Todo el país Entrevista

En campaña 3 de cada 4 candidatas vivieron algún tipo de violencia solo por ser mujeres

Este 8 de marzo, mientras se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el país también vuelve a las urnas para las elecciones al Congreso. La coincidencia reabre una pregunta clave: ¿qué tan real es hoy la participación política de las mujeres? Aunque existen leyes para promover esa paridad, siguen siendo insuficientes. Consonante habló con Juliana de la Torre, directora de Artemisas, sobre estos retos.

En Colombia, más del 70 por ciento de las candidatas a las elecciones territoriales de 2023 vivió algún tipo de violencia relacionada con las actividades presenciales en el ejercicio de su liderazgo político. ¿La razón? El simple hecho de ser mujeres, dice un estudio de la ONU publicado a finales del año pasado.

El estudio mostró que el 61,3 por ciento de las mujeres que reportaron una o más situaciones de violencia señaló que esta se manifestó principalmente a través de  comentarios despectivos sobre su capacidad para ejercer la política por ser mujeres. Una situación que afectó especialmente a las candidatas negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, con discapacidad, lesbianas, en etapa de adultez y vejez o con mayor nivel educativo.

La violencia es, principalmente, psicológica, especialmente para las candidatas a alcaldías. Pero 2 de cada 5 candidatas (40,6 por ciento) fueron víctimas de violencia económica (como el robo, la destrucción o la vandalización de materiales o de la sede de campaña). Y una de cada 4 (25,4 por ciento) experimentó una o más situaciones de violencia sexual, que abarcó desde recibir comentarios o sugerencias sexuales y la solicitud de favores sexuales a cambio de apoyo político o financiero, hasta tener que tocar, abrazar o besar en contra de su voluntad. Por último, el 4,6 por ciento de las candidatas fue víctima de violencia física (como patadas, bofetadas, sacudidas fuertes o agresiones con objetos o armas). 

Al panorama, que ya es grave, se suma la violencia digital, que viene en aumento desde hace varios años. El 41,2 por ciento de las candidatas reportó violencia en redes sociales u otros medios digitales, lo que pudo afectar sus posibilidades de ser electas, pues 3 de cada 11 (27,3 por ciento) evitaron debates y exposición digital por miedo a esas situaciones.

La campaña para las elecciones de hoy no fue diferente. En medio de la polarización, la Corporación Caribe Afirmativo registró varias violencias contra las mujeres y las personas LGBTIQ+. De las 32 candidaturas LGBTIQ+, al menos 16 han manifestado haber recibido ataques relacionados con su orientación sexual.

Además, seis de cada diez candidatas reportan haber recibido en redes sociales comentarios misóginos y machistas que desacreditan su participación política por el hecho de ser mujeres.

Estos ataques, en muchos casos, se combinan con mensajes de carácter lesbofóbico y transfóbico, lo que evidencia la persistencia de violencias basadas en género y orientación sexual en el escenario político.

Para entender los retos de la participación política de la mujer, en medio de un contexto tan hostil, hablamos con Juliana Hernández de la Torre, directora de Artemisas. Una organización feminista creada en 2016 y que fortaleció su trabajo desde 2020 con la red Nosotras Ahora, integrada por mujeres de regiones afectadas por el conflicto armado que buscan participar en política, como concejalas, congresistas o edilesas. A través de esta red, la organización impulsa procesos de formación política y fortalecimiento de capacidades, brindando herramientas prácticas para que puedan competir en escenarios electorales históricamente desiguales.

Su trabajo se organiza alrededor de tres ejes: representación, reconocimiento y reducción de desigualdades. Promoviendo que más mujeres lleguen a espacios de decisión y que las agendas económicas, sociales, ambientales y políticas impulsadas por mujeres tengan un lugar en la discusión pública.

Entre sus principales acciones de incidencia está la campaña por la paridad, impulsada desde 2020 junto a otras organizaciones y mujeres de distintos sectores políticos en el Congreso, con la que contribuyeron a posicionar el debate sobre la participación política de las mujeres de cara a las elecciones de 2022. Además, han participado en discusiones sobre reformas políticas, el Código Electoral y el proyecto de ley sobre violencias políticas contra las mujeres, buscando ampliar las garantías para su participación en la política.

Consonante: ¿Con qué se van a encontrar los ciudadanos hoy, 8 de marzo, en cuanto a la participación de las mujeres en estas elecciones?

Juliana Hernández de la Torre: Cada cuatro años la respuesta parece ser casi la misma. En estas elecciones hay un agravante: las violencias digitales. Sin embargo, más allá de ese nuevo escenario, el país sigue enfrentando las mismas formas estructurales de violencia que han marcado históricamente la participación política de muchas personas.

Desde el 91 estamos hablando de universalidad, paridad y alternancia y ni siquiera ha pasado. Es un escenario muy complejo porque el aumento no es suficiente. Aproximadamente el 40 por ciento de las candidaturas que están inscritas en las listas son mujeres, un aumento entre el 0,5 y el 1 por ciento que vemos desde hace tres elecciones. Sí, vamos a ver más mujeres en el tarjetón, pero tampoco es una cifra muy alta.

A esto se suma que la mayoría de listas siguen encabezadas por hombres y que al final las mujeres que seguramente vamos a elegir son las que en los últimos años han logrado un posicionamiento en redes sociales, han tenido acceso a medios de comunicación, vienen de partidos políticos con estructuras partidistas, han tenido acceso a recursos económicos y eso hace que seguramente este congreso tenga a mujeres que ya han venido construyendo un capital político dentro del mismo Congreso de la República.

Hace cuatro años, con la lista cerrada que presentó el Pacto Histórico, por ejemplo, tuvimos un avance que es muy importante reconocer. Teníamos 18 por ciento de representación en el Congreso y, con esa lista, logramos pasar al 30 por ciento. Lo que nos lleva a reflexionar es que no se necesita una ley para esto, sino que se necesita un cambio en la forma de pensar, en las narrativas.

Las mujeres han jugado unos roles de liderazgo impresionantes en Colombia y más en un contexto de conflicto armado interno donde nos ha obligado a pensarnos el país de una forma distinta. Nuestras voces incluso estuvieron fuera del Acuerdo de Paz hasta que organizaciones feministas y de mujeres dijeron como, "Hey, amigos, qué pena, pero esto también es con nosotras"

C.: ¿Qué obstáculos han enfrentado las mujeres para participar políticamente en estas elecciones y cómo cambian esos retos según la región, por ejemplo, entre departamentos como Caquetá o Chocó y ciudades como Bogotá?

J.H.: Lo vemos en tres bloques: no tienen reglas, no tienen recursos y, además, tienen violencia política.

Las reglas formales que existen hoy no obligan a que los partidos tengan listas cerradas, ni listas cremalleras; es discrecional. Y ese es un obstáculo muy fuerte porque cuando tú no tienes plata y te lanzan en una lista abierta, te enfrentas a campañas que tienen cientos de millones de pesos. Y aunque las mujeres son muy creativas en la forma en que hacen campaña, no es suficiente. La reforma política es una deuda para las mujeres; la reforma del Estado tiene que comenzar a pensarse, porque si bien existen herramientas robustas —en teoría— para promover la participación de las mujeres, en Colombia nos quedamos cortas.

Lo segundo son los recursos, no solamente de financiación, sino recursos humanos. Las mujeres construyen campañas con la tía, la mamá, la sobrina, pero no tienen la posibilidad de acceder a ciertas estructuras: como estrategas políticos o la construcción de una cuña radial. Hace un par de años, en las elecciones locales, hicimos un laboratorio donde grabamos con ellas las cuñas radiales, construimos su logo de campaña, les tomamos fotos. Esas son herramientas que muchas mujeres en el territorio no pueden tener.

A esto se suman las brechas en el acceso a recursos económicos, que dificultan competir con campañas millonarias, y la limitada presencia en los medios de comunicación. Las mujeres que suelen aparecer en la agenda mediática son aquellas que ya cuentan con alta visibilidad pública y que, en su mayoría, están en Bogotá. En contraste, las candidatas de regiones o de ciudades intermedias y pequeñas tienen muy poca presencia en los medios, lo que reduce aún más sus posibilidades de posicionar sus propuestas y ganar reconocimiento público.

Y, finalmente, la violencia política contra las mujeres es estructural. Los ataques van incluso desde la vida privada. Cuando una mujer decide lanzarse a la política y le dice a su familia, su esposo se enoja, sus hijos o su mamá la cuestionan. Esa mujer empieza a tener más ausencias y ¿quién se encarga del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres? Colombia es un país de jefaturas de hogar de mujeres y esa violencia es muy jodida.

También es una pelea con el partido político: los números en las listas, que también son importantes. Y esas violencias después entonces se trasladan al conteo de votos. La reposición por votos que también conocemos casos de mujeres que no las recibieron. 

Es impresionante cómo hay mujeres con una enorme capacidad para la política, pero las condiciones materiales, económicas y partidistas terminan cerrándoles el paso. En lugar de facilitar su participación, muchas veces esas condiciones las revictimizan y las exponen a escenarios profundamente angustiantes. No solo enfrentan amenazas de grupos armados, sino también presiones o intimidaciones dentro de sus propios partidos e incluso en sus entornos familiares. Todo esto genera un impacto muy fuerte en la salud mental, un colapso silencioso que rara vez se refleja en los resultados de las urnas, pero que debería formar parte de la conversación pública sobre la participación política.

C.: Un informe de la ONU sobre las elecciones de 2023 señaló que tres de cada cuatro mujeres en campaña sufrieron algún tipo de violencia política, una situación que se agrava en el caso de mujeres indígenas, afrodescendientes o lesbianas. ¿Cómo se entrecruza la violencia de género con otras formas de discriminación, como el racismo o la homofobia, en estos escenarios de participación política?

J.H.: Es muy complejo porque, en realidad, la mayoría de estudios que se hacen de violencia política concluyen que más del 70 por ciento de las mujeres reporta estas violencias. La mayoría de ellas son psicológicas, que también es importante nombrarlas. Es muy preocupante.

Colombia es un país racista, clasista y absolutamente centralizado. Hace cuatro años observamos un tema muy fuerte con la candidatura de Francia Márquez. Lo que venía pasando es que el menosprecio físico, los ataques eran al cuerpo de la mujer en cuanto a si es gorda o flaca. Pero con Francia observamos un nivel de violencia muy alto, era machismo, clasismo, racismo, todo junto. Además, porque era una mujer que se estaba enfrentando a candidatas “hegemónicas”. Esos ataques de menosprecio físico, de sexualización, de desprestigio político por la falta de experiencia o por ser joven, por ejemplo, hacen que sea muy complejo el ejercicio político.

También existe otra forma de violencia muy difícil de visibilizar: la instrumentalización de las mujeres en la política. Con frecuencia, desde los medios, los partidos e incluso en redes sociales, se afirma que las mujeres están en esos espacios porque son “títeres” de los hombres, porque las puso el esposo, el hermano u otro familiar. Pero esa idea desconoce algo fundamental: las mujeres también tienen agencia política.

Algo similar ocurre con las cuotas de género. Muchas veces se dice que las mujeres están allí únicamente para cumplir con un requisito legal, no por sus capacidades o trayectorias. Ese discurso —que proviene tanto de hombres como de mujeres— termina siendo profundamente violento. No solo deslegitima su participación, sino que además las sexualiza, cuestiona su inteligencia y las presenta como figuras sin autonomía, como si su presencia en la política se debiera únicamente a una obligación formal y no a su propio liderazgo.

Eso es muy violento. Porque además, si van a decir eso —y resulta verdad—, entonces ¿dónde están esos hombres peleando para que les den plata a las mujeres en los partidos políticos? ¿Dónde están peleando para decir: “Abramos espacios de formación política”? ¿Para redistribuir la forma en la que se hace la financiación, más allá de lo que establece la ley de porcentajes?

Es muy complicado, porque esas violencias, cuando las llevas a nivel regional y territorial, y además en la coyuntura en la que estamos, muestran que la amenaza no solamente viene del actor armado tradicional.

C.: Con las curules de paz se planteó un mecanismo de paridad dentro de los movimientos sociales —un hombre y una mujer—, pero en la práctica eso no garantizó una participación plena de las mujeres y muchas candidaturas masculinas terminaron siendo favorecidas, además, por maquinarias políticas. ¿Qué límites demuestra esto sobre la paridad como mecanismo para asegurar la participación política de las mujeres?

J.H.: La paridad es una condición necesaria, pero no es suficiente. Lo mismo pasó en la elección de los consejos municipales de juventud. Llegaron más hombres a ocupar estos espacios.

Es porque el hecho de que una mujer haga parte de estos ejercicios no quita ni lo patriarcal ni las estructuras políticas. La paridad es una condición necesaria, pero totalmente insuficiente cuando no hay recursos. Antes hablábamos de paridad numérica, para que más mujeres lleguen al poder. Celebramos que haya mujeres inscritas, pero pues cuántas de ellas llegan realmente, cuántas llegan con seguridad y cuántas llegan a tener voz.

La paridad es solo una regla. En las curules de paz no pasó, en los consejos municipales tampoco. Porque, además, esas curules y esos consejos terminaron cooptados por partidos políticos tradicionales. Entonces, cuando haces parte de esas estructuras, que son machistas y patriarcales, el ejercicio termina siendo el mismo: juegas bajo las mismas reglas.

Aquí las reglas de alternancia y las normas son muy importantes. Tienen que haber incentivos también. Hay que dejar atrás el relato de la cuota de género, hay que asumir que las mujeres también están negociando, también están buscando medirse como lo hacen muchas personas. Las mujeres también tenemos agencia, no somos santas, puras; las mujeres en la política también entran al juego de los votos.

C.: ¿Cómo se explica que una mayor representación de mujeres en cargos de elección no siempre se traduzca en avances de las  agendas de género o en la defensa de los derechos de las mujeres?

J.H.: La representación descriptiva —es decir, que haya más mujeres en los espacios de poder— no siempre se traduce en representación sustantiva. Además, recae sobre las propias mujeres una carga muy pesada: parecería que somos únicamente nosotras quienes debemos garantizar esa representación. Se suele pensar que, por ser mujer y haber vivido distintas formas de opresión o violencia, automáticamente se va a representar esos intereses. Pero el problema no es solo que llegue una mujer a esos espacios, sino que exista realmente una representación sustantiva dentro del Congreso de la República. Y eso, en muchos casos, todavía no ocurre.

En ningún lugar sucede que todas las mujeres lleven esa agenda, porque no todas tenemos que defender los derechos de las mujeres. Además, cuando llegan con partidos muy distintos, con proyectos ideológicos diferentes, se encuentran desde agendas feministas —que algunas mujeres defienden abiertamente— hasta plataformas muy conservadoras que se oponen a derechos como los sexuales y reproductivos, o que dicen que las mujeres deben estar en la casa.

Y con el avance de la ultraderecha y una tendencia global hacia posiciones más conservadoras, las mujeres terminan nuevamente jugando bajo las reglas del patriarcado del propio partido político. Porque, además, la política no es tan idealista: no es simplemente “voy a llevar esta agenda”. Tienes que lidiar con hombres y mujeres hostiles, con bancadas hostiles, con cálculos partidistas sobre cuántos votos te da o no te da defender ciertas posiciones, como decir que eres feminista.

También están las violencias internas dentro de los partidos políticos, que tienen un costo muy alto para las mujeres hacia afuera. Entonces, cuando dicen que las mujeres son responsables de reformar los partidos políticos, nuevamente la carga recae solo sobre nosotras.

¿Dónde están los hombres que digan en un escenario democrático: "Necesitamos que las mujeres estén aquí”? No solo por la representación que encarnan para tantas lideresas, sino también porque han sido las mujeres quienes, muchas veces, han sostenido este país en medio de todas las adversidades y han cuidado los territorios.

Es una carga muy pesada, porque pareciera que toda la responsabilidad de estas discusiones recae sobre las propias mujeres. Y además, tampoco existe una obligación de responder a una supuesta “agenda de mujer”. ¿Cuál sería exactamente esa agenda? Incluso temas como los derechos sexuales y reproductivos no son asuntos exclusivos de las mujeres: también involucran y responsabilizan a los hombres.

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