Foto: Cortesía Edgar Javier Correa
El Carmen de Atrato Reportajes

Escasez y fallas en la contratación, los problemas que persisten con el PAE en El Carmen de Atrato

El Programa de Alimentación Escolar estuvo suspendido por tres meses y, tras un cambio de operador, en el municipio continúan las falencias. En la zona rural, donde más perjudicados están, quieren que el programa sea manejado por las Juntas de Acción Comunal y no por el Gobierno local.

Después de casi tres meses de estar suspendido, volvió a funcionar el servicio de alimentación escolar (PAE) en las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato. Y aunque la noticia alegró a la comunidad educativa, la llegada del nuevo operador, Unión Temporal Programa de Alimentación Escolar Chocó, trajo otros inconvenientes.

Cocineras, rectores, docentes y padres de familia enumeran las fallas. La primera es la escasez. En una institución donde 30 niños y niñas cursan desde preescolar hasta noveno, puntualiza una manipuladora de alimentos que los insumos son insuficientes: “A veces solo mandan una cubeta de huevos, por lo que tenemos que partir un huevo para dos niños”.

Para el jugo de un solo día de 30 estudiantes, reciben tres mangos con muy poca azúcar. Y, sobre la proteína, tienen una pechuga de pollo que debe durar dos días, el mismo número de zanahorias y un repollo para una semana.

“Anteriormente, cuando yo recibía los alimentos, era con la medida suficiente y en algunos casos, podían repetir", cuenta otra cocinera. “Con el nuevo operador la comida llega en muy malas condiciones, la legumbre es pésima y las cantidades, más bajas”.

En el casco urbano no fue distinto. “No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”, cuenta Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María. “Le informamos al operador pero no logramos hacer sinergia con la persona encargada de representarlo ante el municipio”, dice.

“No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”

Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María

La salud de algunos estudiantes también se deterioró. “En una ocasión les dieron una mandarina con chocolate y el niño llegó intoxicado a la casa”, dice preocupada una madre de familia que prefiere no ser identificada. Y a esto se sumaron problemas de higiene con elementos de aseo que debía entregar el proveedor. “No es justo que, habiendo lavalozas específicos, el operador decida que los platos se lavan con Fab, sabiendo que es difícil quitar el olor y el sabor del jabón, pero no nos hacen caso”, comenta Betty Hernández, coordinadora de la Institución Marco Fidel Suarez.

Además, según los lineamientos del Ministerio de Educación para la planificación de los menúes es necesario tener en cuenta aspectos como el contexto cultural, sin embargo, en El Carmen de Atrato no ha sido así. “Mandaron unos envuelticos de arepa harina que acá no están acostumbrados a consumirlos, entonces se hacía necesario cambiarlo por masitas fritas y el aceite, que ya era bien poquito, se reducía más”, confirma Betty Hernández.

Con la contratación de las cocineras también hubo desaciertos. A pesar de que trabajaron varios meses con el nuevo contratista, nunca firmaron contrato y la información que les dieron fue que les pagarían entre 1.200 a 1.500 pesos por alumno atendido, lo que se traduciría en 45.000 pesos por día trabajado. Sin embargo, denuncian que el operador no cumplió con lo que habían pactado verbalmente y sólo les liquidaron $20.000 pesos el día. 

Pero las manipuladoras no se atreven a demandar a nombre propio ya que no tienen soportes jurídicos para hacerlo y ninguna quiere insistir en el asunto por las repercusiones.

¿Por qué no mejora con el cambio de operador?

Durante el primer semestre del año la contratación la hizo la Alcaldía con recursos de la Gobernación. El operador fue la Fundación Serranía Colombia. La demora en la contratación, así como los acuerdos de transferencia por solo 30 días, hizo que el servicio solo se prestara durante dos meses, es decir, 60 días calendario escolar. Para ese momento, un almuerzo le costaba a la Gobernación 2.500 pesos y el desayuno o merienda 1.900 pesos.

Varias cocineras manifiestan que cuando la Alcaldía manejó el contrato, la calidad de los alimentos era buena, igual que la cantidad. El problema principal, además de la intermitencia, fueron los retrasos en el pago a las manipuladoras de alimentos.

El último periodo de alimentación escolar se activó con nuevo operador el 8 septiembre. El encargado era la Unión Temporal Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Chocó, conformado por las fundaciones Symech, con 60 por ciento de participación, y Cultural Pacífico en Paz, que también presta el servicio en Tadó y otros municipios.

Este operador, a diferencia de otras ocasiones, no fue contratado por la alcaldía, sino por la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, quien fue contratado, a su vez, por la Gobernación para ejecutar el dinero de las regalías del departamento, dinero con el que se financió el programa en los últimos 90 días.

Para el reciente contrato aumentó el valor de la ración. En todos los municipios no certificados del Chocó, un almuerzo del PAE le costó a la gobernación 4.812 pesos y el desayuno o merienda 2.816 pesos. Y aunque fue un aumento significativo, en El Carmen de Atrato no se sintió el cambio. 

Además de los problemas en la calidad de los alimentos, con la llegada del nuevo operador varias cocineras fueron despedidas, según denuncian, por no apoyar a un candidato a la alcaldía. Otras renunciaron de manera voluntaria porque apoyaban a un candidato contrario. 

Dionne Cruz, ex Presidenta e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, asegura que esto es algo que suele pasar en varios municipios y es una de las causas que, según identificó la Asociación, perpetúa los problemas del programa. “Hay corrupción, malos manejos, falta de idoneidad de los contratistas y operadores ―porque son elegidos para pagar favores políticos y no por mérito o experiencia―. Y también hay captura de estas rentas públicas por clanes políticos, mafias e incluso grupos al margen de la ley”, explica la experta.

Entre los rectores, además, está la percepción de que los operadores ajenos a El Carmen de Atrato tienen más problemas; por falta de pertenencia y problemas de logística. “Tener que traer alimentos de otros lugares, buscando abaratar costos, pone en riesgo la calidad con la que estos alimentos llegan”, opina Melvin Becerra.

El problema según opina Betty Hernandez, coordinadora de la institución Marco Fidel Suárez, también es el traslado. “Consiguieron proveedores para las legumbres desde Quibdó, toda esa legumbres llegaban aquí dañadas y deterioradas, si lo iban a suministrar desde allá lo deberían hacer la remesa cada ocho días, pero la hacían cada 15 días, entonces el daño fue significativo”.

Además, hay desconexión entre la Gobernación, el operador y la comunidad educativa. Según Juan Carlos Quinto, secretario de Integración Social del Chocó, en su despacho no han recibido ninguna queja sobre el funcionamiento del PAE. "Nosotros hacemos seguimiento al programa en los municipios, es nuestro deber, pero lo que hemos evidenciado es que ningún rector ha manifestado alguna inconformidad con el programa", dijo el secretario que además manifestó no saber cuáles son las empresas que conforman la UT PAE Chocó.

Y aunque los rectores y coordinadores manifestaron que habían contactado a Sandra Mazo, representante legal de la UT PAE Chocó, para manifestar sus preocupaciones; Mazo asegura que solamente ha recibido felicitaciones. “La comunidad educativa siente que el PAE ha cambiado y que el tema de las raciones servidas ha mejorado muchísimo en cuanto a cantidad y a calidad. Tengo hasta reportes de las instituciones de que sobraron alimentos de las últimas entregas”, dice.

Otras consecuencias de un servicio deficiente

Foto: Cortesía Edgar Javier Correa

Durante el tiempo en que el PAE estuvo suspendido en el municipio, la solución más inmediata de docentes y rectores fue recortar la jornada escolar; esto significó que los estudiantes estudiaron entre una y dos horas menos todos los días por más de tres meses. 

En la I.E. Marco Fidel Suárez, por ejemplo, los estudiantes de jornada única pasaron de salir a las tres de la tarde, a salir a la una y media. Lo mismo en la I.E. Corazón de María. 

“Es una jornada que va de siete de la mañana a tres de la tarde, pero como tenemos estudiantes de las zonas rurales, hay estudiantes que salen de su casa a las cinco de la mañana y regresan tipo cinco de la tarde dependiendo del clima. Por eso las repercusiones nutricionales y académicas son muchas”, añade Betty Hernandez.

Aunque el PAE está pensado desde el Ministerio de Educación como un complemento alimenticio, en las instituciones de El Carmen, y de otros municipios del Chocó, hay varios estudiantes para los que es la única comida del día, lo que agrava la situación. 

“Para muchos de los muchachos es el único alimento que reciban en el día, cuando el Programa de Alimentación Escolar no se presta en las condiciones debidas, afecta de manera significativa no solo la prestación del servicio educativo, sino que ponen riesgo su propia salud”, denuncia Melvin Becerra Palomeque.

Según explica Dionne Cruz, además de las limitaciones académicas las repercusiones son físicas y mentales. “Afecta en su talla y en su peso. Retardos en el crecimiento físico, y en el desarrollo cognitivo. Una menor capacidad de aprendizaje, de concentración. Estamos hablando de problemas asociados a la desnutrición, que es una causa de mortalidad en Colombia. Debilidad, situaciones de anemia, una serie de problemas que nuestros niños y niñas no deberían estar sufriendo”, comenta la experta.

Esto, a su vez, se traduce en deserción escolar. “Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes ―incluyendo la principal― con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos”, manifiesta Betty Hernández.

"Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos"

Betty Hernández, coordinadora I.E. Marco Fidel Suárez

Una de las madres rurales lo confirma: “nosotros como padres de familia suponemos que el programa funcionará todo el año escolar, sin embargo, cuando el programa se paraliza, debemos buscar plata de donde no tenemos para comprar el algo a los niños o darles plata para que ellos compren cualquier cosa”.

Lo que viene con el PAE en el 2024

Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, estos mismos operadores prestarán el servicio durante el mes de enero. 

“Nosotros tenemos recursos para ejecutar el PAE hasta finales de enero del próximo año. Una vez esos días se terminan, usamos los recursos que envía el Gobierno Nacional. Esperamos que la nueva gobernadora nos diga cómo va a entrar a manejar el tema. Si va a ser directamente con los municipios o centralizado como está ahora”, dice Juan Carlos Quinto.

Sin embargo, las madres y padres de familia de la zona rural, al igual que las manipuladoras de alimentos, opinan que la contratación debería ser de las Juntas de Acción Comunal o de las juntas de padres, como lo había anunciado el gobierno nacional. Dicen que así se le daría prioridad a la producción del campesinado carmeleño y los alimentos estarían frescos y de mejor calidad, además de generar ingresos al interior del municipio.

Lo mismo recomiendan desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. “Está la necesidad de un rediseño del plan de alimentación escolar y de la arquitectura institucional que lo sostiene, orientada a que sea la comunidad la que maneje el servicio”, comenta Dionne Cruz. 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, recomendó después de su visita al departamento hacer una planeación adecuada para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.

Además, hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que exijan la conformación del Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas en donde no se encuentra constituido, y donde ya esté conformado, sean establecidas rutas de seguimiento y vigilancia claras que permitan verificar oportunamente las irregularidades en el PAE.

Deja tu comentario

Utiliza un correo electrónico válido

  • Karen
    Nov 29, 2023
    Por las malas informaciónes como estás es que no logramos crecer en este departamento, es triste ver qué las personas no hablen con la verdad.

Recibe nuestros contenidos. Es gratis.

Puedes cancelar en cualquier momento.
Quiero recibirlos
cross