El 4 de febrero un grupo de trabajadores del Consorcio Redes Fonseca 2022, se encontraba realizando labores de construcción del acueducto en la vía Distracción - El Silencio, en Fonseca, cuando tres hombres armados llegaron al lugar en motocicletas. Les pidieron recoger la maquinaria e interrumpir las labores, afirmaron además que no permitirían que retomaran obras hasta no pagar el dinero que requerían. “Estos individuos emitieron la orden de detener las actividades, bajo la amenaza de agresión en caso de incumplimiento”, señala en un comunicado Carlos Duque, representante legal del Consorcio.
Desde ese momento la empresa tomó la decisión de suspender los contratos de todo el personal que labora en este proyecto. Esto, como señala la empresa, afecta a cerca de 200 personas que trabajan en las obras y a 40 empresas locales que tienen alguna relaciones comerciales como estaciones de servicio, ferreterías, restaurantes, canteras, proveedores de arena, ventas formales e informales, venta de productos cárnicos y droguerías.
Además, la interrupción de los trabajos afecta a miles de hogares que están a la espera de la optimización del sistema de acueducto, especialmente porque el proceso ya se encontraba en la etapa final, con un avance en el 90% en la instalación de las tuberías. “El consorcio se ve en la obligación de mantener la suspensión de las actividades hasta que se garanticen las condiciones de seguridad en las áreas de influencia del proyecto”, señala el comunicado.
Este es apenas uno de los muchos casos de extorsión que se presentan en Fonseca y en otros municipios de La Guajira, que imponen el miedo sobre la población, especialmente sobre los comerciantes.
Comerciantes en riesgo
Según el monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación, en el municipio de Fonseca hay presencia de los grupos armados ilegales Ejército de Liberación Nacional (Eln) y del Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), actores que generan diferentes riesgos de seguridad para los habitantes del municipio.
Aunque las autoridades no señalan a los responsables detrás de las extorsiones y afirman que los casos están en investigación, los comerciantes continúan recibiendo llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, a través de los que exigen altas sumas dinero, que de no ser pagadas pueden generar riesgos para la vida de propietarios y trabajadores. Muchos de estos mensajes son firmados presuntamente por Egc, Agc y Clan del Golfo.
"Estamos muy preocupados porque las llamadas extorsivas han aumentado con exigencias muy altas de dinero, que si no pagamos no van a responder por nuestras vidas. Esto nos ha llevado a no responder ninguna llamada de teléfonos desconocidos porque no sabemos si es para amenazarnos", afirma un comerciante que por motivos de seguridad pidió reservar su nombre.
El pasado 2 de marzo, Jovani Antonio Giraldo Hernández, un comerciante de Fonseca fue asesinado con arma de fuego en su local de venta de repuestos de motos. Al parecer, esta persona estaba siendo hostigada para pagar una extorsión. Seis días después el Gaula detuvo a un joven, que sería el responsable del hecho.
Este homicidio generó conmoción en el municipio y se organizó una movilización en la que participaron decenas de personas, para rechazar el hecho y pedir a la institucionalidad y a la fuerza pública garantías.
"Mi negocio solo nos da para pagar proveedores, trabajadores y servicios, no estoy en capacidad de pagar un peso más por ningún otro concepto y menos que no va a representar ningún beneficio para mí", señaló en medio de la marcha la propietaria de un local del municipio.
Las respuestas de la institucionalidad
El alcalde Micher Pérez Fuentes lideró un consejo de seguridad el 4 de marzo con la participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el CTI, en el que tomó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio del comerciante. Además, se emitió el decreto 028 del 4 de marzo de 2025, que dispone la prohibición en el área rural y urbana del uso de elementos que cubran el rostro y que dificulten la identificación de las personas; esto incluye a la población civil y a integrantes de la fuerza pública, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación- CTI, Defensa Civil, Bomberos y Unidad Nacional de protección.
El decreto también considera la prohibición de parrilleros hombres mayores de 14 años y la circulación de vehículos sin placa. Estas medidas, que se sustentan en el deber de conservar el orden público en Fonseca, serán vigiladas para su cumplimiento por la fuerza pública y el Instituto de Tránsito y Transporte.
Mientras se esperan respuestas por parte de la institucionalidad, la población ha realizado diferentes manifestaciones para pedir al alcalde acciones que permitan restablecer la seguridad y dar garantías a los habitantes y comerciantes. El 28 de marzo en la Alcaldía de Fonseca se llevó a cabo un plantón para pedir seguridad y reiniciar las obras del acueducto y, de manera reciente, el 4 de abril, un grupo de trabajadores de este proyecto realizó una manifestación en la alcaldía del vecino municipio de Distracción con las mismas exigencias.
Según una persona del Consorcio Redes Fonseca 2022 que pidió no ser identificada, se han realizado reuniones entre los alcaldes de Fonseca, Distracción, el contratista, la Gerencia Integral de Proyectos (contratante), la interventoría, la Policía y el Ejército, con el fin de buscar mecanismos que garanticen la seguridad del Consorcio, los trabajadores y la maquinaria.
