Restituir tierras despojadas, fortalecer las economías rurales y hacer efectiva la Ley de Víctimas. Con esas promesas, 22 candidatos buscan llegar al Congreso a través de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) número 12, que agrupa 14 municipios de tres departamentos de la Costa Caribe. Sus campañas hablan de reparación y justicia para las comunidades más golpeadas por el conflicto armado. Pero en la región, muchas familias escuchan esos discursos con escepticismo: son promesas que ya les habían hecho antes.
A unos días de las últimas elecciones del espacio creado para representar a las víctimas del conflicto armado en el Congreso, en La Guajira, Cesar y Magdalena se vive una carrera desigual entre los poderes políticos tradicionales y aquellos que buscan recuperar el espacio para reivindicar a sus comunidades. El eje de la desigualdad está sobre la campaña de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, el ‘Yoyo’ Tovar, hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, quien hoy busca reelegirse en ese escaño.
“Cuando Tovar llega a algún lugar, es todo un espectáculo: despliegue de música, comida y publicidad. Pero antes de eso, ha contado con tropas de personas para llamar la atención de la gente”, así lo cuentan varias comunidades guajiras. Hace unos días, el equipo de campaña de Tovar recorrió las calles del corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca. De puerta en puerta, repartiendo invitaciones, cachuchas y sonrisas, buscaban convencer a los habitantes de asistir a un evento organizado en el comando de campaña: una casa ubicada frente a la plaza del pueblo que, años atrás, perteneció al narcotraficante ‘Maquitos’ Figueroa, señalado como responsable del dolor de cientos de familias en la región. Allí, como si se tratara de una fiesta, hubo comida y refrescos para quienes llegaron a escuchar las propuestas del candidato.
Mientras la campaña de Tovar se permite el lujo de captar la atención de la gente y llegar a más lugares, a los contrincantes solo se les ve en algunos afiches por algunos pueblos. Luchan por llegar a las reuniones veredales para darse a conocer.
En redes sociales, con videos dinámicos e imágenes de alta calidad realizadas por un equipo de comunicaciones experimentado, Tovar se muestra como un hombre que escucha a los más vulnerables. En contraste, otros candidatos mantienen una presencia en línea modesta, con publicaciones hechas sin experiencia.
El Consejo Nacional Electoral volvió a incumplirles —como lo había hecho en las elecciones de 2022— a los candidatos: el desembolso de los recursos para hacer campañas de las Citrep llegó tarde. Solo hasta el pasado 16 de febrero, esa entidad acordó las reglas para entregar financiación a estas campañas. La decisión quedó plasmada a través de la Resolución 1081, a tres semanas de los sufragios.
A una de las candidatas a las que les incumplieron fue Hillary Sánchez, víctima de desplazamiento en el municipio de Fundación, Magdalena. Empezó a trabajar en las mesas municipales de víctimas y, desde hace unos años, viene articulando acciones con el gobierno para el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). No había aspirado a cargos en el municipio, se lanzó a lo nacional y hoy, a sus 27 años, es una de las fichas más destacadas en la contienda.
“No hay condiciones de equidad ni igualdad para poder competir con él —Tovar—. Ostenta una credencial, lo que tiene ya unas ventajas, y un músculo financiero robusto. Pero si no tuviera esto, estaría fuera de la contienda”, señaló.
Sánchez ha reunido algunos fondos para visitar a algunos líderes y sus comunidades y contarles que le apuesta a que se cumpla el Acuerdo de Paz y sigan diálogos con otros actores armados, así como cerrar la brecha del campo y la ciudad, impulsar la entrega de tierras y fortalecer los liderazgos locales. Pero sin dinero la contienda se le ha dificultado.
En contraste, durante el pasado fin de semana, Tovar visitó varias comunidades para cerrar su campaña. Decenas de personas con gorras, camisetas y bombas verdes, en Los Pondores en San Juan del Cesar o en Aguas Blancas en Valledupar lo acompañaron entre algarabía y conjuntos musicales. “El candidato que se quiere reelegir tiene su gente, pero entre ellas he visto personas que no les importa todo esto, que se dejan engañar porque les ofrecen comida, fama o poder”, lamenta un líder de La Guajira que pidió la reserva de su nombre. Dice esto mientras resalta la vulnerabilidad de su comunidad, que años atrás, en distintos comicios, ha apoyado a candidatos con la expectativa de recibir ayudas económicas o promesas laborales.
Sin recursos, sin apoyos y sin amistades poderosas, los otros 21 candidatos que aspiran a reemplazarlo temen perder ante el poder ‘Yoyo’, pero se mantienen esperanzados por sus comunidades.
Cuestionan resultados legislativos
A través de la organización Asociación Paz es Vida, en 2022, Tovar llegó a la Cámara de Representantes con 15.272 votos, la mayor votación que recibió un candidato para estas circunscripciones. Ese año, el censo electoral para esta curul del Caribe era de 125.577 personas habilitadas para sufragar. Para estas votaciones se registraron 152.280 personas, siendo Magdalena y Cesar donde mayor volumen de sufragantes hay.
Varias víctimas con las que conversó este medio cuestionaron el desempeño legislativo de Tovar durante los últimos cuatro años en el Congreso, por eso les sorprende que quiera volver a competir por una silla en el legislativo.
Juan Carlos Gómez, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar, cuenta que entre la población víctima ha encontrado una sensación generalizada de no verse realmente representada en el Congreso durante el primer periodo de las curules de paz en varias de las regiones priorizadas por el Acuerdo. En esto coincide Yesica Fragoso, lideresa de víctimas de San Juan del Cesar: “Lo positivo fue la visibilización del tema en algunos espacios; sin embargo, lo negativo fue la falta de comunicación permanente con las bases y la ausencia de rendición de cuentas claras”, afirma.
“En las elecciones de 2022, las víctimas no contaban con garantías suficientes para postular a personas que realmente hubieran sufrido el flagelo de la guerra. En su lugar, se presentaron candidatos con intereses políticos y económicos que lograron llegar al Congreso. Y aunque en su momento tuvieron cierta aceptación, hoy cabe preguntarse qué avances concretos han logrado para las comunidades que dicen representar”, señaló Gómez.
Esta noción de oportunidad perdida es un sentimiento compartido entre líderes de los tres departamentos. En un inicio, la curul especial de paz fue vista como una herramienta clave para las víctimas del conflicto armado en la región y generó expectativas en la comunidad sobre la posibilidad de contar con una voz que realmente las representara en el Congreso. Sin embargo, según Elizabeth Cotes, lideresa de víctimas en el municipio de Dibulla, La Guajira, la decepción comenzó a instalarse con el paso de los años, al ver que muchas de sus necesidades seguían sin resolverse.
Las 16 curules de todo el territorio se destacaron por realizar control político sobre los Acuerdos de Paz, pero Alejandro Chala, investigador de Fundación Paz y Reconciliación (Pares), concuerda en que no se han tratado de grandes resultados y más bien ha logrado visibilizar liderazgos.
“Las curules de paz han tenido un rol más importante en la definición de quórum y votaciones para proyectos de iniciativa de congresistas o del gobierno nacional, pero más allá de ello y del rol de debate público, no han tenido mucha producción legislativa”, dice Chala.
Aunque han tenido ambición legislativa, se han quedado a medio camino. Por ejemplo, a mediados de julio de 2024, varios de ellos propusieron transformar la Unidad para las Víctimas en un ministerio que coordinara la atención y reparación y se implementara una política pública de atención a víctimas, pero el proyecto fue retirado un año después.
También han conseguido algunos resultados. Uno de los más relevantes ha sido la extensión por diez años más del periodo de inversión en los municipios Pdet. Una de las curules de paz que impulsó esta iniciativa fue Tovar.
Según los registros del Congreso, Tovar ha sido coautor de 30 proyectos de ley. Entre ellos se destacan iniciativas para impulsar el turismo en los territorios Pdet, destinar la maquinaria incautada de la minería ilegal al desarrollo de obras en municipios afectados por el conflicto, conmemorar a las víctimas de la Guerra de los Mil Días y modificar la Ley de Víctimas para superar su estado de necesidad, así como ampliar los plazos para que más personas puedan ser incluidas en el registro de víctimas.
Otras que buscaban que las víctimas fueran exentas de los derechos de inscripción y de grado en las universidades públicas o la municipalización de áreas en zonas Pedt fueron archivadas. También resaltan otras agendas legislativas lejanas a las necesidades de las víctimas como declarar el Día de la Cultura Vallenata, vincular al Congreso en los ascensos militares o declarar patrimonio genético nacional a la raza del caballo de diagonales.
Víctimas esperan representación
Las millones de víctimas del conflicto están regadas en todo el territorio nacional, pero el Acuerdo de Paz focalizó las elecciones de las curules de paz en 168 municipios, por eso para voces como Juan Carlos Gómez, desde el Cesar, la representación de cada una de las curules de paz lleva un peso enorme con todo el país.
Yesica Fragoso, líder de víctimas del municipio de San Juan del Cesar, señala que en su comunidad el primer proceso de elección de las curules fue percibido como poco transparente por la escasa socialización en los territorios. “Muchas organizaciones no tuvieron información suficiente ni espacios reales para conocer propuestas o debatirlas. Esto generó desconfianza y la sensación de que la elección no reflejó verdaderamente la voluntad colectiva de las víctimas”, explica.
Desde el resguardo Kankuamo, uno de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Oseas Tomás Arias aún lamenta el desconocimiento que su comunidad —como muchas otras víctimas— tenía sobre las elecciones de estas curules. En 2022, recuerda, en el resguardo no se entendía muy bien de qué trataban esos comicios. Sin embargo, asegura que el único candidato que llegó a hacer campaña fue Tovar.
“En ese momento, aquí en el resguardo Kankuamo le pusimos unos 400 votos”, explica. “Creímos en él para empezar a hacer la reconciliación; queríamos mostrar que somos capaces de perdonar, pero sin olvidar”, agrega Arias, exsargento del Ejército y víctima de ‘falsos positivos’.
Arias es una de las víctimas acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reprocha que Tovar no haya acompañado en las audiencias y diligencias a las familias afectadas por la guerra en esas regiones durante los cuatro años en el cargo. “Por eso ahora mismo estamos buscando una nueva representación. Estamos pensando en un candidato que he visto conmigo allá, llorando en las audiencias, con los recuerdos”, dice.
Desde la coordinación de la Mesa de Víctimas de Cesar, Gómez ha podido identificar que el malestar de la población se debe a la falta de diálogo y la ausencia de reuniones con la gente. Considera que la curul de paz se convirtió en un espacio más para la historia de la política tradicional. “Todo el sector político del departamento del Cesar desaparece y aparece cada cuatro años cuando necesitan votos. Asimismo pasó con la curul de víctimas. Nunca tuve una invitación para conocer un informe o saber de los proyectos a favor de las víctimas”, reprocha Gómez.
Aunque el Estado establece requisitos para los candidatos que aspiran a la curul de paz en Colombia —que incluye ser víctima del conflicto armado, tener experiencia en temas de víctimas, no tener antecedentes penales ni vínculos con grupos armados, ser mayor de edad y tener un buen historial de comportamiento—, varias víctimas entrevistadas creen que los requisitos no fueron suficientes para garantizar que la curul de paz fuera ocupada por alguien que efectivamente los representara.
Cotes, desde Dibulla, cuestiona la falta de garantías del Estado por no haber evitado que las curules de víctimas se volvieran una herramienta más de la politiquería. “El estado le hizo falta mucho. Permitir que un hijo de un victimario ocupe la curul de paz es un golpe más para las víctimas”, considera.
Tovar nació en Valledupar, Cesar, hace 36 años. Es abogado rosarista y antes de iniciar campaña por la curul de paz, era el coordinador del Grupo de Articulación para la Política Pública de Víctimas del Ministerio del Interior. En los registros de la Unidad para las Víctimas, Tovar indicó haber sufrido dos desplazamientos forzados por las Farc, en 2006 y 2015; haber presenciado los asesinatos y secuestros de varios familiares y verse obligado a salir al exilio.
“Puede que ‘Yoyo’ no sea mala persona, pero la herida de la guerra aún duele, y el papá de ese muchacho hizo mucho daño, yo como Estado debo de hacer una revisión sobre los candidatos que se postulan que hayan algunas prohibiciones, para que no terminen hiriendo más a la población”, agrega Cotes.
Otro de los opositores a que se dé la reelección es Silver Enrique Polo Palomino, coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio de Ciénaga, Magdalena, y quien también ha hecho parte de la mesa departamental. “Ya tuvo la oportunidad de poder levantar la voz en favor de la comunidad, de la población víctima y no se han visto grandes resultados”. También reprocha que por su departamento no lo han visto recogiendo las necesidades de las comunidades que allí representa.
En medio de las armas
La seguridad es otro factor que tiene prevenidas a las autoridades y candidatos de la región. La nueva ola de violencia que empezó a sentirse a finales del año pasado por los enfrentamientos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) —también conocidos como ‘Los Pachenca’— ha preocupado a la Misión de Observación Electoral (MOE), sin embargo, según el testimonio de un candidato que pidió la reserva de su nombre, Los Pachenca les habrían informado que tenían vía libre para hacer política durante estas elecciones.
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Pero con las Egc hay dudas y la primera candidatura de Tovar ya estuvo señalada de supuestos vínculos de violencia. En febrero de 2022, José Humberto Torres, entonces asesor jurídico de la Gobernación de Magdalena, denunció por redes que ese grupo estaría presionando para que las comunidades votaran a favor del ‘Yoyo’.
@CNE_COLOMBIA En el Magdalena los GAO herederos del paramilitarismo están constriñendo a los electores para que voten por alias el Yoyó, hijo del jefe paramilitar Jorge 40; todo indica que los herederos de la parapolitica también regresarán al congreso @Registraduria @DCoronell
— José Humberto Torres (@JoseHTorres) February 24, 2022
En el día de las elecciones al Congreso de 2022, el caso del corregimiento de Guachaca en Magdalena volvió a señalar estas presuntas presiones electorales. Ese día, hombres armados amenazaron a la población, pues según líderes de la Troncal del Caribe, si las familias salían a votar o los jurados cumplían con su obligación, serían declarados objetivo militar. A mediados de ese año, Lerber Dimas, líder de esa región, explicó en Noticias Caracol que esa comunidad tenía su propio candidato para esa curul y el objetivo del grupo armado era presionar a las familias por el desaire contra Tovar. El candidato, a través de sus abogado, ha negado los vínculos con estos grupos.
Lo cierto es que los riesgos persisten. Según el Quinto Informe de Violencia Político-Electoral elaborado por Pares, desde el inicio del calendario electoral al Congreso (8 de marzo de 2025), la organización registra 10 violencias en los tres departamentos donde se eligiera la curul de Caribe: en La Guajira, un atentado y dos homicidios; en Cesar, un atentado, un homicidio y una amenaza; y en Magdalena tres atentados y una amenaza.
En las últimas semanas, Luz Ana Camacho, una de las víctimas que permanece en la campaña por esta curul de paz denunció por sus redes sociales que personas que se han identificado como paramilitares le han pedido dinero para seguir en la contienda, pero ella se ha negado. Recientemente, estos sujetos se comunicaron con ella para informarle que debía retirarse de la campaña, sino habría consecuencias contra su familia.
Además de la zozobra por estas violencias, a líderes como Polo lo que más les preocupa es que en los tres departamentos se esté imponiendo el poder de maquinarias políticas para esa curul. “Algunos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados están apoyando la candidatura del ‘Yoyo’ Tovar. Aunque él no dé la cara en la región, tiene algunas personas movilizando su campaña”. Del resto de candidatos, no advierte los mismos riesgos, cree que están haciendo una campaña libre de presiones económicas.
A pocos días de conocerse los resultados, Fragoso desde San Juan del Cesar recuerda que “el mensaje para los próximos candidatos es claro: la curul no debe verse como un cargo político tradicional, sino como una responsabilidad ética con personas que han sufrido el conflicto”.
