“Persisten los nexos entre la Policía y los grupos armados ilegales en el Chocó”

Los políticos en el Chocó nuevamente se han convertido en objetivo de grupos armados, advierte la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Los casos más recientes son el de Marinela Palomero, exalcaldesa de Bagadó, quien recibió amenazas del ELN y Gonzalo Copete, presidente de la Asamblea Departamental, quien recibió un panfleto extorsivo de la banda Los Mexicanos. Ambos hechos, que se presentaron entre marzo y abril de este año, son una alerta sobre el aumento de la violencia político electoral en el departamento, que podría incrementarse en la medida en que se acerquen las elecciones de autoridades locales el 29 de octubre, según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Desde que inició el periodo electoral en octubre de 2022, la Fundación Pares ha documentado  los casos de violencia político electoral que se registran en el país. A través del registro en medios de comunicación y entrevistas en el Chocó, han logrado establecer los actores detrás de las amenazas, la reorganización territorial de los grupos armados y las disputas que se están presentando. Daniela Garzón, investigadora de Pares y quien estuvo a cargo del informe publicado el 2 de mayo, advierte que estos casos de amenazas y hostigamientos contra políticos en el marco de las elecciones no van a reducirse si persisten los nexos entre la Policía y los grupos armados ilegales en el departamento. 

Consonante habló con Daniela Garzón para conocer el panorama en el Chocó, cuáles son las alertas a cinco meses de las elecciones locales y qué acciones debería adoptar el Gobierno nacional para reducir la violencia político electoral. 

Consonante: En el informe ustedes alertan sobre el aumento de la violencia político electoral en el país. ¿Cuáles fueron los hallazgos?

Daniela Garzón: En este ejercicio hemos tratado de ver si hay sistematicidad contra algunos grupos políticos. No lo hemos identificado pero sí hay mayor victimización de la gente que está relacionada con el Pacto Histórico y partidos como Comunes y el MAIS. En el caso de Comunes identificamos dos asesinatos. También, encontramos que el Chocó y La Guajira presentaron victimizaciones que no aparecían en el primer informe que publicamos en los primeros días de marzo. 

El pico de violencia de marzo nos parece preocupante porque, si bien hay un panfleto que suma muchas víctimas, contamos 25 hechos de violencia político electoral. Esto nos preocupa porque se suma a las alertas que otras organizaciones como Human Right Watch e Indepaz han hecho del aumento de la violencia contra líderes sociales y políticos. 

C: ¿A qué se debe que el Chocó esta vez sí aparezca en el mapa de la violencia político electoral?

DG: Particularmente en el Chocó destacamos las amenazas constantes de la banda Los Mexicanos contra los diputados de la Asamblea del Chocó. Este ha sido el principal agente perpetrador en el Chocó a pesar de que en el departamento hay una fuerte presencia del ELN y del Clan del Golfo. Pero las amenazas de tipo político han venido de esa banda, que opera principalmente en Quibdó. No sabemos por qué no habían amenazado antes pero en este nuevo informe se identificó su aparición. 

C: Ustedes registran dos amenazas en el Chocó. ¿Estos casos en qué municipios se registraron y qué actores estuvieron detrás?

DG: Tenemos reportada una amenaza que habría hecho el ELN en Bagadó a una exalcaldesa que se llama Marinela Palomero. Este hecho se presentó el 17 de abril de este año. El otro caso que tengo reportado es un panfleto extorsivo que recibió el presidente de la Asamblea Departamental por parte de la banda Los Mexicanos. La mayoría de los casos que reportamos el año pasado en campaña, provinieron del departamento de Chocó y estuvieron relacionados con Los Mexicanos y la Asamblea Departamental del Chocó.  

Las amenazas pasadas no eran extorsivas e involucraron a varios diputados. A los días tuvo como consecuencia atentados que hicieron contra las casas de los diputados o con las casas de los papás. En este nuevo caso le estaban pidiendo una suma alta de dinero al señor. Esta banda ha sido reconocida por ser la que controla principalmente las extorsiones. 

C: Si hoy hiciéramos un mapa de la violencia político electoral identificando a los grupos armados en el Chocó e incluyendo esta nueva banda. ¿Cómo ha sido la reacomodación territorial?

DG: Está el ELN como un actor que copó los espacios que habían dejado las FARC, que había tenido una presencia tradicional y que hoy aparece con esta amenaza a la exalcaldesa, aunque no es frecuente que el ELN tenga que ver con violencia política electoral. Ellos están básicamente en el sur del departamento, tienen alguna presencia en Quibdó y ha habido rumores de que trabajan de la mano con Los Mexicanos. El discurso de la gente en Quibdó es que la presencia de esta banda es la que ha frenado la entrada del Clan del Golfo a la capital. 

Chocó ha tenido casos emblemáticos como los secuestros de ambos hermanos del clan Sánchez Montes de Oca. Ahorita Patrocinio (Sánchez) está en plena campaña a la Gobernación. Otro fue el caso de un alcalde, quien murió en cautiverio y que dijeron que la guerrilla lo había dejado morir. Ambos casos los llaman “secuestros ejemplarizantes” porque son personas que están vinculadas con corrupción en el departamento. Eso en el Chocó ha influido en la violencia político electoral porque se ha identificado como un departamento en el que la corrupción es grande y grupos armados como el ELN lo han utilizado para efectuar ese tipo de delitos asociados a castigar a los corruptos. 

Los Mexicanos aparecen con el mismo discurso en contra de la corrupción que hemos visto en la violencia política electoral en el departamento. Sin embargo, esta banda está particularmente dedicada a la extorsión. Es el delito más preponderante que cometen y de hecho las extorsiones se concentran en Quibdó pero no pasa el mismo escenario extorsivo en otros municipios del departamento. También están Los Zetas y Los Locos, pero la banda más grande es Los Mexicanos.

A pesar de que el Clan del Golfo ha logrado una preponderancia en el San Juan*, en lo que se conoce como el Alto, Medio y Bajo Baudó, desde ahí está tratando dominar el departamento, casi nunca está asociado a violencia política electoral. De hecho, en el departamento no hemos encontrado una sola amenaza que provenga del Clan del Golfo y que podamos relacionar como violencia política electoral. Tampoco están asociados a casos de extorsión. 

*El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha reseñado la disputa en el San Juan entre el ELN y el Clan del Golfo. En su último informe sobre grupos armados, publicado en noviembre de 2022, se aseguraba que: “en las regiones del Baudó y San Juan, donde se vive una de las crisis humanitarias más dramáticas del país como efecto de las confrontaciones entre las AGC y el ELN”. Las declaraciones de Daniela Garzón son una actualización de ese panorama reseñado por Consonante previamente.

C: Sobre los clanes políticos en el Chocó. ¿Cuáles están activos actualmente y cuáles entran en el mapa de la violencia político electoral?

DG: No me atrevería a hablar de las disputas porque hasta donde sé, salvo la condena de Odín Sánchez por sus vínculos con el proyecto del Darién, no he sabido que haya condenas o investigaciones por vínculos entre estos actores con grupos armados. Actualmente está el clan del Cordobismo, que está tratando de definir un candidato único a la Gobernación. Allí ha habido más temas de corrupción con el caso del congresista Nilton (Córdoba), que ahorita está siendo investigado. El clan Sánchez Montes de Oca tiene una historia de nexos con la parapolítica. El clan Torres lo veo muy disminuido en este momento y es posible que el próximo alcalde de Quibdó salga entre una alianza de conservadores y liberales, y el gobernador sea Patrocinio (Sánchez) porque los liberales están muy divididos. 

C: ¿Cómo afecta a la democracia en el Chocó la violencia político electoral?

DG: Es muy grave porque los dos clanes políticos que manejan el departamento lo van a seguir haciendo por el control que tienen sobre el empleo público. La violencia ha hecho que en el Chocó no pueda haber ningún tipo de desarrollo productivo, básicamente el empleo de todos los niveles depende de los políticos. Las extorsiones del ELN y Los Mexicanos han ahuyentado a la gente. Si hablas con alguien que haya hecho una carrera universitaria lo que quieren es irse del departamento. Ahí me parece que hay una influencia directa no solo de la violencia política electoral sino de las violencias en general.

Las personas ni siquiera pueden caminar libremente en el centro (de Quibdó), mucho menos lo puede hacer en otros municipios donde ni siquiera puede entrar una empresa de salud. Uno habla con la gente de Dispac y dicen: “hicimos un esfuerzo por electrificar ese municipio pero el ELN no nos dejó entrar”. Seguramente esos municipios van a seguir apareciendo en rojo en el informe de riesgo de la MOE por la presencia de estos actores armados, porque a pesar de que deben ponerse mesas de votación, siempre va a haber un constreñimiento directo solo por la presencia de estos actores armados. 

Por otro lado, es preocupante la violencia político electoral contra los miembros de la Asamblea Departamental. No ha habido amenazas contra otros actores como el alcalde de Quibdó. 

C: En el caso de las amenazas extorsivas que recibió el presidente de la Asamblea del Chocó, ¿esa agresión responde a un interés particular de Los Mexicanos o podría corresponder a alianzas con otros grupos armados?

DG: No hay una alianza ahora entre el Clan del Golfo y el ELN. Los Mexicanos siempre han dicho que trabajan de la mano del ELN y en los primeros panfletos aparecían firmados con el logo del ELN también. Eso fue hace cuatro años. El ELN ha negado por medio de comunicados que trabaje con Los Mexicanos. Encontramos denuncias de ciudadanos del común donde también les pedían sumas de dinero. Me atrevería a lanzar la hipótesis que en esta amenaza en particular hay un interés extorsivo y no de afectar directamente el tema político. 

C: En el informe ustedes también dejan claro que en el 69 por ciento de los casos es difícil establecer quién está detrás de las amenazas. ¿Por qué ha habido esta dificultad para identificar los actores?

DG: Hacemos la identificación dependiendo de la información que dan las autoridades a la prensa cuando reportan los casos. No somos autoridad judicial y no tenemos la capacidad investigativa, que a veces ni siquiera tiene la Fiscalía, para averiguar más sobre los agentes perpetradores. Pero una cosa que me parece clara es que muchas veces estos casos se quedan en la impunidad. Nadie averigua qué pasó ni da con los presuntos responsables a menos de que sean funcionarios de alto nivel. A Aida Quilcué le hicieron un atentado y no se ha dado con los responsables, lo mismo que las amenazas contra Francia Márquez. 

Uno de los tradicionales agentes perpetradores de violencia político electoral eran las Águilas Negras, que amenazaban a través de panfletos. En estos últimos informes no los hemos vuelto a identificar. Los panfletos generalmente están firmados pero tampoco podemos entrar a analizar la veracidad de estos porque desbordan nuestra capacidad investigativa. Cumplimos con reportar lo que encontramos. Actualmente, además, vía redes sociales cualquiera puede utilizar un panfleto y un logo y es difícil identificar los autores.

C: ¿La política de la Paz Total y la dificultad de consolidar procesos de cese al fuego con el ELN y las AGC ha repercutido en el aumento de este tipo de violencia en el Chocó?

DG: Cuando analizamos las cifras no pudimos establecer una relación entre violencia política electoral y los diálogos con el ELN. Esto tiene que ver primero porque el actor dominante en el Chocó es el Clan del Golfo y no ha tenido hasta la fecha ninguna relación con violencia político electoral. El Clan del Golfo ha ido arrinconando al ELN. Esta guerrilla ha seguido actuando en el Chocó. Identificamos una amenaza en el Chocó atribuible al ELN hasta el momento. 

Lo que podemos afirmar hasta el momento de manera general es que sí hubo un descenso en el número de casos reportados entre diciembre, enero y febrero. Hubo un descanso. Pero en marzo volvió a aumentar. Lo que tenemos que ver ahorita es si este pico se mantiene. En marzo del año pasado que estábamos en las elecciones de Congreso se presentaron unos picos de violencia con amenazas a las campañas, explosivos cerca de las sedes, etcétera. Siempre que se acercan las elecciones la violencia aumenta y aumenta de manera considerable. Si  me preguntan sobre la influencia directa entre la paz total y la violencia política, yo no la veo.

C: ¿Qué debería hacerse para evitar que aumente la violencia político - electoral en los próximos meses?

DG: Lo primero es que si desde el gobierno se está hablando con estos grupos, debería ponerse sobre la mesa la violencia político electoral. En el tercer ciclo de conversaciones con el ELN, el gobierno debería plantearles la necesidad de que dejen de amenazar a políticos y que dejen hacer las elecciones en paz. Ese sería un buen primer paso. Desde Pares hemos pedido participar en la Comisión de Garantías electorales pero no nos han oído. Con el seguimiento que hemos hecho creemos que podemos dar aportes muy valiosos sobre algunas personas. 

Por ejemplo, a la directora del Partido Verde en el Magdalena y diputada, Rosita Jiménez, la han amenazado tres o cuatro veces. Hay que cuidarla porque las amenazas han sido reiterativas. Si uno consigue identificar a las personas que han sido múltiples veces victimizadas, podría concentrarse en ellas. Por otra parte, en el Chocó hay una cosa particularmente preocupante y son los nexos entre la Policía y los grupos armados, que incluso llevaron a la cárcel a un comandante de la Policía de allá. Si no se hace un esfuerzo serio para limpiar a las instituciones de las personas que tienen vínculos con grupos armados, de nada sirve que se les haga protección. Hemos tenido casos de violencia política electoral en el que las instituciones han tenido relación como el crimen de (Luis Carlos) Galán.

Finalmente, hay que hacer un llamado a la UNP como institución encargada de evaluar los perfiles de las personas y darles protección. Por ejemplo, en el Catatumbo hay casos de personas a quienes les quitan las camionetas del esquema de seguridad, les disparan a sus escoltas y los retienen por varios minutos. Ese es un patrón frecuente. Ni siquiera la protección de la UNP ha sido suficiente y deberían implementarse otras acciones.

C: En el desarrollo de varios reportajes nos hemos encontrado con una actitud negacionista de la Fuerza Pública sobre la presencia de grupos armados en ciertos municipios. ¿Qué hacer frente a esta postura que de alguna manera parece influir en las investigaciones que hacen al respecto?

DG: La entrada de Iván Velázquez al Ministerio, a pesar de que haya tantos problemas en este momento con la definición de la política de Seguridad y Defensa. Lamentablemente competirle a las economías criminales es muy difícil. Aunque el gobierno quiera aumentarles el sueldo a todos los policías del país, no podría competir con las grandes sumas de dinero que puede ofrecerle un cartel de la droga o las AGC para que los ayuden en mantener sus economías criminales en ciertos territorios. Hay que esperar si va a haber un cambio de doctrina, hay que apelar a que la Fuerza Pública entienda que son los guardianes de las instituciones y si ellos no lo hacen, minan la legitimidad del Estado. 

Hay otra cosa que me parece interesante en este gobierno, probablemente lo veremos en los próximos cuatro años, y es qué tanto logran que no haya una enemistad profunda entre la Fuerza Pública y las fuerzas democráticas de izquierda.