Desde hace ocho años unas 216 personas que habitaron históricamente el sector de El 18- San Cayetano y que fueron desplazadas principalmente por el conflicto armado, han pedido el regreso a sus tierras en condiciones de dignidad y tranquilidad. El primer paso en este proceso ha sido legalizarse como Consejo Comunitario, el mismo que lograron en diciembre del año pasado.
El consejo está conformado por 63 familias afrodescendientes entre niños, niñas, jóvenes y adultos. El reconocimiento ante la Secretaría de Gobierno se formalizó en diciembre y desde ese momento se hizo el trámite de inscripción ante el Ministerio del Interior, en la dirección de asuntos étnicos. Su reto principal es que la Agencia Nacional de Tierras garantice la titulación colectiva.
Sandra Patricia Valencia, representante legal del Consejo Comunitario, señala que la conformación del grupo no fue una tarea fácil y les tomó ocho años: “Fue un trabajo muy arduo, teníamos que organizar y determinar si era mejor conformarnos como Junta de Acción Comunal o como Consejo Comunitario. Llegamos a la conclusión de que como éramos afros y mestizos de la carretera debíamos ser un Consejo Comunitario”.
La organización Adacho, la Diócesis de Quibdó y la Agencia Nacional de Tierras apoyaron esta conformación con el propósito de otorgar garantías para la recuperación del sector denominado el 18, de donde varias familias tuvieron que huir por la violencia en 1996.
Sandra Valencia, en compañía de otras lideresas, después de varias conversaciones con abogados y el apoyo de la Diócesis de Quibdó logró reunir a las 63 familias y establecer acuerdos para la conformación del consejo. El 30 de noviembre de 2023 se realizó la asamblea mayor en el kilómetro 18, sitio conocido como La Playa. En esa reunión se socializaron los objetivos, los compromisos y el reglamento interno. La conformación fue el primero de diciembre y, el 11 de ese mes, realizaron el registro ante la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de El Carmen de Atrato, y se hizo la inscripción ante el Ministerio del Interior. “Llevamos 27 años siendo desplazados y 18 de estos defendiendo este territorio”, puntualiza Valencia.
La titularidad de las tierras
Uno de los asuntos claves de todo este proceso ha sido la titulación de las tierras del sector El 18, zona rural de El Carmen de Atrato. Esaud Lemun Maturana, secretario general de Adacho y coordinador del comité de tierras, destaca que en el acuerdo 330 de 2018 se le asignaron 24 hectáreas y 257 metros a la comunidad afrodescendiente. “Adacho, en representación de las víctimas del conflicto armado, buscó que en 2019 se le reconociera a los afro las 24 hectáreas que ya estaban asignadas, pero pasaron siete años en silencio administrativo. Este acuerdo indica que les pertenecen 60 metros cuadrados alrededor del río Atrato, y El Palmar está dentro de los 60 metros”.
"Adacho, en representación de las víctimas del conflicto armado, buscó que en 2019 se le reconociera a los afro las 24 hectáreas que ya estaban asignadas, pero pasaron siete años en silencio administrativo"
Esaud Lemun Maturana, secretario general de Adacho
Sandra Valencia cuenta que no se ha efectuado la entrega de las tierras por parte de las comunidades indígenas por un conflicto que lleva más de nueve años, cuando las comunidades acordaron que las 24 hectáreas serían para la comunidad afro, y que otras 1.051 hectáreas serían para el resguardo indígena. Sin embargo, los líderes del resguardo desconocen que esa decisión haya sido producto de un acuerdo, y piden que les den la tierra. Mientras tanto, los afro insisten en que la tierra es suya: “Tenemos un derecho, pero ellos no hacen la entrega del territorio porque no lo aceptan”. Desde el consejo se ha pedido la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para dar solución a la situación.
Una de las zonas en conflicto es El Palmar. Aunque las comunidades indígenas fueron notificadas de que esa zona la tenían que desalojar, por no ser parte del resguardo, a la fecha no se han ido. Incluso, los líderes del Consejo Comunitario denuncian que esa zona se ha convertido en un cementerio y que hace poco enterraron a un indígena. “Esto para nosotros representa una barrera como consejo comunitario para que podamos retomar las labores en el territorio que nos pertenece, por eso les pedimos retirar el cuerpo y enterrarlo en otro sitio”, dice Lina Marcela Carvajal, secretaria del Consejo Comunitario.
Por su parte, las comunidades indígenas advierten que no les han brindado las garantías para desplazarse. En medio de las obras de la carretera Quibdó- Medellín el consorcio vial Latinco, trasladó a varias familias indígenas a El Palmar y nunca les asignó un nuevo lugar. Narciso Estevez Tequia, líder indígena, pide que la reubicación se haga en condiciones dignas. “No nos han brindado las garantías para el traslado. No vemos el compromiso de la Alcaldía, la institucionalidad y la empresa Latinco”.
“No nos han brindado las garantías para el traslado. No vemos el compromiso de la Alcaldía, la institucionalidad y la empresa Latinco”.
Narciso Estevez Tequia, líder indígena.
Búsqueda de acuerdos y soluciones ante robos y amenazas
Tanto el Consejo Comunitario como las comunidades indígenas han dicho que están dispuestas al diálogo para dar solución a los temas de inseguridad y el problema de tierras.
Sandra Valencia cuenta que han denunciado ante la Fiscalía, la Personería Municipal y el Ministerio del Interior casos de robos, maltratos y ataques, pero no hay ninguna respuesta de las instituciones. Adicionalmente, las mujeres lideresas del Consejo Comunitario solicitan acompañamiento psicosocial y jurídico: “Hago un llamado muy respetuosamente a las instituciones para que nos apoyen. A la Unidad de Protección y a las organizaciones para que nos ayuden y apoyen al máximo en esta situación”.
“Sembramos alimentos en nuestras fincas y nos roban, se ha hablado con la autoridad indígena, pero no se han tomado cartas en el asunto. La idea es poder llegar a un acuerdo, sin perjuicio y sin hacernos daño los unos a los otros”
Sandra Valencia
Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de acción comunal 11, 12 y Piñón, cuenta que en esa zona se han registrado robos de gallinas, pollos, mangueras, racimos de plátano y alimentos de las cocinas. “Eso causa daño moral y tristeza. No dormimos tranquilos pensando que se nos van a llevar los productos”, dice.
María Elena Rincón vive con sus 5 hermanos en el 11, es ama de casa y maneja un restaurante. Su familia regresó a su finca hace 16 años, luego de haberla abandonado durante 14 años a causa del conflicto armado. “Hemos tenido dificultades con el ganado, ahora vemos a muchachos con drogas y que van robando. Una vez se llevaron hasta el techo de una caseta. Es una situación insostenible para todas las familias de La Trocha”, cuenta. Según la comunidad, este año más de 12 familias campesinas se han desplazado por temor ante la inseguridad y la falta de apoyo de la administración local.
Por ello, Valencia propone trabajar en mesas de diálogo. “Pedimos movernos en esta vía carreteable sin miedo y que haya un consenso. Que todos nos podamos sentar y brindarnos esa oportunidad. Queremos vivir tranquilamente y formular propuestas conjuntas”, dice.
Por su parte Humberto Tequia, líder de la comunidad indígena El 18, avala que se llame a hacer acuerdos. “Nosotros estamos en El 18, debemos buscar una estrategia para dar solución al problema. Pedimos no hablar de manera generalizada, porque no todos los indígenas son delincuentes. Nosotros nunca hemos amenazado. Pido que se instale una mesa con todos las autoridades y comunidades indígenas e informar de inmediato cualquier situación irregular”, propone.
Jhon Fredy Ceballos, secretario de Gobierno, también hace un llamado a la unidad y a la búsqueda de soluciones para ambas comunidades. “Desde la administración se programarán mesas de diálogo y concertación permanente para darle solución definitiva a los problemas interétnicos que tenemos en el territorio. Como administración podemos hacer acompañamiento”, dice.
