El 11 de diciembre, una funcionaria del Ministerio de Cultura viajó al corregimiento de Cañaverales, en San Juan del Cesar, La Guajira, a reunirse con representantes y miembros del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales. Según una imagen enviada entre miembros de la comunidad, la visita tenía como fin establecer una ruta para fortalecer la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial y compartir herramientas para planificar, implementar y evaluar estrategias de protección de ese patrimonio.
Para el consejo comunitario, la reunión fue el primer paso para iniciar el proceso en el que esperan que algunas prácticas culturales que tienen alrededor del agua o los recursos hídricos que hacen parte de su identidad, sean declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial. Eso quiere decir que son tradiciones, recursos o expresiones colectivas con un significado social; que funcionan como referente de tradición, memoria e identidad y que, por eso, deben protegerse.
“Son prácticas que muchas veces definen la idiosincrasia de ciertas comunidades, determinan el arraigo a un territorio, las formas particulares de vivir y relacionarse con el entorno y con los demás. La protección del Patrimonio Cultural Inmaterial también es una protección de las culturas propias de los pueblos de Colombia”, explica Juan Sebastián Rojas, docente de etnomusicología de la Universidad de los Andes y experto en temas de patrimonio cultural.
Pero la declaratoria que busca la comunidad tiene una doble función. Además de exaltar y proteger sus tradiciones, pretende sumar argumentos para frenar a la empresa Best Coal Company (BCC) que proyecta una mina para explotar carbón a cielo abierto en Cañaverales por 10 años, a pesar del rechazo contundente de las comunidades ante este proyecto.
Dentro de los argumentos contra la ejecución de la mina está el temor a perder la vocación agrícola del territorio y a que la minería termine destruyendo o afectando el manantial de Cañaverales que, además de ser un lugar turístico, surte de agua a los casi 40 mil habitantes del corregimiento.
“Aquí no nos estamos inventando nada. Estamos haciendo lo de siempre: tratando de salvaguardar el territorio”, dice Óscar Gámez, presidente del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales. La esperanza es que una declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial, no sólo proteja algunas expresiones, tradiciones o festividades del territorio, sino que se extienda al recurso que las provocan o alrededor del que se celebra: el agua y el manantial de Cañaverales.
Aunque no es una garantía para tumbar el proyecto minero de BCC, la comunidad siente que tendría una herramienta más para oponerse a este. Además, se sumaría a una serie de protecciones con las que ya cuenta el territorio y que, consideran, serían incompatibles con una mina.
La búsqueda de la protección patrimonial
Los acercamientos con el Ministerio de Cultura vienen desde hace más de un año y la pieza clave para estos ha sido Carlos Andrés Meza; un antropólogo, especialista en ambiente y desarrollo local y funcionario del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), una entidad adscrita a ese ministerio.
Meza había viajado en 2022 al corregimiento de cañaverales en el marco de un acompañamiento para que la cultura, las costumbres y la identidad del pueblo no fueran afectados en la aplicación del test de proporcionalidad. Un mecanismo que busca ponderar los derechos de los habitantes del corregimiento que se verían afectados con la mina, y que había solicitado BCC argumentando que la consulta previa se había dilatado —aunque la comunidad lo niega—.
Tras la visita, el Icanh se convirtió en una de las voces disonantes del proyecto minero entre las entidades del gobierno; y Meza se fue acercando cada vez más al consejo comunitario que habitaba en la zona. Meza cuenta que de esos acercamientos surgió, por ejemplo, la creación de un telar, a modo de mapa o mural móvil, en el que identifican las 11 acequias que bañan el territorio.
“En medio del proceso de hacer el mapa hablamos con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Encontramos que hay unas vías por medio de las cuales se podría buscar una declaratoria patrimonial de una o varias acequias”, dice Meza. Por eso, para él, el telar se convirtió no sólo en un instrumento de conocimiento, sino en una herramienta de futura defensa ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que asesora y sugiere el ingreso de bienes muebles e inmuebles.
“La idea es hacer algo similar a lo que se hizo con el río Magdalena cuando los conocimientos y técnicas de la pesca artesanal fueron declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial del país”, cuenta Meza. Eso se logró en 2022 y abarcó desde conocimientos culinarios con productos pesqueros hasta expresiones artísticas de baile y danza alrededor de la vida de los pesqueros. La declaratoria significó una protección a la soberanía alimentaria y a los saberes de más de 75 mil familias que dependían o habían trabajado en la pesca artesanal.
Meza dice que en uno de los varios diálogos que hubo entre la comunidad y BCC, se discutió sobre la destrucción de dos acequias que, según cuenta sí se verían afectadas por la mina. La discusión llevó a preguntarse qué era una acequia, ya que para muchos es visto como un canal construido en el que se transporta aguas.
“La acequia es una solución de agua. (...) A nivel de región tiene una importancia porque es la memoria del ordenamiento del agua en un departamento donde hay una alta incertidumbre hídrica. También porque son 11 acequias que atraviesan el corregimiento, están conectadas con el manantial y llegan hasta el río Ranchería”, explica el antropólogo.
Lo del río Ranchería es clave porque en agosto fue declarado como sujeto de derechos, es decir, que cuenta con una protección especial, y puede sumar a la importancia de las acequias y al freno a BCC. A pesar de las intenciones, el camino es largo, no hay un tiempo específico para saber cuánto puede tardar la postulación y, luego, evaluación de la declaratoria de patrimonio cultural. Lo que sí saben es que, de lograrlo, sería otra forma de blindar el territorio.
En eso coincide Juan Sebastián Rojas, docente de la Universidad de los Andes y experto en temas de patrimonio cultural: “Si llega a ser declarado Patrimonio, es responsabilidad del Estado, bajo el Ministerio de Cultura, proteger esa manifestación cultural. Puede que la ejecución de la política sea demorada o que carezca de presupuestos, pero sí implicaría un proceso de investigación y construcción, junto con la comunidad, del Plan de Salvaguarda para determinar las medidas para proteger esta expresión”.
Aunque no es claro cómo sería esa protección frente al proyecto minero, la comunidad de Cañaverales tendría que buscar la forma para usar la declaratoria a su favor. “Hacer esa forma de resistencia cultural puede ser uno de los mecanismos para desincentivar el proyecto minero. Pero de forma realista, la comunidad tendrá que emplear varias herramientas para lograrlo”, dice Rojas.
En el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, lo saben. “Es como un muro de contención que se va construyendo ladrillo a ladrillo para contener la amenaza que representa el proyecto minero”, comenta Gámez, presidente del consejo. Ese “muro de contención” lo han estado construyendo desde hace más de una década y en los últimos años le han puesto acelerador.
Proteger el territorio
La comunidad de Cañaverales teme que el proyecto minero de BCC imponga una vocación minera, contamine su territorio, acabe con el manantial que es la principal fuente hídrica del municipio y termine desplazándolos. Por eso, han resistido a la mina desde 2009, cuando el proyecto tocó su puerta a nombre de la empresa CCX del grupo brasileño EBX, a quien BCC le compró los títulos mineros en 2017.
Entre las peleas que ha dado y ganado la comunidad para proteger su territorio, está la declaratoria, por parte de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), de la Reserva Forestal Protectora Regional el “Manantial de Cañaverales”. Se dio en 2012 y resalta la importancia de proteger el manantial por ser un bosque seco tropical con aguas subterráneas que abastecen a la comunidad. Entre sus lineamientos está proteger y conservar la flora, la fauna, el bosque seco tropical, el manantial y el paisaje del área.
La llegada de Gustavo Petro como un presidente progresista que hizo campaña con la bandera del ambientalismo, también impulsó otras formas de protección en Cañaverales. Un ejemplo fue la declaratoria, a mediados de 2024, de la primera Área de Protección de Producción de Alimentos (Appa) de La Guajira que está conformada por ocho municipios, incluyendo San Juan del Cesar donde está ubicado Cañaverales.
Eso significa que el corregimiento —y los municipios que hacen parte de la Appa— son territorios rurales relevantes en la producción de alimentos que contribuyen al derecho a la alimentación. Eso los convierte en zonas de interés especial que deben protegerse y en las que se debe promover el uso eficiente del suelo rural con fines agrícolas y ganaderos.
“(La Appa) reafirma que no se puede explotar sin que se consulte a las comunidades y, si se hace, requieren los impactos y consecuencias ambientales del proyecto”, dijo José Quiroga, director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Agricultura.
Además, el comercio, la infraestructura y la minería estarían supeditadas a la Appa y, por lo mismo, debe tenerse en cuenta en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot); que es el que dicta las acciones políticas y administrativas para planificar y ordenar el territorio, en este caso, el municipio de San Juan del Cesar.
“Estamos esperando que salga la última versión del Pbot que tuvo que actualizarse por la declaratoria de la Appa que fue hace poco. Ese sería otro instrumento a nuestro favor porque ahí ni se habla, ni se proyecta nada de minería”, dice Gámez.
En ese “muro de contención” contra la mina, también estuvo la conformación de una comisión del Senado —en marzo del año pasado— para hacerle seguimiento y defender que se le pregunte a la comunidad si está de acuerdo o no con la mina (consulta previa). “Cañaverales también tiene afluentes del río Ranchería, que es sujeto de derecho especial. Eso nos protege la parte territorial” dice Gámez.
Y se le sumó el comunicado en el que declaran como “no grata la presencia de BCC”, que se puede quedar en lo simbólico o en procesos internos de la comunidad si la autoridad ambiental o de consulta previa no lo tiene en cuenta.
Por ahora, el intento más reciente es el de la declaratoria de patrimonio cultural a la que, quizá en un futuro, se le pueda sumar la importancia arqueológica de la zona ya que en Cañaverales dicen haber encontrado piezas de prendas militares del siglo XIX. Incluso, Carlos Meza, del Icanh dijo que ha visto herramientas como hachas que podrían datar de la época prehispánica y hasta vestigios de contextos fúnebres que podrían ser de la época colonial o del siglo XVIII.
Ese aspecto aún no se ha tocado porque requiere una investigación arqueológica profunda y porque, de ser hallazgos claves en este ámbito, no es un punto que blinda al corregimiento , ya que se centraría en un rescate arqueológico y no en una protección propia del territorio. Pero sí podría sumar, a futuro, para la declaratoria por la que se están moviendo ahora.
Hasta el momento, los esfuerzos están concentrados en la defensa de Cañaverales para que la minera BCC no ejecute la obra: “La desigualdad en las regiones, el poder local y el poder corporativo, hacen que sea muy difícil defender un manantial de la voracidad corporativa de una empresa y nos obliga a buscar herramientas como la patrimonialización cultural para defender ese manantial”, dice Meza del Icanh.
