Un estruendo se escuchó en el barrio Villa Norte de San Vicente del Caguán en la tarde del 22 de diciembre. La tierra se movió y el sonido llegó hasta las casas del sector. “Esto me hizo recordar anteriormente como cuando colocaban bombas”, nos contó una habitante de la zona. Esta vez la causa fue la desactivación controlada por parte del Ejército de un artefacto explosivo abandonado en la vía de ingreso al barrio.
Este no es un caso aislado, de hecho es bastante frecuente en este y en otros municipios del país. Las balas y las explosiones siguen ocurriendo cerca de la población civil, especialmente de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Miles de personas no terminan este año con la tranquilidad y alegría que viven otras en las principales ciudades en medio de las festividades. El recrudecimiento del conflicto armado interno deja más que cifras: incrementa la precarización de la vida de las comunidades y la imposibilidad de vivir en paz en la ruralidad colombiana.
Durante el 2024 en Colombia se presentó un deterioro de la situación de seguridad. Así se evidencia en el fortalecimiento y expansión de los grupos armados no estatales en casi todo el país, como lo documentan diferentes organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, cuya representante saliente Juliette de Rivero, reconoció recientemente en una entrevista con El Espectador que algunos grupos armados han aprovechado el escenario de diálogos con el Gobierno para consolidar su poder.
Este es un tema importante para entender la situación en la que se encuentra el país en materia de seguridad y el estado de las garantías para la población civil. Ya ha transcurrido más de la mitad del periodo presidencial de Gustavo Petro, y los reflectores están puestos sobre los avances en la política de Paz Total que durante 2024 pasó por diferentes momentos que han cambiado el mapa de las alianzas y estructuras de los grupos armados.
¿Qué ha pasado con estos grupos durante 2024?
Comuneros del Sur
Era un frente del ELN en el departamento de Nariño, pero el 7 de mayo se separó oficialmente para acercarse al Gobierno y abrir una negociación independiente. Podría decirse que hoy es el proceso más avanzado en el marco de la política de Paz Total. Recientemente finalizó el quinto ciclo de negociaciones en el que llegaron a acuerdos importantes como la concentración de los combatientes en Zonas de Ubicación Temporal, lo que dará paso a la reincorporación y construcción de un movimiento político. Además, se acordó la destrucción de material de guerra del grupo armado que se realizará bajo los protocolos del Gobierno nacional con el acompañamiento de la MAPP-OEA y, por último, se pactó un cese al fuego bilateral por 180 días a partir de enero.
Presencia territorial: según el Gobierno nacional, este grupo hace presencia en el departamento de Nariño, particularmente en 10 de sus municipios.
Ejército de Liberación Nacional (Eln)
Desde el inicio este proceso ha estado marcado por desencuentros. El primero fue la negativa del ELN de sumarse al cese bilateral decretado por el Gobierno el 31 de diciembre de 2022. En julio de 2023 se declaró el inicio de las negociaciones y se pactó un cese al fuego bilateral temporal desde el 3 de agosto de ese año.
El 30 de mayo de este año, el ELN condicionó la continuidad del proceso a que fueran retirados de la lista de “Grupos Armados Organizados”, concretar la creación del Fondo Multidonante (sobre el que no hay mucha claridad) y suspender las conversaciones entre el Gobierno y el frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño. Nada de esto ha ocurrido.
Las conversaciones estuvieron congeladas desde mayo, pero en septiembre, después del ataque a una base militar en Puerto Jordán, Arauca, se generó una crisis que hizo que el presidente Gustavo Petro dejara en vilo la continuidad del proceso.
En noviembre se dieron acercamientos en los que se acordó realizar un nuevo encuentro en el mes de enero del 2025. En un comunicado que ha circulado desde el 22 de diciembre, este grupo anunció un cese al fuego unilateral entre el 23 de diciembre y el 3 de enero.
Presencia territorial: según la Fundación Pares este grupo tiene presencia en 231 municipios.
Estado Mayor Central de las Farc (Emc)
En marzo de este año, el Gobierno suspendió el cese al fuego con el EMC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, tras un ataque de este grupo a una minga indígena del pueblo Nasa, en el que fue asesinada la lideresa Carmelina Yule Paví.
Después de esto, el EMC se dividió en dos facciones: una, comandada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Losada “Mordisco” y la otra por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”.
Mientras siguen las hostilidades contra el EMC, particularmente contra el grupo de “Mordisco”, que el 16 de abril fue expulsado de la mesa de conversaciones, el proceso de negociación se mantiene con la facción de “Calarcá” nombrada Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (Estado mayor de los bloques "Comandante Jorge Suárez Briceño", Magdalena Medio "Comandante Gentil Duarte" y frente "Comandante Raúl Reyes").
En octubre se finalizó el sexto ciclo de diálogos con este grupo en el que, entre otras cosas, se acordó la extensión del cese bilateral hasta abril de 2025.
Presencia territorial: según la Fundación Pares, en agosto de este año el grupo de “Calarcá” hacía presencia en 86 municipios. Por otro lado, el grupo de “Mordisco” actuaba en 123 municipios.
Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera y Coordinadora Guerrillera del Pacífico
En junio de este año el Gobierno acordó el inicio de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, en cabeza de Iván Márquez. Esta estructura llegó a la mesa con dos aliados: Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Sin embargo, en el mes de noviembre estos dos últimos grupos decidieron desligarse de la Segunda Marquetalia y se agruparon bajo el nombre de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El Gobierno continuó en la mesa con la Coordinadora, mientras que Iván Márquez se apartó de las negociaciones.
Presencia territorial: según la Fundación Pares, la Segunda Marquetalia tiene presencia en 66 municipios.
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)
En el mes de febrero de este año cambiaron su nombre a Ejército Gaitanista de Colombia (Egc). En julio el Gobierno autorizó la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico y reconoció a seis representantes de este grupo para participar como voceros.
Existe una tensión importante en este proceso, porque en varias entrevistas el abogado del Egc ha dado a entender la necesidad de que se le reconozca estatus político a este grupo paramilitar, hecho al cual el Gobierno se ha negado y que cambiaría todas las condiciones de la negociación.
Presencia territorial: actualmente este es el grupo con mayor control y capacidad militar. Según la Defensoría del Pueblo, están presentes en 392 municipios.
Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)
En agosto de este año, el Gobierno colombiano reconoció a cuatro miembros representantes de la Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada para que participen en el Espacio de Conversación Sociojurídico, que estaría orientado a fijar unos términos de sometimiento a la justicia.
Este año tuvo eco la solicitud de alias “Camilo”, vocero de ese grupo armado, quien en abril pidió que Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fuera gestor de paz en este proceso. Cuatro meses después, con la Resolución 244 del 14 de agosto, Mancuso fue nombrado gestor de paz, una decisión polémica sobre la que, incluso, se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, al negar su libertad por considerar que no hay proporcionalidad entre la intención del Gobierno al ponerlo en ese rol y la necesidad de justicia y derechos de las víctimas.
Presencia territorial: según InSight Crime, este grupo tiene presencia en 14 municipios.
Bandas criminales
Continúan los espacios de diálogos sociojurídicos:
- Quibdó: la mesa de conversación se instaló en agosto del 2023. Existe un espacio con Los RPS, Los Mexicanos y Los Locos Yam. Recientemente manifestaron voluntad de dialogar las bandas Revolución Cabi y Los Zetas. Las cinco estructuras anunciaron cese al fuego hasta el 31 de enero del 2025.
- Medellín (aproximadamente 350 estructuras que operan en el Valle de Aburrá): la mesa de conversación se instaló en junio del 2023. En los últimos días se logró un acuerdo para hacer un plan piloto hasta enero del 2025, para frenar la extorsión en 25 barrios de Medellín y Bello.
- Buenaventura (Shotas y Espartanos): no ha definido agenda ni marco jurídico, a pesar de que el espacio de diálogo se instaló en julio del 2023.
La mayoría de los grupos armados ilegales que se encuentran en negociaciones o diálogos sociojurídicos, presentan un fortalecimiento y expansión territorial.
Esta situación tiene efectos sobre la población civil. Como se registra en el informe enero-septiembre 2024 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 171.700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado durante ese periodo, agresión que se ha generado por causas como los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y las amenazas directas a las comunidades.
Por otra parte, esta organización humanitaria registró 104.803 personas víctimas de confinamientos. La mayoría de eventos de este tipo han tenido lugar en el departamento del Chocó, con concentración particular sobre las comunidades que se encuentran sobre el río San Juan.
Además de estas formas de violencia, otros hechos generan alerta frente al fortalecimiento de los grupos armados ilegales, como las masacres; los homicidios selectivos de defensores de derechos humanos y firmantes de paz; y el reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.
A pesar de que la Paz Total se propuso como una política que permitiría desescalar la violencia y proteger la vida de la población civil, a dos años de su inicio no se ha logrado cerrar alguno de los procesos abiertos ni avanzar en las promesas de garantías de seguridad. Por el contrario, han sido muchos los obstáculos y tensiones que han marcado esta iniciativa. Uno de ellos, la atomización de los grupos armados en negociación, como el caso del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, que a futuro podrían continuar modificando la geografía de la guerra en el país.
