrategias que fomenten la cultura del cuidado, la promoción de nuevas masculinidades y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Tenemos tareas que ojalá nos dé tiempo de hacerlas y no cueste más la vida de las mujeres, hay que buscar resolverlas pronto y para eso necesitamos unidad entre sectores de sociedad civil y los procesos de mujeres, porque si no exigimos, no avanza”, puntualiza Eliana Hernández, integrante de Fundación Mujeres por la Vida.

Las mujeres insisten en que activar la ruta debe ser un derecho, y no ser negado. Recalcan que las instituciones están obligadas a responder y que ninguna mujer debe enfrentar sola la violencia. Más allá de las estadísticas, la esperanza de frenar la violencia en San Vicente del Caguán pasa por garantizar que cada mujer sepa cómo protegerse, a dónde acudir y que sepa, sobre todo, que no está sola. “A las mujeres les decimos que pese a toda la situación, hay que denunciar y alertar. Cuando tenemos círculos o redes de apoyo es más fácil alertar y hablar de las violencias, acompañar a otras mujeres y hacer visible las violencias que vivimos en el departamento. Hay que seguir denunciando porque hay que hacer presión frente a la institucionalidad”, concluye una trabajadora social en el municipio.

**Si usted o una conocida es víctima de violencia puede llamar a estas líneas (155: orientación a mujeres víctimas de violencia- 122: Fiscalía General de la Nación- y a  comunicaciones@sismamujer.org si busca apoyo jurídico y psicológico).