Entre enero y junio de 2023, 75 adolescentes y una niña se hicieron madres en Fonseca. Esta cifra representa poco más de la mitad del total de niñas y adolescentes que parieron durante todo el año pasado: 150. “Es tan común. Yo tengo 27 años y no tengo hijos, y aquí todo el mundo se extraña”, dice una mujer al explicar que las maternidades tempranas están normalizadas en el municipio.
En una visita al Hospital San Agustín se puede ver a al menos una adolescente embarazada con su carpeta de documentos debajo del brazo. El personal del hospital advierte que la situación en el municipio es complicada pues en lo que va del segundo semestre del año, se registraron cinco menores de 14 años que resultaron embarazadas luego de ser víctimas de violencia sexual.
“El embarazo en niñas es el reflejo o la consecuencia de las violencias sexuales”, explica Pablo Andrés Rodríguez, médico especialista en Salud Sexual y Reproductiva y en Educación y Desarrollo Social. “Y en adolescentes, sobre todo cuando es no deseado y no planeado, significa una falla como sociedad. Son adolescentes que probablemente no tuvieron acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a anticonceptivos, que han sido inmersas en uniones tempranas o matrimonios, que afectan su desarrollo integral y sus posibilidad de alcanzar su máximo potencial”, agrega.
“El embarazo en niñas es el reflejo o la consecuencia de las violencias sexuales”
Pablo Andrés Rodríguez, médico especialista en Salud Sexual y Reproductiva y en Educación y Desarrollo Social
Sin embargo, esta violencia no es reconocida por todos en Fonseca. A pesar de que en la ley cualquier relación sexual antes de los 14 años constituye violencia, las familias de las víctimas no siempre la reconocen como tal.
“No hay denuncia cuando la vida sexual de la joven es activa de manera voluntaria”, afirma Patricia Carillo, trabajadora social del Hospital San Agustín. “Aquí han llegado niñas menores de 14 años que tienen vida sexual activa y dicen: vivo con mi pareja”, responde la funcionaria. En estas ocasiones, los padres también consienten la relación, que usualmente es con hombres mayores que ellas.
Para Lina Corredor, educadora en Sexualidad y asesora pedagógica en Derechos Sexuales y Reproductivos, el embarazo en la infancia y en la adolescencia es la punta del iceberg de las violencias a las que están sometidas las niñas y adolescentes. “En Colombia no hemos tenido educación en sexualidad, que es la herramienta para prevenir los embarazos y muchos otros problemas sociales, como la violencia basada en género, los estereotipos y roles de género”, explica. “Estos ciclos y círculos de violencia (pobreza, violencia, embarazo, pobreza…) se dan en el marco de la brecha desigualdad de género. La punta del iceberg es el embarazo adolescente”, agrega.
Corredor, además, explica que en familias empobrecidas sucede que cuando una niña va creciendo y es pretendida por un hombre, usualmente mayor, muchas familias consienten esas relaciones, aunque ante la ley sean un abuso. “En muchas partes todavía tenemos muy normalizadas y hasta deseadas las uniones tempranas, porque es una boca menos que alimentar. Pasa en la ruralidad que la mamá le dice a su hija de 12 años “vaya y le entrega esto al señor allá de la tienda, mire que le puede dar una estabilidad”. “Conozco muchos casos”, agrega Corredor.
Un estrategia desordenada
De acuerdo con el Informe de Gestión de 2022 de la Alcaldía de Fonseca, el año pasado se realizaron algunas actividades enfocadas a la prevención del embarazo adolescente. Por ejemplo, “asistencia a la primera mesa de Infancia Adolescencia y Familia municipal”, donde se abordó el tema. O la implementación del programa llamado “Hay que hablar”, donde se trataron temas como el bullying, el consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo adolescente en las instituciones educativas, así como la conmemoración de la semana Andina.
Sin embargo, estas acciones no son permanentes ni articulan el trabajo de actores de distintos sectores. En Fonseca, mientras en el hospital consideran que es responsabilidad de las escuelas, en las escuelas piensan que la orientación en sexualidad la deben impartir los padres.
Por ejemplo, en el Hospital San Agustín existe el programa Servicios Amigables, en el que dictan charlas y ofrecen capacitación a adolescentes y padres sobre temas como la sexualidad y la construcción de proyectos de vida. Y también está el servicio de Planificación Familiar para Adolescentes, que atiende sobre todo a niñas de entre 12 y 18 años.
Patricia Carrillo dice que en su labor intentan llenar vacíos. “Esto no quiere decir que la niña viene y se le pone un implante, sino que es una orientación que le hace el médico. Es más amplio, porque en los colegios es poca la orientación que se les está dando a estos jóvenes, porque los hemos visitado”, afirma Carrillo.
Por su parte, Laura Gómez, psicorientadora de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca, dice que los colegios tienen grandes problemas para dictar educación sexual, y estos van desde la falta de la dificultad presupuestal y de tiempo para ejecutar el Proyecto de Educación Sexual, que es obligatorio, hasta la falta de articulación con otras entidades, pues los servicios que llegan son esporádicos.
“En nuestra institución estuvo la Secretaría de Educación y Salud en esta semana Andina, y estuvieron dictando unos talleres. No quiero demeritar la labor, pero terminan siendo pañitos de agua tibia. Este tipo de actividades no son de una semana o un mes, deben ser permanentes. Si llegaran cada mes a dictar charlas, les abrimos las puertas. Es más, si me asignan una hora semanal para esta educación sexual, es mucho lo que podría lograr”, afirma.
“En nuestra institución estuvo la Secretaría de Educación y Salud en esta semana Andina, y estuvieron dictando unos talleres. No quiero demeritar la labor, pero terminan siendo pañitos de agua tibia."
Laura Gómez, psicorientadora de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca
La necesidad de crear una estrategia en la que participen distintos actores de la comunidad se identificó desde hace varios años. En 2008, los presidentes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela para prevenir los embarazos en la niñez y en la adolescencia en la región Andina. En ese entonces, se reconoció el embarazo adolescente como un asunto que requiere un tratamiento multidimesional.
“El embarazo en la infancia y la adolescencia trascienden lo que el sector salud puede hacer y requieren del concurso de toda la sociedad”, dice Pablo Andrés Rodríguez. Se refiere, por ejemplo, a que es esencial que las instituciones del sector salud estén trabajando con las encargadas de la educación, del deporte, de la administración de justicia y de instituciones que protegen la infancia, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Pero en Colombia los resultados han sido inconsistentes y desiguales: quienes resultan más embarazadas son las niñas y adolescentes más pobres, con menor educación y que viven en lugares periféricos. Esto termina por perpetuar el círculo de la pobreza.
“En los últimos 20 años han habido tendencias a la disminución, particularmente desde el año 2015 en Colombia el embarazo en la adolescencia ha ido disminuyendo porcentualmente, pero el embarazo en la infancia infortunadamente se ha mantenido un poco estático”, afirma el médico Pablo Andrés Rodríguez.
En Fonseca, la cifra de embarazos en la infancia y en la adolescencia ha aumentado y disminuido en los últimos cinco años. Y aunque 150 es el número más bajo de nacimientos reportado en este tiempo, esto no es igual a que los embarazos hayan disminuido, pues según funcionarias del Hospital San Agustín de Fonseca, en la institución se practican Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en niñas y adolescentes. “Aquí hay niñas que nos dicen: yo no quiero tenerlo, no sé criar un hijo”, explica Ana Yajaira Bula, psicóloga de la E.S.E. Hospital San Agustín.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
Los especialistas coinciden en que mientras se ponga la culpa sobre las niñas, no se verán las causas reales del problema: desinformación, violencia, pobreza, dificultades para acceder a servicios de salud y entornos familiares complejos. Y, menos, las soluciones.
Ante esto, recomiendan hablar. En los colegios y en las familias, pero también ofrecer servicios que no impongan barreras. “Yo puedo tener espacios de educación espectaculares, pero si las peladas o los pelados están intentando acceder a servicios y el sistema de salud no les es corresponsable, pues no estamos haciendo nada” explica Lina Corredor. También puede suceder lo contrario, las niñas, niños y adolescentes acceden a métodos de planificación familiar sin tener adecuada formación en educación para la sexualidad y puede que no se embaracen, pero podrían sufrir otro tipo de violencias o estar expuestos a Infecciones de Transmisión Sexual.
Pablo Rodríguez, además, llama la atención sobre la responsabilidad de las autoridades locales y regionales. “Existe la Comisión Nacional intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que permite esa coordinación entre los diferentes sectores a nivel nacional para dar línea a los departamentos, distritos y municipios sobre estos temas. Uno esperaría que haya un reflejo de este mecanismo nacional a nivel territorial”.
Rodríguez considera que, si no es a través de esta comisión, los municipios pongan en marcha políticas públicas y planes con metas, indicadores y recursos. “La sociedad civil y los medios de comunicación deberían estar preguntando por esto. Ya estamos terminando el año y cerrando un gobierno, hay que preguntarse por cuáles son los resultados de la gestión que hizo la administración en cuanto a este tema”.
