“Necesitamos saber cómo funcionó la alianza con la Fuerza Pública”: víctimas del Bloque Norte de las Auc a 'Jorge 40'

¿Qué pasó esta semana?

El excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40', participó este 26 y 27 de enero en una audiencia única de reconocimiento de la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero no dio detalles sobre su accionar como miembro “de facto” de la Fuerza Pública. Es decir, no contó si puso al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a disposición de los militares, ni qué acciones realizó con ellos. 

Tovar, que permanece recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué, se dedicó durante casi siete horas —tiempo que tardó el primer día de la audiencia ante la JEP— para contar pormenores de su infancia y su juventud en Valledupar. El excomandante paramilitar quiso mostrarse como una víctima más del conflicto y habló de cómo las guerrillas afectaron al municipio y a su familia. Sin embargo, los magistrados intervinieron para pedirle que no usara lenguaje revictimizante y exigieron que respondiera las preguntas de la sala. 

Tovar Pupo, quien se desmovilizó en el 2006 junto a otros dos mil combatientes, negó haber integrado algún grupo paramilitar y menos uno llamado “Bloque Norte de las Auc”. Según su relato, solo financió a las guerrillas de las Farc y del Eln tras ser coaccionado por estos grupos. También afirmó que financió y colaboró voluntariamente con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, antes de unirse a ellas como combatiente. Habló sobre algunas acciones de contribución a este grupo entre 1996 y 1997, como transportar combatientes, entre ellos al comandante Salvatore Mancuso, y apoyar la compra de armas en Estados Unidos. Sin embargo, no dio detalles sobre las empresas que transportaron ni recibieron las armas en Colombia.

En los relatos que hizo de forma pública tampoco contó ningún crimen violento cometido u ordenado por él. En un momento, cuando se le preguntó por las alianzas con la Fuerza Pública, Tovar afirmó que estaba cursando “innumerables procesos en la justicia ordinaria”, por lo que no estaba dispuesto a “correr el riesgo” de autoincriminarse. “Si no soy acogido ni siquiera por tercero, porque por combatiente sé que no lo puedo ser, no voy a entrar aquí a hablar en materia que pueden ser perjudiciales para el otro escenario jurídica que es el que estoy sujeto”, dijo.

La magistrada Sandra Jeanette Castro, le hizo un llamado. "Si usted está diciéndonos que sobre ese tema no va a hablar, prácticamente podemos terminar la audiencia". Después de esto, decidieron tratar este tema de forma privada. La transmisión pública se detuvo durante aproximadamente 25 minutos, y terminó finalmente a las 4:30 p.m., cuando fue suspendida por los magistrados. 

¿Por qué se dio la audiencia ante la JEP?

• Rodrigo Tovar Pupo pidió entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz como tercero civil responsable del conflicto armado. Sin embargo, en agosto de 2020 esta justicia transicional negó su solicitud, pues indicó que sus crímenes “están excluidos del ámbito de competencia personal de la JEP y no pueden ser conocidos por esta Jurisdicción”, pues este debía ser juzgado por los tribunales de Justicia y Paz o por la justicia ordinaria.

• Tovar apeló esta decisión y la JEP, en septiembre de 2022, resolvió realizar una audiencia única en la que el excomandante explicara su papel como bisagra o vértice entre las autodefensas y la Fuerza Pública, o su condición de financiador o auspiciador de las Auc en los años en los que no fue combatiente.

• En esta audiencia Tovar debe hacer aportes de verdad plena y verificable, así como propuestas de reparación y garantías de no repetición.

¿Qué piden las víctimas?

Las víctimas de San Juan del Cesar (La Guajira) han esperado que Rodrigo Tovar Pupo cuente con el apoyo de quién y cómo llegaron los paramilitares de las Auc al municipio, por qué cometieron tantas masacres, cómo escogieron a las víctimas que asesinaron, por qué la Fuerza Pública no los combatía y cómo era que la información que las víctimas dejaban en manos de la Fiscalía llegaba a los oídos de los comandantes paramilitares de la región. Las víctimas piden la verdad

Muchas personas esperan que Tovar Pupo finalmente aporte la verdad, pero pocas se atreven a exigirla. A pesar de que las Auc se desmovilizaron hace más de diez años, el recuerdo de la violencia que sembraron en la región sigue vivo. “Aquí dicen el nombre de ese señor y nos tiemblan las piernas”, le dijo a Consonante una víctima.  

En resumen, esperan esclarecer: 

• Cómo funcionaban las alianzas con la Fuerza Pública

Desde los últimos años de la década de los 90 y los primeros cinco de los 2000, las comunidades indígenas wiwa de San Juan del Cesar presenciaron los asesinatos y desapariciones forzadas de sus familiares y amigos. Especialmente de sus jóvenes. Este pueblo tiene una base de datos de aproximadamente 40 desaparecidos, y más o menos el 70 por ciento de estos hechos ocurrieron en San Juan.

Estas alianzas dejaron hechos tan graves como las masacres de El Limón y de Marokazo. La primera ocurrió el 1 de septiembre de 2002. Ese día 200 paramilitares del Bloque Norte llegaron a la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, asesinaron a 16 indígenas wiwa, activaron rockets y cilindros contra el pueblo e incendiaron 15 casas.La gente de El Limón y de Caracolí se desplazó. El Estado tuvo que pedir perdón por este hecho, pues el Ejército hizo caso omiso a su deber de proteger a los civiles.

Al año siguiente, el 21 de abril de 2003, la masacre fue en Marokazo. Según la Corte Constitucional, en esta ocasión aparecieron primero los Batallones Rondón y Cartagena del Ejército. Bombardearon la población y generaron terror. Después entraron las autodefensas, que “asesinaron, torturaron y golpearon hombres y mujeres; destruyeron el centro de salud, llevándose medicinas e implementos; quemaron casas; mataron animales; y destruyeron una tienda comunitaria y una tienda particular”, narró la Corte. Hubo un nuevo desplazamiento. 

Pedro Loperena afirma que hace falta conocer el detalle de estas alianzas. “Nosotros siempre hemos escuchado que las autodefensas tuvieron una alianza con los militares. Hemos tenido una aproximación de esta verdad con los postulados ante la JEP, pero no hemos escuchado el fondo de esa alianza macabra”.

• Cómo era que la Fiscalía presuntamente filtraba información a los paramilitares

Juya*, una mujer indígena wiwa, vivía en San Juan del Cesar, donde trabajaba vendiendo comidas rápidas con su marido, un hombre de 59 años que transportaba pasajeros en su carro particular. El 23 de enero de 2003 él salió en la tarde a hacer un viaje, pero no volvió. A las 5 de la tarde a Juya le avisaron que había sido asesinado. Como un procedimiento regular, acudió a la Fiscalía después de que la llamaran para dar su declaración. Ese día, el fiscal le insistió que dijera quién había matado a su marido. “Recuerdo que le dije que no sabía, pero me insistió tanto que le dije que si quería me dijera qué necesitaba que yo le dijera y yo se lo repetía, pero que yo no sabía nada”, cuenta. 

Días después, “Kevin”, un mando de las Auc en el municipio, le dijo a uno de sus familiares que él tenía la declaración de Juya en la Fiscalía, y que estaban pendientes de qué iban a decir. “Yo no culpaba a nadie y creo que eso fue una de las cosas que me permitió resguardar mi vida. Como yo no sabía, entonces yo no tenía nada que decir”, afirma ahora, 20 años después y todavía con miedo. “Yo me pregunto cómo llegó hasta él esa información, si en esa oficina solo estaba un fiscal y un escribiente”. 

Pedro Loperena lleva años preguntándose lo mismo. “La alianza no fue solo de la Fuerza Pública, sino también con los jueces, con operadores y administradores de justicia, con fiscales, directores de Medicina Legal y Policía”, afirma. “Ojalá este señor se sirva de contar detalladamente cómo fueron estas alianzas, de quiénes fueron las ideas, cuál era ese apoyo, en qué consistía, que lo describa detalladamente”. 

Sin embargo, Juya no tiene tantas esperanzas. “Hace falta el 80 por ciento de la verdad. Él solo ha dicho cosas de su infancia y justificaciones. Hace falta que diga mucho”. 

¿Qué sigue para 'Jorge 40'?

Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le dieron a Tovar Pupo y a su abogado 15 días hábiles para enviar a la sala cuáles de los temas del cuestionario que guía la audiencia deben ser respondidos de forma pública o reservada. El plazo se cumple el 20 de febrero.

Después, los magistrados tendrán que fijar una fecha para continuar con la audiencia. La magistrada Sandra Jeanette Castro sugirió que podría tener una duración de tres sesiones consecutivas.

Después de esto, la Sala tendrá que definir si las contribuciones de Tovar y sus propuestas de reparación son plenas. Si es así, podrá permitirle entrar a la jurisdicción, donde podría acceder a beneficios como la libertad condicionada. Si no, Tovar continuará su camino en la justicia ordinaria, donde, según su abogado, tiene más de 700 casos abiertos. 

*El nombre de la víctima fue cambiado para proteger su identidad.