Durante décadas, Caquetá y Meta han mantenido diferencias sobre el punto exacto en el que termina un departamento y comienza el otro. Aunque las leyes 118 de 1959 y 78 de 1981 fijaron el límite tomando como referencia los ríos Caquetá y Guayabero, llevar esa descripción al mapa no ha sido sencillo. Comunidades de la zona sostienen que, al interpretar los afluentes y accidentes geográficos mencionados en esas normas, se cometieron errores.
Buscando una solución definitiva al conflicto, en 2019 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) creó una comisión tripartita con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, para presentar un informe técnico que delimita los departamentos a partir de los ríos ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.
La Ley 1447 de 2011, que menciona la regulación, la fijación, modificación y revisión de los límites de las entidades territoriales en Colombia, tiene como procedimiento que el Igac notifique a las partes involucradas y realice la diligencia de deslinde, además de que deje constancia del límite examinado. Sin embargo, pasado un año, el Congreso no tomó ninguna decisión.
Ya en el 2024, el 6 de marzo, el Consejo de Estado emitió un concepto clave que debilitó la posición del Caquetá en esta disputa. El alto tribunal determinó que el Igac incurrió en un error metodológico al trazar la línea provisional basándose en el Decreto 218 de 1973 (norma de la antigua Intendencia del Caquetá). Según el concepto del Consejo de Estado, un mandato jurídico carece de la facultad para modificar leyes de la República, reafirmando que el deslinde debe atenerse estrictamente a las leyes nacionales de creación de los departamentos: la Ley 118 de 1959 (Meta) y la Ley 78 de 1981 (Caquetá).
Un año después, este dictamen se convirtió en el principal soporte de la Ponencia No. 000016 del 12 de junio de 2025, elaborada por la representante a la Cámara por la curul de paz de Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte. En su informe, Manrique acogió los argumentos de estricta legalidad del Consejo de Estado y criticó la actuación técnica del Igac, coincidiendo en que el límite provisional se construyó sobre una "base jurídica errónea" al priorizar un decreto regional por encima de la ley.
Basándose en esto, la congresista radicó una proposición concreta que favorece abiertamente al Meta: mantener la línea cartográfica oficial vigente antes de la implementación del límite provisional del Igac. De aprobarse esta ponencia en el Congreso, Caquetá perdería definitivamente la jurisdicción sobre las 274.000 hectáreas que administra provisionalmente desde el año 2020.
Según Camilo Losada, personero municipal de San Vicente del Caguán, en este contexto, la implementación del Catastro Multipropósito que se adelanta en Colombia representa un asunto de máxima atención. Sobre esto, advirtió: “El límite provisional abarca desde la vereda Los Pozos —o un poco más adelante— hasta la curva de Los Cuervos, lo cual comprende unos 13 kilómetros correspondientes a San Vicente del Caguán; de ahí en adelante, todo pasa a ser de La Macarena. En consecuencia, veredas como San Juan de Losada, parte de La Sombra, La Cristalina, Las Delicias y más de 117 comunidades adicionales pasan a ser consideradas dentro del departamento del Meta”.
Esta pérdida territorial afectaría gravemente la economía local al disminuir de forma significativa el inventario ganadero del municipio. Asimismo, conllevaría la reubicación de los servicios de salud y paralizaría los censos del Sisbén para la atención de la población. Las transacciones de compraventa de inmuebles tendrían que tramitarse ante el Registro Público de San Martín (Meta), mientras que el pago del impuesto predial y el registro o venta de ganado bovino deberían gestionarse en La Macarena (Meta). No obstante, la consecuencia más dolorosa sería la invisibilización de la historia, las costumbres y las identidades locales.
Un claro ejemplo de esta situación se evidencia en la inspección de San Juan de Losada, donde la Junta de Acción Comunal fue reconocida desde 1988 por la oficina de desarrollo comunitario de San Vicente del Caguán, adelantándose seis años al censo realizado por el Meta. En la actualidad, en dicha vereda coexisten instituciones de los dos departamentos: una Junta de Acción Comunal adscrita al Meta, dos colegios, dos centros de salud y la posibilidad de votar por dos opciones distintas en jornadas electorales.
Sin embargo, múltiples registros históricos ratifican que el desarrollo regional ha pertenecido tradicionalmente a la órbita del Caquetá, argumento central que sostienen los defensores de este territorio. Por más de 40 años, Guillermo Peña, fundador de la Asociación Pro Defensa del Territorio y del Medio Ambiente (Asoprodeca) y líder comunitario en la región conocida como de litigio, ha llevado su voz a distintos escenarios esperando el eco suficiente para defender lo que él llama “sus raíces”.
Menciona que son muchos los retos que han enfrentado y por eso se debe continuar: “No es solamente la comunidad; aquí hay que llamar a las representantes a la Cámara, hay que llamar a los senadores cercanos a la situación, hay que llamar a la gobernación y a la alcaldía municipal porque se necesitan recursos. Para poder presentar al Congreso de la República y que aprueben el límite tradicional o, en su defecto, que se establezca la modificación a la ley y que se incluya una consulta popular para que sean las personas las que definan en su sentir qué quieren, si ser caqueteños o ser metenses”, comenta.
La disputa que abre el Catastro Multipropósito
El catastro multipropósito busca identificar quién posee la tierra y cómo se está utilizando. Según la Resolución 18-000-35-2025 del Igac, las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles. Para ello, las familias deben aportar los documentos que tengan —como registro predial, cartas de colonos o de sana posesión— que sirvan para acreditar su ocupación.
El artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, determina que: “Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinancian de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional”.
Luego, con la actualización predial, se revisan los avalúos y las tablas de medidas que determinan el valor catastral. Esto no es solo para cobrar impuestos, es un censo para saber quién tiene la tierra y cómo se usa, y el departamento del Meta debe hacer la tarea en el sector rural, para el cual y de acuerdo con el reporte oficial del Igac, revelado en las audiencias públicas de la Asamblea del Meta, La Macarena y Uribe son las únicas excepciones en el departamento que ya culminaron al 100% la actualización de su catastro rural durante este año 2026, como lo mencionó Carmen Cecilia Cogollo Altamiranda, directora de Gestión Catastral del Igac.
Por el contrario, San Vicente del Caguán culminó al 100% la zona urbana, como lo anunció Óscar Santiago, el excoordinador territorial del Igac en el municipio: “Todos los barrios que se encuentran incorporados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, adicionalmente 15 centros poblados, salvo el Playa Rica, la Y, los Pozos, todos los que se encuentran en la zona de límite provisional que tienen un tratamiento diferente. Quedarían pendientes las veredas para una nueva orden presidencial”, dice.
El Catastro Multipropósito es un proyecto para todo el territorio colombiano, lo que permite que las decisiones del Estado se ajusten a la realidad de las comunidades, incluyendo la identificación física, jurídica y económica de los predios en zonas ambientalmente protegidas o de conflicto. Sin embargo, un temor político y social ha surgido entre la población.
La información recopilada en 2026 está técnicamente blindada, lo que significa que los datos físicos de la tierra ya no se van a perder, sin importar quién gane la disputa política. Además, el levantamiento catastral no crea derechos, no define soberanías departamentales y no genera una "realidad administrativa irreversible" que obligue a los campesinos a ser parte del Meta en contra de su arraigo e identidad con el Caquetá.
Aunque en otro sentido, y como lo manifiesta un habitante de San Juan de Losada, que pide reservar su nombre: “es muy berraco que a usted le digan de la noche a la mañana que ya no es caqueteño. Siendo uno nacido, criado, enterrado sus familiares, y que de repente una ley o porque allá deciden, yo soy del Meta. Eso no tiene ningún sentido”. Además, la realidad de estos territorios es compleja por la distancia que puede existir desde las veredas hasta las cabeceras de corregimientos o municipios. Por esta razón, habitantes de veredas como Serranía de La Macarena, Meta, prefieren acceder a los servicios de salud, educación o comercio de San Vicente del Caguán, Caquetá, porque les queda a 2 horas, mientras que ir a La Macarena les toma 6 u 8 horas.
Por su parte, el diputado de Caquetá Wilmar Fierro califica esta disputa territorial como una trampa para San Vicente del Caguán, argumentando que sigue atado a un límite provisional trazado hace años sin resolverse de fondo. Cuestiona la falta de postura explícita de la Comisión Quinta del Congreso, atribuyendo el retraso a voceros desvinculados de la realidad territorial. También expresa preocupación por el actuar del Igac, que avanza en el levantamiento catastral de las veredas sin que la población conozca las implicaciones directas sobre su futuro.
Fierro rechaza categóricamente que el Caquetá haya abandonado esta zona, destacando que las inversiones en infraestructura y los programas de atención social han sido impulsados históricamente desde San Vicente del Caguán.
El personero municipal, Camilo Lozada, advierte sobre la creciente inquietud de la comunidad ante las dudas suscitadas por la actualización catastral. Explica que asignar los tributos al Meta no solo forzará a la población a realizar trayectos de entre tres y seis horas hasta La Macarena para el pago de sus obligaciones fiscales, sino que afectará gravemente el arraigo y la identidad cultural de los caqueteños.
A su despacho han llegado múltiples solicitudes de pobladores de veredas involucradas en este límite provisional, que expresan preocupación sobre el levantamiento de esta información. Y es por esto que Lozada ratifica: “Cambiar el aporte tributario del departamento va a generar unos efectos negativos al municipio; la gente tendrá que pagar impuestos en La Macarena a más de tres, cuatro y seis horas de trayecto, creando un escenario que es intangible, pero que es bastante importante, que se llama la identidad, la identidad de las personas”.
La enorme distancia que existe entre la teoría jurídica del nivel central en Bogotá y la realidad política y administrativa en el territorio abre una herida. Un derecho de petición enviado por el alcalde de La Macarena al mandatario de San Vicente del Caguán confirma que lejos de ser un proceso armónico y puramente técnico, la entrega de los resultados del catastro rural en 2026 ha encendido las alarmas y está siendo utilizada como un arma institucional de presión fiscal y territorial.
El radicado exige que San Vicente explique cuál es el “fundamento jurídico, técnico o cartográfico que sustenta la intervención administrativa y la ejecución de recursos públicos” en las zonas en disputa, de manera particular en el centro poblado de San Juan de Losada. Además, acusa formalmente a San Vicente del Caguán y a la Gobernación del Caquetá de ejecutar recursos, organizar comunidades y recaudar impuestos en zonas que no son de su competencia.
Según expertos, el uso de la acción de tutela como presión por parte de La Macarena no es un trámite menor. Busca que un juez de la República ordene, de manera cautelar o definitiva, la suspensión inmediata de las actuaciones de San Vicente del Caguán en la zona de litigio.
La última línea de defensa en el Caguán
Mientras en los escritorios de Bogotá el futuro de las 274.040 hectáreas sigue congelado en la incertidumbre, en el territorio, la mesa de trabajo local —conformada por la Personería y organizaciones como Asoprodeca, Asocampo, Corpomia y Asoecoagrop— impulsa la defensa regional apoyándose en la Ley 1447 para exigir el reconocimiento del límite tradicional. Su postura se fundamenta en la historia, las costumbres y la normativa que acreditan la pertenencia de estas tierras al Caquetá.
Para ello, proyecta reconstruir la memoria histórica y geográfica, documentando el poblamiento y los mojones tradicionales (marcas físicas en el suelo para separar fincas o terrenos), además de consolidar un informe técnico sobre la propiedad e inversiones regionales. Para asegurar solidez académica, se contratarán sociólogos e historiadores, gestionando fondos ante la Gobernación del Caquetá y la Alcaldía de San Vicente del Caguán.
El pasado 8 de agosto, se realizó una reunión para abordar este tema que contó con la participación del personero municipal de San Vicente del Caguán Camilo Lozada, la concejal del mismo municipio Astrid Amezquita, la senadora Mary Jurado, el director del Igac Carlos Ramírez, los parlamentarios Juan Pablo Duque y Leonardo Ramón, el representante a la citrep del Caquetá Nixon Perdomo Juragaro, la historiadora Sofía Ramírez, el secretario de Planeación Departamental Diego Pinto y los equipos técnicos y legislativos que acompañarán este proceso.
La estrategia contempla una fuerte articulación política y social a través de un comité que integrará a asociaciones campesinas. Ante la eventualidad de que el Congreso rechace la vía del límite tradicional, la mesa técnica promoverá reformas normativas para impulsar una consulta popular donde sea la ciudadanía quien decida su pertenencia departamental, complementada con la solicitud de control institucional ante la Procuraduría para vigilar la transparencia en los procedimientos del Igac.
