Las Juntas de Acción Comunal (JAC) han sido claves para empujar proyectos y obras a favor de las comunidades. Por eso, el Gobierno Nacional ha impulsado iniciativas para que las JAC sean quienes ejecuten proyectos de infraestructura vial en sus territorios teniendo en cuenta que son los que mejor conocen las necesidades de la comunidad. Para esto se han creado programas como “Caminos comunitarios para la Paz Total”, el piloto del gobierno de Gustavo Petro para contratar la construcción de vías terciarias con las Juntas de Acción Comunal.
El programa es clave para el desarrollo del campo y en El Carmen de Atrato lo saben. Por eso, una asociación de juntas de acción comunal no dudó en postularse a la convocatoria nacional. Se trata de Asocomunal, una asociación fundada hace 32 años que actualmente cuenta con 15 juntas agremiadas y entre 700 a 800 socios. El proyecto presentado a “Caminos comunitarios para la Paz Total” fue el de la construcción de placa huella de 185 metros de la vía que conduce a la vereda La Argelia y tiene un costo de 200 millones de pesos.
Aunque es un proyecto pequeño, representa un avance importante en infraestructura para los habitantes de la vereda y quienes se trasladan hasta esta. Sin embargo, este proceso se ha visto truncado por obstáculos como el exceso de documentación solicitado para postularse a la convocatoria y las exigencias para el desembolso de los recursos. A esto se suma la falta de capacitación y experiencia para acceder a la postulación y ejecución de estos proyectos, y las limitaciones económicas que han tenido durante años.
Contratar con el Estado, ¿cómo?
En julio de 2022 el presidente Gustavo Petro ya había anunciado que en su gobierno contrataría a las Juntas de Acción Comunal para intervenir las vías terciarias del país. Pero sólo hasta el 26 de febrero de 2023, aseguró que daría alrededor de dos billones de pesos para llevar a cabo su propuesta y un mes después empezó a implementar su propuesta.
La noticia fue recibida con alegría por las comunidades. Según Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara e integrante de Asocomunal, la prioridad fue organizarse y saber qué querían para su vereda: “Puede ser un piloto, pero si manejamos poquito y lo sabemos hacer, después vamos a saber manejar mucha más plata. Tenemos que ser muy honestos y amar nuestra comunidad”.
No obstante, cuando el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Democracia y la Participación Ciudadana, envió la lista de la documentación necesaria para participar de estos proyectos, empezaron los inconvenientes. La lista incluía una serie de requerimientos que chocaron con la realidad de cómo funcionan las JAC.
Entre los documentos solicitados estaba, por ejemplo, las actas de las asambleas deben escanearse y subirse a una plataforma en un departamento en el que sólo 4 de cada 100 habitantes tienen acceso fijo a internet. También solicitaron el Registro Único Tributario (RUT), que permite conocer la actividad económica de la organización. Aunque es un documento obligatorio, de las 20 juntas de El Carmen de Atrato que están registradas ante el Ministerio del Interior, solo seis de ellas cuentan con este.
Una de las razones por la cual la mayoría de las juntas del municipio no cuentan con RUT, es porque para tramitarlos requiere sacarlo en Medellín o Quibdó, lo que implica un viaje mínimo de cuatro horas, más los gastos de transporte y viáticos. En El Carmen han intentado facilitar el trámite del RUT, pero los problemas de conectividad no han ayudado.
“A finales del año pasado, hicieron una jornada supuestamente para que las JAC pudieran sacar el RUT. (El trámite) era virtual, el sistema se cayó y sólo pudieron sacar el de (la vereda) La Clara”, contó Laura Giraldo, presidenta de la Asocomunal. Esa es una muestra de los retos a los que se enfrentan las JAC cuando les exigen trámites digitales Por esta razón, Giraldo dice que las JAC en El Carmen solo existían en el papel y que la falta de conocimiento por parte de los funcionarios gubernamentales sobre la naturaleza y funcionamiento de estas ha sido un desafío recurrente.
A pesar de estas dificultades, la organización comunal logró presentar los documentos y ser seleccionada para pavimentar 185 metros de la vía que conduce a La Argelia. Pero la ejecución de esta obra tampoco ha sido fácil. Uno de los primeros retos con los que se encontró Asocomunal fue la aprobación de la cuenta bancaria a la que girarían el dinero para el proyecto.
Según Doris Cardona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Arboleda y tesorera de Asocomunal, no les aceptaron la cuenta bancaria que tenían con Bancolombia. Por esta razón la representante legal de la organización tuvo que viajar varias veces a Quibdó para abrir una nueva. “En El Carmen de Atrato no podemos ir a Quibdó cada vez que vayamos a hacer un pago. ¿Cómo vamos a hacer? Nos toca ir a sacar la plata y traerla, hay que tener en cuenta el riesgo que eso implica”, dijo Cardona. Al final lograron abrir una cuenta con el Banco Agrario, un proceso difícil porque la entidad exige más de 10 requisitos, incluido un balance financiero firmado por un contador.
"En El Carmen de Atrato no podemos ir a Quibdó cada vez que vayamos a hacer un pago"
Doris Cardona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Arboleda
Después de superar el impase con la cuenta bancaria, la Asocomunal recibió la noticia de que tenían un error en las pólizas de seguros, unos documentos que son claves porque protegen el proyecto de acuerdo a los riesgos que estos puedan tener. Aunque desde el Instituto Nacional de Vías (Invías) les dijeron que ellos se encargarían de corregirlo, Cardona asegura que llevan dos meses esperando a que lo hagan. Debido a esto, la obra no ha empezado a ejecutarse y se ha convertido en un proyecto lleno de inconformidades.
Las deficiencias estructurales
A las dificultades que han tenido las juntas para ejecutar el proyecto con el gobierno, se le suman otros problemas que impiden el fortalecimiento de la organización. La falta de un espacio para reunirse y las dificultades económicas que enfrentan son una muestra de esto. Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara, cuenta que a pesar de los esfuerzos por conseguir un salón comunal, aún no tienen los recursos necesarios para construirlo.
Los encuentros de la JAC se dan en las casas de vecinos que los apoyan, pero no tener un punto de encuentro fijo dificulta la toma de decisiones en conjunto e impide que haya un sólo lugar en el que, por ejemplo, se archiven documentos claves como los libros de tesorería o las actas de las asambleas. “Necesitamos un centro comunitario, ya estamos tocando puertas para conseguirlo. (...) Es lamentable no contar con un espacio”, afirma Montoya.
“Necesitamos un centro comunitario, ya estamos tocando puertas para conseguirlo. (...) Es lamentable no contar con un espacio”
Albeiro Montoya, presidente de la junta de la vereda La Clara.
Los retos económicos no son sólo para construir un salón comunal, también lo son para suplir las necesidades diarias de las JAC: desde fotocopias y transporte hasta la intervención en pequeñas obras que benefician a la comunidad. Para sostenerse económicamente algunas juntas han optado por recoger fondos. En ocasiones, los miembros aportan una cantidad mensual, otras veces apoyan actividades con el fin de generar ingresos. Este es el caso de la junta de la vereda La Arboleda en la que consiguen recursos a través de actividades como bingos. Con el dinero recolectado han logrado, por ejemplo, construir un baño completo en la escuela de la vereda.
Este método les ha brindado independencia financiera. Sin embargo, es un modelo insostenible a largo plazo. Doris Cardona, miembro de una de la junta de La Arboleda, nos cuenta que no están preparados para asumir ni trabajar con dinero del Estado que sobrepasa por millones los presupuestos que han manejado. Además, asumir el reto de llevar a cabo una obra implica el buen manejo de los recursos, la preparación para relacionarse con el Estado en términos de contratación y el tiempo para ejecutarla.
Este último ha sido uno de los grandes retos porque el trabajo en las juntas es voluntario y no remunerado. Lo que implica que los integrantes de las organizaciones deban buscar otras alternativas de sustento económico, y no puedan dedicarse tiempo completo a, por ejemplo, ejecutar una obra. “No estamos preparados para asumir los recursos y los requisitos que ellos exigen, y no tenemos el tiempo como miembros de la JAC para ofrecerlo exclusivamente a eso. Yo estoy jubilada, pero tengo mis cosas, otros tienen que ganarse el pan de cada día y casi todas (las integrantes son) mujeres cabeza de hogar”, destaca Cardona.
En ese mismo sentido opina Laura Giraldo, presidenta de Asocomunal: “Nosotros ponemos todo, pero hay límites. Dentro de los proyectos aparece plata para pagarle al ingeniero, al contador, pero no aparece plata para que se bonifique, por lo menos, una parte del trabajo que hemos hecho”.
Por esta razón, Giraldo considera que es necesario que en los proyectos se destine una bonificación o un recurso para viáticos para los que están al frente de la junta y que son los que se dedican a ejecutar los proyectos que terminan beneficiando a la comunidad. Por ejemplo, en la vereda Guaduas, sus habitantes, de la mano de las Juntas de Acción Comunal, se movilizaron por más de diez años y lograron que el Gobierno Nacional se comprometiera a invertir en su única vía de acceso. Lo que muestra el poder que pueden llegar a tener las JAC a nivel local y nacional.
A pesar de todos los obstáculos en la participación del programa “Caminos comunitarios para la Paz Total” y de no haber podido ejecutar el proyecto que les fue adjudicado, líderes de El Carmen consideran que los obstáculos también pueden ser un aprendizaje. Para ellos, esta también es una forma de prepararlos para que más adelante puedan seguir contratando con el gobierno.
Para lograrlo, las juntas piden capacitaciones y dotación de equipos digitales, con el fin de responder a un gobierno que quiere empoderarlas, pero que aún no les da las herramientas para hacerlo. “Las Juntas de Acción Comunal no manejamos computadoras porque no tenemos. Prácticamente no tenemos nada, trabajamos con las uñas y el gobierno, muy bueno y todo, pero hasta este momento no han abierto ni siquiera las convocatorias para que nosotros nos capacitemos y podamos ejecutar”, agrega Laura Giraldo.
