El 16 y 17 de mayo, varias comunidades indígenas de los pueblos Embera Dóbida, Katío, Chamí, entre otros, se manifestaron bloqueando la transversal Quibdó-Medellín a la altura de El 11 en El Carmen de Atrato. Este es el tercer paro en menos de cinco semanas: el 3 de abril, la minga bloqueó la Gobernación del Chocó y el 7 de mayo bloquearon las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.
El motivo de los bloqueos no es nuevo. Desde septiembre de 2023, cuando la ministra de Educación, Aurora Vergara, se reunió con la Mesa Indígena del Chocó, se preveía este problema: había 30.000 millones de pesos de deuda, que se deberían pagar al finalizar el año a los 17 operadores que agrupan a los docentes indígenas en todo el departamento, pero no se sabía de dónde iba a salir el dinero.
“La Gobernación del Chocó girará $2.500 millones antes del 10 de octubre de 2023 y explorará las cuentas departamentales y otras fuentes de financiación como recursos de regalías con el fin de cubrir el déficit existente estimado en $30 mil millones”, dice uno de los acuerdos de la reunión.
Desde ese momento la deuda, que representa el salario de los últimos meses de 2023 de los docentes y administrativos indígenas (además de liquidaciones y otras prestaciones), se convirtió en un problema para las comunidades y para la Gobernación, que tuvo que asumir una deuda que no le correspondía y ha tenido que lidiar con problemas jurídicos para poder usar los recursos.
En cada uno de los paros se han definido posibles fechas para el pago, pero las comunidades denuncian que no se han cumplido. “En la primera reunión, la gobernadora nos dijo que del 28 al 30 de abril nos iba a consignar. Entonces, cuando llegó el 30 y no hubo pago, dijo que había unas facturas que había que legalizar. Cuando en el primer encuentro nos dijo que todo estaba ok. Entonces, ahí decidieron bloquear las dos vías. Nos volvimos a reunir, hablamos y volvimos a abrir cuando nos dijeron que iban a consignar del 15 al 16 de mayo, pero tampoco pasó nada. Nos tienen engañados”, dice Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
“En la primera reunión, la gobernadora nos dijo que del 28 al 30 de abril nos iba a consignar. Entonces, cuando llegó el 30 y no hubo pago, dijo que había unas facturas que había que legalizar. Cuando en el primer encuentro nos dijo que todo estaba ok. Entonces, ahí decidieron bloquear las dos vías. Nos volvimos a reunir, hablamos y volvimos a abrir cuando nos dijeron que iban a consignar del 15 al 16 de mayo, pero tampoco pasó nada. Nos tienen engañados”
Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
La Gobernación asegura que no se comprometió a pagar en una fecha específica, y que ahora el retraso también es responsabilidad de algunos operadores que no han hecho la documentación adecuada para poder recibir el pago. “El acta lo que dice es que yo iba a hacer toda la gestión al 30 de abril para el pago. Que tenía que ver con la incorporación del recurso, y yo lo hice. No dije que pagaba el 30, dije que hacía el proceso para el pago. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se demora cada organización en comprobar los requisitos de ley para que estén aptos para el pago. No voy a pasar por encima de la norma por cumplir con una demanda que, además, está poniendo de condición el cierre de la vía”, explica Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del departamento.
Sin embargo, más allá de la discusión sobre las fechas, la situación revela un problema más profundo: hay problemas en la administración de los recursos, de por sí limitados, para la educación de las comunidades indígenas de todo el departamento, lo que termina poniendo en riesgo la prestación del servicio educativo para 35.700 estudiantes.
El enredo de la plata
Según el decreto 2500 de 2010, la ruta para pagar a los profesores indígenas funciona así: los recursos salen del Gobierno Nacional y la entidad certificada en educación (para el caso del Chocó, es la Gobernación) es la encargada de administrar ese dinero pagándole a los operadores indígenas, es decir, a los cabildos, asociaciones de autoridades tradicionales y/o organizaciones indígenas, quienes son los que contratan y agrupan a los docentes.
Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) tiene casi 200 docentes contratados para prestar los servicios educativos en El Carmen de Atrato, Lloró, Bojayá, Pizarro y Certeguí. Por su parte, la Asociación Orewa tiene 490 docentes, además de personal administrativo como consejeros, fiscal, tesorero, entre otros. Y tienen presencia en Tadó, Bagadó, Alto y Bajo Baudó, Unguía, Riosucio, Juradó, Bahía Solano y otros municipios.
El año pasado, el Gobierno Nacional le aseguró a la Gobernación, que en ese momento estaba en manos de Ariel Palacios, que no podía dar esos 30.000 millones de pesos porque el departamento no envió la información necesaria para el pago a tiempo. Esto obligó a la Gobernación a hacerse cargo de la deuda.
“Yo le dije al propio viceministro y a la doctora Aurora que no estábamos de acuerdo con eso. La verdad es que, si con la gobernadora hubiéramos estado en su momento en la posición que estamos ahora, no lo hubiésemos permitido. Vamos a adelantar todas las acciones jurídicas que sean necesarias para hacer que el Gobierno Nacional reconozca ese dinero, pero mientras tanto nos toca pagar”, cuenta Yina Paola Reales, secretaria de Educación actual.
Sin embargo, cuentan desde la Gobernación que el dinero del departamento no era suficiente para asumir esa deuda. “Si nosotros anualmente recaudamos solamente 60.000 millones, 30.000 millones es la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para toda la operación de todas las secretarías. Es demasiada plata”, agrega Reales.
“Si nosotros anualmente recaudamos solamente 60.000 millones, 30.000 millones es la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para toda la operación de todas las secretarías. Es demasiada plata”
Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.
Por eso, desde finales del año pasado se decidió que los 30.000 millones de pesos saldrían finalmente de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). El Fonpet es un fondo general donde van los ahorros pensionales y cuando una entidad llega a tener el 125 por ciento de su pasivo pensional cubierto, los excedentes pueden ser retirados para ser invertidos en educación, salud y sector central.
El Ministerio de Hacienda es el encargado de manejar los recursos del Fonpet, y era su responsabilidad retirar el dinero el año pasado para que el pago de los 30.000 millones de pesos se pudiera hacer este año. Sin embargo, desde la Gobernación explicaron que no fue sino hasta abril que se giró el dinero. Después de eso, la Asamblea tuvo que incorporar los recursos para que la Gobernación pudiera pagar, lo que demoró en trámites administrativos otro tiempo más.
Sin embargo, a pesar de que el dinero -al parecer- ya estaba listo, había otro problema: los recursos del Fonpet solamente se pueden usar para inversión y no para pagar deudas. Al haber entrado el dinero durante este año, y no el año pasado, se estaría usando para cubrir un déficit, lo que causaría problemas legales. “Me tocó durante todo el mes pasado solicitar conceptos a Hacienda, solicitar conceptos al Ministerio de Educación. Hacienda le tiró la pelota a Planeación, Planeación a Educación y nadie nos contestaba, nadie nos daba el concepto jurídico que nos daba la autorización legal para poder generar un pago de una deuda del año pasado con un recurso de inversión”, explica Córdoba Curi.
“Me tocó durante todo el mes pasado solicitar conceptos a Hacienda, al Ministerio de Educación. Hacienda le tiró la pelota a Planeación, Planeación a Educación, y nadie nos contestaba, nadie nos daba el concepto jurídico que nos daba la autorización legal para poder generar un pago de una deuda del año pasado con un recurso de inversión”
Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora del Chocó.
“Nosotros, al ver que no nos contestaban con claridad en el Gobierno Nacional, que además son los que tienen la vocación para hacerlo, pues empezamos a buscar con abogados tributaristas alguna alternativa para lograrlo sustentar y, financieramente hablando, eso ya lo tenemos de alguna manera sustentado con los recursos jurídicos que tenemos”, puntualiza la gobernadora.
Sin embargo, según la Gobernación, ahora el problema es que varias organizaciones se han demorado en entregar las cuentas de cobro con todos los documentos de soporte. Mientras que las comunidades dicen que no les notificaron desde el inicio que había problemas con las cuentas. Por ahora, la gobernadora aseguró que desde el 17 de mayo se empezaron a pagar a las organizaciones que sí tenían todo en regla.
Las afectaciones
Los docentes indígenas han vivido este problema desde hace varios años. Durante la administración de Jhoany Carlos Alberto Palacios, una minga se tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación del Chocó alegando que les debían tres meses de sueldo a 600 empleados directos y sus familias durante 2019. Lo mismo se repitió en marzo de 2023 cuando las comunidades reclamaron el pago de los sueldos de noviembre y diciembre de 2022.
Cada vez que esto pasa los docentes y sus familias no tienen dinero para comprar comida, ir al hospital, o movilizarse. “La verdadera afectada es nuestra familia porque los niños se están enfermando y no hay forma para llevarlos al hospital. Y también hay gente aguantando hambre, porque son labores presenciales, de lunes a viernes, no tenemos por otro lado como salir a rebuscar”, dice Humberto Tequia, rector de una escuela en El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato. En ese municipio hay 80 docentes en la misma situación.
“La verdadera afectada es nuestra familia porque los niños se están enfermando y no hay forma para llevarlos al hospital. Y también hay gente aguantando hambre, porque son labores presenciales, de lunes a viernes, no tenemos por otro lado como salir a rebuscar”
Humberto Tequia, rector de una escuela en El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato.
En muchos casos tampoco tienen el dinero de los viáticos para movilizarse hacia las instituciones educativas, lo que ha causado que se dejen de dictar clases en algunas escuelas. “Algunos no son indígenas, son afro que van desde Quibdó. También hay centros que están muy retirados y allá es difícil para uno conseguir la liga, como el arroz o el aceite. Además hay profesores que no tienen cómo movilizarse de aquí hacia la zona”, comenta Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
A esto se suma que además de los salarios, los operadores han invertido en kits escolares o mobiliario para las escuelas, y no han podido pagar esas deudas. “Necesitamos que cumplan con todo el pago, que no sigan vulnerando nuestros derechos, los derechos de los que estamos al servicio de educación a los niños”, puntualiza Humberto Tequia.
Son aproximadamente 1.800 docentes indígenas en todo el Chocó que están afectados por esta situación, y 35.700 estudiantes que viven en la incertidumbre de qué va a pasar con sus clases cada vez que sus profesores no reciben salario. Desde Asorewa reconocen que el trabajo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder es de parte y parte “Los documentos que requieren de nosotros desde la Secretaría de Educación deben estar al día y que ellos también se pongan al día”, dice Valencia.
Desde Fedeorewa, además, piden más celeridad en los trámites de la Secretaría de Educación: “En estos días vamos a hablar con la gobernadora para saber qué podemos hacer. La culpa no está tanto en la Gobernación, sino más en la Secretaría de Educación. Nosotros hacemos los informes pero cualquier novedad que nos piden no se responde rápido, se demora 20 días o un mes, cuando ya nos ponemos a preguntar. Cuando ya llega a las manos de la Gobernación ahí si no se demoran ni un día para pagar”, explica Marco Tulio Tequia, representante legal de la Federación.
