Cada 12 de febrero, se conmemora el Día de las Manos Rojas, una fecha que simboliza la lucha contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Pero en Colombia, esta conmemoración en 2025 llega en un momento crítico: cientos de menores siguen siendo arrebatados de sus hogares y forzados a empuñar armas en medio de la violencia.
El último informe de la Defensoría del Pueblo es alarmante. Solo en 2024, al menos 409 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales, un aumento del 19,59 por ciento con respecto al año anterior. Detrás de estas cifras hay vidas truncadas y familias desgarradas. “Vincular las nuevas generaciones a las dinámicas de conflicto y criminalidad organizada es perpetuar décadas de violencia”, advierte Lourdes Castro, consejera presidencial para los derechos humanos. Los efectos no solo se sienten en los menores reclutados, sino también en sus familias, que muchas veces deben enfrentarse solas a las secuelas emocionales y psicológicas que deja esta tragedia.
Un problema que se agudiza
Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, en solo cuatro años se ha registrado un aumento del 1.005 por ciento en los casos de reclutamiento, con un pico importante en 2023, que coincide con hechos como el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y las disputas territoriales. Este nuevo balance de fuerzas ha sido documentado por organizaciones de la sociedad civil y por el mismo gobierno, que identifica un incremento en las zonas bajo el control de estos actores y el recrudecimiento en sus disputas.
A pesar de ser una cifra alta, la Defensoría reconoce que existe un subregistro de casos, lo cual significa que la situación real probablemente es mucho más grave. Según Hilda Beatriz Molano Casas, coordinadora de la secretaría técnica de la coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), este subregistro se presenta por tres factores: miedo a denunciar por desconfianza institucional, por amenaza de los actores armados o por la normalización de este tipo de violaciones a los derechos, al ser esta la realidad en la que históricamente han vivido.
En las disputas por el territorio, una de las principales necesidades de los grupos armados es contar con combatientes que sostengan la guerra. En este contexto los menores de edad de las zonas de conflicto se convierten en un objetivo. “La presencia del conflicto y la violencia armada en los territorios es uno de los principales riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes que terminan siendo vinculados a las dinámicas de la guerra. Adicional a las condiciones de empobrecimiento, ausencia de las instituciones civiles del Estado y la falta de oportunidades”, afirma Molano.
Para la vocera de Coalico, “esta situación se sigue presentando por decisión de los grupos armados. No hay un compromiso de su parte en cesar esta violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Pero, por otra parte, debe considerarse que paralelo al aumento del reclutamiento, también incrementan los datos de niñez desvinculada, es decir, de los menores de edad que de diferentes formas se apartan de los grupos armados ilegales. De acuerdo con Unicef, esta cifra pasó de 213 en el 2023 a 318 en 2024.
El reclutamiento de menores de edad por parte de los actores armados no es una práctica reciente. De hecho, el informe final de la Comisión de la Verdad registró casos de reclutamiento desde 1990. Esta violación se da de diferentes maneras, pero recientemente se identificó el uso de las redes sociales por parte de los grupos armados para captar la atención de los menores de edad y vincularlos a los grupos. Así lo evidenció en 2024 una investigación de Indepaz y Pacifista, que en un periodo de tres meses identificaron 85 cuentas de grupos armados que generan una especie de oferta tomando como punto de partida la idealización de la vinculación a los grupos. La mayoría de estas cuentas corresponden, según dicha investigación, al Estado Mayor Central (Emc) y a la Segunda Marquetalia.
Este dato coincide con lo registrado por la Defensoría del Pueblo, que identifica que los grupos que presuntamente tienen mayor responsabilidad en el reclutamiento son las disidencias sin especificar (162 casos) y el Emc (135 casos). Justamente las diferentes estructuras de disidencias en el 2024 estuvieron en medio de negociaciones con el gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total, antes de las divisiones ocurridas al interior del EMC y de la Segunda Marquetalia.
Cauca, un territorio en alto riesgo
El 73 por ciento de los casos de reclutamiento registrados en 2024 ocurrieron en Cauca. Los menores de edad en este departamento se encuentran en alto riesgo por la presencia de varios grupos armados ilegales entre los que, según la Fundación Ideas para la Paz, se identifican el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Emc y la Segunda Marquetalia.
Como lo señala la Defensoría, el 51 por ciento de los menores de edad reclutados en 2024 son indígenas. Según Hilda Molano, el hecho de que las niñas, niños y adolescentes indígenas sean las principales víctimas de reclutamiento se debe a diferentes factores “como la cercanía y accionar de los grupos armados a las comunidades y territorios indígenas”, afirma.
Una de las zonas que en este departamento tiene mayor concentración de la violencia y de reclutamiento forzado es el norte del Cauca. Así lo evidencian las cifras documentadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que muestran la agudización de esta violación de los derechos de los niños y niñas desde el 2019. Varios de estos menores de edad han sido recuperados por la Guardia Indígena de manera posterior a su retención.
Entre 2018 y 2025, la Defensoría del Pueblo ha emitido 39 alertas tempranas. En 32 de ellas se incluye a los indígenas como población afectada y en 34 se advierte el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
El factor étnico es un elemento importante en esta violación a los derechos de los niños, ya que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. Como lo señala Lourdes Castro, el reclutamiento “afecta profundamente el tejido social en las comunidades y los lazos intergeneracionales que deben existir en ellas. Pone en riesgo la identidad cultural y pervivencia de pueblos indígenas”.
Además de los menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas, otras poblaciones son víctimas de este hecho, como lo afirma Hilda Molano. Los indígenas “son las mayores víctimas reportadas en los registros que se logran, pero es importante tener en cuenta que niños y niñas afro, campesinos y mestizos igualmente están en riesgo”, afirma.
Necesidad de prevención
Lourdes Castro afirma que para prevenir el reclutamiento se deben generar entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes, lo que requiere de una articulación efectiva a diferentes niveles: entre entidades del Estado y de gobierno que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Prevención, así como entre el Estado y actores sociales, autoridades étnicas y la comunidad internacional. Además, añade que la respuesta institucional en materia de prevención debe atender a las realidades territoriales.
El reclutamiento de menores de edad está en el radar de los temas de interés para el Estado colombiano y, como señala la consejera presidencial, también debería ser motivo de preocupación para la sociedad en general, ya que las estrategias para su prevención necesita “elevar la exigibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a los actores armados para que paren toda forma de vinculación de los niños, niñas y adolescentes, y a las mesas de negociación en curso para que este tema tenga un lugar preponderante y parámetros en las conversaciones que continúen con algunos de los actores armados”.
¿Qué hacer frente a un caso de reclutamiento?
Si conoce casos de reclutamiento puede activar las rutas de atención con las autoridades de cada municipio. “Debe activarse el equipo de acción inmediata que es la articulación institucional pública para dar respuesta, ellos deberán revisar, analizar y tomar las medidas necesarias”, indica Hilda Molano.
Según lo señala la vocera de la Coalico, los puntos de entrada a la ruta pueden ser: personerías, Defensoría del Pueblo, ICBF, o la Policía de Infancia y Adolescencia.
