Se fueron en silencio, casi sin mirar atrás. Uno a uno, los carros y camiones cargados de ropa, electrodomésticos y lo poco que podían rescatar fueron rodando por las trochas de Miravalle, en San Vicente del Caguán. Hace un año, 41 firmantes de paz y sus familias emprendieron ese viaje sin retorno, dejando atrás el lugar que habían escogido para empezar de nuevo después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
En la vereda quedaron las huellas de su esfuerzo: casas levantadas con las propias manos, un museo que contaba su historia, una biblioteca que abría ventanas al futuro y varios proyectos productivos que eran semilla de esperanza. Aunque el terreno del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —Etcr— Óscar Mondragón era arrendado, quienes lo habitaron se empeñaron en convertirlo en hogar, en levantar allí las condiciones mínimas para caminar de lleno hacia la vida civil a la que se comprometieron desde 2016.
A inicios del 2024 dos líderes del Etcr recibieron un mensaje por WhatsApp que los alertó, las disidencias del Estado Mayor Central — Emc— anunciaron que todos los firmantes tenían que salir del territorio. María de los Ángeles Vargas, excombatiente y lideresa de este Etcr, recuerda que días después los citaron a una reunión. Era junio y todos asistieron al lugar pactado.
El anuncio cayó como una sentencia: cuarenta días, ni uno más, para abandonar Miravalle. La advertencia del grupo armado no dejaba espacio a dudas. El Gobierno insistía en que no se movieran, que reforzarían la seguridad, que el territorio aún podía ser seguro. Pero en Miravalle la decisión ya estaba tomada. Nadie mejor que ellos sabía leer el trasfondo de esa amenaza. “Nosotros también fuimos guerrilleros —recuerda Vargas—, sabemos que si la orden se da, es así”.
La vereda Miravalle se encuentra en la zona de El Pato - Balsillas, un territorio que tuvo presencia histórica de las Farc y de gran interés para las estructuras disidentes como el Emc y la Segunda Marquetalia, pues es un corredor estratégico que conecta los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila. Justamente ese fue el argumento que el grupo armado le dio a los firmantes de paz, tenían que irse porque el Emc necesitaba ese corredor.
Durante aquellos cuarenta días, el campamento fue un ir y venir de manos y recuerdos. Desarmaron alojamientos, empacaron herramientas, clasificaron lo que podía salvarse y dejaron atrás lo que no. Cada tabla desmontada, cada ladrillo suelto, parecía cargar con la certeza de que Miravalle quedaría vacío.
Mientras tanto, el Gobierno buscaba a contrarreloj un nuevo lugar para ellos. El terreno apareció en El Doncello, Caquetá: un predio alquilado, llamado Rancho Grande, que sería apenas un refugio temporal. Allí, el 20 de agosto de 2024, llegó la caravana con los 41 firmantes y sus familias, cerrando definitivamente un capítulo y abriendo otro aún incierto.
María de los Ángeles todavía evoca la primera imagen de Rancho Grande: un terreno estrecho, cubierto de monte, donde el calor sofocaba y las pertenencias de las familias se apilaban sin orden, como si el desarraigo también hubiera quedado empacado en los costales. El caos marcaba el inicio de su nueva vida.
Para muchos era la primera vez que dejaban la zona de El Pato, el único territorio que habían conocido en años. El golpe fue duro. “Para mí fue emocionalmente terrible tener que salir de Miravalle”, confiesa Vargas, con la voz cargada de una nostalgia que aún no se disipa.
Después de un año poco queda de ese caos inicial. En el predio hay varias casas, la mayoría construidas con madera, polisombra y con el poco material de construcción que lograron recuperar de Miravalle. En estos refugios temporales pasa la vida cotidiana, mientras esperan que el Estado cumpla la promesa de entregarles un lugar propio, con todas las garantías, en el que puedan establecerse como colectivo.
Las garantías, una deuda pendiente
Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta junio de 2025, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha registrado una diversidad de hechos violentos en contra de las personas firmantes: 470 asesinatos, 162 intentos de homicidio y 54 desapariciones.
470 asesinatos, 162 intentos de homicidio y 54 desapariciones.
Desde la reincorporación han enfrentado riesgos y agresiones directas, algunas de ellas, incluso, ocurridas dentro de los Etcr. Esto, según señala la Misión de la ONU, es resultado de la presencia de grupos armados ilegales en las regiones donde se encuentran. “Hay más de 13.000 personas desmovilizadas de las antiguas Farc que están cumpliendo con el Acuerdo de Paz y pese a eso están siendo asesinadas”, afirma el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas —Sarv—, de la JEP.
Esta situación no es nueva y ha despertado las alertas de la comunidad internacional y de las entidades del Gobierno Nacional que deben velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Incluso, en el 2022, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de seguridad de firmantes del Acuerdo Final de Paz (SU 020-22), por la vulneración sistemática de sus derechos, con el fin de generar órdenes que lleven a su protección.
Han pasado tres años y, sin embargo, poco o nada ha cambiado. Desde 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad (Sarv) de la JEP adoptó medidas cautelares para proteger la vida de los firmantes de paz. A través de órdenes y audiencias públicas buscaba comprometer a las instituciones responsables en garantizar su seguridad.
Pero el deterioro ha sido evidente. Recientemente, la JEP volvió a emitir órdenes, esta vez advirtiendo que seis antiguos Etcr corren el riesgo de desaparecer, entre ellos el de Miravalle. En su comunicado, el magistrado Sánchez lanzó una alerta contundente: “En estos espacios, los perfiles de aquellos firmantes que ejercen roles de liderazgo de proyectos productivos y procesos de reincorporación son los que corren mayor riesgo”.
En una audiencia citada el 10 de abril de este año por la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación —UIA— de la Fiscalía llamó la atención sobre el cambio en las lógicas de la victimización de excombatientes, pues existe incremento de hechos violentos de carácter colectivo. Además, agregaron que desde la creación de espacios de reincorporación se han presentado 28 eventos de desplazamiento forzado, que implican a 1.350 firmantes. “De estos, el 52 por ciento correspondió a desplazamientos forzados de tipo individual o familiar, y el 48 ciento a desplazamientos masivos”, afirman.
Las agresiones no son hechos aislados. Llegan en medio de un ambiente enrarecido por las presiones que, una y otra vez, buscan empujar a los firmantes de paz de regreso a la guerra. Así lo advierte el magistrado Raúl Sánchez, a partir de los análisis de la Unidad de Investigación y Acusación —UIA—, que señalan a las disidencias de las Farc como responsables de la mayoría de los ataques.
“La Sección ha insistido en que la protección de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz constituye un deber constitucional y legal para las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas en proceso de reincorporación”, recuerda Sánchez, subrayando una verdad que, en el terreno, sigue sin cumplirse.
El Doncello, una tercera oportunidad de pensar en la paz
Con una sonrisa amplia y unas cuantas naranjas en la mano, Zamudio, firmante del Etcr, se acerca a las visitantes para compartir lo poco que da la tierra. Antes de que prueben, lanza una advertencia entre risas: “son chumbas”. Las frutas tienen formas extrañas y un color opaco, lejos del brillo esperado. Los demás explican que no es culpa de las semillas, sino de la tierra, que carece de nutrientes.
Ese puñado de naranjas torcidas es, en realidad, el símbolo del predio Rancho Grande en El Doncello: un lugar donde se resiste con lo que hay, mientras la promesa de una solución definitiva sigue sin cumplirse.
Los firmantes de paz de Miravalle sueñan con tener tierras fértiles, en las que puedan sembrar, reactivar los proyectos productivos y continuar con su vida colectiva. “Aquí lo que tenemos es que arrancar como nos toque. Acá, en este sitio, estamos desplazados, pero tratamos de hacernos la vida feliz”, dice María de los Ángeles Vargas.
El 5 de agosto, después de un año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, realizó la entrega simbólica de 235 hectáreas para la reubicación del Etcr Óscar Mondragón. Se trata de tres predios, ubicados en la vereda La Granada de El Doncello, donde se espera construir un proyecto de vivienda para las 41 personas que llegaron desde Miravalle.
“Con eso nosotros estaríamos garantizando un poco que accedan a la tierra que les permitirá arraigarse, entendiendo que para nosotros el arraigo es un factor determinante para garantizar el éxito del Programa Reincorporación Integral”, señala Angélica Ángel, coordinadora de la ARN en Caquetá.
Aunque este es un paso importante queda un largo camino por delante. En este momento la ARN está realizando visitas técnicas a los predios para hacer el estudio de prefactibilidad, el cual se debe finalizar en lo que queda del 2025, este es un requisito antes de avanzar en el proyecto de vivienda. Cuando se tenga el soporte técnico, se suscribirá un convenio con el Ministerio de Vivienda, con el cual se realizará la convocatoria y la construcción del proyecto. “Una vez se suscriba el convenio, el Ministerio dice que en 18 meses más o menos estaríamos entregando viviendas”, indica Angélica Ángel.
Por ahora, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) prorrogó por un año más el contrato del predio en Rancho Grande. Ese margen de tiempo les permitirá a los firmantes permanecer allí mientras se concreta, al menos en el papel, la construcción de viviendas y la adecuación de la zona que algún día debería recibirlos de manera definitiva. Para Ángel, pese a las dificultades que han atravesado, el traslado ha significado un respiro: percibe que en El Doncello los riesgos son menores, sobre todo por la cercanía con Florencia, la capital del Caquetá.
María de los Ángeles Vargas, lideresa del proceso, también ve en esta decisión una oportunidad, aunque no esconde la incertidumbre. Si los estudios de prefactibilidad resultan favorables, lo que les espera es un trabajo arduo: abrir una vía de dos kilómetros para conectar con la carretera, gestionar maquinaria y materiales, y levantar desde cero servicios básicos como energía, acueducto y alcantarillado. Un futuro que se anuncia largo y lleno de obstáculos, pero al que, como en tantas otras ocasiones, deberán enfrentarse con la misma mezcla de esperanza y resistencia que los ha mantenido de pie desde que dejaron las armas.
Además, afirma que de las 235 hectáreas entregadas, 40 se encuentran en zona de preservación lo que significa que no se pueden intervenir, esto dejaría solo 195 hectáreas para dividir entre 41 personas, además de construir las zonas comunes y de producción. Aunque la realidad la lleva a hacer cuentas, dice que es necesario esperar para ver qué pasa en los próximos meses con este proyecto.
“Nosotros no firmamos un acuerdo para pauperizarnos. Nosotros hicimos un acuerdo para tener las condiciones por las que peleamos, que es mantener la dignidad, como seres humanos, como personas”, dice Vargas.
Mientras tratan de resolver el presente y el futuro cercano, María de los Ángeles dice que lo que ellos quieren es aprovechar las posibilidades políticas del país después de la Constitución de 1991 y que no existían cuando ellos ingresaron a la guerrilla, señala que ese tipo de oportunidades son una motivación para seguir defendiendo la paz. “Nosotros asumimos el compromiso y tenemos que salir adelante porque es la palabra empeñada y nosotros siempre hemos sido honestos con nuestra palabra”, dice.
