La arena del mar Pacífico es negra y menuda. Las playas de lugares como Tumaco están llenas de cientos, miles, millones de partículas pequeñas. A simple vista es una masa negra, uniforme. Pero visto bajo el microscopio, cada grano es único: tiene formas, brillos, colores diferentes. Lo mismo pasa con los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas. Frente a los ojos inexpertos, los huesos son casi lo mismo en todos los cuerpos, pero para un investigador, una fractura, una particularidad en sus dientes o cualquier rasgo pequeño puede marcar la diferencia entre el Nomen Nescio (nombre desconocido o NN) y recuperar un nombre, una identidad, una familia. Los cuerpos, como la arena, hablan. Solo hay que parar, hacer silencio, escuchar.
Aunque para saber qué dicen, primero, hay que llegar a ellos, una tarea nada sencilla, y a veces, aunque cueste decirlo, imposible. Eso lo saben las personas y organizaciones buscadoras en la zona de frontera de Colombia con Ecuador, en el departamento de Nariño. Una franja extensa y marcada durante décadas por las complejidades de las violencias y del conflicto armado, en la que las montañas, los ríos y el mar, se convirtieron en espacios de ocultamiento.
Guillermo* tiene una presencia tranquila. Sus palabras son claras, certeras. Sobre su pecho carga varias cadenas con imágenes religiosas, resguardando un corazón que es fuerte, aunque por momentos se nubla de tristeza. Guillermo es, tal vez, una de las pocas personas que en este país han contado con la suerte de regresar de la desaparición.
Su vida cambió hace algunos años. Mientras caminaba por una calle de Tumaco, un carro lo alcanzó y una persona lo subió por la fuerza al vehículo. Lo sometieron durante varias horas, mientras a toda velocidad salían del municipio. Un mensaje amenazante que recibió su esposa en el mismo momento del rapto fue el único rastro que se tuvo durante mucho tiempo.
Guillermo fue trasladado a un sitio en zona rural, custodiado por hombres uniformados y armados. Sin ninguna explicación, fue sometido a trabajos forzosos para sostener las labores cotidianas del grupo: lavar uniformes y ollas, limpiar las botas de los combatientes. Fue doblegado a través del miedo, en condiciones crueles e inhumanas. Nunca recibió de sus captores ninguna palabra que le diera pistas de por qué lo tenían allí. Solo recuerda las burlas constantes por su labor como defensor de derechos humanos.
Fue obligado a permanecer en ese lugar, viendo pasar día tras día en automático, a la espera de que llegara su muerte. Pero cada mañana se despertaba en el mismo cuarto pequeño y oscuro. Por su propia cuenta descubrió que no se encontraba en territorio colombiano. En varias ocasiones llegaron personas armadas con otro acento; usaban palabras desconocidas que, después, descubriría, eran ecuatorianas.
La historia de Guillermo permite entender una de las particularidades de la desaparición en Nariño: la frontera también puede borrar el rastro de quienes siguen vivos.
Seis municipios de Nariño se encuentran sobre esta zona limítrofe, que abarca aproximadamente 294 kilómetros desde el municipio de Ipiales, pasando por Aldana, Cuaspud, Cumbal, Ricaurte, hasta llegar a Tumaco. Mientras que del lado ecuatoriano se encuentran tres municipios o cantones: Sucumbíos, Tulcán y San Lorenzo. Una zona que inicia desde los nevados, pasando por los páramos y bosques, hasta llegar al mar; tan diversa como compleja. Allí, miles de personas esperan en las montañas, cementerios y cuerpos de agua a ser encontradas.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), en los municipios colombianos de la zona limítrofe nariñense hay 1457 personas cuyo paradero se desconoce, según registros entre 2000 y 2016. El 82 por ciento fue reportado en Tumaco, que no solo concentra la mayor cantidad de casos de la zona de frontera, sino de todo el departamento.
En este municipio, la desaparición ha hecho parte del repertorio de violencia de actores armados de todo tipo, que no son pocos. Según la Fundación Ideas para la Paz, Tumaco estuvo marcado por tres momentos. El primero, después de 1999, cuando los cultivos de coca se concentraron en Nariño. El segundo ocurrió en el mismo año, con la llegada al municipio de los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, para disputar la zona con las Farc, que hicieron presencia hasta 2005; y el tercero, a partir de 2009, con el Plan Renacer de las Farc, con el que este grupo armado fortaleció economías ilícitas como el narcotráfico y generó alianzas con bandas criminales.
Sin embargo, como afirma Sara*, defensora de derechos humanos de Nariño, entre finales de los 90 y el 2005 se presentan los picos más altos de casos de desaparición, lo que coincide con la presencia de los paramilitares. Este grupo recurrió con frecuencia a la desaparición como estrategia de guerra. Así lo documentó la Comisión de la Verdad, que registró 12.768 víctimas de este delito entre 1985 y 2016 en el país. De ellas, el 52 por ciento fue atribuido a grupos paramilitares, lo que los convirtió, durante el periodo analizado por la Comisión, en el actor armado que más utilizó la desaparición de personas como mecanismo de sometimiento de las comunidades.
La presencia de actores, las disputas territoriales y las economías ilícitas determinan en gran medida la desaparición en Tumaco. Como lo dice Dora Ligia Vargas, investigadora del equipo Pacífico Nariñense de la Ubpd, sede territorial Tumaco, “esa temporalidad del conflicto también marca un poco la comprensión de la dinámica de la desaparición, como también los desafíos para la búsqueda”. A estas formas de la violencia se suman las lógicas de un lugar de frontera, que han determinado una movilidad propia de estas zonas.
Además, en la vida cotidiana de la frontera entre Tumaco, Colombia, y la provincia de Esmeraldas, Ecuador, las economías legales conviven con las ilegales. Sara* cuenta que en esta zona también operan actividades como el contrabando, el ingreso de armas a Colombia y las rutas del narcotráfico, utilizadas para sacar pasta base por el océano Pacífico hacia los lugares donde se procesa para la elaboración de cocaína.
Es una frontera de tierra, de mar y de ríos, bastante convulsionada, en la que persisten los grupos armados. La Defensoría del Pueblo, en un informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013-25, advirtió un escenario de alto riesgo “asociado a la intensa presencia de actores armados, el control de corredores estratégicos fluviales, marítimos y fronterizos, y la expansión de economías ilegales en el Pacífico nariñense”. En este municipio, según Leonardo González, director de Indepaz, hace presencia la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo que surge de la reconfiguración de las estructuras de Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
Aunque este grupo armado tiene amplia presencia y control, González afirma que la violencia persiste en esta zona del Pacífico, pero bajo formas diferentes: “mientras los asesinatos han disminuido en comparación con los años de confrontación abierta entre grupos armados, las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica cada vez más frecuente para controlar a la población y resolver conflictos”.
La recepción permanente en Tumaco de personas, principalmente ecuatorianas y de otros lugares del país, determina unas particularidades de la búsqueda en este territorio. La Ubpd ha recibido solicitudes no solo de personas tumaqueñas: “Regiones como el Putumayo, el Caquetá, la zona andina, del Cauca. Acá no buscamos solo desaparecidos de este territorio, sino que buscamos desaparecidos de otros departamentos y de otros municipios de Nariño”, señala la investigadora Dora Vargas.
Existe un factor que determina un riesgo en esta zona de frontera y es el hecho de ser un ciudadano extranjero cruzando por un territorio con presencia de grupos armados, como lo dice Vargas, “para las personas de otros países que cruzan la frontera hacia Colombia, un elemento que podría generar riesgo de desaparición es la estigmatización o los señalamientos: ¿qué hace esta persona de otro país en este territorio?, ¿qué estará haciendo?, ¿por qué está aquí siendo ecuatoriano?”.
Mientras su familia lo buscaba en Colombia, Guillermo permanecía cautivo al otro lado de la frontera. Nadie de su entorno sabía dónde estaba y él mismo tardó en comprender que había sido llevado fuera del país. Esa incertidumbre resume uno de los mayores desafíos de la búsqueda en una zona donde las dinámicas del conflicto y la movilidad transfronteriza pueden borrar rápidamente el rastro de una persona.
Cada historia de desaparición es muy diferente: ecuatorianos que iban de paso, colombianos que trataban de llegar a Ecuador, pescadores que salieron un día a trabajar y no regresaron, personas que los grupos armados se llevaron de sus casas, otros que llegaron a trabajar en los cultivos de coca o en otras formas de economías ilegales, y hasta vinculados a estructuras armadas que murieron en combate y de quienes no se conoce el destino de sus cuerpos. Y detrás de muchos de estos nombres, hay familias que todavía esperan respuestas.
Cantar lo que no se puede decir
Carmelina Valencia recuerda a Javier como el mejor de los hijos. Un buen amigo, un joven cuidador, amoroso, que estaba siempre dispuesto a ayudar. Así lo describieron muchas personas después de su desaparición, cuando Carmelina comenzó a buscarlo: —Yo decía, "Sí, ese es mi hijo", porque yo sabía que era así, que era él a quien estaban describiendo—.
Carmelina lo tiene presente en su memoria: su gusto por los camarones, lo inquieto que es, las veces que tuvo que ir a buscarlo por estar a deshoras en la calle y el amor con el que él recibía sus reclamos. Lo evoca inquieto, amoroso, vivo. Y, sin darse cuenta, también se está describiendo a sí misma:
—Yo ando lista para lo que me toque —dice entre risas—. Si me toca meterme al agua, me meto; si me toca quedarme, me quedo; si me toca andar en la marcha, ando… ¡No, yo soy muy loquita!
En su énfasis queda la certeza de que es incansable, de que conserva la energía que la ha movido durante más de una década para buscar a su hijo.
Javier David Riascos Valencia desapareció en Tumaco el 15 de septiembre de 2015. Tenía 16 años y una energía inagotable, como la de su madre; trabajaba en la empresa de agua del municipio y en sus ratos libres era mototaxista. Su desaparición ocurrió en la mañana; salió de casa en su motocicleta y su rastro se perdió. Desde ese momento Carmelina comenzó a reconstruir sus pasos, a preguntar, a buscar. Así supo que su hijo estuvo en una zona conocida como el puente del medio, que un grupo armado lo retuvo durante varias horas en un lugar de la zona urbana y luego se lo llevaron. Por esos mismos días le contaron que su retención había sido un error, le regresaron la moto de Javier y prometieron que lo dejarían libre y regresaría a casa, pero hasta hoy lo sigue esperando.
Casi 11 años han pasado desde ese día, pero Carmelina tiene la certeza de que su hijo está vivo y ella lo espera ansiosa, pero con la paciencia de quien ha rumiado su recuerdo durante todo este tiempo: —Hay momentos en que siento caer, pero como que siento una luz que me dice: "¿Por qué caes? Tu hijo está vivo”. Y vuelvo y digo: "No, él está vivo"— lo dice con seguridad, pero al mismo tiempo evoca la promesa que se ha hecho de tatuarse el rostro de Javier en un brazo el día que acepte su ausencia.
Este proceso, que para ella inició en solitario, rápidamente se convirtió en una búsqueda colectiva. Carmelina participó en la creación de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Luz de Esperanza, con quienes creó un grupo de cantoras:
—Nosotros cantamos para eso, para visibilizar, para mostrar, para contar. Para decir aquí estamos. Haciendo incidencia, resistencia, todo lo que se está viviendo dentro de todo este conflicto que, pues, es difícil uno olvidar, pero es una manera de mitigar.
Este espacio no solo ha servido para que las buscadoras hablen de su dolor, sino también para llegar a territorios con presencia de actores armados y continuar allí su búsqueda:
—No podíamos entrar. Entonces, ¿cómo teníamos que entrar nosotros? Con nuestra voz. Buscando, diciendo, hablando, cantando.
“Aquí hemos aprendido a cantar lo que no se puede decir”. Sara*, defensora de derechos humanos, recuerda esta frase que alguna vez escuchó en un evento musical y sabe que describe muy bien a Tumaco, porque en un territorio en el que el conflicto está vivo, con actores armados presentes, hay miedo y hay silenciamiento. En medio de un contexto tan complejo, transformar las denuncias en música es una estrategia para proteger la vida, tanto como lo es, en ocasiones, no decir nada.
Luis Parodi hace parte de la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Pacífico Colombiano (Afadepac) creada en Tumaco; también es buscador. Su hijo Jhony desapareció en el 2010 en el municipio de Argelia, Cauca, cuando tenía 24 años. Aunque tiene información del lugar en el que está su cuerpo, todavía no lo recupera. Pero sigue en la lucha. La misma que le ha enseñado a enfrentarse a los temores que genera este proceso, a los propios y a los de otras personas.
—Hay muchas cosas de las que a veces la gente no habla porque dice: “Yo tengo que protegerme, esto tiene que ser confidencial, porque yo me pongo a hablar y a decir, a mí también me buscan y me dan”. Entonces, no hablan por eso, porque les da miedo. Hay mucha gente que no pone denuncia.
Esta situación es recurrente en los territorios donde las desapariciones son cometidas por actores que mantienen presencia y control sobre las comunidades. Ante el temor de sufrir represalias, muchas familias optan por guardar silencio y no denunciar la desaparición de sus seres queridos.
Esto genera retos para las organizaciones buscadoras, para la justicia y para entidades como la Ubpd. Generar confianza es parte fundamental del proceso para recibir solicitudes de búsqueda, pero también para encontrar información sobre los casos. El contexto de violencias y geográfico se convierte en barreras que todavía hace falta superar, como lo dice la investigadora Dora Vargas: “Tumaco es un municipio geográficamente amplio; a las familias de las zonas rurales, donde hay mayor riesgo de desapariciones, se les dificulta llegar a la zona urbana para solicitar la atención de las entidades. Tienen temor de presentar solicitudes de búsqueda, declaraciones o denuncias, o también porque no saben que estas entidades existen”.
Con este análisis coincide Leonardo González, director de Indepaz: “En consecuencia, buena parte de estos casos permanecen en el silencio, en conversaciones privadas o en relatos que circulan dentro de las comunidades, pero que nunca llegan a convertirse en denuncias formales”, se lee en un artículo. Por eso, agrega que también hay que mirar las formas menos visibles de la violencia, que muchas veces quedan opacadas por crímenes como los asesinatos o los desplazamientos.
La búsqueda desafía la frontera
—“Por mar, por río y esteros, también en los manglares”— sentencia María P., una mujer buscadora de Afadepac, y lo repite como un mantra que decenas de veces han pronunciado las familias de Tumaco. Sus palabras son un recuerdo de la complejidad geográfica de este municipio extenso, rodeado de cuerpos de agua que fueron el destino final de muchas personas. En el territorio muchos saben esto.
Por eso Luis Parodi dice que la búsqueda se hace por todos lados: “No es aquí no más. Tienen que buscar hasta en los manglares. Allá hay bastantes muertos”. Entidades como la Ubpd son conscientes de esta particularidad y de lo que esto significa para su tarea: “buscar en manglar, buscar en el mar, buscar en río, buscar a campo abierto, buscar en las playas”, dice la investigadora Dora Vargas. Y agrega una verdad que cuesta aceptar: “Muchos cuerpos no van a ser encontrados, ni siquiera vamos a poder determinar si fueron arrojados a un cuerpo de agua o no”.
A esto se le suman las características climáticas de la zona. Sara dice que, al ser Tumaco un lugar con alto grado de pluviosidad, la búsqueda se complica y se convierte en una carrera contra el tiempo, porque la descomposición de los cuerpos dispuestos en tierra y en agua se da mucho más rápido que en otras zonas del país. La explicación de Vargas va en la misma dirección: con el paso del tiempo, los huesos pueden deteriorarse y hacer más difícil la identificación de los cuerpos y la toma de las muestras necesarias.
De ahí la importancia del trabajo de las familias, sus organizaciones y entidades como la Unidad de Búsqueda para encontrar los cuerpos, identificarlos y devolverlos a sus familiares. La Ubpd, explica Vargas, parte siempre de una premisa: la persona desaparecida puede estar viva. Para establecer qué ocurrió, realiza una investigación humanitaria y extrajudicial.
La Ubpd cuenta con un plan regional de búsqueda para el Pacífico nariñense, una herramienta que abarca un total de 12 municipios. Y es así como se han identificado 143 sitios de interés forense y 15 cementerios. En Tumaco se concentra la mayor cantidad, con un total de 86. Siete de ellos son camposantos. En todos estos lugares hay personas desaparecidas cuyos restos están a la espera de ser exhumados e identificados.
Por eso, Dora Vargas señala que uno de los retos de la Unidad de Búsqueda ha sido mapear los sitios de interés forense en Colombia y Ecuador, dadas las dinámicas de desaparición en Tumaco, dado que es probable que los cuerpos de ciudadanos ecuatorianos y colombianos hayan sido dispuestos en el país vecino. La Ubpd informó a Consonante y Vorágine que ha identificado cinco de estos espacios al otro lado de la frontera, en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos.
De la misma manera, “la Ubpd ha identificado al menos cinco sitios de interés forense en territorio colombiano que albergarían los restos de cinco ciudadanos ecuatorianos desaparecidos por causas relacionadas con el conflicto armado interno. Esta situación demanda una coordinación binacional efectiva que permita asegurar el vínculo con sus familias, la recolección de perfiles genéticos de referencia y los procesos de identificación, repatriación y entrega digna de los cuerpos”, señala la entidad.
También ha documentado 91 casos en la zona de frontera de Nariño, así lo explica la investigadora Lucy Guama. De esos, 82 desapariciones ocurrieron del lado colombiano y 9 del ecuatoriano. No solo se busca a ciudadanos de ambos países, se han recibido solicitudes de dos personas peruanas y un colombo-canadiense.
Además de los sitios a campo abierto, la Ubpd también busca en cementerios municipales y veredales, donde fueron enterrados restos sin identificar. La investigadora Guama pone como ejemplo el de Ipiales, otro municipio fronterizo con Ecuador. Se presume que allí hay entre 160 y 170 casos. “El reto es ahora buscar dentro del mismo lugar donde están. Porque muchos de estos cuerpos se depositaron en tierra y sobre eso ya se construyó, o no hay un registro de cuándo llegaron, o el registro ya se perdió o se movieron porque necesitaban el espacio”, dice Guama.
El coordinador territorial de la Ubpd en Nariño, Óscar Iván Ordóñez, señala que en Ecuador hay dos cementerios de especial interés para la Unidad: los de San Lorenzo y Lago Agrio. “Muy seguramente allí están algunas de las personas que estamos buscando en Nariño y Putumayo. Están inhumadas en el cementerio al otro lado”, dice.
En estos lugares puede haber tanto civiles como combatientes de grupos armados ilegales. Es el caso del cementerio de Quito, donde fueron inhumados 22 miembros de las Farc que murieron durante la Operación Fénix, ejecutada en 2008 por el Ejército y la Policía de Colombia contra el campamento donde se encontraba alias Raúl Reyes. La Fiscalía General de la Nación informó, en respuesta a un derecho de petición, que uno de ellos fue identificado, mientras los demás continúan en análisis y permanecen allí.
Saber dónde están los cuerpos es apenas el comienzo de un proceso largo y complejo. Cuando uno aparece en territorio colombiano, después de la exhumación viene una etapa difícil: determinar quién era y encontrar a sus familiares. Ordóñez explica que, por ahora, Colombia no puede consultar los sistemas de información de los países vecinos, en este caso Ecuador. “Queda como un cuerpo no identificado y con pocas probabilidades de avanzar”, afirma.
La Ubpd conoce algunos sitios en Ecuador donde podrían estar cuerpos de colombianos, pero para exhumarlos y trasladarlos al país se necesita un acuerdo entre ambos gobiernos. Por ahora, ese mecanismo no existe. La Unidad solo ha podido adelantar acciones puntuales en cantones ecuatorianos mediante gestiones con autoridades locales.
Todavía está pendiente un acuerdo entre Colombia y Ecuador para abordar la desaparición en la frontera. Óscar Ordóñez considera que podría servir para prevenir nuevos hechos mediante un mecanismo de búsqueda urgente que funcione entre ambos países. También propone que Medicina Legal Colombia y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador coordinen procedimientos como la toma de huellas y muestras biológicas, que luego puedan cotejarse con las de los familiares.
Otra de sus propuestas es crear un registro conjunto con información sobre quiénes son buscados, las circunstancias en que desaparecieron y cuándo ocurrieron los hechos. Colombia ya cuenta con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), pero en Ecuador, según Ordóñez, no existe una herramienta equivalente. Hay esfuerzos todavía incipientes para registrar y tipificar este delito, pero la falta de una base de datos dificulta saber quiénes son las personas que se buscan.
La defensora de derechos humanos Sara* propone crear una fiscalía especializada que trabaje entre Colombia y Ecuador. La idea, dice, es que la búsqueda no se limite a identificar cuerpos, sino que también permita encontrar a quienes siguen con vida al otro lado de la frontera y no pueden contactar a sus familias. Entre ellos están habitantes de calle y privados de la libertad en cárceles ecuatorianas. Sara recuerda que hace poco llegaron a Tumaco unos colombianos a los que se creía desaparecidos y que habían estado detenidos en Ecuador sin poderse comunicar con sus familias.
La historia de Guillermo muestra esa otra dimensión de la desaparición transfronteriza. Nueve meses después de que se lo llevaran, sus captores le dieron tres monedas de un dólar y le pidieron que se fuera de ese sitio lo más rápido posible, que no mirara atrás. Él, en automático, obedeció la orden, caminó varias horas por una trocha y luego tomó un carro que pagó con la plata. Un tiempo después terminó en la frontera de Ecuador con Colombia.
Vivir como acto de resistencia
Guillermo sobrevivió. Pero regresar no significó que la desaparición terminara. El cautiverio dejó preguntas, miedo y heridas que todavía atraviesan su vida y la de su familia.
En cautiverio la oración fue su motor, y eso le regresó el sentido a su vida. Cuando había perdido todas las esperanzas, recibió la visita de un pequeño pájaro de color amarillo y azul, no sabe de qué especie era, pero está seguro de que que fue el medio que lo conectó con su espiritualidad, a esto se aferró todos los días para soportar jornadas extenuantes con un deterioro físico y mental que cada día se hacía más profundo.
—¿Qué hice yo para tener ese sufrimiento tan tan largo y tan prolongado? —La pregunta ronda la cabeza de Guillermo de manera constante. Varios años después, no entiende las razones, no las conoce, pero el “por qué” está siempre presente, una búsqueda de sentido constante para entender las razones de esta desaparición.
Si bien Guillermo tuvo la posibilidad de regresar con su familia, tiene una herida abierta por la crueldad a la que fue sometido durante tanto tiempo; herida que está transitando, repasando todos los días y enunciando para poder sanar. Su esposa y sus hijos también se enfrentan a lo mismo. Durante el tiempo que estuvo desaparecido, no hubo ninguna pista para saber si estaba vivo o en dónde se encontraba. Hicieron las denuncias respectivas ante las autoridades. Lo buscaron sin éxito. La angustia terminó ese día, cuando llegó por cuenta propia a pedir ayuda a la Policía colombiana en la frontera. Después quedó el miedo, que a ratos se calma, pero nunca desaparece.
La búsqueda, las preguntas, el pensar todos los días en esa persona ausente son un “luto en vida”. Así lo llama Rocío Granja, fundadora de la Asociación de Desarrollo Integral para Víctimas Regional Nariño (Adiv). Ella lleva ese duelo desde que busca a su esposo, hace 34 años.
Un día de 1992 salió de su casa en El Patía, Cauca, y no regresó. Ella se quedó sola, con una hija de cinco años que hasta hoy continúa esperando a su papá:
—Nuestras casas siguen revestidas de esas incógnitas —dice Granja—. Aun así, defiende con convicción la necesidad de buscar a las personas dadas por desaparecidas, como un derecho de ellas y de sus familias.
“Yo pienso que todos estos años de sufrimiento, pero también de lucha, nos han enseñado a decir que nunca es tarde. El conflicto armado nos causó mucho dolor, pero también nos fortaleció para seguir adelante, no dejarnos vencer”, reflexiona Rocío sobre estos años en los que, como ella misma reconoce, la memoria necia le recuerda todo el tiempo lo que ha pasado.
Ese camino tampoco ha sido sencillo. Además del dolor de la ausencia y del peso de la búsqueda, durante años las familias se enfrentaron a un marco legal que no reconocía la desaparición forzada como delito. En Colombia, solo hasta el año 2000 fue incluida en el Código Penal. “Antes, los casos denunciados eran considerados como secuestros u otros delitos”, señala la Comisión de la Verdad. El cambio fue posible gracias al trabajo de organizaciones de familiares de víctimas.
Esto quiere decir que solo hasta hace 26 años se nombró la desaparición, pese a que ha sido un delito perpetrado de manera sistemática por diversos actores generadores de violencia.
La búsqueda requiere tiempo y paciencia, una tarea que las familias y organizaciones han sostenido durante años y que ahora también acompaña la Ubpd. “Construir la hipótesis de identidad de un cuerpo no identificado no se logra en una semana o en un mes. Ese es el otro reto. Implica meses, solo de un cuerpo”, dice Dora Vargas. Mientras tanto, cientos de familias en la zona de frontera siguen esperando respuestas.
Guillermo regresó con vida. Carmelina continúa esperando a Javier; y Rocío lleva décadas intentando dar con su esposo. Sus historias muestran que la desaparición no termina en el momento en que se pierde un rastro: permanece en quienes sobreviven, en quienes buscan y en quienes esperan.
“Como sociedad nos faltan, como familia nos faltan y deben ser buscados”. La frase de Rocío Granja está cargada de una verdad innegable para las buscadoras. Hay familias para quienes la vida quedó suspendida desde que su ser amado salió de casa y no volvió. Pero la espera también habita en el silencio de los cementerios, en las fosas a campo abierto o en instalaciones del Estado, donde muchos cuerpos esperan ser identificados, porque todos tienen una historia, una ciudadanía, un nombre y una identidad.
