“Tenemos las ganas, pero no los medios”, dice Cleris Perea, mientras atiende su puesto de fritos en la Casa de La Mujer, entre las calles del barrio Escolar del municipio de Tadó, Chocó. En su tono lleva las penas del conflicto que hace algunos años la desarraigó de su tierra, pero también el ímpetu de quien decidió volver sin acompañamiento, verdad o reparación. Con agilidad limpia las mesas del local, ya casi es mediodía y debe alistarse para preparar los almuerzos por los que cobra $15.000 pesos —o a veces, lo que puedan darle—. “Las ventas no es que sean acá muy buenas, las ganancias no es que sean muchas, por eso venimos mirando qué otras actividades podemos hacer”.
Perea es incansable, trabaja todos los días para buscar el sustento de sus familia, pero también encuentra motivación en su comunidad, que la ha alentado para buscar iniciativas que le permitan rescatar sus tradiciones y cuidar el medioambiente. Por eso, desde hace unos años impulsó la creación de la Asociación Ambiental, Ecológica Gestora del Arte y la Cultura (Asaegac). En la actualidad 30 mujeres hacen parte de este proceso, y además de conseguir los objetivos que las motivaron en un inicio, también sueñan con realizar otro tipo de iniciativas para las que han recibido incentivos.
La Diócesis de Istmina-Tadó las ha capacitado en gastronomía y, de hecho, el pasado mes de noviembre les donó una nevera e implementos de cocina para fortalecer la elaboración de alimentos. También, hace varios años, recibieron apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que las formó en elaboración de artesanías y piscicultura y les donó dos máquinas de coser para impulsar un taller de modistería.
Sin embargo, no han logrado avanzar en ninguna de estas iniciativas. Las ganas no faltan, pero sí carecen de muchas cosas para que los proyectos salgan adelante: “no tenemos local, ni insumos, ni cómo pagar el transporte de las compañeras que vienen de la zona rural”, lamenta Perea. El camino no ha sido nada fácil y saben que seguirá siendo retador, aun así no pierden la esperanza de algún día concretar sus emprendimientos y seguir aprendiendo sobre liderazgo y educación financiera.
“Estamos a la espera de que la Agencia Nacional de Tierras nos facilite un terreno para poder sembrar y criar gallinas”, señala Perea. Sus palabras están llenas de sueños, que es lo que la mantiene de pie para no desistir; lo que busca es crear espacios para el bienestar de las mujeres de la organización y para que muchas otras del municipio se vinculen. La meta es mejorar la calidad de vida a través de proyectos productivos.
Un tejido de resistencia femenina
Las mujeres de Asaegac comenzaron a realizar labores de limpieza en Tadó en el 2023. El deterioro de los puertos, ríos y lugares turísticos de la zona urbana y rural era evidente, al igual que los efectos en quienes iban a estos lugares. “Había muchos niños que frecuentaban esos sitios y salían con alergia en la piel —por la suciedad—. Eso fue lo que me motivó a ayudar a crear esta organización”, cuenta Perea.
Fue una iniciativa propia, sin esperar nada a cambio y sin apoyo de la Alcaldía. “Solo contamos con la solidaridad de algunos comerciantes que nos dieron agua, bolsas y guantes cuando limpiábamos los puertos. Nosotras mismas compramos palas y machetes con colectas de mil o dos mil pesos”, agrega la lideresa. Con el tiempo la entidad territorial contrató una empresa para la limpieza ambiental de estas zonas y Asaegac quedó fuera de estas labores.
Desde ese momento la organización ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer las economías familiares de las mujeres de la asociación y en trabajar por la cultura del territorio. Karina Rentería, otra de las integrantes de Asaegac, explica que han trabajado en el rescate de tradiciones gastronómicas y culturales, enseñando a los jóvenes los bailes y cantos ancestrales que sus abuelos usaban en velorios y fiestas.
“Queremos que nuestros hijos crezcan con identidad, no con miedo”, dice Rentería.
La mayoría son madres cabeza de hogar víctimas del desplazamiento. Ellas llegaron al casco urbano de Tadó después del 16 de enero de 2002, cuando cientos de familias del corregimiento de El Tapón quedaron en medio de un combate entre el Ejército y la extinta guerrilla de las Farc. Con los años, algunas víctimas retornaron e intentaron reconstruir la comunidad, otras se quedaron. “Antes del conflicto, vivíamos tranquilos. No éramos ricos, pero teníamos paz”, dice Rentería. “Dormía uno con las puertas abiertas. Uno no le temía a nada, no habían problemas”, complementa Perea.
Derechos sobre el papel
La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prometió verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para quienes sufrieron los embates de la guerra. También aseguró el derecho a la participación, asistencia, restitución de tierras y vivienda digna. Sin embargo, en Tadó estos derechos parecen quedarse en el papel, como se evidencia en la experiencia de las mujeres de Asaegac.
Jesús Anilo Mena Romaña, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas municipal, aseguró que los proyectos productivos que ha diseñado el Estado no responden a las verdaderas necesidades de las comunidades. “Nos traen proyectos de seguridad alimentaria, pero nosotros necesitamos soberanía alimentaria, producir para vivir y comercializar. Pedimos asesores que nos ayuden a formular iniciativas, porque muchas víctimas no saben cómo presentar un proyecto”, explica.
Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), a octubre de 2025, en el municipio de Tadó se registran 21.514 víctimas, de las cuales 11.276 son mujeres (52,4 por ciento). Cleris Perea, es una de las que espera la reparación: “algunas personas ya fueron reparadas, ya las indemnizaron; otras no hemos sido atendidas con la Unidad de Víctimas”, afirma.
Un reto mayor es que el conflicto armado no hace parte del pasado, como lo pone en evidencia Romaña, quien advierte que hay una nueva ola de violencia armada que afecta de manera especial la zona rural del municipio:
“Hay miedo y confinamiento. Las mujeres quieren trabajar, pero los grupos armados siguen presentes. Necesitamos apoyo para que puedan emprender sin arriesgar sus vidas”.
Desde finales de 2021, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) libran una guerra por el control territorial de la subregión del San Juan, en el norte del departamento de Chocó. Esa disputa ha afectado municipios como Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Tadó. “Ahora vivimos con miedo, confinadas y sin garantías económicas”, lamenta Rentería.
Las cifras exponen esta crisis: el RUV muestra un incremento alarmante en el número de víctimas del municipio desde 2023. Para ese año, la Unidad para las Víctimas registró 564 víctimas y para 2024 la cifra aumentó a 2.933. En 2025 la tendencia al alza siguió, con el registro de 3.193 víctimas en Tadó. El 99 por ciento de las víctimas incluidas en este listado fue por desplazamiento forzado.
Desde la Oficina de Enlace de Víctimas de la Alcaldía, Valentina Copete reconoció que los procesos de retorno y acompañamiento son lentos. “Sin un concepto de seguridad favorable no podemos avanzar. Los retornos se han hecho, pero no todos cuentan con garantías”, explica.
El personero Municipal, Guillermo Andrés Panesso Córdoba, agregó que los recursos son limitados. “Es difícil sostener proyectos productivos individuales en un municipio de sexta categoría. La prioridad ha sido atender emergencias y comunidades desplazadas, pero eso retrasa otros apoyos”, señala.
Consonante le consultó a la Unidad para las Víctimas cómo avanza la reparación de El Tabor y Mumbú, dos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en el municipio, sin embargo, la entidad no se refirió a este tema en la respuesta que entregó a un derecho de petición. Tampoco dio información sobre el número de mujeres indemnizadas y aquellas que están a la espera de recibir esta reparación.
Entre el olvido y la esperanza
La violencia institucional hacia las mujeres —expresada en la falta de acompañamiento, el machismo y las trabas burocráticas— sigue siendo una herida abierta. Aunque leyes como la Ley 581 de 2000 (de Cuotas) y la Ley 1009 de 2006 promueven la participación femenina, en territorios como Tadó estas normas aún no se traducen en oportunidades reales.
En una respuesta escrita a este medio, la actual administración municipal resaltó que ha desarrollado cerca de ocho charlas, capacitaciones y socializaciones sobre “género y empoderamiento a mujeres” en el municipio. Entre ellas, con las mujeres de la vereda Santa Bárbara, para el acompañamiento a piscicultoras; y en el corregimiento de El Tapón, para socializar el rol de Casa de la Mujer. También han organizado otros espacios para la prevención de las violencias basadas en género y la socialización de la Política Pública de Mujer y Género de Tadó, en la cual se plantea el reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los derechos de las mujeres del municipio.
Las integrantes de Asaegac insisten en que la solución no pasa solo por la entrega de recursos, sino por el acompañamiento y la formación efectiva. “No se puede sacar normas para grupos de personas sin que las entiendan o sin quien les ayude a ejecutarlas”, concluye Cleris Perea.
Consonante le solicitó a la Alcaldía información sobre los proyectos para fortalecer las economías de las mujeres en el municipio y su seguridad alimentaria, así como el rubro de inversión para estas acciones pero, a pesar de accionar una tutela por esta información, la Alcaldía respondió que se encontraba consolidando datos que requerían “verificación interna”. Aunque se comprometió a enviar una respuesta pronto, esta no se ha recibido a la fecha de publicación.
Han sido muchos los años de espera para las mujeres de Asaegac y, sin embargo, las respuestas llegan a cuenta gotas. La valentía y persistencia de estas treinta mujeres, sigue siendo lo que moviliza al colectivo para pensar en proyectos, buscar los apoyos y soñar con que es posible pensar en una realidad con mayor bienestar para ellas y sus familias. Esto es su presente, mientras el Estado, algún día, cumple sus promesas.
