Foto: Haitin Herrera
Fonseca La Guajira Reportajes

Cuentas bloqueadas y vehículos embargados: el caos que deja el tránsito de Fonseca 

Más de 1.400 conductores recibieron notificaciones de embargos a sus cuentas bancarias y vehículos por supuestas deudas con Tránsito Municipal de Fonseca. La medida se instauró luego de la salida de Millennium System S.A.S, que dejó deudas millonarias, bases de datos desactualizadas y cientos de afectados.

A comienzos de este mes, Juan Fernando Toncel recibió un mensaje de texto que lo dejó desconcertado. En él, se le informaba sobre una medida de embargo a su cuenta bancaria. El mensaje decía: “Evidenciamos que tu Nequi tiene una solicitud de orden legal aplicada para medida de embargo, la cual fue ordenada por el ente Tránsito Municipal de Fonseca”. 

Al principio, Toncel pensó que se trataba de una broma o una estafa. Sin embargo, poco después comprobó que su cuenta había sido bloqueada por una supuesta deuda de un millón de pesos con la oficina de tránsito. “Cuando intenté usar mi dinero para cubrir unos gastos de la casa, me encontré con la cuenta bloqueada. Fue ahí cuando me enteré del embargo por parte del Tránsito Municipal de Fonseca. Es un completo abuso”, cuenta Toncel, empleado de la multinacional Cerrejón.

Como él, al menos 1.431 personas recibieron notificaciones electrónicas de embargo por deudas que oscilan entre uno y tres millones de pesos, impuestas por el Tránsito Municipal. La situación provocó que cientos de afectados se aglomeraran el pasado 2 de octubre frente a las oficinas de la entidad, en un hecho sin precedentes, para exigir explicaciones.

El episodio ocurrió tres meses después de la finalización del contrato de concesión con la empresa Millennium System S.A.S., el pasado 26 de junio. Según la entidad encargada de la movilidad, los embargos se realizaron por deudas acumuladas desde 2018, correspondientes a conceptos como movilidad, placas y semaforización. No obstante, la mayoría de los afectados afirmaron no haber sido informados de que debían pagar esos impuestos en el municipio, ni de que las sumas fueran tan elevadas.

Bloqueos sin previo aviso y costos muy altos

Aunque varios de los afectados aseguran haber recibido las notificaciones de embargo a través de sus correos electrónicos, muchos otros señalaron que nunca fueron informados por ningún canal. Se enteraron de la situación solo cuando encontraron sus cuentas bancarias bloqueadas o descubrieron que sus vehículos habían sido embargados.

“Yo tuve un Mazda 626 hace años, y un día me llamó un muchacho que viaja de San Juan a Maicao para avisarme que el carro tenía una orden de embargo por unos impuestos pendientes —casi dos millones de pesos por conceptos de semaforización, placa y otras arandelas desde el 2020—. Nos explicaron la situación, pero lo complicado es que no tengo ningún documento que demuestre que, al vender el carro, estaba al día en impuestos. Después de tantos años y sin ningún problema, ahora aparece esta deuda”, cuenta José Brito, quien finalmente acudió a las oficinas de tránsito y logró conciliar un pago de $137.000 por el último año de impuestos.

Betsabé Molero, habitante del corregimiento de Conejo, cuenta que había comprado una moto hace cuatro años, pero el anterior dueño nunca realizó el traspaso. Por esa razón, el vehículo aún aparecía a su nombre y terminó siendo embargado. “Él llegó algo desesperado y me dijo que le habían bloqueado la cuenta de Nequi y la de Ahorro a La Mano, y que no tenía cómo retirar dinero por unos impuestos pendientes de la moto. Finalmente, llegamos al acuerdo de pagar la deuda entre los dos”, dice.

A pesar de que muchos han llegado a negociaciones de pago, los usuarios cuestionan los costos tan altos de los impuestos del tránsito de Fonseca, en especial el de semaforización, que equivalen a 107 mil pesos, un valor que supera al de ciudades como Bogotá, Barranquilla y Valledupar, fijados entre 90 mil y 94 mil pesos. A eso se le suma los constantes reclamos, paros y protestas por las fallas: semáforos dañados, falta de señalización y de alumbrado, así como la instalación de cámaras de fotomultas que incrementaron los comparendos en el municipio.

¿Está cumpliendo el tránsito municipal con sus obligaciones?

La pregunta abrió una discusión que muchos conductores venían guardando desde hace tiempo. Algunos reconocen que deben cumplir con sus obligaciones, pero también sienten que la autoridad no actúa con la misma responsabilidad. “Esto hay que replantearlo —dice Marlon Carrillo, transportista de pasajeros—.  Como conductor sé que tengo que cumplir con una documentación para poder circular con normalidad y responsabilidad, pero ellos también deben colocarse en el lugar de nosotros y no perseguirnos. Acá hay responsabilidad y falla de lado y lado”.

“El tránsito no hace lo que le corresponde, tiene ciertos errores que uno los nota, deben mejorar, hacer cambios, como una mejor preparación profesional para prestar el servicio de agentes de tránsito o reguladores, estar bien capacitados para que sean quienes nos orienten , nos enseñen y no los veamos como enemigos o personas no deseadas” manifiesta Jorge Corzo conductor y propietario de un vehículo particular.

Por su parte, Jorge Martínez considera que las prioridades del Tránsito Municipal están mal enfocadas. “Deberían dedicarle más tiempo a regular el tráfico en el centro y en las calles donde más se mueve la gente, porque en las horas pico —y sobre todo los fines de semana— esto es un desorden total. Uno a veces se estaciona donde puede, y si no hay quién diga nada, así se queda. Deberían hacer más presencia para evitar accidentes, porque como ni semáforos tenemos, cada vez es más difícil transitar. Eso de estar parando carros y motos en las entradas del pueblo es solo un negocio para ellos, nada más”. 

El fantasma de Millennium System

Camilo Alarcón, operador del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en Fonseca y asesor del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon), explica que la medida cautelar se implementó para corregir las irregularidades que dejó la empresa Millennium System S.A.S., señalada por malas prácticas operativas y administrativas. Según detalla, se trata de un procedimiento amparado en la Ley 488 de 1998 —que regula el impuesto sobre vehículos automotores—, modificada por normas posteriores y administrada por entidades territoriales como las asambleas departamentales y los concejos municipales.

“En Fonseca venían ocurriendo cosas irregulares. Se estaba generando un detrimento patrimonial por unos impuestos que no se estaban cobrando. Esta responsabilidad recae tanto en la concesión como en las administraciones municipales. La culpa no es solo de la empresa; para eso existen un director de tránsito y un inspector, que son funcionarios públicos y no cumplieron con sus obligaciones. Esto llevó al municipio a un detrimento patrimonial de más de 3 mil millones de pesos”, asegura Alarcón.

"En Fonseca venían ocurriendo cosas irregulares. Se estaba generando un detrimento patrimonial por unos impuestos que no se estaban cobrando. Esta responsabilidad recae tanto en la concesión como en las administraciones municipales".

De acuerdo con el funcionario, él mismo ha atendido a más de 400 personas de distintos municipios por esta situación. “He llegado a la conclusión de que los habitantes de Fonseca son muy cumplidos con el pago de sus impuestos. Lo lógico es que la gente pague cuando tiene información clara sobre sus obligaciones, porque ¿cómo puedes cancelar una deuda si no sabes que la tienes?”, agrega.

Según Alarcón, una de las malas prácticas de Millennium System S.A.S. consistía en entregar a los conductores comprobantes de pago sin los sellos oficiales de la entidad, además de no actualizar las bases de datos ni realizar correctamente el empalme tras su salida del municipio. De hecho, Consonante conoció que durante los ocho años que la empresa operó en Fonseca no presentó informes de gestión y aún se desconoce cuánto recaudó por concepto de multas.

“Imagínate esto: la información se manejaba en archivos de Excel guardados en memorias USB. Cualquiera que tuviera un computador podía hacer una liquidación, pero esos datos no se actualizaban en otros equipos. Cuando asumimos el control, entendimos por qué muchos usuarios nos señalaban como responsables de sus deudas, alegando que ya habían pagado. Y con razón reclaman: ellos no saben lo que pasó internamente. Ahí es donde entramos a mediar y a ofrecer una solución justa”, explica.

Para Alarcón, esa “solución justa” implica creer en la palabra de los conductores que aseguran haber cancelado sus obligaciones y buscar acuerdos entre ambas partes. También afirma que “hoy estamos implementando un software basado en la información que manejaba Millennium” con el fin de evitar que se repitan estos errores. Mientras tanto, agrega, “llevamos dos meses revisando carpeta por carpeta para conocer la situación de cada persona”.

Además, asegura que la entidad trabaja en el envío de correos para contactar a las personas afectadas e invitarlas a acercarse y resolver su situación de manera individual. El propósito, cuenta, es revisar cada caso y permitir que los ciudadanos paguen una parte de la deuda —por ejemplo, la correspondiente al último año—, mientras que los valores acumulados de años anteriores podrían ser condonados según la situación de cada uno.

Sin embargo, el mayor reto para el tránsito de Fonseca sigue siendo la consecución de los recursos luego de la salida de Millennium Systems S.A.S., que dejó una deuda millonaria en servicios que supera los $137 millones. “En ese orden de ideas de poder captar recurso hay que decir que el departamento te tiene que dar el 20% de los recursos de los vehículos matriculados aquí, hay que incentivar la matrícula de vehículos acá en Fonseca para poder avanzar en materia de recaudo” asegura Alarcón. 

Por esta razón, asegura el funcionario, “en estos momentos se está organizando el Plan Vial Local para establecer un presupuesto real que nos permita subsanar todos estos aspectos que necesita el tránsito municipal para un adecuado funcionamiento”. 

Finalmente, el Instituto estima que en un plazo máximo de dos meses podrá resolver los casos pendientes por mora y ajustar el valor de los impuestos de movilidad, un cambio que deberán realizar con el apoyo de la Administración y del Concejo Municipal, que son las entidades facultadas para definir por decreto el valor de dichos tributos.

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