Las comunidades negras de Santa Cecilia, el Tabor, Playa de Oro, Corcovado, El Tapón, Tadó y Unión Panamericana, ubicadas a lo largo de la vía que comunica los departamentos del Chocó y Risaralda, están en paro desde hace 20 días. A pesar de que el bloqueo de la vía fue intermitente durante las primeras semanas, desde el miércoles 18 de abril la carretera se encuentra totalmente cerrada entre los corregimientos Santa Cecilia y Guarato. Los manifestantes únicamente permiten el paso de vehículos en misión médica.
Los reclamos de la gente
El motivo del bloqueo son las demoras del Invías para cumplir los acuerdos establecidos y subsanar las afectaciones que tienen 350 predios y viviendas como consecuencia de las obras de mejoramiento de esta vía nacional que se iniciaron en 2016.
En el comunicado en el que las comunidades anunciaban el paro, que fue publicado el 6 de abril, las comunidades pedían “una solución definitiva a la vulneración de Ios derechos fundamentales que se les ha desconocido de manera sistemática y repetitiva a lo largo de los últimos 12 años”. Para levantar el paro exigían, además, la presencia de funcionarios o representantes del viceministerio de Transporte, de la vicepresidenta Francia Márquez y del Director nacional de Invias, así como de otros representantes del Ministerio Público y del Ministerio del Interior.
Los reclamos no son nuevos. Poco tiempo después del inicio de las obras y cuando se hicieron evidentes las afectaciones, los líderes del sector empezaron a pedirle al Invias que compensara los daños que estaban sufriendo en sus viviendas. “Acá las casas se han construido como se puede, sin columnas, con los materiales que haya y al pasar una máquina de esa magnitud, es lógico que el movimiento cause afectaciones”, asegura Jorge Fidel Murillo Mosquera, concejal de Unión Panamericana.
De acuerdo con imágenes compartidas a Consonante, por periodistas de la zona y algunos afectados, varias de las viviendas ubicadas en el eje de la vía Quibdó-Pereira tienen las paredes cuarteadas, grietas en los pisos y problemas de filtraciones en los techos. Una de estas viviendas pertenece a Carlos Alberto Sánchez, quien vive desde hace siete años con su esposa en una casa de bahareque. Al lado de la casa tenía su propio negocio: un quiosco hecho en mampostería en el que su esposa y su madre vendían comida.
Ambas estructuras resultaron afectadas por la pavimentación, pues al momento de las obras los trabajadores instalaron un filtro en el patio que quedó sin terminar. Hoy, el agua se filtra constantemente hacia el patio y la casa está asentada pues las bases de madera se pudrieron. El quiosco, por su parte, se cayó después de la intervención de la maquinaria pesada. “En la parte de atrás teníamos perros, gallinas, varios animales. Cuando metieron el filtro tocó sacar los animales, muchos murieron y el patio ahora es inhabitable porque siempre hay agua”, cuenta.
Los reclamos de las comunidades no se deben únicamente a los daños ocasionados por la construcción, sino también porque hay inconsistencias en la obra. Por ejemplo, en el corregimiento el Tapón la distancia entre las viviendas y la vía es de siete metros y medio pero según la Ley de Caminos, esta debería ser de 25 metros del centro de la vía. Por otro lado, en Corcovado las viviendas se inundan cada vez que llueve pues quedaron por debajo del nivel de la vía. Y, por otra parte, algunos líderes aseguran que todavía hace falta que se terminen los andenes en algunos tramos y se instalen tapas en las alcantarillas.
Las afectaciones a las viviendas llevaron a que varias familias tuvieran que desplazarse. “Apenas llueve, las casas se inundan. La empresa no ha dado ninguna solución a eso”, sostiene Jhon Eduardo Torres, líder comunitario de Mumbú.
Las demoras del Invías
Para la intervención del corredor, el Invias ha firmado varios contratos: en 2016 con el consorcio Vías Equidad 050 por 83.225 millones de pesos para la intervención de 23 kilómetros entre Las Ánimas y Pueblo Rico. Luego, en 2017, adjudicó a la firma Ingeniería y Vías S.A.S - Ingevías S.A.S otro contrato por 81.892 millones de pesos para el mejoramiento de los tramos sin pavimentar desde El Tabor hasta el corregimiento Santa Cecilia y otros temas operativos.
A la fecha, la obra, que implica la pavimentación de 220 kilómetros, aún no está culminada. En junio de 2021 el entonces director nacional del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, anunció que el cronograma de ejecución de esta vía debía finalizar en su totalidad en junio de 2022. Sin embargo, el Instituto aseguró a Consonante que todavía se está ejecutando la pavimentación de 8.94 kilómetros que estaban pendientes.
El Invias ha reconocido parcialmente que la pavimentación de los 220 kilómetros del corredor vial ha causado algunas afectaciones a los habitantes de la zona. Sin embargo, el proceso para acceder a las compensaciones económicas ha sido, en palabras de los habitantes, un viacrucis.
Las primeras respuestas de la entidad se dieron a partir de abril de 2021, luego del primer paro. En ese momento Invias pagó 1.300 millones de pesos en compensaciones por 55 viviendas afectadas en el sector de Corcovado. Pero muchos habitantes quedaron pendientes, por lo que se acordaron nuevas visitas técnicas para revisar daños y más reuniones que se postergaron una y otra vez.
“Llamaron a decir que no podían venir y que se postergaba del 20 al 24, pero el día 24 mandaron un oficio anunciando que no habían podido asistir por la ola invernal, y la postergaron del 27 al 30. Para esa fecha mandaron otro comunicado diciendo que no podían venir y no había fecha de reprogramación. Ahí fue que la gente dijo ya no más”, ejemplifica Jorge Fidel Murillo Mosquera, concejal de Unión Panamericana.
No fue sino hasta mayo de 2022, y con otro paro de por medio, que Invias realizó las visitas a las que se había comprometido en abril del 2021. De ese recorrido resultó un pago de 227 millones por 18 afectaciones en la comunidad de Guarato. El problema es que, según el presidente del Consejo local del corregimiento, Liver Rentería, solo en esta comunidad hay más de 40 dueños de predios que todavía no tienen respuesta. Además, según denuncian, en varias reuniones funcionarios del instituto han dicho que no conocía el acta de las visitas,ni muchos de los acuerdos que han quedado de los paros.
El Invias dice que la demora en las respuestas a estas visitas, que terminaron clasificadas por el instituto como PQR, se deben a que las reclamaciones primero deben ser aprobadas por la interventoría del proyecto y después por el instituto. Aseguraron que actualmente la interventoría está revisando 225 casos más (PQR) como resultado de las visitas hechas hace ya casi un año. Y que el instituto ha recibido un informe parcial de 97, pertenecientes a las comunidades de Guarato, el Tabor, Playa de Oro, Corcovado, El Tapón, Tadó y Unión Panamericana.
En la comunidad de Mumbú, por su parte, reclaman el cumplimiento de algunos acuerdos pactados en la consulta previa a la intervención de la vía. Aseguran que la empresa se comprometió en ese momento (hace casi 12 años) a dejar un lote apto para la construcción de 40 viviendas, pero esto no se cumplió.
El Invias aseguró a Consonante que actualmente los compromisos y acuerdos a los que le están dando cumplimiento no corresponden a acuerdos de Consulta Previa. “Aquellos acuerdos de las Consultas Previas realizados en otra oportunidad, en el Corredor Quibdó – Pereira, fueron cumplidos a satisfacción y estos procesos fueron cerrados por el Ministerio del Interior, en su momento”, dice el instituto. Y aunque este tema pareciera que ya está cerrado, la comunidad no está de acuerdo.
Además de los desembolsos por las afectaciones, el Instituto entregó a las unidades sociales del CCCN de Santa Cecilia $3.980 millones de pesos.
Este es el cuarto bloqueo de estas comunidades
Esta es la cuarta vez que las comunidades negras protestan por las afectaciones en las viviendas, una situación que ha empeorado los constantes paros que cortan el flujo vehicular en esta carretera. Solo en 2022 se registraron más de 28 bloqueos en esta carretera por diversos motivos. El más largo se dio en octubre cuando fue en octubre cuando una protesta iniciada por comunidades afro e indígenas, a la que luego se sumaron camioneros, dejó incomunicado a todo el departamento por más de 15 días. La situación generó aumento de precios y escasez de bienes básicos en Quibdó y otros municipios del Chocó.
La vía Quibdó-Pereira es la segunda más importante para el departamento. Por esta carretera se transportan productos, alimentos, maquinaria y pasajeros. Por su ubicación geográfica es un importante corredor de integración regional y nacional, que conecta la costa pacífica con el eje cafetero y el interior del país. Según el Invías, el corredor beneficia a cerca de un millón de habitantes de los departamentos de Chocó y Risaralda.
Lo que sigue
Desde el inicio de la protesta, los líderes de las comunidades se han reunido virtualmente con representantes del Ministerio de Transporte e Invias. Algunas comunidades han llegado a acuerdos con el Instituto tras acordar la visita de funcionarios, mientras que otras han insistido en que no están conformes.
Según lo acordado en la reunión virtual el pasado 12 de marzo, representantes del Invias, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y el alcalde de Tadó, visitarán el 22 y 23 de abril las comunidades de Piedras de Bachichi, Guarato, Gingarabá, Mumbú, El Tapón, Playa de Oro, Corcovado, Charco Negro y La Unión para buscar soluciones a las afectaciones de las viviendas. Los líderes están a la expectativa y aseguran que, de no verse reflejadas acciones concretas, el paro continuará hasta nuevo aviso.
