Las claves de la audiencia pública ambiental sobre el proyecto minero Cañaverales de BCC

En el mes de agosto del 2024 la empresa turca Best Coal Company (BCC) radicó ante la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) una solicitud de licencia ambiental para poder llevar a cabo actividades de explotación de carbón a cielo abierto en el corregimiento de Cañaverales. La licencia le permitiría extraer 7,5 millones de toneladas de carbón por 10 años.

La reunión informativa, realizada el 24 de mayo, fue un espacio en el que la empresa BCC expuso a la comunidad los alcances del proyecto minero Cañaverales, las áreas de influencia, el estudio de impacto ambiental y las medidas de manejo que realizaría la empresa, en dado caso de que se apruebe la licencia. El encuentro duró 9 horas y contó con la presencia de la Procuraduría, y la Alcaldía municipal. 

Corpoguajira, como autoridad ambiental, abrió el espacio de intervenciones explicando a la comunidad el concepto de la audiencia pública y el proceso de evaluación de la solicitud de licencia ambiental.

Durante el desarrollo de la reunión hubo un espacio de preguntas en donde la comunidad y asistentes expresaron las dudas sobre los impactos del proyecto, preguntas que fueron respondidas por Corpoguajira y la empresa BCC. 

La mayoría de las dudas de la comunidad y las organizaciones, como el Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (CAJAR), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro Nacional de Salud y Trabajo (CENSAT) estuvieron relacionadas con el impacto que el proyecto podría tener sobre el territorio del sur de la Guajira en tiempos de crisis climática.

¿Qué es una Audiencia Pública Ambiental y como está conformada?

Una Audiencia Pública Ambiental es un mecanismo de participación ciudadana que permite a la comunidad, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, y a otros actores interesados participar en temas ambientales. En el caso del proyecto minero Cañaverales, la audiencia pública ambiental fue solicitada a Corpoguajira por la comunidad de Cañaverales y por organizaciones sin ánimo de lucro, entre estas se encuentran el Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (CAJAR), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro Nacional de Salud y Trabajo (CENSAT Agua Viva).

“En la reunión informativa la empresa dueña del proyecto y quién solicita la licencia ambiental expone el proyecto, el estudio de impacto ambiental, las medidas de manejo ambiental y los permisos ambientales que ellos requieren para la ejecución de su proyecto”, explica Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira.

Palomino agrega que este espacio es la oportunidad para que la comunidad haga preguntas tanto a la empresa que pretende ejecutar el proyecto como a la autoridad ambiental.

Una audiencia pública está conformada por la autoridad ambiental, la comunidad y la sociedad civil, la empresa que solicitó la licencia ambiental y los diferentes organismos de control de orden regional, municipal y nacional, como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, la Contraloría y la Procuraduría. También deben estar la Alcaldía y la Gobernación,

A diferencia de la reunión informativa en donde la empresa BCC presentó el proyecto, en la audiencia pública ambiental la comunidad es la protagonista. “La empresa participó en la reunión informativa, en la audiencia pública vamos a escuchar a la comunidad”, aseguró Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira.

¿Por qué la gente rechaza el proyecto minero en Cañaverales?

Luna Gámez, habitante de Cañaverales, considera que la reunión informativa fue un espacio importante y de aprendizaje. También resalta que la comunidad tuvo la oportunidad de participar y conocer los impactos del proyecto que se pretende desarrollar.

Gámez indica que su comunidad rechaza el proyecto minero principalmente porque depende del agua de su territorio para la agricultura, y porque tienen una relación espiritual y ancestral con el mismo. Además, considera que es importante la protección del agua por la situación que atraviesa el mundo actualmente: "La comunidad de Cañaverales comprende la importancia de cuidar el planeta, ni Colombia ni el mundo resisten un hueco más", puntualizó.

Para Gámez la información proporcionada por la empresa no fue completamente clara, por lo que recalcó la importancia de que la empresa brinde la información completa y entendible antes de la  audiencia pública del próximo 14 de junio.

Yolgica Gámez, vicepresidenta del Consejo Afro Los Negros de Cañaverales, rechaza este proyecto porque considera que la vida en su corregimiento estaría en riesgo: "Los acuíferos del manantial se destruirían por la contaminación generada por el carbón. La mina acabaría con la agricultura en Cañaverales y sus alrededores. La inseguridad sería el pan de cada día, ya no podríamos estar tranquilos ni en nuestras propias viviendas y de manera personal diría que nos tocaría abandonar Cañaverales y hasta los pueblos vecinos”, afirma.

El manantial de Cañaverales fue declarado en 2012 reserva natural y abastece de agua a todo el corregimiento de Cañaverales y a algunas zonas aledañas. 

Oscar Gámez Ariza, presidente del consejo comunitario, define su labor como la “resistencia de su territorio”, por eso rechaza la entrada de la minera: “Traer a la minería como una solución a toda esta problemática es una mentira. Generan algunos puestos de empleo, pero a dónde van a vivir las personas si pierden su territorio. Ellos hablan de desplazamiento voluntario, pero es una forma de engañar a la gente, el gran desplazador es la minería de carbón. Cañaverales será arrasado por la empresa minera”.

“El manantial es la mayor riqueza que tenemos no solo para nuestro bienestar, sino para las futuras generaciones. Seguimos en la resistencia y tratando de hacer lo que podamos”, agregó en entrevista a Consonante el 1 de abril.

“Desplazan a los colombianos de su tierra para que llegue una empresa de un país extranjero, eso es peor que la invasión y peor que la colonización”, puntualiza. 

Edward Andrés Fragoso tiene 26 años y vive en Cañaverales. Su voz se suma al rechazo:  “La empresa no ha socializado el proyecto ni el estudio. Pedimos a las autoridades nacionales estar del lado de las comunidades y no de transnacionales”.

“Nos han violado nuestros derechos, no hemos sido consultados, ellos siempre se han levantado. Ahora están quietos para que se les otorgue esa licencia”, puntualiza. Edward describe a Cañaverales como un lugar de “riqueza y un paraíso; es un lugar hermoso y ahora lo quieren destruir”.

“Exigimos al presidente Petro cumplir sus promesas de campaña y amparar nuestro territorio agroalimentario. Es fundamental impedir que una nueva mina de carbón a cielo abierto provoque la desaparición de nuestras fuentes de agua y afecte nuestra agricultura, identidad y vida digna”, agrega por su parte el comunicado del Consejo Comunitario en su cuenta en X, publicado el 25 de febrero. La comunidad además cuestiona que no ha garantizado el derecho a la consulta previa. 

¿Qué dice Corpoguajira?

En entrevista con Consonante, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) aseguró que hasta la fecha no han tomado una decisión frente a la solicitud de licencia ambiental presentada por BCC. "En este momento la solicitud está en evaluación, se está revisando cada ítem y ahora está frenado el proceso mientras se surte el trámite de la audiencia pública. Los ingenieros ya tienen en sus manos el estudio de impacto ambiental y cada uno desde su experiencia está evaluando lo que dijo la empresa en la reunión y lo que vieron en la visita de campo que se hizo en el mes de febrero”, indicó Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira.

Palomino además asegura que la audiencia será un espacio en donde sólo podrá intervenir la comunidad, organizaciones defensoras del agua y el medio ambiente, y otros interesados inscritos ante Corpoguajira.

"Todo lo que la comunidad manifieste será tenido en cuenta para la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental. La comunidad tiene derecho a pronunciarse sobre el proyecto, nosotros tenemos el deber legal de escucharlos y tener en cuenta lo que ellos manifiestan sobre el proyecto. Es su territorio y ellos conocen todo ese ecosistema”, agrega.

¿Quiénes pueden participar en la audiencia?

Según Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira, la audiencia pública es ese espacio en donde la corporación va a escuchar a la comunidad y otros interesados. "En la audiencia pública la empresa no va a presentar el proyecto, porque para eso fue la reunión informativa, en la audiencia pública vamos a escuchar a la comunidad. El procedimiento es que el que quiera participar y tener sus ponencias debe inscribirse en la página web de la corporación, pueden inscribirse en la dirección territorial del sur en Fonseca, en las alcaldías y se les da la oportunidad de escuchar sus ponencias”, explica.

Encuentre acá el formulario de inscripción de las ponencias 

¿Por qué es importante que se realice la audiencia? ¿Cuáles son los alcances? 

El Cajar explica que la audiencia es importante porque es un escenario de participación ambiental democrática que le va a permitir a toda la sociedad conocer qué implica el desarrollo de un nuevo proyecto minero de carbón en La Guajira, cómo va a ser, qué impactos ambientales y sociales va a generar en el territorio y cómo la empresa los va a prevenir, mitigar, corregir y compensar. Esto va a permitir que las comunidades ejerzan su derecho a la participación en la gestión de asuntos ambientales y el acceso a la información en condiciones públicas, transparentes con enfoque diferencial.

Sofía Villalba, investigadora de la línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, indica que las audiencias públicas son el proceso de intercambio de información de las empresas mineras con la comunidad. “Son uno de los mecanismos más amplios para la participación ambiental y, por lo tanto, buscan promover una democracia participativa en la toma de decisiones. No hay restricciones frente a la participación y está abierto para la población en general, organizaciones e instituciones”, afirma. 

Villalba agrega que es fundamental que las personas participen para entender cómo va a operar el proyecto, los impactos que pueda tener y cómo los va a afectar: “La información debe ser amplia, clara y entregada de manera oportuna para las personas que están en los territorios, especialmente con la ratificación del Acuerdo de Escazú”.

La investigadora sostiene que la comunidad puede solicitar ampliar la audiencia si hay preguntas que quedan pendientes y está disponible en diferentes etapas del proceso. “Estas audiencias no son vinculatorias, no porque una persona diga “no se puede hacer”, se va a frenar la licencia y el trámite. Pero es importante y un deber que los comentarios queden recogidos por la autoridad, proyectarse en un acta y ser tenidos en cuenta. No es solamente un trámite sino que hacen parte del fortalecimiento, la toma de decisiones y la protección de derechos humanos”, puntualiza.

“Las audiencias se realizan al mismo tiempo en que se efectúan los estudios y el tiempo depende de cuando se radicó la solicitud. Las audiencias no frenan los tiempos, pero son tenidos en cuenta para la toma de decisiones. Las audiencias públicas no reemplazan las consultas previas que se tienen que realizar con anterioridad a la presentación de la solicitud del proyecto, es obligatorio que estas se realicen para poder garantizar los derechos de las comunidades étnicas", recalca.

¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para hacer una solicitud de licencia ambiental?

Para que la solicitud de licencia ambiental sea recibida por la autoridad ambiental, en este caso Corpoguajira, la empresa solicitante deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en el decreto 1076 del 2015. "Ese decreto establece qué proyectos requieren de licencia ambiental y quién es el competente, si es la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA)  o las corporaciones autónomas regionales. Además, establece unos requisitos para aquellos proyectos que requieren de licencia ambiental. Entre ellos el estudio de impacto ambiental, el certificado del Ministerio del Interior sobre la procedencia o no de la consulta previa y estudios arqueológicos, y otros requisitos que establece la ley”, cuenta Palomino.

Desde octubre del año pasado la solicitud está a cargo de Corpoguajira luego de que BCC modificara su plan de trabajos y obras y redujera la explotación de carbón a menos de 800 mil toneladas por año. Por esto, la revisión pasó de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) a nivel departamental.

¿Cuál es el rol y los alcances de los terceros intervinientes? 

La Audiencia Pública Ambiental no es una instancia de decisión. La empresa presenta el proyecto y, por su parte, Corpoguajira está en la obligación de recibir todos los conceptos, los documentos y opiniones que se presenten sobre el proyecto sobre los cuales debe pronunciarse en la toma de su decisión posterior a la audiencia cuando elabore su concepto de aprobación o negación. Cualquier persona, ong y entidad puede intervenir en la audiencia para dar su concepto sobre el proyecto, incluyendo a las ong's que solicitan la audiencia.

Estos son algunos de los terceros intervinientes: Cajar, Censat, Cinep, Terrae, Aida, profesora Cecilia Rosa, profesora Andrea Cardozo Díaz, Universidad Javeriana, Universidad del Magdalena, Clínica Jurídica y Semillero Pacha Pakta de la UIS, Senadora Imelda Daza y Benedicto González (AETCR de Pondores).

¿Qué dice la empresa turca Best Coal Company (BCC)?

La empresa BCC cuenta con el título minero GDI-081 que corresponde a 4.855 hectáreas entre Fonseca y San Juan del César donde estaría ubicada la actividad de explotación minera. Sin embargo, la empresa indica que en el proyecto minero Cañaverales intervendrán 479.5 hectáreas. La operación se realizaría durante 10 años con el fin de extraer 7,5 millones de toneladas, con una producción media anual de 753.850 toneladas.

En la evaluación ambiental la empresa reconoce 17 impactos que ocasionaría la explotación minera a cielo abierto. Entre los principales impactos se encuentra: la pérdida de la estabilidad del terreno y la alteración de su geoforma, así como también habrá una  afectación a la recarga de acuíferos, habrá un cambio en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial, incluyendo el cambio en la dinámica de los cauces. También habrá daños en la calidad del suelo, erosión y cambios en su uso. Habrá alteraciones en la calidad del aire, niveles de presión sonora y vibraciones, así como la generación de olores ofensivos. 

En la audiencia, la empresa minera proporcionó información sobre la mina de carbón a cielo abierto que pretende en Cañaverales, sin embargo no respondió sobre la etapa de cierre de las minas ni la rehabilitación del espacio después de la extracción.

¿Qué dice el Cajar como solicitante de la audiencia pública?

Al ser uno de los solicitantes de la audiencia pública ambiental sobre el proyecto minero cañaverales, el Colectivo de Abogados y Abogadas Jorge Alvear Restrepo solicitó a Corpoguajira y a la empresa BCC que se dieran las garantías mínimas de participación a toda la comunidad que hará parte de esta audiencia pública y que el lenguaje para presentar el proyecto sea el adecuado.

“Es esencial que la sociedad civil acá presente y la comunidad que está conectada también de manera virtual y presencial tengan acceso a toda la información ambiental vinculada a este proceso de licenciamiento. Esta información tiene que ser clara, completa, entendible y con un enfoque diferencial teniendo en cuenta que aquí están presentes comunidades que tienen usos y costumbres”, dijo en la audiencia Valeria Sosa, abogada del Cajar.

En su intervención, Sosa fue enfática en pedir a ambas entidades BCC y Corpoguajira, que el proyecto fuera expuesto en detalle. “Es fundamental que en el marco de esta audiencia pública se aborden aspectos exhaustivos como conocer el área de influencia del proyecto, las características físicas y técnicas de las actividades, la descripción completa de los impactos ambientales, incluidos los impactos acumulativos, residuales y ambientales, y las medidas preventivas para evitar impactos”, dijo Sosa.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) advierte que la problemática es que se esté permitiendo una nueva mina de carbón a cielo abierto en tiempos de crisis climática. “No hay coherencia con todos los acuerdos en materia ambiental que ha adquirido el gobierno. Se está permitiendo que se esté dando trámite a una licencia ambiental que busca una nueva mina de carbón”, dice el colectivo.

¿Qué dice el Cinep como solicitantes de la audiencia pública?

Andrea Díaz, ingeniera ambiental del equipo de interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, asegura que esta organización junto con el Cajar y Censat solicitaron la audiencia por dos razones: “Por la preocupación que tenemos frente al proyecto minero que se está proponiendo y por la importancia de  dialogar y poner sobre la mesa cuáles son los impactos que se podrían generar  por la apertura de una nueva mina de carbón a cielo abierto en un territorio tan vulnerable como La Guajira, tanto en términos ambientales, climáticos como socioeconómicos”.

“Nos parecía clave poder generar este espacio para que participaran las comunidades que van a ser afectadas tanto directamente como en la región por la apertura de esta mina. Que pudieran plantear las preguntas e inquietudes y  también  manifestar su posición frente al desarrollo o no de este proyecto”, agrega Díaz.

En cuanto al proceso de realización de la audiencia pública, Díaz considera que hay disposición por parte de la corporación para poder llevar a cabo este mecanismo de participación. “Hay una voluntad por hacer el proceso de la manera más rigurosa y con todas las garantías, eso realmente nos da una sensación positiva frente a la disposición de Corpoguajira y al compromiso que tienen como autoridad ambiental de tomar una decisión responsable y acorde con el contexto que se está dando”, concluye.

Yenny Ortiz, coordinadora del programa de derechos humanos, tierras, movilizaciones, interculturalidad del Cinep, indica que la reunión informativa previa a la audiencia pública fue convocada porque el proyecto que se pretende desarrollar en Cañaverales es un tema de interés no solo para Fonseca y San Juan sino para toda la Guajira ya que esto tiene que ver con los impactos que esto puede generar para todo el departamento: "Cualquier impacto que se haga en una zona de alta producción agrícola e hídrica vulnera sistemáticamente los derechos humanos del departamento".

“Si se llegara a desarrollar el proyecto Cañaverales en La Guajira esto tendría un impacto irreparable para las comunidades campesinas y afro”, puntualiza.

¿Qué dice Censat como solicitantes de la audiencia pública?

Una de las preguntas que resonaron en el polideportivo fue la de Cristian Torres, coordinador de conflictos ambientales de Censat, quien preguntó: ¿Por qué la empresa tiene un título minero tan amplio, si las áreas de aprovechamiento de carbón que se pretende explotar son menores?

A lo que la empresa respondió: “Los títulos mineros normalmente son bastantes extensos, estos diseños van asociados al mercado, los equipos y a los costos. La mina se diseña de tal manera que sea útil para los accionistas, como para el país”.

Torres argumentó que este proyecto se pretende desarrollar en un contexto de descarbonización y crisis climática, lo que plantea interrogantes sobre la compatibilidad de la extracción de carbón con las políticas de mitigación del cambio climático. "Las autoridades ambientales deben tomar en cuenta los impactos acumulativos sinérgicos residuales, que impactan a perpetuidad, además de la capacidad de carga que puede tener un territorio que ha sido predilecto para la transición energética", dijo.