El único vestigio de que en Mumbú —una comunidad enclavada a 45 minutos del casco urbano de Tadó— alguna vez hubo un lugar para aprender, es un viejo tablero de acrílico, agrietado y torcido contra la pared. Lo demás son ruinas: salones húmedos que se llenaron de escombros y maleza, paredes descascaradas y un techo de zinc abierto en heridas de óxido. En medio de ese paisaje desolador, los habitantes sienten que la escuela abandonada no sólo se derrumba por el paso del tiempo, sino por la indiferencia del Estado que, otra vez, les dio la espalda.
Hace tres años, Consonante advirtió que en Mumbú los salones permanecían vacíos porque no había quién enseñara. Durante el primer semestre de 2022, nueve niños y niñas esperaron en vano el inicio de las clases: la Secretaría de Educación Departamental nunca nombró a un docente. La comunidad, conformada por unas 50 familias que regresaron por su cuenta tras haber sido desplazadas por la violencia paramilitar en 2002, veía cómo el derecho a la educación volvía a serles negado, esta vez no por la guerra, sino por la ausencia del Estado.
La comunidad venía arrastrando los problemas alrededor de la educación desde antes de esto, con carencias de infraestructura e intermitencia de la planta docente a la hora de asistir a la jornada escolar, situación agravada, en cierta medida, por la contingencia que ocasionó la pandemia del Covid-19.
La denuncia publicada en este medio obligó a que algunas autoridades municipales reaccionaran y enviaran a la docente que, desde entonces, se encarga de orientar el proceso educativo en Mumbú, pese a todas las dificultades. Su llegada permitió que, al fin, los niños y niñas comenzaran las clases, pero la solución fue apenas parcial: la educación llegó, sí, aunque los salones siguieron siendo ruinas y la deuda de infraestructura escolar permanece intacta.
Según líderes de la región, las instalaciones de la escuela están en declive desde hace más de 10 años, lo que constituye un riesgo para estudiantes y docentes. Con una infraestructura escolar en ruinas, el Estado sigue vulnerando el derecho a la educación de los niños y niñas de Mumbú. La deuda no es menor: en una región donde las organizaciones sociales han encendido las alarmas por el aumento del reclutamiento infantil a manos de grupos armados —una práctica que avanza en silencio, entre el subregistro y el miedo—, la falta de condiciones dignas para estudiar se convierte en otro factor de riesgo.
La comunidad de Mumbú una vez más alza su voz. Piden que se construya un centro educativo digno para sus niños, quienes desde hace tres años reciben clases en la casa comunal del corregimiento, un espacio improvisado para el aprendizaje.
Recibir clases en un sitio inadecuado
Hoy, las clases se dictan en el salón comunal del corregimiento, un espacio improvisado que poco tiene de escuela. La maestra, con lo que ha podido conseguir, se apoya en una pizarra portátil, mientras los niños se turnan los pupitres viejos para poder sentarse. Pero el aprendizaje nunca es continuo: las reuniones comunitarias, las celebraciones o cualquier actividad del caserío interrumpen la jornada escolar, recordándoles a diario que ese lugar no fue pensado para enseñar ni aprender.
Adalgiza Ibargüen es la docente que actualmente orienta los grados de preescolar a quinto de primaria con 12 estudiantes entre 5 y 12 años. En varias ocasiones ha tenido que improvisar espacios de clase. “Cuando la comunidad va a usar el salón comunal, me toca salir a buscar otro lugar. Hemos dado clases hasta en una cantina para no dejar a los niños sin estudio”, expresó.
Al ofrecer únicamente primaria, el centro educativo de Mumbú está adscrito —como lo establece la Ley 715 de 2001— a la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. Consonante intentó hablar con su rector, Carlos Copete, para conocer los esfuerzos que ha hecho en estos años por garantizar una educación de calidad y las acciones emprendidas para mejorar el servicio en Mumbú. Sin embargo, no fue posible contactarlo.
Martha Mosquera, lideresa de la comunidad, no se ha quedado esperando. En los últimos años han enviado varios derechos de petición a la Alcaldía solicitando la construcción de una nueva escuela, pero no ha recibido respuesta. “La casa comunal no es adecuada para dictar clases. Cuando la comunidad la necesita para un velorio o una reunión, la maestra debe salir a buscar dónde trabajar con los niños”, expresó con preocupación.
Mosquera recordó con orgullo que “Mumbú es más antiguo que Bogotá”, pero cuestionó el abandono en el que se encuentra. “No es justo que un pueblo con tanta historia sea olvidado por las autoridades. Es hora de que nos escuchen y nos construyan una escuela digna para nuestros niños”.
Según el marco normativo, los establecimientos educativos deben disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados para la prestación del servicio. Para esto, la leyes han establecido una responsabilidad compartida entre en nivel municipal, departamental y nacional.
En todo el país, las entidades territoriales han destinado recursos provenientes tanto de las regalías como del Sistema General de Participaciones (SGP) para garantizar la prestación del servicio educativo. Además, cuentan con la posibilidad de emplear otras fuentes de financiación para fortalecerlo. Sobre esto es clave la gestión de alcaldías y gobernaciones para consecución de los recursos con el fin de adecuar la infraestructura educativa y la dotación de las escuelas, como lo precisa la Corte Constitucional en la Sentencia T-142 de 2024.
Según la alta corte, es fundamental que los niñas, niños y adolescentes cursen sus estudios en un infraestructura educativa de calidad, pues ésta “impacta en el bienestar de los estudiantes, facilita los resultados académicos y dota a los educandos de mejores oportunidades para asegurar una educación de calidad, más allá de los límites económicos, sociales y geográficos tanto de sus familias como de su entorno”. En términos mínimos, el servicio debe prestarse un ambiente salubre y seguro.
Frente al evidente incumplimiento, Consonante buscó respuestas en la Secretaría de Educación de Tadó, a cargo de Brenda Mosquera, y en la Secretaría de Educación departamental, dirigida por Yina Reales Moreno. Se les consultó por los planes de la Alcaldía y la Gobernación para corregir las fallas de infraestructura en Mumbú y si, en coordinación con la Gobernación del Chocó, habían gestionado apoyo ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación Nacional. Ninguna respondió. Lo cierto es que, según datos del propio Ministerio, en Tadó ya se han ejecutado cuatro proyectos financiados con este fondo para mejorar la infraestructura escolar.
La Corte Constitucional ha sido clara: no es aceptable que las clases se impartan en espacios improvisados y bajo condiciones precarias. En varias ocasiones ha cuestionado la falta de acceso a servicios básicos en los centros educativos, entre ellos agua potable, alcantarillado, baños en buen estado, sistemas de recolección de residuos y lavamanos, todos indispensables para garantizar una educación digna.
Desde Mumbú, la lideresa Martha Mosquera pide lo que considera indispensable: al menos dos salones de clase, una unidad sanitaria y un espacio donde pueda funcionar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). “No queremos lujos, solo pedimos lo básico”, dijo. “Ellos son el futuro de este pueblo, pero sin educación se están quedando atrás”, enfatizó.
A su voz se suman las de los estudiantes. Un niño de quinto grado cuenta que él y sus compañeros sueñan con tener una escuela propia, porque en la casa comunal las clases se interrumpen todo el tiempo: “Nos distraemos mucho cuando la gente entra a sacar cosas o a hacer reuniones”, explica.
Un llamado al gobierno
Los habitantes de Mumbú esperan que sus voces sean escuchadas por la Alcaldía de Tadó, la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Educación Nacional. No basta con enviar docentes; exigen una inversión real en infraestructura.
El clamor de esta comunidad se resume en una petición sencilla: una escuela digna que garantice a los niños de Mumbú la posibilidad de estudiar, soñar y construir un mejor futuro. Mientras tanto, sus niños siguen aprendiendo entre paredes prestadas, sin saber cuándo podrán llamarle “escuela” al lugar donde estudian.
