Da clic en el triángulo de los audios para escucharlos.
Me llamo Betsabé Abigail Molero Molero. Soy indígena wayúu del clan Uriana y llegué de Venezuela a Colombia hace siete años. Pasé por la trocha y me vine a buscar mejores oportunidades. Llegué con familiares que acostumbran a viajar regularmente a La Guajira, porque en nuestro pueblo la gente viene y va. Me quedé trabajando en Maicao, donde vendía comida en un restaurante en el mercado. Me iba bien. El trabajo me permitía viajar a Venezuela a ver a mi familia y regresar, pero la crisis que atravesaba Venezuela también afectaba las oportunidades en Maicao: había muchos venezolanos y alijunas (no indígenas) compitiendo por una oportunidad laboral.
En 2018, en mi búsqueda por una mejor vida me trasladé a Fonseca, un pueblo del sur de La Guajira. Para entonces el gobierno colombiano había establecido un permiso de migración, pero yo de eso no sabía mucho. De hecho, nunca me hizo falta. Hasta que quedé embarazada y fui al hospital de Fonseca. No me atendieron porque no tenía “EPS”: tres letras que no sabía ni qué significaban. La negativa no tenía sentido, porque esa frontera para nosotros, los wayúu, no existe. Yo no soy ni colombiana ni venezolana, soy guajira y wayúu. Pero eso parece que al Estado colombiano no le importa.
La frontera para nosotros, los wayúu, no existe. Yo no soy ni colombiana ni venezolana, soy guajira y wayúu.
Como yo, Eulises Semprun Pushaina se vino a Colombia a buscar una salida a la crisis que se vivía en Venezuela. En 2016, llegó con su familia a Fonseca desde Maracaibo, después de cruzar la frontera por una trocha conocida como Monte Lara. Eulises pertenece al pueblo ancestral Wajarima de la Alta Guajira, tiene 41 años, nació en Sinamaica, Venezuela, y hace parte de la casta Pushaina.
En Colombia, hay 2,5 millones de migrantes venezolanos, según Migración Colombia. En La Guajira, alrededor de 135 mil y en Fonseca, 8 028. Sin embargo, la entidad no sabe cuántos de ellos son indígenas wayuu o de otra etnia. Juan Manuel Díaz, oficial de esa institución, explica que, en efecto, “en el proceso de regularización no se discrimina por etnias, sexo o creencias. Es exactamente igual para un indígena venezolano y para un habitante de Maracaibo, Caracas o cualquier otra población de Venezuela”.
No obstante, otras cifras permiten dimensionar la proporción de indígenas wayuu provenientes de Venezuela que viven hoy en este departamento. Según Silvia Cravesana, oficial de Protección de Acnur en Riohacha, “el 42 por ciento de los registros propios que tiene Acnur en La Guajira corresponde a población wayúu y en Fonseca, el 30 por ciento”.
Como para muchos de nosotros, Eulises también cruzó una frontera que para él no existe. En nuestra cosmovisión se trató de un movimiento dentro de un territorio que tradicionalmente han ocupado nuestros ancestros y al cual pertenecemos, a pesar de que está enclavado entre dos países.
“Yo soy indígena cien por ciento”, me dijo Eulises, quien subsiste en Fonseca como reciclador. “No me ha ido ni mal ni bien. Yo en Venezuela era chofer de tráfico y cultivador, pero aquí con lo que gano mantengo a mi familia, mi esposa y mis tres hijos. Con eso pago el arriendo”.
El limbo de la binacionalidad
El pueblo wayúu es un pueblo binacional, es decir, nuestro territorio abarca parte de dos naciones: Colombia y Venezuela. Históricamente nos hemos movido de un lado al otro sin mayores problemas, pues, en teoría, los dos países reconocen nuestra cosmovisión que no tiene en cuenta las fronteras. Pero, en la práctica, no hay ningún mecanismo que nos permita a los indígenas wayúu acceder a la binacionalidad.
Según la Constitución Política, son nacionales por adopción los “miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos”. Sin embargo, este reconocimiento solo es posible si hay un acuerdo oficial entre ambos países. El cual, en estos momentos, no existe.
En 1990 hubo un intento. Ese año se firmó en Caracas el “Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, que fue aprobado en Colombia mediante la Ley 1214 de 2008. Los dos países se comprometieron a velar por el bienestar del pueblo wayúu, incluso, ejecutando proyectos binacionales. Sin embargo, un año después, la Corte Constitucional colombiana declaró inexequible esta ley, porque no hubo una consulta previa al pueblo indígena.
Estefanía Maestre, integrante del Consejo Noruego para los Refugiados, considera que “es importante que se legisle al respecto para que los pueblos binacionales, no solo el wayúu, puedan acceder a mecanismos de acceso a nacionalidad”.
Pero en la práctica los wayúu provenientes de Venezuela somos tratados como migrantes. Esto quiere decir que debemos normalizar nuestra situación migratoria, a pesar de que para nosotros no tiene sentido, pues además de compartir un solo territorio, en nuestra etnia solo existen 27 castas que responden a una división política nacional. Para quedarnos legalmente en el lado colombiano tenemos varias opciones a las que podemos acceder dependiendo de nuestra historia familiar particular.
Los indígenas que hayan nacido en Venezuela y sean hijos de padres colombianos tienen derecho a la nacionalidad por nacimiento. Los requisitos para este trámite incluyen copias de la cédula del padre y la madre y del registro civil de nacimiento apostillada con código de verificación. Para muchos esto se complica, pues no tienen los recursos para apostillar los documentos o no tienen la posibilidad de viajar a Venezuela a buscarlos.
A quienes no cumplen con el requisito de tener padres colombianos les toca acogerse a las directrices de Migración Colombia: inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y obtener un Permiso por Protección Temporal (PPT). Pero muchos no saben cómo se hacen estos trámites. Según Cravesana, la falta de información en lengua nativa es un gran obstáculo. “Hacen falta tanto canales como información en wayuunaiki”, dice.
“Hacen falta tanto canales como información en wayuunaiki”
Silvia Cravesana, oficial de Acnur
Existe otra alternativa contemplada en la Circular 276 de 2014 de la Registraduría que acepta que las autoridades indígenas expidan documentos antecedentes para crear el registro civil de un integrante de su pueblo. A esta “carta indígena” están acudiendo muchos wayúu provenientes de Venezuela para obtener una cédula colombiana.
Pero la “carta indígena” es difícil de conseguir, pues las autoridades tradicionales piden que se demuestre la existencia de un vínculo familiar con un wayúu nacional de Colombia. Pero en muchos casos casi todos los miembros de la familia nacieron en Venezuela.
En mi caso, para acceder a esta posibilidad debería ir hasta Nazareth, Uribia, y buscar los papeles de mi abuelo. Con esos documentos, mi mamá podría pedir la nacionalidad, a través de una “carta indígena”, y registrarme como colombiana. Pero este viaje es costoso y actualmente no tengo el tiempo disponible para desplazarme hasta la Alta Guajira.
Yo logré sacar mi PPT después de un año de espera, a pesar de que este proceso solo debería tardar tres meses. El retraso se debió a que fue necesario repetir el registro biométrico. Durante ese año de espera solo pude ir al médico en caso de emergencias, no pude estudiar y tampoco pude acceder a un trabajo ni abrir una cuenta bancaria.
“Dicen que para el indígena no existe la frontera, pero si fuera así no estuviéramos pasando necesidades aquí en Colombia, siendo este también nuestro territorio”, me dice Eulises, quien tramitó el PPT para él y su familia. “Antes de tener el PPT íbamos al hospital y no nos atendían. Íbamos a los colegios y no nos daban cupo. Nos tocaba saltar y brincar para comprarles los medicamentos a los niños”, agrega con impotencia.
Como él, cientos de indígenas wayúu que viven en la extrema pobreza y se sostienen de actividades ajenas a nuestras economías ancestrales tienen que enfrentar los obstáculos de un Estado que no nos reconoce.
José Francisco Berardinelly Pushaina, cacique gobernador del resguardo Caicemapa en el municipio Distracción, dice que no está de acuerdo con la manera en que el gobierno colombiano trata a los wayúu provenientes de Venezuela. “El pueblo wayúu es uno solo”, dice. “Para el gobierno es conveniente ignorarnos totalmente, siempre nos pone obstáculos y problemas”.
Sin información
Yuly Coromoto Fuenmayor, miembro de la casta Uriana, llegó hace un año a Colombia para dar a luz a su bebé. Lo hizo porque en Venezuela le hubiera tocado llevar al hospital los medicamentos e implementos necesarios para el parto, y porque, en general, la situación económica de su familia había desmejorado. Por eso, llegó a parir al hospital de San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira. “Había escuchado que a los venezolanos los trataban mal acá, así que yo esperé a sentir el dolor al momento de parir. Llegué y dije ‘permiso que voy a parir’. A mí me trataron bien”, me cuenta entre risas.
Yuly registró a su hija como colombiana, una posibilidad que permite el Estado desde el 20 de agosto de 2019 cuando habilitó que hijos de ciudadanos extranjeros accedan a la ciudadanía por haber nacido en territorio colombiano. “La registré pensando que a ella le iba a ir mejor, pero es lo mismo”, cuenta visiblemente decepcionada. Yuly y el resto de su familia ‒su esposo y sus otras tres hijas‒ llevan un año esperando el PPT, por lo que no han podido registrarse en una entidad promotora de salud y solo pueden ser atendidos en hospitales en casos de emergencia. Es decir, a pesar de que la hija de Yuly es colombiana, no puede estar registrada en una EPS por ser menor de edad y tampoco puede asistir a controles pediátricos porque sus padres aún no tienen el PPT.
"Registré a mi hija como colombiana pensando que a ella le iba a ir mejor, pero es lo mismo”
Yuly Coromoto, indígena wayúu proveniente de Venezuela
La familia de Yuly vive en las estribaciones de la Serranía del Perijá, donde ella y su esposo trabajan como campesinos jornaleros. Desde allá ha sido difícil hacerle seguimiento al trámite del permiso migratorio. A pesar de que Yuly vive hace un año en Colombia, todavía no entiende cómo funciona el Estado. “Yo no entiendo para qué es el EPS, para qué es el Sisbén…”, dice. Lo poco que sabe, lo ha aprendido a las malas. Cuando su bebé se enfermó, tuvo que bajar de la montaña para que la atendieran, pero no lo logró. Después de muchas explicaciones, entendió que debía estar afiliada a una EPS. “La muchacha me dijo: cuando tú saques el Sisbén yo te hago eso. Tienes que ir a la Alcaldía y volver acá para que tengas EPS”. Yuly siguió los pasos que le indicaron, pero se topó con una pared burocrática: sin PPT no hay Sisbén ni EPS. Sin PPT no hay citas médicas para su bebé. Sin PPT no hay acceso permanente al sistema de salud.
Yo misma viví una situación parecida en el hospital San Agustín de Fonseca. No pude programar las citas necesarias para hacerme los controles prenatales y en el centro médico me explicaron varias veces qué tenía que hacer, pero cada explicación me resultó más confusa que la anterior, pues usaban términos técnicos y no eran pacientes conmigo. Además, no tenía la plata para ir a los lugares a donde me enviaban. Al igual que Yuly, en ese entonces vivía en la Serranía y el transporte hasta la ciudad era demasiado caro.
Casi al final de mi embarazo conocí el Antiguo Espacio Territorial para la Capacitación y la Reincorporación (AETCR) de Pondores, uno de los 24 espacios creados tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc en el que se concentraron los excombatientes para avanzar en su proceso de reincorporación a la vida civil. Al igual que los wayúu, los reincorporados desconocían los pasos a seguir para inscribirse en una EPS o en el Sisbén, pero ellos tenían asesores. Con ayuda de uno de ellos accedí a un control prenatal cuando tenía ocho meses de embarazo, y luego parí a mi hijo el 29 de septiembre de 2018. Me atendieron por urgencias, pues aún no tenía papeles.
“Es importante que se provea información sobre qué significa un Sisbén, especialmente para que la población indígena aumente sus derechos y acceda a los trámites de manera autónoma”, afirma Estefanía Maestre. Pero lo cierto es que el problema no es solo de acceso a información ni tampoco es exclusivo para los wayúu provenientes de Venezuela. En general, acceder a una cita médica en La Guajira, aún teniendo EPS, es complicado.
La pérdida de la cultura
En Colombia, la educación es un derecho fundamental de los niños y niñas, independientemente de su nacionalidad. Varias circulares conjuntas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de Migración Colombia establecen que se les debe garantizar la matrícula a los menores de edad, aunque no tengan definida su situación migratoria.
Para inscribir a un niño o niña en una institución educativa sus padres deben presentar certificados expedidos por el colegio del que proviene el estudiante, en donde conste el último grado cursado y aprobado y las calificaciones obtenidas. En el caso de los migrantes, el MEN permite que los y las estudiantes sean matriculados sin presentar estos documentos, con la condición de que sus acudientes los entreguen en el transcurso del año escolar. Pero en la práctica, diez meses son poco tiempo para viajar a Venezuela y obtener esta información.
Yuly Coromoto está en esa situación. Sus tres hijas mayores no están estudiando, pues no tienen cómo demostrar los grados cursados en Venezuela. Además, el hecho de no tener regularizada su situación migratoria atormenta a Yuly. No quiere que sus hijas sean tratadas en el colegio como ciudadanas de segunda categoría. Por eso, la familia ya tomó una decisión: las niñas volverán a Venezuela para estudiar y vivirán con su abuela. “Yo prefiero llevarlas allá, porque allá tienen sus papeles en regla. Aunque muchos me dicen ‘tráelas pa’cá porque hay mejores oportunidades para ellas’. Pero sé que va a ser en vano porque, ¿qué hago con inscribirlas si no voy a poder conseguir un certificado?”, se pregunta Yuly.
Para Estefanía Maestre es necesario resolver estos asuntos y, además, garantizar que la educación de los niños y niñas indígenas vaya de acuerdo con nuestras costumbres. “Es ideal que su educación incluya el wayuunaiki, para garantizar que haya un respeto de los usos y costumbres de la comunidad”, dice.
Y es que para todos los migrantes dejar su territorio se convierte en una cadena de renuncias: a la vivienda propia, a los lugares conocidos, a los amigos... Pero para nosotros este proceso está implicando renunciar, inclusive, a la identidad cultural. A nuestra dignidad.
Por ejemplo, ancestralmente los hombres wayúu se dedicaban a cultivar alimentos como el fríjol guajirito y a criar chivos y las mujeres desde pequeñas a tejer mochilas, chinchorros y sandalias waireñas. Pero –al igual que Eulises Semprun quien antes de llegar a Colombia se dedicaba a cultivar la tierra– muchos ahora son recicladores, ayudantes de albañilería o mototaxistas. Mientras tanto, las mujeres pasaron a trabajar como empleadas domésticas por días.
Juan Carlos Mora, proyectista del resguardo Caicemapa en el municipio de Distracción, dice que el solo hecho de hacer el trámite del PPT es una renuncia a la identidad. “Eso es prácticamente una discriminación y los están llevando a hacer trámites y a verse como no wayúu para poder acceder a eso (al PPT)”.
Para Mora hay una posibilidad para lograr la acogida de los indígenas, y tiene que ver con tener una registraduría propia. “Tener una registraduría propia ayudaría a mitigar el problema. Que los indígenas que vengan de Venezuela puedan llegar a la registraduría a decir: yo soy del clan Uriana, Pushaina o Epinayú y mi territorio es tal, mi abuela era esta persona, mi abuelo era tal. Y así se podría hacer un trámite más ágil para que le entreguen su cédula, porque en una registraduría occidental siempre le van a poner un pero”.
Las perspectivas del cambio
Con la apertura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela hay un nuevo panorama. El 3 de octubre, en su encuentro con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente de Colombia Gustavo Petro reconoció la insuficiencia del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, en el que está enmarcado el PPT. Dijo que si bien servía para que no nos sacaran del país o nos fuéramos, no necesariamente era útil para que ejerciéramos nuestros derechos. Razón no le falta.
Ya era hora de que el gobierno colombiano se diera cuenta de que no basta con arreglar las relaciones comerciales, como dijo Laura Dib directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes: “por un lado está el reconocimiento de la necesidad de que se mantenga el Estatuto, pero por otro lado, hay ciertas declaraciones como las de Benedetti, que desconocen que existe una emergencia humanitaria compleja en Venezuela”.
Ella se refería al hecho de que Armando Benedetti, el embajador colombiano en Venezuela, desde su posesión en ese cargo ha insistido en la importancia de recuperar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países, pero poco había dicho de la situación migratoria. Por ahora sabemos que hay un cambio de perspectiva, pero no hay claridad sobre cuál será el tratamiento que tendremos. “No sabemos qué va a pasar con la Gerencia de Fronteras y, más allá de lo que dijo Petro, no sabemos en la práctica en que se va a traducir todas estas buenas voluntades, ni cómo va a operar el consulado de Venezuela aquí ni cuándo va a abrir”, dice Dib.
La regularidad de nuestra situación migratoria podría contribuir, pero las medidas también deberían indicar cuáles son los procedimientos específicos para que el ejercicio de nuestra binacionalidad no se quede solo en intenciones.
Un tratado entre los dos países podría hacer efectivo el artículo de la Constitución colombiana que reconoce nuestra situación. Sin embargo, como dice Dib, es necesario que los dos gobiernos demuestren su voluntad para proteger a la población indígena. “De nada serviría que el gobierno colombiano tenga la voluntad para llegar a un acuerdo si el gobierno venezolano no quiere hacerlo”.
Mientras esto sucede nosotros seguiremos aquí en nuestro territorio, pero como si no perteneciéramos a este lugar. Por eso para nosotros es importante que en Colombia se tenga en cuenta nuestra pertenencia étnica. Que nos reconozcan como nacionales. Si no, seguiremos haciendo trámites largos para, tras el PPT, conseguir una visa de residencia o una cédula de extranjería. Necesitamos una mejor alternativa, pero hasta ahora, como dice Eulises Semprúm, “aquí en Colombia al indígena no lo toman muy en cuenta. Falta una política que siga el procedimiento a través de los indígenas”. Y agrega: “yo no soy migrante. Yo sigo en mi territorio”.
CRÉDITOS
Reportería y redacción
Betsabé Molero y Beatriz Valdés Correa
Editores
Carolina Arteta y César Paredes
Ilustraciones
Camila Bolívar Manzano
Fotos
Betsabé Molero Molero
