“Queremos que nos dejen respirar”, es la consigna de Jazmín Romero Epiayú, activista wayúu conservacionista e integrante del colectivo Guardianas del viento. La frase, además de invocar a Jouktai, el dios del viento y el oxígeno, es una solicitud de tranquilidad para el pueblo wayúu, que hoy está en el epicentro de la transición energética. “Que respiremos, pero entre los mismos wayúu, sin intermediación del gobierno. Este pueblo está tan institucionalizado que ya está desbordado”, agrega.
Jazmin es una de las lideresas que se ha puesto en el medio de la discusión con la llegada de los proyectos energéticos al territorio. Hoy en La Guajira se tienen proyectados 57 proyectos eólicos tanto en la tierra como en el mar, estos tendrían 2833 aerogeneradores y ocuparían 52 mil hectáreas. La mayoría están pensados para construirse en territorio colectivo: en el Resguardo Indígena Ampliado de la Alta y Media Guajira, reconocido legalmente por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), con una extensión total de 1.071.180 hectáreas.
Según datos de Indepaz estos 57 proyectos provienen de 17 casas matrices, es decir, la compañía principal de la que se desprenden otras empresas, originarias de España. Canadá, Francia, Irlanda, Estados Unidos, Italia, Holanda, Portugal, Brasil y Alemania. Por parte de Colombia hay cuatro empresas con 17 posibles parques: EPM, Argos, Colgeólica y Gualica S.A.S.
La transición energética ha sido un tema central en la agenda del Gobierno Petro y en la COP16 que se termina hoy. El Gobierno colombiano llegó a la conferencia con un ambicioso portafolio de inversión de $160 billones para buscar “la protección del medio ambiente y la descarbonización de la economía”. Más de la mitad de esa inversión (81 millones de pesos) serían destinados al proceso de “Transición energética justa”, con un enfoque en la diversificación de la matriz energética hacia fuentes limpias, con proyectos que incluyen comunidades energéticas, movilidad eléctrica, y el desarrollo de infraestructuras para energías renovables como la eólica costa afuera, es decir, en el mar.
Ese no es el único esfuerzo que ha hecho el gobierno. Mientras la COP se estaba dando en Cali, el 24 de octubre, en la Casa de Nariño, el presidente Petro se reunió con Grupo ENEL, la compañía detrás de los parques solares más grandes del país, y confirmó que invertirá dos billones de euros en el marco de la transición energética.
En contraste, varios sectores del pueblo wayúu, académicos y fundaciones de derechos humanos han venido denunciando el atropello a las comunidades indígenas en medio de este proceso que parece acelerarse: “El potencial eólico en este departamento ha sido promovido sin tomar en consideración de manera responsable al pueblo wayúu, lo que por supuesto ha generado conflictos y retrasos o interrupciones indefinidas para la puesta en marcha de los proyectos y de las líneas de transmisión”, explica Joanna Barney, gerente general de Indepaz y directora del área de ambiente, energía y comunidades, en su libro Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayúu.
Un pueblo dividido
“Hoy se están matando los indígenas entre familias y vecinos por un supuesto desarrollo que no es provechoso para ellos”, dicen abiertamente desde el Consejo Superior de Palabreros, una instancia de resolución de conflictos de las autoridades wayuú. De las 57 intenciones de proyectos eólicos mapeados por Indepaz, por lo menos 37 han presentado algún conflicto socioambiental dentro de las comunidades del área de intervención.
Según un informe del encuentro de palabreros con delegados del Ministerio de Minas, que se llevó a cabo en Riohacha del 18 al 22 de octubre, la llegada de los proyectos ha desatado una “guerra por el viento”. “Los indígenas wayúu en estos momentos pasan por el peor momento de las guerras interclaniles y desconocimiento de su akuaipa (valores)– su sistema normativo y de principios culturales– a raíz de esos proyectos, en los cuales utilizan a palabreros y profesionales sociales para que los acompañen, pero para decir o repetir lo que ellos quieren que digan, sin importar que va en contra de sus derechos”, dice Anibal Mercado, director del Consejo.
Aunque los conflictos varían dependiendo del territorio, uno de los problemas que más se repite es el posicionamiento de liderazgos indígenas que no son correspondientes con la tradición. Es decir, las empresas “negocian” con autoridades falsas, o que son reconocidas por instituciones del Estado para otros temas que no están relacionados con la toma de decisiones sobre la intervención del territorio.
Anibal Mercado, director del Consejo Superior de Palabreros.
“Es un problema que viene desde la Constitución del 91, cuando a estas comunidades les empezaron a entregar recursos. Para poder darles esas regalías les pidieron hacer un registro y esos son los líderes tradicionales, los que tienen un documento que los amerita para recibir esas transferencias. Pero el problema empieza cuando el Ministerio cree que es con esas certificaciones que se hacen las consultas previas y guía a las empresas a hacer las consultas de esa manera. Pero esos líderes tradicionales no son líderes ancestrales, que son quienes realmente toman las decisiones”, comenta Joanna Barney.
A esto se suma que los territorios ancestrales son extensos, los líderes ancestrales normalmente no son personas políticas y muchos no hablan español. Además, un solo líder no puede tomar decisiones por otro territorio que no sea el suyo. Esta situación ha desencadenado una ola de conflictos y desarmonías en las que se ven involucradas las autoridades tradicionales y las ancestrales. Una situación que también se agudiza con el retorno de los wayúu que vivían en Venezuela.
Algunos incluso aseguran que en el medio hay malas intenciones de los gobiernos locales: “Nosotros venimos diciendo que todos estos grandes tropiezos y todos estos problemas nacen de una sola línea: de las administraciones municipales, que son quienes de manera irresponsable han venido posicionando autoridades ilegítimas, que no son del territorio y ese es el aval que ellos requieren para poder avanzar en los proyectos”, agrega Mercado.
Otro de los problemas es el proceso de consulta previa. Jazmín Romero Epiayú, asegura que contrario al proceso de consulta, lo que realmente hacen las empresas es comprar las decisiones: “Lo que nosotros encontramos son unos procesos de negociación y esos procesos de negociación los surten a través de prebendas, lo hacen como intercambio de regalar alambres, tanques, tejas o lanchas a cambio de la decisión de una autoridad. Eso no se puede interpretar como un proceso de consentimiento”.
Según una propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo entregada por los wayúu ancestrales impactados por parques eólicos al Ministerio de Minas y Energía el 28 de diciembre de 2022 en el Cabo de la Vela, en muchos casos no se ha hecho una verdadera capacitación de los impactos de los proyectos en el marco de la transición, no recibieron los estudios de impacto ambiental en wayuunaiki (la lengua wayúu), ni se les permitió relacionarlos con expertos. “En algunos casos, las empresas nos desalentaron a recibir asesoría externa y nos recalcaban: “esto es mejor que lo acordemos entre la empresa y la comunidad; las asesorías externas traen retrasos y complican todo”, dice
Adicionalmente, manifiestan no estar de acuerdo con que sean las mismas empresas las encargadas de hacer los estudios de impacto ambiental en las comunidades: “Sabemos, ahora, que esas empresas que deben definir dichos impactos son pagadas por las mismas empresas y nunca dirán el riesgo real que corremos nosotros o nuestro medio ambiente. El estudio de impacto ambiental no debe ser realizado por las empresas. Debe buscarse a entidades independientes, académicas, externas, científicas pagadas por el gobierno”, consigna el documento.
Los procesos de “compensación” por el impacto ambiental también han traído división. “Las compensaciones se dan, según las consultas previas que se conocen, en proyectos productivos, o con la prestación del servicio de agua y otros servicios básicos insatisfechos. En ninguno de los proyectos conocidos por Indepaz se habla de la entrega de dinero en efectivo, pero las comunidades afirman, algunas con pruebas, que las empresas otorgan dinero de manera directa a algunas comunidades para que levanten los paros. Es difícil no percibir que estas situaciones implican una relación delicada entre las comunidades y las empresas, de tal manera que ningún negocio se podría mantener en esa inestabilidad, con el peligro de que también se estigmatice a las comunidades”, explica Barney en su libro Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayúu.
“Lo que nosotros encontramos son unos procesos de negociación y esos procesos de negociación los surten a través de prebendas, lo hacen como intercambio de regalar alambres, tanques, tejas o lanchas a cambio de la decisión de una autoridad. Eso no se puede interpretar como un proceso de consentimiento”
Jazmín Romero Epiayu, lideresa ambiental wayúu.
El impacto ambiental y el daño a Jouktai
Jouktai es el dios del viento y la respiración y es quien da el oxígeno, cuenta Jazmin Romero Epiayú. El viento, además, es sinónimo de abundancia y es un indicador del calendario propio wayúu, cualquier afectación a él implica un desequilibrio de toda la biodiversidad y la vida espiritual. “Sin ese viento ese calendario propio no va a funcionar. La espiritualidad no va a funcionar, porque el viento se comunica con nosotros de distintas formas. La interpretación espiritual es supremamente vital para el equilibrio de una cultura, porque tiene sí o sí una conexión con todo: la tierra, el mar y todas las especies que conviven en nuestro territorio”, asegura la lideresa.
Jazmin, además, dice que hay un impacto diferenciado para las mujeres que no se está teniendo en cuenta: “Es un modelo de política neoliberal, patriarcal. Es un modelo bastante tenso para nosotras, porque en su mayoría las que estamos resistiendo son las voces de las mujeres”.
Otra afectación es el cambio en las rutas de migración de las aves y los murciélagos. “Donde se están construyendo los parques eólicos son, en muchos casos, precisamente en las rutas de migración de los flamencos, por ejemplo. Pero con un licenciamiento ambiental hecho en un par de meses no tienes la suficiente información para saber cuáles son los impactos y que actos de mitigación se deben hacer”, comenta Alejandro Gómez, integrante del grupo Aktion Guajira, un colectivo que trabaja en torno al diálogo por la diversificación productiva de la Guajira.
En el libro de Joanna Barney se identifica, además, la pérdida de flora: “En ninguna de las licencias estudiadas se lee haber contemplado la pérdida de flora a causa de que se ahuyenta la fauna voladora (aves y murciélagos) que la poliniza. Además, ambas entidades (Anla y Corpoguajira), se limitan a sugerir metodologías para evitar la colisión de esta fauna con las antenas y los aerogeneradores”. Esto al final afecta también de manera grave a la ganadería de ovejas y chivos, fuente principal del comercio wayúu y una extensión de su familia no humana.
Además de las afectaciones de estos parques en tierra, los parques offshore o marítimos, generan otros problemas; entre esos, la disminución de la pesca artesanal y afectaciones al turismo: “Una empresa española llamada BlueFloat tenía la intención de poner un parque eólico en nuestra costa, a menos de 3 kilómetros de la orilla, bordeando la zona de pastos marinos. Dicho parque tiene planeada la instalación de 55 torres eólicas de 261 metros de altura cada una. Nosotros como comunidad hicimos el recorrido y comprendimos que el área del parque abarca toda nuestra zona de pesca artesanal. También comprendimos que el paisaje se vería terriblemente afectado pues ese tamaño de torres en, prácticamente, nuestras playas afectaría el turismo que viene en búsqueda de nuestros originarios paisajes”, resalta el documento entregado por las autoridades ancestrales para el PND.
¿Y la verdadera transición energética justa?
Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el gobierno prometió una “transición energética acelerada”, que aunque preocupa a varios sectores, va todavía a paso lento. Según un estudio de Ser Colombia, Asociación Energías Renovables publicado en 2023, solamente se ha avanzado un 35 por ciento de los 78 proyectos solares y dos eólicos que debían entrar en operación entre el 2023 y 2024. El otro 65 por ciento tiene retrasos por trámites pendientes ante distintas autoridades o han enfrentado conflictos socioambientales, especialmente en La Guajira.
En medio de este panorama una de las propuestas más sonadas del gobierno fue la de convertir a las comunidades indígenas en “co-administradores” de estos parques eólicos. Sin embargo, la figura no está clara y no se sabe cuál es la verdadera ganancia para los wayúu. “De co-administrador no se puede hablar, sería co-propietaria. Porque si a usted le van a usar una parte de su territorio y no le están reconociendo ningún derecho, y no le están protegiendo su diversidad cultural, pues entonces eso va mal, pero si se hacen con los protocolos establecidos y como se ha recomendado, pues ya las cosas cambiarían”, propone Aníbal Mercado.
“De co-administrador no se puede hablar, sería co-propietaria. Porque si a usted le van a usar una parte de su territorio y no le están reconociendo ningún derecho, y no le están protegiendo su diversidad cultural, pues entonces eso va mal, pero si se hacen con los protocolos establecidos y como se ha recomendado, pues ya las cosas cambiarían”
Inclusive varias comunidades ya han denunciado que los acuerdos económicos actuales, pactados con las empresas carecen de sentido: “Se nos está prometiendo recursos usados solo por medio de proyectos productivos que debemos solicitar a la empresa. Se nos habla de sociedad, pero no sabemos los valores del negocio y solo se nos promete una participación “si no hay paros”, pues, en caso de haberlos, no se nos podrá cumplir con los acuerdos”, dicen las autoridades ancestrales.
Dentro de la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo de los wayúu ancestrales impactados por parques eólicos, las comunidades entregaron, entre otras cosas, varias recomendaciones al Gobierno Nacional para los procesos que se van a desarrollar. La solicitud principal es que se parta de la construcción de un protocolo autónomo por cada territorio, donde deberá estar plasmado el relacionamiento de los clanes asentados, los sitios sagrados, los espacios de pastoreo, los jueyes, ojos de agua, cementerios o íies, o cualquier otro sitio de significada trascendencia territorial, en los que se incluye el viento, las corrientes de juyá (lluvia); kai (sol) que define y marca el tiempo y los puntos cardenales en el territorio, que guían y dan orientación al tiempo y espacio. Y a kashi (luna) que define los tiempos de la visita del padre juyá a derramar el semen para la procreación de la madre tierra.
“Las características de la cosmovisión wayúu están marcadas por la espiritualidad con la naturaleza, la importancia de la familia en su concepción social, la creencia de lo sobrenatural y la tradición oral. Para el diseño de estrategias de innovación social es necesario incluir los saberes culturales de la comunidad indígena ya que permite crear alternativas para la solución de los problemas y la creación de un buen relacionamiento social entre los actores sociales participantes en el proyecto energético”, dice el documento.
Los palabreros son enfáticos en que el Akuaipa (las normas de la comunidad), es un sistema oral y la carga de su grabación, entendimiento y estudio debe ser una función del Estado: “No son los wayúu los que deben explicar su sistema a los funcionarios estatales, sino que es el Estado el que debe formar a sus funcionarios en tal pluralismo jurídico”.
Por otro lado, lideresas como Jazmín, se oponen a la llegada de este tipo de proyectos al territorio: “¿A quién estamos favoreciendo nosotros?, porque la transición energética no es una transición justa para el pueblo wayúu. Nunca nos dijeron “sí, los vamos a dejar soañar para que piensen en un proyecto”. A mí me han preguntado: ¿qué quieres tú?, pero no soy yo, hay que preguntarle a los sueños qué es lo que quieren mis ancestros para este pueblo, si están de acuerdo en que se hagan 57 parques para acabar con la espiritualidad, a ver qué nos van a decir”.
