Desde agosto el río Ranchería, el más importante de La Guajira, fue declarado sujeto de derechos. El proyecto de ley que había iniciado su carrera en el Congreso desde septiembre de 2022, fue oficializado el 8 de agosto bajo la ley 2415 de 2024. Su propósito es: “garantizar su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente”.
Para que esto sea posible, la ley propone la creación de un “cuerpo colegiado”, es decir, un espacio de discusión y decisión integrado por representantes de diferentes comunidades que viven a lo largo del territorio. Por cada comunidad que habite la cuenca, habrá dos representantes en el grupo de guardianes del río. Y aunque la participación de la comunidad es central, algunos expertos han señalado la falta de garantías para que la elección de estos representantes sea realmente beneficiosa para las comunidades:
“Los retos son gigantes sobre todo en esa parte: ¿quiénes van a ser realmente los que tomen decisiones sobre el río y cómo se van a tomar? Esta forma de organización va en contravía de cómo participa y toma decisiones el Pueblo Wayuu. Además, han estado inmersos en un sistema de captura corporativa, de abusos de poder que justamente no permiten que esas decisiones sean libres e informadas”, comenta Rosa Mateus, Coordinadora del del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática de Cajar.
La ley también exige la creación de un plan de acción que deberá ser formalizado en máximo dos años. El documento debe incluir indicadores que permitan medir la eficacia de las acciones y también determinar las entidades responsables de cada acción establecida.
Para la veeduría institucional estará la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades rendirán un informe semestral a la Comisión de Guardianes del río Ranchería y a la comunidad en general, donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas.
El río ha regado las tierras semidesérticas de todo el departamento, desde el norte hasta el sur, mientras convive con una de las operaciones mineras más grandes de Latinoamérica: El Cerrejón. La tierra que ha intervenido la empresa es la que antes tenían los más importantes arroyos que nutrían el río en su cuenca media, por lo que el caudal ha disminuido. A esto se suma una represa inconclusa que ha privado del acceso al agua a muchas comunidades.
Bajo este contexto, la ley dicta que será obligación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, garantizar que se eliminen todos los bloqueos que impiden el caudal natural del río en todo su trayecto, “a fin de que se cumplan las condiciones ambientales propias y se permita el acceso del agua a todas las comunidades que históricamente se han beneficiado”.
Consonante habló con Martha Peralta Epiayú, la senadora que impulsó el proyecto de ley en el Congreso, sobre los retos que vendrán para la implementación de la norma.
Consonante: ¿Cómo verá la población de La Guajira el impacto de la declaración del río Ranchería como sujeto de derechos?
Martha Peralta Epiayú: Esta ley busca cuidar el río de cualquier tipo de impacto. Sabemos que en el departamento de La Guajira se desarrolla la minería más grande de Latinoamérica a cielo abierto y que este río ha venido sufriendo las consecuencias. Lo que no queremos es que vuelva a desviarse, que desaparezca o que se lo roben, porque es el afluente más importante que tenemos en el departamento.
En él (el río) tenemos la solución para abastecer el departamento y las comunidades ribereñas de agua, para los quehaceres del día a día, para el cultivo y para el consumo en total estado potable.
C.: ¿O sea que esta ley también implica que se va a trabajar para llevar agua potable a las comunidades?
M.P.E.: Claro que sí, porque si no cuidamos el agua, se va a acabar. Este gobierno está pensando en continuar con la segunda etapa de la represa, pero si no hay agua, si la seguimos contaminando o sigue desapareciendo, seguiremos siendo parte de una población que se está extinguiendo.
Hoy están falleciendo los niños por causas asociadas a la desnutrición, y eso es un riesgo para la permanencia y la supervivencia del pueblo Wayuu, porque es su niñez, es la continuidad de su existencia. Si no protegemos el agua puede llegar la minería, cualquier otro agente externo, o el mismo gobierno, a impactar el río. Queremos que las comunidades se empoderen para cuidarlo, protegerlo, conservarlo y descontaminarlo.
C.: Parte de la tierra que ha intervenido Cerrejón es la que antes tenía los arroyos más importantes que nutrían el río Ranchería en su cuenca media. Sabiendo que la ley dice que se deben descontaminar y restaurar los ecosistemas de la zona, ¿qué papel entrará a jugar la empresa y cómo se va articular con la ley?
M.P.E.: El espíritu del proyecto es el cuidado del agua, es buscar todos los mecanismos que vayan dirigidos a su conservación, pero además de ello que las comunidades sean los guardianes del río Ranchería. Realmente la empresa Cerrejón tiene una responsabilidad en esta recuperación, ellos han estado prestos, pero todo tiene que ser de la mano de las comunidades y como ellos lo orienten.
C.: Siguiendo con el tema de la minería, este año el consejo comunitario de Cañaverales se opuso a la entrada de la minera Best Coal Company (BCC) que quiere explotar carbón en su territorio. La declaratoria se dio después de que se archivara la solicitud de licencia ambiental para el proyecto minero. A pesar de que no es un afluente del río Ranchería, la ley declara que también se deben evitar daños adicionales al medio ambiente en toda la región. ¿Cuál es la postura del Gobierno frente a la llegada de esta mina ahora con la declaración?
M.P.E.: Esta ley acaba con cualquier tipo de atentado contra la vida del río Ranchería, ya no pueden priorizar, por ejemplo, “que debajo del río hay más de 50 toneladas de carbón”, pues eso no puede estar por encima de la protección al agua, sus cuencas, sus arroyos, o sus riachuelos. Es una protección que realmente va más allá de una declaratoria, es para que en el departamento de La Guajira no se siga priorizando la minería por encima del agua.
C.: ¿O sea que eso implicaría que posiblemente se les niegue la licencia?
M.P.E.: Este gobierno tiene un compromiso por la protección del recurso hídrico de nuestro país. No creo que se vaya a priorizar la minería por encima de la voluntad popular que exista alrededor de Cañaverales.
En esas circunstancias, así como hemos hecho las iniciativas para la protección del río Ranchería, también lo haremos para esta comunidad si ellos así lo ven pertinente.
C.: ¿Cómo se articulará esta ley con la orden que dio el Consejo de Estado en junio sobre terminar la represa El Cercado?
M.P.E.: El Cercado fue un proyecto que se realizó con una inversión bastante grande y que hoy está ahí como un elefante gris. Este gobierno inició los estudios y hasta donde tenemos conocimiento, se comprometieron en avanzar con una etapa más de las tres que tiene. Estaremos haciéndole veeduría para que se pueda desarrollar de la mejor manera.
También está en curso un proyecto de ley que va más dirigido a la materialización del acceso al agua potable y del saneamiento básico para el departamento de La Guajira. Esto busca crear una institución que se llamará Proaguas, cuyo funcionamiento estará basado en la coordinación de todas estas políticas públicas de soluciones, para que no estén dispersas en todo el departamento. Y esta es una ley transversal a todo ese tipo de soluciones.
C.: Eso estaba en el decreto de emergencia que tumbó la Corte. ¿Es lo mismo?
M.P.E.: Sí, ese proyecto de ley es el decreto que tumbó la Corte Constitucional cuando expidió el Presidente de la República el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Ahí estaríamos cumpliendo la petición de la Corte de que se haga vía legislativa. Ya va para segundo debate.
