Muchos no recuerdan la última vez que le vieron. Para entonces, los Wayuu de Carraipía, un pueblo que durante siglos había resistido los intentos de sometimiento, llevaban años soportando la violencia paramilitar. Desde 2002, la comunidad había aprendido a convivir con las amenazas y los enfrentamientos. Hasta que un día no pudo más.
Una bomba explotó en la tercera torre de energía, a pocos kilómetros de la ranchería. La explosión marcó el comienzo de otro episodio de violencia: ahora, en la zona se enfrentaban tres actores armados, el Ejército, los paramilitares y la guerrilla, mientras la comunidad quedaba en medio. Años después, muchos todavía temen que sus nombres sean pronunciados.
Ese día se fueron y no pudieron llevarle con ellos. María* y su familia se desplazaron hasta Maicao. Otras familias cruzaron la frontera hacia Venezuela. No tienen claro el año en que salieron, pero sí recuerdan que llevaban mucho tiempo evitando irse.
El campamento paramilitar se había instalado al lado de la ranchería, como un vecino de toda la vida, solo que un mal vecino. Cuando querían, les robaban los chivos o las gallinas. Acosaban a las mujeres y amenazaban a los hombres. Carraipía era una de las quince zonas de operación del Frente Contrainsurgencia Wayuu (Fcw), unos 200 hombres bajo el mando de alias “Giovanny”.
La familia solo estuvo seis meses fuera de su territorio. Los rumores de que los paracos se habían ido los animaron a regresar. Pero cuando volvieron, no encontraron su rastro. Es difícil saber cuándo lo vieron por última vez. Solía permanecer cerca del río que pasaba junto a la ranchería, o entre los monos, las ardillas y los loritos. Han pasado más de 20 años y todavía no vuelve.
Su ausencia no figura en ningún registro. No hace parte del “universo” de 591 que la Unidad de Búsqueda registra en la Media y Alta Guajira por hechos relacionados con el conflicto armado. Y aunque nadie le ha olvidado, no hace parte de las 138 solicitudes de búsqueda formales que ha recibido la Unidad en Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha.
Nadie ha denunciado su desaparición. Porque nadie denuncia la desaparición de un espíritu. Los Wayuu de Carraipía, en cambio, todavía esperan su regreso.
Amüloichii-amüloulinü / Desaparecido-desaparecida
“Si se te pierde alguien o algo, busca un Wayuu; ellos lo consiguen”.
El corregimiento de Carraipía queda a 15 o 20 minutos del centro de Maicao y a poco más de 30 de Paraguachón. La distancia hasta Venezuela es mucho menor desde Carraipía. La vereda Los Manantiales, La Lucha o cualquier otra del sector está a pocos kilómetros de la línea imaginaria que dice dónde termina Colombia. Una frontera que no significaba nada para los Wayuu.
Llegar a Carraipía es ver primero a la señora de las arepas . Después, aparece un billar en el que el paso del tiempo ha borrado los rasgos de una pintura: ya no se sabe si la cara en la pared es la de Diomedes Díaz o la de Martín Elías. La cancha de fútbol, la tarima “Montes de Oca-Carraipia” y la iglesia. A 500 metros está el Batallón.
Después de Villa Blanca, la última casa de ladrillo que se ve en un buen tiempo, y decenas de palos de mango, ya no queda ninguna casa a la vista. Por una carretera que da la impresión de estar recientemente pavimentada, se avanza para llegar a las comunidades Wayuu que están varias trochas dentro.
Las tres torres de energía son un punto de referencia. A la izquierda de la segunda, cuentan, los paramilitares dejaron varias fosas comunes que el Estado colombiano aún no ha identificado ni intervenido. En la tercera pusieron la bomba que terminó por expulsar a María y a su comunidad.
En estas más de 100 mil hectáreas conviven los muertos desconocidos de la guerra con los antepasados Wayuu, enterrados en sus cementerios propios. Según la ley de origen, esos cementerios son también una forma de confirmar que el territorio les pertenece. No hay armonía.
Cerca de uno de esos cementerios, al lado de un portón de madera grande, está ‘La última lágrima’. Allí, una camioneta Ford blanca de algún modelo de los 2000 recogía a las personas para llevarlas a donde las iban a matar o a desaparecer. En Maicao, 234 personas desaparecieron forzadamente por el conflicto entre el año 2000 y 2016. El 14 por ciento de las 1.375 personas desaparecidas en todos los municipios fronterizos de La Guajira. No se sabe cuántos de ellos eran Wayuu; nadie lleva la cuenta.
En la comunidad de María hay dos desaparecidos. El espíritu que mantenía la vida y armonía en los lugares sagrados, y un muchacho que no quisieron nombrar. En 2004 se lo llevaron y a la fecha no han tenido ninguna noticia. Su mamá le sigue guardando luto, aunque no sabe si está vivo o muerto.
Pocas veces se recurre a las instituciones del Estado para buscar a un Wayuu desaparecido. Para muchas familias es más fácil y, sobre todo, más seguro acudir a una piache o ouutsü. Hay que llevarle una fotografía de la persona que buscan. A través de los sueños, la piache intenta encontrarla: si está muerta, puede señalar dónde estaría el cuerpo; si está viva, puede ayudar a que regrese. Antes, cada comunidad solía tener su propia piache. Con el tiempo, sin embargo, esa tradición se ha ido perdiendo.
“Ellos acudieron a uno y les dijeron ‘él está enterrado en un palo’. Fueron a donde estaba el palo, pero no se consiguió nada. Cuando llegamos allá no había nada. No sabemos si se lo habían llevado porque, en aquel tiempo, muchas personas se estaban aprovechando, según lo que yo escuché. Ellos estaban pagando si alguien encontraba unos restos. Eso es lo que nosotros pensamos a veces: si ya lo habían desenterrado, si ya lo habían recogido”,, cuenta María.
Las mujeres son las encargadas de la búsqueda. En conjunto, deciden qué van a hacer para encontrar a la persona desaparecida. “Pero mi tía dice que eso está en el corazón —susurra María— y ella siente que está muerto. Que ella es la mamá y sabe que está muerto”. La mamá aún tiene su ropa en la casa, a pesar de los reproches espirituales. Y aunque siente que está muerto, no ha podido enterrarlo, ni velarlo.
En la sociedad Wayuu, la muerte es un acto profundamente sagrado. Acompañar el cuerpo, velarlo con dignidad, guiarlo bien hacia Jepirra —el paraíso ancestral— es lo más importante de los rituales de entierro. Es común escuchar que para el Wayuu lo más importante es su velorio y que incluso todo lo que trabaja durante su vida es para este ritual. Por eso cuando alguien se pierde, o es desaparecido, el mundo se desordena.
“¿Por qué? Porque con el primer entierro cerramos el primer ciclo de vida. Y con el segundo ya el alma se desprende y pasa a su estado natural. Entonces tiene tranquilidad el difunto y tenemos nosotros tranquilidad como familia. Pero cuando una persona desaparece, queda ese vacío”, explica Juan Carlos Parodi Martínez, líder político y defensor de derechos humanos en Maicao.
La sensibilidad, así como la autoridad, tradicionalmente la tiene la mujer. Tanto así, que si una persona tiene una muerte violenta ningún hombre tiene permitido tocar el cuerpo. “La mujer tiene que bañarlo, todo, tiene que agarrarlo. Un hombre no lo puede tocar. Las mujeres somos las que tenemos el valor”, cuenta María. Los hombres, explica, tienen la cabeza muy dispuesta para que se les pegue el mal y les pase lo mismo.
En el segundo entierro quien saca y prepara los huesos también debe ser una mujer: la majayut, o cualquiera que asuma esta importante responsabilidad. Incluso, durante los días que dura el ritual, la majayut no puede dormir y toda su comunidad trabaja para mantenerla despierta.Tampoco debe lavarse la cara, o tener alguna herida. Lo que hay que evitar es que los espíritus se comuniquen con ella a través de los sueños.
Carraipía fue un punto neurálgico tanto para la operación militar del Fcw como para la comisión de múltiples crímenes que dejaron una huella dolorosa e irreparable en su población. Perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en género y otras conductas ilícitas entre 2002 y 2006. Aunque en marzo de 2006 más de 4.000 hombres del Bloque Norte de las Auc se desmovilizaron en El Copey y La Mesa en el Cesar, buena parte del Fcw no dejó las armas; y no tuvieron calma en Carraipía.
Alatie - alatüsu / Cruzar- ya cruzo
Aunque más de la mitad de los municipios de La Guajira tienen frontera con Venezuela, Paraguachón es el paso más conocido. Pero no es el único; en el departamento hay por lo menos 250 trochas que conectan ambos países. Entre las más conocidas están La Cortica, La 80 y La Majayura. Por allí cruzan personas, pero también se mueve el contrabando de armas, gasolina y drogas. Ese es el motor de la violencia y las desapariciones en municipios como Maicao y Uribia.
Maicao es el municipio fronterizo del departamento con más desapariciones forzadas en los últimos 16 años. La Fiscalía reporta 239 casos, pero la gente dice que son muchos más. También hay certeza de que muchos de los desaparecidos que se buscan en Colombia se encuentran realmente inhumados en territorio venezolano, y viceversa. En el cementerio Colombo Árabe de Maicao, por ejemplo, las investigaciones de la Ubpd han orientado la identificación de cuerpos que pertenecen a ciudadanos venezolanos.
Según el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, existen 33 registros de sitios de interés forense localizados en países fronterizos con Colombia. 28 de ellos están en Venezuela, principalmente en Apure (16) y El Zulia (7). Pero hasta la fecha, la Ubpd no ha podido adelantar diligencias directas en territorio extranjero.
Desde 2016, la Fiscalía solo ha tenido un reporte en el que la víctima identificada era Wayuu, una persona de entre 18 y 26 años de Manaure. La Ubpd tampoco tiene una cifra real de personas Wayuu desaparecidas. El grupo satélite para la Alta y Media Guajira tiene registrados unos 14 o 15 casos. El subregistro y la falta de voluntad del Estado hacen que cada día en la comunidad de María se pierda la esperanza de tener una respuesta.
En Wayuunaiki no existe una palabra que traduzca frontera. Lo más cercano son las expresiones alatie o alatüsu, que más que un lugar denotan una acción: cruzar.
Los Wayuu son el pueblo indígena más grande del país; tienen carácter binacional y transfronterizo, y habitan ancestralmente en la península de La Guajira, repartida entre Colombia y Venezuela. No reconocen fronteras políticas y transitan libremente. Pero los desplazamientos masivos provocados por el conflicto obligaron a muchas familias a cruzar hacia Venezuela. Algunas perdieron el contacto físico con sus parientes; otras, también el rastro documental que permitía saber dónde estaban.
Después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el conflicto armado en la frontera ha cambiado, pero no se ha ido. Los desaparecidos de hace 10 o 15 años se acumulan con los desaparecidos de hoy, a manos de bandas criminales, disidencias de las Farc y otros actores armados. El miedo y la autocensura son los mismo.
El 11 de julio, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Maicao, incluyendo su casco urbano (144 barrios en 5 comunas), los corregimientos Carraipía, La Majayura y Paraguachón y los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou. En ella se advierte la presencia y el control de la movilidad por parte del Eln. Así como el riesgo de enfrentamientos con las disidencias de la Segunda Marquetalia y otras estructuras como ‘Los Rafita’ y ‘Los Payasos’. A esto se suma una posible confrontación entre las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) y ‘La Banda del Oso’. Todo está en una pelea continua para controlar rentas ilegales y corredores de frontera.
Del lado de Venezuela la situación es similar. Entre las bandas que han operado está “La Zona”, también llamada “Los Chacones” o “Los Mercenarios”. Un grupo paramilitar aliado presuntamente con la gobernación de Zulia para mantener el control fronterizo. Según reportes de periodistas de frontera, hoy se habla de más de 14 personas muertas y tres personas desaparecidas a manos de este grupo entre 2019 y 2023. El cuerpo de uno de ellos apareció hace pocos meses, después de más de cuatro años de búsqueda, en el sector entre ‘la 80’ y ‘la raya’.
“Esta organización está parcialmente inactiva por la atomización de la banda original debido a sucesivos enfrentamientos con el Eln, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes)”, dice un informe de la asociación Transparencia Venezuela.
Transparencia Venezuela también reporta la presencia del Eln en el suroeste del municipio Guajira, el municipio Mara, el lado fronterizo de los municipios Jesús Enrique Lossada, Rosario y Machiques de Perijá y en los municipios Jesús María Semprún y Catatumbo. Y de las disidencias de las Farc.
Para los Maicaeros esta información no es nueva, y la exigencia sigue siendo la presencia del Estado. “Nosotros queremos un informe serio que nos diga la verdad para ver si estamos o no durmiendo con el enemigo. Es que si nunca se sabe quiénes trajeron a los paramilitares, cuáles son los políticos que hoy tienen a los armados acá, cuáles son los grupos económicos que los financian, quiénes son los involucrados directamente con la violencia que vive en la frontera… ¿Cuándo vamos a salir nosotros de ese problema?”, cuestiona Parodi.
En Carraipía ya no se hace La Yonna
Cuando las familias empezaron a regresar, empujadas por el arraigo y la determinación de los viejos que juraron que solo muertos los sacaban de sus territorios, se dieron cuenta de la pérdida. Las casas estaban invadidas por el monte, pero la ausencia más pesada era la espiritual. En la comunidad de María también desaparecieron muchas costumbres sagradas.
La Yonna, por ejemplo, no es solo una danza: es el lenguaje espiritual del pueblo Wayuu, un legado del viento para honrar la tierra, los sueños y los ancestros. Este ritual sagrado ha sido transmitido oralmente por sabios y sabias, ejecutado en momentos clave de la vida comunitaria: para agradecer por la lluvia y la abundancia, para despedir a los muertos en su camino a Jepirra, para celebrar la salida de una joven de su encierro o para presentar públicamente a nuevos piaches.
“Ellos querían matar a la piache y le dijeron que tenía que irse de aquí. Ellos no gustaban de eso. Si nosotros hiciéramos la Yonna, primero tendríamos que avisarles a ellos o tendríamos que darles la comida a ellos. Siempre pasaba algo, y ahora que volvimos, la verdad es que ya no lo hacemos”, cuenta María. Mientras avanza en el relato, su tono de voz va bajando, como si hablar de esto todavía significara una amenaza.
Hace solo siete meses, en enero de 2026, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla otorgó a la comunidad Wayuu de Carraipía el estatus de sujeto de reparación colectiva. Quedó consignado en una sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, por 117 hechos delictivos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira.
El tribunal reconoció que el Fcw impactó profundamente en el sistema cultural, espiritual y organizativo de la comunidad, causando el desarraigo masivo de los clanes, el abandono forzado de rancherías y cementerios ancestrales (Amaka) y la pérdida del control sobre territorios productivos y espirituales. También rompió con tradiciones como el segundo entierro.
Hoy el Estado colombiano, junto a Mancuso, debe hacer actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad, implementar proyectos para el saneamiento y restitución de territorios colectivos y la restauración de lugares sagrados.
Pero María sabe que el espíritu del que hablaba su abuelo ya no volverá. “Cuando hay un territorio virgen, se mueve algo y en aquel tiempo sí estaba, pero ya ahora no. Esto era muy bonito, el agua corría, los árboles, los animalitos, pero ya eso se acabó”, dice.
Hoy esperan que saquen de su territorio los huesos que no pertenecen a las personas de su comunidad y que encuentren a los desaparecidos. A los que el Estado sí puede buscar.
Porque, al final, nadie le pediría a un Estado que le devuelva un espíritu.
