En Sipí, alrededor de 285 familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y trasladarse hasta el municipio Istmina debido a la grave situación de seguridad que se vive en la cabecera municipal luego de los ataques de miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra la estación de Policía el pasado 8 de agosto.
Ese día, sobre las 11:30 p.m., alrededor de 40 hombres armados dispararon durante horas contra la estación. Los habitantes del sector escucharon las detonaciones y las ráfagas de fusil hasta casi la madrugada y, solo hasta que cesó aquella noche, pudieron salir de sus viviendas y ver los cientos de orificios que dejaron las balas en la fachada de la estación y de algunas casas cercanas. También se encontraron municiones sin explosionar, según un reporte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
Unas horas después, la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba confirmó que no había personas heridas. Aseguró que “todos los policías al servicio de la estación en Sipí se encuentran bien” y que “tampoco hubo reporte negativo para la comunidad hasta la verificación humanitaria”.
Ante los hostigamientos, varias unidades del Ejército y de la Policía fueron desplegadas para reforzar la seguridad en el municipio y se elevó una alerta tanto en la Alcaldía como en la Personería, según informó Córdoba a través de sus redes sociales. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en la comunidad, que teme quedar atrapada en nuevos enfrentamientos y no confía en las capacidades de la fuerza pública para contrarrestar a los grupos guerrilleros.
De hecho, como consecuencia del ataque a la estación de Policía, también permanecen confinadas las comunidades de otros cinco municipios de la subregión del San Juan: Tanando, Santa Rosa, La Marqueza, Teatino y Loma de Chupey, informó la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la entidad, no se sabe todavía cuántas familias podrían estar confinadas, puesto que ni los entes municipales ni las personerías de la zona han podido hacer los conteos.
Istmina acoge actualmente a cerca de 300 familias desplazadas en busca de ayuda humanitaria. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que es probable que más personas se trasladen hacia otros corregimientos de la subregión del San Juan, como San Miguel (Medio San Juan) y Noanamá (Istmina).
"Estos últimos dos años hemos estado recibiendo constantemente a familias desplazadas que vienen de las veredas de Sipí, pero el evento de ahora es el más grande porque la situación se presentó en la cabecera municipal, entonces vinieron muchísimas más personas. Hay mucha zozobra en Sipí, especialmente en las zonas cercanas al río porque en esas intercesiones es donde suelen haber enfrentamientos", contó el secretario de Gobierno de Istmina, Pedro Manuel Asprilla Prado,.
Por su parte, la personera de Istmina Liliana Díaz Lerma aseguró que, aunque las familias desplazadas se encuentran resguardadas en un albergue, el municipio "no cuenta con la capacidad de atender a tantas personas ni de garantizar los enfoques diferenciales". "Hay familias afro e indígenas en un espacio reducido y con una sola cocina, de todas formas, este es un espacio seguro. Vienen por eso, porque encuentran redes de apoyo y porque así evitan un doble desplazamiento", dijo Díaz.
Un confinamiento que no termina
El desplazamiento de los habitantes de Sipí no es un asunto aislado, sino que hace parte de un contexto que los mantiene en riesgo constante. El ataque a la estación ocurrió dos semanas después del paro armado ilegal decretado por el Eln en el Chocó, que se extendió durante 48 horas y mantuvo a varias comunidades confinadas, sin la posibilidad de transportarse o acceder a servicios de salud.
Luego de lo ocurrido el 8 de agosto, el comandante de la Policía del Chocó, coronel José Urrego, se refirió a las investigaciones en curso y afirmó que “tenemos conocimiento que en el sector delinque el frente de guerra Ernesto Che Guevara del Eln”. Este grupo se disputa el control territorial y las economías ilegales con el Egc, para quienes municipios de la subregión del San Juan, como Sipí, resultan clave, pues a través de ellos están estableciendo nuevos corredores que les permitan salir hacia Buenaventura, el norte del Valle del Cauca y Risaralda.
Esta situación ha sido advertida desde hace varios años por la Defensoría del Pueblo, que ha emitido alertas tempranas desde el 2022, cuando se elevó el riesgo para la comunidad debido a los constantes enfrentamientos entre ambos grupos. Desde noviembre de ese año se registraron avanzadas del Egc hacia la zona del Río Taparal, en Sipí, donde se encuentran comunidades de Barrancón, Barranconcito, Charco Largo y Charco Hondo, que por años habían sido controladas por el Eln.
