“Estos cuatro años de implementación de las circunscripciones los perdimos. Los perdimos porque se eligió un representante de manera fraudulenta y no hizo nada”, sentencia el defensor y ex comisionado de la verdad Leyner Palacios, sobre el espacio que se contempló para darles voz directa a las víctimas del conflicto, en un departamento en el que todo el mundo es víctima. El 94 por ciento de los habitantes del Chocó han sido afectados por el conflicto: de un estimado de 605.000 personas, 569.021 hacen parte del Registro Único de Víctimas.
A pocos días de que se elija por segunda y última vez al representante que ocupará la llamada curul de paz en el Congreso, diez de esas víctimas chocoanas cuentan cómo se vive la puja desde el desencanto.
Hace cuatro años, la emoción era la expectativa y la esperanza. “Yo participé en las negociaciones en este proceso en La Habana y cuando salieron las circunscripciones las recibimos con mucha esperanza porque entendimos que era la oportunidad para que ese acuerdo se materializara en procesos y derechos para las comunidades”, continúa diciendo Palacios.
“Hace cuatro años se vivió un ejercicio muy bonito, se inscribieron líderes reconocidos del departamento, se inscribió José Valencia, se inscribió Blasney, que era el coordinador de la Mesa de Víctimas, algunas mujeres del Atrato, mujeres que reconocemos que han sido lideresas al interior del proceso. Pero también se inscribió James Mosquera Torres, que no era conocido para nosotros en territorio”, recuerda un líder político de Istmina, quien, como la mayoría de fuentes de esta historia, prefiere no ser nombrado por el miedo que implica hablar sobre política en un territorio donde la mayor fuente de empleo son las alcaldías y la Gobernación.
James Mosquera, quien hoy busca la reelección, lleva más de tres años con una indagación en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón, por el origen del certificado que recibió para avalar su condición de víctima en 2023 (requisito fundamental para participar por esta curul). Cuestionan que además de recibirlo de manera exprés —en 20 días, a pesar de ser un trámite que puede demorar años— hay inconsistencias en los hechos victimizantes relatados. A punto de que se le venza el periodo, aún la gente del departamento no tiene claridad sobre el asunto.
En el Chocó es ampliamente conocida la cercanía del congresista Mosquera con la casa política Sánchez Montes de Oca, debido a que ha trabajado como abogado de Patrocinio Sánchez, veterano político de esta familia poderosa que está condenado por irregularidades en contratos durante su gestión como gobernador. Líderes del territorio, por aparte, afirman que, por la vía de esa relación, James Mosquera obtuvo el apoyo de esta maquinaria y del Partido de La U para las elecciones de 2023
Mientras en esa primera elección hubo 11 listas y más de 20 candidatos, para las de este domingo las víctimas de los municipios: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto, más dos de Antioquia (Vigía del Fuerte y Murindó), deben elegir solamente entre seis aspirantes.
Avalados por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita están James Hermenegildo Mosquera y Georgina Portocarrero, una lideresa de Riosucio. Por la Corporación Magia y Desafío “Corpomades”, que tiene poco más de un año de creada y de cuyos candidatos se sabe poco, están Leyman Javier Mosquera y Yuledis Viera. Y por la organización de víctimas Revivir Sipí están Blasney Mosquera Hurtado, excoordinador de la mesa de víctimas, y Ana Rosalba Mosquera Palacios, que ya se habían lanzado con la misma organización.
En el marco de las sombras sobre Mosquera se entiende la frustración de ahora de algunos. “Vemos que es una representación más en la Cámara, el impacto que esperábamos a través de nuestro representante de paz realmente no ha tenido el eco necesario para nosotras las víctimas”, comentó Giovanny Mena, líder comunitario de Condoto.
“Durante estos cuatro años no se sentó a hablar en algún momento con la Mesa Indígena del Chocó. Solamente ha venido cuando viene alguien de Bogotá a acompañar y hablar. Nada más”, aseguró un representante de la Mesa que prefiere no ser nombrado por seguridad, pues ha sido amenazado en varias ocasiones.
“Sería bueno que ese representante pudiera ayudar a mediar en ese conflicto que hay entre las comunidades negras y las comunidades indígenas. O la atención urgente en salud mental por el aumento de los suicidios. Pero pues no tenemos ese respaldo para estos trabajos”
agregó el líder indígena.
“Si uno mira los informes, ha participado de algunos proyectos como autor y coautor, pero hacia el territorio no hay vinculación, no nos sentimos representados. Él vivía en Bogotá, es alguien que ha sido más político que líder social”, comentó el líder de Istmina.
Mosquera tuvo un desempeño promedio, en comparación con los otros representantes de estas curules en materia de proyectos en el congreso. Para la legislatura de 2022-2023 y 2023-2024 fue autor y/o coautor de 47 proyectos. En la primera legislatura más de la mitad estaban relacionados con la paz, mientras que en la segunda solamente el 23 por ciento de ellos.
En palabras del congresista, los mayores logros de su gestión en estos cuatro años fueron la ponencia de la ley que aumentó por 10 años los PDET, el apoyo a la ley que amplía los plazos para declararse como víctima y la “gestión de más de seis mil cartacheques de indemnización”.
Pero en el Chocó no sienten estos avances: “Para nosotros era vital que se adelantara bastante la indemnización pero hay un estancamiento en ese proceso. También ha estado demasiado lenta la implementación de la reforma rural integral. Los recursos incluso para las iniciativas priorizadas también han tenido un estancamiento, al igual que la implementación de obras y proyectos PDET”, agrega Mena.
Hoy la disputa electoral parece estar solamente entre James Mosquera y Blasney Mosquera. Líderes del territorio afirman que James sigue teniendo el apoyo de los Sanchez y del Partido de La U. “Acá el partido Liberal, el Partido de La U, que son las casas fuertes, y por ahí que se suma Cambio Radical, ya decidieron. La alianza de James con La U sigue ahí y tengo entendido que los otros partidos que han resultado golpeados de esta alianza han buscado rodear al otro candidato”, explica el líder de Istmina, que es conocedor de la movida.
En territorio reconocen una campaña política muy desigual y sienten desconfianza: “Blasney es una víctima que no tiene recursos para hacer esos movimientos y desplazamiento a los 14 municipios que votan. Aquí una sola bomba de gasolina vale más o menos 120.000 pesos y en un desplazamiento se gasta cuatro y cinco. En cambio, el representante James tiene todas las posibilidades porque hasta proyectos ha logrado para financiar su campaña. Llega a los pueblos ofreciendo hasta contratos. De cierta manera ese poder que adquirió lo están utilizando para constreñir también al electorado”, dice Leyner Palacios.
Esto también es evidente en redes sociales. James Mosquera cuenta con un gran equipo de comunicaciones, su presencia en redes sociales ha sido fuerte con publicaciones diarias mostrando los recorridos por los municipios. La semana pasada estuvo en gira de medios en Bogotá, en medios como El Espectador, Caracol y Red +. En comparación, el líder Blasney Mosquera ha hecho un par de publicaciones pagas en medios locales como “Publimovil Chocó”, y recientemente abrió un instagram que tiene siete publicaciones.
A esto se suman otros cuestionamientos: integrantes del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, la organización social que avala a James Mosquera, aseguran que el aval lo entregó el entonces representante legal del Consejo Comunitario, Tulio Hurtado, sin autorización de la junta directiva y presuntamente a cambio de dádivas. Frente a los cuestionamientos del aval, el representante Mosquera aseguró en entrevista a este medio que todo fue de manera consensuada.
Entre los apoyos políticos cuestionados de Mosquera está también la del exalcalde de Bojayá, Joaquín Palacios Asprilla, quien está condenado por su relación con paramilitares en la región del Atrato. El político publicó en redes sociales que su movimiento “Minga para el desarrollo de Bojayá” había decidido apoyar a Mosquera. Un capital de votos que podría ascender a los 2.500, después de que en las elecciones a la alcaldía de 2019 su candidato ocupara el segundo puesto con 2.234 votos.
Facebook.
En medio del desencanto, el llamado también es a la articulación: “Nuestro grupo llegó a una conclusión que queremos dejar clara: la presencia del congresista en el territorio no puede ser simbólica, debe ser constante, articulada y orientada a resultados. Necesitamos representantes que lleven nuestras preocupaciones al nivel donde se toman las decisiones y que regresen con respuestas y no con silencio”, dijo Ana Julia Hidalgo Ruiz, integrante del comité cívico, durante un evento que reunió a los candidatos y a los voceros de las organizaciones sociales en Quibdó el pasado 17 de febrero.
Al final, en el aire no queda flotando la pregunta de quién ganará, sino si, con quien gane, dejarán de sentir la frustración y el abandono desde un espacio de participación que se convirtió en un botín más de la política de siempre.
