Todo comenzó como una fiebre interna, Walter Lenis sentía un calor inexplicable en su cuerpo. Inició primero en los pies, con el tiempo subió hasta sus piernas, pasó al tronco, y cuando llegó a la cabeza sintió temor y fue al hospital. Los médicos tomaron muestras de orina, cabello y sangre, y las enviaron a Bogotá. Tiempo después los resultados llegaron, Lenis fue diagnosticado con neuropatía por exposición ambiental al mercurio, conocida también como enfermedad de Minamata, un trastorno neurológico provocado por el contacto con este metal, que genera consecuencias degenerativas a largo plazo.
La primera vez que Lenis escuchó hablar del mercurio fue en el colegio, cuando le enseñaron que era un metal pesado. Hoy, a sus 72 años, aún no lo ha visto, nunca lo ha tenido entre sus manos, pero lo lleva dentro: circula por su sangre y se aloja en cada rincón de su organismo. Los médicos le explicaron que entró a su cuerpo a través del aire, del agua y de los alimentos. La contaminación ocurrió en Inírida, Guainía, donde vive desde hace 46 años y donde, junto con el resto de habitantes, convive con este visitante silencioso que recorre el territorio y envenena sus aguas. “No hay conciencia del daño que esto causa. Yo soy la prueba de que cualquiera puede enfermarse aquí”, afirma Lenis.
Mientras el oro brilla el mercurio envenena
Río arriba, al lado de las comunidades indígenas y ante los ojos de los turistas, las dragas clavan sus mangueras en las aguas para sacar el oro de las profundidades. En los ríos Inírida, Atabapo, San Felipe y Negro flotan balsas mineras ilegales donde, día tras día, decenas de trabajadores remueven el lecho en busca de oro, un metal que se paga caro. En la cabecera municipal de Inírida, hasta hace unas semanas, un solo gramo alcanzaba los 450.000 pesos.
En Guainía, el oro ilegal circula sin freno, aun cuando en todo el departamento no existe un solo título minero, como advierte Óscar Vargas, director de la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico (CDA).
Sin embargo, el informe nacional sobre minería ilegal y mercurio, presentado por la Procuraduría General de la Nación, reveló que en 2021 ya se registraban más de 70.000 hectáreas tituladas para explotación, además de múltiples solicitudes adicionales.
En Inírida, algunos lugares que comercian con el oro tienen como fachada otro tipo de negocios, con el fin de no ser identificados. Sin embargo, para sus habitantes es muy conocido dónde se vende y compra este metal. Según Vargas, “de acá, producto de la minería, pueden salir mal contados entre 60 y 70 kilos de oro al mes”. Esa cantidad con el precio actual del gramo, llevaría a que se generen ingresos de aproximadamente 31.500 millones de pesos al mes solo en este territorio.
En el proceso de sacar el oro los mineros utilizan mercurio. Este se usa en estado líquido y se mezcla sobre el material que se saca del río; tiene la capacidad de juntarse con el oro, separándolo de otros elementos y metales. Después, la mezcla se calienta para que el mercurio se evapore y solo quede el oro. Según Santiago Orjuela, coordinador médico del Hospital Departamental Renacer, cuando esto ocurre se contamina el aire y, al caer al agua contamina el territorio, los peces y a otras especies. “Donde hay minería ilegal hay mercurio, y donde hay mercurio hay contaminación”, señala Orjuela.
Como señala Vargas, una botella de mercurio puede costar hasta 10 millones de pesos y, aun así, se consigue con facilidad en la región, pese a que su comercialización y uso son ilegales. En 2013, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1658 con el objetivo de reducir progresivamente la dependencia de este metal: dio cinco años para eliminarlo de la minería —plazo que venció en 2018— y diez años para retirarlo de la industria, meta que se cumplió en 2023. En teoría, hoy el mercurio no debería estar presente en ninguna actividad.
El coronel Alfonso Burbano, comandante de la Policía de Guainía, reconoce la dificultad de controlar el tráfico de mercurio en una región de triple frontera. Afirma que en lo corrido del 2025 se han incautado tres kilos de mercurio, sin embargo, es una cantidad muy pequeña frente a la magnitud del problema. “El trabajo es permanente, pero necesitamos más inteligencia, recursos y una comunidad que denuncie”, afirma Burbano.
Por su parte, la CDA también intenta hacer control sobre el mercurio y sobre el oro que es extraído de manera ilegal. De acuerdo con su director, Óscar Vargas, cuando estos metales se encuentran son incautados y se ponen a disposición de las autoridades. Además, señala que la Fiscalía también tiene un rol importante en este control, para sancionar este tipo de delitos. “Es un trabajo que tiene que hacerse en grupo, no lo puede hacer una sola entidad, el nivel de riesgo que hay es alto; no es fácil”, dice.
Las malas prácticas de la minería ilegal y sus riesgos ocurren en un contexto de alta vulnerabilidad para las comunidades de la región, principalmente indígenas, que ven en esta actividad una posibilidad de conseguir recursos económicos en un territorio con pocas alternativas laborales.
Así lo reconoce Walter Lenis, quien sabe que la enfermedad que hoy lleva en su cuerpo tiene gran relación con las difíciles condiciones de vida en el departamento. “Hay que ponerle unos controles que deben ser ejercidos por las autoridades competentes, para que los mineros no contaminen en el río, y que la gente tenga derecho a reunir en la comida, pero que también nos protejan a los que no tenemos que ir a la mina”, dice.
Las huellas de un mal silencioso
El referente de salud de la Secretaria de Salud departamental Sergio Rodríguez Suaza, manifiesta que en el 2019 desde la entidad se lideró un estudio con el que analizaron muestras de 500 personas de comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Inírida, Guainía y Atabapo, además del agua de los ríos y los sedimentos, para saber cuál era el nivel de mercurio en el territorio.
A las 500 personas se le tomaron muestras de cabellos, sangre y orina, con esto se encontró que el 67 por ciento presentaba niveles de mercurio en sangre superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. También se tomaron 124 muestras de peces y se halló que el 50 por ciento estaba contaminado con mercurio, especialmente especies depredadoras como el pavón, bragre rayado y valentón. Por útlimo, se tomaron 77 muestras de agua y 75 de sedimentos de los ríos. El 100 por ciento de estas muestras contenían mercurio, “esto indica que el metal utilizado en las labores de minería se está depositando en el fondo de los ríos”, afirma Lucero López, secretaria de salud de la Gobernación de Guainía.
De acuerdo con estas muestras, las zonas con mayor afectación por mercurio fueron el río Atabapo y el casco urbano de Inírida. “Todos estos hallazgos confirmaron una exposición generalizada y persistente al mercurio en el departamento con riesgos evidentes para la salud y la seguridad alimentaria, tanto de los habitantes de Guainía como de quienes consumen pescado proveniente de sus ríos”, dice López.
Las comunidades indígenas, que constituyen la mayor parte de la población de Guainía y que están cerca a las zonas donde se practica la minería, son las más golpeadas por sus efectos. Como lo señala la secretaria de Salud, estos pueblos “dependen estrechamente de los recursos naturales para su existencia, especialmente del río de donde provienen los peces que son la base de su alimentación. Esta situación está generando una crisis silenciosa de salud pública y ambiental”.
Según el médico Santiago Orjuela, la exposición constante a peces contaminados y a un entorno impregnado de mercurio puede afectar gravemente la salud: en mujeres embarazadas incide en el desarrollo del feto y puede provocar malformaciones, enfermedades del neurodesarrollo, alteraciones metabólicas, cardiometabólicas y neurológicas. En esa misma línea, la secretaria de Salud advierte que las poblaciones más vulnerables son los trabajadores que aún manipulan mercurio en la minería de oro, así como las comunidades que viven cerca de estas actividades, en especial mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes y niños.
Orjuela agrega que la forma de contaminación por mercurio se da principalmente por inhalación de los vapores que genera y por ingesta de animales contaminados, principalmente los peces, los que tienen mayor cantidad de mercurio son los peces de piel, especies grandes que son los que más consumen desechos en el río. Este es un factor clave en un territorio como Guainía, en el que hay alto consumo de pescado.
“El pescado hace parte de la dieta de las personas en Inírida y de toda la gente de las partes ribereñas, además, sale para Bogotá, aquí lo sacan para otros departamentos. Es decir que estamos hablando de un tema bien complejo de salud pública”, afirma Vargas, director del CDA.
La secretaria de Salud explica que, en Guainía, la exposición más común al mercurio es de tipo crónico, ya sea por el consumo habitual de peces contaminados o por el contacto prolongado con sus vapores durante las actividades mineras. Sin embargo, aclara que la toxicidad no se manifiesta igual en todas las personas: depende de factores como la dosis recibida, la forma química del compuesto y el tiempo de exposición. Por ello, enfatiza, resulta fundamental una valoración clínica completa que permita determinar el nivel de intoxicación en cada caso.
Además de los efectos en el cuerpo humano, el mercurio deja una huella profunda en el territorio. “La tierra y los árboles, donde cae mercurio, mueren. La contaminación no es solamente de los peces, sino de toda la cadena biológica”, advierte Vargas. En la misma línea, la secretaria López recuerda que la exposición a este metal trasciende al sector salud: “es el reflejo de una problemática estructural que demanda voluntad política, justicia ambiental y un compromiso real con la vida en el departamento”.
La esperanza de un territorio libre de mercurio
La Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico, en convenio con la iniciativa Misión Amazonía, trabaja en la identificación de áreas mineras y en el diseño de estrategias de capacitación para el uso de técnicas sin mercurio. Según el director Óscar Vargas, este trabajo se adelanta en comunidades mineras en el río Guainía, el Río Negro y la cuenca del río Taraira en Vaupés. “Este convenio nos va a permitir dar una alternativa de solución para ver posibles espacios geográficos, para que hagan minería responsable y poder tener un control y vigilancia sobre esa actividad”, señala.
Uno de los retos de Guainía es la extensión del territorio, además de que tiene frontera con Brasil y Venezuela, incluso, como lo señala el médico Santiago Orjuela, la mayor parte del oro que llega a Inírida, entre un 80 y 90 por ciento, procede de Venezuela, lo que dificulta la aplicación de controles para evitar la minería ilegal y la contaminación por mercurio.
Por esta razón, el director del CDA considera que el trabajo que se realice debe ser armónico y de cara a la comunidad, desde la comprensión de la realidad del territorio, pues considera que es difícil ofrecer la transición a otro tipo de actividades económicas cuando las ganancias de la minería son altas para quienes realizan este oficio.
Por otro lado, según la secretaria de Salud Lucero López, en un espacio de articulación institucional entre la Gobernación de Guainía y organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, se trabajó en una propuesta con la que se busca crear un Comité de Lucha contra la Minería, el cual fue presentado a la Procuraduría General de la Nación, y con el que se busca articular a las instituciones para abordar lo relacionado con la gestión de la problemática derivada de la exposición y afectaciones por el mercurio.
“El mercurio viene dejando una huella profunda en la salud y en el entorno de las comunidades del Guainía. Aunque se han logrado avances importantes en el abordaje de esta problemática desde el sector salud, la exposición continuará mientras no se enfrenten las causas estructurales que la han sostenido”, afirma López.
Desde la Secretaría de Salud se considera que para buscar una salida a este problema es urgente fortalecer la articulación intersectorial, para dar una respuesta integral y de fondo a esta problemática porque, como lo señala la secretaría, lo que se pone en juego es la seguridad alimentaria y el bienestar de la población, principalmente de los pueblos indígenas.
