Un par de pobladores de Villa del Río aguarda a la sombra breve que proyecta la pared de una de las sedes de la escuela. El corregimiento queda a diez minutos del casco urbano de San Juan del Cesar, pero la distancia se mide de otra manera cuando se trata de salud. No están ahí por sus hijos ni por una reunión escolar. Han llegado con dolores: una cabeza que no cede, una rodilla inflamada, una muela que late desde hace días o el seguimiento de una enfermedad que no admite aplazamientos.
Es jueves. Eso significa que, si todo sale como está previsto, el médico aparecerá. Cada quince días. Desde que el antiguo centro de salud dejó de funcionar, la escuela se convirtió en punto de encuentro para quienes necesitan atención. Aquí esperan. Sin fichas ni turnos formales.
“Todos los equipos del puesto de salud se trasladaron a un salón de clases que se adecuó para la atención, pero no cuenta con las condiciones necesarias”, reprochó Eduberto Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa del Río. Cada que asiste a consultas, el médico se acomoda en un escritorio de docente. A su espalda, el tablero verde de tiza y, en los estantes, no hay cuadernos ni libros pedagógicos, sino las carpetas de las historias clínicas de la comunidad. Afuera, la báscula, una camilla y, en la otra habitación, una silla reclinable —desgastada por el clima y el uso— para las citas odontológicas.
Como en la mayoría de las zonas rurales del país, la atención básica en salud se ha prestado a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Por muchos años, en varios corregimientos de San Juan, los jueves cada 15 días, los habitantes se acercaban a estas instalaciones para recibir servicios médicos primarios como medicina general, odontología, control prenatal, entre otros. Este servicio debe complementarse con la red hospitalaria privada y pública del departamento.
Sin embargo, desde hace dos años, tres comunidades del municipio han visto cómo empeoró la atención digna y de calidad del servicio.
Al igual que ocurre en el corregimiento de Villa del Río, en las comunidades de Veracruz y Guayacanal los habitantes se han visto obligados a recibir la atención en espacios que no cuentan con las condiciones óptimas para acceder al servicio. Les hicieron una promesa y les incumplieron: demolieron los antiguos puestos de salud para construir instalaciones más adecuadas. Han pasado dos años desde esa promesa.
Tras la demolición de las anteriores sedes, en Guayacanal, los servicios se empezaron a prestar bajo un árbol, luego en la casa de una habitante del pueblo y actualmente las consultas también se realizan en un salón de la institución educativa de la comunidad. “Los colegios son para dar clase, no para atender enfermos”, recuerda Kelvin Baquero, habitante del corregimiento de Guayacanal. “El salón es de tres metros de largo por dos de ancho, no cuenta con las condiciones óptimas y mucho menos con la privacidad que debe haber entre paciente y médico al momento de ser atendidos”, lamenta.
La situación de los pacientes de Veracruz es, tal vez, la mejor: uno de sus habitantes, Pedro Molina Fragozo, prestó al hospital San Rafael una casa que tenía desocupada para que el servicio se siguiera ofreciendo en su corregimiento. El acuerdo fue por cinco meses, pero al ver que no hay soluciones, la sede improvisada está en riesgo. “La dotación del puesto de salud va a parar debajo de un árbol”, apuntó Molina Fragozo. “La voy a sacar de mi casa porque yo la presté por unos meses y ya van dos años. La casa me sirve para arrendarla y generar ingresos para sobrevivir”, agregó.
Esta situación se viene presentando desde noviembre de 2024, cuando los tres centros de salud de estos corregimientos fueron demolidos porque habían sido seleccionados por el Ministerio de Salud y Protección Social para un proyecto de construcción y mejoramiento de la infraestructura de los centros.
En cada comunidad, un grupo de habitantes se opuso a la demolición de las antiguas sedes. Desconfiaban y señalaban que podía ser —como en otras obras del municipio— un elefante blanco. Algunos propusieron que se construyeran en otros lotes, sin la necesidad de derrumbar la sede que ya funcionaba, pero el proyecto ordenaba que fuera sobre las antiguas instalaciones. Así, esperanzados en que sería lo mejor, aceptaron.
“Lo que hay aquí es varillas oxidadas y el terreno socavado”, reprocha Einer Molina, presidente del Consejo Comunitario Pedro Manuel Molina y habitante de Veracruz, mientras señala la valla que instalaron en el terreno con la información del nuevo centro de salud. Estas obras pretendían ser ejecutadas en ocho meses, pero no llegaron ni al 10 por ciento de avance.
“¿Por qué la obra se paró?”, sigue preguntándose Molina Fragozo y el resto de los habitantes de los tres corregimientos. Los líderes que respaldaron estas iniciativas cargan con los reproches de su comunidad y no saben qué decirles.
Esta misma situación la padecen otros nueve municipios del departamento de La Guajira. A inicios de febrero de este año, la senadora Catherine Juvinao denunció el incumplimiento de estas obras en todo el departamento, y prendió la alarma por la posible pérdida de más de 16 mil millones de pesos y los cuestionamientos que cargaban algunos contratistas por escándalos en proyectos del pasado.
#CAPSDELAGUAJIRA
— Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) February 3, 2026
EL @MinSaludCol confirma nuestra denuncia: los 25 CAPS que debía construir @ENTerritorioCo quedaron en nada. Los 16 mil millones que se giraron están embolatados.
Sin embargo, @GA_Jaramillo, usted aún tiene mucho qué responder: la sentencia T-302 cobija a los… https://t.co/3N3fsuL0Ta
Además, la congresista recriminó que el gobierno Petro haya incluido varios municipios en ese proyecto, dado que la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declara el Estado de Cosas Inconstitucionales en La Guajira, cobija sólo a los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha —a pesar de que la prestación del servicio en los otros municipios es también precaria—.
Contrato sin renovación
En abril de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social firmó un contrato interadministrativo por $82.029.471.975 de pesos con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. (EnTerritorio) —antes, el cuestionado Fonade— para que coordinara la reconstrucción, ampliación o adecuación de 26 Caps en La Guajira, ubicados en zonas rurales de 11 municipios del departamento. El acta de inicio de aquel acuerdo, con el serial MSPS-1025-2024, se firmó el 30 de abril de ese año, y tenía un plazo de ejecución de 18 meses.
A finales de ese año, se descartó la construcción de las sedes Santo Tomás en el municipio de Villanueva y Wayumatunana en Manaure. En cambio, se incluyó la sede Cotoprix en Riohacha. Así, pasaron a ser 25 Caps.
Enterritorio abrió varias licitaciones para la realización de estas obras y se pactaron 10 contratos derivados para el diseño y elaboración de estos 26 proyectos, pero dos procesos de licitación se declararon desiertos, por lo que en cuatro sedes nunca se llegaron a firmar contratos. En el caso de San Juan del César, la ejecución de los Caps de Veracruz, Villa del Río y Guayacanal fue adjudicada al consorcio Red Hospitalaria. Se pactó un valor de $6.436.857.737 de pesos y el contratista debía diseñar, construir y poner en marcha las obras. En este acuerdo, también quedaron pactadas las dos sedes del municipio de Fonseca.
Todas estas labores debían realizarse en ocho meses —tres meses para la elaboración de estudios y diseños, y una segunda etapa de cinco meses para las labores de construcción—, pero para cuando se cumplió este plazo, en julio de 2025, el contratista seguía trabajando en los diseños del proyecto.
Red Hospitalaria justificó los retrasos en dificultades para concertar con las autoridades indígenas y validar su cosmovisión —como prácticas tradicionales de salud del pueblo Wayúu o la exhumación de sus muertos—, retrasos en la aprobación del diseño, paros comunitarios y presencia de actores armados ilegales.
Con esos argumentos, el consorcio buscó apartarse de multas y ganar tiempo para terminar la obra. Pero varias de sus justificaciones abren interrogantes.
Para sustentar el riesgo por presencia de actores armados, la empresa citó un episodio ocurrido en 2024 en Villa del Río, una de las comunidades donde se proyectaba la infraestructura en salud. Ese día, miembros de la fuerza pública se enfrentaron con integrantes del Clan del Golfo. El operativo coincidió con una visita de socialización de un equipo técnico del consorcio.
Sin embargo, un líder comunitario —que pidió mantener su nombre en reserva— cuenta otra versión de lo que vino después: no hubo nuevos hechos de orden público y el consorcio continuó entrando a la zona con normalidad. “Siguieron viniendo como siempre”, dice. Su testimonio pone en duda que ese episodio, aislado en el tiempo, explique los retrasos que hoy se atribuyen a problemas de seguridad.
En septiembre de 2025, cuando faltaba un mes para la fecha pactada de entrega del contrato a manos de Red Hospitalaria, el Ministerio de Salud aprobó una prórroga. El nuevo plazo quedó fijado para el 26 de febrero de 2026, con el compromiso de terminar las sedes de San Juan del Cesar y Fonseca.
Para entonces, el proyecto ya tenía el visto bueno técnico: la interventoría había avalado los diseños, el Ministerio había emitido concepto favorable y las alcaldías de Fonseca y San Juan habían otorgado las licencias de construcción. Con ese soporte, el 15 de septiembre se firmó el acta de inicio de la segunda etapa.
Días después, la escena en los lotes cambió. Llegaron las máquinas, se abrieron las primeras excavaciones y comenzaron las labores de construcción en las tres sedes. Parecía, al menos en el papel, que el proyecto retomaba su curso.
Pero el contrato matriz —el convenio firmado entre Enterritoro y Minsalud— tenía fecha de vencimiento para el 31 de octubre y como los retrasos eran igual —o peores— en los otros proyectos del departamento, un mes después, en las instalaciones de la Procuraduría Enterritorio y el Ministerio acordaron ampliar el contrato con el compromiso de que todos los Caps fueran terminados a más tardar en junio de 2026.
Sin embargo, a los días, En territorio entregó un cronograma en el que solo 18 centros tenían fecha de finalización en la nueva fecha pactada, por eso, el Ministerio retiró la posibilidad de extender el contrato y el 14 de noviembre decidió acabar con el contrato madre.
Pero la entidad ya tenía señales de alerta desde comienzos de 2025. El proyecto venía en mora y todo indicaba que no cumpliría los plazos.
David Scott Jervis Jalabe, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y supervisor del contrato matriz, dejó constancia de ello en un informe fechado el 26 de febrero de 2025. Allí advirtió que Enterritorio no estaba entregando la información necesaria para verificar el avance del contrato. Sin esa trazabilidad, escribió, la ejecución quedaba en una zona de incertidumbre.
Por eso solicitó la imposición de una sanción equivalente al 10 por ciento del valor del convenio, como lo contemplaban las cláusulas contractuales. Para ese momento, además, Enterritorio ni siquiera había cumplido con la entrega de los diseños arquitectónicos y de ingeniería que debía presentar desde el 31 de octubre de 2024.
En el proceso sancionatorio, Enterritorio argumentó que se habían generado retrasos por falta de insumos técnicos y decisiones oportunas por parte del Ministerio y aseguró que sí habían presentado algunos insumos del avance de la obra. Pero su defensa no le alcanzó: en agosto del año pasado, la Secretaría General de Minsalud impuso una sanción por más de $1.640 millones de pesos contra Enterritorio por no haber cumplido con la gerencia efectiva del proyecto. Un mes después confirmó la sanción.
Para el final del año pasado, Enterritorio le aseguró al Ministerio que esa sanción “no resultaba financieramente viable para su entidad”, lo que dejaba en entredicho que la entidad pudiera garantizar que las obras se terminaran. Esta situación, sumada a los incumplimientos en el cronograma, motivó al Ministerio a liquidar el contrato.
Nadie se hace responsable
Los consorcios Red Hospitalaria y Centros Guajira lo explicaron en un comunicado público: la suspensión de labores en varias comunidades, dijeron, no era atribuible a su gestión. Entre ambos tenían a cargo la construcción de 12 de las 25 sedes del proyecto y, en ese pronunciamiento, insistieron en una línea que ya habían sostenido: los bajos niveles de ejecución no respondían a fallas propias, sino a decisiones administrativas tomadas por las entidades del Estado involucradas.
“A la fecha, ninguno de los dos consorcios ha recibido pago por ningún concepto, a pesar de que fueron recibidos a satisfacción los estudios y diseños y que en seis casos ya había ejecución de obras”, señaló en el documento firmado por Marco López Vargas, representante de Red Hospitalaria.
Según el contrato matriz, Minsalud y Enterritorio habían determinado que el desembolso de los recursos se dividiría en tres momentos. El primero, por el 20 por ciento del valor total del contrato —unos $16.405.894.395 millones de pesos—, fue depositado en un fideicomiso administrado por Fiducoldex en julio de 2024. El segundo pago nunca se llegó a ejecutar, pues aunque el 14 de noviembre de 2024 Enterritorio presentó la factura al Ministerio, la entidad no aprobó el desembolso porque nunca se subsanaron observaciones a los informes que el operador le presentó, por eso nunca se entregaron recursos a ninguno de los contratistas.
Red Hospitalaria, en el comunicado, señaló que estas condiciones les han traído afectaciones económicas. “Para la ejecución de la obra, se realizaron inversiones en materiales, equipos y alistamientos logísticos que están en el lugar de la ejecución”, se lee. Señalaron su intención de continuar con las obras y propusieron que sea el Ministerio de Salud el que ejecute directamente los convenios con esas empresas “o reasigne la responsabilidad a una entidad pública con capacidad operativa demostrada”, agregó.
Sin embargo, Enterritorio se mantiene en que los retrasos se debieron por la falta de gestión oportuna y adecuada de los contratistas. “Dichos productos no fueron entregados dentro de los términos previstos, o fueron presentados con inconsistencias, observaciones técnicas o información incompleta que impedía su validación”, le señaló Erbert Arturo Rosa Mercado, gerente del Grupo de Estructuración de Proyectos de la entidad, a Consonante en una respuesta escrita.
El funcionario resaltó que el Ministerio del Interior demoró y no entregó información necesaria para elaborar el proyecto —como características de los predios o aspectos ambientales y sociales de la región—, y Enterritorio se vio en la tarea de adelantar la recopilación de la información. Estas labores incidieron en el avance de las obras.
Además, se refirió a la no ampliación de los tiempos de contrato, justificando que los ocho proyectos que estaban listos para iniciar la fase de construcción —entre ellos, las sedes de San Juan— contaban con un cronograma de finalización de obras para abril de este año; sin embargo, a los otros proyectos con mayores retrasos no se refirió. Según la entidad, con la prórroga de cerca de 13 meses, buscaba “mitigar impactos sociales” derivados de los incumplimientos del contratista.
La entidad señala que con la finalización del contrato cesó actividades en estos territorios y “corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, en su calidad de líder del sector y titular de los recursos del proyecto, informar a las comunidades sobre las decisiones y acciones que se adoptarán respecto de la continuidad o definición de las intervenciones relacionadas con esta iniciativa”, se lee en la respuesta de la entidad.
Enterritorio le confirmó a Consonante que a la fecha, no se ha realizado ningún pago a los contratistas que adelantaba estas obras, los recursos siguen administrados por el patrimonio autónomo, en manos de Fiducoldex, a la espera de la liquidación del contrato para reconocer los valores de los productos que efectivamente fueron entregados.
¿Qué pasará con el proyecto?
Ante el silencio del Ministerio, Enterritorio y el consorcio, líderes de los tres corregimientos de San Juan del Cesar enviaron a la Secretaría de Planeación municipal, un oficio solicitando saber qué pasó con la obra. “La Alcaldía también tiene una gran responsabilidad. Sabemos que no manejaron recursos para la construcción, pero sí los manejaron para la demolición de los centros de salud que teníamos”, sostiene Pedro Molina, desde el corregimiento de Veracruz. Esta carta, a la fecha, no les ha sido respondida.
Willer Arciniegas, asesor jurídico de la administración, le explicó a Consonante que los tomó por sorpresa la liquidación del proyecto. Según señala, se enteraron a través de un oficio que el alcalde, Enrique Camilo Urbina, envió a las entidades a cargo para conocer el estado del proyecto. Allí les notificaron que se había iniciado un proceso de sanciones por incumplimientos y se había terminado el contrato.
Ana Gabriela Suarez, enlace de apoyo de la Secretaría de Salud de San Juan del César, acompañó el proyecto de los Caps del municipio. Explicó que como la Alcaldía es la propietario de los terrenos, asumieron la responsabilidad de demoler la infraestructura antigua de los centros. “Uno de los requisitos que pidió el Ministerio para poder intervenir y hacer infraestructura nueva, fue que no se podía trabajar sobre lo viejo. Ellos querían hacer como un hospital pequeño en esos tres corregimientos”, dijo.
Los funcionarios manifestaron que les preocupaba cómo se están viendo afectadas las familias en su derecho a la salud. Por eso, Arciniegas aseguró que están pensando en empezar acciones legales “para solicitar de manera muy respetuosa, tanto al Ministerio de Salud como a Enterritorio, que se culminen estas obras que tanto benefician al municipio”.
En un video, Minsalud se refirió a la controversia y aseguró estar elaborando un nuevo convenio, pero no precisa cuándo será una realidad.
Pero estas gestiones y respuestas no han llegado a los líderes y sus comunidades. La cura fue peor que la enfermedad y en este caso, los habitantes de Veracruz, Villa del Río, Guayacanal y el resto de comunidades del departamento, se sienten como en una sala de espera sin la certeza de saber que serán atendidos.
*Consonante envió un derecho de petición al Ministerio de Salud para conocer qué entidad había fallado en esta contratación, en qué etapa está el proceso de recuperación de los recursos y qué planea para garantizar el derecho a la salud de estas comunidades. A pesar de accionar una tutela, a la fecha no han respondido.
